El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha defendido este jueves ante los jueces de la Audiencia de Badajoz que no influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero como jefe de sección de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. “Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha aseverado. David Sánchez ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, que no le ha preguntado sobre el proceso de adjudicación de su puesto porque el tribunal decidió no juzgar al músico por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Su declaración apenas ha durado diez minutos.

También ha asegurado que no intervino ni ejerció influencia alguna en el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ha rebatido así las tesis de las acusaciones que sustentan la causa, que defienden que esa modificación fue una vía para adaptar el puesto a sus preferencias personales. “Todas las actividades se enmarcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto... No puede ser una actividad privada mía”, ha afirmado.

Además, ha señalado que no intervino en el cambio de denominación del puesto y se enteró cuando este ya se había realizado, pero que supone que se produjo “por una evolución natural de las actividades que se venían realizando”.

En este sentido, ha defendido que la Oficina es una categoría administrativa y que “no era entendido” como “un edificio físico con una ventanilla”. Así, ha mantenido que, en los años 2023 y 2024, ya como jefe de la Oficina, estuvo trabajando en “espacios comunes” hasta que hubo una “reubicación” a los servicios centrales de la Diputación. De esa forma ha intentado aclarar su declaración durante la instrucción, en la que tuvo dificultades para explicar dónde se encontraba físicamente su lugar de trabajo.

En relación con la contratación de su amigo Luis María Carrero en comisión de servicio, David Sánchez ha mantenido en septiembre de 2023 empezó a escuchar por los pasillos de la Diputación que iba a haber “un refuerzo” en el área de Cultura. Y que, en consecuencia, le dijo a su amigo que estuviera “atento” porque el puesto le podría interesar. David Sánchez ha defendido que fue un “malentendido” el correo que usan las acusaciones para defender que él ya conocía su adjudicación.

“Dos meses más tarde, me cruzo con él, y me dice que la plaza ya estaba. El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. En ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario (...). Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha explicado a preguntas de su letrado.

Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que participaron 42 testigos, estuvieron definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Jaime Anta como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. Sustituye en el cargo a José Arsuaga, que en marzo se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC).

Jaime Anta es titular de la plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander, ha sido durante más de una década juez decano de Santander y ha formado parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Además, ha ejercido como profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.

Además de Anta, optaban a este puesto Paz Aldecoa, presidenta de la Sección Primera de la Audiencia Provincial; Ernesto Sagüillo, que también forma parte de la misma, y Amaya Merchán, magistrada de la plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

Los cuatro candidatos comparecieron el 29 de abril ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo.

El Pleno del CGPJ ha designado también a los presidentes de las audiencias provinciales de Almería, Cáceres, Ciudad Real, Granada y Salamanca y a los de los tribunales superiores de justicia (TSJ) del País Vasco y Canarias, entre otros cargos.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Aval de l’Audiència Provincial de València a la instrucció de la causa de la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port desarticulada en el marc de l’operació Spider. 

La secció quarta de l’Audiència de València, en una interlocutòria del 30 d’abril passat, a què ha tingut accés aquest diari, desestima íntegrament el recurs d’apel·lació de la defensa d’una de les investigades, Francisca A. M., i descarta que s’haja produït cap indefensió.

La defensa qüestionava la competència per a instruir la causa de la plaça 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València.

El jutge instructor, Vicente Ríos, va remetre una part menor de la causa a l’Audiència Nacional (AN), pel fet de considerar que hi havia indicis de presumptes il·lícits penals la competència dels quals corresponia als jutjats centrals d’instrucció. En haver rebutjat prèviament un requeriment d’inhibició formulat per l’instructor de València al Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’AN, el titular del qual és el magistrat Francisco de Jorge, la defensa sol·licitava que s’elevara una qüestió de competència davant el Tribunal Suprem.

L’instructor va rebutjar aquesta possibilitat en una provisió, recorreguda en apel·lació per la defensa, i després va ampliar el seu argumentari en una interlocutòria. Així doncs, el jutjat de València ha acabat instruint el gros de la causa, amb desenes i desenes d’investigats, entre presumptes capos del narcotràfic i treballadors portuaris. El procediment se centra en les partides de cocaïna, en el presumpte blanqueig de capitals dels guanys del narcotràfic i fins i tot en la presumpta corrupció en el si del Centre d’Ús del port de València.  

“Controvèrsia” inicial resolta

La interlocutòria de l’Audiència de València conclou que el recurs “es mostra orfe” en la seua al·legació sobre si els fets investigats correspondrien a l’AN. La resolució considera que no es va produir “cap indefensió” a la investigada ni al conjunt dels “intervinents” en el procés penal. 

En la línia del fiscal antidroga, que també s’inclinava per la desestimació del recurs, l’Audiència de València reconeix que, a pesar que en un primer moment hi haguera certa “controvèrsia” sobre quin jutjat havia d’assumir el coneixement de la causa, en l’actualitat l’instructor de València “no té ja aquest dubte”. 

