La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento del empresario Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima los recursos de la defensa de Francis Puig y del empresario Joan Enric Adell Bover contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez instructor el pasado 28 de enero. En sintonía con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía de la Generalitat y del PP, que ejerce la acusación popular, la sección tercera descarta que la aparición de un nuevo presunto delito imputado a los investigados al final de la fase de instrucción les haya causado indefensión.

Las defensas, por su parte, consideraban que los hechos atribuidos a los empresarios audiovisuales no constituyen ilícito penal alguno y destacaban “lo sorpresivo” de la aparición de un nuevo presunto delito de estafa, que se sumaba al presunto delito inicial de fraude de subvenciones. Así, las defensas reprochaban un “cambio sustancial en el objeto procesal” que les causaba una “evidente indefensión” al no haber sido interrogados los investigados durante la fase de instrucción sobre el delito de estafa, habiéndoseles impedido proponer diligencias al respecto.

El auto de la Audiencia de Valencia sostiene, por su parte, que la calificación jurídica del instructor “no vincula en modo alguna a las acusaciones”. Además, concluye que las defensas pudieron proponer durante la fase de instrucción la proposición y práctica de diligencias en relación con los “hechos concretos imputados”.

La resolución también destaca la “cercanía jurídica” entre los delitos de estafa y de fraude de subvenciones, que “se enmarca, de forma necesaria, en la proximidad del soporte fáctico”.

Sin “nuevos hechos punibles”

“En el presente caso”, apostilla la sección tercera, “el Instructor ha recogido en el auto recurrido los hechos objeto de imputación y, sin prejuicio de la calificación jurídica realizada en dicho auto —que no es vinculante para las acusaciones— se haya modificado respecto de la que se venía sosteniendo inicialmente, en modo alguno ha podido causar indefensión a los recurrentes por cuanto, como puede verse en lo actuado, no se han introducido nuevos hechos punibles, ni se ha modificado el objeto del proceso”.

Anticorrupción cifra en 110.691,97 euros las subvenciones obtenidas y presuntamente defraudadas por las empresas administradas por Francis Puig de las administraciones valenciana y catalana. Sin embargo, la Generalitat de Catalunya no vio “ningún perjuicio” a sus intereses en las subvenciones otorgadas al hermano de Ximo Puig.

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador, dirigida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Le explican que la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es una diligencia de investigación que, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no es recurrible.

Por otro lado, los magistrados recuerdan al letrado que, dado que la finalidad de su recurso es que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, este paso se ha de efectuar antes ante el juzgado de instrucción. Esto es así porque la Audiencia Provincial tiene “funciones revisorias” y por tanto “no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”.

Cabe recordar que la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hubieran recibido respuesta, al menos hasta el mes pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

En esta causa se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación a un supuesto soborno que habría abonado a un directivo de Quirón. En una resolución de junio de 2025 se detallaba que la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros, y añadía que esa mercantil pudo ser el vehículo para el pago de una comisión encubierta dado que «según los informes de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio».

La Fiscalía indicó por su parte en un informe que esa operación parecía más bien “un soborno”, algo que negó en abril de 2025 González Amador cuando en sede judicial defendió la legalidad de sus negocios con Quirón Prevención y negó haber pagado esa supuesta comisión encubierta de 499.836 euros.

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

Dos familias reclaman la Primitiva Millonaria de A Coruña, un boleto premiado en el año 2012 con 4,7 millones de euros, en un juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de esta ciudad y que sienta en el banquillo de los procesados al lotero acusado de quedarse con el boleto y a su hermano, entonces delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por, presuntamente, colaborar.

Según recoge Europa Press, las acusaciones las ejercen la viuda y la hija del hombre que, según la investigación policial, sería el verdadero propietario del boleto —ya fallecido— y la representación de otra persona que en su momento solicitó también el citado premio al asegurar que era suyo.

Los letrados de las primeras solicitaron que se apartase a la acusación particular que representa a esta última parte al entender que carecía de legitimación, algo compartido por otras de las partes personadas, pero rechazado por el tribunal, que no aceptó ninguna de las cuestiones previas presentadas, y a lo que se dedicó esta primera sesión del juicio.

Fiscalía, acusaciones particulares y defensas, junto a la aseguradora y la Abogacía del Estado están personadas en esta vista, que se celebra 14 años después de los hechos. Los dos hermanos llegaron a la Audiencia Provincial de A Coruña acompañados de sus abogados y lo hicieron sin atender a las preguntas de los medios, únicamente respondiendo con un “buenos días” el lotero, Manuel Reija. Junto a él, en el banquillo de los procesados está su hermano Miguel Reija.

Peticiones planteadas

Sus abogados han planteado cuestiones como la ausencia de un titular legítimo para argumentar que, sin eso, no hay estafa o rechazando que se haya formulado acusación sobre blanqueo de capitales. Nulidad de algunas actuaciones o de todas, suspensión del procedimiento por vulneración del derecho a la defensa, falta de concreción de las acusaciones con dos “relatos excluyentes” —en función del relato de cada una de las familias personadas— fueron las principales cuestiones planteadas.

Sin embargo, el tribunal, tras analizar cada una de ellas, las ha rechazado. Así, ha descartado que falte concreción en el relato de las acusaciones o que no exista legitimación para estar personada por parte de la hija del hombre fallecido y que la Policía considera el auténtico dueño.

“No hay rotura de la cadena de custodia”, ha sostenido también la presidenta del tribunal que ha dado, además, por válidas cuestiones como los movimientos obtenidos en la terminal de la administración de lotería de San Agustín, en A Coruña, regentada por el lotero procesado.

Delitos

En concreto, el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

El lotero y su hermano, que en 2012 —año de los hechos— era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un “expediente de hallazgo” para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.

“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto”.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de prisión de seis años por un delito de agresión sexual a menor de edad a un trabajador especializado en reparaciones domésticas por someter a tocamientos y otros actos de carácter sexual a una menor, de 15 años en el momento de los hechos, en una casa en la que habían contratado sus servicios.

El condenado no podrá acercarse a menos de 500 euros ni comunicarse por ningún medio informático, telemático, escrito, verbal o visual durante 10 años. Además, deberá indemnizar a la menor con 10.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos. 

La sentencia, que no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), establece la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del condenado del territorio nacional, cuando éste alcance el tercer grado penitenciario o la libertad condicional. 

Los hechos sucedieron durante la mañana del 7 de mayo de 2022, cuando el encausado acudió a un domicilio de Alicante en el que le había contratado para colocar unos espejos y reparar unos cables. En el domicilio se encontraba la hija de la dueña, de 15 años, con la que el manitas habría iniciado una conversación.

Según el relato de hechos probados que recoge la resolución judicial, el hombre realizó tocamientos en el pecho y en las nalgas y trató de besar a la chica sin su consentimiento. 

La víctima le rechazó y se fue al sofá para ver la televisión. El condenado repitió los hechos y llegó a introducir la mano bajo el pantalón de la niña y tocarle sus partes íntimas durante varios minutos. 

La adolescente le volvió entonces a rechazar y se refugió en una habitación de la casa, pero él la siguió, se echó sobre la cama, continuó con los tocamientos en sus partes íntimas y otros actos de tipo sexual para acabar masturbándose en su presencia.

A continuación, el ahora condenado abandonó el domicilio y le dijo: “La próxima vez que tu madre me llame, traeré condones”.  La progenitora de la víctima denunció los hechos poco después, en cuanto escuchó el relato de su hija, que sufrió una erosión en los genitales.

Durante el juicio oral, celebrado el pasado 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Alicante, el entonces procesado negó los hechos e intentó atribuir la denuncia de la madre de la menor al desacuerdo con el precio del trabajo que le asignó, al disgusto de la menor al enterarse de que el hombre tenía pareja o al deseo de las denunciantes de obtener cierta documentación.

Sin embargo, la Sala descarta estos motivos por no considerarlos creíbles y entiende como acreditados los hechos relatados por la menor, cuya declaración define como “creíble” sin apreciar “en la forma de expresión del relato elementos que permitan sospechar de fabulación”.

