Dos comisiones de investigación han arrancado esta semana. Una en el Congreso, otra en el Senado. Las dos son del mismo tema: el fraude público en la compra de mascarillas durante la pandemia. Koldo no contesta. La justicia lleva sus ritmos y esta comisión no juzga, en teoría solo expone, abre debates. ¿Los abre? ¿Sirven para algo las comisiones de investigación? 

Nos hacemos esta pregunta con dos personas que han participado en comisiones de investigación: con el ex diputado de Podemos Rafa Mayoral y con Uxue Barkos, actual senadora de Geroa Bai. Además, el periodista de elDiario.es Aitor Riveiro nos cuenta su experiencia cubriendo comisiones de este tipo. 

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La dirección estatal de Podemos ha abierto cinco nuevos expedientes de expulsión contra militantes de la formación morada en Asturias, que se suman a los anunciados el pasado mes de octubre que afectaron a dirigentes como su única diputada en el parlamento autonómico, Covadonga Tomé, y al ex-secretario general del partido en el Principado, Daniel Ripa.

En un comunicado, los militantes a los que se ha abierto un expediente aseguran que los hechos por los que se solicita su expulsión se produjeron durante una asamblea organizada el pasado 6 de octubre, en Avilés, por la gestora que dirige el partido en Asturias, en la que participó Rafael Mayoral como representante de la dirección estatal.

Ese día, según su relato, una veintena de militantes acudieron a la asamblea organizada por la gestora autonómica, que lidera Rafael Palacios, y varios de ellos tomaron la palabra para recordar que, según los estatutos de Podemos, debía convocarse una Asamblea Ciudadana Autonómica que “escuchase la voluntad de los inscritos y que acabase con el acoso a quienes componen el 60% de la organización y a su grupo parlamentario”. 

“Si haces declaraciones públicas sobre la situación del partido, te expulsan. Si ganas unas primarias, te expulsan. Y si vas a una asamblea a pedir que se convoquen primarias en vez de poner a una gestora decidida a dedo desde Madrid, también te expulsan. ¿Qué espacio tienen los militantes en una organización donde todo se decide entre cuatro personas en Madrid y te expulsan en cuanto abres la boca? ”, afirman.

Las imputaciones

El procedimiento se abrió el pasado 9 de octubre, pero no había sido comunicado a los afectados hasta esta semana. A una de las personas expedientadas, según explican en el escrito, se le imputa que en el momento en que Rafael Mayoral concluyó su intervención, comenzó a hablar sin respetar la moderación del acto, siendo advertida por la moderadora de que no tenía la palabra, y que iba a dar comienzo el acto, “ante lo cual ella insiste y sigue hablando, mientras va acercándose a la mesa”, señalan en el comunicado.

A otros tres militantes a los que se abre expediente las razones esgrimidas han sido otras. A ellos les acusan de grabar la asamblea en vídeo al considerar que se trata de una falta muy grave. En su caso, les han advertido de que han incurrido en comportamientos graves de boicot en asambleas, órganos de dirección o grupos de trabajo, “como interrupciones y acusaciones constantes y repetitivas, acciones disruptivas que impidan el normal debate o trabajo político, o provocando enfrentamientos entre los integrantes de los grupos con el resultado de la inutilidad fáctica de los mismos”. 

Ruptura de puentes

Para los militantes expedientados, “lo que está sucediendo en Asturias representa perfectamente la crisis de Podemos donde una mayoría de la organización, el 60%, vence en unas primarias pidiendo diálogos, acuerdos y que quepa todo el mundo y un grupo de cuatro personas en Madrid intenta imponer por medio de expulsiones la ruptura de los puentes con todas las organizaciones de la izquierda”. 

“Podemos no es un ‘chiringuito’ de cuatro amigos, sino una organización que llegó a tener cinco millones de votos, con apertura, con diálogo, contando con todo el mundo”, añaden. Para los expedientados, cuanto más apoyo pierde Ione Belarra, que según exponen “nunca quiso reunirse con la representación parlamentaria de Podemos en Asturias”, más intenta mantener el control “por la fuerza”.

Finalmente, los expedientados insisten en su apuesta porque “quepa todo el mundo en Podemos: cada salida del partido, cada expulsión, cada ruptura con organizaciones hermanas es una mala noticia. Podemos ha conseguido grandes cosas tras su paso por el gobierno y ha sufrido lawfare y acoso sin precedentes. Pero no es aceptable que esas mismas prácticas se utilicen dentro de la organización”.

Entre los expulsados se encuentra Jorge Fernández, que había sido apartado de la candidatura autonómica de Covadonga Tomé el pasado mes de abril, y una ex presidenta de la comisión de garantías. Con estos ya son 31 militantes de la formación expedientados en el Principado.

Desde elDiario.es Asturias nos hemos puesto en contacto con la dirección nacional que remite al comité de garantías como órgano que se encarga de estos expedientes. Aún así insisten en que son procesos abiertos hace meses y que aún no se han resuelto definitivamente.

El diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados Rafa Mayoral ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que deje de utilizar la Presidencia de la Junta de Comunidades para “atacar” al Gobierno de coalición “desde el lado de la derecha”. “Ya está bien”, ha remachado el dirigente morado.

“Es necesario que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se convierta en un aliado del Gobierno del Estado”, ha expresado Mayoral, antes de participar en un acto en Toledo junto a la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y el candidato de Podemos Castilla-La Mancha a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico del partido, José Luis García Gascón.

Según ha asegurado, “no es admisible que desde la Presidencia de Castilla-La Mancha se siga disparando contra el Gobierno progresista”. “Necesitamos un aliado que defienda la subida de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que defienda una reforma laboral que estabilice el empleo o que defienda el tope al gas”, ha proseguido el diputado de Podemos.

“Nosotros creemos que es necesario un cambio progresista y, en ese sentido, necesitamos cuanto antes que Podemos entre en el Gobierno de Castilla-La Mancha para que se acabe ya de una vez por todas de utilizar el Gobierno de Castilla-La Mancha como si fuera un vocero del PP”, ha apuntado.

Tras ironizar con que García-Page siempre que hay un conflicto en el ámbito estatal “nunca se equivoca” porque “siempre está con la derecha”, ha subrayado que “en Castilla-La Mancha solo hay una papeleta que garantiza que haya en la Junta de Comunidades un gobierno aliado del Gobierno de coalicion que impulse políticas progresistas; y ese voto es un voto morado y por Podemos”.

Sus críticas al presidente de Castilla-La Mancha también han venido cuando hacía referencia a que hace falta una ley de vivienda y aseguraba que Podemos está “peleando” en el ámbito estatal“ en este sentido. ”Page no ha propuesto ninguna ley de vivienda, nos ha mandado una ley antiokupas, que es lo único que le preocupa en materia de vivienda a Page“, ha afeado al presidente socialista.

“¿Señor Page no le gustaría a usted que las viviendas de la Sareb se convirtiesen en un parque público” para que los castellanomanchegos tengan acceso a la vivienda “en vez de estar permanentemente comprándole el marco a la extrema derecha?”. “Es necesario que pongamos en el orden del día, de una vez por todas, que es posible que las instituciones se pongan al servicio de la mayoría social”, algo que, según ha advertido, “no será bien recibido por los de siempre”. “Estamos dispuestos a asumir el coste”.

Page: “El aliado de los poderosos”

José Luis García Gascón también ha cargado contra García-Page, a quien ha dicho que si es “el aliado de los poderosos, de los especuladores, de los fondos buitres, de los caciques y de los herederos del Franquismo en Castilla-La Mancha” tendrá en frente a Podemos. “Le vamos a sacar de la presidencia de Castilla-La Mancha y lo que vamos a hacer es un cambio progresista para una presidencia de izquierdas, un gobierno de coalición como el de España con un plan de trabajo y de gobierno para la transformación de la región”.

Dicho esto, ha cargado contra lo que él ha denominado el “pagismo” que, según ha apuntado, “no es el PSOE” sino que es una “trama” que se dedica a mantener el poder en contra de los derechos de la gente.

Ha querido explicar a todos los presentes lo que significa “el veto a Page”. “No es un veto a Page, es hacerle cumplir su palabra”, ha proseguido el dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, quien ha hecho alusión a unas palabras de Page en las que decía que si ganaba Pedro Sánchez no volvería a ser candidato del PSOE en Castilla-La Mancha. “Lo debería haber cumplido en 2019”, ha abundado.

También ha criticado que Page pactara con el PP eliminar la limitación de mandatos de ocho años en Castilla-La Mancha porque, según el dirigente morado, quiere “eternizarse en el poder”. “No somos nosotros los que vamos a vetar a Page, es Page el que está vetando a la gente de Castilla-La Mancha con sus políticas de derechas, con sus vetos a los servicios públicos, a los derechos laborales o al medio ambiente”, ha agregado García Gascón. “La única pinza que hay en Castilla-La Mancha es la pinza de Page con Feijóo para cargarse a Pedro Sánchez y esa pinza va fuera”, ha finalizado el candidato de Podemos en la región.

También ha criticado al PP, quien “no engaña a nadie”, ya que, según ha argumentado, ni va a recuperar la sanidad pública porque “son los que más la destruyeron y privatizaron”, no van a recuperar la educación porque “son los que más recortes hicieron” y ni van a ayudar a tener políticas sociales porque “son el partido más corrupto y represor de este país”. “Vamos a impedir que vuelva el PP”.“Nadie se espera resultado que vamos a tener cambiando la región porque vamos a ser fundamentales y ya el CIS lo vaticina”, ha concluido.

La Audiencia Madrid ha reabierto la investigación sobre la llamada ‘caja de solidaridad’ de Podemos al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación. José Manuel Calvente, el abogado despedido que con su denuncia provocó la apertura de esta investigación, definió este fondo como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición.

El tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, ha estimado los recursos de Vox y Prolege y reclama al juez que siga adelante con la investigación que cerró el pasado octubre. La Audiencia afirma que es “razonable pensar” que hay una “vinculación subjetiva encubierta” entre la asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para “obviar” las limitaciones de la ley de financiación de partidos y operar “al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas”. Todo ello, dice el auto del 16 de febrero al que ha tenido acceso elDiario.es, “en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”.

En su auto de hace cuatro meses, el instructor Juan José Escalonilla concluyó que no hubo administración desleal en la citada ‘caja de solidaridad’ y afirmó que “no resulta anómalo o extraño” que el dinero recogido en ese fondo sea destinado a “fundaciones o movimientos” cercanos a Podemos e incluso formados por miembros de dicho partido que “desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”. 

El auto de la Audiencia de Madrid, sin embargo, da relevancia al hecho de que parte de las personas que forman parte de dicha asociación son miembros Podemos, algunos de ellos incluso con “cargos relevantes dentro del partido”, y dice que resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, que son “cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores”.

Los jueces de la sección 30 también subrayan que Podemos “no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros” solicitadas por la Asociación 404 Comunicación Popular o únicamente los 30.000 que acreditan las transferencias que TriodosBank aportó a petición de los investigadores.

Esta línea de investigación dentro del 'caso Neurona' surgió a raíz de la denuncia del abogado Calvente, que apuntó a una presunta administración desleal de los fondos de la 'caja de solidaridad' por parte del diputado de Podemos Rafael Mayoral que, siempre según la denuncia que presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019, habría utilizado dinero de este fondo para pagar a uno de sus asesores, que es miembro de la asociación.

