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La aprobación de la licencia de obras desencalla 62 exhumaciones en el Valle de los Caídos

Imagen de la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos.

Elena Cabrera

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha aprobado este jueves 24 de junio por la mañana la licencia de obras para intervenir en la Basílica del Valle de los Caídos y poder realizar las 62 exhumaciones que han solicitado los familiares de las víctimas enterrados allí.

La licencia había sido solicitada por Patrimonio Nacional como una obra de carácter mayor el pasado 12 de abril, lo que ha requerido de dos meses para que el municipio de la sierra madrileña, al que pertenece Cuelgamuros, pudiese encargar un informe técnico a su arquitecto, al tratarse de una intervención en la que se tocan estructuras, que pueden ser un peligro para la seguridad del edificio y de los trabajadores. Se ha conseguido la aprobación de la obra sin expirar el plazo máximo, que era de tres meses.

El informe técnico ha tenido que pasar por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (un instrumento de colaboración de la comunidad autónoma con el municipio donde se establecen los criterios para la intervención en los inmuebles de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural), que ha sido trasladado hoy a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Con esta licencia, Patrimonio Nacional puede dar via libre a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que comience a efectuar los trabajos técnicos, para los cuales hay destinada una subvención de 665.000 euros. Hasta que no comiencen estas labores, no se sabrá si técnicamente es viable la exhumación de los restos mortales, depositados en diferentes columbarios y criptas, de los restos mortales de todas o algunas de estas personas.

La vicepresidenta primera Carmen Calvo, de quien depende la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha publicado en su cuenta de Twitter que los trabajos de exhumación comenzarán “próximamente”, añadiendo que “es de justicia que las familias puedan recuperar su dignidad”.

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