El trabajador de una atracción de camas elásticas ubicada en Logroño ha sido condenado a un año de cárcel por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años. En concreto, según él mismo reconoció y recogen los hechos probados, el 26 de febrero de 2022 por la noche aprovechó las tareas que desempeñaba para ayudar a los niños a subir y bajar de la atracción, “movido por ánimo libidinoso”, para realizar tocamientos a dos niñas de 12 años. El condenado es un hombre de 50 años con antecedente penal cancelado.

La sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Logroño a fecha 9 de febrero, adelantada por el diario La Rioja y a la que ha tenido acceso Rioja2, recoge una pena de un año de prisión por cada uno de los dos delitos sumando un total de dos años y cinco años de libertas vigilada, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

También se interpone una prohibición de cuatro años de aproximarse a menos de 150 metros a las menores, así como cuatro de comunicarse con ellas por cualquier medio. Asimismo, el tribunal ha dictado una medida de inhabilitación especial de tres años para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular con personas menores de edad.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el autor de los hechos deberá indemnizar a cada una de las menores con la cantidad de 300 euros por los daños causados. El fallo también incluye la condena al pago de las costas procesales generadas durante el procedimiento abreviado.

El juicio contra el profesor de Irún acusado de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores ha continuado este miércoles en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ha quedado ya visto para sentencia. Durante la sesión han testificado dos profesoras como testigos del docente, las dos víctimas restantes y, finalmente, el acusado. La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado.

Una de las profesoras conoce al acusado desde 2004. Lo que empezó siendo un trato entre colegas acabó en una amistad. Años más tarde, volvieron a coincidir en el instituto de Irún donde se sitúan los presuntos hechos. La otra docente lo conoció en el centro en 2023, al inicio del curso académico. Ambas han defendido que eran las víctimas quienes se acercaban constantemente al profesor durante los recreos. Han calificado a una de las chicas como “conflictiva” y han señalado que su dinámica con el docente llegaba a ser “molesta”, al no dejarles conversar con él. La amiga del acusado ha recordado que una de las víctimas se había cambiado de asignatura optativa para asistir a la que impartía el profesor.

Según su testimonio, entre las víctimas existía una competencia por ser la favorita del docente. El acusado ha explicado que siempre se ha encontrado con chicas que quieren ser “la elegida” frente a las demás. Ha afirmado que frenar la interacción con chicas “más lanzaditas y que no se cortan mucho” ha sido su “ruina”. También ha asegurado haber vivido más de ocho años de acoso laboral derivado de estas situaciones en distintos institutos, aunque es la primera vez que llega a juicio.

Por otra parte, el docente ha admitido haberse creado una cuenta pública y falsa en Instagram. Ha explicado que compartió su usuario con una de las víctimas porque ella se lo había pedido. A partir de entonces, su cuenta aumentó de seguidores con “cuentas falsas” que le pedían contenido sexual. Tras estas declaraciones, y debido a filtraciones de nombres de las víctimas por parte del acusado y su abogado, el público tuvo que abandonar la sala y la declaración continuó a puerta cerrada.

El abogado del acusado, Daniel Loza, ha defendido que la relación entre su cliente y las víctimas era de amistad, una en la que el profesor “se ha equivocado”. Ha insistido en que “no tenía mala intención” y que no ha sido correcto “tener un carácter infantil”, pero que equivocarse no es delito. Loza ha recordado que el docente ha sido bien valorado por los alumnos, incluida una de las víctimas. Ha solicitado la absolución del acusado o, en su defecto, una reducción de la pena.

En defensa de las víctimas, el fiscal, Jorge Bermúdez, ha mostrado a ambas profesoras una captura de pantalla. En ella constaba un mensaje del acusado para una de las víctimas: “¿Me ayudas a buscar una 'sugar baby'?”. La amiga del docente ha reconocido que, de haber visto ese mensaje en su momento, lo hubiese llevado a dirección. Por otro lado, la otra profesora ha considerado que, aunque no es una interacción común entre profesor y alumno, “no es una falta de respeto” y que podría faltar contexto.

La Fiscalía ha seguido proponiendo 22 años de cárcel para el acusado. Su representante ha concluido que las conversaciones mantenidas entre el profesor y sus alumnas son “inapropiadas”. Además, ha recordado al magistrado que el informe forense recoge la página sugardaddy.eu dentro del historial de búsqueda del profesor en noviembre de 2023. También ha señalado que el acusado cambió a un teléfono móvil con un sistema operativo distinto al anterior, lo que imposibilitó acceder a la información del dispositivo previo. Ello lo ha considerado importante debido a que se trata de un profesor licenciado en Tecnologías.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha iniciado este martes el juicio contra un docente de Irún por la presunta comisión de delitos de solicitud de favores sexuales, exhibicionismo y amenazas a tres menores de entre 13 y 15 años, exalumnas suyas. El acusado se enfrenta ante una posible pena que ascienden los 22 años en prisión. En la primera sesión de la vista, se han presentado los testigos y una de las víctimas; este miércoles estarán las víctimas restantes y se cerrará el juicio con la declaración del acusado.

Según lo expuesto en esta primera vista, el acusado se creó una cuenta falsa en Instagram y se puso en contacto con alumnas específicas para hablar con ellas. Una de las profesoras testigo indicaba que, al principio, las víctimas desconocían quién estaba detrás de la cuenta, hasta que el acusado se lo confesó.

Un agente de la Ertzaintza ha testificado que las conversaciones mostraban contenidos de índole sexual. Ha destacado propuestas de parte del acusado para que fuese su 'sugar daddy', preguntas sobre la película '50 sombras de Grey', comentarios sobre el físico de las víctimas y amenazas ante la idea de contarle a otra persona sobre su dinámica. Otra docente que ha comparecido afirmaba que una de las chicas le había compartido su dirección y que temía de su presencia en ella. 

Los presuntos hechos fueron denunciados en diciembre de 2023, días antes de las vacaciones de Navidad. Dos profesoras del instituto de Irún fueron alertadas por alumnos cercanos a las víctimas y por dos de ellas. Acto siguiente, le comunicaron a la directora los hechos y, después de haber escuchado audios y leído las capturas, contactó con la Inspección de Educación. Esta última fue quien se comunicó con la Fiscalía.

Entendiendo que habían vacaciones, la Ertzaintza no actuó ante el acusado sino semanas después, el 8 de enero de 2024. El agente describía haber obtenido el móvil del acusado, mas no portaba ninguna conversación ya vista desde los móviles de las víctimas. Confirmó con expertos forenses que se trataba de un nuevo móvil y de otro sistema operativo.

El profesor no ha declarado aún en la vista, pero sí ha hablado a los medios de comunicación. En una declaración previa a la vista y fuera de la Audiencia, se ha escudado en que ha sufrido “quince años de acoso laboral”. Insistía en que él es quien ha recibido mensajes de sus alumnas de índole sexual y que necesitó “pedir ayuda” ante la situación. En los procesos penales, los acusados tienen derecho a mentir y a no incriminarse.

Sin embargo, una exalumna del acusado y no en Irún sino en Oiartzun, Claudia Pérez Artola, ha asegurado igualmente a los periodistas que él proyectaba porno en sus clases. Las chicas tenían entre 11 y 12 años cuando el profesor les preguntaba sobre su talla de sujetador y les comentaba cuestiones como “de mayor vas a ser un bollito”. Pérez Artola mostraba duda ante la declaración del acusado: “Por mucho que una niña de 11 años vaya detrás de ti hay una clara posición de poder y es él quien se tendría que apartar”.

El fiscal Jorge Bermúdez ha compartido, también fuera de la vista, que el ministerio público considera que “hay un límite entre lo que es un profesor cercano y que no es rígido, y un comportamiento que trata de llevar a las menores a un entorno claramente sexualizado”. Aunque el interés de la Fiscalía no sea “meter a una persona en la cárcel porque sí”, el portavoz ha defendido que el “ordenamiento jurídico está para ser respetado, para proteger a los menores, para proteger a las víctimas”.