En su declaración judicial, sin embargo, Calvente rebajó esa acusación. Afirmó que había “gente” en el partido que empezó a comentar que “se estaban manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca”, para después reconocer que se trataba de “una rumorología, unos comentarios a nivel de militancia e interno de la organización”. Sí señaló a Mayoral como el gestor de ese fondo.

Tras conocer la resolución judicial, fuentes de Podemos destacaron que “en las causas contra el partido ya nada sorprende” y afirmaron que se trata de una investigación “dirigida a salir en los medios de comunicación”. A su juicio, en los procedimientos relativos al partido “se ven cosas que difícilmente se verían con otro investigado”.

Además, en otro auto del 16 de septiembre, la Audiencia Provincial acepta la personación como acusación particular de Celia Cánovas, exsenadora de Podemos por Tarragona que alega ser “víctima o perjudicada” por el, a su juicio, posible “uso irregular” de los fondos de la ‘caja de resistencia’. El pasado diciembre, el juez Escalonilla rechazó que Cánovas fuera parte en esta causa al entender que el “uso y destino” de los fondos de Podemos no era objeto del procedimiento al estar archivada esta línea de investigación, ahora reabierta. 

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, concluye que no hubo administración desleal en la llamada ‘caja de solidaridad’ del partido, una especie de fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. El instructor ha acordado sobreseer la línea de investigación sobre la supuesta salida “opaca” de fondos de esta caja a la Asociación 404 Comunicación Popular. José Manuel Calvente, el abogado despedido que con su denuncia provocó la apertura de esta investigación, definió este fondo como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. El archivo no es firme.

En un auto del 20 de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado subraya que “ningún indicio existe” de que esa asociación —inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones— no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad. Según su acta fundacional, la asociación se dedica a “comunicar iniciativas del movimiento popular y defensa de los derechos humanos”. 

El pasado verano, el juez pidió a la Policía Judicial que identificara a “la persona física y jurídica que bajo la denominación #404 Comunicación Popular solicitó la cantidad de 55.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos”. Lo hizo en el marco de la investigación por las cuentas de la formación abierta a raíz de la denuncia de su abogado despedido, José Manuel Calvente, que dijo al juez que había “gente” diciendo que los fondos de esa caja se manejaban de forma opaca y apuntó al diputado de Podemos Rafael Mayoral como la persona que “de facto” movía ese dinero. 

Tras hacer las diligencias encomendadas, la Policía Judicial no vio irregularidades en el manejo de esos fondos, lo que lleva al juez a sobreseer esa línea de investigación. Además, Escalonilla sostiene que “no resulta anómalo o extraño” que el dinero recogido en ese fondo sea destinado a “fundaciones o movimientos” cercanos a Podemos e incluso —como ocurre en el caso investigado— formado por miembros de dicho partidos que “desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”. 

Recientemente, el juez cerró otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las elecciones generales que se celebraron en abril de 2019. Anuló las diligencias que él mismo solicitó tras recibir un informe en el que el Tribunal de Cuentas acredita que no hay irregularidades en dichos contratos. Sí sigue abierta la investigación sobre el contrato el contrato con la consultora Neurona para esos mismos comicios, que la Fiscalía sí ha pedido investigar.

El Ministerio Público pidió el pasado septiembre al juez que investigue a Podemos solo por ese contrato. Sobre las otras cuestiones que incluyó Calvente en su denuncia aseguró que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos. Además, esta semana pidió mantener la imputación de Podemos enseña causa porque considera que “resulta más garantista”, a pesar de que hasta la fecha no existen “indicios” que acrediten su presunta financiación irregular.

“Impresentable”. Así es como ha calificado el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 13 de febrero, que avala las devoluciones en caliente. El Gobierno consideró el viernes que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente daba “seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil”.

“La sentencia no obliga a hacer devoluciones en caliente”, ha recordado Mayoral este lunes al término de una reunión con trabajadores de Ryanair, “pero lo que sí que se tiene que producir es un diálogo entre el conjunto de los Estados de la Unión Europea para abordar cuál va a ser nuestra política de derechos humanos como países de la Unión. Esto no es un debate que se circunscriba única y exclusivamente a nuestro país, sino que tenemos que empezar a pensar cuál es el modelo europeo que queremos para el futuro, porque si el modelo que queremos para el futuro es asumir los discursos de la extrema derecha, pero haciendo como que no somos extrema derecha, pues al final la extrema derecha terminará triunfando. Que no le quepa ninguna duda nadie”.

“Es necesario un debate a fondo de cuál es el modelo europeo del futuro”, prosigue el portavoz de Podemos, “si va a ser un modelo de derechos, de derechos sociales, derechos civiles y políticos, un modelo articulado en torno a los derechos humanos. Ese debate está pendiente y tiene mucho que ver no solamente con esta sentencia, sino con el propio modelo social de Unión Europea. Qué tiene que hacer más tarde o más temprano. Una reflexión sobre el austericidio y sobre la necesidad de que las políticas son políticas si tienen la vida de la gente en el centro y si no, son politiquería”.

“El Gobierno acata la sentencia del TEDH y recuerda que España por fin tiene una política migratoria de Estado, respetuosa con los derechos humanos, en colaboración con nuestros socios europeos y con los países de origen”, explicaban fuentes del Ejecutivo este lunes: “El Gobierno apuesta por potenciar vías legales y seguras para la emigración y por la reforzar la cooperación con los países de origen de la emigración.

El viernes, tras la sentencia, el Gobierno defendió que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente “permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras”, según explican fuentes gubernamentales a eldiario.es: “La decisión permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa”.

El vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, participaron el viernes pasado en la reunión ordinaria de la Comisión Delegada sobre Asuntos Migratorios, junto al presidente del Gobierno y los ministros de Justicia y Exteriores. En el encuentro, marcado en agenda desde hace meses, se analizó el contenido de la sentencia del TEDH.

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un giro a un precepto que hasta ahora regía el derecho internacional humanitario: si una persona extranjera pone un pie en suelo europeo, su posible expulsión debe conllevar una serie de trámites personalizados para evitar ponerla en riesgo. ¿Por qué? Porque Estrasburgo ha añadido un concepto fundamental: si el migrante devuelto ha entrado de manera irregular en la UE y no demuestra la imposibilidad de acceso a través de supuestas vías legales, la legislación comunitaria no está hecha para él. Así, el Tribunal considera que los migrantes denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la devolución en caliente tiene consecuencias en todos los Estados europeos salvo Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. Es decir, desde ya, los 47 estados europeos sometidos a su jurisdicción sabrán que las devoluciones inmediatas de migrantes no violan, según el TEDH, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y en el caso de las devoluciones en caliente, el hecho de que el Tribunal haya decidido que no viola el convenio da vía libre a países como Turquía, en quien la UE tiene delegada buena parte de la gestión de la migración proveniente del Mediterráneo Oriental, reducir aún más la protección de las personas migrantes.

La mayoría vienen de los movimientos sociales. Pero muchos de ellos acaban de convertirse en Gobierno. El partido tiene apenas seis años, está en fase de construcción y su líder, Pablo Iglesias, es vicepresidente de Derechos Sociales. Ante esta circunstancia, Iglesias ha convocado la tercera Asamblea Ciudadana y el partido ha acometido unos cambios: “Hemos pedido a Rafa [Mayoral] y a Idoia [Villanueva] que sean las voces del partido y que hablen más desde las calles y los conflictos que desde la sede”. Es decir: un pie en la calle y otro en el Consejo de Ministros.

“Es necesario poner a punto nuestra organización para afrontar esta nueva etapa”, dijo Iglesias en el último Consejo Ciudadano Estatal: “Tenemos que poner a punto Podemos para ayudar en las tareas de Gobierno, al tiempo que debemos ampliar la base del partido. Hace falta cuidar y poner los círculos a punto y es más necesario que nunca poner a nuestro partido a trabajar junto a las fuerzas políticas hermanas que somos Unidas Podemos para armar con los movimientos populares un bloque histórico de cambio”.

Así, la primera comparecencia de Mayoral no fue en la sede de Podemos tras una reunión de la Ejecutiva del partido. Sino con los trabajadores de La Naval, en Bilbao, inmersos en una situación concursal que mantiene en vilo el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo. “Cuando hablemos de gobernabilidad, gobernabilidad es meter en la agenda política los intereses de la gente trabajadora”, dijo en Bilbao Mayoral en ese primer acto como portavoz de Podemos.

No ha sido casual, se trata de una estrategia definida en el partido que se pretende desarrollar durante toda la legislatura. Se trata de evitar los riesgos de experiencias pasadas en gobiernos de izquierdas que, sumidos en unas dinámicas institucionales que consumen mucho tiempo y recursos, descuidan la calle y los movimientos sociales y acaban alejados de sus votantes.

“La tarea de los que están en el Gobierno es sacar adelante el acuerdo de gobierno”, explica Mayoral a eldiario.es: “El reto que tenemos los demás es generar dinámicas de participación social que permitan hacer posibles las aspiraciones de las mayorías sociales. La capacidad de articular un proyecto de país que nos reconozca como somos: plurinacional, y de gente trabajadora cuyos derechos hay que garantizar. Tiene que haber implicación en dinámicas sociales, lógicas de sensibilidad. En ese sentido, va a ser clave la capacidad de movilización e intervención, que la gente sea protagonista del proceso político”.

“Cuando yo dije que los movimientos sociales nos tienen que presionar y nos tienen que criticar”, decía Iglesias en una entrevista con eldiario.es, “eso implica que no siempre van a decir cosas bonitas de nosotros. Y que muchas veces nos van a empujar para que lleguemos más lejos de lo que podemos llegar o de lo que estamos dispuestos a llegar”.

En ese marco, explica Mayoral, “el reto de Podemos es construir una organización capilar que profundice en su carácter popular, que sea herramienta útil en lo cotidiano y concreto a la hora de dar respuestas para salir de la lógica individual y antisocial y asumir que la sociedad existe y eso es lo que garantiza que la gente pueda vivir bien”.

Para Mayoral, el Gobierno de coalición es una suerte de “Consejo Nacional de la Resistencia [el gobierno frente al régimen de Vichy creado en Francia en 1943], una posición democrática como la que hubo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de avanzar en la profundización democrática y en poner freno a la involución”.

Mayoral, quien hasta ahora era el responsable de Movimientos Sociales y ha sido el rostro de Podemos en el día a día de los conflictos sociales, es a partir de ahora también el principal referente del partido fuera del Gobierno. “Quienes estamos en el Gobierno no hablaremos en nombre de Podemos”, dijo Iglesias en el último Consejo Ciudadano.

“Es importante la acción de gobierno”, prosigue Mayoral, “y se tiene que enmarcar en el proceso político en el que estamos, que no es solo un juego de partidos. El proceso se inició en 2011 con el 15M y condiciona el debate político en el país, hasta el punto de que la moción de censura a Mariano Rajoy no se entiende sin el empuje de los pensionistas y el 8M. Son los que abren la puerta a la moción de censura. Y para afrontar el futuro hay que tenerlo en cuenta: la política no pertenece solo a los políticos y los partidos”.

Así, la tarea de Podemos y Mayoral tiene que ver con que “amplios sectores de la sociedad tienen que estar comprometidos en el proceso que se está dando, que el movimiento social tenga capacidad política de imposición de agenda: cambiar el pin [parental] por el pan, y que se hable de la mejora de las condiciones de vida, del modelo social, de la sostenibilidad de la vida. La institucionalidad es para proteger a los sectores de la sociedad. Va a ser clave la capacidad de movilización e intervención: que la gente sea protagonista del proceso político no solo son las grandes decisiones, sino en la cotidianidad, para que el Estado deje de ser el que se pone con los fuertes contra los débiles para convertirse en herramienta útil a favor de mayorías sociales”.