L’operació Spider, gràcies a la infiltració de diversos agents encoberts de la Policia Nacional, va confiscar fins a quatre tones i mitja de cocaïna en diverses partides en el port de València. Els presumptes narcos, segons es desprén de les converses desencriptades pels investigadors, van saber amb antelació que havien de ser detinguts.

Aval de la Audiencia Provincial de Valencia a la instrucción de la causa de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto desarticulada en el marco de la 'operación Spider'.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia, en un auto del pasado 30 de abril al que ha tenido acceso este diario, desestima íntegramente el recurso de apelación de la defensa de una de las investigadas, Francisca A. M., y descarta que se haya producido indefensión alguna.

La defensa cuestionaba la competencia para instruir la causa de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

El juez instructor, Vicente Ríos, remitió una parte menor de la causa a la Audiencia Nacional (AN), al considerar que existían indicios de presuntos ilícitos penales cuya competencia correspondía a los juzgados centrales de instrucción. Al haber rechazado previamente un requerimiento de inhibición formulado por el instructor de València al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN, cuyo titular es el magistrado Francisco de Jorge, la defensa solicitaba que se elevara una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

El instructor rechazó esa posibilidad en una providencia, recurrida en apelación por la defensa, y luego amplió su argumentario en un auto. Así, el juzgado de València ha acabado instruyendo el grueso de la causa, con decenas y decenas de investigados, entre presuntos capos del narcotráfico y trabajadores portuarios. El procedimiento se centra en los alijos de cocaína, en el presunto blanqueo de capitales de las ganancias del narcotráfico e incluso en la presunta corrupción en el seno del Centro de Empleo del Puerto de Valencia.

“Controversia” inicial resuelta

El auto de la Audiencia de Valencia concluye que el recurso “se muestra huérfano” en su alegación sobre si los hechos investigados corresponderían a la AN. La resolución considera que no se produjo “ninguna indefensión” a la investigada ni al conjunto de “intervinientes” en el proceso penal.

En la línea del fiscal antidroga, que también se inclinaba por la desestimación del recurso, la Audiencia de Valencia reconoce que, a pesar de que en un primer momento existiera cierta “controversia” sobre qué juzgado debía asumir el conocimiento de la una causa, en la actualidad el instructor de València “no tiene ya tal duda”.

La 'operación Spider', gracias a la infiltración de varios agentes encubiertos de la Policía Nacional, se incautó de hasta cuatro toneladas y media de cocaína en varios alijos en el Puerto de València. Los presuntos narcos, según se desprende de las conversaciones desencriptadas por los investigadores, supieron con antelación que iban a ser detenidos.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del juez Juan Carlos Peinado de rechazar su oposición a que la causa sigua por el procedimiento del Tribunal del Jurado contra ella. Lamenta que la respuesta que le dio el juez incurre en una palmaria falta de motivación porque se limitó a “reproducir mecánicamente” los razonamientos jurídicos de otra resolución previa. Incide en que el magistrado le imputa el delito de tráfico de influencias solo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho afea a Peinado de copiar y pegar en su respuesta el auto de 11 de abril por el que se decidió (de nuevo) que el asunto acabe ventilándose por un jurado popular. “No da respuesta a las concretas cuestiones planteadas en el recurso de reforma, lo que genera una situación material de indefensión constitucionalmente vedada”, subraya, para luego precisar que debía haber resuelto de manera concreta y diferenciada cuestiones “esenciales” como la inexistencia de indicios racionales, la improcedencia de determinadas calificaciones jurídicas o la ausencia de conexión lógica entre los hechos, los tipos penales que se le imputan, o la improcedencia de la tramitación por el cauce de la ley del Jurado.

Para Camacho, esa ausencia de respuestas a las cuestiones planteadas por la defensa en el recurso de reforma (el que se presenta ante el instructor) “no solo constituye una deficiencia de motivación, sino que integra la figura jurídica de la incongruencia omisiva total” que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que ampara a la esposa de Pedro Sánchez.

Por eso, solicita a la Audiencia Provincial anular la resolución del juez por la que respondía negativamente a la pretensión de que el asunto no siguiera por el procedimiento del Tribunal del Jurado e insiste en que, en todo caso, “no existen indicios” que permitan que pueda seguir la causa por esa vía.

Al hilo, indica que tras “mucho esfuerzo” han delimitado que a Begoña Gómez se le imputan cuatro delitos: Corrupción entre particulares, apropiación indebida de marcas, malversación de caudales públicos y tráfico de Influencias. Y que solo dos son propios de ese tipo de tribunal popular. Al hilo, vuelve a revisar los indicios para subrayar que en el caso del tráfico de influencias Peinado “falta plenamente a la realidad” al manifestar que a partir del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018 “se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de su cónyuge.

