Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

El pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Esta decisión supone que será un jurado popular conformado por nueve residentes en la Comunidad de Madrid quien emitirá un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

El tribunal rechaza que Gómez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios, como también pretendía Peinado, pero eso no la libra del tribunal ciudadano porque los dos delitos que respalda la segunda instancia son los que marcan el tipo de juicio al que será sometida la mujer del presidente del Gobierno. Más del 90% de los juicios en un tribunal del jurado acaban en condena.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias. Además, se sobresee para todos la acusación por delito de corrupción en los negocios.

En cuanto al delito de apropiación indebida que imputaba a Begoña Gómez, los magistrados explican que el posible perjuicio a la Complutense por que la esposa de Sánchez se hiciera con el software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía no puede enmarcarse en los delitos de administración desleal o apropiación indebida porque estos sólo se cometen sobre patrimonios privados y por personas que no tiene la condición de funcionarios públicos. Advierte, en cambio que el Código Penal contempla otras formas de protección jurídica en los casos de patrimonios públicos, “en este caso mediante el delito de malversación”.

Del procedimiento por Ley del Jurado se separa a Juan Carlos Barrabés Cónsul, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos.

Además, la Sala acuerda el levantamiento de las medidas cautelares personales acordadas respecto de las investigadas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, sin perjucio de que ambas estén localizadas en todo momento.

El tribunal sostiene que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

La defensa de Begoña Gómez ha sostenido que la mujer del presidente no obtuvo un solo euro por la Cátedra extraordinaria que dirigió en la Complutense y que le propuso crear el rector. Pero eso no es óbice para que los jueces de la Sección 23 concluyan indiciariamente que Gómez obtuvo un beneficio de ello.

“No tiene mucho sentido que se establezca como argumento defensivo esencial el carácter gratuito de la dirección de la Cátedra, lo que es formalmente cierto según ha acreditado la UCM, cuando está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios máster insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos ese concepto de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas”. Begoña Gómez cobró menos de 40.000 euros de la Complutense en total a lo largo de una década.

La “presión moral” que ejerce al ser la mujer del presidente

Las consideraciones de los jueces de la Sección 23 sobre lo que implica ser mujer del presidente del Gobierno abocan a que nunca más una esposa del jefe del Ejecutivo vuelva a tener una carrera profesional activa mientras viva en Moncloa. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el tráfico de influencias”, recoge su resolución.

Los magistrados restan importancia a que la Cátedra Extraordinaria fuera creada con respeto a la normativa. En este sentido, llegan a decir que por ser la mujer del presidente del Gobierno “se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la UCM, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora, permitiéndola así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada”.

Sobre el software que se creó al calor de esa cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), los cinco magistrados explican que como es un bien intangible, “su valor contable no depende de un soporte físico, sino de su capacidad estratégica y operativa en el mercado”. E indican que lo que está claro es que “tiene una valoración económica y por ello un beneficio para el que puede disponer de él”.

Afea a las defensas que en sus recursos dijeran que esa aplicación “tenía un carácter gratuito” porque con esto se pretende separar la motivación económica que implicó su creación. “Todos sabemos un software puede ser totalmente gratuito para el usuario, pero detrás de su gratuidad siempre existen diferentes modelos de negocio o filosofías de distribución que financian su existencia de los cuales se puede extraer un beneficio económico”. añaden. Por eso, inciden en que Begoña Gómez “ayudada por su asistente” buscó indiciariamente con ese software “la obtención de un beneficio patrimonial”y por tanto el delito se enmarca en la malversación. Y aclaran que a pesar de que la esposa de Sánchez no es funcionaria sí puede cometer ese delito “porque cuando asume la codirección de la Cátedra asume funciones de protección del patrimonio público”.

En cuanto al posible delito de malversación que cometería Gómez por el uso de su asistente para tareas privadas, la Sala reproduce jurisprudencia para resolver que sí se puede encuadrar esa utilización en el tipo delictivo. “”Entre los elementos del patrimonio de la titularidad del ente público que el recurrente dirigía se encuentra los recursos humanos. Es decir, los empleados cuya actividad el acusado hizo desenvolverse en su privado beneficio“, pone a modo de ejemplo de una sentencia previa.

En este sentido, abunda en que la conducta de Cristina Álvarez está íntimamente relacionada con las atribuciones personales dadas por Begoña Gómez. “Existen indicios que el trabajo que desempeñó para ésta excede de su apoyo institucional dado a la mujer del presidente del Gobierno”. Pero desliga a la asistente del tráfico de influencias porque “no existen indicios que permitan afirmar que intervino en el nombramiento como codirectora de la Cátedra -a Begoña Gómez-, por lo que no podría cometer ese delito”.

En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la Sala entiende que no puede imputarle el juez ser colaborador del delito de tráfico de influencias porque debería haber acreditado “la existencia de una relación de causalidad” entre las cartas de recomendación firmadas por la esposa de Sánchez y que fueron incorporadas a los expedientes administrativos y la adjudicación de los contratos públicos. “En este sentido, la eventual adjudicación irregular de dichos contratos podría constituir un delito de prevaricación administrativa que, además, no ha sido suficientemente investigado en las presentes actuaciones”, apostilla. Por eso, entiende que procede continuar la investigación de los hechos en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos, debiendo sustanciarse dicha investigación en un procedimiento judicial distinto.

La corrupción en los negocios

Sobre el delito de corrupción en los negocios, que descarta, explica que Peinado entiende que la captación de fondos para la Cátedra se habría llevado a cabo de forma irregular, al margen de los cauces propios del patrocinio universitario.Pero recuerda la Sala que ese tipo de delito debe ocurrir en un contexto específico de tráfico mercantil entre empresas privadas “en el que se produzca una quiebra de los deberes de lealtad y objetividad” que produzcan un perjuicio de la empresa o del correcto funcionamiento del mercado. Recalca que se supuesto no se da en este caso concreto porque se trata de “un sistema de captación de fondos vinculado a un proyecto académico”.

“Los indicios expuestos no permiten concluir que las empresas implicadas hubieran realizado pagos personales, concedido ventajas específicas o abonado retribuciones injustificadas a favor de Begoña Gómez o Cristina Álvarez, ni que tales beneficios hubieran condicionado de forma efectiva un favorecimiento indebido en el ámbito del tráfico económico”, añade. Por todo lo expuesto, explica el auto, no existen indicios suficientes para concluir que se está ante un supuesto de captación directa de fondos por parte de los investigados destinado a generar una posición de privilegio empresarial mediante la concesión o recepción de ventajas indebidas, ni que concurra el elemento de beneficio recíproco.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que contará con un tribunal de Jurado, a cinco personas por el caso de la muerte de un varón cuyo cadáver fue encontrado descuartizado el 19 de agosto de 2023 en el interior de dos maletas quemadas en un antiguo restaurante en el monte Artxanda, en Bilbao.

Según recoge el auto, a principios del mes de agosto de 2023, el fallecido contactó con una de las acusadas, con quien mantenía una relación de amistad después de haber sido pareja, para pedirle un lugar en el que vivir. Así, la víctima llegó a convivir con esta mujer que era su expareja, otra mujer y tres hombres más en un piso en el que pagaba 300 euros por una habitación. En ese piso vivió desde el 2 de agosto y pagaba el alquiler a uno de los inquilinos.

Desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto, la víctima, según los hechos recogidos en el auto, mantuvo “una relación cordial con sus compañeros de piso”. Sin embargo, el 17 de agosto 2023, “a una hora indeterminada, pero, en todo caso, cuando ya había anochecido”, mientras el fallecido se encontraba en su habitación, su expareja, “al igual que lo hiciera en múltiples ocasiones anteriores, procedió a pedirle dinero”, y al negarse, se inició una discusión entre ellos, “de modo que en el transcurso de la discusión y harto ya de las solicitudes económicas, la insultó”. Tal discusión y las expresiones que había proferido la víctima dieron lugar a que los otros dos varones residentes en la vivienda “reaccionaran con gran agresividad, propinando una fuerte paliza” al fallecido, “en el seno de la cual ambos le dieron múltiples puñetazos en el lateral y zona frontal de la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevaría posteriormente a la muerte”, recoge el auto.

Tras la agresión y habiendo apaleado a la víctima, ambos varones “abandonaron la vivienda”, dejando al fallecido “malherido en el interior de su habitación, quedando sin posibilidad alguna de supervivencia, salvo asistencia y/o ayuda sanitaria inmediata y urgente, que no llegó, al no ser requerida por ninguno de los presentes”. La expareja y otro de los inquilinos, también acusados, “que habían presenciado la agresión, ni mediaron, ni impidieron la misma, ni solicitaron posterior asistencia sanitaria urgente una vez que había cesado la agresión” y los presuntos autores se habían ido, “y ello a pesar de que escuchaban a la víctima respirar con dificultad, por lo que eran conscientes y podían hacerse una idea cabal de la grave situación en la que se encontraba”.

Según los hechos recogidos en el auto, “lejos de pedir ayuda a terceras personas”, la expareja solicitó a los presuntos agresores que “regresaran a la casa y se hicieran cargo” del fallecido. En ese momento, tanto la expareja como otro de los acusados decidieron abandonar la vivienda “en plena noche, regresando a la misma una vez que el cuerpo sin vida había sido ya evacuado del lugar de los hechos”. La mujer que mantuvo una relación afectiva con la víctima “procedió a limpiar a conciencia la casa para eliminar cualquier rastro de pelea y de vestigios biológicos que permitieran incriminar” a los presuntos agresores, mientras que la otra mujer acusada, según el relato de los hechos, “tuvo conocimiento suficiente de lo ocurrido, sin que, tampoco auxiliara ni directa, ni indirectamente” a la víctima.