Frente a eso, Mayoral alerta de que “hay fuerzas reaccionarias muy poderosas, y determinados sectores del Estado que no admiten el juego democrático. La gente decide su Gobierno con el voto. Y eso se pone en cuestión. Han traspasado todas las líneas porque son los de arriba los que rompen los consensos del 78”.

En ese sentido, Iglesias dijo en el debate de investidura, el pasado 4 de enero: “El acuerdo [de Gobierno] es más mérito de ellas y de ellos [sociedad civil y movimientos sociales] que de cualquier partido político, son los verdaderos arquitectos de este acuerdo”. Y señaló los “enemigos” de ese Gobierno: “Grupos financieros, poderes económicos y sus brazos mediáticos”, ante los cuales Iglesias consideraba “necesaria” la crítica de los movimientos sociales “para hacer las cosas bien”.

Pero tener un pie en la calle y otro en el Consejo de Ministros puede crear contradicciones. “Habrá que gestionarlas”, reconoce Mayoral, quien habla de cuatro patas en el proceso político actual: “La institución, la presión social, el debate político y el debate cultural. Se trata de definir qué significa defender el país, y hay que poner en el imaginario el proyecto de país que queremos ante quienes plantean una patria sin pueblo, porque no hay patria sin pueblo, y quien vende servicios públicos es un vende patrias”.

“Son dos modelos”, abunda Mayoral, “y hay que disputar el proyecto de país. Eso no se resuelve con una ley, sino con el despliegue de contradicciones”. Y ahí entra en juego Podemos como partido: “Hay que disputar el territorio, llevar el mensaje al ámbito productivo y reproductivo, con organización y cultura militante. No somos un partido clásico, somos un movimiento político, pero necesitamos estructuras más sólidas para el trabajo en lo cotidiano”.

Y en ese despliegue del partido, ¿qué relación habrá con Izquierda Unida? “La alianza es irreversible y no puede ser solo electoral sino política, impulsando dinámicas de coordinación entre las dos organizaciones”.

La jueza que investigaba desde un juzgado de instrucción de Madrid a tres diputados de Unidas Podemos por los altercados ocurridos a las puertas del Congreso durante una manifestación de trabajadores de Alcoa el pasado mes de marzo ha decretado el archivo de las actuaciones contra los cargos públicos y buena parte de los encausados. La Fiscalía había pedido dicho sobreseimiento, mientras los diputados habían presentado una querella contra la propia jueza ante lo que consideran unas actuaciones cuando menos irregulares.

En un auto dictado por la jueza Raquel Robles el pasado 11 de diciembre, y al que ha tenido acceso eldiario.es, se “decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones” contra los diputados Yolanda Díaz, Rafael Mayoral y Antón Gómez-Reino, así como contra la por entonces diputada Ángela Rodríguez y varios de los trabajadores investigados. La causa sigue abierta contra dos trabajadores, entre ellos el presidente del comité de empresa de Alcoa.

La jueza señala que no han quedado acreditado durante la instrucción “los hechos como constitutivos de infracción penal de desobediencia, resistencia grave o atentado a agentes de la autoridad”. Y se refiere a una escrito de la Fiscalía de Madrid del pasado 4 de diciembre en el que rechaza que la jueza traslade las actuaciones al Tribunal Supremo, el único competente para juzgar a los diputados nacionales, “al entender que los hechos a ellos imputados no revisten indicios delictivos”, siempre según el auto firmado por Robles.

La magistrada concluye así un procedimiento plagado de irregularidades que han obligado a la propia jueza a retractarse en varias ocasiones. Fuentes de Unidas Podemos consultadas por eldiario.es recuerdan que la jueza de primera instancia inició una investigación contra varias personas, entre ellas tres diputados aforados, sin dar traslado de las actuaciones y que se iniciaron las diligencias, es decir las investigaciones y la práctica de pruebas, sin que los implicados supieran de su existencia.

La jueza, además, llamó a declarar en varias ocasiones a los diputados investigados, amenazando con su detención si no se presentaban, pese a que no tiene competencias para hacerlo y a ser pública y notoria su condiciones de diputados. En todas las ocasiones tuvo que dejar sin efecto su propia orden.

Toda la investigación estaba basada únicamente en las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo de aquel 28 de marzo, quienes acusaron a los diputados de “arengar” a los manifestantes, de ayudarles a atravesar el cordón de seguridad y de participar en varias agresiones directas contra las unidades antidisturios.

Querella contra la jueza

Seis meses después, la jueza señala en su auto de sobreseimiento que “las manifestaciones de los propios agentes” describían hechos “inconcretos ,vagos genéricos y sin entidad suficiente” para continuar el procedimiento, que ya había agotado además el plazo normal de instrucción.

Las decisión de Raquel Robles ha llegado poco después de que los tres diputados de Unidas Podemos se hubieran querellado contra la jueza por sus actuaciones. Fuentes del grupo confederal señalan a eldiario.es que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había iniciado la investigación reclamando al juzgado de instrucción 25 una copia de todas las actuaciones ordenadas por la magistrada.

Horas después, llegó el auto de archivo. Pero no el final del procedimiento abierto por la jueza Robles, que mantiene la causa abierta contra dos de los trabajadores investigados. Los tres diputados de Unidas Podemos también se ratifican en la querella contra ella, según confirman desde el grupo confederal a eldiario.es.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes del comité de empresa de la propia Alcoa, Mayoral y Gómez-Reino han defendido que el Gobierno actúe para “solventar el precio de la energía industrial” para “garantizar una industria, como Alcoa, pueda continuar con su trabajo”.

Gómez-Reino ha recordado que en la causa “sigue habiendo compañeros y compañeras trabajadoras imputadas”. “Se pone de relieve que las imputaciones a los diputados de nuestro grupo eran cuando menos extrañas, sino irregulares”, ha señalado. “Pero igual de irregulares son esas imputaciones a trabajadores que defendían sus derechos”, ha concluido.

La conspiración del juez Salvador Alba contra la diputada Victoria Rosell, el falso informe PISA que trató de tumbar a Podemos o la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 25 de Madrid a diputados de la formación morada, a pesar de estar aforados ante el Tribunal Supremo, tras respaldar una protesta de trabajadores de Alcoa serían ejemplos de alcantarillado sucio del Estado. Así lo entiende uno de esos diputados investigados Rafa Mayoral (Madrid, 1974), quien asegura que estas son solo algunas de las consecuencias que demuestran que “las cloacas siguen funcionando”.

El candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Madrid explica que el objetivo de las cloacas es “decidir el gobierno del país al margen de la elección popular”. Son “producto de la impunidad del franquismo y de las élites corruptas que creen que el Estado es de su propiedad”. Y no tiene dudas en señalar que el máximo responsable, hoy en día, de que sigan actuando “con respaldo político” es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este miércoles participa en un acto a las 19.30 horas en Las Palmas de Gran Canaria para hablar de las cloacas del Estado en el Club de Prensa Canaria, junto a Gloria Elizo, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Madrid; Victoria Rosell y Meri Pita, candidatas por la formación morada al Congreso por Las Palmas; Alberto Rodríguez, candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife; Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y David Cuesta, periodista en Mírame TV.

El jueves estará a las 18.30 horas en la sede de Podemos en Santa Cruz de Tenerife para debatir sobre pensiones acompañado por Alberto Rodríguez y Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Cuando se habla de las cloacas, ¿qué es lo primero en lo que piensa?

Que hay personas que sin presentarse a las elecciones quieren torcer la voluntad popular y atacar la democracia.

¿Qué opina de la conspiración del juez Salvador Alba contra la diputada Victoria Rosell?la conspiración del juez Salvador Alba contra la diputada Victoria Rosell

Fue un ataque a la democracia. Ha sido una de las cosas más graves que han pasado en las últimas décadas en nuestro país. Que se conspire desde la judicatura en complicidad con las tramas mediáticas para evitar que una persona se pueda presentar a las elecciones y que una fuerza política pueda ganarlas, a ojos de cualquier demócrata, es un autentico escándalo. Lo increíble es que cuando se hizo el montaje, abriera telediarios y portadas durante muchos días, pero desgraciadamente, cuando se ha demostrado que todo era parte de una conspiración en contra de la democracia, no ha tenido el mismo eco.

¿Por qué no tuvo el mismo eco?

Porque las cloacas siguen funcionando. Fue un escándalo y mucha gente se debería haber pronunciado públicamente. Rafael Simancas (secretario general del Grupo Socialista en el Congreso) en un debate se permitió el lujo de insultar a Victoria Rosell asumiendo todas las tesis de la conspiración y sus disculpas han sido un tuit, simplemente, cuando es uno de los portavoces del PSOE. No se insulta en público y se piden disculpas de esa manera, lo que hay que hacer es entender lo que ha supuesto, la gravedad de los hechos. Desde hace mucho tiempo hay poderes, en complicidad con el poder económico que, obviamente, quieren impedir a todas costa que Podemos llegue al gobierno. Quieren decidir el gobierno del país al margen de la elección popular, quebrar la posibilidad de un proceso democrático.

Cuando se destapan determinados casos, como las cloacas del Ministerio del Interior o el falso informe PISA que trató de tumbar a Podemos, ¿no cree que es mucho más lo que se desconoce que lo que se conoce?el falso informe PISA que trató de tumbar a Podemos

Sí, y añadiría algunos ejemplos más: que en nuestros despachos entren impunemente y graben en su interior, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Y que esto no merezca ninguna sanción. O que haya cuatro diputados que están siendo investigados en un juzgado de instrucción fuera de los procedimientos legales. Las termitas están dentro y están subvirtiendo los procedimientos más básicos de la democracia. El problema es que son cuestiones estructurales que vienen desde hace mucho tiempo y no es casual que algunos, personas muy señaladas de las cloacas del Estado, estuvieran en la brigada político-social a finales del franquismo. Esto no deja de ser el producto de la impunidad del franquismo y de esas élites corruptas que durante tanto tiempo han creído que el Estado era propiedad suya.

¿Cuánto de cloaca queda del franquismo?

Mucho. Pero el problema no es que quede cloaca, sino que el ministro del Interior se ponga del lado de las cloacas cuando considera regular que nosotros sigamos bajo investigación en un juzgado de instrucción salvando todos los procedimientos legales. Las cloacas siguen funcionando y el primer responsable de que existan, sin lugar a dudas, es Fernando Grande-Marlaska. Que al fin y al cabo es normal, porque es una persona muy conservadora y fue una de las grandes sorpresas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un hombre de derechas de toda la vida.

¿Qué opina de las palabras de Fernando Grande-Marlaska, cuando afirmó que las cloacas ya no existen en el Ministerio del Interior desde que ocupa el cargo?afirmó que las cloacas ya no existen en el Ministerio del Interior desde que ocupa el cargo

Se responde él mismo cuando le dicen que hay un juzgado de instrucción investigando a cuatro diputados y contesta que le parece que eso es un procedimiento legal.

¿Es un mal endémico de España o es común en otros países?

Ha habido momentos en los que en otros países los límites de la democracia vienen establecidos precisamente por el funcionamiento de tramas relacionadas con el poder económico y, al mismo tiempo, con parte del Estado y de la trama mediática para evitar que los procesos democráticos fueran limpios.

