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  • Los peritos discrepan sobre si se puede valorar el coste de usar los locales públicos para el 1-O

    La pericial sobre el coste de usar edificios públicos como centros de votación el 1-O, que las acusaciones incluyen en el monto de la malversación de fondos públicos, arranca con polémica. Los peritos de las acusaciones y las defensas discrepan sobre la base del asunto, esto es, sobre si se puede cifrar el coste de usar los locales públicos. Lo cuenta Oriol Solé.

    Los peritos de la Sociedad Estatal de Gestión inmobiliaria de Patrimonio, que fijaron en 900.000 euros el gasto por el uso de centros para la votación, indican que esa cantidad es “un valor potencial”, esto es, una estimación, basada en si los locales que se usaron como colegios electorales se pusieran en el mercado “vía concesión o arrendamiento”.

    Los peritos propuestos por la defensa replican con una enmienda a la totalidad de lo expuesto por los técnicos de SEGIPSA. Así, argumentan que al estar los edificios públicos fuera del mercado de alquiler, no se puede calcular el coste de alquilar un centro y la administración no tiene lucro cesante.

    Asimismo, los peritos de la defensa critican que de los 15 primeros locales en los que se basa el informe de SEGIPSA, 10 no son propiedad de la Generalitat al 100%, sino que se trata de una propiedad compartida con los ayuntamientos o directamente son de entidades religiosas o deportivas. Los peritos de la acusación no rebaten esta crítica.

    Además, los peritos de la defensa critican que el informe de SEGIPSA es un “mero ejercicio teórico” para llegar a un valor (900.000 euros) basado en el valor catastral de todo el solar en el que se ubican los centros de votación, en vez de acotar los cálculos al edificio o a las salas usadas como colegios electorales.

    Tribunal Supremo.

    Tribunal Supremo.

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