“Esto es absolutamente falaz y no responde a la realidad, puesto que mi representada ya dirigía un máster en la Universidad Complutense desde el año 2012”, explica, para apuntar que “es falso como señala el auto (de Peinado), que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”. Así, vuelve a insistir, como en escritos anteriores en que la única conclusión que puede extraerse es que se está investigando a Begoña Gómez “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

Precisamente este miércoles trascendió otro escrito de la defensa de Gómez ante el juez en el que reclamaba que paralizara la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular. Cabe recordar que en esta causa también constan como investigados su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Barrabés y Álvarez, falta de motivación

En la misma línea que la defensa de Begoña Gómez, el letrado de Barrabés explica en otro recurso de apelación, al que también ha tenido acceso elDiario.es, que el juez Peinado en su auto por el que respondía a su recurso contra la continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado “ni valora ni resuelve los concretos motivos de impugnación expuestos”. Denuncia que la respuesta del juez tenía “una motivación aparente” pero que en realidad “sus 25 folios son una reproducción literal y exacta de otro auto”.

Aparte, el abogado incide como en escritos anteriores en que no existen indicios que justifiquen que se siga la causa contra el empresario, que no ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ni ha realizado aportaciones económicas a la misma. Además, resalta que los contratos de Red.es y las cartas de apoyo redactadas por Gómez que se incluyen en el auto del juez en realidad los investiga la Fiscalía Europea, por lo que están fuera del procedimiento. Por todo ello, solicita el archivo de la causa para él.

Mientras, la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha pedido también la libre absolución denunciando, como los otros dos investigados, que Peinado “incurre en un patente defecto de motivación” porque en la respuesta a su recurso “no analiza ni resuelve las concretas alegaciones formuladas” sino que se limita “a reproducir, de manera literal, y recurriendo al copia y pega, la fundamentación contenida en otro auto”.

Además, combate que se deba seguir el procedimiento por el cauce del jurado popular y sobre el delito de tráfico de influencias que le imputa Peinado recalca que los hechos que se le atribuyen “nunca” podrían encajar en ese tipo penal. Recuerda, al hilo, que el juez le achaca reuniones y conversaciones con particulares que no son autoridades ni funcionarios, y que “presionar moralmente a un ingeniero de Google, aunque hubiese ocurrido —que no— nunca sería tráfico de influencias”.

Sobre el delito de corrupción entre particulares, explica que los hechos descritos por el auto recurrido “carecen de prácticamente todos los elementos del delito de corrupción entre particulares” porque sólo puede ocurrir entre sociedades mercantiles mientras que las relaciones descritas por el juez lo son entre sociedades mercantiles y una entidad pública, como es la Universidad Complutense. Además, detalla que el delito consiste en la solicitud, recepción, ofrecimiento o pago de un soborno a un directivo para que contrate a un proveedor en lugar de a otro, y la resolución de Peinado no describe ningún soborno. “La lectura de este fundamento de derecho demuestra un preocupante desconocimiento del contenido y elementos del tipo” del Código Penal, añade.

En cuanto al delito de apropiación indebida, destaca que los activos inmateriales (como un dominio, un software o una marca) no pueden ser objeto del delito de apropiación indebida. Y añade, además, que en todo caso en ningún caso se puede atribuir a su asistente porque no intervino en el registro del dominio a favor de Begoña Gómez.

Por último, sobre el delito de malversación, el letrado de la asistente explica que los hechos descritos por el auto de peinado “no constituyen delito de malversación”. “Ni existe un estatuto de la asistente del cónyuge del presidente del Gobierno que delimite cuáles son y cuáles no son sus funciones, ni el tiempo dedicado por mi patrocinada a actividades de doña Begoña que puedan considerarse privadas es relevante teniendo en cuenta sus horas de trabajo, ni consta que por esas actividades haya desatendido nunca ninguna de las funciones encomendadas”, recuerda.

Y suma esto que, incluso si hubiera delito, en ningún caso se puede atribuir a la asistente porque “como funcionaria explotada por su superior solo podría ser objeto del delito”. “Nunca una sentencia ha condenado al funcionario explotado”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del tercer juicio con jurado contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado en esta ocasión de un delito de asesinato consumado doblemente cualificado con alevosía y un delito de robo con violencia por el que la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión, 13 por homicidio y tres más por estafa continuada con la agravante de reincidencia. La acusación particular, que representa a la hermana y la sobrina de la víctima, que tenía 73 años en el momento de su muerte, pide 25 años por delito de asesinato consumado y cinco años por robo con violencia y, por último, la acción popular, que representa la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) y solicita casi 29 años por un delito de asesinato doblemente agravado con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

El jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, en sesiones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ministerio fiscal en su escrito provisional mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”. Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

Al igual que en el resto de procedimientos, Nelson David Moreno Bolaños, en su declaración, en la que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha tratado de presentarse como un miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso ha admitido haberle provocado la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha asegurado no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, ha contestado a preguntas de su abogado, quien le ha preguntado que, si no le conocía, cómo era posible que tuviera su contacto guardado en el teléfono móvil y este ha asegurado no saber la respuesta.