En Catalunya, ¿cuánto de cloaca hay?

Ahora mismo es difícil saberlo.

¿La investigación al abogado de Carles Puigdemont también lo es?investigación al abogado de Carles Puigdemont

Que se haga en este momento, a priori, no huele bien.

¿Cómo luchar contra las cloacas?

Ampliando los espacios de libertad y acabando con los espacios de impunidad. Eso es una de las cuestiones fundamentales. El principal problema que tienen las cloacas es que se sienten impunes. Que tienen el respaldo político porque resultan funcionales. Y eso es una de las cuestiones más básicas. No puede haber impunidad.

¿Qué papel han jugado los medios de comunicación, cuando los independentistas catalanes critican la “manipulación” de la prensa española y los nacionalistas tachan de “adoctrinamiento” la TV3?

Han jugado un papel muy vergonzoso, porque deberían controlar al poder. Y desgraciadamente, los grandes medios de comunicación están jugando un papel nefasto, justamente en el sentido contrario, intentando perpetuar determinadas cuestiones que no son sostenibles y mecanismos antidemocráticos. Pero ambas acusaciones son verdad. El principal problema es no entender que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía. Las propias televisiones públicas, que no reúnen los criterios de la deontología profesional, del contraste de las informaciones, de generar contexto para entenderlas. Vivimos permanentemente en una campaña de desinformación para intentar evitar que se puedan producir cambios.

¿Es posible reconducir el conflicto en Catalunya tras los disturbios?

Desgraciadamente la coyuntura no nos permite ver la complejidad de los problemas. En Catalunya hay una salida y es plurinacional, democrática, que debe basarse en la soberanía popular y en el derecho al autogobierno. Y el principal problema que tenemos es no reconocernos como pueblo plurinacional y plurirregional. Tenemos que ser conscientes de que si no somos capaces de asumirnos como somos, evidentemente se producen conflictos en los que es necesario pararse un momento, sentarse a hablar y pensar cuales son los marcos de participación democrática que queremos tener. Existe la posibilidad de hacerlo, pero es necesario ponerle voluntad y acabar con el partidismo en el que se piensa que enfrentar a unos contra otros puede tener réditos electorales.

¿Es favorable a una amnistía o indultos a los líderes catalanes que están en la cárcel?

Yo creo que la sentencia ha sido injusta y el hecho de que permanezcan en prisión no va a ayudar a la resolución de conflicto, que es político y debe tener soluciones políticas. En estos momentos, no es útil que estén en la cárcel aquellos que podrían sentarse al otro lado de la mesa para poder encontrar soluciones democráticas. Las soluciones judiciales lo único que hacen es agravar los problemas y no aportan ni una solución. Se debería hablar mucho más de política, pero nos encontramos en un momento en el que los que se llaman grandes defensores de España al final están insultando a nuestro país, porque están inflamando el conflicto con Catalunya para sacar un puñado de votos, mientras se esconden detrás de la bandera proclamándose patriotas, cuando en el fondo son unos vendepatrias. Es muy vergonzoso.

Este jueves participa en un acto para hablar de pensiones en Tenerife en un momento en el que los pensionistas se han movilizado desde el norte y desde el sur confluyendo en Madrid, ¿qué opinas de estas manifestaciones?

Fue una expresión de fraternidad popular y de defensa de los derechos de todos. Los pensionistas han dado un ejemplo de lo que es la necesidad de defender la dignidad de nuestro pueblo. Y es garantizar que alguien que no puede trabajar, va a tener un sustento. Están defendiendo derechos para todos y todas, mientras las entidades financieras están salivando por hincarle el diente al sistema público de pensiones. No se conforman con que el gobierno de turno les suba un año el IPC, sino que quieren que sea por ley, que se garanticen las fuentes y que haya posibilidad de que el sistema tenga futuro. Pero sobre todo plantean que es necesario mejorar el mercado de trabajo, que haya buenos salarios para que se pueda mantener el sistema público de pensiones.

¿Qué propone Podemos en este sentido?

Primero planteamos revertir lo que han sido las reformas anteriores, acabar con el factor de empobrecimiento, que se ha conseguido retrasar su aplicación hasta 2023, para revisar las cuantías de las pensiones futuras, que están a la baja en relación a la esperanza de vida. Hay que repartir mejor la tarta y el PIB. Garantizar la significación de las pensiones, es decir, que hay muchas personas que están cobrando unas pensiones con las que no se puede vivir y hay que garantizar el principio de suficiencia.

La exhumación de Franco se producirá también ese día, ¿la considera un reclamo electoral?

Creo que se debe afrontar desde la normalidad, porque lo que no era normal es que estuviera allí la momia. Pero me parece muy feo utilizar el traslado de la momia en periodo electoral para intentar blanquearse la imagen. Sobre todo cuando siguen andando sueltos por la calle Martín Villa, que está reclamado por la matanza de Vitoria, donde murieron cinco trabajadores después del ametrallamiento de la Iglesia de San Francisco, por un juzgado en Argentina; y también otro reclamado como Billy el Niño, con el que, además de no cumplirse los requerimientos de la justicia argentina para que se le entregue por crímenes de lesa humanidad, se le mantienen honores, algo que debería avergonzar a cualquier demócrata. A nosotros y nosotras nos parece muy bien que se lleven la momia, pero creemos que la mayor vergüenza en estos momentos no es la momia, sino aquellos que siguen caminando libres por la calle cuando han sido responsable de crímenes de lesa humanidad.

¿Hace autocrítica tras las fallidas negociaciones entre Podemos y PSOE?

Comparto lo que ha planteado Pablo Iglesias, que hemos sido muy ingenuos. Hemos creído en algún momento que el PSOE se podía llegar a plantear gobernar con nosotros y ha sido mentira desde el minuto 1. El PSOE solo tenía una ambición: conseguir que PP y Ciudadanos le dieran la investidura. Hay algo que ha tenido poca repercusión y ha tenido mucha importancia, y es que el responsable de organización del PSOE le pidió formalmente por carta reciprocidad al PP, junto con el resto de diputados que se abstuvieron para dejar que gobernara Mariano Rajoy. Ellos quieren reavivar el bipartidismo y el principal problema que tenían era que el PP estaba dispuesto a darles la estabilidad económica, la social y la territorial, pero lo único que no estaban dispuesto a darles era la investidura. Y el PSOE pensó que nosotros podíamos ser los tontos útiles para que ellos pudieran articular recortes de derechos y libertades para nuestro pueblo, mientras acordaban con el PP en otra mesa.

El PSOE desciende, el PP aumenta, Vox y Ciudadanos se disputan la cuarta plaza, el conflicto en Catalunya… Ante este panorama ¿se arrepiente de que Podemos no llegara a un acuerdo con el PSOE?Ante este panorama

Nosotros hicimos todo lo que se podía hacer, pero el PSOE no ha querido. Tenían muy claro quien podía gobernar en este país y eso lo decidía Ana Patricia Botin, el círculo de empresarios y la CEOE, que fueron los que dijeron que bajo ningún concepto nosotros debíamos gobernar. Tenían que formar un gobierno con Ciudadanos y, sino, se debían convocar elecciones. Pues en este país parece que quien decide lo que pasa en las instituciones no concurre a las elecciones. Y esto demuestra que no existía ninguna voluntad de gobernar con nosotros.

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, afirmó que no tiene “ni la más mínima inquietud” por la candidatura de Más País, ¿qué opina?

Lo suscribo al 100%.

¿Y sobre la postura de Íñigo Errejón, dispuesto a dar el Gobierno al PSOE?

Es un problema suyo. Nosotros hemos ido a las instituciones a defender los intereses de la gente, no a entregar gobiernos a cambio de nada y mucho menos al PSOE, para que termine acordando con el PP.

¿Qué está en juego el próximo 10 de noviembre?

La posibilidad de defender los intereses de las mayorías frente a los grandes buitres financieros que creen que en este país no tienen que cumplir la ley, que tienen la posibilidad de subir los alquileres de forma abusiva, de entrar en nuestra industria, llevarse las subvenciones y salir corriendo o de ver como llenan los barrios populares de casas de apuestas. Hay que elegir qué queremos defender con nuestro voto y hay que optar entre pueblo o buitres.

La jueza de instrucción madrileña que investiga los hechos ocurridos el pasado mes de marzo en las inmediaciones del Congreso durante una manifestación de los trabajadores de Alcoa en la que se produjo una carga policial ha vuelto a citar como como imputada a la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, pese a estar aforada ante el Tribunal Supremo. La magistrada Raquel Robles ya tuvo que revocar una notificación al también diputado Rafael Mayoral. A todos les imputa un supuesto delito de “atentado contra la autoridad”.

El juzgado de instrucción número 25 de Madrid remitió la semana pasada a la portavoz de Galicia en Común y a la exdiputada Ángela Rodríguez una notificación para tomarles declaración como imputadas el próximo 4 de noviembre. Raquel Robles dice en el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, que le “consta” que ya no son diputadas y, por lo tanto, que han perdido su condición de aforadas, es decir que solo el Supremo tiene capacidad para investigarlas.

Rodríguez perdió su condición de diputada al no conseguir revalidar su escaño el pasado 28 de abril. Pero Yolanda Díaz todavía lo es ya que, aunque la repetición electoral del 10 de noviembre ha supuesto la disolución de las Cortes, la representante de Galicia en Común forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria durante los períodos inhábiles. Por tanto, Díaz mantiene todas las obligaciones y derechos que otorga el acto de diputado. 

La jueza investiga los enfrentamientos que se produjeron en los aledaños del Congreso de los Diputados el pasado 28 de marzo, cuando cientos de trabajadores de Alcoa protestaban por el inminente cierre de las plantas de la multinacional en Galicia y Asturias. A la protesta acudieron para mostrar su apoyo algunos diputados de Unidas Podemos. Además de los mencionados, estuvieron presentes Alberto Garzón y Enrique Santiago (IU).

En un momento determinado, los manifestantes atravesaron la línea de seguridad que formaban agentes de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional para acercarse al Congreso. Los agentes cargaron contra los manifestantes. En la refriega se vieron implicados los diputados, algunos de los cuales cayó al suelo, como se aprecia en las imágenes captadas el día por los medios presentes y que figuran en el sumario.

Robles ya tuvo que dar marcha atrás a la imputación del exdiputado Rafael Mayoral, al que había citado para declarar como investigado y pese a que en los atestados policiales que sirvieron para abrir la instrucción se identifica sin lugar a dudas a todos los representantes de Unidas Podemos. Ahora vuelve a repetir el error.

La causa, pese a estos problemas procesales, sigue viva. La semana pasada declararon los trabajadores que están siendo también investigados. En su testimonio, todos señalaron el carácter “pacífico” de la concentración de marzo. Víctor Ledo, secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, aseguró en su declaración por videoconferencia desde Ferrol que en ningún momento intentó resistirse a la autoridad y que que el incidente con la policía, que duró “dos minutos” en una movilización de varias horas, se produjo al tener lugar una “pequeña avalancha” al moverse los concentrados porque el grupo era muy numeroso y no cabían en el espacio asignado.

Ledo no fue ni siquiera detenido en ese momento, sino cuando acudió al complejo policial de Moratalaz a recoger a otro trabajador que sí resultó detenido durante la protesta.