El docente era responsable de 'Diversificación curricular' en el segundo ciclo de la ESO (alumnado de 15 y 16 años) en el instituto de Irún. Estas clases son para que alumnos con dificultades de aprendizaje alcancen la titulación bajo métodos adaptados y de mayor acompañamiento. El inspector de educación, Koldo Bañares, ha catalogado a estos menores como “vulnerables”, ante una pregunta de Bermúdez.

Previo a este empleo, el acusado fue sancionado por “conducta inadecuada” en un centro de Errenteria, en el curso académico 2017/2018. Bañares señalaba que aquello le abrió un “expediente disciplinario”. Por otra parte, el agente de la Ertzaintza informaba sobre conocer previamente al docente por un suicidio de una chica en Donostia, en 2018. Al parecer, el acusado le había compartido un vídeo en el que él realizaba actos de autoestimulación.

La secció sisena de l’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna per intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal a un periodista del digital esdiario que, sent càrrec del PP valencià, va publicar una faula contra un docent sobre la vacunació de la Covid-19. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, desestima el recurs del periodista Enrique Martínez Olmos i de l’empresa editora, El Semanal Digital SL, contra la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància número de Llíria, que va imposar una indemnització conjunta i solidària de 4.000 euros al professor de la Pobla de Vallbona i la publicació íntegra de la sentència, a més de les costes. 

El redactor de la informació sense contrastar, publicada el 2021, en plena crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus, era així mateix responsable de l’àrea de comunicació del Comité Executiu Autonòmic del PP valencià. També va ser membre de la Junta Nacional del PP i de la direcció de Noves Generacions, a més de regidor de l’equip de govern a Gaibiel (l’Alt Palància) entre el 2011 i el 2015 i candidat en llista electoral dels populars a Zarra (la Vall de Cofrents). 

El recurs sostenia que el periodista “es va limitar a transcriure” el contingut d’una nota de premsa del PP de la Pobla de Vallbona, “sense reelaboració de la notícia per part del mitjà, ni pel redactor d’aquesta, utilitzant la deguda citació de la font de procedència”, per la qual cosa s’escudava en la doctrina jurisprudencial del reportatge neutral (quan una informació dona compte de declaracions o d’afirmacions d’un tercer amb una versió determinada dels fets i sense conculcar el dret a l’honor, sempre que no conste una “manipulació injusta”, segons la doctrina del Tribunal Suprem). 

La sentència de l’Audiència de València, per contra, recorda que “es reputarà no veraç la informació que es recolze en conclusions derivades de meres especulacions, en rumors sense fonament, mancats de suport en dades objectives extretes de fonts igualment objectives i fiables que estigueren a l’abast de l’informador”. A més, també aprecia “diferències en el tractament de la notícia” en relació amb la nota de premsa del PP de la localitat. 

El mitjà va publicar la informació amb el titular “Pillat un dirigent de Compromís a la Pobla saltant-se el torn de vacunació”. No obstant això, ni l’al·ludit era dirigent de Compromís (simplement era parella d’una regidora de la formació i havia figurat en llistes municipals com a suplent) ni menys encara es va acreditar que s’haguera saltat el torn de vacunació. El periodista no va contrastar la informació amb el professor, que va estar dos mesos de baixa a conseqüència de la publicació de la fake news. 

El docent va ser convocat en l’ambulatori per a vacunar-se juntament amb la directora del centre, que tenia la condició de cuidadora d’un familiar dependent. “Preguntant a quin torn responia, no se’ls va facilitar informació, van deduir que responia al torn de docents la vacunació dels quals estava prevista per als dies següents”, afirmava la sentència recorreguda. La nota de premsa del PP manifestava que era un “membre actiu de Compromís” i l’acusava d’“aprofitar-se de la seua posició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora”. 

No obstant això, la sentència qüestiona la tesi invocada pel recurs d’apel·lació: “La comparació dels textos no permet qualificar la notícia publicada en esdiario de neutral, no sols perquè utilitza expressions com ‘pillat’ i ‘saltant-se’ que acreixen un judici crític i antisocial d’aquesta conducta, sinó també perquè la comunicació del PP, de la qual es diu que constitueix font fiable, no utilitza aquests termes i en el contingut no associa la conducta d’‘aprofitar-se de la seua condició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora’ a ‘pillat un dirigent de Compromís saltant-se el torn de vacunació’”. 

Una “conducta antisocial” en un “tema molt sensible”

“No es pot parlar de reportatge neutral quan el contingut de la notícia suposa des de la capçalera que la persona a qui afecta la notícia ha dut a terme una conducta antisocial com era saltar-se el torn de vacunació en un moment en què era un tema molt sensible”, afirma la secció sisena de l’Audiència de València.

El mitjà no es va limitar a donar compte de les declaracions d’un tercer, “sinó que les modifica per a presentar-les davant l’opinió pública com més antisocial i reprovable”, postil·la la sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer en cassació. 

L’Audiència de València comparteix la valoració del Jutjat de Primera Instància número 6 de Llíria, que va establir que el redactor “no va verificar la veracitat de la notícia”. També va concloure, després de la prova practicada, que no s’acreditava que el professor poguera haver-se prevalgut de la seua condició de parella d’una edil de Compromís per a colar-se en el torn de vacunació. 

El recurs considerava “excessiva” la indemnització per danys i perjudicis, fixada en 4.000 euros. No obstant això, la sentència de la secció sisena recorda que el docent va estar de baixa dos mesos, afectat anímicament per la publicació i la difusió en xarxes socials de la faula i per la repercussió de la polèmica en la localitat de la comarca del Camp de Túria. A més, comparteix la “moderació” de la rebaixa dels 7.000 euros sol·licitats pel docent als 4.000 euros finalment imposats.

El redactor condemnat no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la condena por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal a un periodista del digital 'esdiario' que, siendo cargo del PP valenciano, publicó un bulo contra un docente sobre la vacunación de la Covid-19. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima el recurso del periodista Enrique Martínez Olmos y de la empresa editora, El Semanal Digital SL, contra el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número de Llíria, que impuso una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros al profesor de la Pobla de Vallbona y la publicación íntegra de la sentencia, además de las costas.

El redactor de la información sin contrastar, publicada en 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, era asimismo responsable del área de comunicación del Comité Ejecutivo Autonómico del PP valenciano. También fue miembro de la Junta Nacional del PP y de la dirección de Nuevas Generaciones, además de concejal del equipo de gobierno en Gaibiel (Castelló) entre 2011 y 2015 y candidato en lista electoral de los populares en Zarra (València). 

El recurso sostenía que el periodista “se limitó a transcribir” el contenido de una nota de prensa del PP de la Pobla de Vallbona, “sin reelaboración de la noticia por parte del medio, ni por el redactor de la misma, utilizando la debida cita de la fuente de procedencia”, por lo que se escudaba en la doctrina jurisprudencial del reportaje neutral (cuando una información da cuenta de declaraciones o afirmaciones de un tercero con una determinada versión de los hechos y sin conculcar el derecho al honor, siempre que no conste una “manipulación torticera”, según la doctrina del Tribunal Supremo).

La sentencia de la Audiencia de Valencia, por el contrario, recuerda que “se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador”. Además, también aprecia “diferencias en el tratamiento de la noticia” en relación con la nota de prensa del PP de la localidad.

El medio publicó la información bajo el titular “Pillado un dirigente de Compromís en la Pobla saltándose el turno de vacunación”. Sin embargo, ni el aludido era dirigente de Compromís (simplemente era pareja de una concejala de la formación y había figurado en listas municipales como suplente) ni mucho menos se acreditó que se hubiera saltado el turno de vacunación, máxima que desmonta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El periodista no contrastó la información con el profesor, que estuvo dos meses de baja a consecuencia de la publicación de la 'fake news'.