También ha señalado que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha acogido este lunes el comienzo del juicio por el caso de Lukas Aguirre, quien fue asesinado durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022 en el centro de Donostia. La vista de este lunes ha arrancado con la lectura de los escritos de la Fiscalía, las acusaciones particulares -que piden 22.y 25 años de prisión para los dos principales imputados, respectivamente- y las defensas, así como con las exposiciones iniciales ante el jurado. Durante esta primera sesión, las partes han fijado sus posiciones en un proceso que se prolongará hasta el 1 de junio y que juzga a tres personas acusadas de asesinato o encubrimiento, en el caso de la tercera.

La acusación particular ejercida por la madre de la víctima, representada por Iñigo Iruin, ha sostenido que esta muerte constituye “un delito de asesinato indudable”. Iruin, veterano penalista, ha asegurado ante el jurado que el supuesto autor fue “la persona que introdujo dos brutales y agresivos navajazos” que acabaron con la vida del joven. Según su versión, el segundo acusado por asesinato tuvo una “participación necesaria” al entregar la navaja “escasos minutos antes” de la agresión, “conociendo y asumiendo el riesgo” de su posible utilización.

La representación del padre de Aguirre, ejercida por la abogada Kistiñe Lujambio, se ha alineado con la tesis de la Fiscalía y de la otra acusación particular. Lujambio ha calificado los hechos de “muy graves” y ha subrayado que las acusaciones no se basan en “una teoría inventada”, sino en “indicios” que deberán convertirse en pruebas durante el juicio. La letrada ha pedido al jurado “atención” ante la cantidad de pruebas, vídeos y testimonios previstos para las próximas semanas. “Nadie va a devolver a Lukas”, ha afirmado, aunque ha defendido que el objetivo del proceso es “hacer justicia”.

Las defensas, por su parte, han rechazado las acusaciones. El abogado del acusado por asesinato como “cómplice necesario”, Eduardo Santamaría, ha negado que su cliente entregara el arma o pudiera prever lo que iba a ocurrir. “Negamos absolutamente todo”, ha insistido. Ha argumentado además que su defendido presenta problemas de drogadicción y patologías psiquiátricas desde la adolescencia, situándolo en un contexto de vulnerabilidad. La defensa del acusado ha anunciado la aportación de informes médicos, psiquiátricos y periciales.

La defensa de la acusada por encubrimiento, ejercida por José Antonio Carretero, ha sostenido que su cliente “no debería estar” procesada. Ha afirmado que no participó en la agresión ni tuvo conocimiento del asesinato, y que mantuvo una actitud “conciliadora” durante el conflicto. Según su versión, abandonó la zona antes del apuñalamiento y no supo lo ocurrido hasta días después.

Por su parte, el abogado del supuesto autor del asesinato, Juan Román Zubillaga, ha cuestionado la solidez de la investigación y ha señalado contradicciones en los testimonios y en las grabaciones. También ha criticado la actuación policial y ha puesto el foco en una declaración previa de su defendido en comisaría, cuya validez pretende impugnar durante el juicio.

La sesión ha concluido con la declaración del ertzaina coordinador de la investigación, responsable de las primeras actuaciones tras los hechos del 25 de diciembre de 2022. Ha explicado el desarrollo del operativo inicial, la recogida de pruebas y la coordinación policial en las horas posteriores al apuñalamiento. Asimismo, ha subrayado un elemento concreto de la investigación: el cambio de zapatillas por parte de los acusados tras los hechos, un detalle que, según ha indicado, fue “relevante” en el análisis de evidencias y en la reconstrucción de sus movimientos posteriores a la agresión.

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha tumbado la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa por el asesinato del trabajador Teófilo del Valle en Elda el 24 de febrero de 1976. El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima el recurso de apelación de la defensa de Martín Villa esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

La resolución, que es firme y contra la cual no cabe recurso, detalla que los delitos imputados al exministro en la querella de los descendientes de la víctima, bajo el paraguas de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) y la entidad Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, “no eran típicos en el momento de su acaecimiento” y rechaza una aplicación retroactiva.

Además, “de haberlo sido, estarían prescritos” y quedarían amparados por la Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1977.

“En estas circunstancias, la pretensión de que se admita la querella o se inicie la instrucción con miras a una eventual apertura de juicio oral no es atendible desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva”, apostilla el auto, que invoca la doctrina del Tribunal Constitucional.

También cuestiona que se puedan atribuir “responsabilidades objetivas por razón del cargo” que ostentaba Martín Villa (ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro).

La resolución contrasta con la postura de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que en su escrito de oposición al recurso de Martín Villa alegaba el “derecho a la verdad en casos de violaciones manifiestas de los derechos humanos”.

Por su parte, las entidades que impulsaron la querella aseguran en un comunicado que la resolución “consolida el modelo de impunidad del Estado español” y “ampara actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables”.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados por el asesinato de un joven de 24 años, Lukas Aguirre, a las puertas de una discoteca de Donostia en la Navidad de 2022. Además, solicita tres años de prisión para una tercera acusada por encubrimiento. El caso será juzgado por un jurado popular desde este viernes y hasta el 1 de junio. El ministerio público sostiene que uno de los procesados asestó dos puñaladas mortales a la víctima mientras el otro le facilitó el arma y colaboró en los hechos.

