José León Trejo, el primer identificado en la fosa común de Pico Reja en Sevilla de la que se extrajeron los cuerpos de 1.786 represaliados del franquismo, ha recibido el homenaje institucional que hasta ahora se le había negado. El pasado 24 de junio el Ayuntamiento hispalense le hizo entrega de sus restos a la familia en un acto minimalista sin ningún boato oficial, que si al final tuvo más impacto fue por la insistencia de las asociaciones memorialistas a las que los descendientes de los León Trejo están vinculadas.

El hecho de que esta víctima de los golpistas, liderados por Gonzalo Queipo de Llano, fuese concejal del Consistorio sevillano durante cinco años –renunció días antes del golpe de Estado por una crisis en su partido, la Unión Republicana de Martínez Barrios– no fue argumento suficiente para que el gobierno municipal (en manos del PP de José Luis Sanz) se animase a hacer un reconocimiento público. En plena sintonía, la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno tampoco se planteó nada al respecto.

Así las cosas, las otras dos administraciones que financiaron la exhumación de Pico Reja –Gobierno central y Diputación de Sevilla, ambas en manos del PSOE– anunciaron sobre la marcha un acto institucional para honrar la figura de José León Trejo, profesor de Francés en el instituto San Isidoro fusilado el 17 de octubre de 1936. Dicho y hecho, este viernes se le ha entregado a sus descendientes la declaración de reconocimiento y reparación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Nietos, bisnietos y tataranietos

La suya y la de sus otros dos hermanos ejecutados, Joaquín y Manuel, ambos maestros, mientras que el cuarto, Francisco, acabó en el exilio en EEUU, donde falleció en 1973. Este último, militar de carrera, estaba al mando de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid e impidió que se uniera a los golpistas, una acción por la que siempre pesó en su conciencia que el negro destino de sus hermanos fue una venganza.

El acto de homenaje y reconocimiento ha tenido lugar este viernes en la Delegación del Gobierno en Andalucía, que tiene su sede en la Plaza de España hispalense. Allí se han unido nietos, bisnietos y hasta tataranietos, una de las cuales –Luz Hernández León, de 16 años y descendiente de Manuel León– ha leído el poema Visión de Sevilla de Miguel Hernández (“luto en las azoteas, muerte en los sevillanos...”) para luego agarrar la bandera republicana junto a otros tataranietos como Lua, Teo y Nico, todos llegados desde Madrid.

Los familiares de José, Joaquín y Manuel han recibido un documento de reparación expedido por el Gobierno “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia con resultado de muerte por fusilamiento” por aplicación del bando de guerra. Además de reconocer su “condición de víctima”, se hace lo propio y se “declara la ilegalidad y la ilegitimidad” de los tribunales y jurados golpistas.

“Que sigan buscando a los desaparecidos”

Junto al documento acreditativo, una rosa roja. El primero en recibirlo ha sido Fernando Sarmiento, nieto de José León Trejo, que agradecía a las instituciones el homenaje, a la vez que las instaba a “no cejar en el empeño que tenemos todos: quedan muchas víctimas por identificar”. Concha León, nieta de Manuel, ha expresado por su parte el deseo de que les puedan entregar los restos de su abuelo, que se prevé que también puede estar en la fosa de Pico Reja o en la cercana de Monumento, en la que no terminan de arrancar los trabajos de exhumación.

Ana María León, nieta de Joaquín, no ha escondido su emoción al acordarse “de la gente que falta y que lucharon por un día parecido a éste”. Y por eso ha reclamado a las autoridades “que sigan buscando a los desaparecidos”, porque recibir sus restos como ha ocurrido en el caso de José “da una paz a la familia que nadie se puede imaginar”.

“Los León Trejo representan a miles de hombres y mujeres perseguidos que defendieron la legalidad democrática”, ha apuntado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que ha señaldo su “derecho a ser recordados” además de resaltar el “sufrimiento en silencio” de sus familias, empezando por las tres viudas que quedaron con 16 hijos. Lo hicieron, además, privadas de cualquier tipo de pensión o asistencia pública tras el asesinato también civil de sus maridos, que a posteriori fueron expedientados y perdieron sus empleos para que tuvieran derecho a ayuda alguna.

“Son lo mejor de España”

Pero por mucho que lo intentaran, los tres hermanos “nunca perdieron la dignidad”, ya subrayado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha incidido en que “no fueron unos criminales, sino unos amantes de la libertad y defensores de la democracia”. “Defendieron unas instituciones laicas y democráticas, la igualdad y la fraternidad, esos fueron los delitos por los que fueron ejecutados”.

Martínez no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el pacto suscrito este jueves entre PP y Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno, que incluye entre sus puntos la derogación de la Ley de Memoria andaluza. Y si sin este documento ya está habiendo problemas para que Junta y Ayuntamiento se comprometan a exhumar Monumento, donde puede haber hasta 2.600 represaliados, las perspectivas ahora no son nada halagüeñas, por lo que les ha instado a “aclararse ya” y, si no dan un paso al frente, dejar que asuman los trabajos Gobierno y Diputación en solitario.

El secretario de Estado ha recordado por último el escrito que Max Aub dirigió a su hijo con la vista en los miles de republicanos que se agolpaban en el puerto de Alicante para intentar coger los últimos barcos que partían rumbo al exilio. Pese a su pésimo estado, dejó dicho, “nunca lo olvides, son lo mejor de España”, como también lo fueron los hermanos León Trejo.

Hace ahora 16 años, en junio de 2010, se presentaba el corto Contra la impunidad, en el que 15 artistas de primera fila daban vida a víctimas del franquismo relatando de manera muy escueta –sin mayor recurso que mirar a cámara– cómo fueron asesinados. Uno de los que aparecía era el actor sevillano Paco León, que no tuvo que rebuscar mucho para ver a qué represaliado encarnaba: eligió a su propio bisabuelo, Joaquín León Trejo, fusilado a los 43 años el 22 de agosto de 1936, un mes después de que Sevilla cayese en manos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano tras una breve resistencia en algunos barrios.

Joaquín era hermano de José, la primera víctima identificada de las 1.786 que se exhumaron en la gran fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de la capital, y cuyos restos fueron entregados este miércoles a sus nietos. A Joaquín se lo llevaron a Castilblanco de los Arroyos, a unos 35 kilómetros de la ciudad, para ejecutarlo y –se supone– arrojarlo a una fosa cerca del camposanto.

Su cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha, como tampoco el de otro de los hermanos León Trejo, Manuel, que fue fusilado el 9 de julio de 1938 y del que se sospecha que puede estar en Pico Reja o en la vecina Monumento, en la que todavía no han empezado los trabajos de exhumación. Todos ellos tienen una historia singular y terrible detrás, incluido el cuarto hermano varón de la familia, Francisco, militar y pionero de la aviación española que acabó en el exilio en EEUU, donde murió en 1973.

En bicicleta a defender la República

Francisco siempre cargó con el remordimiento de que el destino de José, Manuel y Joaquín fue una venganza por su actuación el 18 de julio de 1936: ese día, como oficial al mando, impidió que la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid se uniese a los golpistas. Los cuatro fueron personas hechas a sí mismas tras la delicada situación económica en la que dejó a la familia la prematura muerte de su padre, de nombre también Francisco, un maestro mecánico que diseñaba sus propios prototipos y que se especializó en ingenios agrícolas.

Joaquín fue el primero de los hermanos ejecutado. Nacido en 1893, fue maestro en Sevilla, Pruna –municipio sevillano del que llegó a ser alcalde– y finalmente en Castilleja de Guzmán, una pequeña localidad de Aljarafe (menos de 700 habitantes entonces) a escasos diez kilómetros de la capital. Tan pequeña es la distancia, que tras la asonada militar cogió su bicicleta y se plantó en Sevilla para defender al Gobierno de la II República, ocultándose –se dice que en una juguetería del centro– cuando Queipo de Llano se hace con el control total cuatro días después del golpe.

En esas confusas primeras jornadas, el hecho de estar escondido no le impide hacer salidas para tomarse un café. En una de estas escapadas, es reconocido por un antiguo alumno, un joven falangista armado de no más de 17 años al que en su momento habría suspendido. En función de quién cuente la historia –el propio Paco León lo ha hecho varias veces–, al identificarlo le dice a su compañero (también menor de edad) “éste es muy republicano” o “éste es muy rojo”. Sea lo que sea, se lo llevan.

Engañado tras dos años escondido

Al saber lo ocurrido la familia, su hijo mayor (Antonio, de 16 años, abuelo de Paco y María León) se encarga todos los días de llevarle una cesta con comida a prisión, hasta que un día un carcelero le dice que ya no hace falta que vaya más. Joaquín, que de joven llegó a ser banderillero y hasta fabricó aguardiente en Marruecos, no llegó a cumplir los 44 años –fue el más joven de los hermanos en morir–, dejando viuda y tres hijos. En su expediente figura que se le aplicó el bando de guerra por “extremista peligroso”.

Manuel León Trejo, por su parte, nació en 1891 y tenía 46 años cuando fue ejecutado, el 9 de julio de 1938. Que transcurrieran dos años desde el golpe de Estado tiene su explicación en que se pasó todo ese tiempo escondido: su familia actuó como si hubiera muerto y hasta se vistió de luto, cuando en realidad estaba oculto primero en la vivienda de un compañero y luego en un agujero hecho en su propia casa tras un armario. Convertirse en un topo no le sirvió, porque acabó enfermando y le dijeron que lo iban a sacar de Sevilla. Era una trampa. Su estado de salud era tan penoso que fue fusilado en una camilla.

Manuel también era docente, en su caso profesor gratuito ayudante de Francés en la Escuela de Magisterio, pero su trabajo principal era el de funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Le quitaron su plaza municipal a los pocos días del golpe de Estado, cuando ya estaba escondido. Masón bautizado con el nombre de Rousseau, los golpistas le pusieron rápido la etiqueta de “indeseable” y en su expediente docente se presenta como agravante que era “hermano de don José”, al que se definía como “izquierdista muy crecido”.

Tres viudas solas, sin ayuda y con 16 hijos

Don José es José León Trejo, el hermano mayor nacido en 1880, al que la actualidad ha hecho que sea el más conocido por haberse identificado sus restos en Pico Reja. Catedrático de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla desde 1931, tenía 56 años cuando se lo llevaron en pijama de su casa cuando dormía la siesta. Fue durante unos meses gobernador civil de Guadalajara, cargo en el que se vio en el trance de arrestar el 14 de junio de 1931 al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio.

José pasó del Partido Radical de Lerroux a la Unión Republicana de Martínez Barrios, partido por el que fue reelegido edil en la victoria del Frente Popular en 1936 en febrero. A mediados de junio, junto a varios compañeros, presentó su renuncia como concejal. Fue fusilado el 17 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio de Sevilla para arrojarlo después a la fosa común de Pico Reja.

Las esposas de José, Joaquín y Manuel no sólo quedaron viudas, sino sin paga o pensión alguna ya que las autoridades franquistas se encargaron de abrirles expediente para expulsarlos ya después de fusilados para cortar de raíz este derecho. Se encontraron solas, sin recursos, sin nadie que les diera trabajo y al cargo nada menos que de 16 hijos. El propio Paco León ha contado alguna vez que su bisabuela, a la que llamaban la Abuela Chica, le cotaba que usaban como gran cuna una cómoda, en la que abrían los cajones y colocaban a un pequeño en cada uno de ellos.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”

Entre los hermanos León Trejo (seis en total) había dos hermanas, Encarnación y María de los Ángeles (Angelita), de la que se dice que se hizo falangista. El protagonista que falta en esta historia es Francisco, el cuarto hermano varón, nacido en 1889 y con una vida que da para un libro. Optó por la carrera militar, pionero de la aviación española e ingeniero aeronáutico, había sido nombrado esa misma semana jefe de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid cuando llegó el 18 de julio.