El docente fue convocado en el ambulatorio para vacunarse junto con la directora del centro, que ostentaba la condición de cuidadora de un familiar dependiente. “Preguntando a qué turno respondía no se les facilitó información, dedujeron que respondía al turno de docentes cuya vacunación estaba prevista para los días siguientes”, afirmaba la sentencia recurrida. La nota de prensa del PP manifestaba que era un “miembro activo de Compromís” y lo acusaba de “aprovecharse de su posición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo”.

Sin embargo, la sentencia cuestiona la tesis invocada por el recurso de apelación: “La comparación de los textos no permite calificar la noticia publicada en 'esdiario' como neutral, no solo porque utiliza expresiones como 'pillado' y 'saltarse' que acrecientan un juicio crítico y antisocial de esa conducta sino también porque la comunicación del PP, de la que se dice que constituye fuente fiable, no utiliza esos términos y en su contenido no asocia la conducta de 'aprovecharse de su condición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo' a 'pillado un dirigente de Compromís saltándose el turno de vacunación'”.

Una “conducta antisocial” en un “tema muy sensible”

“No cabe hablar de reportaje neutral cuando el contenido de la noticia supone desde la cabecera que la persona a la que afecta la noticia ha realizado una conducta antisocial como era saltarse el turno de vacunación en un momento en que era un tema muy sensible”, afirma la sección sexta de la Audiencia de Valencia.

El medio no se limitó a dar cuenta de las declaraciones de un tercero “sino que las modifica para presentarlas ante la opinión pública como más antisocial y reprobable”, apostilla la sentencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación.

La Audiencia de Valencia comparte la valoración del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria, que estableció que el redactor “no verificó la veracidad de la noticia”. También concluyó, tras la prueba practicada, que no se acreditaba que el profesor pudiera haberse prevalecido de su condición de pareja de una edil de Compromís para colarse en el turno de vacunación.

El recurso consideraba “excesiva” la indemnización por daños y perjuicios, fijada en 4.000 euros. Sin embargo, la sentencia de la sección sexta recuerda que el docente estuvo de baja dos meses, afectado anímicamente por la publicación y difusión en redes sociales del bulo y por la repercusión de la polémica en la localidad de la comarca del Camp de Turia. Además, comparte la “moderación” de la rebaja de los 7.000 euros solicitados por el docente a los 4.000 euros finalmente impuestos.

El redactor condenado no ha contestado las preguntas de este diario.

La postura de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) choca de lleno con la visión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos en el marco de la causa de la dana. Si bien la sección segunda, presidida por el magistrado progresista José Manuel Ortega, emplazó a la jueza instructora a investigar, a pesar de su condición de aforado, si el expresident Carlos Mazón tuvo algún papel en el envío del Es-Alert y en la toma de decisiones en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, la Sala de lo Penal del alto tribunal autonómico, de mayoría conservadora, ha cuestionado esa posibilidad, además de su posición de garante ante la catástrofe. El papel de Mazón en el Es-Alert se mueve en el “terreno de la mera conjetura” y carece de la suficiente acreditación indiciaria, con vacíos importantes propiciados por la eliminación de los mensajes de WhatsApp por parte de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

“La posición de garante que se atribuye al aforado, desde la perspectiva jurídico técnica que nos corresponde analizar, no concurre”, afirma con contundencia el auto que rechazó el pasado 16 de marzo que la exposición razonada de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, incluyera indicios reforzados de suficiente solidez que justificaran la imputación de Mazón por el presunto delito de homicidio imprudente.

La resolución de la Sala de lo Penal cuestiona el escenario que vislumbró la sección segunda de la Audiencia de Valencia el pasado 20 de octubre, en un auto trascendental para la instrucción que avaló la declaración testifical de Maribel Vilaplana, comensal del ágape en El Ventorro, y abrió la puerta de par en par a investigar el eventual papel de Mazón pese a su condición de aforado.

“Analizar o investigar lo hecho —por acción u omisión impropia— por el President de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, en el espacio del procedimiento penal, exigiría que existieran indicios de que tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones —o en la omisión de las mismas— en el seno del Cecopi por quien detentaba el Mando Único y, en particular, en aquéllas cuya adopción u omisión pudieran vincularse causalmente, en los términos exigidos por la imprudencia penal, con la causación de las muertes y las lesiones investigadas”, indicaba aquella resolución.

Sin embargo, el TSJ-CV enmienda la mayor. El auto considera que “en ningún momento” Mazón ostentó la posición de garante. La posición de jefe del Consell, estructura política de carácter jerárquico, “en modo alguno” puede sostener la responsabilidad penal del aforado, que ostenta esa condición por su puesto de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca.

En definitiva, el TSJ-CV descarta que el president de la Generalitat infringiera “deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal” mientras alargaba una insólita sobremesa con Vilaplana en un reservado de El Ventorro, hecho enmarcado por el tribunal en un orden moral ajeno al terreno estrictamente penal.

Además de reforzar el carácter único del mando único ante la emergencia, que ejercía la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, la Sala de lo Penal del TSJ-CV recuerda que la normativa no atribuye “deber específico”en la materia al president, que tampoco activó la situación de emergencia catastrófica (“es entonces y solo entonces cuando se produce el desplazamiento competencial del que surgiría ese deber jurídico específico de actuar sustentado en una obligación legal”). Si bien Mazón asumió una suerte de mando institucional a su tardía llegada al Cecopi, según han declarado varios testigos, sobre el papel Pradas legalmente siempre lo ejerció.

El “esfuerzo y laboriosidad” de la jueza

El TSJ-CV deja otros recados relevantes de cara a la última etapa de la instrucción de la causa (aunque también alude al hecho de que no le corresponde “prejuzgar” la conducta de los dos investigados). De la comparecencia de Carlos Mazón de las 11.45, “no consta (...) indicio alguno” de que “se apartara de los datos meteorológicos que existían en ese momento”. La realidad, por el contrario, es que el president aportó información completamente desactualizada, tal como ha acreditado la instrucción de la causa. En la exposición razonada, el alto tribunal echa de menos una “relación de causalidad concreta y precisa entre cada fallecimiento y la rueda de prensa”.

A pesar de reconocer el “esfuerzo y laboriosidad” de la jueza, el auto trata de desbaratar algunas de las principales tesis de la instructora, en relación con Salomé Pradas y más allá de Carlos Mazón. El TSJ-CV desliza que la exposición razonada adolece de la “nitidez requerida” sobre la existencia de una relación de causalidad concreta y precisa entre la actuación de la Generalitat ante la dana el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, y el envío tardío del Es-Alert.

“Como no se cansa la jurisprudencia de repetir, la necesaria relación de causalidad no puede plantearse en términos genéricos o difusos, sino que exige que se proporcionen datos precisos para concluir en qué medida las decisiones adoptadas fueron determinantes de fallecimientos individualmente identificados”, apostilla. A la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, el TSJ-CV le anima a “proseguir para resolver con libertad de criterio”.

Los once acusados por una agresión homófoba el pasado 2021 en Basauri que desde este lunes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Bizkaia han negado este miércoles, en la última sesión del juicio, que golpearan a la víctima, que en el momento de los hechos tenía 23 años y tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión, y que el motivo de dicha agresión fuera su orientación sexual. Durante su declaración, todos ellos -salvo uno que se ha acogido a su derecho a no declarar- han respondido solo a preguntas de su abogado y dos han confesado que se “enzarzaron” en una pelea, pero en cualquier caso provocada por la víctima, que se encontraba “muy nervioso”. También han negado los insultos que tanto la víctima como los testigos afirman que escucharon, tales como “eso te pasa por maricón de mierda”, “sarasa”, o “puto maricón”, entre otros. A preguntas de su abogado todos ellos han negado ser homófobos, argumentando incluso, tener “amigos homosexuales”.

