Sucedió en el Parlamento de Galicia, durante la comisión que investiga las posibles irregularidades en los contratos entre la Xunta y familiares de altos cargos del Gobierno gallego. Mientras comparecía el responsable de compras del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Alberto Baz, el diputado del BNG Oscar Insua desplegó un rollo de papel con la lista de los contratos firmados entre los años 2018 y 2023 por la administración autonómica con la empresa Eulen, donde es responsable para la zona noroeste la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo.

Con este gesto, Insua pretendía denunciar la ocultación, por parte del PP, de documentación sobre los contratos menores suscritos entre Eulen y la Xunta, ya que la que proporcionaron para la comisión es, a su entender, “incompleta, no objetiva y no dice toda la verdad”. “Son los contratos del señor Feijóo y de Rueda”, incidió, y por eso “tienen que estar en esta comisión, para poder extraer conclusiones acordes a la documentación real que hay en la Xunta”. En lugar de los expedientes, según el Bloque, sólo está ofreciendo los listados de contrataciones.

El diputado nacionalista volvió a referirse a los 1.311 contratos menores por valor de casi 5 millones de Euros con Eulen. Tras cuestionar ante Baz la legalidad de los contratos menores que presentan como objeto de compra “otros”, mencionó aquellos convenios a los que sí pudo tener acceso el BNG: los que están publicados en la plataforma de contratos de la Xunta entre 2018 y 2023. El resto, aunque los solicitaron en la comisión, “el PP se niega a dárnoslos”.

En la relación de adjudicaciones de los últimos años existen, según Insua, 69.452 contratos para “material de laboratorio” por valor de 297 millones de euros; 72.423 para “otro material sanitario” por otros 600 millones; 271.656 contratos por 1.600 millones con el concepto “productos farmacéuticos y material sanitario” o cerca de ocho mil contratos por 11,2 millones y el objeto de “otra suministración”. “Incluso hay 12.000 contratos menores por valor de 31 millones de euros donde pone simplemente otros' y hacen referencia a contratos do Sergas”.

Eulen, la compañía en la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana de Alberto Núñez Feijóo, atesora en sus relaciones con la Xunta la costumbre de cerrar contratos sin tener que competir con otras empresas. La fórmula del contrato menor, adjudicado a dedo y sin concurso público ha sido, desde 2018, el modelo más frecuente en las relaciones de esta compañía con la administración gallega, aunque no es la principal fuente de facturación. Dentro del número total de sus tratos con la Xunta aglutina el 88,5% de los acuerdos cerrados entre ambas partes.

La información relativa a Eulen y su relación con la administración que el PP gobierna desde 2009 está estos días sobre la mesa de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Galicia que analiza la contratación pública durante los gobiernos de Feijóo y Rueda. Los datos en manos de elDiario.es proceden de la Plataforma de Contratos de la Xunta y se remontan a 2018, año en el que los cambios en la legislación sobre contratación pública y transparencia empezaron a obligar a la publicación de este tipo de información. Desde entonces hasta la actualidad Eulen cerró con la administración gallega un total de 1.579 contratos menores por valor de 7,2 millones de euros. En el mismo marco temporal las contrataciones abiertas y, por tanto, de mayor importe, fueron 55, por 19,7 millones de euros. Sumado a lo anterior, otros 150 contratos que la Xunta califica como “otros” y que suponen un negocio de 12,5 millones de euros. Conclusión: casi nueve de cada diez acuerdos entre Eulen y Xunta transitaron por la vía rápida y libre de tráfico competitivo que ofrecen las contrataciones a dedo.

Las relaciones de la Xunta con la empresa en la que la hermana de Feijóo ejerce como directora para la zona noroeste ha sido uno de los motivos por los que el BNG decidió impulsar la investigación que estas semanas encara la cámara gallega. Y es que la familia Feijóo ha tenido a varios de sus miembros simultáneamente involucrados en tratos mercantiles desde ambas partes de los acuerdos. Tal es el caso de los acuerdos firmados por Eulen con el área sanitaria de Santiago, que durante años dirigió Eloína Núñez Masid. La portavoz del PSOE Esther Peña, lo resumió así el pasado mes de agosto: “Si tu prima le adjudica cuatro millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública”.

La Xunta de Galicia ha declinado valorar la exagerada frecuencia de contratos a dedo en sus acuerdos con Eulen. Como única respuesta el Gobierno gallego ofrece la media de facturación en euros que la empresa de Micaela Núñez Feijóo ha ido obteniendo en los despachos de San Caetano a lo largo de los años para cifrarla en alrededor de cinco millones por ejercicio y asegurar que se trata “la misma cifra” que se firmaba en el periodo 2005-2008, durante el gobierno bipartito de PSOE y BNG. elDiario.es se ha puesto en contacto con un portavoz de Eulen para trasladarle las mismas dudas. La respuesta de la compañía ha sido la siguiente: “Muchas gracias por tu solicitud, pero, como sabes, no hacemos declaraciones en relación a este tema. Si cambiase nuestra política de comunicación, te informaría”.

En sus declaraciones públicas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no desaprovecha oportunidad para restar valor a la comisión que pretende analizar las contrataciones de su gabinete. Este jueves calificó a ese órgano parlamentario extraordinario como “comisión de difamación”, acusó a la oposición de “sostenella y no enmendalla para mantener vivo el cuento” y, en definitiva, resumió: “No me preocupa en absoluto”. La portavoz del BNG, Ana Pontón, no lo ve igual. Su partido fue quien impulsó la comisión que el PP intentó evitar. La política nacionalista habla de “boicot” de los populares al trabajo de investigación parlamentaria y ve en esas resistencias “una declaración de culpabilidad”.

2024: 140 contratos y 1,6 millones

La práctica de contratar a Eulen por la vía rápida ha sido constante a lo largo de los años analizados. En lo que va de ejercicio, se cerraron un total de 140 contratos menores por un montante de 1,6 millones de euros. Se trata de acuerdos que cubren servicios dispares como limpieza, seguridad o actividades de dinamización en bibliotecas públicas. Este formato de contratación tiene un límite en los importes de 15.000 euros para servicios y suministros y de 40.000 cuando se trata de obras. Los datos aportados por la Xunta a la comisión de investigación sobre la contratación con Eulen en 2024 incluyen cinco contratos que incumplen esa prerrogativa, ya que ascienden a 222.254 euros cada uno de ellos y se refieren a los servicios de seguridad en el área sanitaria de A Coruña.

Un portavoz de la Xunta de Galicia asegura a esta redacción que la discrepancia es “un error en la codificación del tipo de procedimiento”. Dicho en otras palabras, la Xunta asegura que ha calificado por equivocación como contrato menor lo que no cumple la ley que regula ese modelo de acuerdo comercial. La versión oficial opaca lo que realmente ha sucedido con esos cinco contratos que le han reportado a Eulen más de 1,1 millones de euros este año. Según fuentes de la administración consultadas por esta redacción, la explicación es otra bien distinta: el contrato entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y Eulen caducó sin que la administración lo sacase de nuevo a concurso. Argumentando lo indispensable de la prestación del servicio, Eulen fue beneficiaria por parte de la administración gallega de hasta cinco prórrogas mensuales para seguir encargándose de la seguridad de los centros del área sanitaria de A Coruña durante cinco meses de la pasada primavera y verano. Para cuando la Xunta volvió a tramitar un nuevo concurso, fue la empresa Prosegur quien ganó el sustancioso negocio de dar seguridad en los pasillos de centros médicos y hospitales.

Fue el arranque del curso político en el Parlamento de Galicia: la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta, en concreto los que llevaron a un sobrecoste de 470 millones en la construcción del principal hospital de Vigo y los formalizados con la empresa Eulen, de la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es la directora para la zona noroeste. Pero el PP ha intentado evitar el foco sobre la gestión del ahora líder del PP español en la Xunta y ha votado en contra. Tiene la mayoría absoluta y su negativa es suficiente para echar por tierra este primer intento, pero el BNG ha anunciado que va a forzar la constitución de una comisión parlamentaria. El reglamento se lo permite gracias a un punto que establece que se puede crear de forma automática si lo pide un tercio de los diputados que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario. La formación nacionalista tiene justamente un tercio de los asientos en la Cámara.

En su argumentación en este primer intento de crear la comisión, impulsado por el BNG, su líder, Ana Pontón, ha pedido “democracia y transparencia” para analizar el caso del Álvaro Cunqueiro y el de Eulen -54 millones en contratos en los últimos 15 años-, pero también los contratos de emergencia durante la pandemia, en especial con las empresas Universal Support -para la que trabaja el hermano de la pareja de Feijóo-, Sibucu 360 -que compró mascarillas con certificados falsos- y Mape Asesores -empresa que propició una comisión de dos millones de euros a la pareja de Ayuso-.

La respaldaron el PSdeG y Democracia Ourensana. La socialista Elena Espinosa consideró que los gallegos deben conocer la verdad sobre estas operaciones y que la Xunta “no puede normalizar el trato de favor con empresas relacionadas con el círculo familiar de Feijóo”. Sobre el hospital de Vigo, manifestó que la decisión del PP buscó “beneficiar a un fondo de inversión extranjero. El único integrante del grupo mixto, Armando Ojea, pidió analizar los procedimientos, aunque sin acusar, en principio, de nada al PP, dijo.

Para explicar la negativa del PP salió al atril del Parlamento su portavoz, Alberto Pazos Couñago, que arrancó su intervención con Venezuela: “Pretenden importar a nuestro país la metodología del régimen de Maduro”. La intención del BNG, dijo, es “difundir fake news con la esperanza de tapar su fracaso electoral”. Aseguró que no hubo trato de favor a Eulen, que el bipartito de PSdeG y BNG que gobernó en la Xunta de 2005 a 2009 también analizó la posibilidad de una colaboración público-privada para el hospital de Vigo y que “el 100%” de los contratos de la pandemia fueron fiscalizados por el Consello de Contas. Luego aclaró que “Contas decidió fiscalizar solo una parte, pero se puso a disposición el 100%”.