La pasión por la ingeniería fue lo que condujo a Francisco a la carrera militar, ya que ante la falta de recursos familiares ingresó en la Academia de Ingenieros Militares, en la que entró nada más terminar el Bachillerato y sin preparación previa alguna, tal y como relata el comandante Antonio Montero en un artículo en la revista Aeroplano, editada por el Ministerio de Defensa. Participó en el desembarco en Larache –ciudad en la que conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Trejo–, como piloto hizo misiones de bombardeo durante la guerra de Marruecos, estudió en París y en 1927 tuvo en un curso de mandos un sonado encontronazo con el jefe del mismo, a la sazón el infante Alfonso de Orleans, primo hermano del rey Alfonso XIII. ¿La razón? Se negó a hacer las prácticas de “cultura física”.

Tras pasar por varios cargos, lo encontramos el 18 de julio como jefe de Cuatro Vientos, puesto al que había llegado cuatro días antes. Con su familia en Larache (donde estuvo retenida un buen tiempo), hizo un listado con los oficiales que consideraba que podían simpatizar con el golpe de Estado o sobre los que tenía dudas y acabó mandándolos a sus domicilios a esperar órdenes. Eso le hizo pasar por una situación de apuro, cuando el 15 de agosto recibió un oficio del general Miaja –en ese momento, gobernador militar de Madrid– reclamándole una relación de los mandos implicados en el alzamiento, a lo que no contestó consciente de que cualquier nombre que diera sería fusilado.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”, sostuvo siempre, aunque fuese por la decisión que tomó para evitar males mayores. Al reiterarle Miaja la solicitud en septiembre, fue oportunamente enviado por el Gobierno a EEUU al frente de una comisión para obtener material aeronáutico. La delegación no obtuvo fruto alguno pese a pasar allí varios meses antes de que se decretara un embargo de guerra, y tras varias peripecias regresó a España en 1937 para ser nombrado director de Material, lo que suponía tener bajo sus órdenes las industrias militarizadas.

Rehabilitado por el Tribunal Supremo

Tras el verano de 1938 volvió a EEUU, ahora como delegado aeronáutico en la embajada española. Ya no regresó nunca a España. Fue con su mujer y sus dos hijos pequeños, mientras que los tres mayores se quedaron luchando en la Guerra Civil. Uno de ellos, internado después en un campo de prisioneros en Francia, contrajo la tuberculosis y moriría en 1945 ya en EEUU. Aquellos años fueron complicados al carecer de recursos económicos, ya que se le vetó el trabajo en el sector aeronáutico al ponerle el FBI el cartelito de “antifascista prematuro”, lo que era poco menos que tacharle de comunista justo cuando se desataba la paranoia antisoviética.

Al final el destino le llevó a tener el mismo oficio que sus hermanos, el de profesor, dando clases de español, matemáticas e ingeniería, además de sacar un mal pagado sobresueldo como traductor de volúmenes técnicos. En 1968 fue nombrado presidente de la Asociación de Aviadores Republicanos Españoles (AARE), para fallecer en enero de 1973 en Michigan. Fue enterrado en Yonkers, en el Estado de Nueva York, donde había vivido casi toda su estancia norteamericana. Su mayor decepción en este tiempo fue cuando EEUU suscribió en 1953 el convenio hispano-norteamericano, lo que le llevó a considerar al presidente Eisenhower como un traidor.

El epílogo lo escribieron en España sus hijos en 1985, cuando solicitaron al Ministerio de Defensa que se anulase la orden del alto comisario en Marruecos que declaró a sus padres como “traidores a la patria”. Tras un largo periplo administrativo y judicial, finalmente en 1997 el Tribunal Supremo resolvió a favor de la familia.

La penúltima página de los León Trejo se escribió el pasado miércoles, con la entrega a sus nietos de los restos de José, para el que Gobierno y Diputación han anunciado un “homenaje específico” para que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”. Este acto llegará y pasará, pero todavía quedan dos capítulos por cerrar, las de Joaquín y Manuel, y todo apunta por desgracia a que van para muy largo si es que alguna vez puede ponérseles el punto final.

En el cementerio de San Fernando de Sevilla hacía más de medio siglo que había una tumba familiar en la que aparecía en primer lugar el nombre de una persona que no estaba enterrada allí. Hasta este miércoles, en el que por fin han llegado los restos del excelentísimo e ilustrísimo señor don –como recoge la lápida– José León Trejo. Lo de los cargos es porque además de profesor de Francés fue concejal del Ayuntamiento hispalense entre 1931 y 1936, pero lo especial del acto en el camposanto es que ha supuesto la entrega a su familia de los restos de la que es la primera víctima identificada de las 1.786 sepultadas en la fosa común franquista de Pico Reja.

“Es el primero de 1.800 fusilados, fíjate lo que queda, queda todo por hacer”, ha apuntado Fernando Sarmiento, nieto de José León, detenido poco después del golpe de Estado y ejecutado el 17 de octubre de 1936. “Han sido muchos años de resignación y silencio”, que han tenido su epílogo casi 90 años después y –entre vivas a la República de los allí presentes– ha querido lanzar un mensaje optimista: “Es un día importantísimo para mi familia, de alivio porque damos por terminada una historia muy triste, pero lo es también para el resto de familias porque hay esperanza”.

En la misma línea ha ido las breves palabras que le ha dedicado la responsable municipal que ha hecho entrega de los restos: “Aquí tenéis a vuestro abuelo José, para que podáis honrarlo como se merece. Que su memoria sea el mejor ejemplo para construir una sociedad basada en la libertad, en la paz, en la dignidad y en el respeto de los derechos humanos. Descanse en paz”.

La lentitud de las pruebas de ADN

La confirmación de este primer positivo la trajo el ADN seis años después de que se empezara a exhumar Pico Reja, que se llenó pronto de víctimas por la violenta labor represora que desplegó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano. Los restos que se sacaron (un millón y medio de huesos, porque había también miles de personas no represaliadas) se depositaron en el que es el mayor osario de España con víctimas del franquismo. 0601 - 0605, tenía como número de referencia el nicho en el que estaba José León.

El ADN ha traído la certificación, y es también uno de los principales motivos de queja del movimiento memorialista por la lentitud con la que se van conociendo los resultados para unos familiares cada vez más envejecidos. “Hay muchos primos que no han podido venir porque ya viven fuera y están bastante mayores”, de hecho los descendientes más directos son todos nietos, ya no vive ninguno de los nueve hijos del que fuera edil hispalense.

Por cierto, que en este caso hubo que hacer pruebas complementarias, porque lo que se comunicó a la familia es que “se había identificado un León Trejo”, pero no se sabía con certeza cuál de ellos. Además de José fueron fusilados sus hermanos Manuel –se cree que estaba también en Pico Reja– y Joaquín, bisabuelo de los actores Paco y María León y del que se sospecha que está en otra fosa común en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Un “homenaje específico” para más adelante

Tras casi un siglo de espera, el acto de entrega de los restos ha sido muy sencillo, muy alejado de la más mínima pompa. Tras extraerlos en la caja en la que estaban depositados en el osario, han sido traspasados a otra de madera que ha sido cubierta con una bandera republicana. El propio Fernando Sarmiento, acompañado por momentos de otro familiar, ha sido el encargado de llevarla hasta la tumba familiar, en la que ya descansaban su esposa Rosario y algunos de sus hijos.

En el acto han estado presentes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno (PP), y el subdelegado del Gobierno y el diputado provincial de Cultura, Francisco Toscano y Casimiro Fernández, ambos del PSOE, que han acudido pese a no ser formalmente invitados. El gobierno local se ha escudado en que era una ceremonia íntima, dedicada a la familia, algo que no ha convencido a Ejecutivo central y Diputación, que han anunciado –tras consultarlo con la familia– un futuro “homenaje específico” con el fin de que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”.

Fernando Sarmiento no ha querido entrar en polémicas al considerar que “no es un momento de pronunciamientos políticos y no me voy a pronunciar respecto a las instituciones”, aunque sí ha dejado caer que “cada palo aguante su vela”. “Si el Ayuntamiento no ha considerado prudente hacer otra cosa, nosotros nos sentimos satisfechos con un acto que ha sido familiar”, así que ya es cuestión de que “cada uno pregunte a su conciencia y haga lo que considere oportuno”.

“Un intelectual y progresista moderado”

José León Trejo es definido como “un intelectual y progresista moderado de la burguesía sevillana” por Ricardo Fernández, que este miércoles estaba en el acto y junto a José Montaño estudia la represión sufrida por el profesorado en la provincia de Sevilla. “Persona con muchas inquietudes, fue también un apreciable filólogo y dio alguna que otra conferencia en la que fue presentado por la prensa de los años 20 del pasado siglo como ”fervoroso andalucista“.

En esta “República de los maestros”, a León Trejo le tocó un trago complicado, ya que fue nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. “Es un ejemplo de compromiso y de intelectual volcado con la República”, apostilla Fernández.

“Honor y gloria a las víctimas del franquismo”, clama una voz entre alguna que otra bandera republicana cuando se deja atrás Pico Reja y se pasa cerca de Monumento, una fosa común en teoría todavía más grande (puede acoger hasta a 2.600 represaliados) pero cuya exhumación sigue sin despegar entre reproches de Gobierno y Diputación a Ayuntamiento y Junta por su “falta de voluntad política”. Pero el ruido de la pugna institucional ha quedado atrás este miércoles mientras se levantaba la lápida en la que el tío Paco “tuvo la visión de poner en los años sesenta el nombre de su padre con carácter reivindicativo”. No se oyen las antiguas y queridas voces, se lee esculpido en el mármol, pero sí los vivas a la República en honor a José León Trejo, que de 1.786 ha sido el primero.

Gobierno central y Diputación de Sevilla dan por hecho que Junta de Andalucía y Ayuntamiento hispalense se comportan como el perro del hortelano con la fosa franquista Monumento, la mayor de la capital: ni comen ni dejan comer. Así que las dos primeras administraciones (gestionadas por el PSOE) han planteado este lunes, para “salvar las contradicciones ideológicas” del PP –que gobierna las dos segundas–, hacerse cargo en solitario de los trabajos de exhumación y asumir la totalidad del coste.

La propuesta la ha verbalizado el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, que ha aprovechado la inauguración de unas jornadas sobre memoria histórica en la Casa de la Provincia (Del olvido a la luz) para cargar contra Junta y Ayuntamiento por “retrasar premeditadamente” los trabajos en Monumento, donde se calcula que al menos hay 2.613 represaliados frente a los 1.786 localizados en la cercana Pico Reja. La propuesta, cargada de reproche político, llega casi dos años y medio después de un primer acuerdo entre las cuatro administraciones y cuando se va a cumplir un año de la firma del protocolo de actuación.

Desde entonces, nada de nada, de hecho el Consistorio hispalense hasta rechazó en 2025 una ayuda de 200.000 euros de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, cuyo máximo responsable, Fernando Martínez, ha aprovechado el mismo acto para recordar que sigue sin aceptar esta transferencia que supone un primer pago para arrancar una exhumación cuyo coste se reparten las cuatro administraciones a partes iguales. “Nosotros dimos el paso que teníamos que dar”, y en este sentido ha recordado que “es necesario que acepte ese dinero” y que es “supernecesario” firmar el protocolario convenio para echar a andar. “No tiene ningún sentido que le sigan dando largas porque hay muchísimas familias que lo están esperando”.

