La primera vez que un Lapeña entró en el Valle de los Caídos –hoy renombrado como Valle de Cuelgamuros y con el dictador exhumado y enterrado en El Pardo– fue de manera forzada y a espaldas de sus seres queridos. Fue el caso de Ramiro y Manuel Lapeña, dos hermanos fusilados en Zaragoza a los 39 y 44 años al principio de la guerra. Estaban acusados de anarquistas; uno era herrero y el otro veterinario, y fueron delatados por el cura de su pueblo, Villarroya de la Sierra. Manuel fue asesinado en el barranco de la Bartolina y Ramiro, en la tapia del cementerio de Calatayud.

Pero la desgracia no acabó allí. A la muerte le siguió el vacío, porque sus cuerpos se trasladaron sin informar a las familias y sin permiso en 1959, probablemente al Valle de los Caídos, un mausoleo excavado en la roca cerca de El Escorial que ideó Franco para honrar a su bando. “La dimensión de nuestra Cruzada”, dejó por escrito en el BOE. Sus familiares nunca dejaron de intentar encontrarlos.

Este lunes, medio siglo después de aquel traslado furtivo, Cecilia, la bisnieta de 37 años y auxiliar de enfermería, ha sido la última de la estirpe Lapeña que ha pisado el Valle de Cuelgamuros. Lo ha hecho dentro de las rondas de visitas para familiares que ha organizado Patrimonio Nacional, dependiente del Gobierno, después de la visita de Pedro Sánchez y un año después que se montara un laboratorio forense a pie de cripta, la del Santo Sepulcro, para localizar restos y entregarlos a las familias.

Ese laboratorio quiere documentar, identificar y devolver para su entierro digno al menos a 166 personas que allí yacen, después que sus descendientes solicitaran al Estado que lo hiciera. Son una mínima parte de los 33.834 cadáveres –12.000 de ellos sin identificar ni filiar– que están enterrados en las diferentes criptas repartidas por la basílica.

Como los Lapeña, miles de cuerpos fueron llevados a la gran iglesia benedictina de ese monumento franquista sin permiso, después de que quedaran semivacías las criptas pensadas para enterrar al bando golpista: la construcción de Cuelgamuros acumuló retrasos de más de una década y el plan de enterrar a los “caídos por España” quedó a medio gas. Entonces, se empezaron a llevar cuerpos de fosas comunes, mezclados, sin identificar, de ambos bandos, para rellenar las criptas.

“Un trabajo minucioso”

“Recuerdo a mi abuelo de toda la vida hablando de su padre”, cuenta Cecilia a la salida de la visita, que duró una hora y media. “Es muy impresionante lo que hay ahí, es un trabajo muy minucioso. Nos han enseñado un par de niveles de enterramiento, nos lo han explicado todo de manera muy detallada, y puede que hayamos estado cerca de los restos de mi familia, no se sabe aún. Para mí ha sido muy emotivo saber que ahí pueden estar mis familiares, después de tantos años de búsqueda y lucha”.

Cecilia se refiere a una lucha cívica y judicial sin cuartel que acabó con un éxito. Fueron precisamente sus padres, Purificación Lapeña y Miguel Ángel Capapé, quienes lograron abrir el camino para que fueran posibles las exhumaciones en Cuelgamuros. En 2012 pusieron una denuncia para encontrar a Manuel y Ramiro y, en 2016, un auto pionero les dio la razón y falló que el Estado debía exhumar, localizar y devolverles los restos de sus familiares, lo que abrió la puerta a otras exhumaciones en el lugar considerado más sagrado para los franquistas.

Fue entonces cuando los monjes benedictinos y los lobbies franquistas iniciaron una batalla legal, buscando cualquier resquicio desde administrativo hasta penal, para que esa sentencia no se cumpliera y, más adelante, para que el Gobierno no instalara allí el laboratorio de identificación de restos y exhumación. De hecho, el trabajo de los forenses se paralizó a finales de año por un recurso de una particular y también se ha intentado revocar la licencia municipal.

Aunque es un derecho reconocido, el hijo de Manuel Lapeña –y abuelo de Cecilia– murió sin poder dar sepultura a su padre, “pero murió a los 97 años sabiendo que mis padres seguirían la búsqueda”, como así fue. Ahora que su padre ha fallecido y su madre, Purificación, está convaleciente por una operación, es Cecilia quien ha retomado la lucha familiar: “Siempre lo viví en mi casa, quizás en la adolescencia me sentí más ajena, pero cuando coges conciencia ves que hay que seguir, más aún tras morir mi padre [un referente en la lucha por las exhumaciones y la memoria]. Yo lo hago primero por decencia y ahora también por continuar con su labor”, dice emocionada la bisnieta de Manuel y sobrina bisnieta de Ramiro.

La eterna espera

“Hemos muerto muchas veces esperando esta visita”, dice Eduardo Ranz, el abogado que llevó el caso de los Lapeña a una veintena de instancias judiciales europeas, españolas e internacionales, y que lo ganó. Ranz, que también ha estado en la visita de este lunes, lamenta que ese auto judicial histórico esté aún por cumplir: “Lo que fue un éxito legal deja una sensación agridulce porque no se ha materializado, que acabará cuando se les pueda enterrar”, algo que sí han podido hacer los familiares de 12 personas exhumadas e identificadas gracias al laboratorio instalado en la capilla, con el caso de Fausto Canales como uno de los hitos más simbólicos al inicio de los trabajos.

El grupo de Cecilia y Eduardo Ranz, el segundo de los cinco que pasan por el Valle los lunes, era de nueve personas, y algunas de ellas los han identificado, ya que su caso ha sido un referente en España para conseguir exhumar en el Valle pese a todos los obstáculos que se han puesto. Pero el obstáculo principal es el tiempo: “Había tres generaciones en ese grupo: hijos, nietos y bisnietos”. El psicólogo que los ha recibido les ha explicado lo que iban a ver, “sobre todo atendiendo a los hijos de víctimas”, cuenta Cecilia, porque la emoción es fuerte si es tu bisabuelo, “pero si es tu padre el que está allí, imagínate”.

Los avances de las exhumaciones, lentos por el mal estado de las fosas y las cajas que contienen los restos, abren una ventana a la esperanza de encontrar a los Lapeña. A final de 2023 se encontraron cinco cajas procedentes de fosa común (con tiro en la cabeza) con víctimas procedentes de varias localidades de Zaragoza –entre ellas de Calatayud, la zona de los hermanos Lapeña– y Tarragona, como publicó en una nota de prensa la Secretaría de Memoria Democrática. Más de 200 muestras fueron mandadas a analizar y el resultado se conocerá y dará a conocer a las familias que buscan cuando el Instituto Nacional de Toxicología arroje un resultado.

Las fotos dentro del laboratorio y la cripta están prohibidas, pero Cecilia Capapé Lapeña y Eduardo Ranz han salido con un recuerdo y una sensación muy nítida: “Hemos estado como una hermandad, nos ha dado un poco de paz”, dice la bisnieta de Manuel. Hoy, lo tiene claro: “Hemos tenido que esperar mucho, pero yo estoy segura de que los voy a enterrar. A mi bisabuelo lo enterraré en Villaroya de la Sierra, junto a mi abuelo”. Así podrán, por fin, encontrarse.

Manuel Lapeña ya no podrá ver cómo los restos de su padre y de su tío abandonan el Valle de los Caídos, donde fueron enterrados junto a su verdugo hace más de medio siglo. Ha fallecido este domingo a los 97 años en Zaragoza, a la espera de un empeño al que dedicó toda su vida y que ya nunca va a llegar para él. Tanto Manuel, con quien compartía nombre, como Ramiro, fueron fusilados al inicio de la Guerra Civil y trasladados sin autorización familiar al mayor monumento erigido para exaltar la memoria de Franco. Una sentencia pionera en España les reconoció el derecho a la exhumación. Ocurrió en 2016, hace ya cinco años. El fallo hablaba de “entrega inmediata”, pero Manuel se ha muerto sin que el Estado lo cumpla.