Sobre las 1.00 horas de la madrugada del 19 agosto 2023, los presuntos agresores accedieron al interior del vehículo de uno de ellos, “tras haber introducido en el maletero de dicho vehículo el cadáver” del fallecido, a quien previamente “habían descuartizado en un lugar no concretado”. Según los hechos que recoge el auto, las partes del cuerpo cuarteado del fallecido “habían sido encajadas en dos maletas propiedad de la propia víctima junto con enseres personales del mismo”. Tras comprar en una gasolinera gasolina de 95 octanos, se dirigieron al Restaurante Miramar, en Artxanda, “entre ambos descendieron las maletas en las que se encontraba el cuerpo sin vida y depositándolas en la planta baja del restaurante, les prendieron fuego con la intención de imposibilitar la identificación de la víctima”. A las 5.10 horas del día 19 de agosto de 2023, una persona descubrió el cuerpo de la víctima en el interior del Restaurante Miramar, y llamó a emergencias.

El magistrado considera que de las actuaciones practicadas en fase de instrucción se desprende la existencia de indicios razonables de delito frente a los cinco acusados. En concreto, entiende que los hechos investigados son constitutivos, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en el acto del juicio, de un delito de homicidio atribuible a dos de los varones acusados y un delito de omisión del deber de socorro y encubrimiento en el caso de los otros tres acusados, dos mujeres y un hombre.

En el auto, el magistrado rechaza las peticiones de sobreseimiento formuladas por la defensa de estos tres últimos acusados y considera que existen elementos indiciarios que apuntan a que no socorrieron a la víctima y que trataron de ocultar lo sucedido. Además, fija que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El auto, fechado este 13 de julio, no es recurrible.

El juez titular del Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, David Maman Benchimol, que investiga al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO), el comisario principal José Ángel González, por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración, ha emitido una nueva resolución en la que indica que los hechos “revisten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual” y, por tanto, deben ser juzgados en su momento por la Audiencia Provincial de Madrid. Así, acuerda incoar un sumario -abrir formalmente un expediente judicial- “para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables”.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, data del pasado 11 de junio y en el mismo el juez acuerda recabar la hoja histórico penal del DAO y dar traslado tanto a la Fiscalía como a las partes personadas para que en cinco días soliciten todos aquellos medios de prueba o diligencias que consideren oportunos.

Fuentes de la representación legal de la presunta víctima explican que el instructor adopta la decisión tras la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular consistentes en la incorporación de la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la subordinada así como de audios adicionales que demostrarían que el DAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante.

Adelantan que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de la acusación de sustentar el relato de la víctima, con pruebas que ponen en evidencia objetiva las mentiras del investigado. Sin ir más lejos, el abogado Jorge Piedrafita aportó el pasado 7 de mayo una segunda grabación realizada por la víctima que contendría la conversación telefónica que el exDAO y ella mantuvieron tras el episodio de la presunta agresión sexual. Para la acusación particular, en ese nuevo audio queda claro que fue a iniciativa del mando policial que ambos subieran a su domicilio. “No sé porque te he subido a mi casa”, recoge la grabación.

Explica el escrito por el que entregaba ese nuevo audio que una de las controversias tras declarar el investigado y la víctima ante el juez era de quien había partido la iniciativa de subir a la vivienda oficial del director adjunto operativo. “La víctima señaló que fue el investigado quien le dijo que tenía que subir a la misma en contraposición al investigado que dijo que él se iba sin decirle que subiera y que posteriormente subió la víctima por propia voluntad porque siempre subía”, recoge.

Por su parte, en un escrito de la defensa del exDAO, al que ha tenido acceso elDiario.es, se solicita la conclusión del sumario sin el procesamiento del mando policial. Entiende que la querella “no ha quedado corroborada por la grabación de audio aportada” por la víctima, que el testimonio de la subordinada “no reúne los requisitos jurisprudenciales exigidos” y que ni esa grabación ni “las contradicciones en las que incurre la querellante impiden sostener la continuación del presente procedimiento”.

“No existen indicios racionales de criminalidad suficientes que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a José Ángel González”, recalca, para incidir en que la grabación aportada por no permite sostener una reconstrucción literal de los hechos de la forma que se describe en la querella, pues lo que refleja “es una conversación de celos, reproches de afectividad, donde aparecen besos, referencias sexuales y una dinámica que impide afirmar que se haya cometido una agresión sexual”.

En concreto, el escrito incluye frases que formarían parte de esa grabación subrepticia. Así recoge que en un momento dado ella habría señalado: “No porque acabo follando contigo, porque es que me conozco ¿sabes? (...) porque me excitas, (...) te voy a besar pero no va a haber más”. Suma a esto que en los minutos posteriores a la supuesta agresión sexual, ella se despidió del exDAO “con un beso y con la expresión 'Nos vemos el domingo'. ”Fue la propia querellante quien llamó a mi mandante a los 20 minutos de abandonar el domicilio, e incluso el propio 21 de mayo“, recalca.

La querella de la subordinada

En la querella de la mujer se explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025.

La mujer explica que el comisario González la requirió telefónicamente a las 14:15 horas para que abandonara su puesto de trabajo ese día, en la comisaría de Coslada (Madrid), y acudiera a verle a un restaurante donde el DAO estaba comiendo con otro mando, que trabaja en su equipo. El director operativo indicó que la mujer fuera en un vehículo del Cuerpo, camuflado, del que se precisa color, marca, modelo y matrícula.

La mujer se unió a la mesa sobre las 16:30 y en un momento dado, según la querella, González ordenó a su ayudante que se retirara y a la mujer que lo llevara a su domicilio, la vivienda oficial del DAO en Madrid. Al llegar, y en el interior del coche, el comisario estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando “una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que sólo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a 'hablar sobre nosotros dos'”.

Una vez dentro de la vivienda, el comisario González sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”, recoge la querella.

El acusado comenzó entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima”.

Esta consistió en introducirle los dedos en la vagina y utilizar la otra mano para sujetar la de la mujer y obligarle a tocar su pene, entre proposiciones rechazadas por la víctima. Después de la presunta agresión sexual, la mujer denuncia un acoso constante, por parte del propio DAO y del otro mando policial que comía con él el día de la agresión. La mujer ha aportado audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella.

Una vez logró zafarse de González, añade, la mujer se marchó del lugar en el vehículo camuflado, lo aparcó en comisaría y se dirigió a su domicilio. Allí asegura que sufrió “una crisis de ansiedad severa”. Ya en ese momento comenzó a recibir llamadas y mensajes del comisario, especifica.

“Inmediatamente, tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, añade el escrito. El comisario pretendía, según el abogado, “mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos y ofrecer compensaciones laborales como 'precio del silencio'”.

En el escrito del letrado se narra cómo ya durante la relación el querellado utilizó la situación de “subordinación institucional” de la mujer respecto de él para “generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica”, lo que motivó que ella quisiera dejar la relación mucho antes de cuando realmente le puso fin.

La mujer ha puesto a disposición del juzgado los mensajes del director adjunto operativo de la Policía y el propio terminal telefónico. La agente asegura que también recibió llamadas de González desde los teléfonos oficiales de la Dirección Adjunta Operativa.

El 22 de mayo, la denunciante accedió a hablar con González en una conversación en la que el hombre negó los hechos y tras despreciar la relación pasada, habría añadido: “Ven a verme a ver qué te puedo dar”, en relación con un destino en la Policía.

En la querella se recoge cómo otro comisario, que trabaja junto al DAO y que comía con él el día de la presunta agresión sexual, telefoneó en cinco ocasiones a la mujer, sin que ella respondiera. Finalmente, lo logró el 13 de julio de 2025 y el comisario le trasladó una oferta para que eligiera un nuevo destino y que se lo trasladara por WhatsApp.

La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de una localidad de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía. El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral.

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de les Balears celebra aquest dijous (09.30 hores) la vista prèvia del judici contra un agent de la Guàrdia Civil acusat d'aprofitar el seu càrrec per facilitar informació a un investigat per tràfic de drogues.

La Fiscalia demana que sigui condemnat a un any i vuit mesos de presó com a suposat autor d'un delicte d'encobriment i que sigui inhabilitat durant sis anys.

Els fets que es jutgen, segons l'escrit d'acusació, van ocórrer l'octubre del 2022 quan un investigat per tràfic de drogues va sol·licitar a l'acusat si un vehicle estava registrat com a cotxe de lloguer o si, per contra, no li constaven registres.

La representant del Ministeri Públic assenyala que l'agent va fer la consulta del vehicle a la base de dades, sense autorització ni justificació en l'àmbit de les seves funcions. Va utilitzar l'ID d'un company per evitar ser descobert i va facilitar la informació obtinguda.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de aprovechar su cargo para facilitar información a un investigado por tráfico de drogas.

La Fiscalía pide que sea condenado a un año y ocho meses de prisión como supuesto autor de un delito de encubrimiento y que sea inhabilitado durante seis años.

Los hechos que se juzgan, según el escrito de acusación, ocurrieron en octubre de 2022 cuando un investigado por tráfico de drogas solicitó al acusado si un vehículo estaba registrado como coche de alquiler o si, por el contrario, no le constaban registros.

La representante del Ministerio Público señala que el agente hizo la consulta del vehículo en la base de datos, sin autorización ni justificación en el ámbito de sus funciones. Utilizó el ID de un compañero para evitar ser descubierto y facilitó la información obtenida.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

La Audiencia Provincial de Ourense ha decretado el sobreseimiento de la causa en la que se investiga al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un posible delito continuado de prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad entre su condición de regidor con dedicación exclusiva y el desarrollo de actividades profesionales, en especial la dirección de su televisión local Auria TV. La noticia llega poco más de 24 horas después de que se conociese que la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y una pena de nueve años de inhabilitación para un Jácome convencido de que las acusaciones quedarían “en nada”.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Audiencia ha estimado el recurso interpuesto por la defensa del alcalde y revoca el auto de abril del Tribunal de Instancia de Ourense en el que, tras concluír la investigación, el magistrado decretó que se continuase el proceso.

La Sala, tras analizar la jurisprudencia sobre la prevaricación imputada al regidor, subraya que “no toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva”, pues destaca que no es “equivalente a una resolución arbitraria expresa”. Por ello, incide en que “no basta que una resolución administrativa sea contraria a Derecho para que constituya el delito de prevaricación”.