“Un problema de voluntad”

Javier Fernández, por su parte, ha sido mucho más directo al anunciar la intención de Estado y Diputación de asumir “el 100%” del proyecto, para lo que ha solicitado la cesión al Consistorio durante temporal de la parcela del cementerio de San Fernando en la que se encuentra la fosa. El gobierno local es el que debe liderar el proyecto –hasta la fecha con escaso entusiasmo– al ser el propietario del terreno.

De paso, ha instado a Ayuntamiento y a Junta a que “si tienen algún motivo, sea ideológico, económico de compromiso” para “no desarrollar” el proyecto, “que lo digan claramente”. A su juicio, “no tiene sentido” este continuo retraso, que ha achacado directamente a “un problema de voluntad” para exhumar a casi 2.700 personas “que son de los nuestros, de la sociedad”. Y ha insistido en que es una cuestión “de justicia”, “esto no abre ninguna herida, se trata de cerrarlas”.

Fernández ha enmarcado la falta de iniciativa del PP en un contexto en el que “determinadas formaciones están llegando a gobiernos”, en alusión a Vox, para poner sobre la mesa cuestiones como “prioridad nacional o sentido común”. Los acuerdos que se están suscribiendo para ello tienen “una letra pequeña” que hace que “se queden atrás, en el olvido”, asuntos como la memoria democrática o el cambio climático, “la sociedad debe saber que eso está ahí”.

“Un error sistémico de nuestra democracia”

El apremio llega poco después de conocerse que en la fosa de Pico Reja, cerrada en 2023 en el camposanto sevillano, se ha producido una primera identificación positiva en una de las 1.786 víctimas exhumadas. Se trata de José León Trejo, que fue profesor de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla, fusilado por los golpistas el 17 de octubre de 1936. Otros dos de sus hermanos también fueron ejecutados.

Pero volviendo a Monumento, y además de lamentar que se han perdido los cuatro años del actual mandato municipal, el siguiente paso es plantear la intención de Gobierno central y Diputación de quedarse el proyecto en una reunión de la comisión de seguimiento del protocolo firmado hace un año. De hecho, Fernández asegura que hace dos meses que se ha solicitado esta convocatoria (que compete a la Junta), sin que haya llegado respuesta alguna mientras el gobierno local sigue sin aceptar la subvención estatal.

El presidente provincial ha considerado “un error sistémico de nuestra democracia” que siga habiendo personas en fosas y cunetas, sin que sus familiares “les puedan dar paz y dignidad suficientes”. “Hasta que esto no lo consigamos nuestra democracia no será perfecta, porque esto es una cuestión de justicia democrática”, ha apostillado, al tiempo que ha anunciado una modificación presupuestaria en la Diputación para reforzar los proyectos memorialistas en la provincia: se añadirá otro millón de euros al que ya está permitiendo desarrollar 60 iniciativas en 50 municipios.

El 21 de febrero de 2023, y tras tres años de trabajo, se cerró en el cementerio de San Fernando de Sevilla la fosa común franquista de Pico Reja, la mayor abierta en España en ese momento y la más importante en Europa occidental desde la de Srebrenica en Bosnia Herzegovina tras la guerra de los Balcanes. Ahora, más de seis años después de que se empezara a excavar, el ADN ha conseguido por fin ponerle nombre y apellidos a la primera de las 1.786 víctimas de la represión que comandó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano: se llama José León Trejo, un sevillano que tenía 56 años cuando lo arrancaron de su casa en pijama para no volver nunca. Era catedrático de instituto de Francés y fue concejal en el Ayuntamiento hispalense durante el periodo republicano.

La confirmación le llegó a uno de sus nietos, Fernando Sarmiento, hará un par de meses, después de otra llamada que abrió un periodo de incertidumbre porque sí, había coincidencia genética, pero había que hacer pruebas complementarias. ¿La razón? Además de a José, fusilaron a otros dos hermanos León Trejo, también docentes, uno de los cuales (Manuel) también se cree que está en Pico Reja. La tumba del tercero se ubica en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos: se llamaba Joaquín y es el bisabuelo de los actores Paco y María León.

“Dimos muestras varios de los primos”, rememora Fernando Sarmiento, que a sus 70 años es de los nietos más jóvenes de José León Trejo, que dejó viuda y nueve hijos. Su detención y, al cabo de varias semanas, su fusilamiento el 17 de octubre de 1936 en la tapia del propio cementerio de San Fernando es algo que “ha flotado siempre en nuestras vidas” y que en la familia se llevó con “resignación, silencio y mucha indignación”. En aquellos durísimos tiempos, las viudas de los tres hermanos quedaron al cargo de nada menos que 16 pequeños.

Detención del cardenal Segura

José León nació en Sevilla en 1880 y, entre otros cargos, fue profesor de Francés en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la capital hispalense. El centro ya se llamaba San Isidoro de Sevilla (muy conocido en la ciudad) cuando, por la conjunción republicano-socialista (luego pasaría por el Partido Radical de Lerroux), consiguió acta de concejal en el Consistorio sevillano en las elecciones de 12 de abril de 1931 que precipitaron el advenimiento de la II República.

Poco después sería nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. El historiador Juan Ortiz Villalba relata en Del golpe militar a la guerra civil, Sevilla 1936 que Segura (arzobispo de la Diócesis hispalense desde 1937) nunca se lo perdonó y llegó al extremo de que cada 17 de octubre, la fecha de su fusilamiento, oficiaba una homilía en la que cargaba contra él.

“Mi abuelo fue políticamente muy activo”, resalta Fernando Sarmiento, que estará presente junto a otros de sus primos cuando, el próximo 24 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla le haga entrega de sus restos. Descansarán en el mismo cementerio de San Fernando, donde la familia tiene una tumba en la que reposan su esposa y algunos de sus hijos.

El atasco de las pruebas de ADN

Para Juan Manuel Guijo, el arqueólogo y antropólogo forense que dirigió la excavación de Pico Reja, la identificación de José León le produce un choque de sentimientos enfrentados, ya que la satisfacción por este hecho contrasta con que se han necesitado más de seis años para llegar a este momento. Esto, lamenta, habla bien a las claras del atasco que hay en las pruebas de ADN.

Eso sí, esto de paso refrenda la cronología propuesta, porque inicialmente se decía que Pico Reja se colmató entre julio y agosto de 1936, algo que desmontó las “pruebas arqueológicas”. “Esto debería ser el empujón definitivo para invitarnos a releer y reinterpretar la historia de las fosas en Sevilla”, ya que a su juicio en estos momentos no se sabe ni cuál existió antes, si ésta o la de Monumento, la más grande de Sevilla y cuya excavación no termina de arrancar.

Pero volviendo a José León, fue detenido en 1932 durante la Sanjurjada, el golpe de Estado que el general Sanjurjo impulsó con nulo éxito desde Sevilla gracias a la decidida actitud del por entonces alcalde, José González de la Bandera. Ya en la Unión Republicana de González Barrios, con la victoria del Frente Popular fue reelegido concejal en 1936 y, según Ortiz Villalba, hasta se le ofreció ser alcalde, cargo que declinó y que finalmente asumió Horacio Hermoso. González de la Bandera fue fusilado en agosto de ese año, y Hermoso en septiembre.

A la hora de la siesta

Cuando se produce el golpe de Estado no era concejal, ya que el 9 de junio los ediles de Unión Republicana –15 en un Consistorio con un total de 50– pusieron sus cargos a disposición del partido, formalizando siete de ellos (incluido León Trejo) su renuncia tres días después. Algunos de sus sustitutos no llegaron a tomar posesión de sus actas.

Los golpistas no tardaron mucho en arrestarlo, “un día a la hora de la siesta se lo llevaron en pijama”, señala su nieto, Fernando Sarmiento, que apunta que su abuelo no huyó “porque pensó que no había hecho nada” que le pusiese en peligro. Preso en la cárcel de La Ranilla, en aplicación del bando de guerra se vio inmerso en un proceso judicial antes incluso de que se constituyeran los tribunales montados por Queipo de Llano. Fue fusilado junto al abogado Francisco García y García de Leániz.

La cosa no quedó ahí, porque un mes después de su asesinato fue suspendido de empleo y sueldo en el marco de la depuración del profesorado que se desarrolló en todos los niveles educativos. Ahora, casi 90 años después, sus restos son los únicos que tienen nombre y apellidos de los 1.786 que se le arrancaron a la tierra en Pico Reja, y así figurará en su tumba a partir del próximo 24 de junio.

El 15 de desembre de 1936, falangistes i dos guàrdies civils irromperen a casa dels sogres de Joan Canyelles Capllonch, a Esporles (Mallorca). Tenia 32 anys. Picapedrer i afiliat a la Casa del Poble, formava part d'una generació que havia abraçat amb convicció els canvis impulsats per la Segona República en un municipi conegut aleshores com la “petita Rússia” per la seva intensa activitat sindical i obrera. Després del cop militar de juliol, va intentar amagar-se en una barraca del Port des Canonge. Després va tornar a Esporles, però una veïna el va acabar delatant.

Aquell dia, sense poder acomiadar-se de la seva dona, Francisca, amb qui tenia dues filles petites, Catalina i Magdalena, se'l van emportar a la força i el van arrossegar pel carrer. Després el van traslladar fins a un vell magatzem de fustes situat en el centre de Palma i reconvertit en una de les presons més fosques i tràgiques de la repressió franquista a Mallorca: la presó de Can Mir. Un mes després, els carcellers van cridar el seu nom. Juntament amb altres dotze presos, va ser emmanillat i conduït al llarg de més de 30 quilòmetres fins al mur de la Creu de Porreres, l'indret on, nit rere nit, els escamots feixistes duien a terme les seves execucions. Allà el van metrallar. Les ferides localitzades a les cames suggereixen que podria haver estat l'últim a morir, potser abatut mentre intentava fugir després de presenciar l'assassinat dels seus companys. La seva família va haver d'esperar més de vuit dècades per recuperar les seves restes.

“Jo sabia que l'havia de trobar”. Guillem Mir parla a poc a poc i visiblement emocionat. Han passat vuit anys des que va poder enterrar finalment el seu avi, però encara recorda amb precisió el moment en què va deixar de ser un desaparegut per tornar a tenir un nom, una història i una tomba. Fins aleshores, la seva família, com les de tants altres desapareguts arran del cop militar de 1936 i la dictadura franquista, va conviure amb una absència suspesa en el temps i un dol impossible de tancar. “Quan vius contínuament amb anys d'angoixa, malestar i dolor, sense poder expressar-los ni alliberar-te'n, això acaba convertint-se en un trauma. A la meva mare li va passar factura. Mai no t'ho planteges, però et va minvant tota la vida”, confessa Guillem a elDiario.es.