Pontón replicó con ironía: “Ya que hacen bulos, háganlos un poco mejor”. Acusó al PP de falta a la verdad y dijo que “sus mentiras no tienen ni patas”. El bipartito, contestó, encargó un estudio sobre las alternativas para construir el hospital Álvaro Cunqueiro, incluida una colaboración público-privada. Pero descartó esta opción y el plan que heredó Feijóo cuando accedió en 2009 a la Xunta fue el de una construcción con cargo a fondos públicos. La líder del BNG se remitió al informe de Contas sobre el hospital de Vigo que concluye que la fórmula elegida por el PP supuso un sobrecoste de 470 millones de euros: “Lean los informes. Esta semana descubrimos que no se los leen”.

La portavoz nacionalista aseguró que, ante el rechazo del PP a crear la comisión de investigación, el BNG activará esa otra posibilidad de impulsarla en solitario y pidió a los populares que “no veten” en trabajo y permitan al Parlamento pedir “toda la documentación y todas las comparecencias necesarias”.

El PSdeG reclama la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre los contratos adjudicados por la Xunta a la empresa Eulen, de la que es directiva Micaela Núñez, hermana de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas gallegos quieren que también la Cámara autonómica analice los acuerdos firmados y que, entre los gobiernos del ahora líder del PP estatal y el de Alfonso Rueda, suman 54 millones de euros. El PSOE anunció a nivel estatal medidas para poner el foco en estos contratos.

La secretaria de Organización adjunta de los socialistas gallegos, Ana Pena, ha reclamado que se arroje luz sobre los acuerdos firmados con empresas “vinculadas a familiares y amigos” de Feijóo. “Lo que sabemos hasta ahora, según revelaciones de medios de comunicación y auditorías externas, nos lleva a pensar que es absolutamente necesario poner el foco sobre estos contratos”, manifiesta en un comunicado.

Las fuerzas representadas en el Parlamento gallego, controlado por la mayoría absoluta del PP, deben unirse por la transparencia, defiende Pena. Desde que en 2009 Feijóo llegó a la Xunta, el PSdeG calcula que la media anual de fondos recibidos por Eulen a través de contratos con la administración autonómica es de 2,86 millones de euros y que en el tiempo que Rueda lleva al frente del Ejecutivo gallego -desde mayo de 2022- las adjudicaciones alcanzan los 17 millones.

Pena cree que hay “un patrón preocupante en la gestión del PP”, en la que asegura que “contratos millonarios parecen beneficiar a personas próximas a Feijóo y Rueda”. La pregunta, dice, es si esas decisiones se tomaron “en función del interés público o si responden a otro tipo de interés”. Insiste en que es necesario aplicar “luz y taquígrafos” y evitar la opacidad que le atribuye al PP en esta materia y en otras como el sobrecoste de 470 millones de euros del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

También se ha pronunciado sobre el caso el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en unas declaraciones publicadas en X (antes Twitter). “El PP nunca que la viga en el ojo propio. Ya sabemos que se pueden destruir ordenadores a martillazos, que nadie sabe quién es M. Rajoy, que el único partido condenado como tal por corrupción y con sentencia firme es el PP, pero de los 54 millones de euros de la Xunta de Galicia, la de antes y la de ahora, que fueron a parar a empresas en las que están los familiares del señor Feijóo no sabemos nada”, dice López. Esto, continúa “exige explicaciones”.

No es la primera vez que los partidos de la oposición en Galicia intentan investigar sobre los contratos de la Xunta con Eulen. El BNG ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de respuesta del Gobierno gallego a varias de las peticiones de información del grupo amparadas en el reglamento parlamentario. Uno de los asuntos sobre los que no han obtenido respuesta es precisamente el de las relaciones con la empresa en la que la hermana de Feijóo es directora en la zona noroeste.

Si llega a presidente del Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá a su pareja “que no tenga contratos con la administración pública”. Así lo afirmó este miércoles en una entrevista en Onda Cero tras conocer la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba una pausa para “parar y reflexionar”. No se quedó ahí, aseguró que “si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir”. Una exigencia ética que Feijóo no mostró con su propia hermana durante sus trece años al frente de la Xunta.

Micaela Núñez Feijóo es la directora de la Zona Noroeste del Grupo Eulen, una empresa de servicios con más de 70.000 empleados en todo el mundo. En 2022, el diario Público desveló que, desde que Feijóo llegó en 2009 a la presidencia de la Xunta hasta ese momento, Eulen había recibido contratos del Gobierno gallego por más de 37 millones de euros. No era algo nuevo. Como contó entonces la Cadena SER, Micaela llegó a estampar su firma en un convenio suscrito con la consellería que dirigía Feijóo durante el último gobierno de Manuel Fraga. Entonces, ella constaba como “apoderada” de la empresa.

Según su cuenta en LinkedIn, Micaela Núñez entró en Eulen en 2003, el mismo año en el que su hermano regresó a Galicia, abandonando la presidencia de Correos para ponerse al frente del departamento de Política Territorial. Ella fue delegada de la empresa en Pontevedra y Vigo y, posteriormente, directora regional en Galicia. El ascenso a su cargo actual, responsable para el Noroeste, llegó en en 2016, justo después de alcanzar una cifra récord de 6,2 millones de euros en contratos con la Xunta durante el ejercicio anterior.

Feijóo siempre defendió que el puesto de su hermana, en un grupo empresarial de esas dimensiones, no influía en los contratos con la administración autonómica, un argumento que no convenció a la oposición. El 30 de marzo de 2022, el mismo día en que el mandatario gallego renunciaba a la presidencia del PPdeG como paso previo para asumir el liderazgo estatal, la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Galicia impidió que el Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones en la comunidad, revisase las contrataciones de la Xunta con Eulen desde 2009. Lo había solicitado el BNG basándose en las informaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta “connivencia” de Feijóo “con su propia familia”.

La prima y el cuñado

Micaela Núñez Feijóo no es la única familiar del líder del PP que ha progresado durante su presidencia de la Xunta. Su prima, Eloína Núñez Masid es, desde 2017, la gerenta del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Antes lo fue del Hospital de Ourense, cargo al que llegó desde el grupo municipal del PP en la ciudad, donde era concejala.

La gestión de Eloína Núñez al frente de la sanidad en la capital de Galicia no ha estado exenta de polémicas, con expedientes a la doctora que denunciaba falta de medios en urgencias o acusaciones a los propios facultativos de contagiarse de covid entre ellos durante las pausas en la cafetería. Sólo meses después de esta última, todavía bajo los efectos del covid, Feijóo reservaba a su prima un cargo en la dirección del Partido Popular de Galicia.

Fue precisamente durante la pandemia cuando la empresa del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, firmó contratos menores con la Xunta por valor de 200.000 euros. Según publicó El Salto, la empresa de la que es director comercial el hermano de Eva Cárdenas obtuvo 204.076,18 euros en contrataciones a dedo mientras el líder del PP era aún presidente de Galicia. Entre 2020 y 2022 se convirtió en una de las compañías “favoritas” de la administración autonómica para el encargo del rastreo de contagios. Y eso que la sociedad de telemarketing Universal Support no tiene ninguna relación con el sector sanitario.

Eulen Seguridad SA, la división de seguridad privada del gigante español de los servicios Eulen, ha sido vetada por el Ministerio de Hacienda para obtener contratos públicos de la Administración durante un periodo de siete meses, tal y como desveló elDiario.es. La decisión se debe a una sanción por “trato vejatorio” a un trabajador en un centro de trabajo en Madrid, según explican a este medio fuentes conocedoras del expediente que resolvió la Comunidad de Madrid por estos hechos.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo indican que ese expediente no es público y que se abrió después de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que es competencia de la Dirección Provincial (Gobierno de España).

“A la Comunidad de Madrid le corresponde darle trámite” y al denunciante se le dio la razón. “Los hechos de refieren a un centro específico de la empresa y con un problema de un trabajo en concreto”. “No ha sido algo generalizado”, según esas fuentes.

El resultado fue una sanción por una infracción “muy grave” recogida en el artículo 8.11 del Real Decreto-Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ese artículo castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

La resolución sancionadora fue notificada a la empresa el 14 de mayo de 2021 y fue declarada firme un mes después. La empresa abonó la sanción, que ascendió a unos pocos miles de euros, según fuentes del Gobierno madrileño, que no precisan la cifra.

Tal y como establece la ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid informó de la resolución sancionadora a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 8 de abril de 2022. La junta estatal de contratos acordó iniciar la tramitación de expediente administrativo para determinar el alcance y la duración de la prohibición para contratar, al concurrir la causa descrita en el artículo 71.1.b de la ley 9/2017, de contratos públicos.

Y, tras analizar el caso, abogó por aplicar esa prohibición a Eulen Seguridad durante el plazo de 7 meses, tal y como finalmente se ha aplicado por orden de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La prohibición ya figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, tal y como establece la legislación. 

Más de cien denuncias

Fuentes sindicales decían este jueves no tener información sobre estos hechos en una empresa que acumula numerosas denuncias de los representantes de los trabajadores ante la Inspección: 42 en 2022 solo en Madrid, en el caso de UGT, y más de un centenar desde 2021, en el de CCOO.

No obstante, según UGT, la situación “ha cambiado mucho” recientemente, a mejor, con la llegada de una nueva dirección de Recursos Humanos.