“Fue algo muy bestia porque se saltaron los principios más básicos del derecho a un procedimiento justo. Fue muy salvaje, con cinco resoluciones del Comité Desc de la ONU que solicitan la paralización. Más que desahucios [en el edificio de la calle madrileña de Argumosa 11] fue una razzia. Vamos a interpelar a la ministra de Justicia”. Rafa Mayoral, diputado de Podemos, recordaba en Gran Canaria, 24 horas después, el operativo del viernes en Lavapiés. Indignado por cómo se llevó a cabo, pide explicaciones. “A los abogados de las personas afectadas no les dejaron participar en las diligencias y se les impidió el derecho de reunión desde las 2.15, cuando empezó el cordón policial hasta que finalizaron las diligencias”.

Este sábado el también secretario de Movimientos Sociales acudía a un acto con jóvenes en Gran Canaria, y con Argumosa 11 todavía caliente: “Es que otra cosa curiosa, por decirlo de alguna manera, es que tres juzgados se pusieron de acuerdo para realizar cuatro desahucios en el mismo edificio. Y con cuatro resoluciones además idénticas en sus fundamentos de derecho. Se juntaron muchas cosas”. Sobre esas cosas, vivienda y política, elecciones y alianzas, consensos y disensos habló un buen rato con Canarias Ahora.

¿Es imposible llegar a acuerdos en España para evitar situaciones dramáticas como cuando se ejecutan desahucios?

No es cosa nueva. Venimos reclamando que se cumplan las resoluciones del Comité Desc de la ONU en reiteradas ocasiones. Hicimos una interpelación a la ministra de Justicia para que remitiera a los juzgados esas resoluciones. Y esta mujer [Dolores Delgado] no vino, se escondió y mandaron a [Nadia] Calviño [ministra de Economía] a hablarnos de hipotecas. Ya no es solamente un cambio en la ley, sino asumir nuestras obligaciones en materia de derechos humanos.

El Gobierno responsabiliza a Podemos de no poder evitar desahucios como el de Argumosa 11 por no haber llegado a un consenso para sacar adelante el decreto de alquileres.

La ministra portavoz [Isabel Celaá] dijo una tontería. Porque el problema que hubo fue que mientras estaba negociando con nosotros el decreto, los fondos buitres le soplaron detrás de la oreja al Gobierno que dejara las negociaciones y publicara el decreto sin acuerdo. Entonces vieron que no tenían votos, precisamente porque no fueron capaces de poner ningún tipo de límites a la subida de alquileres, ni siquiera los límites que establecía la ley antes de la reforma de Rajoy, que eran que la subida de los arrendamientos por contrato fuera el incremento del IPC.

¿Pero todo es ruido o pose preelectoral para marcar diferencias o realmente no hay consenso entre las fuerzas progresistas para asuntos como la vivienda o las pensiones?

Bueno, cada uno se coloca en función de los intereses que defiende. Nosotros hemos sido muy claros siempre. Es necesario entender que los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. La vivienda debe ser un compromiso por encima de partidos, pero el problema es que Ciudadanos hace una defensa brutal de los intereses de los fondos buitres y el PSOE no se atreve con ellos.

También se les señala por romper el Pacto de Toledo sobre pensiones…

Si alguien piensa que la solución a las pensiones es que la gente tenga que currar hasta los 67 años o que el periodo de cómputo tiene que ser toda la vida laboral, en vez de 15 años, nosotros no hemos venido al Congreso a eso. Hemos dicho con toda claridad que el camino es revertir los recortes. No vamos a participar de falsos consensos que lo que supone es traicionar los intereses populares.

¿El PSOE les ha arrebatado su discurso social con el giro a la izquierda de Pedro Sánchez? ¿Cree que los grandes poderes fácticos del país, el Ibex 35, permitirían un gobierno PSOE-Podemos?

Unidos Podemos es la única fuerza a la que no le van a temblar las piernas ante los fondos buitres, las grandes entidades financieras o las grandes multinacionales porque no debemos a los bancos. Sabemos que al PSOE cuando llega el momento decisivo de defender los intereses populares le tiemblan las piernas. Le tiemblan las piernas y sale corriendo cuando llega el momento de enfrentarse con Goliat.

Y sobre ese giro: no tengo esa sensación. Hemos conseguido mantener posiciones fuertes ante cuestiones que en otros tiempos generaban consensos que olvidaban los intereses de las mayorías sociales, y al mismo tiempo arrancarle al PSOE acuerdos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 1% al 22%, la recuperación del subsidio a los 52 años o un acuerdo presupuestario donde se recuperaba del limbo a personas reconocidas como dependientes a las que no se les estaba dando esa prestación.

Pues las encuestas apuntan a que el PSOE crece por su izquierda a costa del espacio de Unidos Podemos, aunque ahora empiece a virar al centro de abandonado por Ciudadanos…

Las encuestas en estos últimos años son lo más parecido a un horóscopo. No han acertado con Podemos ni para bien ni para mal. En 2015 decían que estábamos acabados, con un 11% de apoyos y tuvimos el 20% en las elecciones del 20-D. Y en 2016 apuntaban a que íbamos a superar al PSOE y no lo hicimos.

¿Hacia dónde va Podemos? ¿Es incapaz de articular acuerdos amplios en el campo de la izquierda? Se está descosiendo en varios territorios, de Galicia a Valencia; la defección de Íñigo Errejón, las discrepancias con Más Madrid, Izquierda Unida…

Yo no lo creo. Problemas internos y cuestiones internas existen siempre, pero eso es un sano debate democrático. La práctica ha demostrado que somos capaces de acordar con mucha gente que opina diferente a nosotros. Tanto para proyectos compartidos con otras fuerzas políticas como para proyectos que se puedan dar en las diferentes instituciones. Es justo lo contrario, la capacidad de acuerdo que se sigue demostrando es muy amplia. Como cuando 100.000 personas decidieron que nos presentáramos a las elecciones europeas de 2014. Podemos tiene 100.000 fundadores y hay que ser capaces de responder a ese impulso democrático.

Pero los tiempos y los hechos apuntan en otra dirección. Parece que la ola de indignados en parte la recoge ahora Vox.

Nosotros lo que creemos es que ha habido una reacción. Cuando hemos vivido un proceso democrático como el de 2018, cuando se decía que solo se podía hablar de Catalunya, los pensionistas empezaron a girar la agenda en enero y las mujeres la terminaron de quebrar con la huelga feminista del 8M. Eso abrió las puertas a una moción de censura a la que hubo que llevar a rastras al PSOE y que hizo posible que Rajoy se fuera por la puerta de atrás cuando decían que no era posible. Y los que empujaron para echar a Rajoy fueron los pensionistas y las mujeres.

¿Pero no analizan el fenómeno de Vox, en parte, como un trasvase de indignados de la izquierda a la derecha?

Bueno, nosotros no somos una organización de la izquierda clásica. Por eso siempre hablamos de los de arriba y los de abajo. Y qué casualidad y que estas fuerzas políticas hablen de privatizar las pensiones y recortar los derechos de las mujeres. O de bajar los impuestos a los ricos o de dividir a los sectores populares en función de donde nacieran su padre y su madre. Nosotros entendemos que es un movimiento reaccionario. Es la movilización del voto más reaccionario del PP que se estaba quedando en casa y que tiene el franquismo en el ADN.

Catalunya, Catalunya, Catalunya…hasta 80 veces Catalunya como decía Carles Mulet, el senador de Compromís en la tribuna. ¿Se ha quedado Podemos fuera de juego ante la polarización del conflicto catalán? ¿Tiene la izquierda española un discurso claro de Estado?

Creo que Podemos es la fuerza que aporta soluciones ante los extremos de independentistas y unionistas. Alguien decía que las grandes tormentas son las grandes oportunidades para demostrar las fortalezas de los olmos y los robles. Y estamos siendo consistentes a la hora de plantear cómo es nuestro pueblo: plurinacional. Las soluciones a la cuestión territorial tienen que solventarse en base al reconocimiento del derecho al autogobierno y de una salida democrática. Nuestro pueblo es plurinacional, vivimos en el siglo XXI y no podemos seguir pensando en Estados nación en el siglo XXI.

Por esa misma polaridad se ha pasado en apenas un año del procés a los discursos a cada cual más españolista de Ciudadanos, PP y Vox, ¿cabe un término medio o no vale “ir con el árbitro en un Barça-Madrid”, como decía Íñigo Errejón después de los malos resultados en Catalunya?

Sí, es cierto. Cuando se producen fenómenos de estas características se tocan las identidades, que son fibras muy sensibles. Pero tenemos que ser capaces de trabajar en torno a la identidad plural de nuestro pueblo. Muchos de los problemas que tenemos como país es no reconocernos como realmente somos: complejos, contradictorios, plurales, diversos y mestizos. Hay gente que se quiere pintar todo de un color o de otro cuando si aceptáramos la diversidad que tiene nuestro pueblo seríamos capaces de desarrollar grandes potenciales y riquezas culturales.

“Horóscopos” demoscópicos aparte, la marca Podemos está de capa caída. ¿Cuánto pesa en esa imagen la crisis de Venezuela, la deriva del régimen de Maduro y la relación histórica del chavismo con dirigentes del partido?

Es un mantra que se utiliza en el campo de la comunicación, pero la realidad es que vivimos en un escenario en que se puede producir una guerra en Sudamérica. Una realidad brutal, con argumentaciones muy similares a las que se utilizaron en Irak y Libia, que fueron saqueados después de una intervención militar. En estos momentos hay una prioridad en el mundo que es la defensa de la paz, pero Estados Unidos quiere dar salida a sus arsenales militares.

¿En serio que la crisis venezolana no provoca un efecto negativo en Podemos? O por ejemplo, la imagen del liderazgo de Pablo Iglesias por irse a vivir a un chalet de 600.000 euros en Galapagar… ¿está en entredicho ese liderazgo?

Las campañas de intoxicación han sido múltiples. Y lo siguen siendo, como cuando se hizo desde el Ministerio de Interior con ramificaciones a su vez en algunos elementos turbios dentro de los medios de comunicación. Cuando se destapen los casos de las cloacas del Estado creo que conoceremos la verdad de las campañas de intoxicación y difamación contra el impulso democrático que representamos.

Pero admita que el chalet no ayuda a mejorar esa imagen por mucha campaña que haya habido.

Hay una magnificación del hecho absolutamente incomprensible por parte de los medios de comunicación. Se llegó a plantear el hecho de que una persona que con su dinero se compre una casa tenga que dejar la actividad política. Y eso cuando vivimos en un país en el que se ha estado saqueando a manos llenas, donde el partido que ha estado gobernando los últimos años está tan trufado de casos de corrupción que hacen falta 15 minutos para leerlos todos, como hizo Irene Montero en la moción de censura. Que se planteen este tipo de cuestiones solo se pueden entender en el campo de la intoxicación y no en el del debate político.

Podemos Canarias celebró este sábado en la plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria la segunda edición de las jornadas ‘Más calle, menos callar’, un encuentro realizado con el objetivo de resaltar “la importancia de la juventud en la construcción del movimiento popular y en la lucha por tomar realmente las riendas de sus vidas con sus propias manos y construir un país en el que nadie se quede fuera”.