Quan vius contínuament amb anys d'angoixa, malestar i dolor, sense poder expressar ni purgar, això acaba convertint-se en un trauma. A la meva mare li va passar factura. Mai t'ho planteges, però et va minvant tota la vida

Guillem Mir — Nét de Joan Canyelles Capllonch, assassinat pel franquisme

L'absència heretada

La història de Joan Canyelles Capllonch condensa la recerca incessant d'aquells que durant generacions van ignorar on eren els seus morts. Mentre els franquistes havien pogut recuperar els seus gairebé des del final de la guerra -el règim va facilitar la localització, l'exhumació i el trasllat dels qui havien mort a la rereguarda republicana-, els vençuts van ser condemnats al silenci i a la por. Les vídues -estigmatitzades i sense dret a cap tipus de reconeixement ni pensió- recorrien cementiris, preguntaven als enterradors i, infructuosament, seguien qualsevol rumor amb l'esperança de trobar una pista, un botó, una peça de roba o qualsevol rastre que les conduís fins als seus marits. Els fills -als qui després s'afegirien els néts- van créixer escoltant relats fragmentaris, converses xiuxiuejades i referències imprecises a cunetes i pous. La dictadura, mentrestant, erigia monuments, concedia honors i construïa una memòria oficial que glorificava els 'caídos por Dios y por España'.

Tanmateix, quaranta anys de règim no van aconseguir esborrar la memòria dels desapareguts. Mort Franco i encarrilat el camí cap a la democràcia, els descendents republicans es van llançar a rastrejar arxius i a recollir testimonis. Però, sobretot -i quan una gran part del país havia decidit oblidar-, van començar a esgarrapar la terra. Caldrien, amb tot, quatre dècades més perquè aquella tasca començàs, a principis dels anys 2000 -més de seixanta anys després dels assassinats-, a obrir-se pas en el debat públic. Paul Preston ho va anomenar “l'anomalia d'Espanya”: mentre la resta de països condemnaven les seves dictadures i afrontaven d'una manera o altra el llegat dels seus règims autoritaris, la Transició espanyola havia deixat sense investigar els crims del franquisme, havia optat per mantenir milers de desapareguts en fosses comunes i havia relegat la recerca de les víctimes a l'empenta de les seves famílies.

Mort Franco i encarrilat el camí cap a la democràcia, els descendents republicans es van llançar a rastrejar arxius i a recollir testimonis. Però, sobretot, van començar a esgarrapar la terra. Amb tot, haurien de passar quatre dècades més perquè aquella tasca començàs a obrir-se pas en el debat públic a principis dels anys 2000

“Era com tenir una paret de vint metres d'alçada davant i dir: 'La botarem'”, il·lustra Miguel Rabal, nét d'un altre dels represaliats del franquisme a Mallorca, Emilio García-Peñuela, en recordar els inicis d'un moviment memorialista que s'enfrontava a dècades de desinterès institucional, silenci social i absència de polítiques públiques per localitzar els desapareguts. En aquell moment, recorda, no faltava qui els considerava “quatre vells donant la llauna” amb una guerra que, per a molts, pertanyia a un temps remot i una història que gran part del país creia definitivament tancada.

Tanmateix, aquell esforç va cristal·litzar a les Illes Balears amb la creació de l'associació Memòria de Mallorca. Era l'any 2006. La mare de Rabal va assistir a l'acte fundacional, celebrat a l'edifici de Sa Riera de Palma. Molts dels qui hi acudiren ja eren persones grans que portaven tota una vida esperant respostes sobre el parador dels seus pares, germans o marits. En una de les fotografies d'aquell dia hi apareixia una llarga filera de fills de represaliats. La reivindicació de tots ells es podia resumir en una sola frase: “Els volem trobar”.

[La tasca inicial del moviment memorialista després de dècades de silenci] era com tenir una paret de 20 metres d'alt i dir: 'Anem a saltar'

Miguel Rabal — Nét d'Emilio García-Peñuela, represaliat pel franquisme

La llei que va canviar les regles

Sant Joan (Mallorca), juny de 2014. Sota el sol abrasador d'aquell estiu, arqueòlegs, forenses i familiars assisteixen a una escena inèdita a les Illes Balears: l'obertura de la primera fossa comuna de la Guerra Civil excavada a les illes. Al petit cementeri d'aquesta localitat de 2.300 habitants, les pales retiren les primeres capes de terra mentre desenes d'ulls segueixen cada moviment amb una barreja d'expectació i nerviosisme. Molts dels presents porten tota una vida esperant aquell moment. La intervenció no està exempta de dificultats: part de les sepultures es troben ocultes sota construccions de formigó, fet que obliga a dur a terme una complexa tasca prèvia d'investigació històrica, prospecció arqueològica i retirada controlada d'estructures.

Durant sis dies, l'excavació combina documentació d'arxiu, testimonis orals, arqueologia i antropologia forense. Coordinats per Memòria de Mallorca i gràcies a la feina voluntària d'especialistes del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, els equips avancen centímetre a centímetre. El 20 de juny apareixen els primers indicis inequívocs de la fossa. Dos dies després, en presència dels familiars, emergeixen a la llum els tres primers cossos exhumats: corresponen a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart i Miquel Salom Ribot, tres pagesos de Maria de la Salut assassinats pels feixistes l'octubre de 1936. Un any després, el juny de 2015, les anàlisis genètiques permeten retornar les seves restes a les seves famílies.

L'investigador Manel Suárez, autor de nombrosos estudis sobre la Segona República i el moviment obrer a Mallorca, recorda que l'elecció de Sant Joan per dur a terme la primera exhumació d'una fossa de la Guerra Civil a les Illes Balears no va ser casual. L'aleshores batlessa del municipi, l'ecosoberanista Catalina Gayà -que governava amb el suport del PP-, va donar suport a la intervenció des del primer moment, fet que va facilitar que el projecte pogués tirar endavant malgrat la manca de suport institucional. “No vam rebre cap ajuda”, recorda Suárez. També rememora que, tot i haver localitzat tres cossos amb evidents impactes de bala, ni jutges ni fiscals es van desplaçar fins al lloc dels fets per investigar-los.

Amb tot, el resultat va superar totes les expectatives. L'exhumació va despertar un enorme interès social i mediàtic i es va convertir en un esdeveniment sense precedents a les illes. Ja no hi havia marxa enrere. L'obertura de la fossa de Sant Joan va demostrar que els desapareguts podien ser localitzats i que dècades de silenci no havien aconseguit esborrar-ne les petjades. Dos anys després, el juny de 2016, Balears feia el pas decisiu: l'aprovació, per unanimitat, de la Llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme, una norma que va convertir en obligació pública allò que fins aleshores havia estat una lluita sostinguda en solitari per familiars i activistes.

“Amb aquesta llei es pretén complir les obligacions que té Espanya amb les víctimes de les desaparicions de la Guerra Civil i del franquisme, i també amb els seus familiars”, resa l'exposició de motius del text. El Govern passava a assumir la responsabilitat de localitzar fosses, elaborar mapes d'enterraments, impulsar anàlisis genètiques i coordinar els treballs arqueològics. Aquesta setmana, la llei de fosses, que va marcar un abans i un després en aquesta història d'incertesa col·lectiva i va canviar la relació de les Illes Balears amb un dels capítols més foscos del seu passat recent, ha complert deu anys. En aquest temps, la norma ha permès recuperar fins ara les restes de 334 víctimes i identificar-ne 68 mitjançant tècniques forenses i proves genètiques.

L'obertura de la fossa de Sant Joan, el 2014, va demostrar que els desapareguts podien ser trobats i que dècades de silenci no havien aconseguit esborrar les seves petjades. Dos anys després, el Parlament aprovava per unanimitat la seva llei de fosses, que ha permès recuperar les restes de més de 330 víctimes i identificar-ne més de mig centenar

El seu impact resulta significatiu en un territori on la repressió franquista va ser especialment cruenta. Després que, el 19 de juliol de 1936, el recent proclamat comandant militar de Balears Manuel Goded declarés l'estat de guerra i assumís el control absolut de Mallorca i Eivissa, es va deslligar una intensa violència que, com sosté l'historiador Bartomeu Garí Salleras, ja havia estat planificada mesos abans del conflicte i seria perfectament executada per falangistes, militars, autoritats civils, xarxes clientelars de dretes, capellans i, fins i tot, per familiars de les pròpies víctimes. 

“Es va iniciar una autèntica caça de sospitosos, que serien afusellats sense contemplacions a les cunetes de les carreteres o davant les tàpies dels cementeris, sense cap mena de judici i sovint per motius inconfessables”, afirma Garí. L'historiador, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, es basa en les investigacions recollides a Guerra Civil i repressió a Mallorca, de Josep Massot i Muntaner, un dels estudiosos que més esforços va dedicar durant la Transició a esclarir com es va desenvolupar el conflicte bèl·lic a l'illa. Prop de 2.000 persones van ser assassinades a les Balears i més de 10.000 van passar per la presó. A aquestes víctimes s'hi afegeixen les que van patir condemnes injustes, execucions extrajudicials i desaparicions forçades. Es calcula que encara queden 56 fosses repartides entre Mallorca, Eivissa i Formentera.

Des de l'aprovació de la llei de fosses, les exhumacions s'han dut a terme seguint protocols arqueològics i forenses homologats internacionalment. Els equips delimiten les àrees de recerca a partir de l'estudi d'arxius, testimonis orals, documentació històrica i plànols antics, i posteriorment excaven de manera manual i estratigràfica per preservar qualsevol evidència que pugui contribuir a la identificació de les víctimes. Un cop localitzades les restes, els especialistes documenten minuciosament la posició de cada individu, recuperen els objectes associats a l'enterrament i traslladen els ossos als laboratoris d'antropologia forense.

Allà, els experts analitzen possibles lesions compatibles amb execucions extrajudicials, determinen el perfil biològic de les víctimes -edat, sexe o característiques físiques- i, quan és possible, duen a terme proves genètiques per contrastar-les amb les mostres d'ADN aportades pels familiars. Aquest procediment ha permès no només recuperar centenars de desapareguts, sinó també restituir-ne la identitat i oferir una resposta a famílies que, en molts casos, han hagut d'esperar més de vuit dècades per saber on eren els seus éssers estimats.

La llei balear de fosses ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes i identificar-ne més d'un centenar en un territori on la repressió franquista va ser especialment cruenta. Més de 2.000 persones assassinades. Es calcula que encara existeixen 56 fosses repartides entre Mallorca, Eivissa i Formentera

Molt més que exhumar restes

Cada exhumació permet reconstruir biografies, documentar la repressió i retornar històries a l'espai públic. Per a Guillem Mir, la recerca del seu avi va acabar convertint-se en una part inseparable de la seva pròpia vida. Quan li van comunicar que les proves d'ADN havien confirmat la identitat de les restes, va sentir una punxada al pit. “Va ser una emoció enorme”, rememora encara avui amb llàgrimes als ulls. Durant anys havia perseguit documents, testimonis i pistes disperses per reconstruir la història de Joan Canyelles. De sobte, aquella recerca deixava de ser una hipòtesi per convertir-se en una certesa. “El vam trobar”, resumeix. Per primera vegada des de 1937, la família sabia on havia estat tot aquell temps. Allò que havia començat com una inquietud familiar es va acabar transformant en una necessitat íntima, gairebé en una obligació moral cap a un home que mai no va arribar a conèixer, però l'absència del qual havia marcat diverses generacions.

Guillem reconeix que la desaparició d'un familiar deixa seqüeles que travessen el temps. En el seu cas, el silenci heretat, les històries explicades a mitges i la incertesa sobre el parador del seu avi van acabar formant part de la identitat familiar. La identificació de les restes va permetre posar fi a aquella recerca. “El dia de l'entrega és un dia que tampoc no oblidaré mai”, recorda. Quan els forenses van demanar a la família si volien obrir la capsa que contenia les restes de Joan Canyelles, van acceptar. “El primer que vaig veure va ser el crani. Era petit, cabia dins una capsa així. I hi havia un forat molt gros”. L'emoció va poder més que les paraules. “No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó”. Més de vuitanta anys després del seu assassinat, el seu avi deixava definitivament de ser un desaparegut per tornar a casa.