El veto a Eulen Seguridad para contratar con la Administración entró en vigor el pasado 19 de abril y estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre.

La decisión de Hacienda va a implicar que se quede sin optar a contratos públicos durante más de la mitad del ejercicio 2023. En 2021, último año en el que presentó cuentas, la filial tuvo unas ventas de 218 millones de euros y un beneficio de apenas 426.000 euros, con 6.588 empleados y unos gastos de personal de 192 millones.

La filial es una de las principales patas de negocio de Eulen, un gigante que, tal y como explica en su web, factura más de 1.530 millones al año (el 81% en España), con cerca de 75.000 empleados (el 64% en España) y presencia en Chile, México, Perú, Colombia o Estados Unidos. El grupo ha declinado comentar este asunto.

Pese a esa elevada facturación, la empresa “da un retorno del 1,5%”, según decía la presidenta ejecutiva de Eulen, María José Álvarez, en una entrevista concedida hace años en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual”.

Álvarez, que heredó de su padre, David Álvarez (fallecido en 2015), el 60% de las acciones de Eulen, contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: 'Yo os voy a juntar a comer'. Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

La familia Álvarez figuraba en el puesto 106 de la lista de los más ricos de España del último ranking de El Mundo. Recientemente el clan perdía al mayor de los siete hijos del fundador, Jesús David, considerado el hermano neutral en la guerra que el clan mantiene desde hace una década. Desvinculado de Eulen en 2018, llegó a ser consejero de la gasista Enagás. 

Constituida en marzo de 1974 y con sede en las oficinas de Eulen en la urbanización La Florida, en Madrid, Eulen Seguridad es, como recuerda en su último informe de gestión, correspondiente a 2021, la empresa decana de servicios globales de seguridad en España, “con unos pilares sólidos sobre los que cada día, todos lo que trabajamos en Eulen Seguridad tratamos de desarrollar un concepto de protección física, lógica, reputacional, etc. que pasa por el uso prioritario de la inteligencia y la tecnología, sin olvidarnos por supuesto de las personas y los procedimientos”.

En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2021 y accesibles a través de Insight View, Eulen Seguridad no hace ninguna mención a esa sanción por vulnerar la dignidad de ese trabajador, que se le impuso en ese ejercicio, más allá de reseñar un impacto fiscal de 64.000 euros por “sanciones y expedientes laborales y administrativos”. El importe de esa sanción fue testimonial, pero le va a salir caro al grupo.

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha inhabilitado a Eulen Seguridad, SA, la división de seguridad privada del gigante español de los servicios Eulen, para obtener contratos públicos de la Administración durante siete meses. El motivo es una sanción “muy grave” de la autoridad laboral en la Comunidad de Madrid por atentar contra la dignidad de trabajadores de la filial multinacional española.

Según documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, la prohibición de contratar en el ámbito del sector público para esta empresa ha sido ordenada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, mediante una resolución dictada el 24 de febrero. El veto entró en vigor el pasado 19 de abril y estará vigente hasta el próximo 18 de noviembre.

La prohibición ya figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, tal y como establece la legislación. Eulen ha declinado hacer comentarios sobre este asunto.

Fuentes conocedoras del proceso explican que la filial fue objeto de un expediente sancionador por parte del director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. La autoridad laboral competente instruyó un acta de infracción tipificada como “muy grave” en materia social, recogida en el artículo 8.11 del Real Decreto-Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Ese artículo castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

La resolución sancionadora fue notificada a la empresa el 14 de mayo de 2021 y fue declarada firme un mes después. Tal y como establece la ley, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid informó de la resolución sancionadora a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 8 de abril de 2022. La sanción de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid fue remitida a la junta de contratos junto a las infracciones en materia laboral o social de otras 22 empresas.

La junta estatal de contratos acordó iniciar la tramitación de expediente administrativo para determinar el alcance y la duración de la prohibición para contratar, al concurrir la causa descrita en el artículo 71.1.b de la ley 9/2017, de contratos públicos. Y, tras analizar el caso, la junta abogó por aplicar esa prohibición a Eulen Seguridad durante el plazo de 7 meses, tal y como finalmente se ha aplicado por orden de la ministra.

La ley de contratos públicos regula en su artículo 71 los motivos para activar la prohibición de contratar con la Administración para las empresas. Entre otros, el falsear datos ante la Administración, haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, financiación de partidos políticos, blanqueo de capitales o contra los trabajadores o por infracción muy grave en materia laboral o social, como en este caso.

Otros supuestos de inhabilitación como contratista de la Administración son haber sido sancionadas en firme por falsear la competencia, por discriminación, por infracciones muy graves de la normativa medioambiental o por no estar al corriente de pago con la Seguridad Social o con Hacienda. En el caso de la participación en cárteles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere empezar a aplicar ese veto directamente, sin pasar por esa junta de contratos.

Decana del sector

Constituida en marzo de 1974 y con sede en las oficinas de Eulen en la urbanización La Florida, en Madrid, Eulen Seguridad es, como recuerda en su último informe de gestión, correspondiente a 2021, la empresa decana de servicios globales de seguridad en España, “con unos pilares sólidos sobre los que cada día, todos lo que trabajamos en Eulen Seguridad tratamos de desarrollar un concepto de protección física, lógica, reputacional, etc. que pasa por el uso prioritario de la inteligencia y la tecnología, sin olvidarnos por supuesto de las personas y los procedimientos”.

En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2021 y accesibles a través de Insight View, el grupo no hace ninguna mención a esa sanción por vulnerar la dignidad de su plantilla, que se le impuso en ese ejercicio, más allá de reseñar un impacto fiscal de 64.000 euros por “sanciones y expedientes laborales y administrativos”. En esas cuentas indica que en ese ejercicio la filial tuvo unas ventas de 218 millones de euros y un beneficio de apenas 426.000 euros, con 6.588 empleados y unos gastos de personal de 192 millones.

Estas cifras dan idea del impacto que puede tener para la división de Seguridad Privada de Eulen quedarse fuera durante más de la mitad del presente ejercicio del acceso a contratos públicos en España, que es su principal mercado. En el sector de la seguridad privada, el 85% de los gastos de explotación de las empresas suele corresponder a costes laborales. La facturación de Eulen Seguridad equivale a cerca del 15% de las ventas totales del grupo Eulen. El veto aplica únicamente a esa subsidiaria, no al conjunto del grupo.

Entre las últimas adjudicaciones de la filial figuran un contrato de vigilancia de puertos en Mallorca por 210.793 euros que fue formalizado el 17 de abril y entró en vigor la víspera de que empezara a aplicarse el veto de Hacienda, otro para el control de pasajeros en los arcos detectores de metales del puerto de Ceuta por 566.013,52 euros adjudicado el 21 de marzo y otro para la vigilancia del edificio Palau de Les Arts 'Reina Sofía', en Valencia, que se adjudicó el 28 de marzo por 1,46 millones.

Entre los contratistas habituales de Eulen ha figurado históricamente la empresa pública de aeropuertos, Aena. “Actualmente estamos presentes en 27 aeropuertos españoles y americanos”, dice en su web Eulen, que en 2017 protagonizó un largo conflicto laboral en el aeródromo de El Prat (Barcelona).

La consejera delegada de la filial es la máxima responsable de Eulen, María José Álvarez Mezquíriz, hija del fundador, el fallecido empresario leonés David Álvarez, que fundó Eulen en 1962. Enfrentada a sus hermanos desde hace años, María José Álvarez, a la que Forbes España acaba de colocar en el puesto 31 de mejores CEO de España, fue noticia hace unos meses tras ser asaltada en su coche junto a su escolta a punta de pistola por dos hombres armados en el distrito de Moncloa-Aravaca.

En sus cuentas, Eulen Seguridad explica que “presta numerosos servicios de seguridad para grandes clientes, algunos de los cuales (fundamentalmente las administraciones públicas) requieren la formalización del contrato a través del correspondiente concurso”.

Su informe de gestión de 2021 se extiende en advertencias sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, su efecto en los precios y “el posible impacto en contratos que puedan devenir onerosos”. También incluye cálculos sobre el incremento de la deuda pública de España en los últimos ejercicios o el aumento del gasto público, pero no precisa cuál es el peso del sector público en su facturación.

La filial es una de las principales patas de negocio de Eulen, un gigante que, tal y como explica en su web, factura más de 1.530 millones al año (el 81% en España), con cerca de 75.000 empleados (el 64% en España) y presencia en Chile, México, Perú, Colombia o Estados Unidos.

Pese a esa elevada facturación, la empresa “da un retorno del 1,5%”, según decía María José Álvarez hace años en una entrevista en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual”. Álvarez, que heredó de su padre (fallecido en 2015) el 60% de las acciones de Eulen, contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: 'Yo os voy a juntar a comer'. Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

Las últimas cuentas de la filial sancionada por Hacienda están firmadas por la propia María José Álvarez y por su sobrina y nieta del fundador, Carlota Álvarez Becerril, que en 2021 se casó con un hijo del naviero valenciano Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

En Eulen Seguridad, como en otras filiales del grupo, figura como apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es directora de Eulen para el noroeste de España desde hace años.

Dos hombres armados han asaltado desde un coche y han encañonado con sus pistolas a otro vehículo en el que viajaba la presidenta del Grupo Eulen conducido por su escolta, que disparó a los atacantes antes de que huyeran del lugar, sin que ni la mujer ni el vigilante hayan sufrido heridas.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el suceso ocurrió poco antes de las dos de la madrugada del pasado lunes en la calle de José Bastos, en el distrito de Moncloa-Aravaca, en Madrid, cuando el coche en el que viajaba la empresaria y conducía un escolta privado fue interceptado frontalmente por otro coche, un Renault Scenic.