“Los acusados no son homófobos, pueden ser algo toscos, alguno cafre, pero no homófobos. No consta denuncia previa por delito de odio ni comentarios en sus redes sociales en este sentido. No existe un origen del conflicto relacionado con su orientación sexual, sino una discusión en el contexto de un botellón. Ninguno de los testigos ha podido confirmar que se dijera otro insulto más allá de maricón de mierda. Llamar a alguien maricón carece de significado relacionado con delito de odio. Aunque los términos puedan parecer, en este caso no es delito de odio porque se producen por una reacción emocional incontrolada. Aunque haya insultos por parte de alguno de los acusados, al ser de forma puntual están descalificados como delito de odio. Lo único que se podría penar es la existencia de un delito de lesiones leves, debido a que las lesiones físicas argumentadas son leves. En el caso de las lesiones psicológicas como consecuencia de los hechos, consideramos que los ingresos en psiquiatría tienen un origen diferente y posterior a estos hechos”, ha argumentado la defensa de los acusados en su escrito final en la que ha solicitado la absolución de sus defendidos y, en el caso de que se considere que existen lesiones la pena sea correspondiente a un “delito leve de lesiones”.

Por su parte, el ministerio fiscal ha considerado “inverosímiles” los testimonios de los acusados que han asegurado que la víctima provocó la pelea e incluso que fue él quien atacó al resto. “No podemos entender cómo son ellos las víctimas de una agresión que no vio nadie y nadie dio parte de lesiones tras ella para ninguno de ellos, cuando la víctima cuenta con un parte con lesiones en la espalda y la cabeza”, ha detallado la fiscal, que ha sostenido que la víctima ha asegurado no conocer de antes a ninguno de los acusados y por tanto no parece tener motivos para mentir en sus declaración.

En el caso de las lesiones físicas, la fiscal ha considerado que “no es posible individualizar la agresión ni determinar cuántas patadas o puñetazos dio cada uno de ellos”, por lo tanto “todos ellos deben responderpor las lesiones” en las que puede que “no querían causar tanto daño, pero basta con el dolo de lesionar y se asumen los resultados aunque no sean pretendidos o buscados por el autor de los hechos”. En el caso de la agravante de homofobia ha indicado que esta es “obvia y evidente”.

Por último, la acusación particular ha considerado que “no se sostienen” los testimonios de los acusados. “No puede ser que haya un informe forense tan elocuente y ninguna de estas personas haya pegado. Tenemos el grupo agresor y debemos indicar cuál es la participación, pero tenemos el principio de la coautoría. No se logrará concretar que alguno de los participantes ejecutara la acción, pero tampoco resulta relevante decir de quién es la autoría siempre y cuando formen parte del grupo agresor”, ha argumentado alegando el caso del asesinato de Samuel Luiz, en el que también se trató de una agresión homófoba en grupo y abandono. “Ekain sufre una primera agresión, cae al suelo y después lo patean. Es imposible que haya tenido un resquicio mínimo de defensa. Son claras las secuelas que le ha generado ese hecho. En el siglo XXI que a una persona por su orientación sexual la pateen es algo que no puede ocurrir”, ha concluido el abogado de la víctima.

De esta manera, las partes han elevado a definitivas las calificaciones provisionales. La Fiscalía se ha ratificado en sus peticiones de tres años de cárcel por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años de diez de los acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, mientras que rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. La acusación particular pide las mismas penas por un delito de lesiones con la agravante de alevosía y otro de odio con concurso de un delito contra la integridad moral. Además, ha elevado de 10.500 a 12.500 euros en concepto de indemnización por daños morales y físicos. Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de los once, si bien subsidiariamente han planteado los hechos como un delito de lesiones leves. En cuanto a responsabilidad civil, proponen el pago de 530 euros por las lesiones tanto de carácter físico como psíquico.

El pasado lunes, cuando tuvo lugar la primera sesión del juicio, la víctima narró lo que recuerda de lo que sucedió. “Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Según reconoció ante el tribunal, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión e incluso varios intentos de suicidio. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, lamentó que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, declaró que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental. Por su parte, su expareja confirmó que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, explicó. Según detalló, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, concluyó.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado un recurso de la asociación ultraconservadora HazteOir y ha descartado que declare en el seno de la causa de la dana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El tribunal, por unanimidad y coincidiendo con la postura del Ministerio Fiscal, concluye que las razones alegadas por la entidad, que ejerce una de las acusaciones populares en el procedimiento de la dana que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, “no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos”.

La resolución tampoco ve “la utilidad” que podría tener la testifical de Sánchez para el esclarecimiento de los hechos del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

“Meras conjeturas”

“Ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de las conversaciones que pudo mantener el presidente del gobierno con el entonces president de la Generalitat [Carlos Mazón] horas después de haberse producido los hechos”, afirma el auto de la Audiencia de Valencia.

HazteOir recurrió en apelación un auto de la instructora del pasado 15 de diciembre, en el que la magistrada tildaba de “mera elucubración” la intención de la acusación popular de que declarara Pedro Sánchez.

La Audiencia de Valencia reitera, como ya hizo en resoluciones anteriores, que “el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicional” y condiciona los “esfuerzos instructores” a los “criterios de racionalidad, de eficacia y de garantía”.

La sustituta del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto de juicio oral contra Mónica Oltra en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. La resolución supone el último paso para sentar a la dirigente de Compromís en el banquillo de los acusados.

La jueza Ana María Lillo, en una resolución del pasado 3 de marzo, lo hace obligada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, a pesar de que el titular del juzgado, el magistrado Vicente Ríos, concluyó la fase de instrucción sin ver indicios de criminalidad contra Oltra, postura compartida por el fiscal Jaime Cussac.

De hecho, la jueza destaca en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que “por el Ministerio Fiscal no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito”.

La resolución, que revoca el auto del pasado 27 de junio, da un plazo de 10 días para que las representaciones jurídicas de los 13 investigados presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas.

Responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat

También solicita que aporten conjunta y solidariamente, una fianza por importe de 120.000 euros. La jueza declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.

El auto enumera los presuntos delitos imputados indiciariamente a Oltra: malversación, delito contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El dueño de una tienda de CBD se ha librado, de momento, de la condena a nueve meses de prisión y la multa, por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, que le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Elche por enviar casi un kilo de cánnabis con destino a Luxemburgo en un paquete detectado el verano de 2021 en el almacén de un depósito temporal de la empresa DHL de la zona de descarga del recinto aduanero del aeropuerto de Alicante.

La sentencia inicial (que rebajó la pena al empresario, sin antecedentes penales, al reconocer las dilaciones indebidas en la causa) se basó en la única pericial practicada sobre el producto, un informe analítico elaborado por la jefa de sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, dependiente de la Delegación del Gobierno, que concluyó que los 949 gramos de cánnabis tenían una pureza del 0,8% y un coeficiente de variación aplicado sobre el porcentaje de riqueza media del 5%, lo cual el juez consideraba “prueba suficiente para acreditar la naturaleza toxicológico-farmacéutica de la sustancia intervenida”. El magistrado descartó que se tratara, tal como alegaba el empresario, de una “mera devolución” sin que existiera “intencionalidad de tráfico”, al carecer de constancia documental. También destacó el peso de los cogollos —no era “precisamente una cuantía menor o ínfima”—, el “carácter profesionalizado y conocedor de las sustancias” por parte del acusado y el envío del paquete al extranjero “a través del tráfico mercantil internacional”.

Sin embargo, tras el recurso de la defensa, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha revocado la condena, declarando la nulidad de la causa y del juicio, al considerar que el acusado ha sufrido una “evidente indefensión”, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El fallo alude al “desequilibrio que se ha producido entre la parte acusadora y la defensa a la hora de utilizar las pruebas que han estimado conveniente para el acto del juicio oral”. Tampoco acepta los hechos probados de la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial de Alicante reconoce que la defensa, que ejerce el abogado Joan Bertomeu, del despacho Brotsanbert, solicitó un contraanálisis para determinar los niveles de THC, CBD y CBN a fin de aplicar a la muestra el método del índice de psicoactividad reconocido en el procedimiento de Naciones Unidas para diferenciar el cánnabis tipo droga del tipo fibra. El CBD, al tener un índice de psicoactividad bajo, queda en una suerte de limbo en España, con tiendas abiertas en todas las ciudades lastradas por cierta inseguridad jurídica de los propietarios ante la postura de la Fiscalía Antidroga de equiparar los cogollos por igual, sean del tipo que sean.