“El dia del lliurament és un dia que tampoc no oblidaré mai”, recorda. Els forenses van demanar a la família si volia obrir la caixa que contenia les restes de Joan Canyelles. Van acceptar. “El primer que vaig veure va ser el crani. Era molt petit, cabia dins una caixa així. I hi havia un forat molt gros”. L'emoció va poder més que les paraules. “No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó”. Aquell gest va posar fi a més de vuitanta anys d'incertesa i va permetre que el seu avi deixàs de ser un desaparegut per tornar, finalment, amb la seva família.

Guillem mai no va conèixer el seu avi, assassinat pels franquistes, però per a ell 'va ser una emoció enorme' quan li van comunicar que l'ADN havia confirmat la identitat de les restes. Recorda, amb llàgrimes als ulls, que va sentir una punxada al pit: 'No ho vaig poder evitar. Vaig anar cap a ell, el vaig abraçar i li vaig fer un petó'

En conversa amb elDiario.es, insisteix que la recuperació dels cossos transcendeix l'àmbit estrictament familiar. “La història del meu avi és la història de tots aquells a qui van voler matar”, sosté. Per això considera que les exhumacions no només reparen les víctimes i els seus descendents, sinó que també contribueixen a reconstruir una part de la història col·lectiva que durant massa temps va romandre soterrada sota el silenci i la por.

Des de llavors, continua investigant i recopilant documentació sobre altres represaliats d'Esporles. “No aturam”, explica en referència a l'arxiu que ha anat construint juntament amb altres investigadors locals. Potser aquesta sigui la gran herència de la llei de fosses. No només ha permès recuperar cossos: ha ajudat a rescatar vides senceres de l'oblit i a restituir històries que la repressió va intentar esborrar per sempre.

La història del meu avi és la història de tots aquells als qui van voler matar

Guillem Mir — Nét de Joan Canyelles Capllonch, represaliat pel franquisme

L'ordenança detingut a la sucursal del Banc d'Espanya

A centenars de quilòmetres de Madrid, on havia nascut el 1899, Emilio García-Peñuela va construir una nova vida a Mallorca. Havia arribat a Palma el 1929 després d'obtenir una plaça d'ordenança a la sucursal del Banc d'Espanya. Socialista, laic i compromès políticament, freqüentava la Casa del Poble i col·laborava econòmicament amb iniciatives obreres, malgrat les limitacions econòmiques d'una família treballadora amb dues filles petites. Deu dies després del cop d'Estat, la policia es va presentar a la sucursal per detenir-lo. Des d'allà fou traslladat al castell de Bellver, convertit aleshores en centre de reclusió per a centenars de republicans. Era el 28 de juliol de 1936.

El seu nét, Miquel Rabal, ha dedicat anys a reconstruir aquella història. La família sabia que Emilio havia estat detingut, però desconeixia bona part del que havia succeït després. La investigació li va permetre descobrir fins a quin punt havia estat vigilat per les seves idees polítiques i com va acabar convertit en objectiu de la repressió. “No era precisament l'Stalin de Mallorca”, ironitza, “però sí una persona prou significativa perquè no el deixassin en llibertat”. Aquella persecució acabaria conduint-lo a una de les fosses comunes de Porreres, on romangué desaparegut durant més de vuit dècades.

El meu avi no era precisament l''Stalin' de Mallorca, però sí prou interessant com per què no el deixassin en llibertat

Miguel Rabal — Nét d'Emilio García-Peñuela, assassinat pel franquisme

Molt abans que les anàlisis genètiques confirmessin la identitat del seu avi, Miguel ja tenia una esperança. Quan van començar les exhumacions i la recollida de mostres d'ADN, la seva mare i la seva tia van aportar les seves convençudes que algun dia podrien trobar-lo. Aquella possibilitat va deixar de semblar remota durant la segona campanya d'excavacions en la fossa de Son Coletes, en la localitat de Manacor, quan desenes de familiars van poder contemplar per primera vegada les restes que emergien de la terra després de vuit dècades de silenci. A tot just uns metres de distància, dins de la mateixa fossa, havien estat localitzats les restes d'Aurora Picornell, batejada com la 'Passionera balear' i icona del republicanisme a Mallorca. Formava part de les conegudes com 'Roges del Molinar', assassinades pel franquisme la nit de reis de 1937.

“Semblava que ens cridaven: 'A la fi ens heu trobat'”

El nét de García-Peñuela rememora especialment un petit acte celebrat al costat de la fossa, sense tribunes ni grans discursos. Els familiars es trobaven a escassos metres dels esquelets recentment exhumats. “Podíem gairebé tocar-los”, recorda. Sonaven un violoncel i una flauta mentre els assistents observaven aquells cossos que, durant dècades, havien romàs ocults sota terra. Va ser llavors quan va sentir una cosa difícil d'explicar. “Semblava que els senties”, diu. “Com si ens estiguessin cridant: 'A la fi ens heu trobat'”. La imatge continua emocionant-li anys després. “Fins llavors tots ells eren desapareguts”, reflexiona. Enfront de la fossa oberta, envoltat de familiars que portaven dècades esperant respostes, va tenir la sensació que els qui jeien allà baix recuperaven per fi allò que els havia estat arrabassat: un nom, una història i el dret a ser trobats.

Igual que Guillem i tants altres familiars, Miquel Rabal tampoc no oblidarà mai la telefonada que va rebre el novembre de 2022. Caminava tot sol per la Comuna de Bunyola quan va sonar el telèfon. A l'altra banda de la línia hi havia Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca i una de les persones que més ha lluitat durant les darreres dècades per localitzar els desapareguts del franquisme. Dos dies abans li havia enviat diverses fotografies del seu avi per a una exposició dedicada a les víctimes de la repressió. En veure el seu nom a la pantalla, va tenir la intuïció que aquella telefonada estava relacionada amb la recerca que havia marcat bona part de la seva vida. No va fer falta gaire més. Amb unes poques paraules, Oliver li va confirmar allò que feia anys que esperava sentir. “Miquel, el teu avi ha estat identificat”, recorda que li va dir.

“Va ser com si s'hagués trencat un dic”

Rabal explica que va intentar contenir l'emoció durant la conversa. Sabia que l'activista havia acompanyat desenes de famílies en moments semblants -“té una espatlla per a això i per a tot el que li tirin”, subratlla- i va procurar mantenir la serenor. “Vaig aguantar com vaig poder”, rememora. Amb el pas del temps, gairebé no recorda què li va respondre. “Ja no importava el que jo digués”. Va ser després de penjar quan tot es va desbordar. “Va ser com si s'hagués trencat un dic”, recorda. De cop van aflorar dècades de preguntes, documents consultats, històries familiars reconstruïdes i esperances acumulades. La recerca havia acabat. Més de vuitanta anys després del seu assassinat, Emilio García-Peñuela deixava de ser un desaparegut per tornar, finalment, amb la seva família.

S'emociona de nou en recordar el dia en què la família va rebre les restes del seu avi. L'acte es va celebrar al cementiri de Son Valentí seguint un minuciós protocol, dissenyat per respectar els temps i els desitjos de cada família. Els forens els van preguntar si volien obrir la caixa que contenia els ossos recuperats de la fossa. També els van consultar si permetien la presència de representants institucionals i observadors internacionals. “Tot estava fet amb una delicadesa extraordinària. Entenien que cada família viu això d'una manera diferent”, rememora.

Entre els assistents es trobava Favián Salvioli, relator especial per a la promoció de la veritat, la justícia, reparacions i garanties de no repetició de l'ONU. Lluny de percebre-ho com una presència aliena, Rabal ho va interpretar com un reconeixement a la dignitat del seu avi. “Per a mi va ser un honor majúscul”, explica. “Era una persona que representava la humanitat acompanyant una altra persona anònima i modesta en un moment tan important”, afegeix. La imatge el continua emocionant: un treballador del Banc d'Espanya, assassinat i desaparegut durant dècades, rebent finalment l'empara i el reconeixement que li havien estat negats. Quan van obrir la caixa, Miguel va veure per primera vegada les restes del seu avi. Es va apropar al crani i el va tocar: “El vaig conèixer en aquell moment”.

Miguel Rabal continua emocionant-se en recordar l'acte d'homenatge al seu avi: un treballador del Banc d'Espanya, assassinat i desaparegut durant dècades, rebent finalment l'empara i el reconeixement que li havien estat negats. Quan van obrir la caixa, va veure per primera vegada el pare de la seva mare. Es va acostar al crani i el va tocar: "El vaig conèixer en aquell moment"

Lluny d'erigir-se en protagonista, Miguel reivindica la perseverança d'activistes, historiadors i associacions memorialistes i com, amb el pas dels anys, van demostrar que el seu afany estava lluny de ser una extravagància. L'aprovació de la llei balear de fosses el 2016 va ser, per a ell, la prova que aquella obstinació havia valgut la pena. Com Guillem, subratlla que el veritable abast de les exhumacions va molt més enllà de cada cas individual.

L'arqueòloga Almudena García-Rubio, responsable de nombroses de les exhumacions a les illes, explica que els plans de fosses impulsats en Balears van anar incorporant progressivament noves disciplines i eines per a abordar les conseqüències de la repressió. A la labor d'arqueòlegs, antropòlegs forenses i historiadors es van sumar especialistes en restauració, juristes, antropòlegs socials i, fins i tot, equips d'acompanyament psicosocial per a atendre els familiars durant tot el procés. La investigadora, qui aquest divendres va participar en la jornada organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a commemorar els deu anys de la llei de fosses, subratlla que aquest enfocament multidisciplinari va convertir a les illes en una referència dins de l'Estat, en entendre que la recuperació dels desapareguts no consisteix únicament a localitzar i identificar restes, sinó també a acompanyar a les famílies i preservar la memòria de les víctimes.

Darrere de cada esquelet hi ha una persona desapareguda i una família que porta dècades esperant resposta

Almudena García-Rubio — Arqueòloga

La llavor del moviment memorialista

Es tracta d'una idea que connecta directament amb l'origen mateix del moviment memorialista. Perquè, per a les associacions i els familiars, mai no es va tractar únicament d'obrir una fossa o de retornar unes restes als seus descendents. També implica reconstruir les històries que la repressió va intentar esborrar, explicar qui van ser aquelles persones i reconèixer públicament les vulneracions de drets humans que van patir.

Maria Antònia Oliver recorda, de fet, que l'origen de Memòria de Mallorca va néixer d'una convicció profundament arrelada. “Tenia clar que en democràcia tenim drets”, explica. No podia entendre que hi hagués famílies que desconeixien on eren els seus pares, germans o marits i que les institucions romanguessin al marge. Molt abans de familiaritzar-se amb conceptes com veritat, justícia i reparació, assegura que ja els sentia com una necessitat vital.

“No els coneixia teòricament, però els sentia”, rememora. Li resultava incomprensible que hi hagués persones cercant els seus desapareguts mentre jutges, fiscals i administracions miraven cap a una altra banda. “Em demanava com era possible que hi hagués gent exhumant i que tot quedàs aquí”, afirma, mentre observava com en altres països les desaparicions forçades eren abordades des de la justícia i els drets humans. Aquella inquietud va néixer d'una experiència personal —la recerca del seu avi, Andreu París— que aviat va descobrir compartida per centenars de famílies.

