"No podemos seguir esperando. No tenemos más tiempo": las familias piden por carta al Gobierno que reactive las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Algunas de las personas enterradas en el Valle de los Caídos a las que buscan sus familiares

"Ni nosotros ni la democracia española podemos permitirnos esperar un solo día más para que se repare mínimamente el daño. Ya lo hemos aprendido en estos meses tan duros en los que hemos visto desaparecer a personas que tanto sufrieron durante el franquismo". Casi una decena de familiares de víctimas de la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos se han dirigido por carta al Gobierno para reclamar que el proceso de exhumación de sus seres queridos se acelere y se cumpla por fin lo que llevan esperando décadas. Tras un laberinto plagado de obstáculos, Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre los trabajos para acceder a Cuelgamuros, pero nada han vuelto a saber: "No podemos ni deseamos seguir esperando. No tenemos más tiempo", esgrimen en la misiva dirigida el pasado 22 de junio a Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Son ocho de las 31 familias de represaliados enterrados en la mayor fosa común de España sin el consentimiento ni conocimiento de los suyos, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. Todas cuentan con el aval de Patrimonio Nacional, que tomó la decisión menos de un mes después de la exhumación de Franco, pero temen que se siga alargando en el tiempo. Y, en definitiva, que muchos de ellos, de más de 80 y 90 años, nunca lleguen a ver cómo sus seres queridos salen del lugar que se construyó para honrar la dictadura que les persiguió y asesinó. "Entienda que estemos muy preocupadas por los familiares más mayores. Estamos cansados y hastiados por la larguísima espera que solo prolonga innecesariamente nuestro sufrimiento".

Una de las familias es la de Silvia Navarro, presidenta de la asociación, que pelea junto a su madre para recuperar los restos de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de 1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía, falangistas y guardias civiles. "Es una vergüenza que gente de 86, 87 e incluso 97 años siga a la espera de que les devuelvan a sus padres o sus tíos porque el tiempo se agota. Entendemos las circunstancias extraordinarias del coronavirus, pero deben acelerar el proceso. Ni siquiera todas las familias tenemos todavía la autorización por escrito de Patrimonio Nacional, que es algo que quizás se podría haber hecho en estos meses", lamenta.

La mayor preocupación de las familias es que, más que una paralización a raíz de la pandemia, "lo que realmente esté ocurriendo es que no haya llegado a arrancar nada en el proceso", señalan en la carta y, por eso, exigen una actuación "urgente, valiente y decidida". Por su parte, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática rechazan que el procedimiento esté paralizado y esgrimen que "se está ultimando" y que la fecha se les comunicará a las familias. Recuerdan, además, que el Gobierno prepara una ley de Memoria Histórica para mejorar y ampliar la vigente desde 2007 y que irá al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes.

Miles de cadáveres en la mayor fosa común

El proceso de los trabajos que deben comenzar, sin embargo, no es sencillo. Según estipuló Patrimonio Nacional, que tomó la decisión tras un informe técnico favorable del CSIC, primero se determinará "la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas", pues las condiciones en las que se encuentran las fosas y el "caos" de enterramientos pueden complicar la operación. Los operadores comenzarán por la Capilla del Santo Sepulcro siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica. La primera en abrirse será en la que descansan los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936 y cuya familia, que también firma la carta, cuenta con una sentencia judicial que autoriza su exhumación desde el año 2016.

El fallo arrojó esperanza para todas las familias, pero al mismo tiempo inauguró un laberinto lleno de obstáculos que, hasta ahora, ha impedido el cumplimiento de la sentencia. Como los Lapeña, otras tantas familias -las autorizadas son 31, pero la cifra puede aumentar si así lo solicitan, declaró en su momento Patrimonio Nacional- buscan sin descanso a sus familiares enterrados en Cuelgamuros, adonde el traslado de cuerpos sin permiso se efectuó desde fosas comunes y cementerios de casi todos los puntos de España. En él están enterrados 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia.

Otra de las firmantes de la misiva es Mercedes Abril, que ha dedicado toda su vida a buscar y recuperar a su padre Rafael, a quien vio por última vez cuando tenía tres años. El 17 de septiembre de 1936 varios agentes de la Guardia Civil entraron en su casa de Calatayud y se lo llevaron por ser militante del PSOE. Tras ello, su madre recibió cuatro cartas firmadas, pero no volvieron a saber nada de él. Nadie les contó que tras el asesinato, su cuerpo había permanecido en una fosa común para ser trasladado después al Valle de los Caídos. Ambas se vieron obligadas a trasladarse a Valladolid, donde aún vive Mercedes y adonde sueña con llevar a Rafael para ser enterrado junto a su madre.

La carta firmada por las ocho familias recuerda el compromiso del presidente del Gobierno en la respuesta a otra misiva enviada por la propia Mercedes: "No le quepa la menor duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de sus seres queridos inhumados en la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos", esgrimió Pedro Sánchez. Los firmantes reconocen la "predisposición" del Ejecutivo a las exhumaciones "de nuestros padres y abuelos de tan siniestro lugar y destino", pero apuntan a que, desde que Mercedes recibió la respuesta, "ha pasado casi un año en el que niet@s e hij@s de 86 a 96 años, alguno gravemente enferm@, han sobrevivido incluso a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia" y no se ha procedido a iniciar las obras. Las familias siguen peleando así por un acto que para muchas llega tarde debido a la avanzada edad de los familiares más directos. Una lista a la que quieren dejar de sumar esperas que ya nunca van a dejar de serlo.

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Publicado el
10 de julio de 2020 - 22:08 h

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