Nulidad del procedimiento

En el caso del empresario de Elche, la primera vista del juicio se suspendió, de común acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, para que se ampliara el único informe analítico y se determinara el índice de psicoactividad. El juez ofició a la subdelegación del Gobierno en Alicante para que elaborara la prueba. Sin embargo, la Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas contestó que su laboratorio no dispone de una “método analítico adecuado” ni de patrones con los que “poder cuantificar la riqueza de dichos compuestos”.

En la fase de cuestiones previas del juicio oral, la defensa planteó que se había incumplido el requerimiento y solicitó que se remitiera el mismo oficio al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. El fiscal contestó que el oficio ya se había practicado, sin perjuicio de que la defensa pudiera haber conseguido otra pericial con antelación suficiente al juicio oral, celebrado el pasado mes de julio. Sin embargo, el juez inadmitió la cuestión previa planteada por el letrado del acusado.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia del pasado 5 de febrero, considera que la denegación de la prueba, que había sido acordada en un auto dictado meses antes del juicio, “causa evidente indefensión a la parte que lo solicitó”, por lo que declara la nulidad del procedimiento, lo retrotrae al momento anterior a la celebración de la vista y ordena que se practique el análisis, ya sea reiterando el requerimiento en los términos solicitados por la defensa o “dando el tiempo suficiente a la parte solicitante para que lo pueda practicar a su costa”.

Estrategia de “falta de colaboración de los laboratorios”

El letrado Joan Bertomeu enmarca la problemática planteada por la sentencia en la “práctica generalizada de los laboratorios oficiales” que realizan las periciales judiciales de “no cuantificar los cannabinoides, por considerar irrelevantes los niveles de THC y CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de calificar a “todo cánnabis” como estupefaciente, “incluso aquel que, por su composición, no puede producir efectos en la salud”, sin diferenciarse, por tanto, “la marihuana como droga del cáñamo que no es psicoactivo”.

“Esta sentencia es un límite a esta estrategia de falta de colaboración de los laboratorios y a los jueces que la validan, porque genera una absoluta indefensión”, concluye el abogado.

No ha quedat acreditat que, amb ànim de menyscabar la seua integritat psicològica, un home enviara a la seua exdona missatges telefònics o correus electrònics amb expressions com ara: “Ets una malalta”; “estàs boja”; “pocavergonya”; “persona destructora de vides”, o “canvia aquesta actitud d’esclavista que tens amb el meu fill i amb mi”. La secció primera de l’Audiència Provincial de València, en una sentència a què ha tingut accés elDiario.es, ha revocat la condemna inicial de l’autor d’aquests missatges pel fet de considerar que no s’ha acreditat la data en què es van enviar i que el delicte de vexacions injustes estaria, en tot cas, prescrit. 

Després del divorci del matrimoni, va haver-hi diverses denúncies (ell la va denunciar per pretesos maltractaments al fill menor, assetjament i lesions en un muscle i ella, per les vexacions i per un pretés maltractament psicològic habitual). 

La Plaça número 17 de la Secció Penal del Tribunal d’Instància de València va concloure que els missatges sí que tenien l’ànim de menyscabar la integritat psicològica de la dona per les “expressions degradants” en les telefonades i els correus electrònics rebuts del seu exmarit, a qui va condemnar per un delicte lleu continuat de vexacions injustes a una pena de 30 dies de localització permanent i a la prohibició d’aproximar-se a una distància no inferior a 500 metres de la víctima, a més del pagament d’una indemnització de 1.920 euros a la seua excònjuge. La sentència el va absoldre del delicte de maltractament psicològic habitual. 

La sentència va concloure que els missatges van causar a la dona una “simptomatologia ansiosa”, que es va veure “agreujada pels conflictes judicials esmentats iniciats pel seu exmarit i per les diferències entre ells pel que fa a la cura i l’educació del fill comú, i ella havia necessitat tractament psicològic i els fets descrits eren compatibles amb l’existència d’una relació asimètrica i violenta basada en el gènere amb inici després de la ruptura de la relació, incloent-hi comportaments compatibles amb la violència psicològica”.

No obstant això, la defensa del condemnat, que exerceix la lletrada María José Font, va recórrer en apel·lació contra la sentència i la secció primera de l’Audiència de València ha revocat la sentència inicial, absolent l’home del delicte de vexacions injustes i “deixant sense efecte les mesures cautelars acordades, si n’hi haguera”. 

La defensa va al·legar la prescripció del delicte, per considerar que les expressions declarades provades en la sentència recorreguda o “no estan concretades quant a la data” o, com en l’últim missatge que consta en el procediment, van ser manifestades a la dona el 19 de juliol de 2023. El Codi penal estableix un termini de prescripció d’un any per als delictes lleus. 

“La major part de les expressions consten en captures de pantalla sense data coneguda i, a més de no ser reconegudes pel denunciat, cap de les captures han sigut avalades ni corroborades de cap manera ni acarades de cap manera per la lletrada de l’Administració de Justícia [LAJ]”, afirma la sentència.

Una “captura de pantalla sense metadades ni pericial”

“Si els missatges i els correus electrònics no tenen acreditada data fefaent, no es pot tindre certesa que els fets denunciats corresponguen realment a aquella data i no a una altra. La captura de pantalla sense metadades ni pericial no permet fixar la data amb seguretat jurídica”, rebla l’Audiència de València.

La sentència qüestiona que la declaració de la denunciant quedara corroborada per les captures de pantalla, per no estar acarades per la LAJ ni acreditada la seua data. Per tant, es tracta d’una corroboració “aparent” i “no real” i, com que no és sòlida, “s’afebleix el valor incriminatori de la declaració”, postil·la.

Tot això (unit al fet que, segons la doctrina constitucional, la simple denúncia no interromp el termini de prescripció), porta la secció primera de l’Audiència de València a declarar “inevitablement” la prescripció de la infracció penal per no quedar acreditat que les expressions es van proferir abans de transcórrer un any que s’interposara la denúncia.

L’amo d’una botiga de CBD s’ha lliurat, de moment, de la condemna a nou mesos de presó i la multa, per un delicte de tràfic de drogues que no causen greu mal a la salut, que li va imposar el Jutjat Penal número 2 d’Elx per enviar quasi un quilo de cànnabis amb destinació a Luxemburg en un paquet detectat l’estiu del 2021 en el magatzem d’un depòsit temporal de l’empresa DHL de la zona de descàrrega del recinte duaner de l’aeroport d’Alacant.

La sentència inicial (que va rebaixar la pena a l’empresari, sense antecedents penals, pel fet de reconéixer les dilacions indegudes en la causa) es va basar en l’única pericial practicada sobre el producte, un informe analític elaborat per la cap de la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues, dependent de la Delegació del Govern, que va concloure que els 949 grams de cànnabis tenien una puresa del 0,8% i un coeficient de variació aplicat sobre el percentatge de riquesa mitjana del 5%, cosa que el jutge considerava “prou prova per a acreditar la naturalesa toxicologicofarmacèutica de la substància intervinguda”. El magistrat va descartar que es tractara, tal com al·legava l’empresari, d’una “mera devolució” sense que hi haguera “intencionalitat de tràfic”, per mancar de constància documental. També va destacar el pes dels cabdells —no era “precisament una quantitat menor o ínfima”—, el “caràcter professionalitzat i coneixedor de les substàncies” per part de l’acusat i l’enviament del paquet a l’estranger “a través del trànsit mercantil internacional”.

No obstant això, després del recurs de la defensa, la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, amb seu a Elx, ha revocat la condemna, i ha declarat la nul·litat de la causa i del judici, per considerar que l’acusat ha patit una “indefensió evident”, segons indica la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es.