En els primers anys de recerca, Oliver acudia a historiadors, arxius i testimonis amb una sensació incòmoda. “A vegades em sentia violenta demanant informació. Pensava que no havia de ser jo qui ho fes; havien de ser les institucions o un jutge qui m'ho diguessin”. Allò que havia viscut a la seva pròpia família ho trobava repetit una vegada i una altra en els relats d'altres fills i néts de represaliats. Recorda especialment les històries de dones que havien passat dècades preguntant pels seus marits desapareguts i suportant burles o insinuacions. “Ni tan sols sabien si els havien matat perquè ningú no els ho deia”, lamenta.

Per això insisteix que els avenços assolits durant les darreres dues dècades no van sorgir del no-res. Abans de les lleis, dels plans de fosses i de les exhumacions institucionals hi va haver anys de feina discreta de familiars i activistes recopilant testimonis, localitzant enterraments i elaborant els primers llistats de desapareguts. “Si avui tenim un mapa de fosses és gràcies als familiars de les víctimes”, subratlla. Aquella documentació va permetre demostrar que les fosses existien i que es podien obrir. “Era important demostrar que es podia exhumar, que els polítics no tinguessin por de fer-ho”.

En un context marcat per la recent derogació de la llei balear de memòria democràtica per part de PP i Vox, les víctimes insisteixen que la reparació no acaba quan es localitza un cos. Sense polítiques públiques de memòria, adverteixen, les exhumacions corren el risc de convertir-se en simples operacions arqueològiques desproveïdes de context. Per això continuen reclamant veritat, justícia i reparació per retornar la dignitat als qui van ser assassinats i restituir una part de la història col·lectiva que durant massa temps va romandre enterrada sota la terra i el silenci.

El 15 de diciembre de 1936, dos guardias civiles y varios falangistas irrumpieron en casa de los suegros de Joan Canyelles Capllonch, en Esporles (Mallorca). Tenía 32 años. Picapedrer y afiliado a la Casa del Pueblo, formaba parte de una generación que había abrazado con convicción los cambios impulsados por la Segunda República en un municipio conocido entonces como la “pequeña Rusia” por su intensa actividad sindical y obrera. Tras el golpe militar de julio, intentó esconderse en una barraca del Port des Canonge. Después regresó a Esporles, pero una vecina acabó delatándolo.

Aquel día, sin poder despedirse de su mujer, Francisca, con quien tenía dos hijas pequeñas, Catalina y Magdalena, se lo llevaron a la fuerza, lo ataron y lo arrastraron por la calle. Después lo trasladaron hasta un viejo almacén de maderas situado en el centro de Palma y reconvertido en una de las cárceles más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca: la prisión de Can Mir. Un mes después, los carceleros gritaron su nombre. Junto a otros doce presos, fue esposado y conducido en camión, a lo largo de más de 30 kilómetros, hasta el muro de la Cruz de Porreres, el lugar donde, noche tras noche, los escuadrones fascistas llevaban a cabo sus ejecuciones. Allí lo acribillaron a tiros. Las hipótesis apuntan a que fue el último en morir: lo sugieren los disparos hallados en sus piernas, quizás al intentar huir tras presenciar el asesinato de sus compañeros. Su familia tardó más de ocho décadas en recuperar sus restos.

“Yo sabía que tenía que encontrarlo”. Guillem Mir habla despacio y visiblemente emocionado. Han pasado ocho años desde que pudo enterrar por fin a su abuelo, pero todavía recuerda con precisión el momento en que dejó de ser un desaparecido para volver a tener un nombre, una historia y una tumba. Hasta entonces, su familia, como las de tantos otros desaparecidos por el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, convivió con una ausencia suspendida en el tiempo y un duelo imposible de cerrar. “Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convirtiéndose en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida”, confiesa Guillem a elDiario.es.

Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convertido en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, asesinado por el franquismo

La ausencia heredada

La historia de Joan Canyelles Capllonch condensa la búsqueda incesante de aquellos que durante generaciones ignoraron dónde estaban sus muertos. Mientras los franquistas habían podido recuperar a los suyos casi desde el final de la guerra -el régimen facilitó la localización, exhumación y traslado de quienes habían fallecido en la retaguardia republicana-, los vencidos fueron condenados al silencio y al miedo. Las viudas -estigmatizadas y sin derecho a ningún tipo de reconocimiento ni pensión- recorrían cementerios, preguntaban a enterradores y, de forma infructuosa, seguían cualquier rumor con la esperanza de encontrar una pista, un botón, una prenda de ropa o cualquier rastro que las condujera hasta sus maridos. Los hijos -a quienes después se unirían los nietos- crecieron escuchando relatos fragmentarios, conversaciones susurradas y referencias imprecisas a cunetas, simas y pozos. En paralelo, la dictadura erigía monumentos, concedía honores y construía una memoria oficial que glorificaba a los 'caídos por Dios y por España'.

Sin embargo, casi cuarenta años de régimen no lograron borrar la memoria de los desaparecidos. Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo -cuando gran parte del país había decidido olvidar-, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000 -más de 60 años después de los asesinatos-, a abrirse paso en el debate público. Paul Preston lo llamó “la anomalía de España”: mientras el resto de países condenaban sus dictaduras, afrontando de una u otra forma el legado de sus regímenes autoritarios, la Transición española, en aras a la “reconciliación” nacional, había cerrado la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, había optado por mantener a miles de desaparecidos en fosas comunes y había relegado la búsqueda de las víctimas al empeño de sus familias.

Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000, a abrirse paso en el debate público

“Era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'”, ilustra Miguel Rabal, nieto de otro de los represaliados del franquismo en Mallorca, Emilio García-Peñuela, al recordar los inicios de un movimiento memorialista que se enfrentaba a décadas de desinterés institucional, silencio social y ausencia de políticas públicas para localizar a los desaparecidos. En aquel momento, recuerda, no faltaban quienes los consideraban “cuatro viejos dando la paliza” con una guerra que para muchos pertenecía a un tiempo remoto y una historia que gran parte del país creía definitivamente cerrada.

Sin embargo, aquel empeño cristalizó en Balears con la creación de la asociación Memòria de Mallorca. Era el año 2006. La madre de Rabal asistió al acto fundacional, celebrado en el edificio de Sa Riera de Palma. Muchos de quienes acudieron eran ya ancianos que llevaban toda una vida esperando respuestas sobre el paradero de sus padres, hermanos o maridos. En una de las fotografías de aquel día aparecía una larga fila de hijos de represaliados. La reivindicación de todos ellos podía resumirse en una sola frase: “Queremos encontrarlos”.

[La labor inicial del movimiento memorialista tras décadas de silencio] era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, represaliado por el franquismo

La ley que cambió las reglas

Sant Joan (Mallorca), junio de 2014. Bajo el sol abrasador de aquel verano, arqueólogos, forenses y familiares asisten a una escena inédita en Balears: la apertura de la primera fosa común de la guerra civil excavada en las islas. En el pequeño cementerio de esta localidad de 2.300 habitantes, las palas retiran las primeras capas de tierra mientras decenas de ojos siguen cada movimiento con una mezcla de expectación y nerviosismo. Muchos de los presentes llevan toda una vida esperando aquel momento. La intervención no está exenta de dificultades: parte de las sepulturas se encuentran ocultas bajo construcciones de hormigón, lo que obliga a desarrollar una compleja labor previa de investigación histórica, prospección arqueológica y retirada controlada de estructuras.

Durante seis días, la excavación combina documentación de archivo, testimonios orales, arqueología y antropología forense. Coordinados por Memòria de Mallorca y gracias al trabajo voluntario de especialistas del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, los equipos avanzan centímetro a centímetro. El 20 de junio aparecen los primeros indicios inequívocos de la fosa. Dos días después, en presencia de los familiares, emergen a la luz los tres primeros cuerpos exhumados: corresponden a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart y Miquel Salom Ribot, tres campesinos de Maria de la Salut asesinados por los fascistas en octubre de 1936. Un año después, en junio de 2015, los análisis genéticos permiten devolverlos a sus familias.

El investigador Manel Suárez, autor de numerosas investigaciones sobre la Segunda República y el movimiento obrero de Mallorca, recuerda que la elección de Sant Joan para acometer la primera exhumación de una fosa de la guerra civil en Balears no fue casual. La entonces alcaldesa del municipio, la ecosoberanista Catalina Gayà -quien gobernaba con el apoyo del PP-, respaldó desde el primer momento la intervención, lo que facilitó que el proyecto pudiera salir adelante pese a la ausencia de apoyo institucional. “No recibimos ninguna ayuda”, rememora Suárez. Recuerda, asimismo, que, pese a hallar tres cuerpos con evidentes impactos de bala, ni jueces ni fiscales acudieron al lugar para investigar los hechos.

Con todo, el resultado superó todas las expectativas. La exhumación despertó un enorme interés social y mediático y se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en las islas. Ya no había vuelta atrás: la apertura de la fosa de Sant Joan demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, en junio de 2016, Balears daba el paso decisivo: la aprobación, por unanimidad, de la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, una norma que convirtió en obligación pública lo que hasta entonces había sido una lucha sostenida en solitario por familiares y activistas.

“Con esta ley se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, y también con quienes son sus familiares”, reza la exposición de motivos del texto. El Govern, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, pasaba a asumir la responsabilidad de localizar fosas, elaborar mapas de enterramientos, impulsar análisis genéticos y coordinar los trabajos arqueológicos. Esta semana, la 'ley de fosas', que marcó un antes y un después en esta historia de incertidumbre colectiva y cambió la relación de Balears con uno de los capítulos más oscuros de su pasado reciente, ha cumplido 10 años. En todo este tiempo, la norma ha permitido recuperar los restos de 334 víctimas e identificar a 68 mediante técnicas forenses y pruebas genéticas.

La apertura de la fosa de Sant Joan, en 2014, demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, el Parlament aprobaba por unanimidad su 'ley de fosas', que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas e identificar a más de medio centenar

Su impacto resulta significativo en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Después de que, el 19 de julio de 1936, el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una intensa violencia que, como sostiene el historiador Bartomeu Garí Salleras, ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas. 

“Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en las islas y más de 10.000 pasaron por prisión. A ellas se suman quienes sufrieron condenas consideradas injustas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre la mayor de las Balears y las Pitiüsas.

Desde la aprobación de la 'ley de fosas', las exhumaciones se han llevado a cabo siguiendo protocolos arqueológicos y forenses homologados internacionalmente. Los equipos delimitan las áreas de búsqueda mediante el estudio de archivos, testimonios y planos históricos, excavando después de forma manual y estratigráfica para preservar cualquier evidencia. Una vez localizados los restos, los especialistas documentan la posición de cada individuo, recuperan objetos asociados y trasladan los huesos a laboratorios de antropología forense. Allí analizan lesiones compatibles con ejecuciones, determinan el perfil biológico de las víctimas y, cuando es posible, realizan pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras aportadas por familiares.

La ley balear de fosas ha permitido recuperar los restos de más de 330 víctimas e identificar a más de medio centenar en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Más de 2.000 personas asesinadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre Mallorca, Eivissa y Formentera

Mucho más que exhumar restos

Cada exhumación permite reconstruir biografías, documentar la represión y devolver historias al espacio público. Para Guillem Mir, la búsqueda de su abuelo acabó convirtiéndose en una parte inseparable de su propia vida. Cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos, Guillem sintió una punzada en el pecho. “Fue una emoción enorme”, rememora con lágrimas en los ojos. Durante años había perseguido documentos, testimonios y pistas dispersas para reconstruir la historia de su abuelo. De repente, aquella búsqueda dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una certeza. “Lo encontramos”, resume. Por primera vez desde 1937, la familia sabía dónde había estado todo ese tiempo. Lo que comenzó como una inquietud familiar acabó transformándose en una necesidad íntima, casi en una obligación moral hacia un hombre al que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia marcó a varias generaciones.