Entiende la Sala que resulta “cuestionable” exigir “la necesidad de declaración de compatibilidad en el supuesto de que el miembro de una Corporación que tenga reconocida la dedicación exclusiva desarrolle ocupaciones marginales remuneradas”, algo que afirma que “resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido”. El escrito del fiscal negaba que las actividades empresariales de Jácome fuesen “marginales” y afirmaba que le “generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde”. En total,  787.687,93 durante el lustro 2019-2024.

Mientras, la Audiencia recalca que la conducta del investigado pudo estar amparada por informes técnicos y por la postura del Ministerio Fiscal, que tras haber abierto “diligencias de investigación por idénticos hechos a los que ahora nos ocupan”, finalizó “archivando las mismas, por entender que no existía infracción penal y sí una irregularidad de carácter administrativo en el proceder del alcalde”.

Los magistrados también resaltan que “durante todo el tiempo transcurrido desde que el alcalde ejerce como tal, siendo además un hecho notorio, en ningún momento consta efectuado reparo alguno de legalidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento”. En el auto concluyen que “en su caso, y de existir una irregularidad de carácter administrativo, será en esa vía en la que deban depurarse las responsabilidades a las que haya lugar”. La resolución de la Audiencia Provincial no es firme, pues cabe presentar recurso de casación.

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para entregar su pasaporte. La entrega de esa documentación forma parte de la batería de medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a petición de las acusaciones ultras que sustentan la causa.  

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje después de que lo autorizara la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, para así prevenir incidentes que pudieran poner en riesgo su integridad física. Su equipo de seguridad presentó un informe en el que subraya que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas”. 

Peinado acordó el pasado sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, así como imponerle otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La decisión del magistrado soliviantó al Gobierno y al PSOE, donde mantienen que la iniciativa de Peinado “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo. 

La entrega del pasaporte se ha producido apenas unas horas después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre el aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho Sánchez sobre su hermano, que fue juzgado recientemente; y su pareja.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

En su auto, el Peinado justificó que el hecho de que Begoña Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Apuntaba, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Tras trascender el auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ instó a la autoridad disciplinaria del órgano a investigar si Peinado incurrió en una infracción por hacer esta afirmación en su auto.

Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', no és precisament Víctor Aldama. Condemnat en dues de les peces separades del 'cas Taula' (en sengles sentències pendents de recurs davant el Tribunal Suprem), Benavent ha protagonitzat dues fases: una col·laboració inicial amb la Fiscalia Anticorrupció i amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que va donar pas, en plena instrucció de la macrocausa, a un canvi d'advocat i a una renúncia a totes les incriminacions que havia formulat prèviament. L'última sentència, dictada aquest dimarts per la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València i corresponent a la peça separada E en el quart juí de Marcos Benavent en el marc del 'cas Taula', ha absolt el 'ionqui' dels diners' i la resta dels acusats, entre ells tres empresaris contractistes de l'Ajuntament de València durant l'etapa de Rita Barberá, malgrat les gravacions incriminatòries que va fer el principal acusat. La resolució descarta que hi haja proves suficients que es pagaren comissions il·lícites a canvi d'adjudicacions municipals.

En un dels àudios reproduïts durant la vista oral i al qual ha tingut accés elDiario.es, el ''ionqui dels diners' explicava a l'aleshores regidora María José Alcón, ja difunta: “Ací només hi ha un 2 %, 9.000 euros (...), per almenys comprar-te dos regals per Nadal i quatre festes”. La regidora del PP ironitzava en la mateixa conversa: “Aquests Reis Mags han sigut meravellosos”.

En una altra gravació se sentia Marcos Benavent comentant, sobre una coneguda empresa constructora, el ja expresident de la qual, Carlos Turró, també ha sigut absolt: “Cleop ha ajudat molt el partit”, en referència al PP valencià.

La sentència de la secció cinquena de l'Audiència de València, de la qual ha sigut ponent la magistrada Concepción Ceres, admet que les converses “són altament sospitoses” de “mangarrufes” o d'intents de “manipular” els contractes i les adjudicacions “a favor d'unes o altres empreses”, i “fins i tot de conspiració, com ja va dir el jutge d'instrucció, si bé en aquelles dates no estava sancionada penalment la conspiració per a delinquir en relació amb estos delictes”

Els diàlegs, malgrat la seua claredat (i amb el gir radical de Benavent en la seua estratègia de col·laboració amb l'UCO i amb Anticorrupció), no han pogut ser corroborats per altres mitjans de prova prou solvents per a desvirtuar la presumpció d'innocència dels acusats.

Sense la “convicció necessària” per a una condemna

El tribunal, després d'escoltar les declaracions dels cinc acusats, dels testimonis, dels investigadors de l'UCO i dels pèrits tècnics, i després d'analitzar l'abundant documentació dels expedients de contractació (a més dels àudios), “considera que els fets objecte d'acusació no han sigut acreditats degudament i alguns d'ells estan prescrits”, en referència al presumpte delicte de malversació de cabals públics imputat a Vicente Burgos, un històric del PP campista col·locat en una fundació pública que va tancar amb un forat xifrat en 13,5 milions d'euros, segons detalla la sentència.

“O, dit d'una altra manera, que, del resultat de la prova practicada, valorada en el seu conjunt, en consciència, i d'acord amb les regles de la lògica i de l'experiència, no s'ha obtingut la convicció necessària per a fonamentar un pronunciament condemnant en els termes interessats”, conclou la sentència, que no és ferma i, per tant, és susceptible de ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

Es tracta de la segona absolució de Marcos Benavent en el 'cas Taula' (també va ser absolt en la peça separada D). El ''ionqui dels diners', per contra, va ser condemnat en les peces J (a quasi huit anys de presó) i B (cinc anys), en sengles sentències recorregudes davant del Tribunal Suprem

El 'ionqui dels diners' anava “fumat” davant l'UCO

La secció cinquena de l'Audiència de València també assumeix la tesi del 'ionqui dels diners' sobre l'afectació pel seu consum de substàncies estupefaents durant l'etapa en què va declarar davant l'UCO i davant el jutge del 'cas Taula' al principi de la instrucció. Benavent va al·legar, i la sentència així ho ressenya, que “no estava en les seues millors condicions”, que anava “fumat” —es va escudar en el fet que en aquella època “fumava haixix”, recorda el tribunal, encara que realment en la vista oral va al·ludir específicament al consum de marihuana— i que “volia repartir a tots”, en referència als seus excorreligionaris del PP valencià.

El tribunal tampoc sembla creure's massa les confessions inicials del ''ionqui dels diners' i fins i tot recorda que el mateix jutge instructor del 'cas Taula' va al·ludir al fet que Marcos Benavent “farolejava”, com “en alguna ocasió ha reconegut” el mateix acusat.

D'altra banda, la sentència limita la prova de la Fiscalia Anticorrupció per a l'acreditació de l'acusació a les declaracions dels acusats en la fase d'instrucció i a les gravacions dels àudios. No obstant això, estes declaracions sumarials “no es poden valorar ja que no s'han introduït en el plenari [juí oral] mitjançant la seua lectura, com ve establint el Tribunal Suprem”, argumenta la resolució absolutòria.

Explicacions de Marcos Benavent “un poc puerils”

Superada aquella col·laboració inicial en l'esclariment dels fets, en el juí, Marcos Benavent es va sumar a l'exdirigent del PP Vicente Burgos (exmarit de María José Alcón) i als tres empresaris (Carlos Turró, Enrique Aleixandre i Carlos Vicent): tots els acusats van negar a l'uníson “la seua intervenció en els aspectes delictius dels quals se'ls acusa”.

No obstant això, el tribunal reconeix que les explicacions del 'ionqui dels diners' sobre les converses gravades amb Alcón van ser “un poc puerils”. Dels àudios també es desprén, segons la sentència, que “de vegades es rebutjava alguna empresa per raons polítiques” (per no donar-li el contracte a un dels “seus”, evitant així la “crítica política”) i, en altres casos, s'optava per adjudicar a l'oferta més econòmica per a evitar “embolics”.

En definitiva, “no ha quedat suficientment acreditat” que Benavent lliurara a Alcón 'mossegades' de 9.000 euros provinents de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el cas del contracte amb Cleop. Tampoc que s'embutxacara una “quantitat no determinada”, a més d'un vehicle, de mans de l'empresari Enrique Aleixandre, per contractes vinculats a la XXVII Mostra de València

Possibles irregularitats que no arriben a ser delicte

El tribunal, atenent les declaracions dels pèrits, no ha trobat una il·legalitat “grollera” i “evident” que constituïsca “sense cap mena de dubte” un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

“Les contractacions han sigut analitzades exhaustivament i tampoc s'hi troba eixa distorsió flagrant de la legalitat constitutiva de delicte. Si hi va haver alguna irregularitat, no s'albira que arribara a ser delicte”, conclou la secció cinquena de l'Audiència de València.

D'altra banda, també aprecia dilacions indegudes en el si de la causa, que va ser jutjada una dècada després de la seua incoació el 2016.

Descarta la vulneració al dret a la intimitat

Tot i que el tribunal no troba la corroboració perifèrica suficient de les malifetes desglossades en els àudios, sí que avala la validesa de les gravacions i descarta qualsevol vulneració del dret a la intimitat, tal com ja van fer sengles sentències del 'cas Taula' dictades per la mateixa secció cinquena de l'Audiència de València i per la secció segona.

Malgrat que la defensa de Marcos Benavent va sol·licitar, en la fase de qüestions prèvies del juí, l'exclusió dels àudios com a font de prova, la sentència qüestiona que “no s'ofereix cap concreció fàctica sobre quina informació personal o íntima contenien les gravacions”. “La qual cosa és important”, postil·la, “perquè no es poden plantejar nul·litats d'actuacions de manera genèrica i hipotètica, és a dir, sense concretar la base fàctica en què s'assenta la vulneració de drets fonamentals”.

A més, també recorda que el 'ionqui dels diners' va assegurar en el juí oral que “llevava coses sense interés” dels àudios (amb el programa Audacity), “però en cap moment va manifestar que aquelles converses gravades no es corresponien amb les reals”.