Así lo explicó Rafael Mayoral, diputado de Unid@s Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, quien estuvo presente durante el acto. Junto a él estuvieron también la secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, y Alberto Rodríguez, diputado nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Derecho a acceder a la cultura

Durante el taller ‘Generar movimiento popular en la juventud’, Alberto Rodríguez resaltó que “la juventud de los barrios populares debe tener el derecho a acceder a la cultura”. Por ese motivo, explicó,“hemos puesto en marcha charlas, talleres y una ‘batalla de gallos’, o competición de rap entre jóvenes”. Es un acto “tanto divertido como combativo”, explicó Rodríguez.

Rafael Mayoral, por su parte, recordó que “el rap es una expresión de cultura popular urbana que pone los ‘puntos’ sobre las ‘íes’ frente a los poderosos”.

Santana y Rodríguez formaron parte del jurado de la ‘batalla de rap’ en la que participaron Duque, Liphe, Akata, Danz, Kaiser, Beiran, Akordes y Sara Socas, que se convirtió en la ganadora.

El acto estuvo impulsado por jóvenes organizados bajo el nombre de ‘Rebeldía’ en colaboración con Podemos Canarias.

“La autocomplacencia es una mala consejera”. Así ha atajado el diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, el balance del año 2018 que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una comparecencia ante los medios en el Congreso, Mayoral ha reclamado al Ejecutivo que en lo que queda de legislatura cumpla con “las expectativas de las mayorías sociales” para detener el auge de las fuerzas reaccionarias, que, ante “la falta de impulso” del Ejecutivo, “pretenden amordazar a las mujeres y privatizar las pensiones”.

Mayoral ha recordado que 2018 arrancó con dos potentes movilizaciones sociales: la de los pensionistas, que reclamaban una subida acorde al IPC, y la de las mujeres, con el éxito del 8 de marzo como bandera. “El movimiento popular empujó la moción de censura. Se fue Rajoy, el hombre de la corrupción y de los recortes. Pero también se ha ido su ama de llaves, Susana Díaz, que propició el Gobierno de Rajoy con su abstención y que, con su pacto con Ciudadanos, ha propiciado la entrada de los tres cachorros de Aznar en Andalucía”.

El dirigente de Podemos ha defendido que el acuerdo de legislatura que establecieron en 2015 PSOE y Ciudadanos en Andalucía ha “abierto la puerta” al nuevo equilibrio de poder en la comunidad más poblada de España y donde la derecha está llamada a gobernar.

Por eso, ha defendido el acuerdo presupuestario sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado 11 de octubre. “Con quién pactas determinan la vida de la gente”, ha apuntado antes de pedir “hacer memoria”. “El pacto del PSOE con Ciudadanos [de 2016 para la investidura fallida de Sánchez] suponía una subida del 1% en el SMI. El pacto con Podemos ha supuesto una subida del 22%”, ha rememorado. “Esos son los resultados de los pactos. Y definen los intereses que se defienden: los de la minoría o los de la mayoría social”, ha zanjado.

Mayoral ha enumerado otros “avances modestos, pero importantes” del acuerdo. Además de la “mayor subida del SMI en democracia”, la recuperación del subsidio del paro a los mayores de 52 años, la dotación económica para que quienes tienen reconocido el derecho a la dependencia vean que llega su prestación de una vez por todas, el “impulso” a la educación gratuita de 0-3 años, la ampliación de los contratos de alquiler y del control de los precios; y la revalorización de las pensiones según el IPC.

Estos dos últimos puntos están en el aire. El Gobierno ha dado luz verde este viernes en su último Consejo de Ministros del año la subida de las pensiones, pero no ha aprobado blindar por ley una revalorización igual al IPC.

Luchar contra la “desertización industrial”

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha incluido en su reciente real decreto sobre el mercado del alquiler una disposición para que los ayuntamientos puedan limitar los precios de los arrendamientos en determinadas zonas, tal y como figuraba en el acuerdo con Unidos Podemos. Sánchez se comprometió a hacerlo ante la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero, tal y como informaba El Mundo el pasado jueves, fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, la que lo impidió tras reunirse con los fondos buitre que controlan ahora mismo ese mercado en España.

La batalla contra los privilegios de los fondos buitre, el sector financiero y las multinacionales es crucial para Unidos Podemos. Y reclaman al Gobierno y al Gobierno que la asuman como propia como vacuna contra el auge del movimiento “reaccionario” que encarnan “los Aznar boys” que, sumados al expresidente del Gobierno, formarían “los cuatro jinetes del apocalipsis para los sectores populares en general y las mujeres en particular”.

“Al PSOE e cuesta entender por qué está en La Moncloa y hace cosas como sacar decretos de alquileres que no contempla el control de precios, en contra de lo pactado con nosotros”, ha apuntado Mayoral. El diputado ha enumerado otros incumplimientos o decisiones que, en su opinión, alejan al Gobierno de las políticas que necesitan los españoles

“Impulsa una ley de crédito inmobiliario que protege a las entidades financieras, obviándonos como aliado y aliándose con las fuerzas reaccionarias”, ha señalado. “No aborda la desertización industrial plantando cara a las multinacionales y fondos buitre”, ha añadido. Mayoral ha recordado a “los trabajadores de la Naval que requieren el rescate público frente al fracaso de la privatización” y a los de “Alcoa, que reclaman una posición activa del Gobierno para evitar que, en pleno proceso de transición energética, no se acabe la producción de aluminio” en España.

Mayoral ha llamado a la movilización popular como metodo para “arrancar cosas”. “Así lo demostraron los taxistas”, ha recordado. “El Gobierno entiende el lenguaje de la pedagogía popular”, ha asegurado.

“Esperanza frente al miedo como artefacto político”

Mayoral ha hecho hincapié varias veces, sin apenas nombrarlos, en el carácter reaccionario que aglutina actualmente a las derechas españolas, encarnadas por Ciudadanos, PP y Vox y pastoreadas, en su opinion, por un Aznar a sueldo de Rupert Murdoch.

“Niegan el carácter plurinacional de nuestro pueblo y usan el miedo como artefacto político. Quieren vender el país a pedazos”, ha apuntado el diputado. “Aznar trabaja para Murdoch. Su hijo, para Cerberus. Y Ana Botella ha sido condenada por vender viviendas sociales a bajo coste a fondos buitre”.

“El PP abrió las puertas a los fondos buitre y el PSOE no se atreve a cerrarla y obligarles a pagar impuestos”, ha acusado el dirigente de Podemos. Esos fondos, ha dicho, “atacan al transporte, la vivienda y la industria”.

Por eso, ha concluido, “es necesario defendernos ante la imposición de la precariedad como una forma de vida para las grandes masas sociales. La esperanza frente al miedo como artefacto político”.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral (Madrid, 1974) es uno de los participantes en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados en el debate y negociación de la reforma de la ley hipotecaria. Esta normativa está llamada a transformar las relaciones de los bancos con los clientes, evitando malas prácticas del pasado y nuevas herramientas de defensa del consumidor.

Al igual que otras normas del sector financiero, procede de una directiva comunitaria que acumula ya más de dos años y medio de retraso, lo que pone a España al borde de una sanción millonaria por parte de Bruselas. Sobre la mesa, decenas de enmiendas sobre el proyecto que presentó en su día el anterior ministro de Economía, Luis de Guindos. 

¿En qué punto se encuentra en este momento esta tramitación?

Es cierto que en algunos detalles de esta ley se están mejorando un poco respecto al documento original, pero en las cuestiones centrales sigue siendo el proyecto que planteó Guindos. Desgraciadamente, todavía el texto no supone un cumplimiento de la directiva. Entendemos que hay una transposición a la baja de los derechos de los consumidores. Además, no estamos haciendo los deberes, no estamos cumpliendo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre otras cosas no se está cumpliendo la reforma de la ley de enjuiciamiento civil en lo que se refiere a algo que ya dejó claro este tribunal y es que en caso de impago no es admisible que primero se ejecute el desahucio y luego se juzguen las reclamaciones que haya hecho el consumidor.

La actual ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido en repetidas ocasiones que la ley esté aprobada antes de final de año, ¿lo ve factible existiendo estas diferencias?

Les ha entrado mucha prisa a última hora. Nosotros veníamos denunciando desde antes que se presentara el proyecto de Guindos principalmente dos cosas. En primer lugar, que no se había traspuesto en tiempo y forma la directiva referente a la ley hipotecaria. En segundo lugar, preguntamos si había un procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento. No hubo respuesta en ninguna y acabamos conociendo lo del proceso sancionador cuando lo publicó la propia Comisión Europea. Lo que no se ha hecho en tres años ahora se quiere resolver a una velocidad de vértigo, siendo una ley de fondo que regula una materia muy sensible para la sociedad española. Esto es peligroso porque cuando se hacen las cosas muy rápido muchas veces no se termina haciendo muy bien.

¿Cuáles son los puntos que les separan con el Gobierno ahora mismo?

Las cuestiones centrales son muy delicadas. Una de ellas es la cláusula de vencimiento anticipado. El TJUE nos ha advertido en varias ocasiones. El problema es que los bancos han abusado y se han saltado la ley de forma flagrante y sistemática y gobierno tras gobierno no son capaces de asumir que tienen que hacer cumplan con las normas. La Ley incluye ahora una obligación de nueve cuotas y una serie de porcentajes sobre el valor de la hipoteca pero nosotros defendemos que lo que hay que aplicar es el sistema alemán que es un 10% del capital pendiente y que se pueden reclamar cuantías pendientes por otras vías menos drásticas que la ejecución hipotecaria. Por otro lado, con la norma tal como esta redactada ahora mismo se podría abrir la compuerta a que se realizaran miles de ejecuciones que fueron paralizadas por el Supremo cuando consultó al TJUE sobre este vencimiento anticipado. aunque parece que el Gobierno puede tomar alguna medida para paralizar eso. El problema es importante para la banca porque el abuso ha sido grande. El atraco al que se ha sometido a la población española por parte del sistema financiero ha sido brutal.

¿Y cómo puede responder el TJUE si no hay modificaciones en este sentido?

Ahora mismo se compra tiempo para ejecutar nuevas hipotecas, pero el TJUE dirá más pronto o más temprano que esto no se ajusta al derecho comunitario. Hay una verdadera falta de voluntad de cumplimiento por parte de las entidades pero también falta de coraje por parte de los Gobiernos para meterles en cintura. En una vista en el TJUE a la que acudí, el abogado comunitario aseguró que el incumplimiento de la normativa comunitaria en España era sistemático. Se están jugando los intereses del país, una posible sanción de la UE, por proteger a los que han jugado con los derechos de los consumidores porque son demasiado grandes para cumplir la ley. Antes se decía lo de que algunos bancos son demasiado grandes para caer, con la banca española hay que decir que son demasiado grandes para cumplir la ley y se pueden permitir estar por encima de la ley.

En esta tramitación, ¿en qué postura ven al PSOE y a la ministra Calviño?

Pues estamos muy lejos. Comentaba el ejemplo del vencimiento anticipado, pero hay otros. Es el caso también de todo lo que afecta a la limitación de responsabilidad en caso de impago, que nosotros defendemos que debe ser el bien hipotecado y el derecho a la dación en pago. De eso no quieren hablar. De la cuestión de aplicar la protección para evitar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional en situación vulnerable, tampoco. No coincidimos en cuanto a que los notarios se conviertan en parapetos de los bancos y que asuma la labor de asesoramiento. Supone que la responsabilidad sea de un funcionario y por ende de la administración publica y no del banco que es el que pone las condiciones. De este modo si el consumidor reclama debe ir a por la administración y no contra la entidad. El problema es que el tronco del texto legal sigue siendo el que presentó De Guindos. Tampoco nos sorprende. Cuando se presentó este proyecto, nosotros registramos un texto alternativo. El PSOE votó entonces el texto de Guindos. Si lo hicieron es porque se encontraban mas cerca de del suyo que del nuestro. Es cierto que están intentando hacer algunas mejoras, pero la cuestión esencial la ley que plantea el PSOE es el texto de Guindos con algún barniz y algún lijado.