Guillem reconoce que la desaparición de un familiar deja secuelas que atraviesan el tiempo. En su caso, el silencio heredado, las historias contadas a medias y la incertidumbre sobre el paradero de su abuelo acabaron formando parte de la identidad familiar. La identificación de los restos permitió poner fin a esa búsqueda.

“El día de la entrega fue un día que tampoco olvidaré nunca”, recuerda. Los forenses preguntaron a la familia si quería abrir la caja que contenía los restos de Joan Canyelles. Aceptaron. “Lo primero que vi fue el cráneo. Era muy pequeño, cabía en una caja así. Y había un agujero muy grande”. La emoción pudo más que las palabras. “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”. Aquel gesto puso fin a más de ochenta años de incertidumbre y permitió que su abuelo dejara de ser un desaparecido para regresar definitivamente a su familia.

Guillem nunca conoció a su abuelo, asesinado por los franquistas, pero para él 'fue una emoción enorme' cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que sintió una punzada en el pecho: 'No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso'

En conversación con elDiario.es, insiste en que la recuperación de los cuerpos va más allá del ámbito familiar. “La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar”, sostiene. Por eso considera que las exhumaciones no solo reparan a las víctimas y a sus descendientes, sino que ayudan a reconstruir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada. Desde entonces continúa investigando y recopilando documentación sobre otros represaliados de Esporles. “No paramos”, explica al hablar del archivo que ha construido junto a otros investigadores locales. Esa quizá sea la mayor herencia de la ley de fosas. No solo ha permitido recuperar cuerpos: ha contribuido a rescatar vidas enteras del olvido.

La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar

Guillem Mir — Nieto de Joan Canyelles Capllonch, represaliado por el franquismo

El ordenanza detenido en la sucursal del Banco de España

A cientos de kilómetros de Madrid, donde había nacido en 1899, Emilio García-Peñuela construyó una nueva vida en Mallorca. Había llegado a Palma en 1929 tras obtener una plaza de ordenanza en la sucursal del Banco de España. Socialista, laico y comprometido políticamente, frecuentaba la Casa del Pueblo y colaboraba económicamente con iniciativas obreras, incluso a pesar de las limitaciones económicas de una familia trabajadora con dos hijas pequeñas. Diez días después del golpe de Estado, la policía acudió hasta la sucursal para detenerlo. Desde allí fue trasladado hasta el castillo de Bellver, convertido entonces en prisión para centenares de detenidos republicanos. Era el 28 de julio de 1936.

Su nieto, Miguel Rabal, ha dedicado años a reconstruir aquella historia. La familia sabía que Emilio había sido detenido, pero desconocía muchos detalles de lo ocurrido. La investigación permitió descubrir cómo había sido vigilado durante años por sus ideas políticas y cómo acabó convertido en objetivo prioritario de la represión. “No era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto”, recuerda.

Mi abuelo no era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto

Miguel Rabal — Nieto de Emilio García-Peñuela, asesinado por el franquismo

Mucho antes de que los análisis genéticos confirmaran la identidad de su abuelo, Miguel ya albergaba una esperanza. Cuando comenzaron las exhumaciones y la recogida de muestras de ADN, su madre y su tía aportaron las suyas convencidas de que algún día podrían encontrarlo. Aquella posibilidad dejó de parecer remota durante la segunda campaña de excavaciones en la fosa de Son Coletes, en la localidad de Manacor, cuando decenas de familiares pudieron contemplar por primera vez los restos que emergían de la tierra tras ocho décadas de silencio. A apenas unos metros de distancia, dentro de la misma fosa, habían sido localizados los restos de Aurora Picornell, bautizada como la 'Pasionaria balear' e icono del republicanismo en Mallorca. Formaba parte de las conocidas como 'Rojas del Molinar', asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Parecía que nos gritaban: 'Por fin nos habéis encontrado'”

El nieto de García-Peñuela rememora especialmente un pequeño acto celebrado junto a la fosa, sin tribunas ni grandes discursos. Los familiares se encontraban a escasos metros de los esqueletos recién exhumados. “Podíamos casi tocarlos”, recuerda. Sonaban un violonchelo y una flauta mientras los asistentes observaban aquellos cuerpos que, durante décadas, habían permanecido ocultos bajo tierra. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. “Parecía que los oías”, dice. “Como si nos estuvieran gritando: 'Por fin nos habéis encontrado'”. La imagen continúa emocionándole años después. “Hasta entonces todos ellos eran desaparecidos”, reflexiona. Frente a la fosa abierta, rodeado de familiares que llevaban décadas esperando respuestas, tuvo la sensación de que quienes yacían allí abajo recuperaban por fin aquello que les había sido arrebatado: un nombre, una historia y el derecho a ser encontrados.

Al igual que Guillem y tantos otros familiares, tampoco olvida la llamada que recibió en noviembre de 2022. Estaba solo, caminando por la Comuna de Bunyola, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, quien lleva décadas luchando por localizar a los desaparecidos del franquismo. Dos días antes le había enviado varias fotografías de su abuelo para una exposición sobre las víctimas de la represión. Al ver su nombre en la pantalla, intuyó que se trataba de aquel asunto. Sin embargo, bastaron apenas unas palabras para confirmar lo que llevaba años esperando: “Miguel, tu abuelo ha sido identificado”, recuerda que le dijo.

“Fue como si se hubiera roto un dique”

Miguel recuerda que intentó contenerse durante la conversación. Sabía que la activista había acompañado a decenas de familias en momentos similares -“tiene un hombro para eso y para todo lo que le echen”, subraya- y no quiso derrumbarse al teléfono. “Aguanté como pude”, rememora. Apenas recuerda qué le respondió. “Ya daba igual lo que dijera. Lo importante era otra cosa”. Fue después de colgar cuando la emoción acumulada durante años terminó por desbordarse. “Fue como si se hubiera roto un dique”, explica. De repente afloraron décadas de preguntas, de documentos consultados, de historias familiares reconstruidas y de incertidumbre. La llamada confirmaba que la búsqueda había terminado.

Se emociona de nuevo al recordar el día en que la familia recibió los restos de su abuelo. El acto se celebró en el cementerio de Son Valentí siguiendo un minucioso protocolo, diseñado para respetar los tiempos y los deseos de cada familia. Los forenses les preguntaron si querían abrir la caja que contenía los huesos recuperados de la fosa. También les consultaron si permitían la presencia de representantes institucionales y observadores internacionales. “Todo estaba hecho con una delicadeza extraordinaria. Entendían que cada familia vive esto de una manera distinta”, rememora.

Entre los asistentes se encontraba Favián Salvioli, relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición de la ONU. Lejos de percibirlo como una presencia ajena, Rabal lo interpretó como un reconocimiento a la dignidad de su abuelo. “Para mí fue un honor mayúsculo”, explica. “Era una persona que representaba a la humanidad acompañando a otra persona anónima y modesta en un momento tan importante”, añade. La imagen le sigue emocionando: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, Miguel vio por primera vez los restos de su abuelo. Se acercó al cráneo y lo tocó: “Lo conocí en aquel momento”.

Miguel Rabal continúa emocionándose al recordar el acto de homenaje a su abuelo: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, vio por primera al padre de su madre. Se acercó al cráneo y lo tocó: "Lo conocí en aquel momento"

Lejos de erigirse en protagonista, Miguel reivindica la perseverancia de activistas, historiadores y asociaciones memorialistas y cómo, con el paso de los años, demostraron que su empeño estaba lejos de ser una extravagancia. La aprobación de la ley balear de fosas en 2016 fue, para él, la prueba de que aquella obstinación había merecido la pena. Como Guillem, subraya que el verdadero alcance de las exhumaciones va mucho más allá de cada caso individual.

La arqueóloga Almudena García-Rubio, responsable de numerosas exhumaciones en las islas, explica que los planes de fosas impulsados en Balears fueron incorporando progresivamente nuevas disciplinas y herramientas para abordar las consecuencias de la represión. A la labor de arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores se sumaron especialistas en restauración, juristas, antropólogos sociales e, incluso, equipos de acompañamiento psicosocial para atender a los familiares durante todo el proceso. Durante la jornada organizada este viernes por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para conmemorar los diez años de la ley de fosas, la investigadora subrayó que este enfoque multidisciplinar convirtió a las islas en una referencia dentro del Estado, al entender que la recuperación de los desaparecidos no consiste únicamente en localizar e identificar restos, sino también en acompañar a las familias y preservar la memoria de las víctimas.

Detrás de cada esqueleto hay una persona desaparecida y una familia que lleva décadas esperando respuesta

Almudena García-Rubio — Arqueóloga

La semilla del movimiento memorialista

Se trata de una idea que conecta directamente con el origen del propio movimiento memorialista. Porque para las asociaciones y los familiares nunca se trató únicamente de abrir una fosa o devolver unos huesos a sus descendientes. También implica reconstruir las historias que la represión intentó borrar, explicar quiénes fueron aquellas personas y reconocer públicamente las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron. Maria Antònia Oliver recuerda, de hecho, que el origen de Memòria de Mallorca nació de una convicción profundamente arraigada. “Tenía claro que en democracia tenemos derechos”, explica. No podía entender que hubiera familias que desconocían dónde estaban sus padres, hermanos o maridos y que las instituciones permanecieran al margen. Mucho antes de familiarizarse con conceptos como verdad, justicia y reparación, asegura que ya los sentía como una necesidad vital.

“No los conocía teóricamente, pero los sentía”, rememora. Le resultaba incomprensible que hubiera personas buscando a sus desaparecidos mientras jueces, fiscales y administraciones miraban hacia otro lado. “Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí”, afirma, mientras observaba cómo en otros países las desapariciones forzadas eran abordadas desde la justicia y los derechos humanos. Aquella inquietud nació de una experiencia personal -la búsqueda de su abuelo, Andreu París- que pronto descubrió compartida por centenares de familias.

Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En los primeros años de búsqueda, Oliver acudía a historiadores, archivos y testigos con una sensación incómoda. “A veces me sentía violenta pidiendo información. Pensaba que no debía ser yo quien lo hiciera; tenían que ser las instituciones o un juez quienes me lo dijeran”. Lo que había vivido en su propia familia lo encontraba repetido una y otra vez en los relatos de otros hijos y nietos de represaliados. Recuerda especialmente las historias de mujeres que habían pasado décadas preguntando por sus maridos desaparecidos y soportando burlas o insinuaciones. “Ni siquiera sabían si los habían matado porque no se lo decían”, lamenta.

Por eso insiste en que los avances logrados durante las últimas dos décadas no surgieron de la nada. Antes de las leyes, de los planes de fosas y de las exhumaciones institucionales hubo años de trabajo sigiloso de familiares y activistas recopilando testimonios, localizando enterramientos y elaborando los primeros listados de desaparecidos. “Si hoy tenemos un mapa de fosas es gracias a los familiares de las víctimas”, subraya. Aquella documentación permitió demostrar que las fosas existían y que podían abrirse. “Era importante demostrar que se podía exhumar, que los políticos no tuvieran miedo de hacerlo”.