De este vehículo, según las mismas fuentes, se bajaron dos hombres armados que encañonaron el de la presidenta de esta empresa de servicios sociosanitarios y de limpieza, mientras otro coche cortaba por detrás el paso del Mercedes. En ese momento el escolta realizó tres disparos con su arma e, inmediatamente, los coches de los supuestos asaltantes huyeron del lugar.

El escolta de la empresaria también realizó una maniobra brusca e impactó contra una farola. Los servicios sanitarios han atendido a la mujer por el fuerte choque sufrido en el costado derecho y por una crisis de ansiedad, mientras que el hombre no ha sufrido ninguna lesión.

Nuevo capítulo en la guerra familiar de los hermanos Álvarez Mezquíriz, dueños de Eulen y de las bodegas Vega Sicilia, principal marca de lujo en España y productora de uno de los vinos más reconocidos en el mundo.

La presidenta y máxima accionista de Eulen, María José Álvarez, ha solicitado que la próxima junta de accionistas de El Enebro, la sociedad patrimonial de la familia con la que sus hermanos controlan las bodegas y la cárnica Valles del Esla, debata entre otras propuestas nombrar un consejero delegado “independiente”.

La primera ejecutiva del gigante español de los servicios solicita también el cese de su hermano Juan Carlos como administrador de El Enebro y entrar en un consejo de administración de nueva creación. Además, exige que se analice el efecto en El Enebro del reciente traslado a España de Mezqual Limited, instrumental británica que sus hermanos utilizaron durante años para controlar la patrimonial. Pablo Manuel, Emilio, Juan Carlos, María Elvira y Marta Álvarez Mezquiriz, los cinco herederos “díscolos”, como los denominaba su padre, el fallecido fundador de Eulen, David Álvarez, han liquidado recientemente esa firma ante la “pérdida de interés” que, según ellos, implicaba mantenerla allí tras el Brexit.

María José Álvarez, que también vuelve a reclamar que El Enebro reparta dividendos, ha incluido esas propuestas en un complemento a la convocatoria de la junta de accionistas que esa patrimonial prevé celebrar el 30 de junio, en primera convocatoria, o el 1 de julio en segunda.

La presidenta de Eulen controla en torno al 60% del gigante de los servicios (sus hermanos se reparten el resto, aunque sin poder decisión). La ejecutiva tiene un 16% de El Enebro, en la que no manda. Ha pedido incluir esas propuestas al superar el 5% que estipula la Ley de Sociedades de Capital.

Respecto a la británica Mezqual, María José Álvarez exige un informe del órgano de administración de El Enebro “sobre el estado y grado de avance del proceso de fusión por absorción entre las sociedades Mezqual Limited y Mezqual Ibérica, SL, sobre la ecuación de canje de los títulos de las sociedades afectadas por la fusión, sobre las condiciones, incluidas las económicas, de la transmisión de las acciones de El Enebro, SA, entre las sociedades afectadas por la fusión y sobre la incidencia de esa fusión en la organización y actividad de la sociedad”.

También pide que ese informe explique las “relaciones contractuales entre Mezqual Ibérica, SL, y El Enebro, SA”, según el nuevo orden del día de la junta.

Fuentes cercanas a los cinco hermanos díscolos muestran su sorpresa sobre una petición de información que “se refiere a cuestiones que en sí no son competencia de El Enebro, ya que se refieren a unas Cuentas consolidadas que no aplica en este momento y al proceso de fusión por absorción de una empresa extranjera por otra española que tiene acciones de El Enebro”.

Mezqual Limited era el holding que controlaba la mayoría de El Enebro y, de forma indirecta, declaraba también en torno al 40% de los cinco hermanos díscolos en Eulen. Cuando en 2016 trascendió el traslado de Vega Sicilia a Reino Unido, estos argumentaron que serviría para reforzar sus inversiones en el sector agroalimentario nacional e internacional y suprimieron el consejo de El Enebro. Lo sustituyeron por un administrador único, Mezqual (cuyo cese exige ahora su hermana), e incluyeron restricciones a la venta de las acciones para evitar la entrada de nuevos socios.

Las fuentes cercanas a los cinco díscolos muestran su sorpresa por que María José Álvarez reclame información sobre las inversiones de El Enebro, algo “innecesario ya que lo pueden preguntar en la Junta”. También por que pida un cambio en el órgano de administración cuando “Eulen viene rechazando la existencia de Consejo de Administración”.

Un dividendo “justo”

Desde el entorno de la presidenta de Eulen se replica que, si bien sus hermanos no están en el consejo del gigante de los servicios y las externalizaciones, sí cobran dividendos, mientras en El Enebro “no se reparten hace años”. María José Álvarez plantea repartir un dividendo “justo” con cargo a las reservas de la compañía.

En el ejercicio 2019 (último disponible), El Enebro tuvo un beneficio neto de 23,18 millones con una cifra de ventas de poco más de 59 millones, y acumulaba unas reservas de unos 190 millones. Es una empresa mucho más rentable que Eulen, un negocio que antes del coronavirus facturaba 1.500 millones y “da un retorno del 1,5%”, como explicaba María José Álvarez en una reciente entrevista en Actualidad Económica en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos “está igual” . Álvarez contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: “Tengo algunos que me dicen: ”Yo os voy a juntar a comer.“ Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no”.

Sus cinco hermanos estuvieron enfrentados al padre, al que su amigo Juan Carlos I nombró marqués un año antes de su muerte, y la pugna se prolongó luego con la favorita del patriarca. El fallecimiento de David Álvarez en noviembre de 2015 también abrió un pulso entre Administraciones tributarias por ver dónde debía tributar su herencia. En 2019, el Tribunal Supremo dictaminó que debía hacerlo en Madrid.

Vega Sicilia, adquirida por David Álvarez en 1982, es el principal negocio de El Enebro. Con más de 150 años de historia, Vega Sicilia incluye también Bodegas Alión, Pintia en Toro, Bodegas Tokaj Oremus en Hungría, la finca agrícola El Quexigal y las empresas asociadas Benjamín de Rothschild (con la que elaboran en La Rioja su vino Macán) y Europvin (20%).

En 2019, Bodegas Vega Sicilia tuvo unos ingresos de 36,6 millones y un beneficio de 26 millones y vendió por primera vez más en el extranjero que en España. En el año previo a la pandemia, exportó 157.233 botellas, el 50,1% del total, a un precio medio de 110,8 euros (10 euros más que un año antes), y por encima del obtenido por las botellas vendidas en España.

En octubre, en una entrevista a El País, el consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, Pablo Álvarez, anticipaba unos resultados aceptables para el ejercicio 2020 pese a la COVID-19, gracias a la fortaleza del mercado del lujo, y restaba importancia a la aportación de Eulen al holding que comparte con sus hermanos: “Nunca nos ha ayudado financieramente… jamás. Creo que algunos años ganamos más que Eulen”. También abría la puerta a vender la bodega si no veía un relevo claro al frente de la empresa que dirige desde 1986.

La tragedia de las residencias de ancianos en España tiene muchos nombres propios, pero en Barcelona destacan por ahora dos: Mossèn Vidal i Aunós y Bertran i Oriola. O más bien uno: Eulen, el gigante multiservicios que se hacía cargo de ambos geriátricos hasta que la Generalitat le apartó de la gestión por unas carencias en la atención en las que ahora ven indicios de irregularidades. Un revés que supondría apenas un rasguño para una empresa española que ingresó más de 1.500 millones de euros en 2018 con un modelo de negocio basado en contratas públicas de todo tipo (desde la limpieza hasta la seguridad, la educación o las residencias) y que convive desde hace años con una larga y encarnizada batalla por su control librada por los hijos del fundador, David Álvarez Díez.

Eulen Sociosanitarios S.A., la filial del grupo para el ámbito del sector sanitario y de servicios sociales, no aporta información sobre el número de geriátricos que gestiona. En Catalunya son siete, según ha podido saber eldiario.es, todos ellos de titularidad pública y ganados en concursos en los que la propuesta económica suele tener un peso determinante. La gestión de Mossèn Vidal i Aunós y Bertran i Oriola la asumió en 2017, después de que la Generalitat suspendiese el contrato a la por entonces gestora, una UTE controlada por la constructora OHL, también por denuncias de malos tratos hacia los ancianos.

En esta ocasión, la Generalitat intervino ambos geriátricos durante la epidemia al detectar deficiencias en el trato a los ancianos, como ocurrió en total en 14 residencias catalanas. Pero luego les abrió un expediente sancionador al detectar irregularidades que podían ir más allá. Los familiares, que han llevado el caso a los tribunales, denuncian una total opacidad informativa durante marzo y abril, síntomas de desnutrición y deshidratación de los usuarios y un incumplimiento de las ratios de gerocultores por anciano que provocaron “serios problemas” en la higiene, la medicación y el cuidado en general de los ancianos durante esos días. Así lo detallan en una carta que hicieron llegar hace unos días al president Quim Torra y que ha podido consultar este diario. En total fallecieron 24 personas en Bertran i Oriola y 22 en Mossèn Vidal i Aunós.

“Eulen suele entrar con todo cuando asume la gestión de un centro. A menudo no respeta los acuerdos de los trabajadores y no dudan a la hora rebajar la calidad de la atención a las personas para mejorar la oferta y sacar más beneficio”, resume una trabajadora con años de experiencia en el sector, aunque reconoce que esta es la práctica habitual de las grandes multinacionales que han desembarcado en el sector (sin ir más lejos, estas dos residencias ya padecían falta de personal y deficiencias en las instalaciones con la anterior gestora, OHL).