Algunas de sus propuestas tienen como base las sentencias del TJUE, que ha enmendado algunas prácticas de la banca como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa ¿Qué valoración hace del papel de la justicia comunitaria en esta defensa de los derechos de los consumidores hipotecarios?las sentencias del TJUE

El problema es el cumplimiento efectivo de esas sentencias. Es cierto que el TJUE dice que lo que se hace en España es ilegal, pero el Estado no cumple las sentencias en materia hipotecaria. La población sigue teniendo niveles altísimos de desprotección. En España se hace como que se cumplen para realmente no cumplir. Esa es la realidad, por eso cae una sentencia detrás de otra. Los bancos van arrastrando los pies y eso es muy duro. Y eso que no se puede decir precisamente que el TJUE sea un nido de radicales, obviamente defienden el mercado. Pero lo que se ha hecho en España es una cosa que en Europa no se entiende.

¿Cómo ha impactado la sentencia del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados? ¿Se incorporará a la ley?la sentencia del Supremo

Para nosotros no había duda. Hemos defendido que todos los gastos de gestión tenían que correr a cuenta del banco. No tenemos duda en este respecto. Otros sí la tienen. Nos interesa conocer los fundamentos jurídicos del Supremo, por eso la próxima reunión será el dia 6 de noviembre [El día 5 se reúne la sala de lo contencioso administrativo del Supremo para concluir cuál es la doctrina que se debe aplicar]. Vamos a ver cuáles son los supuestos jurídicos entendiendo que el legislador tiene plena capacidad para legislar, pero la opinión del supremo puede ser interesante para ilustrarnos cuales son las posiciones desde el poder judicial en estos momentos.

Esta ley hipotecaria estaba ideada en su origen como un refuerzo de la defensa del consumidor respecto a la entidad financiera. ¿Considera que si no se aprovecha la reforma puede ser una oportunidad perdida?

Lo que es cierto es que poco a poco los bancos están retrocediendo. Era una situacion muy flagrante para la sociedad y para las propias resoluciones judiciales. Pero van arrastrando los pies. El texto sigue estando en una parte fuera de la ley. Ahora, ¿hay alguna pequeña mejora? La hay. Por supuesto, pero porque estas transponiendo una directiva. Pero las cuestiones clave, en lo relativo a las sentencias del TJUE o a la realidad social y económica del país, para nosotros queda muy lejos y contiene serios peligros para la población y para el Estado.

Usted ha participado en la comisión de investigación de la crisis financiera. En las conclusiones de su grupo se desliza que, aunque las reglas del juego han cambiado, se siguen produciendo desmanes en la banca ¿Sigue quedando camino por recorrer?

Hay desmanes y los peligros. Las dos cosas. Hay en marcha una burbuja inmobiliaria en la que además operan nuevos actores desconocidos para los reguladores económicos y jurídicos de nuestro país como son los fondos buitre. Además, vimos en esa comisión que los sistemas de control y supervisión son más laxos ahora. El sistema de control que tenia el Banco de España era bastante mas eficiente que el Mecanismo Único de Supervisión. Ademas los bancos están en un rescate permanente con los préstamos al 0% del BCE. Hay un problema serio. Por otro lado, la ausencia de un actor financiero público capaz de dinamizar la economía para nosotros es peligrosa. La situación ha sido muy dura para la sociedad y creemos que el rescate ha sido superior a las cifras de las que hablamos continuamente. Sigue habiendo una situación grave y complicada que podría afectar a la estabilidad del país. Por ejemplo, el hecho de tener que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, supone un terremoto que hace que se desplomen en Bolsa. Eso quiere decir que las entidades financieras no están saneadas. A esto hay que unir las sentencias que están pendientes por parte del TJUE. Vamos a ver qué pasa con el vencimiento anticipado porque es muy serio. La sentencia del impuesto parece el terremoto mundial, pero es un juego de niños en comparación con esto.

¿Cuáles son, en su opinión, las medidas que más apremian para proteger al cliente hipotecario?

Son muchas. No estamos hablando de algo que con una sola medida se solucione como una varita mágica. Todo lo relativo a aplicar medidas de protección, la limitación de responsabilidad del deudor, que se garantice a las personas en situación de vulnerabilidad que no irán a la calle existiendo viviendas vacías, que haya un procedimiento judicial donde la gente se pueda defender, que se busquen procesos alternativos a la ejecución hipotecaria, que haya procedimientos sancionadores severos. Son muchas cosas y no todo está en la ley hipotecaria.  Hubiera sido mucho más interesante que la reforma de esta ley hipotecaria se hubiera hecho de otra forma, con un proceso dialogado que nos permitiese no repetir los errores del pasado. Pero les ha entrado las prisas. Por ejemplo, esta ponencia está puesta en marcha sin conocer las conclusiones de la comisión sobre la crisis financiera. Esto es un poco absurdo.

“¿Por qué el ex embajador de España, Manuel Alabart, acompañó a la ciudadana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, durante la reunión ofical que mantuvo con la familia real de Arabia Saudí en junio de 2007?”. Esta es la pregunta que dirigirá el próximo miércoles el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la primera sesión de control del nuevo curso político.

Mayoral cuestionará al Ejecutivo sobre una reunión, desvelada por eldiario.es, en la que la empresaria alemana actuó como enviada del por entonces rey de España, Juan Carlos de Borbón. A la cita, recogida entonces por la prensa saudí, acudió el por entonces embajador en Arabia Saudí, Manuel Alabart. La examante de Juan Carlos de Borbón se reunió en Riad con el príncipe saudí Al-Waleed. En el encuentro, la alemana ejercía como “representante” del rey de España.

Durante la reunión se abordó la creación de un fondo en el que 14 empresas españolas acabaron perdiendo los 21 millones que invirtieron, entre ellas, Técnicas Reunidas, actual destino profesional de Alabart.

No es la única iniciativa del grupo confederal. El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Exteriores, Josep Borrell, para que explique “los motivos por los que en el año 2007 el entonces embajador de España en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión celebrada en la capital, Riad, donde ésta se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como ‘representante’ del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I”.

En una nota de prensa, la coalición pide el final “del silencio” para que “se puedan recabar explicaciones oficiales por todas las vías sobre las recurrentes informaciones que apuntan a los negocios y supuestas prácticas irregulares perpetradas durante años por Juan Carlos de Borbón, con la ayuda de distintos personajes.

Garzón también ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre este mismo tema, según la nota. Entre otras cuestiones, el máximo responsable de IU requiere datos concretos sobre “¿cuáles fueron los motivos por los que el embajador de España acompañó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión con un representante oficial de otro Estado?” y “¿por qué se permitió que un particular como Sayn-Wittgenstein se presentase como representante del jefe del Estado y abordase cuestiones bilaterales entre ambos países?”.

Garzón pregunta al Ejecutivo “¿en qué otras ocasiones un embajador o representante oficial del Estado español ha acompañado a reuniones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein?” y “¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que representantes diplomáticos españoles acaben trabajando para empresas privadas cuyos intereses han defendido bajo su misión diplomática?”.

La información desvelada este jueves por eldiario.es se conoce cuando la Audiencia Nacional investiga las acusaciones de Corinna contra el reyemérito en unas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo en las que la alemana hablaba de supuestas actividades ilegales.

El Congreso bloqueó el martes la petición de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre este asunto gracias al rechazo de PP, PSOE y Ciudadanos.

Esas grabaciones desvelaban otro asunto turbio que afecta a la Jefatura del Estado. Corinna acusó a Juan Carlos de Borbón de tener dinero en Suiza, guardado por el conocido como testaferro de la Gürtel en el país centroeuropeo y de haberse acogido a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Una amnistía que el Tribunal Constitucional consideró contraria a la Carta Magna pero cuyos beneficiados no se conocen. Ni el PP en su día ni ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, que se comprometió a desvelar el listado, lo han hecho.

Sobre esto tendrá que responder también el Gobierno el miércoles que viene. La diputada Noelia Vera preguntará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, qué medidas ha tomado su Ministerio ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas en paraísos fiscales de Juan Carlos de Borbón y Borbón.

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación 'morada', Rafael Mayoral, han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una actuación planificada ante la llega de migrantes a las costas españolas y han pedido al presidente del PP, Pablo Casado, que demuestre “que es un buen cristiano”.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la diputada ha reclamado “recursos estables” al ministerio del Interior en la cuestión migratoria y, según ha señalado, “es alarmante que el PP y ahora el PSOE abandonen sistemáticamente nuestras costas”.

“La crisis migratoria se viene repitiendo desde hace demasiado tiempo. Ha habido altos niveles de llegada y cada año se han incrementado más, se lo hemos dicho por activa y pasiva al Gobierno; hace falta un protocolo de acogida y hace falta tener una actuación planificada ante la llegada que durante las épocas de verano se incrementa siempre”, ha destacado Vera.

Por otra parte, Vera ha criticado al PP por “instalar el discurso del miedo” habida cuenta de las declaraciones de su presidente, Pablo Casado, en las que aseguraba que “no había papeles para todos los migrantes”.

En este sentido, Mayoral en declaraciones en Telecicno recogidas por Europa Press, ha pedido al líder 'popular' que “es ahora cuando tiene que hablar de la doctrina social de la Iglesia y demostrar que es un buen cristiano”.

“Como dice el refranero español: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El PP siempre ha sido el PP y sus políticas migratorias siempre han sido sus políticas migratorias (...) El discurso de Casado es incoherente y responde a esa oleada de políticas de extrema derecha que estamos viendo en Francia o Italia”, ha sentenciado Vera.

El diputado y dirigente de Podemos Rafael Mayoral representará a Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la comparecencia en el Congreso y a puerta cerrada del director del CNI, Félix Sanz Roldán, para aportar la información que tengan los servicios de inteligencia sobre las grabaciones en las que la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein revela supuestos negocios y cuentas opacas en Suiza de Juan Carlos de Borbón.

Mayoral sustituirá a la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, de forma temporal mientras dure su baja de maternidad como miembro de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la antigua comisión de secretos oficiales, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la dirección del  grupo.

La elección obedece, según las mismas fuentes, a que el dirigente es el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Mayoral es, además, portavoz del grupo en la comisión de Interior y de Podemos en el Pacto Antiterrorista.

La sustitución durará el tiempo que Montero permanezca de baja de maternidad, aunque tendrá que ser ratificada por la mayoría de los diputados. Las mismas fuentes indican que Unidos Podemos pedirá a la Mesa del Congreso un pleno extraordinario y que esperan que, como ocurrió cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, sustituyó hace unas semanas a Margarita Robles, el recambio sea un mero trámite.

“Nuestra obligación es ir y escuchar lo que tenga que decir”, sostienen en la dirección del grupo confederal. “Pero sostenemos que una comisión secreta no es el lugar donde se deben dar estas explicaciones”, apuntan. Los hechos, consideran en el tercer grupo de la Cámara, “afectan a la Jefatura del Estado, pero no a la seguridad del Estado”.