Según el escrito de calificación del fiscal Julián Blanco, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022, después del cierre de la discoteca en la que se encontraban los involucrados. La víctima se encontraba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indica el texto, cuando coincidió en el exterior del local con el grupo de los acusados.

El ministerio fiscal relata que la tensión comenzó tras un “encontronazo” entre ambos grupos a la salida del establecimiento. Uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como “no sabéis con quién os estáis metiendo” e intentó golpear a uno de los jóvenes con varios puñetazos. La Fiscalía afirma que, en medio de esa situación, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que llevaba consigo. El escrito asegura que quien cedió el arma actuó “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”.

Aunque ambos grupos intentaron rebajar la tensión alejándose de la puerta de la discoteca, la hostilidad volvió a crecer poco después y se produjo una nueva pelea. En ese momento, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con la vida” del joven de 24 años. La Fiscalía describe que el presunto agresor le clavó la navaja en dos oportunidades en zonas vitales. Esto le provocó a la víctima heridas que afectaron a estructuras cardiovasculares y pulmonares. El joven falleció poco después por un “shock hipovolémico”, recoge el escrito.

Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostiene que los acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuye haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

Además de las penas de prisión para los tres procesados, la Fiscalía solicita diez años de libertad vigilada para cada uno de los dos acusados de asesinato y reclama indemnizaciones para los familiares de la víctima por valor superior a los 280.000 euros por el daño moral causado tras la muerte del joven.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a dos menores a cuatro y tres años de internamiento, respectivamente, por agredir sexualmente a una niña en Extremadura, decisión fruto del recurso interpuesto por la Fiscalía pacense tras la sentencia previa dictada por el Juzgado de Menores.

Según la sentencia de la Audiencia pacense, a la que ha tenido EFE, se considera probado que la menor acudió en la tarde del 22 de diciembre de 2023 “a ver a un amigo, primo de uno de los menores expedientados, a verle entrenar en un campo deportivo”. Cuando éste último le pidió que le acompañara a las traseras del campo para mantener relaciones sexuales, la víctima se negó, ante lo cual éste la amenazó. Como consecuencia de estas amenazas, la menor accedió a un episodio sexual.

Por otra parte, en la tarde del 5 de enero de 2024 la víctima volvió a quedar con el joven que “creía era su amigo”, y estando éste aparecieron otros tres chicos, entre ellos el primo de aquél y el otro menor expedientado.

Sin que se haya acreditado la intervención de los otros dos menores y aprovechando “la superioridad numérica y la zona” comenzaron a decirle a la víctima que “tenía que hacerles lo mismo que le había hecho” al menor el 22 de diciembre de 2023 a través de “expresiones atemorizantes”. La menor se negó, pero los chicos la agredieron sexualmente mientras expresaban que “si intentaba parar le pasaría algo a ella, a su hermana y a su familia”.

“A causa de estos hechos la menor presenta una sintomatología persistente de tipo ansioso reactiva a factores de estrés, presenta alteraciones emocionales y de la esfera cognoscitiva, afectando a sus funciones ejecutivas y adaptativas propias de personas que han estado sometidas a una situación traumática”, recoge textualmente el fallo.

Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz dictó sentencia el 5 de diciembre pasado donde condenaba a los dos menores por un delito de agresión sexual a menor de 16 años a dos años y a 18 meses, respectivamente, de internamiento en régimen cerrado en centro de reforma, lo que llevó a sendos recursos de las defensas de los condenados y del Ministerio Fiscal.

La sentencia de la Audiencia pacense desestima el recurso de apelación de la defensa y estima parcialmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal, por lo que acuerda la medida de internamiento en régimen cerrado en centro de reforma de cuatro y tres años, respectivamente, para los dos menores.

Uno de los condenados deberá abonar por su parte a la víctima 6.000 euros en concepto de daño moral por los hechos acaecidos el 22 de diciembre de 2023, y ambos procesados de modo conjunto y solidario en 7.000 euros por los hechos acontecidos el 5 de enero de 2024, además de 30.000 euros en concepto de daños morales. 

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por un delito cometido con ocasión de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución (delito de odio) al camarero de un pub de Benidorm que se dirigió a dos clientes de forma humillante y con intención de menospreciarles por su orientación sexual.

La Sala la ha impuesto también otra multa de 1.080 euros como autor de dos delitos de lesiones, ya que el condenado golpeó a las víctimas cuando éstas trataron de abandonar el local. Además, deberá indemnizar a cada uno de los perjudicados con 440 euros por las lesiones y los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos.

El camarero, que trabajaba en un pub de Benidorm especializado en espectáculos musicales en directo, se acercó la noche del 30 de octubre de 2022 a la mesa en la que estaba las víctimas y les preguntó “oye, ¿sois maricones?”, según declara probado el tribunal en la sentencia.