Las cuentas publicadas por Eulen Sociosaniarios S.A. muestran un volumen de negocio de 127 millones de euros en 2018, con unos beneficios de 4,4 millones. Unas cifras que contrastan con los gastos de personal: el sueldo medio de sus 5.800 trabajadores (estimado, de forma aproximada, a partir de sus gastos de personal declarados) es inferior a los 18.000 euros anuales, muy lejos de la media española. Destaca también que más del 40% del personal no es fijo. eldiario.es se ha contactado con la empresa para este reportaje, pero por ahora no ha obtenido respuesta.

La heredera contra los 'díscolos'

Lo que ahora es el Grupo Eulen, un conglomerado que emplea a 85.000 personas en una quincena de países de todo el mundo y factura 1.500 millones –según los datos que ofrece la propia compañía– tiene su embrión en la Central de Limpieza El Sol, fundada por David Álvarez Díez en 1962. Desde el sector de la limpieza, este empresario leonés fue ampliando los horizontes de la firma y dio un salto determinante al fundar en 1974 Prosesa –la actual Eulen Seguridad–, la división con la que conquistó el incipiente mercado de la vigilancia privada.

Sin demasiada proyección pública, el nombre del Grupo Eulen (con sede en Madrid desde 1982) se fue convirtiendo poco a poco en uno de los más habituales en las contrataciones de servicios públicos por parte de administraciones autonómicas y ayuntamientos. Además de la limpieza (desde hoteles hasta hospitales) y la seguridad, la lista de servicios que ha llegado a ofrecer es casi interminable: teleasistencia, jardinería, asistencia médica en empresas, escuelas infantiles, comedores, residencias, pisos de personas con discapacidad, ambulancias, mantenimiento de todo tipo de infraestructuras…

En 2009 desembarcó en Estados Unidos al adquirir la firma Asmo, responsable del handling (la gestión de equipajes) en trece aeropuertos del país, entre ellos el JFK de Nueva York. Ese hito para la empresa coincidió sin embargo con el inicio de la agria batalla de cinco de sus hijos, los que él mismo apodó los díscolos (Juan Carlos, Pablo, Emilio, Elvira y Marta), contra él y otros dos vástagos (Jesús David y María José). Los críticos trataron de desplazarle en el control de la empresa y él, a sus 82 años, respondió haciéndose administrador único y creando una sociedad patrimonial para mantener las riendas junto a su hija.

Esa sociedad, Daval Control, es hoy todavía la que posee el 58% de las acciones de Eulen, y está controlada por María José Álvarez, presidenta del grupo. Los díscolos, por su parte, controlan el resto de la compañía a través de otra patrimonial fundada por su padre, El Enebro, y en la que sí lograron hacerse con la mayoría. Esta firma es la que está detrás de la marca de vinos Vega Sicilia, así como de la cárnica Valles del Esla.

“Doy gracias a Dios porque el conflicto familiar y empresarial lo puedo solucionar en vida”, expresaba Álvarez a sus allegados al inicio de las disputas, según informaba El País. Pero no fue así, más bien al contrario. Su muerte en 2013 y el posterior reparto de la herencia recrudeció la disputa, que se acabó dirimiendo en los juzgados. Uno de los últimos capítulos de la contienda se resolvió en el Supremo, que rechazó la revocación por ingratitud de una donación de 1,5 millones por parte de los cinco hijos a su padre entre 2005 y 2008.

Álvarez, contra las subidas de impuestos

Tanto David Álvarez, primero, y María José Álvarez, después, como el conjunto de la compañía, han mantenido siempre un perfil bajo en cuanto a su exposición pública. Sin embargo, esto no ha evitado que el Grupo Eulen haya aparecido a menudo vinculado con denuncias y reclamaciones de carácter laboral. La más sonada y reciente fue la huelga de vigilantes del aeropuerto de El Prat en Barcelona, con sueldos de entre 900 y 1.100 euros al mes y jornadas que se podían extender hasta las 16 horas para poder completar el salario con las extra. 

Estos días, pasado lo peor de la epidemia de COVID-19 en España, María José Álvarez ha roto su habitual silencio para conceder algunas entrevistas y aportar su visión sobre la situación económica de la empresa y del país en general. 

A diferencia de otros grandes sectores, el Grupo Eulen ha mantenido el 75% de su actividad, puesto que la mayoría de sus empleos son esenciales. 2.200 de sus empleados se han contagiado por coronavirus. Un juzgado de Gran Canaria llegó a obligar a la firma a proporcionar EPI a los vigilantes del Hospital Universitario Doctor Negrín. Sobre esa escasez, Álvarez asegura en Expansión que importaron material de China y Corea del Sur a precios “desorbitados”, pero que llegó un momento en el que dejaron de recibir. 

Sobre el futuro económico de España, no se cortó el pasado 18 de junio a la hora de lanzar críticas veladas a las actuales políticas del gobierno. En apenas 6 minutos de intervención en el foro Empresas Españolas Liderando el Futuro, convocado por la patronal CEOE, se quejó de la “inseguridad jurídica” vivida durante estos meses de continuos cambios normativos en el sector sociosanitario y atacó de frente las propuestas de subidas de impuestos del Ejecutivo (aunque PSOE y Podemos luego retirarían el impuesto a las grandes fortunas del pacto de reconstrucción). 

“Cuando se habla de subidas de impuestos creo que cualquier empresario o trabajador no puede evitar mirar con cara de asombro”, expresaba. Y aseguraba que ya les ha costado bastante asumir la subida del salario mínimo en un modelo de empresas, las de servicios, cuya facturación corresponde en un 90% a los costes. “Venimos de asumir una subida del 22,7% y un 5,5% en 2020. ¿Alguien piensa que estas empresas se encuentran en condiciones de asumir cualquier tipo de coste, sea impositivo o de otro tipo?”, se preguntaba.

Segunda condena a Eulen por discriminación por razón de sexo en su despido a una veterinaria rural en Castilla y León. La empresa multiservicios echó a la trabajadora que estaba de baja por una tendinitis de Quervain por la vía disciplinaria por “transgredir la buena fe contractual”. La compañía utilizó para ello la información facilitada por la mutua MC Mutual, que había contratado un detective privado que mostraba a la mujer cuidando de su bebé y realizando otras tareas diarias como hacer la compra. La justicia, por segunda vez, considera que Eulen vulneró el principio de igualdad en el despido de esta empleada.

El último en dictarlo ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sección 1 de la Sala de la Social de Valladolid. En su sentencia del pasado 2 de octubre, a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha adelantado Cinco Días, los tres magistrados ratifican la condena por despido nulo que firmó el juez Juan Gabriel Álvarez Rodríguez del Juzgado de lo Social número 2 de León en mayo del año pasado.

La empleada trabajaba para Eulen desde enero de 2014 como veterinaria de campo. Según los hechos probados, la mujer ejecutaba “programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio de la Comunidad de Castilla y León”, servicio adjudicado a Eulen “en virtud de diversas contratas suscritas con la Junta de Castilla y León”.

En diciembre de 2014 hubo un primer intento de despido de la trabajadora cuando estaba embarazada, pero la empresa se echó para atrás en un acto de conciliación al que acudió la empleada. La veterinaria estuvo de baja por vómitos en el embarazo, más tarde por una lumbalgia y después por su permiso de maternidad, al que acumuló el permiso de lactancia. La mujer causó baja de nuevo por “tendinitis de Quervain” cuando iba a reincorporarse en su puesto, diagnosticaba a raíz de su maternidad y que requirió una cirugía, recoge la sentencia.

Eulen despidió a la trabajadora por la vía disciplinaria finalmente el 12 de octubre de 2016 con el argumento de que la veterinaria había “defraudado” a la empresa y que había incurrido en la transgresión de “la buena contractual”.

La mutua contrató a un detective privado

La empresa especializada en la externalización de servicios sustentó el despido con la documentación facilitada por la mutua MC Mutual, que informó a Eulen de que la trabajadora había incurrido en una causa de suspensión de su prestación de baja. La mutua se basó para ello en el informe de un detective privado que contrató, que mostraba a la mujer realizando tareas cotidianas, como cuidar a su bebé o hacer la compra.

La veterinaria recurrió en los tribunales la suspensión de la prestación de baja por parte de la Mutua, en un procedimiento en el que MC Mutual ni se presentó al juicio, por lo que la demanda fue estimada. La empresa colaboradora de la Seguridad Social tampoco recurrió la sentencia.

Con ese argumento anulado a los tribunales, la trabajadora demandó a Eulen por despido. En primera instancia, la empresa defendió su actuación y alegó su desconocimiento de las novedades respecto a la mutua. El magistrado Juan Gabriel Álvarez Rodríguez pone en duda que, tras ser avisada en un inicio Eulen de este caso por la mutua (lo que sustentó el despido de la afectada), más tarde no se comunicara a la empresa que la denegación de la prestación de incapacidad quedó anulada.

El magistrado de primera instancia condenó a Eulen por despido nulo y estimó que la empresa había aplicado una represalia contra la veterinaria, por evitar el primer despido de 2014, así como que había vulnerado el principio de igualdad al discriminar por razón de sexo a la trabajadora.

Eulen insistió en su “buen estado de salud”

La empresa multiservicios recurrió la sentencia y de nuevo la justicia ha fallado en favor de la trabajadora. La sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recoge que Eulen insistió en que “la única y exclusiva causa por la que se procedió a la extinción del contrato de la actora fue su actuación fraudulenta, y no su estado de gestación previo o su posterior maternidad”.

La compañía insistió, pese a estar anulada la actuación de la mutua, en que “el informe elaborado por un investigador privado evidencia el buen estado de salud de la actora y su incorrecta actuación fraudulenta al permanecer en situación de baja médica”. Como no fue parte en el juicio de la mutua, Eulen alega el desconocimiento de este procedimiento y defiende que el despido no tenía ningún “móvil espurio”.