“Nos hemos hartado de decir que el tiempo se acababa, y en su caso así ha sido”, resume Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos poco después de salir de la ceremonia íntima en la que ha sido enterrado este martes. Otros casi 70 hijos e hijas de represaliados siguen esperando, casi todos mayores de 80 años, algunos cercanos a los 100, como Manuel, que tenía 14 años cuando murió su padre. “Sabemos que están trabajando pero necesitamos que pongan el pie en el acelerador”, explica Navarro, que busca junto a su madre los restos de su tío abuelo.

En los últimos meses se han dado varios pasos para abrir las criptas de Cuelgamuros, una operación que el pasado junio Carmen Calvo dijo que se haría “próximamente”. Entonces el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial aprobó el trámite y a principios del pasado agosto el Ministerio de la Presidencia nombró a la comisión de expertos forenses que abordarán las exhumaciones. Sin embargo los familiares están “cansados” de escuchar que se hará. “En el grupo que tenemos la noticia de la muerte de Manuel ha provocado tristeza y enfado. Son muchos años ya batallando”, dice Navarro.

El departamento dirigido por Félix Bolaños no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el horizonte temporal que maneja para iniciar los trabajos, pero fue ya hace casi dos años cuando Patrimonio Nacional autorizó las primeras exhumaciones. Eso en un momento en el que el organismo, responsable de la gestión del Valle, atraviesa una época de inestabilidad y acumula cuatro presidentes y cinco gerentes en cinco años.

Una inyección de esperanza

La batalla de Manuel Lapeña y sus hijos, que seguirán ahora con el mismo objetivo que tenía su padre, no fue la primera, pero sí marcó un antes y un después. La sentencia que lograron, algo que intentaron sin éxito otros familiares de víctimas, sentó un precedente y fue una bocanada de aire y esperanza para ellas debido a que era un tribunal el que estaba reconociendo el derecho de un familia a recibir los restos de los enterrados. El fallo sirvió además para visibilizar su lucha, pero comenzó entonces un laberinto plagado de obstáculos que aún no ha terminado para ninguna.

Ya en los últimos meses Manuel había perdido algunas facultades mentales. Seguía esperando y recordando a su padre, pero también decía que estaba muy cansado, cuenta Navarro. “Tuvo tanta ilusión en 2016... Pensó que le iban a entregar los restos, nunca se imaginó que fueran a pasar seis años sin ejecutar la sentencia”. Debido a su edad avanzada, ya los últimos años no acudía, pero fue uno de los asiduos cada 14 de abril, día en el que se conmemora la II República, a los actos que se celebran en el Barranco de la Bartolina de Calatayud, lugar de fusilamientos masivos y donde se cree que lo fue su padre, recuerda su compañera.

Manuel era el veterinario del pueblo zaragozano de Villarroya de la Sierra y había participado en la fundación de la CNT en la localidad. En 1936 fue a buscarle la Guardia Civil y la Falange, contaba su hija Purificación en esta entrevista con elDiario.es. “Estuvo dos días preso, se lo llevaron en un camión y lo asesinaron en 1936. El cura lo delató en un listado luego para dar forma legal al asesinato: declaró el médico, el alcalde, el maestro y el cura. Llamaron a tres testigos del pueblo obligados... Se dice en la denuncia que fue culpable de los males de la juventud y que era un cretino”, contaba. Ramiro, por su parte, era herrero, y aunque viendo lo que le ocurrió a su hermano huyó, acabó entregándose porque le aseguraron falsamente que no le ocurriría nada.

Ambos son dos de los 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, que descansan en el Valle de los Caídos, a donde se cree que fueron trasladados a finales de los años 50. Todos son víctimas de la Guerra Civil (tanto del bando nacional como republicano) y de la dictadura, pero muchos de los republicanos fueron trasladados allí sin consentimiento de sus familiares y permanecieron más de 40 años enterrados junto a Franco, cuya momia fue llevada al cementerio de Mingorrubio en octubre de 2019. El dictador salió mientras las víctimas aún esperan. Para Manuel ya es tarde.

Han pasado justo cinco años desde que la Justicia autorizó la exhumación de los hermanos Lapeña, represaliados republicanos durante la Guerra Civil, del Valle de los Caídos para darles “digna sepultura”. El proceso judicial debería haber zanjado el asunto, pero en todo este tiempo no ha tenido consecuencias prácticas ni para ellos ni para las decenas de familias que quieren recuperar los restos de víctimas de la contienda allí enterradas. Ahora comienza el principio del fin de ese arduo camino, que ha estado plagado de obstáculos: el Gobierno inicia este martes el procedimiento para exhumar, identificar y entregar a los descendientes los restos de unas 60 personas que permanecen en ese lugar contra la voluntad de las familias. La “inmensa mayoría” de los cuerpos reclamados corresponden a víctimas republicanas, aunque también hay algunos del bando franquista.

El Consejo de Ministros da luz verde a una subvención de 665.000 euros con la que pretende acometer los trabajos de exhumación e identificación de los restos, según adelantó la Cadena SER. El dinero se entregará formalmente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que lo destine a esas labores. A pesar de que la ley de memoria histórica que está en tramitación contempla la desaparición de ese organismo, opaco y de origen franquista, que depende orgánicamente de Patrimonio Nacional, la subvención a esa fundación es la “carcasa jurídica” que ha encontrado el Ejecutivo para poder llevar a cabo las exhumaciones, según fuentes gubernamentales.

“Se comenzará el proceso lo antes posible”, agregan esas fuentes sobre el procedimiento que arrancará una vez se ejecute la ayuda. Patrimonio Nacional ya autorizó en noviembre de 2019 los trabajos y en julio de 2020 ocho familias enviaron una carta al Gobierno en la que apremiaban a que se pusieran en marcha las exhumaciones. “No podemos esperar más”, decían en la misiva sobre las décadas que llevan peleando por que los restos de sus familiares descansen dignamente. Muchos de los reclamantes son ya mayores y rondan los 80 o 90 años. Desde el Gobierno sostuvieron durante todo ese tiempo que estaban buscando la fórmula para llevar a cabo las exhumaciones.

Los trabajos supondrán la entrada en las criptas, analizar la situación de seguridad, dignificar los osarios y proceder a la búsqueda de las personas solicitadas, explican esas fuentes, que consideran que se trata de una labor procelosa: “Sabemos más o menos dónde pueden estar, pero la mayoría procede de fosas comunes y están en cajas donde viene el nombre del pueblo del que procedían”. En el Ejecutivo no quieren tampoco crear “falsas expectativas” y señalan que en los procesos de exhumación solo se ha podido identificar a un tercio de los cadáveres. “Hay dificultades reales de hacerlo, pero una firme voluntad”, apostillan.

El entusiasmo del Gobierno respecto al inicio proceso de exhumación lo rebaja el abogado Eduardo Ranz, que ha representado a los Lapeña en el proceso judicial para la recuperación de los restos así como a una decena de familias en los trámites ante Patrimonio Nacional. “No nos han comunicado nada. La clave es que hay un anuncio político en elecciones, es casi ofensivo”, afirma en conversación con elDiario.es. Ranz, que lamenta que las exhumaciones sigan sin tener fecha, recuerda que “el Gobierno es el único que puede ejecutar la sentencia” y considera que ha habido “una falta de interés” en los cinco años que han pasado desde que la justicia dio la razón a la familia Lapeña, que fue la primera que reclamó la exhumación de los restos por la vía oficial. En lo que sí es optimista es en que una vez que se adopte la decisión la localización y exhumación se lleve a cabo con cierta facilidad. “En 2019 estuvimos con técnicos del CSIC que nos dijeron que estaban deseando ponerse a trabajar y nos explicaron cómo sería la extracción”, explica el letrado, que asegura que las labores de seguridad ya están hechas porque si no “no se podrían haber hecho esos trabajos preliminares”.

Desde el departamento que dirige Carmen Calvo, que es quien tiene las competencias en materia de Memoria Democrática, aseguran, por el contrario, que han actuado lo más rápido posible y que apenas cuatro meses después de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha activado el proceso. Esas cuentas públicas son las que han permitido poner ya una cifra concreta a las labores de exhumación: dos millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas para “intervenir” 557 fosas. En total, los presupuestos que entraron en vigor el 1 de enero destinan once millones a la partida de memoria democrática.

Todas las comunidades que tengan al menos una fosa recibirán un fijo de 20.000 euros. Los 1,66 millones restantes se repartirán en función del número que tenga cada región. Otro millón de euros estará destinado a “actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos, y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos”, según explica la vicepresidencia primera en un comunicado. 600.000 euros se repartirán a partes iguales entre las comunidades y ciudades autónomas y los otros 400.000 se repartirán en base a las fosas que han intervenido desde el año 2000.

Con esos criterios, Andalucía será la que más dinero reciba (507.813 euros), seguida de Catalunya (335.938 euros) mientras que en la cola se sitúan Ceuta y Melilla (31.953 euros), que no tienen ninguna fosa pendiente, y La Rioja (57.555 euros). No obstante, el Gobierno activó un plan de choque por un importe de 1,5 millones de euros en 2020 para sufragar exhumaciones a través de asociaciones sin ánimo de lucro o de los ayuntamientos para “paliar” la inexistencia de fondos durante los mandatos de Mariano Rajoy destinados a memoria histórica. El año pasado se sufragaron “un total de 114 proyectos, que podrían ayudar a localizar restos de hasta 3000 personas”, según los datos del Ministerio de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes.

A la exhumación se sumará, a finales de abril, el trabajo de un grupo de científicos del CSIC que iniciará una campaña de excavación de los restos de los asentamientos en los que vivieron las familias que habitaron junto a los presos que levantaron el Valle de los Caídos. 

Patrimonio ha dado la autorización a los trabajos para sacar a los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos y a todos los demás inhumados ahí, casi 34.000 en total. Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueron fusilados en 1936 y trasladados desde Calatayud, su localidad de origen, hasta el mausoleo. Hasta hace apenas tres semanas, sus huesos estaban a escasos metros de los de su verdugo, Francisco Franco.

Los restos de los Lapeña se encuentran en alguna de las nueve cajas con la inscripción 'Calatayud' que hay en el tercer piso de la capilla del Santo Sepulcro del templo. En ellas hay restos de al menos 79 hombres más. La familia espera que la apertura de las criptas empiece en navidades, pero el proceso todavía será largo y puede encontrar impedimentos. Está pendiente la licitación de obra a una empresa externa y los forenses tendrán que cotejar todos los ADN hasta localizarles.

Se empieza con ellos porque su familia tuvo en 2016 una sentencia que autorizó su exhumación, algo que les permitirá darles un entierro digno más de 80 años después. Pero llevan desde entonces sorteando un laberinto de obstáculos judiciales. Los descendientes de los Lapeña creen que “esta es la buena, confiamos más”. Pero “hasta que no lo veamos, después de tantas cosas que hemos pasado, no lo creeremos”, apuntan. Hay otras 29 solicitudes de descendientes de víctimas de la Guerra Civil y la represión que quieren sacar a los suyos de Cuelgamuros.

Patrimonio permite ahora la apertura de todas las sepulturas del Valle por la validación y publicación esta semana de un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el documento se estudia la estructura del templo y “las posibilidades de acceso y riesgos”, y certifica que hay seguridad suficiente para los forenses y técnicos. No garantiza que se pueda exhumar e identificar a todos, solo el estado del edificio. Los expertos hicieron siete visitas al Valle entre noviembre de 2018 y abril de 2019. Eduardo Ranz, abogado de la familia Lapeña, cuenta que la inspección, dirigida por el ingeniero José Pedro Gutiérrez y por el arquitecto Rafael Piñeira, se demoró porque solo pudieron acudir al Valle los lunes, día de cierre, por orden del prior Santiago Cantera.

Los trabajos que se detallan como necesarios para comprobar todas las criptas –ocho en total con las casi 34.000 víctimas– van a costar unos 125.000 euros, según el informe encargado y analizado por Patrimonio. Una cifra susceptible de incrementarse “dependiendo de las condiciones” en que se desarrolle. Es decir, puede ocurrir que cuando los forenses entren en las cámaras funerarias se sumen complicaciones ahora imprevisibles, por ejemplo relacionadas con las medidas de seguridad. Ese dato estimativo no contempla “el importe que pudiera suponer ninguna acción relacionada con el movimiento, realojo o tratamiento de

restos cadavéricos“.

Primero, el Santo Sepulcro

Comenzarán abriendo la capilla del Santo Sepulcro por ser la de los Lapeña. Como pasa en las demás, sus cámaras actúan de osarios, y se ubica a la derecha del altar mayor, donde reposaba Franco y donde sigue José Antonio Primo de Rivera. Hay otra capilla grande a la izquierda, la del Santísimo, y seis pequeñas en los laterales de la nave. La del Santo Sepulcro –como la del Santísimo– tiene cinco niveles de altura con cámaras funerarias: en los cuatro primeros hay “cajas con restos cadavéricos” y en el más alto, “restos óseos sueltos”.

Patrimonio cifra en la capilla del Santo Sepulcro 6.492 cajas con restos –llamadas columbarios–. Los Lapeña están en una de esas nueve del tercer piso en las que pone 'Calatayud'. En cada una de ellas, según los documentos del Valle, hay restos de nueve personas hasta sumar 81 en total. La familia espera que todo cuadre y tras las pruebas de ADN se dé con Manuel y Antonio Ramiro, porque de Calatayud, según un telegrama de la época, salieron 13 cajas y no 9. Un informe del Consejo Médico Forense de 2018 advertía de que los columbarios estaban depositados desordenadamente y de que los restos son “muy antiguos” dentro de los criterios científicos para este tipo de investigaciones.

Tras el Santo Sepulcro se seguirá trabajando en la capilla del Santísimo, con 3.398 columbarios, y luego en las de los laterales, con 773 entre las seis. El prior paralizó en noviembre de 2018 el hasta ahora último intento de sacar a los Lapeña. Esta vez lo tendrá más complicado, explica el abogado Eduardo Ranz: “Se nos ha transmitido desde Patrimonio que eso no va a ser un problema, así como otras veces sí hemos tenido el aviso” de las trabas que ponían los benedictinos.

“La exhumación de Franco ha supuesto una pérdida visible de poder. Aunque por experiencia nunca hay que confiarse, entendemos que una vez dado el calendario y el informe a las familias, el trabajo sigue adelante”, cuenta Ranz. El proceso ha ido en paralelo los últimos meses, pero va separado de la exhumación de Franco: “Es un éxito que comenzó con la sentencia de 2016, que viene de un fracaso de la sociedad que fueron las ejecuciones”.

Un caos de huesos y cajas

Otro informe de Patrimonio de 2010 daba muchos detalles sobre el caos de huesos y cajas que hay en las criptas del Valle. Gran parte están amontonados y en condiciones de mucha humedad. En el de 2019 se ha observado por ejemplo que algunos contenedores mortuorios “mantienen su integridad”, pero otros están tan mal que “han perdido su capacidad resistente”. Hay “restos cadavéricos dispersos”, cajas apiladas o amontonadas en todas las cámaras. Es por eso que la extracción e identificación puede complicarse.

Para efectuar la valoración las condiciones del edificio el CSIC no ha podido acceder a todos los pisos. El reconocimiento ha sido visual, en algunos pisos mediante un videoscopio colocado en trampillas. Para que los forenses puedan entrar a partir de navidades habrá que demoler algunas partes de las paredes. Por ejemplo, para subir a las cámaras del último piso del Santo Sepulcro habrá que tirar una zona del cerramiento, pero esto no tendrá “influencia sobre la estabilidad” del conjunto. Una vez se finalicen las tareas, se podrá reconstruir con materiales similares, recomienda el CSIC.

Lo que tiene peor conservación de toda la arquitectura son los elementos de entrevigado. “La entrada de personas a cualquiera de los niveles de cripta quedaría condicionada por su deficiente estado”, escriben desde Patrimonio sobre las conclusiones del CSIC. Por tanto, las medidas de seguridad de los operarios tendrán que estar dirigidas sobre todo a prevenir el desprendimiento del entrevigado. El estado de los elementos principales, las “vigas y nervios”, “parece ser bueno”, con “deterioros puntuales” pero sin limitaciones para soportar peso.

La familia de los hermanos Lapeña, dos afiliados a la CNT represaliados que fueron enterrados en el Valle de los Caídos tras ser fusilados en Calatayud, ha reprochado este lunes a Patrimonio Nacional que esté bloqueando la exhumación de sus seres queridos. En un escrito dirigido a la institución, los abogados de la familia han solicitado que se les entregué el informe técnico parcial del Instituto Eduardo Torroja de CSIC para conocer su contenido, después de saber que se han pedido más datos aclaratorios técnicos que podrían retrasar las exhumaciones de los hermanos.

A pesar de contar con el visto bueno de la justicia, cuando el pasado mayo de 2016 un juez de San Lorenzo de El Escorial autorizó el desenterramiento, las obras para acceder a la cripta donde se hallan los restos mortales están paralizadas a la espera de que Patrimonio Nacional dé el visto bueno para poder acceder a la cripta donde reposan los hermanos mientras la institución continúa pidiendo datos para determinar si los cadáveres estaban o no en el tercer nivel de la cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de los Caídos.

En este sentido, los familiares de los represaliados estaban a la espera de esta información para conocer si sería posible el definitivo levantamiento de los cuerpos. La pasada semana, los técnicos del ya mencionado instituto entregaron al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional el documento en el que se confirma que las exhumaciones de la cripta del Valle de los Caídos no entrañan peligro alguno y sería posible acceder a las cajas que contienen los restos.

En el escrito, se reprocha que ha habido justicia en el caso de los hermanos Lapeña ya que hace 3 años un juez autorizó su extracción del Valle de los Caídos pero sin embargo no ha habido reparación porque desde entonces se está esperando al visto bueno de Patrimonio Nacional para comenzar los trabajos. Asimismo, el abogado Eduardo Ranz ha solicitado a patrimonio que se reconozca el derecho a exhumar del resto de las familias aragonesas enterradas en el mausoleo construido por Francisco Franco.

La exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos se está retrasando más de lo esperado por la familia dado que el informe que mantiene el proceso paralizado ha tardado casi un año en elaborarse y próximamente será revisado por Patrimonio Nacional.

En mayo de 2016, un juez de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación de los restos mortales de dos hermanos fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza). Posteriormente fueron trasladados al Valle de los Caídos.

Las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero están paralizadas. Hace casi un año, familiares de los hermanos se reunieron en Moncloa para conocer los avances y entonces se les comunicó que la exhumación se retrasaría cuatro meses. Debían esperar con motivo del nuevo informe que tienen que realizar los técnicos del Instituto Torroja sobre posibles problemas estructurales de los osarios donde se encuentran los restos.

Una de las medidas acordadas en esa reunión fue también permitir el pasado marzo a seis familias de víctimas del franquismo acceder por primera vez a la cripta tras la toma de ADN.

A la espera de conocer el informe

Miguel Ángel Capapé, portavoz de la familia Lapeña y de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, ha comentado a Europa Press que desde entonces están esperando al informe necesario para exhumar a sus seres queridos.

El informe, que ya estaría redactado, debe determinar si los restos de los hermanos Lapeña están o no en el tercer nivel de la cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de los Caídos.

Hace tres meses, la familia se trasladó a Madrid para que se les informaran de que el informe estaba ya listo, pero finalmente no tuvieron acceso a el mismo, según ha comentado Capapé. En los próximos días, será revisado por Patrimonio Nacional y previsiblemente se informará a los familiares.

Miguel Ángel Capapé Garro (Casetas –Zaragoza–, 1958) es el presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) desde 2012. Con más de 25 exhumaciones a sus espaldas, recuerda que todo empezó en octubre de 2007, cuando, como voluntario, acudió a una exhumación que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estaba realizando en Alhándiga. Allí, rememora, nos conocimos unas cuantas personas de Zaragoza que, después, coincidimos en otras exhumaciones.

La idea de crear una asociación en Aragón surgió de la necesidad: “Desde ARMH nos dijeron que para ellos era imposible venir a Aragón y hacer todo lo que había que hacer, así que nos animaron a montar algo nosotros”. En diciembre de 2007 nace Arico. 12 años después, el mayor obstáculo sigue siendo el mismo: el dinero.

¿Por qué involucrarse tan a fondo con la memoria histórica?

Yo no tengo ningún familiar que fuera asesinado, pero mi mujer sí. A mi suegro le mataron a su padre y a su tío, que son los hermanos Lapeña, y, por parte de mi suegra, a su padre y a un hermano con ocho años los mataron en Baena (Córdoba). En casa siempre lo habíamos hablado y cuando comenzó a hacer exhumaciones la ARMH, en 2002, empezamos a comentarlo más y al venir a Zaragoza me decidí a hablar con ellos y a empezar a acompañarles.

Siempre se ha comentado que uno de los principales obstáculos es el escaso apoyo de las instituciones, ¿cuál es la situación actual?, ¿ha cambiado algo desde que empezasteis?

Cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica con Zapatero había subvenciones que no estaban mal, sobre todo viendo de dónde veníamos y cómo está ahora. Después vino Rajoy y no se pudo hacer absolutamente nada. Nosotros hicimos alguna exhumación con campañas de crowdfunding y luego otra en Paniza (Zaragoza), que la pagó directamente la familia.

Posteriormente empezaron a sacar ayudas las diputaciones de Zaragoza y Huesca. En Teruel, como la diputación no saca ayudas, pues no se puede hacer nada. Y luego está lo del Gobierno de Aragón, que es de vergüenza, casi mejor que no sacaran nada. Lo máximo que dan son 10.000 euros por exhumación, y eso cuando lo pagan. Porque ya ha pasado dos años que aprueban las ayudas y luego no las pagaron.

¿Por qué en España se cuida tan poco la memoria histórica?

En el resto de los países, cuando acaba la Guerra, ganan los aliados y se empieza a recuperar todo el tema de memoria y restauración. Aquí, cuando acabó la Guerra, nos llegaron 40 años de oscuridad. Son muchos años. Tú vas a hablar con gente mayor y todavía tienen miedo de hablar. Esos 40 años no nos los hemos quitado de encima todavía.

¿Qué opina de la Transición?

Creo que no era lo que había que hacer en ese momento, que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Pero, en todo caso, siempre se puede reparar lo que se hizo. Si está mal hecho se cambia. Lo que no puedes hacer es dar carpetazo a todo y decir: “Vamos a ser todos amiguitos y aquí no ha pasado nada”. No, porque hay mucha gente que ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Nosotros en ninguna exhumación hemos oído nada en contra del Gobierno, ni pedir venganza… No, la gente no pide nada de eso, solo quiere poder enterrar a sus muertos. Así que eso que dicen de reabrir heridas lo tienen que decir para justificarse por no hacer las cosas.

¿Y cómo ven ahora la llegada a los parlamentos de la extrema derecha?

No pinta nada bien, es algo negativo para todos los ámbitos de la vida: será un retroceso en seguridad, sanidad, educación, bienestar social… Y, por supuesto, en la memoria histórica, yo creo que ya nos podemos olvidar de seguir trabajando.

¿Cree que en el futuro será aún más complicado seguir trabajando por la memoria histórica?

Es complicado, siempre hemos dicho que esto debería ser algo que hiciera el Gobierno, es decir, un Estado no puede dejar todo este trabajo en manos de las familias o las asociaciones. El problema es que el Estado ya sabemos cómo trabaja: si lo que van hacer, por ejemplo, es darle una contrata a una empresa de arqueología, que lo único que va a buscar es el rendimiento económico, va a hacer dos agujeros allí, otros dos allá, van a decir “no están” y ya está. ¿Y el trato con las familias?, ¿va a haber trato directo con ellas? Porque a nosotros nos gustan que estén las familias allí delante, que nos ayuden, que nos cuenten cosas.

El Gobierno, hasta ahora, no sé si es cobardía, ideología, falta de ideología o falta de querer hacer las cosas, pero es que no se pueden poner tantos problemas. Ya que no lo hacen ellos, al menos que no pongan tantos problemas.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que se encuentran?

El principal el dinero, claro. Nosotros no cobramos nada por esto, somos una asociación sin ánimo de lucro, al revés, nos cuesta mucho dinero. Cuando había ayudas del Gobierno central te daban el 100 % y te lo daban antes de hacer la exhumación. Al acabar, si te habías pasado del presupuesto, problema tuyo, si te sobraba dinero lo devolvías.

Pero ahora lo que hace el Gobierno de Aragón y las diputaciones es que te dan el 80 %, pero después de hacer el trabajo. O sea, yo tengo que pedir un préstamo personal para pagar esa exhumación y luego esperar a que te lo paguen. Imagínate el lío que te hace el Gobierno de Aragón cuando no te lo paga.

En la pasada legislatura se aprobó la Ley de Memoria Democrática de Aragón, ¿qué opinión le merece?

No nos ha afectado nada porque no se ha cumplido nada de lo que se aprobó. No se ha puesto en marcha el banco de ADN, no hay ayudas –que este año aún no han salido convocadas–. Lo primero que nos dijeron es que no hay dinero, pues entonces no podemos hacer nada.

¿Cómo es el proceso desde que se inicia una investigación hasta que se lleva a cabo la exhumación?

Ha habido exhumaciones que nos han costado cuatro o cinco años. Casi siempre son a petición de la familia. Algún familiar se pone en contacto con nosotros, le pedimos todos los datos que tenga y luego empezamos a investigar: en archivos, en los ayuntamientos los nacimientos y defunciones… Con todo eso reconstruyes lo que pasó. Siempre hay alguien que se encarga de ponerte en contacto con el resto de familiares. Además, trabajamos con antropólogos forenses, arqueólogos, una historiadora, una genetista…

Desde que empezaron hasta ahora, ¿han percibido un cambio en los familiares?, ¿recurren más a ustedes al ver que se consiguen cosas?

Siempre hay gente interesada y posibilidades de investigar. También tienes un poco que saber elegir cuál puedes hacer. Los recursos son pocos y, si no estás seguro, no te puedes lanzar a la aventura. No puedes gastar la subvención de un año si no tienes un porcentaje alto de posibilidades de que puedan estar. Es que salimos a proyecto por año. Ahora hacemos más porque sumamos con otras asociaciones como Charata o el Batallón Cinco Villas.

De todas formas, yo creo que todavía hay mucha gente que no sabe lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en memoria histórica. Pero es que tampoco se le da mucha importancia mediática. Hemos estado en exhumaciones en las que había más televisiones extranjeras que españolas.

Quienes hablan de no reabrir heridas también dicen que en los pueblos siguen enfrentados y que es mejor no intervenir. ¿Se han encontrado con gente en los pueblos que proteste o en contra de hacer lo que hacen?

No, puede haber alguno que pregunte por qué lo hacemos. Pero nunca hemos tenido problemas ni con vecinos ni con los ayuntamientos, fueran del partido que fueran.

Sí parecen tener problemas algunos ayuntamientos para cumplir la Ley de Memoria Histórica y retirar ciertas nomenclaturas de calles y plazas

Ahí la culpa sí es más de los alcaldes. Yo he hablado con alcaldes de izquierdas para que retiraran la placa de la iglesia y me decían: “Es que la gente se me echa encima”.

Pero se trata de cumplir una ley

Esto de las leyes me parece a mí que es un poco relativo. Nosotros tenemos una sentencia firme del Valle de los Caídos desde hace tres años y pico para la exhumación de los hermanos Lapeña y no se ha cumplido.

¿Cómo está ese asunto?

No tenemos ni idea. Es que ya no sé cómo calificarlo, pero otra vergüenza más. Ahora solo se habla de sacar a Franco, a nosotros no nos interesa Franco (que lo saquen y lo tiren dónde quieran), pero hay que sacar a los nuestros de allí. Tenemos una sentencia firme, por lo menos intentar buscarlos. Son ya tres años. Eres un Gobierno, tienes una sentencia firme, cúmplela, ¿no?

En el mes de mayo de 2016, un juez autorizó la primera exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Los de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, dos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados a Cuelgamuros sin la autorización de sus familiares. Desde entonces, la familia se ha topado con la oposición de los monjes benedictinos y su prior, Santiago Cantera, que ha intentado evitar los trabajos. También con continuos retrasos administrativos.

El pasado mes de abril comenzaron los trabajos de exhumación de estos dos hermanos republicanos, en lo que las familias (el hijo de uno de ellos aún vive) consideraron un gran éxito. Entraron los técnicos y las microcámaras. Pero hace dos días, las familias de la fosa de Calatayud fueron llamadas al Palacio de la Moncloa. Allí, el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, les explicó que se ha encontrado un impedimento. Tienen que hacer un informe técnico y los monjes benedictinos, cuyo prior fue candidato de Falange y que se ha opuesto siempre tanto a esta exhumación de los Lapeña como a la de Franco, vuelve a poner trabas a que entren técnicos y maquinaria. Eso, pese a que el presidente de los obispos le desautorizó y obligó a facilitar el cumplimiento de la sentencia: “No puede negarse a exhumar los restos”, dijo entonces Blázquez. El prior no ha contestado a las presguntas de eldiario.es a ete respecto.

En la fosa donde supuestamente están enterrados los Lapeña hay 3.000 cadáveres y más de 700 cajas. La de ellos es, supuestamente, la 722. Para llegar allí hay que retirar todas las demás, que están en disposición piramidal y puede haber riesgo de derrumbe con la retirada. “Los enterramientos se hicieron para que nadie sacara cuerpos de allí”, lamenta Eduardo Ranz, que fue el abogado de la familia Lapeña en su periplo judicial y ahora es también asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de memoria histórica.

Ese informe previo a la extracción de la caja, necesario por seguridad según relatan desde el Gobierno, requiere que entren científicos y maquinaria a la fosa. El prior lo está impidiendo de nuevo, aunque “ese asunto se va a resolver, como explicó el subsecretario a las familias”, relata Ranz. El plazo que se ha puesto el gobierno para tener acabado el informe es de cuatro meses. Eso, si se desbloquea la negativa del prior.

“Lo llevamos como podemos”, relata Miguel Ángel Capapé, que dirige la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido y es el marido de Purificación Lapeña, nieta de Manuel Lapeña. “La reunión fue cordial, nos dieron muchas explicaciones, aunque la mayoría no las entendemos”, dice. “El gobierno nos ha recibido, cosa que no hizo el otro Gobierno”, destaca, “pero nuestro miedo es que nos digan que no se puede entrar. Quiero pensar que hay voluntad de arreglarlo, pero nos morimos con informes. No queremos un homenaje y una plaquita allí, queremos que los saquen”.

Ranz señala que se les pidió dispculpas en nombre del gobierno en la reunión el martes y que se les ha ofrecido “una vista al Valle acompañados de científicos para que conozcan la situación”. También está en marcha el proceso para tomar muestras de adn que cotejar con los restos. “Sobre todo les hemos transmitido que hay continuidad. Pese a este contratiempo, no se les abandona y el Gobierno sigue adelante” con la exhumación de los Lapeña, que inició su periplo judicial hace 10 años, cuando las familias se dieron cuenta que el lugar donde llevaban flores desde hacía lustros en Calatayud estaba vacío porque Manuel y Antonio había sido llevados, sin el permiso de nadie, al Valle de los Caídos.

Dos años después de la primera sentencia que autorizó la primera exhumación en el Valle de los Caídos, las puertas de la mayor fosa común de España se abren para intentar recuperar los restos de cuatro personas. Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción han entrado este lunes para comprobar las condiciones en las que se encuentra el lugar en el que se supone que están los hermanos Lapeña, fusilados en 1936, y Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, pertenecientes al bando nacional.

Para llegar hasta aquí, los familiares han tenido que sortear una ristra de obstáculos entre las trabas burocráticas y la inacción de Patrimonio Nacional, la negativa del prior de la Abadía de Cuelgamuros y la dilación en el tiempo del proceso. La batalla comienza con Purificación Lapeña, nieta de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, que fueron asesinados en Calatayud.

En el año 2008 los familiares de estos hermanos se enteraron de que sus restos habían sido trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Ahí, y en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, quisieron acceder a las subvenciones públicas para exhumar, pero se encontraron con la primera negativa. Es en 2012 cuando comienzan la pelea judicial con una demanda por la vía penal que posteriormente fue archivada, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Purificación Lapeña encontró luz verde en la vía civil y en marzo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) dictó un fallo que permitió sacar a los hermanos Lapeña para darles “digna sepultura”. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó.

Ahí entra en juego Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que en julio de 2016 no asumió el contenido de la decisión del juzgado y atascó el proceso exigiendo sentencia firme y encargado varios informes a expertos que retrasaron el cumplimiento del auto judicial. 

“Tuvimos que ir al Juzgado Central para que dijera que tenían la obligación de cumplir la sentencia”, relata Eduardo Ranz. Ese mismo año se supo que una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy dificultaría que las piquetas pudieran volver a entrar para recuperar restos de otras familias que lo reivindican. 

La negativa del prior

La familia de los Lapeña prosiguió su cruzada y en julio de 2016 demandó a Patrimonio Nacional ante el Tribunal Supremo acusando al organismo de dilatar el proceso. “No se trata de un favor que ellos pueden hacer a las víctimas del franquismo, sino del deber constitucional de cumplimiento de las resoluciones firmes, así como del derecho a digna sepultura”, decía entonces el letrado Eduardo Ranz.

Comienza entonces la etapa de la inacción que desembocó en que unos meses después Patrimonio hubiera logrado ahogar en burocracia la exhumación con Soraya Sáenz de Santamaría argumentando que “la oposición de terceros” y “la complejidad de este caso” retrasaba los trabajos y la oposición solicitando en el Congreso la ejecución del fallo. 

En aquella comparecencia, la vicepresidenta ocultó que era la Abadía la que había impedido hacía seis meses a los técnicos entrar en la cripta. Y es que en octubre de 2017 los monjes se opusieron por escrito a la entrada de los técnicos al Valle de los Caídos, según la documentación oficial de Patrimonio a la que ha tenido acceso eldiario.es. Una información que no estuvo en ningún momento sobre la mesa en el Congreso. 

El prior Santiago Cantera se negaba a que entraran las piquetas al argumentar que se trata de un cementerio religioso, pero las familias impulsoras de la causa ya han visto “reconocido por Patrimonio Nacional su derecho a exhumar, así como resuelto que se trata de una sepultura de cementerio público”, explicaba Eduardo Ranz el mismo día en que denunció a Cantera por negarse a permitir las exhumaciones. 

Finalmente el prior rectificó y decidió anunciar la retirada del recurso contencioso-administrativo que las mantenía paralizadas. Eso después del toque de atención de la Conferencia Episcopal Española, que en palabras de Ricardo Blázquez, su presidente, señaló que la comunidad benedictina del Valle debía permitir las exhumaciones. 

Seis años después de que los familiares de los hermanos Lapeña pusieran la primera demanda en 2012, comienzan los trabajos de exhumación a la espera de que se confirme el estado de la zona. Y es que el Valle de los Caídos se está deshaciendo, según un informe interno de Patrimonio Nacional del año 2011. En él, alerta de las goteras y la “pudrición por hongos” del conjunto monumental construido por Franco con mano de obra esclava y en la que aún reposan los restos del dictador y de 12.419 personas sin identificar.

“Los difuntos pertenecen a sus familiares”. Así se han referido los obispos españoles a las exhumaciones de víctimas del franquismo al ser preguntados por los trabajos que arrancarán el próximo lunes para recuperar los restos mortales de los hermanos Lapeña, enterrados en fosas comunes del Valle de los Caídos. “Ha de hacerse lo que decidan las familias y con que se haga en el marco de la legalidad, la Iglesia no tiene que decir otra cosa”, ha señalado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) José María Gil Tamayo. 

En rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria, el sacerdote hizo suyas las palabras del presidente de la CEE, Ricardo Bláquez, que el pasado 16 de marzo se posicionó en contra del prior del templo, Santiago Cantera, que se negaba a cumplir la sentencia dictada hace dos años por el Juzgado de primera Instancia nº2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó la exhumación de los Lapeña.

“La Iglesia reza por la reconciliación entre los españoles, y al mismo tiempo por los difuntos: en una Guerra Civil todos son víctimas”, ha concluido Gil Tamayo, quien también ha celebrado el comunicado enviado este viernes por la organización terrorista ETA, en el que reconoce el daño causado. 

Una “pesadilla de sangre, horror y de utilización de la violencia”, dicen los obispos, que “ha sido un lastre en la historia de nuestro pueblo”. Tras felicitarse por el anuncio, el portavoz resaltó “la gran tarea” que queda por delante: “Por un lado, la reconciliación, el trabajo más difícil y costoso, que exige más generosidad”. “Han pedido perdón, pero ese perdón lleva consigo reparación”, clamó Gil Tamayo, quien pidió que “se pueda crear una sociedad reconciliada”.

“Que la reconciliación, la convivencia pacífica y el perdón lleven a evitar en el futuro el inicio de caminos de violencia para defender unas ideas”, reivindicó el portavoz de la CEE, que a su vez ha incidido en que “la legalidad ofrece los cauces para la manifestación de las propias ideas, en el exquisito respeto a las ideas de los demás”.

La denuncia contra Willy Toledo

Preguntado por la denuncia contra el actor Willy Toledo, que ha sido citado a declarar por un juzgado por insultar a Dios y a la virgen María en unos comentarios escritos en Facebook, Gil Tamayo declaró que “la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero los derechos tienen sus límites. Y lógicamente está el derecho a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos, que la legislación reconoce”.

“Acataremos lo que la justicia diga”, ha concluido el portavoz episcopal, que recordó cómo hace meses, todas las confesiones religiosas con presencia en España “exigimos el respeto a las convicciones religiosas de los demás, como signo de una convivencia en respeto a los otros”.

Por último, los obispos han anunciado la celebración de un congreso internacional en Madrid, los días 3 y 4 de octubre, para reivindicar “el papel de la Iglesia en la sociedad democrática”. Un simposio al que se ha invitado al rey Felipe  VI y que quiere, en palabras del portavoz episcopal, “hacer un homenaje al papel, que por desgracia ha quedado silenciado, de la Iglesia en la Transición”. 

Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción arrancarán el próximo lunes los trabajos preliminares para proceder a la primera exhumación en el Valle de los Caídos con el objetivo de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una “digna sepultura”.

Así consta en un oficio de Patrimonio Nacional, adelantado por la Cadena SER y al que ha accedido eldiario.es, dirigido al Prior Administrador de la Abadía de la San Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En él se informa del inicio de los tareas para ejecutar el auto dictado hace dos años por el Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó esta exhumación.

En concreto, el documento señala que los días 23 y 24 de marzo se realizarán “las actuaciones preliminares” pendientes por parte del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, cuyos peritos son especialistas en arquitectura. Los restos mortales estarían en en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal.

La exhumación tendrá lugar después de que hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

Recientemente, el prior se comprometió a retirar el proceso contencioso-administrativo tramitado en la Audiencia Nacional que impedía las exhumaciones de víctimas de franquismo, avaladas por la Justicia.

Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció”.

El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, “sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”.

Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez consideró que existe una “alta probabilidad” de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la “única forma de acreditarlo” es a través de la prueba de ADN.

El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.

El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España. En su basílica están enterrados en 8 criptas y diferentes pisos 33.833 cadáveres, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas y gran parte de ellas son republicanos y represaliados por el franquismo. Hasta allí se llevaron miles de cuerpos sin permiso de las familias.

Ahora el prior se niega a dejar pasar a los técnicos para que exhumen a los hermanos Lapeña, como ha ordenado un juez, aduciendo que por el mal estado de las criptas se podría dañar otros huesos y apela al “respeto a las familias”, 35 según él, que han pedido que no se profanen las fosas. Ni siquiera ha acudido al Senado a explicarse, como solicitaron los grupos, en una sesión sobre esta exhumación en la que el abogado de las familias, Eduardo Ranz, dijo que acabará por venir “un Papa a pedir disculpas por los abusos cometidos en el Valle de los Caídos”.

El prior se ha mostrado preocupado por dañar los restos, pero un informe que hizo Patrimonio Nacional en 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el último conocido, da cuenta con un pormenorizado relato y fotos del lamentable estado de conservación de las fosas y huesos y cómo se han cambiado de sitio y renovado zonas sin aviso. El cuidado de los huesos, según los técnicos, ha sido escaso.

Precisamente son los propios monjes benedictinos de la Abadía los que tienen el encargo de conservar los cadáveres y las fosas del mausoleo franquista desde 1958 por orden de Franco. Fueron quienes recibieron los cuerpos y los enterraron después de la guerra. El informe revela que la conservación es caótica, los huesos se amontonan sin ninguna atención al derecho a un enterramiento digno y la humedad está comiéndose los columbarios al menos desde hace 8 años.

Parte del contenido de este informe fue adelantado en exclusiva por la Cadena Ser, y ahora eldiario.es ha tenido acceso al informe completo (al final del texto) con todas las imágenes y la descripción de los expertos.

Los técnicos entraron el 6 de mayo de 2010 en la iglesia del Valle de los Caídos. Ahí empiezan a describir qué se van encontrando en cada una de las ocho criptas que albergan los más de 33.000 cuerpos. Cuando entran en la capilla del Santísimo encuentran “humedades en las paredes y techos” y habitaciones cerradas. Pero también descubren una trampilla en el techo que supuestamente llevaría a otro nivel de enterramientos. Sin embargo, lo que encuentran es “una habitación, perfectamente tabicada, con aspecto de haber sido rehabilitada hace poco tiempo”, y ni rastro de “restos óseos”. El informe incide en que no se sabe a dónde han ido a parar. 

Al continuar su expedición, hallan una pared, la rompen y aparecen “múltiples restos, completamente desordenados y fuera de los columbarios”. Tanto caos hay que destacan que “se desconoce el alcance real del número de restos introducidos en este nivel”. 

El relato en las siguientes capillas ahonda en el desorden, la mala conservación y la amalgama de huesos sin identificar que, además de enterrarse sin filiación, se han cambiado de sitio sin ningún orden. Por ejemplo, en la capilla del Sepulcro hay “incontables” huesos.

En otro de los enterramientos alcanzan a ver “Balneario de Mondáriz, Pontevedra” o “Valdemoro” 2. A través de una trampilla, en la que encuentran un fémur y tibia, pueden apenas ver huesos y cráneos, pero a partir de ahí ya no pueden acceder “por estar clausurados con hormigón”. También se aportan algunas fichas con la filiación de los muertos y la fecha de la muerte.

Cuando acuden a las seis capillas laterales, más pequeñas, el informe recoge que no se sabe qué contienen ya que no han podido entrar. Y que los monjes relataron a los técnicos que metieron allí restos desalojados de otros sitios además de los que ya había. Los técnicos acaban con una frase que podría resumir la política de cuidado y conservación de las fosas: “Se desconoce el alcance real de lo trasladado”. 

Las familias de ocho víctimas de la guerra civil están a un paso de abrir la mayor fosa común de España: el Valle de los Caídos. Esperan el aviso para sacar los restos óseos de seis republicanos y dos franquistas. Tienen el aval de la justicia y equipos técnicos dispuestos a exhumar después de superar un carrusel de trabas, pero han encontrado el último escollo dentro del propio mausoleo con la negativa a abrir la puerta de los responsables de la Abadía de Cuelgamuros.

La primera sentencia judicial que permite una exhumación en el conjunto monumental construido por Franco con trabajo esclavo está fechada en marzo del año 2016. Es el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Esta denuncia, junto a otras cinco, buscaba sacar los huesos de algunas de las 33.847 personas enterradas, de las que 12.419 están sin identificar y trasladadas a Madrid sin permiso de sus familiares.

“Hay que abrir la puerta del Valle de los Caídos, literalmente, y empezar a exhumar”, dice el abogado Eduardo Ranz. El letrado representa a las familias de ocho personas enterradas allí, dos pertenecientes al bando nacional y dos al republicano, que han denunciado al responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, por negarse a permitir las ocho exhumaciones autorizadas.

“Tenemos sentencia judicial firme que permite entrar y el equipo de trabajo preparado”, refiere Ranz. “Y no puede ser que 22 señores –los responsables de la Abadía Benedictina– puedan más que un Estado, porque ya es una orden que viene de Presidencia, está tratada en un Consejo de Ministros y que acata Patrimonio Nacional”, apunta el letrado.

El abad, cancerbero de Cuelgamuros

Lo “único que falta”, incide, “es abrir la puerta” custodiada por el abad, convertido en una suerte de cancerbero y atasco final. Porque antes, los descendientes de los ocho fallecidos en la guerra de España, han tenido que solventar un carrusel de obstáculos. Estas son las principales trabas encontradas por la familia Lapeña como paradigma del resto de denunciantes:

Marzo de 2016. Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial dio permiso para exhumar. Es la primera sentencia judicial en este sentido y estima la petición por vía civil de la nieta de dos asesinados por el franquismo y reconoce su derecho a darles “digna sepultura”. La resolución se produjo tras el archivo de la solicitud en vía penal que había llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El fallo se refería a los hermanos Lapeña, ejecutados en Calatayud (Zaragoza) en 1936 y trasladados años más tarde al Valle de los Caídos sin conocimiento de su familia. Y ahí aparece el primer encontronazo: la sentencia quedó recurrida a los 15 días, iniciando un peregrinaje que superó los 21 meses.

La segunda traba se circunscribe a Patrimonio Nacional, que no asume el contenido de la decisión del juzgado. De hecho, no ofreció intención alguna de facilitar la exhumación. En julio de 2016 atascó el proceso pidiendo más informes. Tres meses después, la Abadía remitió documentos en los que se opuso tajantemente a la entrada de técnicos en Cuelgamuros.

“Tuvimos que ir al Juzgado Central para que dijera que tenían la obligación de cumplir la sentencia”, relata Eduardo Ranz. Mientras el resto de peticiones de víctimas avanzó en la misma dirección que el caso de los Lapeña, en junio de ese mismo año se conoció cómo una reforma legal de Rajoy ayuda a frenar las exhumaciones.

De inacción estatal a denuncia ante la ONU

La tercera traba se corresponde con una etapa de inacción. Por estas fechas las familias ya han denunciado a Patrimonio Nacional ante el Supremo, pero aparentemente nadie mueve ficha. El ministerio de la Presidencia –de quien depende Patrimonio– miró hacia otro lado. En abril de 2017 el Gobierno había logrado ahogar la causa en burocracia.

La cartera encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pretendió no mojarse en el asunto, pero acabó dando explicaciones en el Congreso. En sede parlamentaria confirmó la “oposición de terceros” a sacar restos óseos del mausoleo franquista pero Santamaría ocultó que era la Abadía quien había impedido seis meses antes que los técnicos entrasen a la cripta.

El prior negó la entrada para comprobar el estado de las criptas y los cuerpos allí alojados. Es la cuarta traba, aunque en abril del pasado año Patrimonio decidió ignorar el veto de la iglesia y entrar en el Valle de los Caídos para iniciar la exhumación de los Lapeña, como avanzaba en exclusiva eldiario.es. Sin resultado. La puerta sigue cerrada a cal y canto.

En junio de 2017 España quedó denunciada ante Naciones Unidas por no facilitar el proceso reclamado por la familia Lapeña y avalado por sentencia judicial firme. El requerimiento al organismo internacional busca “un fallo humanitario” con el que la ONU “haga cumplir al Gobierno español” el mandato jurídico. “Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro” en la mayor fosa común del país, declaraba a este medio el abogado denunciante.

“A día cinco de diciembre nos han comunicado que, paralelamente a la denuncia de la ONU, Patrimonio Nacional dice a la Abadía que hay que iniciar las exhumaciones pero los responsables impiden los trabajos y la entrada a los técnicos”, dice Ranz. Las puertas de Cuelgamuros cerradas, de nuevo en esta quinta traba. Y de ahí la ultima denuncia de las familias de ocho personas enterradas en el Valle de los Caídos contra el abad acusado de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la extracción de los cuerpos.

Tras casi dos años de espera y múltiples impedimentos solventados, los familiares de seis republicanos y dos franquistas siguen esperando. En total son 12 denuncias referidas a estos ocho cuerpos. Los hermanos Lapeña fueron el primer caso en encontrar respaldo judicial. Luego llegó el resto. Todos con sentencia judicial como aval y permiso de Patrimonio para exhumar los cadáveres y darles “digna sepultura”. Las familias esperan que chirríen las bisagras. Y mientras, el abad resiste convertido en el cancerbero de Cuelgamuros.

España ha sido denunciada ante Naciones Unidas por no facilitar la exhumación de los hermanos Lapeña. Se trata del primer caso en que una sentencia judicial autoriza a sacar del Valle de los Caídos restos óseos de asesinados por el franquismo. Tras más de un año de espera, y múltiples impedimentos, la familia de los represaliados sigue esperando.

El requerimiento al organismo internacional busca “un fallo humanitario” con el que la ONU “haga cumplir al Gobierno español” el mandato jurídico, apunta el abogado especializado en Memoria Histórica Eduardo Ranz, que ha puesto la denuncia. “Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro” en la mayor fosa común del país, donde yacen 33.000 personas, 12.000 de ellas sin identificar.

El fallo que permite exhumar a Antonio y Manuel Lapeña, afiliados a la CNT, ejecutados por franquistas y enterrados luego en Cuelgamuros, ha encontrado la oposición firme del prior de la abadía del Valle de los Caídos. La Iglesia impedía incluso a técnicos del Estado a entrar en la basílica para comprobar la situación en que se encuentran las criptas y los restos óseos.

El Gobierno ocultó además que los monjes del Valle habían vetado la exhumación de los hermanos Lapeña, como confirmó en el Congreso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aludía a la “oposición de terceros” que continúa, pese a que Patrimonio Nacional había decidido ignorar el veto de la Iglesia para iniciar el trabajo exhumatorio.

Sentencia firme y sin cumplir desde “hace 14 meses”

De los “fundamentos legales” tratados en la denuncia presentada en la ONU, destaca el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Extremo incumplido en los casos de desaparición forzada como esta.

“La sentencia adquirió firmeza hace 14 meses y a día de hoy ningún ente público, administrativo o judicial, ni persona física alguna, ha procedido a su cumplimiento”, recuerda el abogado de la familia Lapeña. La solicitud a Naciones Unidas pretende “que el Estado español sea denunciado por incumplir los pactos civiles y políticos y se dicte fallo por el que la denunciante recupere de facto los restos de su abuelo y tío abuelo”, los hermanos Lapeña Altabás.

El “fallo humanitario” sería “la culminación de más de 80 años de lucha”, asegura Eduardo Ranz. “No existe peligro para el Gobierno exhumando”, apunta, “sino un refuerzo para la democracia española” y la oportunidad “de no cometer otro error histórico”.

El “caso de los Lapeña” ha sido visto en diferentes tribunales “en los últimos cinco años”: Juzgado de Instrucción de San Lorenzo del Escorial, Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Constitucional de España, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial y Juzgado de lo Central número 5, enumera el letrado.

A pesar de ello, impedir la ejecución de la sentencia firme supone una “vulneración reiterada del derecho a la tutela judicial efectiva de la familia Lapeña”, subraya Ranz. De ahí la denuncia a la ONU para lograr “un fallo humanitario” contra España que permita el reencuentro familiar “con su abuelo y tío abuelo fusilados como tantos otros en la misma situación”, añade. Ahora el organismo internacional tendrá que pronunciarse.

Hace más de un año que un juez ordenó, por sentencia firme, que se hiciera la exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos, el conjunto monumental franquista donde hay enterradas 33.000 personas, más de 12.000 de ellas sin identificar, y que el Gobierno no ha cumplido alegando problemas técnicos. 

Patrimonio Nacional, encargado del Valle, y la vicepresidenta del Gobierno han tomado postura común justificándose en la complejidad para ejecutar el fallo. También ambos han eludido contar que el primer obstáculo lo puso hace seis meses la Abadía del Valle de los Caídos. 

Tanto el organismo estatal como Soraya Sáenz de Santamaría han ocultado que en octubre del año pasado los monjes se opusieron de palabra y por escrito a la entrada de los técnicos, según la documentación oficial de Patrimonio a la que ha tenido acceso eldiario.es [ver documento abajo]. Desde entonces el proceso está en punto muerto.

Según esa documentación, el 17 de octubre de 2016 la Abadía del Valle de los Caídos envió un documento a Patrimonio en el que se oponía a la entrada de los técnicos a hacer un informe ni a tocar la cripta de ningún modo. Esta información se obvió de las comunicaciones públicas. 

El abogado de los Lapeña, Eduardo Ranz, confirma a eldiario.es que en una reunión días después a la que asistieron Patrimonio, la familia y varios expertos del Instituto Torroja se relató que los monjes habían impedido que se entrara en la cripta e incluso que se introdujera una microcámara para conocer el estado interior y las posibilidades de sacar los cuerpos.

Un permiso imposible

La condición que pusieron los religiosos fue que antes de tocar nada se obtuviera el permiso del resto de las familias de las víctimas enterradas en esa fosa común, la Cripta del Sepulcro del piso tercero. En la práctica, conseguir esto es imposible ya que hay cuerpos sin identificar. 

Aunque el Valle está gestionado por el Estado y es de titularidad pública, la basílica, donde están enterrados tanto las víctimas de Franco como el propio dictador, es de la Iglesia, y son los monjes benedictinos quienes la gestionan.  

En su comparecencia pública en el Parlamento del miércoles, Sáenz de Santamaría eludió citar que son los religiosos quienes impidieron el paso a los técnicos, y lo dejó en un difuso “hubo oposición de terceros”, cubriendo a la orden benedictina que obstaculiza el cumplimiento de la sentencia judicial. 

Tras el veto de los monjes, Patrimonio encargó un informe a la Abogacía General del Estado para saber “el modo en el cual proceder”, que se convirtió en el tercer dictamen solicitado, tras otros dos técnicos que se habían pedido en julio: uno al Instituto Torroja, dependiente del CSIC, para que dijera si acceder era viable. Si decía que sí, pediría otro informe más al Consejo Médico Forense, que es un órgano consultivo, para que se pronunciara sobre cómo hacerlo. 

Sin posibilidad siquiera de empezar a trabajar en el primer informe técnico, ya que son los técnicos del Instituto Torroja a quienes se impidió la entrada, el proceso se sume en una maraña legal de competencias y actuaciones mientras la sentencia firme está a la espera y el Gobierno sigue diciendo que está trabajando en su cumplimiento.

Desde el día en el que se encarga el informe a la Abogacía han pasado seis meses, sin que se haya hecho públicas las recomendaciones de los abogados del Estado, aunque Patrimonio dice a eldiario.es que “este mes se conocerá y a partir de ahí la intención es tomar medidas”.

Preguntado por el contenido de ese informe, si es una cuestión de competencias: “No sabemos”. Entonces, en esa misma comunicación, Patrimonio añade un informe más al que aparece por escrito en su documento oficial [abajo]: “Son dos informes”, algo que la vicepresidenta también confirma días después en el Congreso. 

El giro viene cuando Sáenz de Santamaría añade que “esos dos informes de la Abogacía se remitirán  a las familias” y revela parte del contenido, que vuelve el proceso a la casilla de salida. El dictamen final de los abogados del Estado es “recabar un dictamen del Instituto Torroja para que se pronuncie sobre viabilidad del acceso y cómo llegar” y en caso de que sea positivo, “otro informe al Consejo Médico Forense” para la identificación y prueba del ADN. Es decir, volver a julio de 2016, cuando se ya se habían pedido supuestamente esos dos informes por parte de Patrimonio. 

El abogado de los Lapeña interpreta que “quieren dejar morir el problema de viejo, pero no lo van a conseguir, es una vulneración de la Constitución en el cumplimiento de la sentencia y la digna sepultura”. “El hijo de uno de los Lapeña tiene 92 años y se ha pasado 60 llevando flores donde no estaba su padre”, lamenta. 

eldiario.es ha contactado con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ha aducido no poder contestar en ese momento a las preguntas sobre la oposición de su orden a la exhumación dictada por el juez.