La sentència al·ludeix al “desequilibri que s’ha produït entre la part acusadora i la defensa a l’hora d’utilitzar les proves que han estimat convenients per a l’acte del judici oral”. Tampoc accepta els fets provats de la sentència recorreguda.

L’Audiència Provincial d’Alacant reconeix que la defensa, que exerceix l’advocat Joan Bertomeu, del despatx Brotsanbert, va sol·licitar una contraanàlisi per a determinar els nivells de THC, CBD i CBN a fi d’aplicar a la mostra el mètode de l’índex de psicoactivitat reconegut en el procediment de Nacions Unides per a diferenciar el cànnabis tipus droga del tipus fibra. El CBD, com que té un índex de psicoactivitat baix, queda en una mena de llimbs a Espanya, amb botigues obertes en totes les ciutats llastrades per una certa inseguretat jurídica dels propietaris davant la postura de la Fiscalia Antidroga d’equiparar els cabdells per igual, siguen del tipus que siguen.

Nul·litat del procediment

En el cas de l’empresari d’Elx, la primera vista del judici es va suspendre, de comú acord entre el ministeri fiscal i la defensa, perquè s’ampliara l’únic informe analític i es determinara l’índex de psicoactivitat. El jutge va oficiar la Subdelegació del Govern a Alacant perquè elaborara la prova. No obstant això, la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues va contestar que el seu laboratori no disposa d’un “mètode analític adequat” ni de patrons amb què “poder quantificar la riquesa d’aquests compostos”.

En la fase de qüestions prèvies del judici oral, la defensa va plantejar que s’havia incomplit el requeriment i va sol·licitar que es remetera el mateix ofici a l’Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona. El fiscal va contestar que l’ofici ja s’havia practicat, sense perjudici que la defensa poguera haver aconseguit una altra pericial amb prou antelació al judici oral, esdevingut el mes de juliol passat. No obstant això, el jutge no va admetre la qüestió prèvia plantejada pel lletrat de l’acusat.

La secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, en la seua sentència del 5 de febrer passat, considera que la denegació de la prova, que havia sigut acordada en una interlocutòria dictada mesos abans del judici, “causa indefensió evident a la part que ho va sol·licitar”, per la qual cosa declara la nul·litat del procediment, el retrotrau al moment anterior a la celebració de la vista i ordena que es practique l’anàlisi, siga reiterant el requeriment en els termes sol·licitats per la defensa o “donant prou temps a la part sol·licitant perquè el puga practicar a costa seua”.

Estratègia de “falta de col·laboració dels laboratoris”

El lletrat Joan Bertomeu emmarca la problemàtica plantejada per la sentència en la “pràctica generalitzada dels laboratoris oficials” que duen a terme les pericials judicials de “no quantificar els cannabinoides, per considerar irrellevants els nivells de THC i CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de qualificar “qualsevol cànnabis” d’estupefaent, “fins i tot el que, per la seua composició, no pot produir efectes en la salut”, sense diferenciar-se, per tant, “la marihuana com a droga del cànem que no és psicoactiu”.

“Aquesta sentència és un límit a aquesta estratègia de falta de col·laboració dels laboratoris i als jutges que la validen, perquè genera una indefensió absoluta”, conclou l’advocat.

No ha quedado acreditado que, con ánimo de menoscabar su integridad psicológica, un hombre le enviara a su exmujer mensajes telefónicos o correos electrónicos con expresiones tales como: “Eres una enferma”; “estás loca”; “sinvergüenza”; “persona destructora de vidas”, o “cambia esa actitud de esclavista que tienes con mi hijo y conmigo”. La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha revocado la condena inicial del autor de semejantes mensajes al considerar que no se ha acreditado la fecha en que fueron enviados y que el delito de vejaciones injustas estaría, en todo caso, prescrito.

Tras el divorcio del matrimonio, hubo varias denuncias (él la denunció por supuestos malos tratos al hijo menor, acoso y lesiones en un hombro y ella por las vejaciones y por un supuesto maltrato psicológico habitual).

La Plaza número 17 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València concluyó que los mensajes sí que tenían el ánimo de menoscabar la integridad psicológica de la mujer por las “expresiones degradantes” en las llamadas telefónicas y los e-mails recibidos de su exmarido, al que condenó por un delito leve continuado de vejaciones injustas a una pena de 30 días de localización permanente y a la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros de la víctima, además del pago de una indemnización de 1.920 euros a su excónyuge. El falló lo absolvió del delito de maltrato psicológico habitual.

La sentencia concluyó que los mensajes causaron a la mujer una “sintomatología ansiosa”, que se vio “agravada por los mencionados conflictos judiciales iniciados por su exmarido y por las diferencias entre ellos respecto al cuidado y educación del hijo común, habiendo precisado aquel tratamiento psicológico y siendo los hechos descritos compatibles con la existencia de una relación asimétrica y violenta basada en el género con inicio después de la ruptura de la relación, incluyendo comportamientos compatibles con la violencia psicológica”.

Sin embargo, la defensa del condenado, que ejerce la letrada María José Font, recurrió en apelación la sentencia y la sección primera de la Audiencia de Valencia ha revocado el fallo inicial, absolviendo al hombre del delito de vejaciones injustas y “dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas si las hubiere”.

La defensa alegó la prescripción del delito, al considerar que las expresiones declaradas probadas en la sentencia recurrida o “no se encuentran concretadas en cuanto a la fecha” o, como en el último mensaje que consta en el procedimiento, fueron manifestadas a la mujer el 19 de julio de 2023. El Código Penal establece un plazo de prescripción de un año para los delitos leves.

“La mayoría de las expresiones constan en capturas de pantalla sin fecha conocida y, además de no ser reconocidas por el denunciado, ninguna de las capturas han sido avaladas ni corroboradas de ninguna forma ni cotejadas siquiera por la Letrada de la Administración de Justicia [LAJ]”, afirma la sentencia.

Un “pantallazo sin metadatos ni pericial”

“Si los mensajes y correos electrónicos no tienen acreditada fecha fehaciente, no se puede tener certeza de que los hechos denunciados correspondan realmente a esa fecha y no a otra. El pantallazo sin metadatos ni pericial no permite fijar la fecha con seguridad jurídica”, remacha la Audiencia de Valencia.

La sentencia estima el recurso y cuestiona que la declaración de la denunciante quedara corroborada por los pantallazos, al no estar cotejados por la LAJ ni acreditada su fecha. Por tanto, se trata de una corroboración “aparente” y “no real” y, al no ser sólida, “se debilita el valor incriminatorio de la declaración”, apostilla.

Todo ello (unido al hecho de que, según la doctrina constitucional, la simple denuncia no interrumpe el plazo de prescripción), lleva a la sección primera de la Audiencia de Valencia a declarar “inevitablemente” la prescripción de la infracción penal, por no quedar acreditado que las expresiones se profirieron antes de transcurrir un año de que se interpusiera la denuncia, y a revocar el fallo inicial, absolviendo al hombre del delito de vejaciones injustas.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos hombres de 22 y 23 años a 14 años de prisión cada uno como autores de un delito de agresión sexual a una joven tras violarla de modo simultáneo por vía vaginal y anal mientras se encontraba inconsciente. El tribunal también acuerda imponer a los dos jóvenes una medida de libertad vigilada de cinco años a cumplir con posterioridad a la pena de cárcel que incluirá el seguimiento de programas de educación sexual; así como el pago de una indemnización conjunta y solidaria a la víctima de 30.000 euros y la prohibición de comunicarse y acercarse a ella a menos de 500 metros durante 15 años, entre otras medidas.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto de 2024 cuando la joven coincidió en una discoteca con los dos condenados, a los que conocía y con los que mantenía una amistad. Una vez que cerró la discoteca, sobre las 06.00 horas, algunos del grupo, entre ellos la joven y los dos acusados, se subieron en el coche conducido por uno de los amigos de los procesados con la intención de continuar la fiesta en el domicilio de este. Sin embargo, el vehículo se detuvo ante la vivienda de uno de los acusados para “coger bebidas alcohólicas”. Subieron a ella los dos acusados y la joven y fue allí donde tuvo lugar la agresión sexual. La sentencia recoge la situación de inconsciencia de la víctima, los “cachos de imágenes” que tiene de lo ocurrido, que “fue incapaz de reaccionar” y que finalmente despertó “completamente desnuda y sola” en una habitación de la vivienda.