Los tres magistrados que analizan de nuevo el caso, con Susana María Molina Gutiérrez como ponente, no coinciden con el juzgado de instancia en que el despido sea una represalia por el conflicto de 2014, pero sí respaldan que existe una discriminación por razón de sexo. Dada la especial protección legal que tienen las trabajadoras en su embarazo y su posterior maternidad, los jueces proceden a anular el despido por este motivo.

Cuidar a su lactante no es fraude

Las magistrados reprenden a la empresa por presentar como prueba pericial “la que se describe como la actora desarrollaba una vida ordinaria con su hija menor” lo que “no es, como se pretende, sinónimo de fraude en el acceso a la situación de baja laboral”.

El Tribunal recuerda que la doctrina es “reiterada” en establecer que “no poder desempeñar en unas condiciones de seguridad y eficiencia una actividad profesional no es obstáculo para poder atender las propias de la vida cotidiana”- En este caso, añade parece “notorio que el cuidado de un lactante, o el transporte de la compra diaria no comporta las exigencias propias del manejo y cuidado del ganado, actividad desempeñada por la actora como veterinaria de campo”.

eldiario.es ha preguntado al Grupo Eulen por este caso, pero no ha respondido hasta el momento de la publicación de esta información.

Un indubtable mèrit del Procés és haver imposat el concepte d’hegemonia amb esbalaïdora facilitat com a conseqüència de la poca unió dels seus adversaris, majoritaris en nombre si agafem com a referència les eleccions del 27 de setembre de 2015. Bona prova del que dic és visible als darrers esdeveniments aeroportuaris que centraren l’atenció mediàtica abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Però a vegades, i això és evident, voler ser arreu és un despropòsit que desemmascara el “tot s’hi val”. Això ho veié una noia, captada per les càmeres d’una cadena de televisió privada, que quan rebé un pamflet de l’ANC sobre la qüestió parlà clar i català tot preguntant si el problema laboral també era culpa de ser espanyols. El seu to era coherent i acabà les seves paraules comentant que l’acció de l’Assemblea volia filar massa prim. Tenia tota la raó.

Entre altres coses, perquè ficar els nassos al conflicte és d’una poca-solta superlativa. Al llarg d’aquests anys no he vist cap mesura del govern català consistent a millorar la situació dels seus ciutadans, sempre més precaris, sempre més dèbils per moltes campanes de victòria que sonin entre els poderosos. S’haurà acabat la recessió, però les xifres parlen soles. Es produeix el mateix amb menys treballadors, i això només indica més beneficis per a les empreses i menys estabilitat pels assalariats.

La situació pot recordar, salvant molt les distàncies, al que succeí l’any 1919 durant la vaga de la Canadenca, quan la CNT aconseguí, després de quaranta-quatre dies d’aturada, un èxit històric que suposà la humiliació dels empresaris, impotents davant la maquinària sindical, capaç d’obtenir les vuit hores de jornada laboral, l’alliberament dels presos i recuperar gairebé tots els sous dels dies de lluita.

Aleshores aconseguiren deixar la ciutat a les fosques i el seu triomf, massa contundent, activà els ressorts de la Patronal, causant del pistolerisme, un dels molts problemes d’aquella Espanya agònica de la Primera Restauració que només solucionà l’enrenou amb un pronunciament, recolzat per la Lliga Regionalista, i la conseqüent dictadura de Miguel Primo de Rivera.

L’antiga Convergència i Unió, actual PDeCAT, donà el seu vot per a la reforma laboral del PP, la mateixa que ha permès retallar plantilles, rebaixar sous i donar als de dalt un tren de vida superior al d’abans del col·lapse. Això explica en part com tot i l’augment del trànsit aeroportuari, s’ha rebaixat el nombre de personal disponible a les instal·lacions, persones amb sous miserables i rebaixats malgrat tenir una gran responsabilitat.

Les seves reivindicacions són legítimes i, des del meu parer, un exemple per a qualsevol assalariat d’aquest país. El mateix si parlem de Catalunya, que malviu amb un 30% de la població al llindar de la pobresa, quelcom escassament mencionat durant aquests anys perquè el focus d’atenció ha esborrat del mapa de prioritats qualsevol aspecte social.

Per això tampoc és d’estranyar trobar a la xarxa queixes d’alguns insensats que critiquen a la plantilla d’Eulen com si fossin bojos de manicomi. No senyors, aquests treballadors marquen un camí que els de les ambulàncies de Girona segueixen mentre mostren un malestar que, en cas d’estendre’s, pot ser una veritable pedra de toc. Cobrar més és una necessitat si aspirem a un mínim de justícia després d’una dècada de congelament i reducció dels nivells anteriors entre inflacions i altres invents.

Però alguns, no deixo d’insistir-hi, diuen que no els importa la davallada de la sanitat ni l’escàs nivell del sistema educatiu perquè abans va la independència. Quan aquesta arribi, afirmen, tot s’arreglarà com per art de màgia. És una autèntica vergonya, com també ho és carregar contra els vaguistes perquè no deixen que l’inici de les vacances flueixi com déu mana, o com ells volen.

Abans, no fa gaire, les vacances no es pagaven i l’estiu era temporada de revolucions. Aquest 2017 hauria de commemorar-se durant aquestes dates el centenari de la gran vaga general d’agost de 1917, punt àlgid de la triple revolta espanyola d’aquell any. Ningú en parla i és una llàstima. Aquest 2017 els autònoms no poden aturar-se perquè no tenen cap sindicat que protegeixi amb fortalesa els seus interessos. Aquest 2017 la Guàrdia Civil agafà el control de la seguretat aeroportuària. El 1919 l’exèrcit assumí el funcionament de la Canadenca davant la resistència dels seus empleats. Cambó abandonà la campanya pro Estatut perquè aleshores, una lleu diferència, o això sembla, importava més la cartera que la bandera.

És absurd ficar en aquest conflicte la discussió si haurien de ser els Mossos qui juguessin aquest paper poc grat, com també és ridícul confondre termes, però en aquesta crisi és quelcom usual, per això Ramon Tremosa es va treure de la màniga un fals consell d’administració per a atacar a Ada Colau per les cues del Prat. Al final qui juga tant amb el foc pot cremar-se per molta pressa que tinguin. No tot s’hi val, però amb el seu deliri semblen haver-ho oblidat mentre manquen al respecte a tots aquells que pateixen dia rere dia la situació econòmica que ells ajudaren a propiciar amb paperetes i retallades.

Un indudable mérito del Procés es el de haber impuesto el concepto de hegemonía con facilidad pasmosa por la poca unión de sus adversarios, mayoritarios en número si atendemos a los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Buena prueba de lo que digo está en los últimos acontecimientos aeroportuarios que centraron la atención mediática antes de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Pero a veces, y eso es de sentido común, querer estar en todas partes es un despropósito que desenmascara el tot s’hi val. Así lo vio una chica, captada por los cámaras de una cadena de televisión privada, que al recibir un panfleto de la ANC en el Prat sobre la cuestión hablo claro y preguntó si el problema laboral era también culpa de ser españoles. Su tono era coherente y terminó sus palabras comentando que la Assemblea quería hilar demasiado fino, pasándose de rosca. Tenía razón.

Entre otras cosas porque meter las narices en el conflicto es de una desfachatez superlativa. A lo largo de estos años no he visto ninguna medida del gobierno catalán consistente en mejorar la situación de sus ciudadanos, siempre más precarios, siempre más débiles por muchas campanas de victoria que suenen entre los poderosos. Se habrá terminado la recesión, pero las cifras hablan por sí solas. Se produce lo mismo con menos trabajadores, y eso sólo indica más beneficios para las empresas y menos estabilidad para los asalariados.

La situación puede recordar hasta cierto punto a lo acaecido en 1919 con la huelga de la Canadenca, cuando la CNT logró, tras cuarenta y cuatro días de parón, un éxito histórico que supuso la humillación de los empresarios, impotentes ante la maquinaria sindical, capaz de obtener las ocho horas de jornada laboral, la liberación de los presos y la obtención de casi todos los salarios de los días de lucha.

Por aquel entonces lograron dejar a oscuras la ciudad y su triunfo, demasiado contundente, activó los resortes de la Patronal, causante del pistolerismo, uno de los muchos problemas de esa España agónica de la Primera Restauración que sólo solucionó el entuerto con un pronunciamiento, apoyado por la Lliga Regionalista, y la consiguiente dictadura de Miguel Primo de Rivera.

La antigua Convergència i Unió, actual PDeCAT, dio su voto para la reforma laboral del PP, la misma que ha permitido recortar plantillas, rebajar sueldos y dar a los de arriba un tren de vida superior al de antes del colapso. Esto explica en parte cómo pese al aumento del tráfico aeroportuario se ha rebajado el número de personal disponible en las instalaciones, personas con sueldos miserables y rebajados pese a tener una gran responsabilidad.

Sus reivindicaciones son legítimas y, desde mi punto de vista, un ejemplo para cualquier asalariado de este país, el mismo, si hablamos de Catalunya, que malvive con un 30% de la población en el umbral de la pobreza, algo escasamente mencionado durante estos años porque el foco de atención ha eliminado del mapa de prioridades cualquier aspecto social.

Por eso tampoco es de extrañar encontrar en la red quejas de algunos insensatos que critican a la plantilla de Eulen como si fueran locos de remate. No señores, estos trabajadores marcan un camino que los de las ambulancias de Girona siguen mientras exhiben un malestar que, de extenderse, puede ser la verdadera piedra de toque. Cobrar más es una necesidad si aspiramos a un mínimo de justicia tras casi una década de congelación y reducción de los estándares anteriores entre inflaciones y otras tretas.