Posteriormente, cuando los perjudicados intentaron abandonar el local, el condenado, movido por sus prejuicios hacia su orientación sexual y con la finalidad de menospreciarles y ofender su dignidad, dijo, delante del resto de clientes, “ya se van los mariquitas”, mientras realizaba un gesto de burla.

A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien. Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria tras la agresión.

La sentencia, dictada después de que el condenado y la acusación pública alcanzaran un acuerdo de conformidad respecto de los hechos y la pena, ha sido declarada firme.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión como autor de un delito de incendio para el que aprecia las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y reparación del daño a un hombre que provocó un incendio en Vinaròs cuando intentaba hacer una broma.

La sentencia le impone el pago de una indemnización superior a los 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los vecinos cuyas viviendas y vehículo se vieron afectados a consecuencia de las llamas, cantidad que el procesado consignó en una cuenta judicial con anterioridad a la celebración de la vista oral.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.15 del 5 de abril de 2015 en una casa de Vinaròs, cuando el encausado, a modo de broma, cogió una botella de alcohol sanitario y, usando un mechero, lo prendió a la vez que la apretaba y hacía que el líquido saliera a presión, maniobra que provocó una llamarada que prendió un sillón de la casa.

El fuego se propagó a las demás estancias del inmueble y fue necesario el desalojo de dos plantas del edificio. Los bomberos no pudieron acceder a las plantas altas por la virulencia de las llamas, que afectaron a la fachada de la finca, y tuvieron que rescatar a un vecino y sus dos hijos menores, con el peligro que esta operación generó para ellos.

El fuego afectó a cuatro viviendas, entre las que se encuentra la casa donde comenzaron las llamas, a zonas comunes de la finca y a un vehículo. La sentencia considera probado que el incendio, calificado como grave, no ocasionó más daños materiales ni daños personales más graves debido a la “pericia” de los bomberos que intervinieron en la extinción.

La sentencia, dictada después de que las partes llegaran a una conformidad en la que mostraron su acuerdo con los hechos y las penas, es firme.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reapareció públicamente el pasado 16 de abril en un acto en el Jardín Botánico de València. Junto a Irene Montero, Sira Rego y Rosangela da Silva protagonizó un acto bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' en el que escenificaron la unidad de las izquierdas a un año de las grandes convocatorias electorales.

Tras anunciar su regreso a la política y casi tres semanas después de manifestar su decisión de ser candidata a la alcaldía de València, Oltra ha protagonizado su primera entrevista en Onda Cero en el programa Julia en la Onda que dirige la periodista Julia Otero. La dirigente de Compromís considera que su procesamiento es un ejemplo de lawfare “que se estudiará en las facultades de derecho, carga contra el discurso de las derechas contra los impuestos y aplaude la iniciativa de Gabriel Rufián para tratar de unir a las izquierdas.

Al inicio de la conversación, preguntada por la directora del programa, Oltra ha comentado su situación personal y su estado anímico: “Estoy bien, aplomada, serena y en equilibrio, me ha costado mucho volver a la vida pública; pensaba que me iba a generar estrés y ha sido al contrario. He tenido muchos ataques de ansiedad justo antes del congreso de Iniciativa (partido integrado en Compromís) en el que me plantean aceptar el reto de volver a la política, pero luego se me pasaron, ha sido terapéutico para mí”.

Sobre su discurso en el acto del Jardín Botánico en el que hubo un momento que se emocionó, ha explicado que se rompió “porque sabía lo que viene, que no va a ser fácil”. En ese momento, Otero le ha comentado que su vuelta puede ser una provocación ante mucha gente que quería “matarla políticamente, aunque ahora está en plena resurrección política”, a lo que Oltra ha apuntado que es algo que “también da miedo” porque “pensaba que en un estado de derecho no se condenaba a la gente inocente, pero tampoco se sienta en el banquillo a la gente que no ha hecho nada; pero hay que ponerse en pie”.

Sobre su situación procesal en el caso del supuesto encubrimiento de su exmarido, condenado por abusar de una menor tutelada, ha recordado que “mientras unos jueces quieren archivar y Audiencia lo ha reabierto; lo han archivado tres veces, pero el juez incoó procedimiento abreviado por imperativo legal”. Oltra ha añadido: “El juez instructor concluye que no abre juicio oral porque, dice textualmente, que en conciencia piensa que nadie debe ser sentado en el banquillo sin un solo indicio, y en este caso no lo hay. Aun así, la Audiencia vuelve a abrir el caso. Ahora se abre juicio oral, pero creo que nunca se ha dado que la Audiencia ordene al juez instructor, que es el que ha visto todas las pruebas y el que dice que no hay nada, que se abra juicio. Lo han visto dos jueces, el instructor y la sustituta, y los dos han dicho que no hay ni un solo indicio. La Audiencia ha dicho que Vox, que Gobiérnate y España 2000 tiene derecho a acusar, esto es un anatema. Lo que dice la Constitución es que hay derecho a la tutela judicial efectiva, pero después de cuatro años de investigación con todas las pruebas que han pedido, el derecho a acusar es inquisitorio”.