Por eso, concluyen, su apuesta sigue siendo la comisión de investigación parlamentaria sobre “la corrupción de la Monarquía”. 

Dicha comisión ha sido apoyada por todos los grupos que auparon a Pedro Sánchez al Gobieron, excepto por el PSOE. Los socialistas, así como el Gobierno, han apostado por escuchar primero al director del CNI y tomar una decisión en consecuencia.

El grupo socialista, junto a PP y Ciudadanos, síha impedido ya la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que informe de las actuaciones que pudiera tener previstas su departamento tras las revelaciones. Y, en concreto, para preguntar por la lista de amnistiados fiscales ya que Juan Carlos de Borbón, o alguno de sus supuestos testaferros, podrían haberse acogido a ella, según Corinna. 

El PSOE, que prometió publicar la lista cuando llegase al poder, ahora se niega a hacerlo. Un cambio de posturaque deberá explicar en el Congreso.

La semana pasada, Sanz Roldán pidió comparecer en el Congreso tras las informaciones de El Españoly OK Diario en las que se asegura que la amiga del Rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender en unas grabaciones que el Rey emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

La comparecencia de Sanz Roldán se sumará a la que ya protagonizó el 19 de marzo de 2013 sobre este mismo asunto y en la que negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con Corinna.

En esa comparecencia dijo desconocer si ella había realizado algún tipo de trabajo “clasificado” para el Estado, aunque sí que hubiera trabajado para el CNI.

Rafael Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Civiles de Podemos, ha recordado este miércoles el “acoso brutal” que sufrió la jueza Victoria Rosell, exdiputada de la formación morada en el Congreso por la provincia de Las Palmas, para explicar las maniobras “de la mafia que intenta impedir un cambio político en este país”.

Al ser preguntado en una entrevista en el programa Las Mañanas de Radio Nacional de España por la polémica suscitada por la compra del chalet de 600.000 euros en Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, Mayoral ha puesto el ejemplo de Rosell. “Lo que se está buscando es destruir personas”, ha afirmado.

El también diputado de Podemos ha explicado que la jueza, “que sonaba como ministra de Justicia en un Gobierno” presidido por la formación morada, fue víctima de una campaña, “de muchas portadas de El Mundo, durante semanas, acusándole de delitos imposibles”. Mayoral ha recordado que este “acoso brutal” contó con la participación de un juez, Salvador Alba, que “espera ahora juicio con una petición de pena superior a los diez años de cárcel”. “Todas estas maniobras consiguieron que Vicky Rosell hoy no sea diputada. Yo no me olvido de Rosell y no me olvido de que ha sido víctima de la mafia que intenta impedir un cambio político en este país”, ha concluido.

La jueza renunció a repetir en las listas de Podemos en las elecciones generales celebradas en 2016, en aplicación del código ético del partido, después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado el exministro de Industria José Manuel Soria, rival político de Rosell. Para ello resultó fundamental un informe del juez Alba que ahora está siendo objeto de acusación en la causa contra el magistrado por un presunto delito de falsedad en documento oficial. La querella de Soria fue finalmente archivada.

Con respecto a la situación de Pablo Iglesias e Irene Montero, que han sometido al voto de los inscritos en Podemos su continuidad en los cargos, Mayoral considera que su formación debe “cuidar a dos activos políticos fundamentales para cambiar este país”.

Unidos Podemos-En Comú-En Marea vuelve a la carga con una de sus propuestas recurrentes: hacer más justo el sistema hipotecario español. El Gobierno defenderá este jueves en el Congreso la admisión a trámite del proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, una norma emanada de Europa que llega un año tarde y cuyo retraso cuesta a los españoles algo más de 100.000 euros al día hasta que se apruebe. El grupo confederal ha presentado una enmienda a la totalidad que revierte “la carga de la prueba” del hipotecado al prestamista, según ha explicado el diputado Rafael Mayoral en la presentación de la iniciativa.

Mayoral, que ha llevado el timón de la redacción del a enmienda, ha expuesto las líneas generales de la propuesta acompañado del presidente del grupo, Pablo Iglesias, del líder de IU, Alberto Garzón, y de las diputadas de En Comú Lucía Martín y de En Marea, Yolanda Díaz.

Entre las medidas anunciadas Unidos Podemos está una suerte de carné por puntos para las entidades financieras. La idea general de la enmienda es que el Estado “tome partido” por la parte más débil del contrato, en este caso el hipotecado. Es el principio pro consumatore. Y, en opinión de los confederados, el proyecto del Gobierno no lo cumple.

“Es el último servicio de Guindos a las entidades financieras antes de irse al BCE”, ha apuntado Mayoral en referencia al ministro de Economía, propuesto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ocupar un asiento en el regulador europeo. “Ellos han tomado partido por las entidades. Nosotros planteamos un texto que sirva al debate y tenga como eje central la defensa de los consumidores frente a las entidades”, ha expuesto Mayoral.

“Existe desigualdad y el Estado tiene deber de defender a la parte débil”, ha insistido el diputado, que antes de entrar al Congreso formaba parte de la PAH en Madrid y defendía en los tribunales, como abogado, a personas desahuciadas.

Entre las medidas adoptadas los ponentes han destacado que deben ser las entidades financieras las que se hagan responsables de los parámetros de solvencia de los tomadores del crédito. Es decir, que los bancos midan “la capacidad que tengan de poder asumir la carga a futuro”, según ha explicado la diputada Yolanda Díaz.

Si los bancos no cumplieran este precepto y se emitiera un contrato sin cumplirlo, se podría declarar “la nulidad” del contrato. “Y se podrá sancionar” a la entidad. ¿Y si la entidad financiera insiste en los incumplimientos? Mayoral ha recordado que cuando un ciudadano comete de forma reiterada infracciones de tráfico puede perder el carné de conducir. “Si alguien plantea cláusulas abusivas de forma reiterada, debe perder el derecho a conceder créditos hipotecarios”, ha zanjado.

La “leyenda urbana” de los desahucios

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de esta enmienda para responder a quienes dicen que es “una leyenda urbana” que haya desahucios en España, en referencia al directivo de La Caixa que hizo esta afirmación y que luego rectificó.

Iglesias ha señalado que “si hay una leyenda urbana es que las medidas del Gobierno sirven para parar los desahucios”. Y ha apostado por “limitar al bien hipotecado la responsabilidad para impedir deudas impagables que son una cadena perpetua”. La “dación en pago” que se convirtió en lema durante la crisis y que este miércoles ha vuelto a defender la diputada catalana Lucía Martín, que llegó al Congreso también directa de la PAH, aunque esta vez de Barcelona.

Martín ha lamentado que el PP ponga “parches” y no solucione el problema. “Su concepción es que la vivienda es un bien, no un derecho a garantizar”, ha dicho. Y ha recordado que el Gobierno ha llevado al Constitucional leyes de Catalunya, Andalucía o Navarra que legislaban en este sentido“.

El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha planteado que Unidos Podemos es el único grupo que ha preparado un texto alternativo al del Gobierno con la intención de “beneficiar a las familias trabajadoras de este país”.

La intención, ha dicho, es “introducir mejoras de calado en una ley del PP”, aunque no ha parecido muy convencido de recibir el apoyo de la Cámara este jueves. Según han explicado los ponentes, el PNV ya ha dicho que apoyará la propuesta del Gobierno. El PSOE y Ciudadanos de momento no se han pronunciado. Solo ERC se ha mostrado de acuerdo con la enmienda de Unidos Podemos.

“Tarde o temprano este tipo de leyes se aprobarán en este país porque lo hacen más justo”, ha concluido Garzón.

Integrantes de la formación Unidos Podemos han expresado su apoyo a Santos Valderrama, conocido como “Kawide”, el conductor de Lycar que fue despedido en Murcia, motivo por el que la empresa fue acusada de “represión sindical”. Figuras políticas como Irene Montero, Rafael Mayoral o Alberto Rodríguez han hecho llegar mensajes en contra del despido de “Kawide”, difundiendo diversas fotografías y vídeos.

Además, en las escalinatas del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, apareció en un vídeo junto a trabajadoras del sector de ayuda a domicilio de todo el Estado. El secretario general portaba cartelería y se lanzaba al unísono el grito de “Kawide Readmisión”. La formación morada ha apoyado el próximo acto previsto para el viernes 26 de enero, que consistirá en una cadena humana alrededor en la estación de autobuses de Murcia.

Hace unos días, Cambiemos Molina y Ganar Molina-IU mostraron su apoyo a la readmisión de “Kawide”, denunciando el “hostigamiento y persecución a aquellas personas que ejercen su derecho a la acción sindical, condición sine qua non para la defensa de los derechos de los y las trabajadores”. Pocos días después, el teniente de alcalde de Molina de Segura, Fernando Miñana, y el concejal de cultura y participación ciudadana, Pedro Jesús Martínez Baños, se posicionaron en contra del despido por considerarlo “injusto”.

Asimismo, el viernes 12 de enero se convocó una concentración en la estación de autobuses a la que acudieron 300 vecinos para pedir la readmisión del sindicalista a Interurbana de Autobuses. En el encuentro estuvo presente el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, el ex diputado autonómico Antonio Urbina y el concejal del municipio de Alcantarilla, Arcadio Martínez, junto a representantes de los sindicatos, diversos colectivos sociales y miembros de comités de empresa de otras mercantiles del sector.

En ese mismo acto pudo conocerse que el grupo municipal de Cambiemos Molina, llevará el asunto de “Kawide” al próximo pleno de su ayuntamiento para debatir en “qué medida esta institución puede ayudar al sindicalista y mostrar su repulsa hacia el comportamiento de la empresa”.

Santos Valderrama era secretario del comité de empresa de Interurbana de Autobuses (LYCAR) desde las pasadas elecciones sindicales. Su actividad en los últimos años había propiciado que la Inspección de Trabajo obligara a la empresa a “revertir incumplimientos laborales graves en varias ocasiones”, comentó su asesor jurídico José Enrique Ruiz.

Desde organizaciones sindicales Asociación de Trabajadores de la Región de Murcia (ATRM) o Unión para la Acción Sindical (UAS) afirmaban que, a raíz de intervenciones de “Kawide” ante distintos organismos, la mercantil Lycar había sido sancionada por diversos motivos. Entre ellos, destacaron “la realización de ocho contratos de trabajo declarados fraudulentos o el incumplimiento de sus obligaciones en materia de abono de los pluses salariales recogidos en el convenio de aplicación”.

Además, su asesor jurídico indicó que gracias a la intervención de Santos Valderrama la empresa se vio forzada a ampliar la jornada de cinco trabajadores que realizaban un número de horas mayor al recogido en su contrato.

Motivo de despido

El grupo mercantil “Interurbana de Autobuses, S.A.”, cuyo nombre comercial en Murcia es Lycar despidió a “Kawide” al señalarle una falta leve y una grave por retrasos sin justificar en sus rutas como conductor. Además, le señaló una falta muy grave ya que, una vez finalizado su turno de trabajo, supuestamente llevó a una señora y a su hijo a Molina de Segura en su vehículo particular, en el momento en que un autobús de la Lycar salía hacia la misma localidad, sin que la señora y el niño viajaran en él.

Colectivos sindicales, políticos y sociales se han volcado tras esta decisión, defendiendo que el verdadero motivo del despido de Santos Valderrama no fue otro que “castigarlo por la intensa labor sindical llevada a cabo en Interurbana de Autobuses durante los últimos años”. Para ellos, fue un episodio “claro de represión sindical”.