Pero algunos, insisto, dicen que no les importa el desmorone de la sanidad ni el escaso nivel del sistema educativo porque lo primero es la independencia. Cuando esta, llegue, afirman, todo se arreglará como por arte de magia. Es una auténtica vergüenza, como también lo es arremeter contra los huelguistas porque no dejan que el inicio vacacional transcurra con fluidez.

Antes, no hace tanto, las vacaciones no estaban pagadas y verano era temporada de revoluciones. En 2017 debería conmemorarse durante estas fechas el centenario de la gran huelga general de agosto de 1917, colofón a la triple revuelta española de ese año. Nadie habla de la misma y es una lástima. En 2017 los autónomos no pueden parar porque no tienen ningún sindicato que proteja con fortaleza sus intereses. En 2017 la Guardia Civil tomó de la seguridad aeroportuaria. En 1919 el ejército asumió el funcionamiento de la Canadenca ante la resistencia de sus empleados, lo que hizo, una leve diferencia con ahora, que Cambó abandonará la campaña del Estatut porque, o eso puede parecer a simple vista, antes era la cartera que la bandera.

Es absurdo meter en este conflicto la discusión si deberían ser los Mossos quienes jugaran ese ingrato papel, como también es ridículo confundir la velocidad con el tocino, pero en esta crisis es algo usual, por eso Ramón Tremosa se sacó de la manga un falso consejo de administración para atacar a Ada Colau por las colas del Prat. Al final quien manosea tanto el fuego puede quemarse por mucha prisa que tengan. No todo vale, pero en su delirio parecen haberlo olvidado mientras faltan al respeto a todos los que sufren día a día la situación económica que ellos ayudaron a propiciar con papeletas y recortes.

El comitè de vaga d'Eulen considera que la decisió de recórrer a un laude per resoldre el conflicte dels vigilants del Prat és “inconstitucional”, pel que l'ha impugnat davant del Tribunal Suprem. Segons el portaveu del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, l'assemblea decidirà dilluns que ve quines mesures adoptaran.

De moment, s'ha desconvocat la vaga prevista per al pròxim 8 de setembre després del laude que obliga a la readmissió dels treballadors acomiadats i l'anul·lació de les mesures disciplinàries.

El portaveu del comitè ha recordat que el laude arbitral és “forçós” i que ha volgut posar una “tireta” als problemes laborals dels treballadors de seguretat d'Eulen a l'aeroport del Prat. Giménez considera que el dictamen emès per l'àrbitre “només ha servit per tapar el que està passant a l'aeroport”.

El laude obliga l'empresa a pagar un complement salarial de 200 euros al mes i a anul·lar les mesures disciplinàries, com l'acomiadament de dos treballadors, que ja han estat readmesos. Segons el portaveu dels treballadors, el complement salarial marcat per l'àrbitre és “fals” perquè la majoria dels treballadors ja cobraven 100 euros “que quedaran absorbits amb aquests 200 euros”.

El recel dels treballadors cap al laude no és només sobre el contingut, sinó també sobre el procediment perquè el comitè de vaga insisteix que la tramitació del laude és “inconstitucional”. Denuncien que no es compleixen les condicions per arribar a la sol·licitud d'una resolució forçosa del conflicte laboral. El comitè sosté que l'anunci per tramitar el laude es va fer abans que comencés la vaga i que “vulnera” el dret de vaga dels treballadors.

A més, els treballadors qüestionen que el laude no obligui a Aena a garantir que es mantinguin les millores laborals per a les futures adjudicacions del servei. Els treballadors critiquen que aquest dissabte encara no han entrat en vigor els reforços de personal que estableix el laude. Per aquests motius, el portaveu del comitè de vaga ha assenyalat que probablement l'assemblea de treballadors de dilluns que acordarà noves convocatòries de vaga.

El comité de huelga de Eulen considera que la decisión de recurrir a un laudo para resolver el conflicto de los vigilantes de El Prat es “inconstitucional”, por lo que lo ha impugnado ante el Tribunal Supremo. Según el portavoz del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, la asamblea decidirá el próximo lunes qué medidas van a adoptar.

Por el momento, se ha desconvocado la huelga prevista para el próximo 8 de septiembre tras el laudo que obliga a la readmisión de los trabajadores despedidos y la anulación de las medidas disciplinarias.

El portavoz del comité ha recordado que el laudo arbitral es “forzoso” y que ha pretendido poner una “tirita” a los problemas laborales de los trabajadores de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat. Giménez considera que el dictamen emitido por el árbitro “sólo ha servido para tapar lo que está sucediendo en el aeropuerto”.

El laudo obliga a la empresa a pagar un complemento salarial de 200 euros al mes y a anular las medidas disciplinarias, como el despido de dos trabajadores, que ya han sido readmitidos. Según el portavoz de los trabajadores, el complemento salarial marcado por el árbitro es “falso” porque la mayoría de los trabajadores ya cobraban 100 euros “que quedarán absorbidos con estos 200 euros”.

El recelo de los trabajadores hacia el laudo no es sólo sobre el contenido, sino también sobre el procedimiento porque el comité de huelga insiste en que la tramitación del laudo es “inconstitucional”. Denuncian que no se cumplen las condiciones para llegar a la solicitud de una resolución forzosa del conflicto laboral. El comité sostiene que el anuncio para tramitar el laudo se hizo antes de que comenzara la huelga y que “vulnera” el derecho de huelga de los trabajadores.

Además, los trabajadores cuestionan que el laudo no obligue a Aena a garantizar que se mantengan las mejoras laborales para las futuras adjudicaciones del servicio. Los trabajadores critican que este sábado aún no han entrado en vigor los refuerzos de personal establecidos en el laudo. Por estos motivos, el portavoz del comité de huelga ha señalado que probablemente la asamblea de trabajadores del próximo lunes acordará nuevas convocatorias de huelga.

El árbitro del conflicto entre los vigilantes del aeropuerto de El Prat en Barcelona y su empresa Eulen reconoce a los trabajadores un complemento salarial de 200 euros. Dictamina también que la empresa suspenda todas las sanciones impuestas y los expedientes iniciados contra trabajadores tras la celebración de los paros. Así lo contempla el laudo que Marcos Peña ha entregado este miércoles por la mañana a ambas partes. Todas las medidas que contiene tendrán efecto retroactivo con fecha del 4 de agosto.

El laudo reconoce, por tanto, un complemento salarial de puesto de trabajo de 200 euros al mes para todos los trabajadores y que absorbe los complementos que existían hasta ahora. Se trata de una propuesta similar a la que ya hizo la Generalitat cuando trató de mediar en el conflicto, aunque menos generosa al absorber todos los pluses anteriores en este nuevo. Los trabajadores, además, querían que el plus fuera en quince pagas, y no en doce, como finalmente se recoge en el laudo.

En cuanto al tamaño de la plantilla, Peña establece un refuerzo de trabajadores en temporada alta. Esa temporada es la que va desde el 31 de marzo al 30 de octubre, Navidad, Semana Santa, el puente de diciembre y el Mobile World Congress. En esos periodos habrá cinco trabajadores más por filtro más un refuerzo de 25 trabajadores en las franjas de máxima afluencia y horas punta. Además, solo podrá haber 50 trabajadores de vacaciones por mes.

Otra de las partes importantes del laudo es la que se refiere a las sanciones. Marcos Peña dictamina que las medidas disciplinarias (sanciones y expedientes) adoptadas por la empresa contra varios trabajadores queden sin efecto. Los trabajadores denunciaban que Eulen había despedido a varios trabajadores como represalia tras la huelga y habían convocado una nueva huelga para el próximo 8 de septiembre como respuesta. El árbitro subraya que las partes no deben adoptar “nuevas medidas de conflicto y huelga” relacionadas con las materias que resuelve el laudo.

El escrito contempla también que la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo debe ser actualizada, “con una especial consideración de los riesgos relacionados con la protección de la maternidad y el embarazo”. Por la misma razón, Eulen deberá también actualizar su plan de igualdad, un texto que tendrá que valorar “en qué medida la estructura del empleo en el centro de trabajo y su distribución por género incide en la efectividad de la igualdad de género en el trabajo y en el empleo”. Esa es la respuesta de Peña a una de las reivindicaciones de los trabajadores, que se quejaban de la nula atención a las trabajadoras embarazadas y de que la falta de trabajadoras hace que tengan que dejan de atender escáneres para cachear pasajeras, a veces en varios puestos de control a la vez.

Las partes no se pronuncian

Ni el representante de la empresa, el director general de Eulen, Emilio García, ni el de los trabajadores, su asesor legal Alejandro Giménez, han querido hacer valoraciones sobre el laudo hasta analizar su contenido. García sí aseguró que la empresa cumplirá de inmediato con su contenido. Por su parte, Giménez anunció que los representantes de los trabajadores convocarán una rueda de prensa el sábado para hacer una primera valoración y ya el lunes celebrarán una asamblea.

El laudo es de obligado cumplimiento, pero el representante de los trabajadores ha asegurado que esa asamblea servirá para conocer el parecer de la plantilla y que habrá que ver si el escrito sirve para resolver sus problemas. Se trata, ha dicho, de “derechos fundamentales”, como poder ir al baño o “que no haya una trabajadora con manchas de menstruación delante de la gente”. “Estamos dispuestos a llegar hasta la ONU”, ha apuntado Alejandro Giménez.

Giménez también ha respondido al ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, que en su comparecencia en el Congreso del miércoles culpó a los trabajadores de la situación. “Siempre hemos estado dispuestos a sentarnos, solo faltamos a la primera reunión porque no fue Aena. Si se hubiera aguantado unos días más estoy convencido de que hubiéramos llegado a un pacto. El problema fueron las prisas y las presiones del Gobierno”, ha señalado.

Por su parte, el ministro de Fomento ha dicho este miércoles que el laudo arbitral debe devolver la normalidad al aeropuerto: “El laudo pone fin al conflicto y devolverá la normalidad al aeropuerto, nadie entendería que no fuera así”. No obstante, ha apuntado que, dadas las circunstancias, es posible que el dispositivo de la Guardia Civil desplegado en El Prat continúe durante los próximos días o semanas

El conflicto entre los trabajadores y la empresa Eulen, adjudicataria del contrato de los controles de seguridad en el aeropuerto de El Prat, comenzó a finales de julio. Fue entonces cuando la plantilla convocó paros parciales y, posteriormente, una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Su impacto hizo que el Gobierno encargara a la Guardia Civil la supervisión de los trabajos de control en el aeropuerto y encargara un laudo de obligado cumplimiento que pusiera fin al conflicto. Los sindicatos han denunciado que la actuación del Ejecutivo ha supuesto una vulneración de derecho de huelga y han recurrido a la justicia el laudo obligatorio como forma de resolver el conflicto.

La dirección de Eulen ha rechazado la propuesta de mediación de la Generalitat para proteger a los trabajadores de los controles del Aeropuerto de Barcelona-El Prat frente a futuras represalias por el conflicto de este verano. Con esta negativa se mantiene la convocatoria de una nueva huelga el 8 de septiembre.

La maratoniana jornada de negociación vivida este martes no ha servido para alcanzar un acuerdo sobre la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Departament de Treball de la Generalitat. La propuesta pretendía que la empresa retirase las sanciones impuestas -dos despidos y dos expedientes- y no aplique nuevos castigos, si los trabajadores se comprometan en asamblea a aceptar el laudo que se hará público el jueves, como punto final del conflicto.

“Esta no aceptación por parte de Eulen de la propuesta que hay sobre la mesa nos parece incomprensible, aunque están en su derecho, pero da sensación de que no hay voluntad de poner fin al conflicto en Barcelona y en Cataluña”, ha lamentado el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, una terminó el encuentro.

Ginesta ha criticado que durante las reuniones “hay que hacer muchas llamadas” y que esto “dificulta” la comprensión del conflicto existente por parte de la dirección de la compañía.

El comité de huelga, por su parte, sí que ha aceptado la propuesta de mediación, incluso sin conocer el contenido del laudo, y se ha mostrado visiblemente irritado con la postura de los representantes de Eulen a la salida de la reunión.

Los trabajadores decidieron en asamblea, por unanimidad, convocar una nueva huelga todos los viernes, a partir del 8 de septiembre, si la empresa no daba marcha atrás en las “represalias” impuestas contra cuatro trabajadores, presuntamente por haber incumplido los servicios mínimos, y aseguraba que no habría más.

La empresa ha rechazado hacer cualquier declaración a los medios, pero Ginesta ha explicado que su actitud responde a que se sienten en una posición “de fuerza” por la inminencia del laudo obligatorio que decidió forzar el Estado.

Al respecto, el secretario ha avisado de que la negativa a negociar de la empresa alimenta la incertidumbre de los trabajadores, que temen represalias futuras, ya que el laudo puede anular sanciones previas al mismo, pero no las futuras, que se pueden aplicar con un margen de 60 días desde el incumplimiento de los servicios mínimos.

En la misma línea, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha sostenido que la actitud de Eulen demuestra la “prepotencia” con que actúan y su voluntad de represaliar a los huelguistas.

Las partes no se volverán a reunir hasta el próximo martes a no ser que mañana, el día antes de que se conozca el laudo del árbitro Marcos Peña, la empresa cambiara de opinión sobre su postura.

Los trabajadores de Eulen, reunidos este domingo en asamblea desde las 11.00 de la mañana, han acordado retomar la huelga a partir del próximo 8 de septiembre para protestar por las sanciones que la empresa ha aplicado a algunos empleados por supuestamente haber incumplido los servicios mínimos.

Los empleados han decidido por unanimidad realizar dos parones de una hora cada viernes, con el voto de 115 trabajadores de los 350 con los que cuenta la empresa en el aeropuerto. Ninguno ha votado en contra.

Así, los paros que realicen serán todos los viernes de 10:30 a 11:30 horas y de 18:30 a 19:30 horas, aunque podrían ampliarse. Lo ha anunciado el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, en declaraciones a los medios tras la asamblea que los trabajadores han celebrado en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Al conocerse la magnitud de los atentados de Cataluña, los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat dieron un ejemplo de responsabilidad y de humanidad suspendiendo inmediatamente su huelga indefinida. Sin embargo, esos dramáticos acontecimientos también evitaron que pudiera hacerse un análisis a fondo del retroceso en materia de derechos que ha supuesto todo lo que ocurrió antes de eso y que fue una verdadera neutralización, dudosamente democrática, de aquella protesta. Lo que en mi primer artículo sobre este tema solo pretendía ser un titular irónico (Huelgas sí, pero sin molestar) se acabó convirtiendo en una estremecedora realidad. Tuvimos en nuestro país una huelga virtual que no generó perjuicio alguno para el empresario; asistimos a la madre de todas las huelgas: la que no se nota, no molesta y no sirve para nada.

Aunque no es algo nuevo en España, lo que les está ocurriendo a los trabajadores de Eulen representa uno de los ataques más globales y descarados contra este derecho consagrado en nuestra Constitución. De la noche a la mañana, los huelguistas fueron despojados por la fuerza de su única herramienta de presión frente al empresario. El Gobierno lo hizo sin disimulos, decretando unos servicios mínimos del 90% que, por si fuera poco, estuvieron vigilados y reforzados por agentes de la Guardia Civil. El resultado: menos colas y mayor agilidad en los controles de seguridad que si no hubiera huelga; un enorme éxito, por tanto, para quienes piensan que los derechos están para lucirlos y no para ejercerlos.

Dejando también en evidencia a los partidos políticos que aún dicen que se puede gobernar desde la oposición, el mismísimo Consejo de Ministros remató la faena cortando las orejas, el rabo y hasta los riñones de los trabajadores. Lo hizo por decreto, imponiendo a los huelguistas un laudo que ha dejado el tema en manos de un árbitro. Alguien ajeno al problema fue investido de plenos poderes para decidir cosas tales como la cuantía de la subida salarial o el número de puestos que deben crearse para reforzar la plantilla.

“El Elegido” por el dedo todopoderoso del Gobierno, Marcos Peña, dirá la próxima semana lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo o injusto; su resolución será la palabra de Dios. Aunque su veredicto, teóricamente, puede ser recurrido, en la realidad adquiere tintes definitivos. Si los trabajadores llevan su decisión a los tribunales, tendrán que esperar dos o tres años, como poco, hasta que se produzca el fallo. En ese tiempo no tendrán ni el derecho a convocar una sola huelga contra las nuevas condiciones laborales fijadas por el árbitro, por muy injustas que les parezcan.

Estamos ante un paso más en el largo camino que los sucesivos gobiernos centrales y algunos autonómicos han ido recorriendo para cargarse el derecho de huelga. Lo han venido haciendo, en primer lugar, estableciendo los servicios mínimos en los diferentes conflictos con absoluta parcialidad. La hemeroteca está repleta de sentencias judiciales anulando decretos de servicios mínimos por considerarlos “abusivos”. El problema es que esos fallos llegan meses o años después de producirse los hechos, es decir, cuando ya no hay remedio y ese “abuso” ha permitido minimizar o anular los efectos de una legítima protesta.

Aún más letal para el presente y el futuro de este derecho es la precariedad laboral. Los datos que conocimos el jueves de la pasada semana fueron muy significativos: de los dos millones de contratos que se firmaron en julio, solo el 7,8% fueron indefinidos frente al 25%, cerca de medio millón de hombres y mujeres, que tuvo que aceptar empleos de menos de una semana de duración ¿Quién se va a plantear, ni siquiera, tutear a su patrón con un contrato de horas o de un mísero puñado de días? Vivimos, gracias a las sucesivas reformas laborales, en la era de “lo tomas o lo dejas”… Una ley de la selva que demasiados currantes han asumido, comprando el discurso de que “es mejor cobrar 400 o 500 euros al mes que no poder llevar nada a casa.

Dentro de quince meses nuestra Constitución cumplirá 40 años. Cuando nuestros políticos hablan de la necesidad de reformarla, lo hacen pensando en actualizar la realidad territorial del país, en corregir la vena machista que sigue rigiendo el proceso de sucesión en la Corona o en conseguir que el Senado, de una puñetera vez, sirva para algo. Yo les pediría que, si siguen en esta línea involucionista (ojalá no sea así) aprovechen ese hermoso cumpleaños para darle una pátina de veracidad a nuestra Carta Magna. ¿Para qué mantener eso tan bonito como irreal de que “los españoles son iguales ante la ley”?; quítenlo y dolerá un poco menos recordar el trato que la Justicia brindó a la Infanta, la forma en que la Audiencia Nacional agasajó al testigo Mariano Rajoy o comprobar, cada día, como el robagallinas pisa la prisión mucho antes y por más tiempo que cualquier político o empresario corrupto. Usen el típex para que desaparezca eso de que “ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal”, aquello de que se reconoce el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” o eso otro de que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. Finalmente, eliminen directamente el artículo 28 en el que se establece “el derecho a sindicarse libremente” y “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Ahórrense, por tanto, los servicios mínimos, la Guardia Civil y los árbitros infalibles. Reprímannos, pero, al menos, no se rían de nosotros.