Además, para la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, “los tiempos también son significativos, se está alargando. Como dicen ellos mismos en las redes sociales, el objetivo era sentarla en el banquillo y sacarle de la política. Y creo que no pueden salirse con la suya. El objetivo no es hacer justicia, es apartar a alguien porque les molestan las políticas de izquierdas. Si les molesta y me pliego a esto, habrán ganado, y eso no lo puedo permitir”. Oltra ha reconocido que podría ser que el juicio se solapara con las elecciones y que esta situación podría ser munición para sus adversarios políticos, pero ha indicado que espera que no sea sí.

Sobre si plantea un escenario de condena, ha comentado que cuando plantea esa pregunta a sus abogados le dicen que no es posible, “pero también era imposible que me sentaran en el banquillo y aquí estoy”, al tiempo que ha explicado que sus abogados no pueden concebir disfunciones en la Justicia por intereses espurios“ y que cuando anunció su retirada ya advirtió que habría más casos como el suyo.

Sobre la decisión de retirarse de la política y la posterior derrota del Gobierno del Botánico, ha lanzado un dardo al expresidente Ximo Puig y algunos compañeros de Compromís, sin citarlos con nombres y apellidos: “Eso debería reflexionarlo más la parte de Puig que no tuvieron esto en cuenta cuando forzaron la máquina de mi dimisión, fueron una parte importante de esa presión. El presidente vino a decir públicamente o dimites o te ceso. En ese momento toma la decisión por responsabilidad, pero en el pecado llevaron la penitencia. En mi partido algunos no supieron sostener en un momento que había que aguantar los machos, ya lo expliqué cuando dimití. Lo que más me rompía era que eso implicaba que no se podían hacer políticas a favor de la gente que más sufre y que más necesita a la izquierda, de los más desfavorecidos. La segunda lectura es que la política no sirve y eso es pasto del fascismo”.

Cuestionada sobre si la desprivatización de la sanidad probablemente fue el elefante en la habitación, ha considerado que puso ser una parte, “también la desprivatización de los servicios sociales” puesto que “hubo empresas que dejaron de ganar mucho dinero, sobre todo en sanidad, y a los que acumulan poder esto no les gustaba”

Según Oltra, “la democracia está cada vez más débil frente al poder de esta gente” y ha recordado la foto del CEO de Ribera Salud, con la señora que le acusa y el señor Camps, que “no estaban hablando del tiempo ni de lo bonitas que son las flores en primavera”.

En este punto, Otero le ha preguntado si cree que ha sido víctima de lawfare: “No lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí. La Audiencia de Valencia también lo sabe por eso dicen que independientemente de lo que pase en el juicio esta gente tiene derecho a acusar. Es un sinsentido, no hay ni una sola prueba, lo que presentan nos defiende a nosotros, este caso se estudiará en las facultades derecho”.

Por otra parte, ha considerado que Rufián está planteando “algo que tiene todo el sentido y la gente lo está recibiendo como algo que hay que hacer y yo voy a ayudar, pero encabezarlo a nivel de España no; a mí me ilusiona València, mi cabeza hace tiempo que va pensando, voy por la calle y voy pensando cambios”.

Sobre el discurso contra los impuestos de las derechas, Oltra ha advertido de que “cuando los partidos de derechas dicen vamos a bajar impuestos, lo que dicen en realidad es nos vamos a bajar los impuestos porque lo que dicen es que te van a subir los impuestos a ti, a la clase trabajadora, y que vas a tener peores servicios, porque ellos se pagan todo en la privada”. Por eso, ha insistido, “cuando un político te dice que va a bajar los impuestos, lo que está diciendo es que va a bajar los impuestos a los ricos”. Así, ha destacado que “el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dice que va a recaudar 500 millones de dólares en impuestos de los áticos que están casi los 365 días del año cerrados en Manhattan para hacer escuelas infantiles, para mejorar los barrios o para montar supermercados públicos”, al tiempo que ha afirmado que “todo eso, si se puede hacer en Nueva York, ¿cómo no se va a poder eso en València y en las ciudades?”.

Sobre su candidatura a la alcaldía de València, ha comentado que “hay que buscar la complicidad de la gente, esto tiene que ser un movimiento ciudadano arrollador, no una cuestión de partidos; lo más revolucionario hoy en día es el mundo físico, hay que buscar el contacto con la gente, como yo digo, menos tiktokear y más toquetear”.

Cuestionada por la pregunta que se hizo Lula sobre lo que han hecho mal las izquierdas para que los votantes les den la espalda. Oltra ha explicado: “Las redes nos están cambiando la forma de relacionarnos y eso está generando multitud de problemas en adolescentes y salud mental. No hay tiempo para nada, te pasas la vida sobreviviendo. Han declarado la guerra a la vida, necesitan que estemos encerrados y distraídos. Hay que sacar de nuevo a la gente a los espacios, las ciudades son espacios de socialización, no de circulación”.