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', no es precisamente Víctor Aldama. Condenado en dos de las piezas separadas del 'caso Taula' (en sendas sentencias pendientes del recurso ante el Tribunal Supremo), Benavent ha protagonizado dos fases: una colaboración inicial con la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dio paso, en plena instrucción de la marcocausa, a un cambio de abogado y a una renuncia a todas las incriminaciones había declarado previamente. La última sentencia, dictada este martes por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia y correspondiente a la pieza separada E en el cuarto juicio de Marcos Benavent en el marco del 'caso Taula', ha absuelto al 'yonqui del dinero' y al resto de los acusados, entre ellos tres empresarios contratistas del ayuntamiento de la capital del Turia durante la etapa de Rita Barberá, pese a las incriminatorias grabaciones que hizo el principal acusado. La resolución descarta que haya pruebas suficientes de que se abonaran comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones municipales.

En uno de los audios reproducido durante la vista oral y al que ha tenido acceso elDiario.es, el 'yonqui del dinero' explicaba a la entonces edil María José Alcón (ya fallecida): “Aquí solo hay un 2%, 9.000 euros (...), para por lo menos comprarte dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. La concejala del PP ironizaba en la misma conversación: “Estos Reyes Magos han sido maravillosos”.

En otra grabación se escuchaba a Marcos Benavent comentando, sobre una conocida empresa constructora cuyo expresidente, Carlos Turró, también ha sido absuelto: “Cleop ha ayudado mucho al partido”, en referencia al PP valenciano.

La sentencia de la sección quinta de la Audiencia de Valencia, de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Ceres, concede que las conversaciones “son altamente sospechosas” de “amaños” o de intentos de “amañar” los contratos y adjudicaciones “a favor de unas u otras empresas”, e “incluso de conspiración, como ya dijera el juez de instrucción, si bien, en aquellas fechas no estaba sancionada penalmente la conspiración para delinquir en relación con estos delitos”. 

Los diálogos, pese a su claridad (y con el volantazo de Benavent a su estrategia de colaboración con la UCO y con Anticorrupción), no han podido ser corroborados por otros medios de prueba suficientemente solventes como para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.

Sin la “convicción necesaria” para una condena

El tribunal, tras escuchar las declaraciones de los cinco acusados, de los testigos, de los investigadores de la UCO y de los peritos técnicos y tras analizar la abundante documentación de los expedientes de contratación (además de los audios), “considera que los hechos objeto de acusación no han sido acreditados en debida forma y algunos de ellos están prescritos”, en referencia al presunto delito de malversación de caudales públicos imputado a Vicente Burgos, un histórico del PP campista colocado en una fundación pública que cerró con un agujero cifrado en 13,5 millones de euros, según detalla la sentencia.

“O, dicho de otra forma, que, del resultado de la prueba practicada, valorada en su conjunto, en conciencia, y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, no se ha obtenido la convicción necesaria para fundamentar un pronunciamiento condenatorio en los términos interesados”, concluye la sentencia, que no es firme y, por tanto, es susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Se trata de la segunda absolución de Marcos Benavent en el 'caso Taula' (también salió ileso en términos judiciales de la pieza separada D). El 'yonqui del dinero', por el contrario, fue condenado en las piezas J (a casi ocho años de cárcel) y B (cinco años), en sendas sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo.

El 'yonqui del dinero' iba “fumado” ante la UCO

La sección quinta de la Audiencia de Valencia también asume la tesis del 'yonqui del dinero' sobre la afección por su consumo de sustancias estupefacientes durante la etapa en la que declaró ante la UCO y ante el juez del 'caso Taula' al principio de la instrucción. Benavent arguyó, y la sentencia así lo reseña, que “no estaba en sus mejores condiciones”, que iba “fumado” —se escudó en que en aquella época “fumaba hachís”, recuerda el tribunal, aunque realmente en la vista oral aludió, específicamente, al consumo de marihuana— y que “quería repartir a todos”, en referencia a sus excorreligionarios del PP valenciano.

El tribunal tampoco parece creerse demasiado las confesiones iniciales del 'yonqui del dinero' e incluso recuerda que el propio juez instructor del 'caso Taula' aludió a que Marcos Benavent “faroleaba”, como “en alguna ocasión ha reconocido” el propio acusado.

Por otro lado, la sentencia acota la prueba de la Fiscalía Anticorrupción para la acreditación de la acusación a las declaraciones de los acusados en la fase de instrucción y a las grabaciones de los audios. Sin embargo, esas declaraciones sumariales “no se pueden valorar ya que no se han introducido en el plenario [juicio oral] mediante su lectura, como viene estableciendo el Tribunal Supremo”, argumenta la resolución absolutoria.

Explicaciones de Marcos Benavent “un tanto pueriles”

Superada aquella colaboración inicial en el esclarecimiento de los hechos, en el juicio, Marcos Benavent se sumó al exdirigente del PP Vicente Burgos (exmarido de María José Alcón) y a los tres empresarios (Carlos Turró, Enrique Alexandre y Carlos Vicent): todos los acusados negaron al unísono “su intervención en los aspectos delictivos de los que se les acusa”.

Sin embargo, el tribunal reconoce que las explicaciones del 'yonqui del dinero' sobre las conversaciones grabadas con Alcón fueron “un tanto pueriles”. De los audios también se desprende, según la sentencia, que “a veces se rechazaba a alguna empresa por razones políticas” (para no darle el contrato a uno de “los suyos”, evitando así la “crítica política”) y, en otros casos, se optaba por adjudicar a la oferta más económica para evitar “líos”. 

En definitiva, “no ha quedado suficientemente acreditado” que Benavent entregara a Alcón 'mordidas' de 9.000 euros provenientes de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el caso del contrato con Cleop. Tampoco que se embolsara una “cantidad no determinada”, además de un vehículo, de manos del empresario Enrique Aleixandre, por contratos vinculados a la XXVII Mostra de València.

Posibles irregularidades que no alcanzan “lo delictivo”

El tribunal, a tenor de las declaraciones de los peritos, no ha hallado una “grosera” y “evidente ilegalidad” que constituya “sin género de duda” un presunto delito de prevaricación administrativa.

“Las contrataciones han sido analizadas exhaustivamente y tampoco se encuentra en sí mismas esa flagrante distorsión de la legalidad constitutiva de delito. Si hubo alguna irregularidad, no se vislumbra que alcanzara lo delictivo”, concluye la sección quinta de la Audiencia de Valencia.  

Por otro lado, también aprecia dilaciones indebidas en el seno de la causa, que fue enjuiciada una década después de su incoación en 2016.

Descarta la vulneración al derecho a la intimidad

Pese a que el tribunal no halla la corroboración periférica suficiente de los tejemanejes desglosados en los audios, sí que avala la validez de las grabaciones y descarta cualquier vulneración al derecho a la intimidad, como ya hicieran sendas sentencias del 'caso Taula' dictadas por la misma sección quinta de la Audiencia de Valencia y por la sección segunda.

A pesar de que la defensa de Marcos Benavent solicitó, en la fase de cuestiones previas del juicio, la exclusión de los audios como fuente de prueba, la sentencia cuestiona que “no se ofrece concreción fáctica sobre qué información personal o íntima contenían las grabaciones”. “Lo cual es importante”, apostilla, “porque no se pueden plantear nulidades de actuaciones de forma genérica e hipotética, esto es, sin concretar la base fáctica en la que se asienta la vulneración de derechos fundamentales”. 

Además, también recuerda que el 'yonqui del dinero' aseguró en el juicio oral que “quitaba cosas sin interés” de los audios (con el programa Audacity), “pero en ningún momento manifestó que esas conversaciones grabadas no correspondían a las reales”.  

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena a un acusado de un delito de acoso vecinal a un año de prisión y además le obliga a alejarse y no comunicarse con la denunciante durante dos años, y a pagar dos multas de 1.000 euros cada una así como la responsabilidad civil que se fije cuando el fallo sea firme.

La sentencia da por probado que el acusado entre junio de 2020 y febrero de 2022 protagonizó desde su domicilio constantes ruidos, gritos, amenazas e improperios dirigidos a la denunciante “con el fin de atentar contra su vecina colindante”.

La Sala considera que su objetivo final no era otro que afectar “su vida cotidiana, libertad de movimientos, integridad psíquica y legítimo disfrute de su descanso e intimidad familiar y domiciliaria”.

Por ejemplo, alrededor de las 2:30 del 18 de abril de 2021 el procesado hizo sobrevolar un dron sobre la ventana del dormitorio de la mujer mientras lanzaba frases de contenido sexual o amenazas como que le iba a pegar fuego a su vivienda, “para que te vayas relajando de una vez”.

La sentencia también cita que otra vez desde las 23.30 horas hasta las 04.30 de la madrugada estuvo tocando el claxon de su vehículo y puso música a un elevado volumen mientras le decía que estaba harto de sus denuncias y arremetía contra su afiliación política y que iba a denunciar a su marido, que es guardia civil.

En diversas ocasiones golpeaba violentamente las paredes contiguas, ponía música a un volumen “desproporcionado” lo que daba lugar a que aumentara el estado de ansiedad de la denunciante y su hija menor y le provocó migrañas, entre otros desequilibrios.

La sentencia da por probado que todo ello generó un importante estado de nerviosismo en la mujer, alteró su descanso nocturno y el de su hija de seis años.

La víctima tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico en la Unidad de Salud Mental y recibir medicación psicofarmacológica aunque en la actualidad no le constan secuelas.

En su momento el Juzgado de La Orotava tomó medidas cautelares como era la prohibición de que el acusado se comunicara con ella por cualquier medio hasta que no se emita una resolución judicial firme.

Ante la Audiencia el acusado alegó cuestiones de quebrantamiento de normas como que la magistrada que presidió el juicio no fue quien dictó y firmó la sentencia y que durante la vista se plantearon alegaciones que habían sido inadmitidas al principio de la sesión.

Entre ellas falta de concreción en los hechos denunciados lo que impidió ejercer su defensa, que se le acusaba de lesiones cuando el procedimiento se centraba en un presunto acoso y que tampoco se determinaron fechas y hechos de forma exacta.

La Audiencia explica que el cambio de magistrado se debió a una baja certificada por parte de quien dirigió el juicio y que el sistema informático utilizado en los juzgados permite este tipo de sustituciones.

También se considera que en el fallo han quedado explicados y detallados los distintos hechos ocurridos y que el acusado ha tenido la posibilidad de conocerlos por medio de denuncias y partes médicos, entre otros documentos.

La defensa cuestionó que la condena se base en el único testimonio de la denunciante y de guardias civiles de la profesión de su marido o de personal de un Centro de Salud donde trabaja ella, lo que según la Audiencia no es razón suficiente para rechazar sus testimonios.

La secció quarta de l'Audiència de València, que ha condemnat a una pena de huit anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir, demana que es deduïsca un presumpte delicte de fals testimoni contra els tres agents de la Policia Local de Bétera (València) que van aportar en el judici una versió exculpatòria de l'acusat. “El tribunal considera necessària una investigació d'aquest comportament mitjançant l'oportuna deducció de testimoni, donada la flagrant contradicció de la seua versió amb la de les denunciants, a les quals atribuïm prevalença probatòria”, afirma la sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada María Cruz Zabal.

La declaració dels uniformats va ser tan cridanera que fins i tot la fiscal María José Moreno va exposar en la vista oral els seus seriosos recels sobre l'actuació dels primers agents que van acudir a l'habitatge del futbolista el matí de l'1 de setembre de 2024, alertats pels vigilants de la urbanització Torre en Conill, al seu torn requerits per un veí que passejava el gos i que es va topar en ple carrer amb, segons va dir, una “situació violenta”: una jove pràcticament nua i plorant i la seua companya, que li va demanar utilitzar el seu telèfon per a telefonar al seu pare.

Els tres policies locals de Bétera van assegurar a l'uníson que la denunciant de Rafa Mir els va dir que les relacions sexuals amb el futbolista havien estat consentides. Per contra, la víctima va declarar en la vista oral que, “per vergonya”, no va explicar el succeït a dos uniformats homes i que, tanmateix, l'aparició d'una dona policia “li va infondre més confiança i es va aproximar a ella per donar-li compte del que havia passat” (que Rafa Mir l'havia agredida sexualment tant a la piscina com en un dels banys del xalet després d'haver-lo conegut en una coneguda discoteca de València).

La policia va declarar com a testimoni “amb molt nerviosisme i inseguretat, pretextant que això obeïa al fet que era una de les seues primeres actuacions”, observa la sentència, que també al·ludeix a les manifestacions de les denunciants sobre la “indolència” dels agents de la Policia Local “per a protegir-les”. Les dues joves van manifestar que els policies “fins i tot es reien al costat dels acusats”.

Per altra banda, els policies locals van actuar amb una certa passivitat malgrat tindre confirmat que Rafa Mir havia proporcionat una falsa identitat de Pablo Jara, que s'amagava al xalet del seu amic en la luxosa urbanització (en la qual viuen nombrosos jugadors del València CF, club en el qual militava en aquella època) i no va ser identificat en aquell moment malgrat que una de les joves, a la qual Jara havia deixat en ple carrer vestida únicament amb un tanga, denunciava que havia estat agredida per ell.

El pare de la denunciant de Mir va declarar que li “va sorprendre ingratament” que els policies demanaren calma i li digueren, d'entrada, que “l'únic” que havia ocorregut és que l'amiga de la seua filla havia estat colpejada, com si aquesta agressió no fora prou greu en si mateixa, i li va sorprendre la seua actitud de restar importància als fets. Els tres agents van defensar en la vista oral que desconeixien que el resident de la vivenda era futbolista del València CF.

La versió “sense fissures” de les víctimes

El testimoni dels agents no ha servit per a desacreditar els indicis de l'acusació contra els dos futbolistes, tots dos nascuts el 1997 i sense antecedents penals. La sentència de l'Audiència Provincial de València, que no és ferma i contra la qual es pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, considera que la prova practicada en el judici oral del passat 28 de maig acredita “sense fissures” la versió de les acusacions, “centrada essencialment en els testimonis de les dues víctimes, com d'ordinari succeeix en aquest tipus de delictes contra la llibertat sexual, en què l'agressió es produeix en la intimitat o, com ocorre en el present cas, també en el contacte dissimulat i tolerat per terceres persones unides a l'agressor per raó d'amistat”.

Tant en l'atestat de la Guàrdia Civil com en les declaracions en la fase d'instrucció i en el judici oral, les dues joves van mantenir un “relat consistent i coherent dels fets, aportant detalls precisos”.

La sentència considera un fet provat que, a la piscina de l'habitatge de Rafa Mir, el futbolista —amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos— va agafar del rostre la jove per “obligar-la a besar-lo” i va manosejar els seus pits i natges, arribant a introduir-li els dits a la vagina, malgrat que ella intentava apartar-lo.

En una segona agressió, aquesta vegada al bany, el davanter (actualment de l'Elx CF) va reproduir una actuació similar, també amb penetració vaginal amb els dits, contra la jove que “cridava i deia que volia anar-se'n”, segons l'apartat de fets provats de la sentència.

La jove va aconseguir eixir del bany “descomposta, sense respirar bé i xanglotant”, segons el tribunal, que imposa al futbolista la pena en la seua meitat inferior respecte al delicte d'agressió sexual, però no la mínima absoluta “per ser dos actes d'agressió successius” i per la “gravetat” de les conseqüències emocionals i psíquiques patides per la víctima, “certificades mèdicament i no contradites pel perit de part”.

“Sou unes nenes, pirades”

També considera provat que Pablo Jara (condemnat a dos anys per agressió sexual i sis mesos per un delicte contra la integritat moral) li va tocar els pits i la vagina per damunt del tanga a l'altra jove que es banyava a la piscina, també amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos. La jove va ser expulsada del xalet “a empentes” i el futbolista li va propinar una bufetada a la cara en fer-la fora mentre li etzibava: “Sou unes nenes, pirades”.

El tribunal avala de ple la declaració de la denunciant de Rafa Mir com a “clara, detallada, sense dubtes en les respostes i uniforme amb les seues anteriors manifestacions judicials”. La sentència veu un “context intimidatori general” cap a una jove “envoltada” dels amics del futbolista, amb una “corpulència invasiva” (Mir fa dos metres d'alçària, mentre que la jove només arriba a 1,65).

També destaca que, immediatament després de l'agressió a la piscina, la jove va telefonar al seu pare perquè la recollira: “Evidentment, l'única explicació a aquest comportament de la jove només pot ser el seu disgust per l'agressió que acabava de patir”.

La clau de la petició de la càmera de seguretat

Durant la instrucció de la causa, la defensa del futbolista va aportar un vídeo enregistrat per un amic seu que va presenciar els fets i que demostraria la tesi exculpatòria segons la qual la jove tenia gelosia i estava enfadada amb la seua amiga i amb el davanter per haver mantingut relacions sexuals tots dos en paral·lel. Per contra, la sentència indica que el rostre de la jove en el vídeo és de “greu malestar”. “Aquesta actitud és clarament indiciària de la intimidació i agressió patides, veient-se atrapada contra la seua voluntat pel curs dels esdeveniments”, afirma la secció quarta de l'Audiència de València.

El tribunal aporta una observació rellevant. La denunciant va sol·licitar “insistentment” durant la fase d'instrucció que es comprovara la càmera de videovigilància col·locada a l'interior del xalet del futbolista (finalment es va acreditar que no funcionava el dia dels fets). “La seua persistent petició”, argumenta la sentència, “no tindria sentit si els fets no hagueren ocorregut tal com reiteradament ha manifestat”.

En definitiva, la resolució estima que existeix prova de càrrec suficient per a desvirtuar la presumpció d'innocència dels dos futbolistes. “Arriba aquest tribunal a aquesta conclusió després d'haver escoltat en judici el testimoni tant dels acusats com de les presumptes víctimes, que en tot moment han mantingut una versió sòlida i contundent del succeït en l'essencial, a més d'altres testimonis, informes i peritatges”, afirma.

La corroboració perifèrica exigida pel Tribunal Suprem

La secció quarta de l'Audiència de València esgrimeix la doctrina del Tribunal Suprem (TS) sobre la correcta ponderació del testimoni de la víctima: la prova es considera suficientment adequada per a neutralitzar la presumpció d'innocència si existeix una corroboració addicional (“quan la mecànica dels fets així ho permeta”, postil·la el TS).

L'alt tribunal estableix com a criteris orientatius l'absència d'un eventual mòbil de ressentiment, enemistat o venjança; la versemblança i la corroboració perifèrica de caràcter objectiu, i la persistència en la incriminació, prolongada en el temps, plural i sense ambigüitats ni contradiccions.

En el cas de les denunciants de Rafa Mir i Pablo Jara, “la declaració de les víctimes ha estat convincent, consistent i coherent, mantinguda de forma invariable al llarg de la tramitació de la causa”, diu la sentència, que afegeix: “A més, ve corroborada per dades perifèriques, com són la declaració de testimonis i l'informe forense psicològic, ratificat i explicat en el plenari per les dues perites”.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que ha condenado a una pena de ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por agresión sexual, pide que se deduzca un presunto delito de falso testimonio contra los tres agentes de la Policía Local de Bétera (Valencia) que aportaron en el juicio una versión exculpatoria del acusado. “El tribunal considera necesaria una investigación de este comportamiento mediante la oportuna deducción de testimonio, dada la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes, a las que atribuimos prevalencia probatoria”, afirma la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Cruz Zabal.

La declaración de los uniformados fue tan llamativa que incluso la fiscal María José Moreno expuso en la vista oral sus serios reparos a la actuación de los primeros agentes que acudieron a la vivienda del futbolista la mañana del 1 de septiembre de 2024, alertados por los vigilantes de la urbanización Torre en Conill, a su vez requeridos por un vecino que paseaba el perro y que se topó en plena calle con, según dijo, una “situación violenta”: una joven prácticamente desnuda y llorando y una amiga, que le pidió usar su teléfono móvil para llamar a su padre.

Los tres policías locales de Bétera aseguraron al unísono que la denunciante de Rafa Mir les dijo que las relaciones sexuales con el futbolista habían sido consentidas. Por el contrario, la víctima declaró en la vista oral que, “por vergüenza”, no contó lo sucedido a dos uniformados varones y que, sin embargo, la aparición de una mujer policía “le infundió más confianza y se aproximó a ella para darle cuenta de lo que había pasado” (que Rafa Mir la había agredido sexualmente tanto en la piscina como en uno de los baños del chalet tras haberlo conocido horas antes en el reservado de una discoteca de València).

La policía declaró como testigo “con mucho nerviosismo e inseguridad, pretextando que ello obedecía a que era una de sus primeras actuaciones”, observa la sentencia, que también alude a las manifestaciones de las denunciantes sobre la “indolencia” de los agentes de la Policía Local “para protegerlas”. Las dos jóvenes manifestaron que los policías “incluso se reían junto a los acusados”.

Por otro lado, los policías locales actuaron con cierta pasividad pese a tener confirmado que Rafa Mir había proporcionado una falsa identidad de Pablo Jara, que se escondía en el chalet de su amigo en la lujosa urbanización (en la que viven numerosos jugadores del Valencia CF, club en el que militaba en aquella época) y no fue identificado en ese momento pese a que una de las jóvenes, a la que Jara había dejado en plena calle vestida únicamente con un tanga, denunciaba que había sido agredida por él.

El padre de la denunciante de Mir declaró que le “sorprendió ingratamente” que los policías pidieran calma y le dijeran, de entrada, que lo “único” que había ocurrido es que la amiga de su hija había sido golpeada, como si esa agresión no fuera suficientemente grave en sí y “sorprendiéndole su actitud de restar importancia a los hechos”. Los tres agentes defendieron en la vista oral que desconocían que el morador de la vivienda era futbolista del Valencia CF.

La versión “sin fisuras” de las víctimas

El testimonio de los agentes no ha servido para desacreditar los indicios de la acusación contra los dos futbolistas, ambos nacidos en 1997 y sin antecedentes penales. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, considera que la prueba practicada en el juicio oral del pasado 28 de mayo acredita “sin fisuras” la versión de las acusaciones, “centrada esencialmente en los testimonios de las dos víctimas, como de ordinario sucede en este tipo de delitos contra la libertad sexual, en el que la agresión se produce en la intimidad o, como ocurre en el presente caso, también en el contacto disimulado y tolerado por terceras personas unidas al agresor por razón de amistad”.

Tanto en el atestado de la Guardia Civil como en las declaraciones en la fase de instrucción y en el juicio oral, las dos jóvenes mantuvieron un “relato consistente y con coherencia de hechos, aportando detalles precisos”.

La sentencia considera un hecho probado que, en la piscina de la vivienda de Rafa Mir, el futbolista —con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos— cogió del rostro a la joven para “obligarla a besarle” y manoseó sus pechos y nalgas, llegando a introducirle los dedos en la vagina, pese a que ella intentaba apartarle.

En una segunda agresión, esta vez en el baño, el delantero (actualmente del Elche CF) reprodujo una actuación similar, también con penetración vaginal con los dedos, contra la joven que “lloraba y decía que quería irse”, según el apartado de hechos probados de la sentencia.

La chica logró salir del baño “descompuesta, sin respirar bien y sollozando”, según el tribunal, que impone al futbolista la pena en su mitad inferior respecto al delito de agresión sexual, pero no la mínima absoluta “por ser dos actos de agresión sucesivos” y por la “gravedad” de las consecuencias emocionales y psíquicas padecidas por la víctima, “certificadas médicamente y no contradichas por el perito de parte”.

“Sois unas niñatas, piraos”

También considera probado que Pablo Jara (condenado a dos años de prisión por agresión sexual y a seis meses por un delito contra la integridad moral) le tocó los pechos y la vagina por encima del tanga a la otra joven que se bañaba en la piscina, también con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos. La chica fue expulsada del chalet “a empujones” y el futbolista le propinó un “manotazo” en la cara al echarla mientras le espetaba: “Sois unas niñatas, piraos”.

El tribunal avala de plano la declaración de la denunciante de Rafa Mir como “clara, detallada, sin dudas en las respuestas y uniforme con sus anteriores manifestaciones judiciales”. La sentencia ve un “contexto intimidatorio general” hacia una joven “rodeada” por los amigos del futbolista, con una “corpulencia invasiva” (Mir mide 1,90 mientras que la chica apenas llega a 1,65).

También destaca que, inmediatamente después de la agresión en la piscina, la chica llamó a su padre para que la recogiera: “Evidentemente, la única explicación a este comportamiento de la joven solo puede ser su disgusto por la agresión que acababa de padecer”.

La clave de la petición de la cámara de seguridad

Durante la instrucción de la causa, la defensa del futbolista aportó un vídeo grabado por un amigo suyo que presenció los hechos y que demostraría la tesis exculpatoria según la cual la chica tenía celos y estaba enfadada con su amiga y con el delantero por haber mantenido relaciones sexuales ellos también en paralelo. Por el contrario, la sentencia indica que el rostro de la joven en el vídeo es de “grave malestar”. “Dicha actitud es claramente indiciaria de la intimidación y agresión sufridas, viéndose atrapada contra su voluntad por el curso de los acontecimientos”, afirma la sección cuarta de la Audiencia de Valencia.

El tribunal aporta una observación relevante. La denunciante solicitó “insistentemente” durante la fase de instrucción que se comprobara la cámara de videovigilancia colocada en el interior del chalet del futbolista (finalmente se acreditó que no funcionaban el día de autos). “Su persistente petición”, arguye la sentencia, “carecería de sentido si los hechos no hubiesen ocurrido tal y como reiteradamente ha manifestado”.

En definitiva, la resolución estima que existe prueba de cargo suficiente para derribar la presunción de inocencia de los dos futbolistas. “Llega este tribunal a dicha conclusión tras haber escuchado en juicio el testimonio tanto de los acusados como de las presuntas víctimas, que en todo momento han mantenido una versión sólida y contundente de lo sucedido en lo esencial, además de otros testimonios, informes y periciales”, afirma.

La corroboración periférica exigida por el Tribunal Supremo

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia esgrime la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre la correcta ponderación del testimonio de la víctima: la prueba se considera suficientemente adecuada para neutralizar la presunción de inocencia si existe una corroboración adicional (“cuando la mecánica de los hechos así lo permita”, apostilla el TS).

El alto tribunal establece como criterios orientativos la ausencia de un eventual móvil de resentimiento, enemistad o venganza; la verosimilitud y la corroboración periférica de carácter objetivo y la persistencia en la incriminación, prolongada en el tiempo, plural y sin ambigüedades ni contradicciones.

En el caso de Rafa Mir y Pablo Jara, “la declaración de las víctimas ha sido convincente, consistente y coherente, mantenida de forma invariable a lo largo de la tramitación de la causa”, dice la sentencia, que añade: “Además, viene corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario por las dos peritos”.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por una agresión sexual a una joven el 1 de septiembre de 2024 en su vivienda de la urbanización Torre en Conill de Bétera.

La sentencia, que no es firme, impone al delantero siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones, además del alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros por un plazo total de 13 años y una indemnización de 14.000 euros por las lesiones sufridas y de 50.000 euros por los daños morales causados.

El fallo condena asimismo al delantero del Elche CF a siete años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena privativa.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia condena al también futbolista Pablo Jara a dos años de prisión por agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral contra la segunda víctima.

El fallo también impone a Jara el alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros durante un plazo de cinco años y una indemnización de 280 euros por las lesiones causadas y de 6.000 euros por el daño moral sufrido.

El el caso de Pablo Jara, la sentencia le impone la medida de libertad vigilada durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando los ahora condenados conocieron a dos jóvenes en una discoteca de Valencia y se dirigieron luego al domicilio del primero de ellos, futbolista entonces del Valencia CF, para continuar la fiesta.

Agresión sexual en la piscina y el baño

En esa vivienda, según concluye la sentencia, Rafa Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las chicas.

Por su parte, Pablo Jara agredió sexualmente, aunque sin llegar a tener acceso carnal, a la segunda joven en la piscina, para después echarla del chalé a empujones y dejarla en la calle semidesnuda.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia entiende que la prueba practicada durante el juicio ha servido “para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones”.

Entre esas pruebas destaca la declaración testifical de las dos víctimas, que los magistrados califican de “convincente, consistente y coherente”, pues ha sido “mantenida de forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa”, y se ha visto también “corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario por las dos peritos”.

Frente a ello, “ninguna de las alegaciones defensivas ha tenido un sustrato fáctico en el que apoyarse ni un razonamiento lógico al que tener en cuenta”, precisa la sentencia.

La sentencia deduce testimonio contra los policías locales

Además, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia deduce testimonio por un presunto delito de falso testimonio por parte de los agentes de la Policía Local de Bétera que atendieron en un primer momento a las dos jóvenes.

Los uniformados declararon en el juicio del pasado 28 de mayo que las denunciantes aseguraron en todo momento que las relaciones sexuales habían sido consentidas, una versión diametralmente distinta a la que mantuvieron las jóvenes a lo largo de la instrucción y en la vista oral.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Cruz Zabal, alude a “flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”, a las que atribuyen “prevalencia probatoria”.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado los cuatro años y medio de prisión al profesor guipuzcoano condenado por acercamiento sexual a menores, a las que daba clases en un centro de Irún, a través de Internet y amenazas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV rechaza así el recurso interpuesto por el docente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que le condenó como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet ('child grooming'), un delito de amenazas condicionales y otro leve de acoso sexual.

En su fallo, el TSJPV ha ratificado también el resto de medidas que se le impusieron, como los 20 días de localización permanente que se le impusieron por un delito leve de acoso sexual, así como los cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel, según informa Europa Press. La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que el acusado contactó a través de una red social con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso 2023-2024, buscando un acercamiento a las mismas con afirmaciones “trufadas de carácter sexual” y que realizó a dos de ellas “propuestas serias” de encuentros que no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

El profesor condenado recurrió esa sentencia al Superior vasco solicitando como pretensión principal su absolución y subsidiariamente la condena a penas en su mínima extensión legal. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución de la Audiencia de Gipuzkoa. En sus alegaciones, la defensa argumentó ante el TSJPV que la Audiencia guipuzcoana no había contextualizado todas las situaciones y las conversaciones entre el profesor y sus alumnas, unas conversaciones que, según el letrado, eran “siempre en un contexto de colegueo y bromista”, desde el prisma de una relación de amistad preexistente entre las alumnas y su defendido, un docente con “cresta”, “aspecto de punki” y “hasta un poco pasota”.

Añadía que esas conversaciones podrían ser “reprochables”, por no mantener la distancia profesor-alumna, y “por tener, connotaciones sexuales”, pero que en ningún caso hubo en su representado “un ánimo sexual o de buscar algo” con las mismas, “más allá del cachondeo”, por lo que no constituyeron un ilícito penal. Sin embargo, el TSJPV recuerda que el derecho penal del hecho prohíbe condenar a alguien por su personalidad o apariencia y que “no se responde por lo que se es, sino por lo que se hace o no se hace siendo como se es”.

A continuación, analiza las conversaciones obtenidas de los teléfonos móviles de las menores y el resto de prueba desplegada en la vista oral celebrada en la Audiencia guipuzcoana y concluye que “existió prueba suficiente para justificar la condena de una forma compatible con la vigencia del derecho a la presunción de inocencia”. Asimismo, el TSJPV describe el patrón de actuación que reflejan esas conversaciones y como el acusado llevó a cabo primero una “aproximación afectiva” a las menores que incluían “expresiones de contenido sexual”, después las blindó frente a injerencias de otras personas y, finalmente, propuso a dos de ellas “encuentros más privados para estar a solas”. Unos encuentros, añade el TSJPV, que eran “absolutamente” ajenos “a la función educativa” y respondían, de forma “concluyente al objetivo de mantener con ellas unas relaciones íntimas”.

El TSJPV afirma también que es “incuestionable” que el acusado trató de “infundir temor” a las menores con las consecuencias punitivas de difundir los mensajes que intercambiaron con él y el emplazamiento a que los borraran. “Exigir desde una posición de superioridad manifiesta por el rol que se tiene -educador de menores entre trece y quince años- una conducta no debida - eliminación de pantallazos- a través de la conminación de denunciar la comisión de delitos o infracciones que conllevan la imposición de penas de prisión o pecuniarias constituye la exteriorización del propósito de causar un mal serio, real”, asegura el TSJPV.

Penas “proporcionadas”

Respecto a las penas de prisión impuestas por la Audiencia de Gipuzkoa, el máximo órgano judicial vasco las considera “proporcionadas”, ya que el delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet “está penado con entre uno y tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses” y que en este caso se optó por la prisión por el “carácter intenso y prolongado del acercamiento telemático”.

Además, considera “proporcionados” los dos años de cárcel impuestos por cada delito de acercamiento sexual a menor de 16 años a través de Internet dada la asimetría inherente en la relación profesor-alumnas y las circunstancias de edad y fragilidad emocional de las víctimas. También avala los seis meses de cárcel fijados por la Audiencia de Gipuzkoa por el delito de amenazas y el resto de las penas principales y accesorias acordadas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Primer aval a la investigación de las cuentas bancarias de la presunta trama de blanqueo de capitales de los narcos del Puerto de València. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados (Francisco H. V.) contra el auto del juez instructor del pasado 2 de enero que autorizaba a los agentes especializados en blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar, sobre el grueso de los presuntos narcos, ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria la vida laboral, las prestaciones, las declaraciones de la renta y las transmisiones patrimoniales o, ante las entidades bancarias, sus activos, ya sea en cuentas, tarjetas de crédito, depósitos, valores, préstamos, planes de pensiones, acciones e incluso cajas de seguridad.

La misma resolución autorizaba a los uniformados a obtener de las entidades financieras “cualquier otra información y documentación complementaria sin necesidad de nuevo auto”, de cara a llevar un “seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Lo cual resultaría una suerte de “carta blanca” otorgada por el juez instructor a la UDEF, amén de una “investigación prospectiva”, a juicio de la defensa de Francisco H. V.

Se trata de uno de los investigados que figuran como “facilitadores críticos” de la supuesta trama de importación de cocaína a gran escala desarticulada en el marco de la 'operación Spider', especialmente dedicado a “labores de intermediación” con dos presuntos narcos: el colombiano Adrián V. C. y el albanés Klodjan K. (prófugo de las autoridades belgas en un procedimiento por narcotráfico).

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional lo vinculan con la intervención de 80 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 6 de junio de 2025 (cantidad que formaba parte de un alijo mucho mayor, extraído con la modalidad del gancho ciego).

Paradójicamente, Francisco H. V. no es uno de los investigados señalados directamente por el auto del juez que autorizaba la investigación del presunto blanqueo. Así lo destaca la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera que “carece de legitimidad para recurrir” y que esgrime la máxima procesal “ampliamente establecida” en la jurisprudencia española de que “no hay recurso sin agravio”.

“Mayor agilidad” en la investigación

El tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, a diferencia del fiscal, en cuyo informe relativo al recurso explica que la resolución del juez instructor, lejos de pretender “ampliar el campo de investigación a cualquier información y actuación”, se centraba en la información derivada de la inicialmente obtenida con autorización judicial, sin que ello suponga vulneración alguna de la tutela judicial efectiva o del derecho a la intimidad. El representante del Ministerio Público ve la medida justificada y proporcional, por la “necesidad de aportar mayor agilidad” a la investigación y evitar dilaciones durante la instrucción del procedimiento.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de la representación jurídica de Castellón Renting SL contra el auto que autorizó el decomiso cautelar de un camión Man TGX y un semirremolque marca Kassbohrer propiedad de la empresa, además de un Audi Q8 usado “de forma directa y habitual” por el investigado Julio E. G., gerente de la mercantil imputado por supuestamente proporcionar camiones a la presunta organización criminal. El camión estuvo vinculado, según los investigadores, al alijo de 1.160 kilos de coca intervenido en el Puerto el 18 de julio de 2025.

El abogado de la empresa alega que Castellón Renting SL cuenta con “más de 40 años de antigüedad” y una “consolidada trayectoria profesional lícita y regular” y que ni la propia firma ni el gerente “tienen nada que ver” con los hechos investigados. Se trataría, por el contrario, de “meras conjeturas” policiales que contrastan con la “realidad fáctica y documentada” y que pretenden “criminalizar” una actividad “normal” y “propia del negocio” como es el arrendamiento de vehículos.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia recuerda que existen indicios de que la empresa, con “apariencia de una actividad lícita”, formalizaba contratos de arrendamiento, precedidos de importantes sumas de dinero, para “enmascarar” la “verdadera utilización de los vehículos al servicio de la organización criminal”.

“Intervención directa” del gerente de la firma de camiones

La investigación de la UDYCO ha acreditado la “intervención directa” del gerente de la empresa en la entrega de 40.000 euros en efectivo “sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”. La Audiencia de Valencia, por tanto, considera “adecuada a derecho” y a la legalidad la resolución que decomisó el camión (cuya venta anticipada fue autorizada recientemente por el juez).

La sección cuarta también ha desestimado un recurso similar de la representación jurídica Biovalsuro SL, propiedad del investigado José Francisco B. R., contra el decomiso cautelar y la autorización para uso policial de una motocicleta Benelli modelo TRK, mítica marca italiana, a nombre de la mercantil. El auto, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime los “sobrados indicios racionales y fundados” de la participación de José Francisco B. R. en presuntos “delitos de drogas de extrema gravedad”, además de la “procedencia ilícita” de la motocicleta.

“Los vehículos intervenidos han sido empleados de forma directa, como consta en las diligencias practicadas, para la realización de operaciones de narcotráfico, lo que implica que han sido verdaderos instrumentos de los delitos investigados”, asegura el tribunal.

Además, el auto también sostiene que la utilización provisional del vehículo por parte de la Policía “no es una pena anticipada, sino una medida cautelar de gestión patrimonial”, con el objetivo de conservar el valor de uso del bien intervenido y evitar costes al erario por los gastos de depósito (sin el objetivo de castigar al investigado, que goza de presunción de inocencia).

El Porsche a nombre de un testaferro

La Audiencia de Valencia también ha tumbado el recurso de Salvador S. A., presunto testaferro de Iván T. R. (considerado uno de los capos del narcotráfico en el Puerto), contra el auto del instructor que, el pasado 3 de febrero, denegó la devolución de un BMW y de un Porsche 911 GT3. “No podemos olvidar”, afirma el tribunal, que la póliza de seguros del BMW figuraba a nombre de Iván T. R. y que existen indicios de que el vehículo pudiera ser objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que “está justificado su comiso”. Así, la devolución anticipada de los vehículos “podría frustrar los fines del proceso penal”.

La situación del Porsche es aún más singular. El bólido ya fue incautado (y posteriormente devuelto a su propietario) en el marco de un sumario por narcotráfico del Juzgado de Instrucción número 1 de València. Lo cual “no es óbice” para que se intervenga de nuevo en las diligencias que actualmente instruye la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al haberse acreditado que, a pesar de que el vehículo figuraba a nombre de Salvador S. A., el titular real, usuario y pagador de la prima de seguro sería el presunto narco Iván T. R.

El hermano y la pareja de uno de los capos

La Audiencia de Valencia también ha desestimado sendos recursos de la defensa del presunto capo y de su hermano, Raúl T. R., y su pareja, María R. L. (ambos investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales) contra el decomiso y la autorización del uso policial de un Audi RS3 Sportback, de un BMW M2 Competition y de una Yamaha TMAX.