El testimonio de la víctima, que ha quedado probado debido a que el tribunal destaca en su resolución la “solidez de la prueba de cargo” y la verosimilitud interna y externa del relato de la joven frente a la ausencia de “base lógica de la tesis de descargo de los acusados” y la “falta de coherencia y credibilidad” de la prueba presentada por estos, sostiene que una vez en la casa, entran los tres a la habitación y uno de los dos condenados apaga la luz. Lo siguiente que la víctima recuerda es un fuerte dolor en el ano y a uno de ellos debajo de ella y al otro de pie, ambos penetrándole simultáneamente. Tras lo ocurrido, la víctima se despierta desnuda y sola en el suelo de la habitación, y sale rápidamente. Una vez en la calle, llama a sus amigas, una de ellas, testigo en el juicio, le cuenta que tenía su ubicación del móvil y que pasa unos 40 minutos en la vivienda, concretamente desde las 06.20 hasta las 7.11 horas, dato que queda registrado y que sirve como prueba para desmentir la versión de los condenados, que aseguraban que entraron y salieron de la casa rápidamente.

En un primer momento, las amigas de la víctima le aconsejan ir al médico, pero ella se niega, debido a que “no quería denunciar los hechos porque se temía que de hacerlo lo iba a pasar muy mal, como así ha sido”, recoge la sentencia. Sin embargo, tras pasar días con dolor y secreción en el ano, decide comprar e ingerir “25 pastillas de orfidal” por lo que acaba en el hospital. Una vez allí, al darle el resultado de las pruebas serológicas se enfada porque no había tenido sexo anal con ninguna persona con anterioridad y decide denunciar porque siente “asco y rabia” y se siente “traicionada por los dos acusados, ya que eran amigos, los cuales, en redes sociales, comentaron que habían hecho un trío con ella”, sostiene el auto. Tras lo ocurrido, la víctima estuvo una semana ingresada y medicada. En la actualidad, se encuentra en tratamiento psicológico, se ha visto obligada a dejar su trabajo y debido a su mal estado también ha dejado la carrera.

La Audiencia vizcaína recuerda que los dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar en sede policial y en instrucción, y que durante el juicio negaron los hechos objeto de acusación. El tribunal cita también las periciales médicas y la declaración de la agente que instruyó el atestado policial, al tiempo que precisa que “no constan, ni se han acreditado o apuntado mínimamente por la defensa de los acusados”, la existencia de “móviles espurios”, de “venganza” en la víctima para actuar contra los dos acusados, a los que conocía y con los que “tenía buena relación”. Sobre la testifical de los amigos de los acusados, la Audiencia vizcaína afirma que estos “han ofrecido un bonito ejemplo de solidaridad procesal” con ellos y destaca lo “sorprendente” e “inverosímil” de algunas de sus afirmaciones.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, concluye que hubo “ánimo libidinoso, de satisfacer sus instintos sexuales con estos hechos inequívocos, siendo la víctima una mujer que se encontraba con su voluntad anulada, debido a la previa y potente ingesta de bebidas alcohólicas, no siendo ajena a los hechos, la utilización de una cierta, aunque no calificada, dosis de violencia derivada de la concreta vía de penetración conjunta por ambos acusados”. Por último, la Audiencia vizcaína añade que la joven fue “tratada como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo” y a la hora de fijar la pena destaca también el “carácter degradante que supone ser violada de modo simultáneo, por vía vaginal y anal”.

“Incongruent”. Així titla la secció quarta de l’Audiència Provincial de València la resistència del jutge instructor Vicente Ríos a enviar Mónica Oltra al banc dels acusats pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Mentre que l’instructor no veia “cap infracció penal” ni “cap indici” contra els investigats, l’Audiència de València sosté que els fets estan “indiciàriament acreditats”. La interlocutòria, de la qual ha sigut ponent la magistrada Clara Bayarri, estima parcialment els recursos de les acusacions particular i popular, que exerceixen diferents marques de l’extrema dreta, i revoca les actuacions del jutge (del 27 de juny passat) i de la seua substituta (del 18 de desembre) i obliga l’instructor a dictar “sense dilació” la interlocutòria de judici oral.

La resolució de la secció quarta, presidida pel magistrat Pedro Castellano, obri la porta a desembossar els llimbs en què estava la dirigent de Compromís, atrapada a mig camí entre la resistència del jutge instructor, Vicente Ríos, i del fiscal, Jaime Cussac, que no veuen indicis de delicte, i l’obstinació de l’Audiència de València a enviar-la al banc dels acusats.

Encara que la diferència de visions sideral es resolga en termes estrictament jurídics (en aquesta interlocutòria amb certa contundència), el partit de tenis judicial entre l’instructor i “la superioritat”, segons una expressió usada pel fiscal, influeix irremeiablement en la vida política valenciana.

Es tracta d’un judici que, en tot cas, s’assenyalaria amb un any vista, tenint en compte la calendarització d’altres causes similars en complexitat i nombre d’acusats. La qual cosa torpedina les aspiracions d’Oltra a encapçalar alguna de les candidatures de l’esquerra valenciana en les pròximes eleccions del 2027.

L’exvicepresidenta del Consell amb el Pacte del Botànic, en cas de fer el pas a presentar-se com a cap de cartell d’alguna de les llistes electorals de Compromís, quedaria en una situació similar (salvant l’enorme distància ideològica i transfronterera) a la de la francesa Rachida Dati, candidata conservadora a l’alcaldia de París i pendent de judici.

El tribunal “continua apreciant” indicis de delicte

El jutge Vicente Ríos, després d’una minuciosa instrucció, es va autoesmenar en una interlocutòria del 2 d’abril de 2024 i va concloure que no hi havia indicis de criminalitat contra Mónica Oltra. Una visió secundada també pel fiscal.

No obstant això, l’Audiència de València retrau a tots dos el canvi de perspectiva. En la interlocutòria, critica la interlocutòria, s’havia oposat al sobreseïment de la causa “només sis mesos abans” del canvi de postura.

“Aquest tribunal continua apreciant”, segons afirma la secció quarta, que els fets “eren i són subsumibles en els actes típics i antijurídics, legalment previstos com a delicte, pels quals s’acusa en el cas”.

La resolució, en definitiva, s’escuda en les actuacions anteriors del jutge instructor i argumenta que la càrrega incriminatòria dels fets mereix una anàlisi “de manera conjunta, interrelacionada i lògica”, tal com estableix la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Mentre que el jutge Ríos sostenia que els fets acreditats no suposaven indicis de criminalitat, la secció quarta corregeix el magistrat i conclou que “estan indiciàriament acreditats per les diligències practicades en la instrucció i són raonablement susceptibles de ser subsumits pels delictes pels quals s’acusa”.

Aquesta vegada, l’Audiència de València ha estirat el seu argumentari fins a 70 pàgines, en contrast amb els sis folis en què es va ventilar la qüestió en una resolució anterior.

La interlocutòria no veu una “criminalització aberrant”

La interlocutòria conclou que la postura de Ríos és “incongruent” amb el “mateix relat fàctic” del magistrat del qual no veia indicis.

D’altra banda, la secció quarta avala la “probabilitat” que els fets “puguen ser apreciats com a subsumibles en una conducta, per acció o omissió, valorable raonablement per les parts acusadores com a delictiva”. “Encara que el magistrat instructor no compartisca aquesta valoració, no pot negar a les acusacions” l’obertura del judici oral, postil·la.

En definitiva, els fets objecte de les acusacions, “ni constitueixen una criminalització aberrant de fets innocus, ni s’aprecien per aquest tribunal d’improsperable sosteniment en acusació de les persones que, indiciàriament, els van verificar, o van ometre verificar-los”.