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MADRID

La justicia advierte a dos inquilinas de Argumosa 11 de que oponerse a sus desahucios puede ser delito

Dos autos remitidos a las vecinas Rosi y Pepi, procedentes de juzgados diferentes, avisan de que las personas que intenten "obstaculizar" la acción judicial pueden ser "apercibidas de la posible comisión de un delito"

Los lanzamientos están programados para las nueve y media de la mañana de este viernes y la justicia pide los "medios policiales necesarios" para llevarlos a cabo

"Hasta la fecha no habíamos visto una resolución que contuviera una amenaza de posible desobediencia por parar un desahucio", dice la abogada de Pepi 

Pepi (segunda por la izquierda) y Rosi (segunda por la derecha) junto a otras dos vecinas de Argumosa 11 y un miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. / Fernando Sánchez

Pepi (segunda por la izquierda) y Rosi (segunda por la derecha) junto a otras dos vecinas de Argumosa 11 y un miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. / Fernando Sánchez

Rosa y Josefa Santiago, dos inquilinas de Argumosa 11 (Madrid), se enfrentan este viernes a su enésimo intento de desahucio. Esta vez, la quinta para Rosi y la séptima para Pepi –como las conocen los vecinos–, la justicia les ha advertido por escrito de que seguir oponiéndose aunque sea pacíficamente a los lanzamientos, solicitados por la nueva propietaria de su bloque, puede tener consecuencias "penales" para ellas y también para los que participen en esa "obstaculización" de la diligencia del juzgado. 

"Se apercibe que la negativa al desalojo voluntario o el lanzamiento acordado por el Servicio Común pudiera ser constitutivo de delito de desobediencia", dice un auto remitido a Pepi y fechado en 13 de febrero. El magistrado que lo firma, del juzgado número 33 de Madrid, advierte, además, de que el "incumplimiento grave y reiterado de la resolución judicial" se puede remitir a Fiscalía "a los efectos oportunos". 

Los intentos previos de desahucio se han paralizado por la movilización vecinal, que ha ejercido una "presión insostenible" para la comisión judicial encargada de ejecutar los lanzamientos, según los autos remitidos a las inquilinas, a los que ha tenido acceso eldiario.es. Este viernes es la nueva fecha fijada por los juzgados y notificada apenas 24 horas antes a las demandadas. 

"Estas resoluciones son inéditas. Hasta la fecha no habíamos recibido una comunicación del juzgado que contuviera una amenaza de comisión de un posible delito de desobediencia por parar un desahucio", apunta Alejandra Jacinto, abogada de Pepi, en conversación con eldiario.es.

En muchos de los intentos ha mediado el Ayuntamiento de Madrid con peticiones de paralización al juzgado, aunque en esta ocasión el Consistorio no confirma si ha actuado de la misma manera. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU también ha pedido por escrito que los desalojos no se produzcan hasta que no haya una alternativa habitacional para las familias. La última vez ha sido este mismo jueves para el caso de Pepi, según la documentación aportada por su abogada. 

Según el juez que instruye el caso de Pepi, la demandada no está "amparada por ningún supuesto ni de atención prioritaria ni de emergencia habitacional". El auto fechado el 13 de febrero relata que la afectada ha rechazado "varias alternativas" para irse a otro lugar, como una plaza en una residencia o ayuda económica para el pago del alquiler en otra vivienda, que han sido "rechazadas". "A lo que se une que cobra una pensión no contributiva a partir de agosto de 2018". 

Los jueces piden "medios policiales" 

En las dos notificaciones, a través de auto judicial, los jueces se dirigen por escrito a la Delegación del Gobierno para que ponga a su disposición "los medios policiales necesarios y proporcionados" y se "auxilie a la Comisión Judicial en la identificación de las personas que obstaculicen o impidan" el desahucio. Los activistas que traten de frenarlo, como otras veces, también pueden "ser apercibidos de la posible comisión de un delito". 

Los magistrados hacen constar en sus autos que "lo ya juzgado" debe ejecutarse "con independencia de las obligaciones que a otras Administraciones Públicas compete sobre el derecho a una vivienda" y aluden, en el caso de Pepi, a "los límites en el respeto a la propiedad privada". 

Pepi y Rosi llevan décadas viviendo en los pisos y han denunciado las subidas que el nuevo propietario, Proindivisos SL, ha impuesto a todos los inquilinos del bloque comprado, convertido en el buque insignia de la lucha contra la especulación inmobiliaria en el barrio madrileño de Lavapiés. Según su testimonio, los contratos no se renovaron y se han exigido grandes subidas que, dicen las afectadas, no pueden asumir. "Me dijeron que me subían 100 euros, hasta los 400, y al año siguiente, otros 100. Yo ya dije que eso no lo podía pagar”, explicaba Pepi a este medio hace unos meses. El caso de Rosi, que hace apenas seis días logró parar con apoyo vecinal el último intento de desalojo, es similar.

Cuentan los vecinos que, con la entrada de la empresa, representantes de la propiedad fueron llamando puerta por puerta para ofrecer marcharse a los vecinos cambio de 2.000 euros. Cada vez que una casa se queda vacía, un equipo de albañiles la tapia con ladrillos. La propiedad, Proindivisos S.L, refiere impagos en el caso de Pepi que esta niega.

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