El auto ve indicios suficientes de que los vehículos eran, o bien instrumentos de la operativa de narcotráfico, o bien productos o ganancias de esa supuesta actividad ilícita, y concluye que la hipótesis no resulta “irrazonable, arbitraria o caprichosa”.

El fiscal de la causa describe al hermano del presunto narco como “elemento instrumental” del entramado societario diseñado para canalizar e integrar en el circuito económico legal los fondos de origen ilícito (especialmente con su participación en la empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL).

Sobre la pareja del presunto capo, el fiscal recuerda los indicios “sólidos y plurales” de su participación “activa” en la supuesta operativa de blanqueo como administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducción en el tráfico económico de fondos de origen ilícito, con mecanismos como la adquisición de deuda privada, la facturación ficticia y “otras prácticas típicas de integración delictiva”.

Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso del portuario Salvador Julio C. M., supuesto testaferro de Iván T. R. en relación con la embarcación que se intervino al presunto narco en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza). La Guardia Civil de las Islas Baleares ha reclamado la embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora, para usarla provisionalmente en aguas mediterráneas en operaciones contra el narcotráfico.

El auto considera suficientemente acreditado que el investigado “venía ejerciendo de forma efectiva y continuada el uso, posesión material y disponibilidad funcional de la embarcación intervenida”.

Primer aval a la investigació dels comptes bancaris de la presumpta trama de blanqueig de capitals dels narcos del Port de València. La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, en una interlocutòria a la qual ha tingut accés elDiario.es, ha desestimat el recurs d'apel·lació de la defensa d'un dels investigats (Francisco H. V.) contra la interlocutòria del jutge instructor del passat 2 de gener que autoritzava els agents especialitzats en blanqueig de capitals de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a recaptar, respecte del conjunt dels presumptes narcos, davant la Seguretat Social i l'Agència Tributària, la vida laboral, les prestacions, les declaracions de la renda i les transmissions patrimonials o, davant les entitats bancàries, informació sobre els seus actius, ja siga en comptes, targetes de crèdit, dipòsits, valors, préstecs, plans de pensions, accions o fins i tot caixes de seguretat.

La mateixa resolució autoritzava els agents a obtenir de les entitats financeres “qualsevol altra informació i documentació complementària sense necessitat d'una nova interlocutòria”, a fi de dur a terme un “seguiment de les operacions que es vagen coneixent i resulten d'interés per a la investigació”. Això suposaria una mena de “carta blanca” atorgada pel jutge instructor a la UDEF, a més d'una “investigació prospectiva”, segons la defensa de Francisco H. V.

Es tracta d'un dels investigats que figuren com a “facilitadors crítics” de la presumpta trama d'importació de cocaïna a gran escala desarticulada en el marc de l'operació Spider, especialment dedicat a “tasques d'intermediació” amb dos presumptes narcotraficants: el colombià Adrián V. C. i l'albanés Klodjan K. (pròfug de les autoritats belgues en un procediment per narcotràfic).

Les perquisicions de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional el vinculen amb la intervenció de 80 quilos de cocaïna a la terminal CSP del Port de València el 6 de juny de 2025, quantitat que formava part d'una partida molt més gran, extreta mitjançant la modalitat del ganxo cec.

Paradoxalment, Francisco H. V. no és un dels investigats assenyalats directament per la interlocutòria del jutge que autoritzava la investigació del presumpte blanqueig. Així ho destaca la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, que considera que “no té legitimació per a recórrer” i que esgrimeix la màxima processal “àmpliament establida” en la jurisprudència espanyola segons la qual “no hi ha recurs sense perjudici”.

“Major agilitat” en la investigació

El tribunal ni tan sols entra en el fons de l'assumpte, a diferència del fiscal, que en el seu informe relatiu al recurs explica que la resolució del jutge instructor, lluny de pretendre “ampliar el camp de la investigació a qualsevol informació i actuació”, se centrava en la informació derivada de la inicialment obtinguda amb autorització judicial, sense que això supose cap vulneració de la tutela judicial efectiva o del dret a la intimitat. El representant del Ministeri Públic considera la mesura justificada i proporcional per la “necessitat d'aportar més agilitat” a la investigació i evitar dilacions durant la instrucció del procediment.

D'altra banda, l'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs de la representació jurídica de Castellón Renting SL contra la interlocutòria que va autoritzar el decomís cautelar d'un camió Man TGX i un semiremolc marca Kassbohrer propietat de l'empresa, a més d'un Audi Q8 utilitzat “de manera directa i habitual” per l'investigat Julio E. G., gerent de la mercantil imputat per presumptament proporcionar camions a la presumpta organització criminal. El camió va estar vinculat, segons els investigadors, a la partida de 1.160 quilos de cocaïna intervinguda al Port el 18 de juliol de 2025.

L'advocat de l'empresa al·lega que Castellón Renting SL compta amb “més de 40 anys d'antiguitat” i una “consolidada trajectòria professional lícita i regular”, i que ni la mateixa firma ni el gerent “tenen res a veure” amb els fets investigats. Es tractaria, per contra, de “meres conjectures” policials que contrasten amb la “realitat fàctica i documentada” i que pretenen “criminalitzar” una activitat “normal” i “pròpia del negoci” com és l'arrendament de vehicles.

No obstant això, la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València recorda que existeixen indicis que l'empresa, amb “aparença d'una activitat lícita”, formalitzava contractes d'arrendament, precedits d'importants sumes de diners, per “emmascarar” la “vertadera utilització dels vehicles al servei de l'organització criminal”.

“Intervenció directa” del gerent de la firma de camions

La investigació de la UDYCO ha acreditat la “intervenció directa” del gerent de l'empresa en el lliurament de 40.000 euros en efectiu “sense cap justificant ni suport documental que acredite l'operació”. L'Audiència Provincial de València, per tant, considera “ajustada a dret” i a la legalitat la resolució que va autoritzar el decomís del camió (la venda anticipada del qual va ser autoritzada recentment pel jutge).

La Secció Quarta també ha desestimat un recurs similar de la representació jurídica de Biovalsuro SL, propietat de l'investigat José Francisco B. R., contra el decomís cautelar i l'autorització per a ús policial d'una motocicleta Benelli model TRK, mítica marca italiana, a nom de la mercantil. La interlocutòria, a la qual també ha tingut accés aquest diari, esgrimeix els “sobrats indicis racionals i fonamentats” de la participació de José Francisco B. R. en presumptes “delictes de drogues d'extrema gravetat”, a més de la “procedència il·lícita” de la motocicleta. “Els vehicles intervinguts han sigut emprats de manera directa, tal com consta en les diligències practicades, per a la realització d'operacions de narcotràfic, la qual cosa implica que han sigut vertaders instruments dels delictes investigats”, assegura el tribunal.

A més, la interlocutòria també sosté que la utilització provisional del vehicle per part de la Policia “no és una pena anticipada, sinó una mesura cautelar de gestió patrimonial”, amb l'objectiu de conservar el valor d'ús del bé intervingut i evitar despeses a l'erari derivades del depòsit, sense la finalitat de castigar l'investigat, que gaudeix de la presumpció d'innocència.

El Porsche a nom d'un testaferro

L'Audiència Provincial de València també ha desestimat el recurs de Salvador S. A., presumpte testaferro d'Iván T. R. —considerat un dels capitostos del narcotràfic al Port—, contra la interlocutòria de l'instructor que, el passat 3 de febrer, va denegar la devolució d'un BMW i d'un Porsche 911 GT3. “No podem oblidar”, afirma el tribunal, que la pòlissa d'assegurança del BMW figurava a nom d'Iván T. R. i que existeixen indicis que el vehicle podria ser objecte d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals, per la qual cosa “està justificat el seu decomís”. Així, la devolució anticipada dels vehicles “podria frustrar les finalitats del procés penal”.

La situació del Porsche és encara més singular. El vehicle esportiu ja va ser intervingut —i posteriorment retornat al seu propietari— en el marc d'un sumari per narcotràfic del Jutjat d'Instrucció número 1 de València. La qual cosa “no és obstacle” perquè torne a ser intervingut en les diligències que actualment instrueix la plaça número 15 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, després d'haver-se acreditat que, malgrat que el vehicle figurava a nom de Salvador S. A., el titular real, usuari i pagador de la prima de l'assegurança seria el presumpte narco Iván T. R.

El germà i la parella d'un dels caps

L'Audiència Provincial de València també ha desestimat sengles recursos de la defensa del presumpte capitost i del seu germà, Raúl T. R., i de la seua parella, María R. L. —tots dos investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals— contra el decomís i l'autorització de l'ús policial d'un Audi RS3 Sportback, d'un BMW M2 Competition i d'una Yamaha TMAX.

La interlocutòria aprecia indicis suficients que els vehicles eren, bé instruments de l'operativa de narcotràfic, bé productes o beneficis d'aquesta presumpta activitat il·lícita, i conclou que la hipòtesi no resulta “irracional, arbitrària o capritxosa”.

El fiscal de la causa descriu el germà del presumpte narco com un “element instrumental” de l'entramat societari dissenyat per canalitzar i integrar en el circuit econòmic legal els fons d'origen il·lícit, especialment mitjançant la seua participació en l'empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL.

Sobre la parella del presumpte capitost, el fiscal recorda els indicis “sòlids i plurals” de la seua participació “activa” en la presumpta operativa de blanqueig com a administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducció en el tràfic econòmic de fons d'origen il·lícit, amb mecanismes com l'adquisició de deute privat, la facturació fictícia i “altres pràctiques típiques d'integració delictiva”.

D'altra banda, la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs del portuari Salvador Julio C. M., presumpte testaferro d'Iván T. R., en relació amb l'embarcació que es va intervenir al presumpte narco al Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Eivissa). La Guàrdia Civil de les Illes Balears ha reclamat l'embarcació Axe (model Axopar 37), d'uns 11 metres d'eslora, per utilitzar-la provisionalment en aigües mediterrànies en operacions contra el narcotràfic.

La interlocutòria considera suficientment acreditat que l'investigat “venia exercint de manera efectiva i continuada l'ús, la possessió material i la disponibilitat funcional de l'embarcació intervinguda”.