La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València jutja dimecres un home acusat d’un presumpte delicte d’odi per haver publicat en la xarxa social X (antic Twitter) missatges contra l’exconsellera de Justícia i Interior del Govern autonòmic del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo. 

La Fiscalia sol·licita per a l’acusat una pena d’un any i tres mesos de presó com a autor d’un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.

El ministeri públic al·ludeix a missatges en la xarxa social publicats “amb la intenció de menysprear-la i humiliar-la per la seua condició de dona”. 

Els missatges es van publicar el 27 d’abril de 2023, en l’última etapa de l’executiu valencià del Pacte del Botànic.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo miércoles a un hombre acusado de un presunto delito de odio por haber publicado en la red social X (antiguo Twitter) mensajes contra la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno autonómico del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de un año y tres meses de prisión como autor de un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

El Ministerio Público alude a mensajes en la red social publicados “con la intención de menospreciarla y humillarla por su condición de mujer”.

Los mensajes se publicaron el 27 de abril de 2023, en la última etapa del Ejecutivo valenciano del Pacte del Botànic.

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento del empresario Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima los recursos de la defensa de Francis Puig y del empresario Joan Enric Adell Bover contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez instructor el pasado 28 de enero. En sintonía con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía de la Generalitat y del PP, que ejerce la acusación popular, la sección tercera descarta que la aparición de un nuevo presunto delito imputado a los investigados al final de la fase de instrucción les haya causado indefensión.

Las defensas, por su parte, consideraban que los hechos atribuidos a los empresarios audiovisuales no constituyen ilícito penal alguno y destacaban “lo sorpresivo” de la aparición de un nuevo presunto delito de estafa, que se sumaba al presunto delito inicial de fraude de subvenciones. Así, las defensas reprochaban un “cambio sustancial en el objeto procesal” que les causaba una “evidente indefensión” al no haber sido interrogados los investigados durante la fase de instrucción sobre el delito de estafa, habiéndoseles impedido proponer diligencias al respecto.

El auto de la Audiencia de Valencia sostiene, por su parte, que la calificación jurídica del instructor “no vincula en modo alguna a las acusaciones”. Además, concluye que las defensas pudieron proponer durante la fase de instrucción la proposición y práctica de diligencias en relación con los “hechos concretos imputados”.

La resolución también destaca la “cercanía jurídica” entre los delitos de estafa y de fraude de subvenciones, que “se enmarca, de forma necesaria, en la proximidad del soporte fáctico”.

Sin “nuevos hechos punibles”

“En el presente caso”, apostilla la sección tercera, “el Instructor ha recogido en el auto recurrido los hechos objeto de imputación y, sin prejuicio de la calificación jurídica realizada en dicho auto —que no es vinculante para las acusaciones— se haya modificado respecto de la que se venía sosteniendo inicialmente, en modo alguno ha podido causar indefensión a los recurrentes por cuanto, como puede verse en lo actuado, no se han introducido nuevos hechos punibles, ni se ha modificado el objeto del proceso”.

Anticorrupción cifra en 110.691,97 euros las subvenciones obtenidas y presuntamente defraudadas por las empresas administradas por Francis Puig de las administraciones valenciana y catalana. Sin embargo, la Generalitat de Catalunya no vio “ningún perjuicio” a sus intereses en las subvenciones otorgadas al hermano de Ximo Puig.

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Alberto González Amador y sus empresas contra el auto de junio de 2025 en el que la anterior jueza del caso ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar la pieza separada dedicada al presunto soborno de un directivo de Quirón por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial advierten que, pese a recurrir el auto en el que la jueza Inmaculada Iglesias se ceñía a exponer los motivos que hacían necesaria la implicación de la unidad especializada de la Guardia Civil, la defensa de González Amador, dirigida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos solicitaba el archivo de las actuaciones. Los tres magistrados se pronuncian en contra de tales pretensiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Le explican que la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos es una diligencia de investigación que, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no es recurrible.

Por otro lado, los magistrados recuerdan al letrado que, dado que la finalidad de su recurso es que se acuerde el sobreseimiento de las actuaciones, este paso se ha de efectuar antes ante el juzgado de instrucción. Esto es así porque la Audiencia Provincial tiene “funciones revisorias” y por tanto “no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor”.

Cabe recordar que la UCO solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, sin que los agentes hubieran recibido respuesta, al menos hasta el mes pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

En esta causa se investiga a González Amador por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación a un supuesto soborno que habría abonado a un directivo de Quirón. En una resolución de junio de 2025 se detallaba que la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros, y añadía que esa mercantil pudo ser el vehículo para el pago de una comisión encubierta dado que «según los informes de la Agencia Tributaria carecía de actividad y patrimonio».

La Fiscalía indicó por su parte en un informe que esa operación parecía más bien “un soborno”, algo que negó en abril de 2025 González Amador cuando en sede judicial defendió la legalidad de sus negocios con Quirón Prevención y negó haber pagado esa supuesta comisión encubierta de 499.836 euros.

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos.