Pedro Fausto Canales, la víctima de Franco que lucha por sacar a su padre del Valle de los Caídos

“Queremos sacar los restos de nuestros ascendientes del Valle de los Caídos”. Es la premisa, difícil, compleja, con la que trabajan las víctimas del franquismo con familiares enterrados de forma anónima en el mausoleo de Cuelgamuros. Uno de cada tres muertos yace como 'desconocido' en la mayor fosa común de España. Sin nombre y apellidos. Y la exhumación de Franco tampoco facilita la situación.

“Yo busco a mi padre y a mi tío”, dice Pedro Fausto Canales Bermejo, uno de los pioneros en la lucha contra el olvido que pesa sobre quienes conforman la urdimbre de huesos alrededor del tirano. El caso de los hermanos Lapeña, la primera exhumación autorizada en la sepultura común construida con trabajo esclavo, abrió otras vías. Una senda que los descendientes de los otros muertos del Valle de Cuelgamuros transitan para buscar una nueva esperanza.

Fausto registró tres peticiones ante Patrimonio Nacional. Una, doble, sobre la caja 198 donde está su padre, Valerico Canales Jorge, y el resto de los 'siete de Pajares'. Y otra sobre la caja 10.672 para rescatar a su tío Victorino. Las dos primeras solicitudes han sido desestimadas “porque no están allí con nombres y apellidos”, lamenta. Victorino sí ha entrado en un proceso similar a los Lapeña.

Un tercio de los 33.833 cadáveres trasladados al conjunto monumental constan como anónimos en los libros de registros de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Son, en total, 12.410 personas. El régimen franquista expolió fosas y cunetas para rellenar de huesos la plasmación pétrea del nacional catolicismo. El resto sí está identificado, en ingresos anotados del 17 de marzo de 1959 al 3 de julio del 83.

La línea roja: 'desconocidos'

El Valle de los Caídos es el mayor cementerio del país con víctimas de la guerra civil. Y muchos de los descendientes de estos muertos no quieren que sigan allí, reposando cerca de la momia del dictador Francisco Franco. Muchos cadáveres acabaron en Cuelgamuros sin permiso de sus familias, que desean para ellos “un entierro digno”.

“Queremos ver si hay viabilidad para rescatar sus restos. Si no la hay… bueno, pero que sea con informes claros y en un proceso en el que nosotros, las víctimas, hayamos participado”, explica Pedro Fausto Canales. “Es un cementerio público y el Estado puede intervenir para sacar los restos de nuestros ascendientes”, subraya.

Pero Patrimonio Nacional fija una línea roja en esa marca: 'Desconocidos'. Como no están identificados, no se exhuman. El organismo público no entra en el galimatías de huesos del Valle, dejando de lado otros datos sobre los cuerpos trasladados. Porque, más allá de las dificultades que presenta el caos de restos humanos, hay pistas de las ubicaciones.

La caja 198 “fue depositada el 23 de marzo de 1959, una semana antes de la inauguración del Valle, en el primer nivel o piso de la Cripta del Sepulcro procedente de la fosa pozo de Aldeaseca, en Ávila”, señala Fausto. Los restos están apuntados “en orden secuencial y como desconocidos”. Y la caja 10.672 acabó “en el primer nivel o piso de la Cripta África procedente de Griñón (Madrid)”. Victorino Canales sí está inscrito “con nombre y apellidos”.

Por eso el 19 de febrero de 2018 Canales Bermejo solicita de forma oficial que todos estos casos se acojan a las medidas preliminares aprobadas por Patrimonio para cumplir el mandato judicial sobre Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, ejecutados en 1936 en Calatayud (Zaragoza) y trasladados más tarde a Madrid sin autorización de sus familiares. Dos de las tres peticiones, sin embargo, acaban desestimadas.

La respuesta doble de Patrimonio Nacional

“En los libros registros y fichas que obran en el archivo del Patronato de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, no constan datos relativos a restos mortales con el nombre de D. Valerico Canales Jorge”, según la resolución dictada –el mismo día de inicio de la moción de censura contra Mariano Rajoy– por el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La institución alega que el artículo 16.1 de la Ley de Memoria Histórica determina que el Valle de los Caídos es un cementerio público –excepto la Basílica donde yacen Franco y Primo de Rivera, que es lugar de culto– y que por tanto la normativa aplicable es el Reglamento de Sanidad Mortuoria. Patrimonio Nacional responde –el 26 de junio– que están en el mismo caso los 'siete de Pajares': Celestino Puebla, Emilio Caro, Flora Labajos, Pedro Ángel Sanz, Román González y Víctor Blázquez.

Todos eran naturales de un pueblo abulense, Pajares de Adaja. Como Victorino Canales, hermano del padre de Fausto. La resolución sobre la caja 10.672 sí es estimatoria. Patrimonio Nacional reconoce el derecho a solicitar la exhumación y activa un proceso calcado a los Lapeña al solicitar un informe previo del Instituto Eduardo Torroja del CSIC “sobre el estado de la sepultura en que se encuentren depositados sus restos cadavéricos”.

Las cajas del olvido

A la luz de este estudio autorizará la exhumación salvo en tres casos: “que no fuese viable acceder a la sepultura”, que sea posible establecer la filiación o que esta identificación “resultara de gran dificultad”. En estos “tres supuestos” Patrimonio “dictaría resolución desestimatoria” sobre la petición del proceso exhumatorio.

Las resoluciones contrarias suponen “una discriminación clara con ese caso –la exhumación autorizada de los hermanos Lapeña–, una injusticia”, refiere Canales Bermejo. Pero “no es nada contra los Lapeña, todo lo contrario, vamos de la mano y esto es seguir por la senda que ellos han abierto”, aclara a posibles navegantes a contracorriente. La búsqueda de la caja 198, incide, “sería más fácil porque estamos en el primer nivel de la cripta y ellos en el tercero”.

Pedro Fausto Canales ha interpuesto recursos de alzada ante la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. Y espera que el Gobierno oiga el reclamo. “El único argumento –de Patrimonio Nacional– es que no constan en los registros y si no están en las fichas es porque no quisieron primero quienes los secuestraron de sus casas sin dejar ningún rastro y luego los que hicieron la primera exhumación para llevarlos al Valle de los Caídos”, expone.

Que las víctimas no estén con nombres y apellidos, dice, “es una responsabilidad del Estado y no de los familiares”. Ahí están las cajas del olvido. Como la 198. Como tantas otras. Con un número, la cantidad de inhumados y el lugar de procedencia de los huesos. Ahora, en plena polémica sobre la tumba de Franco, “a lo mejor no es el mejor momento”, dice. Aunque no va a desistir en la lucha común sobre los otros muertos del Valle de Cuelgamuros. “Nunca”, remarca.