En un contexto marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática -la otra gran norma memorialista de las Islas- por parte de PP y Vox, las víctimas insisten en que la reparación no termina cuando se localiza un cuerpo. Sin políticas públicas de memoria, advierten, las exhumaciones corren el riesgo de convertirse en simples operaciones arqueológicas desprovistas de contexto. Por eso continúan reclamando verdad, justicia y reparación para devolver la dignidad a quienes fueron asesinados y restituir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada bajo la tierra y el silencio.

Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena se vistieron el uniforme de la República para defender al país del golpe de estado franquista. Intentaban volver del frente a su localidad natal de Castro Urdiales a pie por la montaña. Al llegar a la zona de Miera, fueron detenidos y torturados en el Alto del Machorro por un grupo de falangistas que les fusilaron en el pueblo cántabro de Mirones, que guardó la memoria del dramático suceso del 6 de septiembre de 1937.

Portillo tenía 22 años y procedía de una familia humilde de pescadores de Castro Urdiales. Romaña era pescador, padre de cinco hijos y afiliado a la CNT. Miquelarena, también pescador, abandonó la escuela siendo niño para ayudar a su familia y había sido concejal del Ayuntamiento de Castro antes de incorporarse a las filas republicanas. Tenía 27 años cuando fue asesinado.

Fue mucho más que un disparo mortal. Sus verdugos no se conformaron con eso y en aquella amarga madrugada arrojaron sus cuerpos al río, tal vez en la convicción de que la corriente lavaría las huellas de aquel crimen.

Pero, en cuanto desaparecieron los pistoleros, los vecinos de Mirones que lo habían visto todo corrieron hacia la orilla a tiempo de rescatar los cuerpos que enterraron posteriomente en una fosa común junto al cementerio parroquial de Mirones, en el municipio cántabro de Miera.

Allí quedaron enterrados en el silencio cómplice del pueblo, que no identificó el lugar para no provocar más represalias. Fueron sepultados sin nombre, sin ninguna señal junto a un muro de piedra.

Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Sucedió hace 89 años. Sobre aquel terreno creció la hierba y la gente olvidó quienes estaban debajo. El trágico suceso habría caído en el olvido de no ser porque un testigo de aquella noche vivió para contarlo. Uno de los vecinos que enterró a los tres jóvenes le contó a la familia de uno de ellos dónde los habían dado sepultura. Con este testimonio, el año pasado se inició la búsqueda. El pasado mes de noviembre se hallaron por fin los restos.

Sus familiares habían estado buscándolos en Asturias, el último lugar desde donde tuvieron noticias suyas. Descubrir la historia ha sido una sorpresa mayúscula. De hecho, en el lugar instalaron una piedra con sus nombres que les ha identificado durante los últimos años. Solo faltaba abrir la fosa y comprobar que efectivamente ahí descansaban sus familiares.

Ahora, una vez que los cuerpos han sido identificados por los forenses y que se ha comprobado su identidad, el propio ministro de PolíticaTerritorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá un acto de homenaje en Castro Urdiales (Cantabria) para entregar los restos de las tres de las víctimas represaliadas a sus familiares.

Casi nueve décadas después sus nombres y su historia salen del olvido. En 2025 se iniciaron los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por la sociedad científica especializada Aranzadi. Según este colectivo la fosa de Mirones no es el único enterramiento clandestino que queda en Cantabria donde calculan que aún existen alrededor de 140 fosas comunes pendientes de abrirse.

Según el mapa de fosas de RTVE.es, hay 154 fosas registradas en Cantabria, de las cuales 15 ya han sido exhumadas.

La Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad (ASRD) buscará los restos del alcalde republicano de Pitillas (Navarra), Antonio Cabrero Santamaría y un maestro de Fitero (Navarra) e Igea (La Rioja), Valentín Llorente Benito, asesinados el 3 de septiembre de 1936 en los alrededores del pueblo de Fuentebella, hoy despoblado e integrado en San Pedro Manrique. Está previsto iniciar a partir del 1 de junio los trabajos prospectivos en la sierra de la Alcarrama durante una semana, según ha informado ASRD a través de un comunicado.

Antonio Cabrero nació en Ponzano (Huesca) y vivió durante años en Pitillas (Navarra), municipio del que fue alcalde pocos meses antes del inicio de la guerra civil. Por su parte, Valentín Llorente Benito nació en Valdemadera, vivía en Igea, aunque era el maestro a 15 kilómetros, en el municipio de Fitero. Ambos vivieron juntos en la sierra de la Alcarama hasta que fueron asesinados el 3 de septiembre de 1936.

En 2010 se erigió un monolito en homenaje a Antonio Cabrero y Valentín Llorente en la sierra de Alcarama como “un primer paso” para “visibilizar su historia y dignificar su recuerdo” en el entorno de la fosa común.

Investigación desde hace 20 años

La investigación familiar y de la asociación se remonta veinte años a lo largo de los que se han recopilado testimonios orales, documentación y trabajos de campo. Hace más de diez años ya se realizó la primera prospección, que fracasó, al igual que otros intentos, debido a fuerte pendiente, ausencia de pistas transitables y la imposibilidad de introducir maquinaria pesada.

En esta ocasión, la nueva intervención se realizará manualmente en el entorno del cruce de los barrancos Pertigoso (Valondo) y Fuentenosa, entre el antiguo núcleo de Fuentebella y Sarnago, donde los testimonios sitúan el lugar del asesinato y el enterramiento del alcalde y del maestro.

La prospección cuenta con el apoyo de las familias de Antonio Cabrero y Valentín Llorente, así como con la financiación de la Junta de Castilla y León, a través de los fondos que otorga el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que, junto a la imprescindible labor de integrantes voluntarios de Recuerdo y Dignidad, han hecho posible la puesta en marcha de esta nueva campaña de búsqueda. Además, la asociación memorialista agradece la colaboración a los vecinos de la zona, al Ayuntamiento de San Pedro Manrique, la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, así como a la Asociación Amigos de Sarnago. 

La Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta (AFFCCV) impulsa una nueva cata arqueológica en dicha fosa para recuperar los restos mortales de víctimas del franquismo. Lo han hecho en esta ocasión presentando un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. Asimismo una treintena de asociaciones, sindicatos y colectivos se han sumado a la recogida de firmas que está recogiendo la agrupación con el fin de reactivar esta lucha. 

El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

Sus familiares solicitaron en su momento conocer el contenido de la causa judicial que ponía en requisitoria a Pedro Perdomo; así como conocer por qué fusilaron a sus cinco compañeros, todos ellos trabajadores del Puerto de La Isleta. 

Víctor Martínez incide durante el informe en la Causa Militar 1/36 y destaca en las primeras páginas de esta causa consta en el folio del lugar en donde fueron enterrados los dos soldados fallecidos el 20 de julio de 1936, refiriéndose al Cementerio de Vegueta. También menciona más adelante a otros represaliados que fueron enterrados en el Cuartel número 5 de la fosa primera. 

“Los soldados Francisco Andrade Gómez y Juan Jiménez Moriano quedan sepultados en la Fosa número tres uno y dos nichos respectivamente”, según consta en la Causa 1/36, en la página cinco. Tras seguir avanzando en el análisis de esta causa, se especifica “a dónde fueron a parar los cadáveres de los llamados Luis Cabrera Hernández, José Ramírez Alcántara, Nicolás Cordero Bautista, Antonio Betancor Luzardo y Manuel Ramos Gozález”: “Quedando los primeros en el Cuartel número 5 fosa primera y el llamado Ramos González en el nicho número 1.667 del ensanche”. 

El investigador tiene en cuenta además otro informe de la ARDF Desaparecidos que realizó por medio de los registros del cementerio de Vegueta. “Este informe publica que en julio de 1941 se entierran en la Fosa nº1 a 45 personas y en diciembre de 1953 a 53 personas más, cuando ya que las obras de los nichos ya habían sido realizadas, por lo que la numeración de este Cuartel no cambia y lo forman hasta 32 fosas; se continúa enterrando personas en la fosa nº 1 aunque se hayan realizado las obras, lo cual indica que esa fosa no debería estar por debajo de ese edificio”, subraya. 

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

“Dada la proximidad temporal de los fusilamientos de Los Cuatro de Telde en enero de 1937 con los Cinco de San Lorenzo en marzo del mismo año, se podía deducir que Juan Santana Vega y Francisco González Santana pueden encontrarse también en ese mismo Cuartel nº 5. También cabe la posibilidad que estas dos personas fueran enterradas en la fosa nº 2 del Cuartel nº6 al verse colmatada el cuartel nº 5 y continuar a la siguiente, la duda es saber si esa información en el registro es correcta”, añade el trabajo de investigación. 

Por ello, los familiares exigen que las administraciones investiguen a fondo las causas de los juicios sumarísimos en los archivos militares para localizar a todas las víctimas y también “que se reanuden las prospecciones y exhumaciones, abarcando todas las fosas si fuera necesario, para atenuar el sufrimiento de las familias y cumplir con el objetivo de reparación moral de la Ley de Memoria Democrática”. 

Con la investigación se exige a las administraciones que estudien a fondo las causas sumarísimas militares y aprueben el nuevo “Proyecto de Prospección” diseñado en 2025 por la entidad científica ArqueoAntro. El objetivo es investigar todas las fosas posibles para no mantener a las familias en una “continuada represión” por no poder recuperar a sus seres queridos. 

El informe apunta que la solicitud se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y exige que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos.

Asimismo, incluye un anexo con las firmas de varios familiares de represaliados como Francisco González Tejera, Antonio Moriñigo, María Soledad Pérez, Yguarina Brito y Óscar Vizcaíno.

Un tedioso camino para conseguir la exhumación

En 2012 Francisco González Tejera y Juana del Pino González, familiares directos de los asesinados Francisco González Santana y Juan Santana Vega, dos de los denominados Los cinco de San Lorenzo, presentaron una denuncia y solicitaron la exhumación de los cuerpos y la investigación del caso ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta demanda fue desestimada, al igual que el recurso posterior que se interpuso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En 2013 se presenta un escrito en el Ayuntamiento solicitando la exhumación y más tarde se tuvieron en cuenta dos informes, uno de la Comisión Técnica de Memoria Histórica del Consistorio. 

En 2018, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan conjuntamente un encargo por medio de un Convenio a la Universidad de Las Palmas de gran Canaria (ULPGC) a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de dicha universidad. 

En ese período se realizaron una serie de sondeos en la fosa y se localizó los restos óseos de una persona. No obstante, el informe concluyó con resultados negativos respecto a la localización de las víctimas del franquismo. “La fosa es ilocalizable”, señaló el estudio. 

El autor del informe insiste en que en 2018 se zanjó la oportunidad de exhumar esta fosa basándose en un informe técnico. A su juicio, el proyecto de la ULPGC fracasó porque se basó en registros civiles incompletos y testimonios orales contradictorios, ignorando por completo los archivos históricos militares. “Es probable que al aportar la nueva prueba de las informaciones sobre una causa militar se tenga en cuenta para volver a investigar”, apunta Víctor Martínez a este periódico. 

“Yo me baso en que se debería excavar ese cuartel número cinco por las pruebas que yo aporto en el informe de esa causa judicial militar y porque puede ser que los registros estén mal porque hay un lapsus de tiempo en el que no hay registros y se empieza otra vez por la fosa número cinco. También incide en que no hay datos de que si se abrió la fosa del cementerio de Vegueta durante la dictadura (como apunta el anterior informe) no se especifica a dónde los llevaron e incide en que eso se debió haber registrado a dónde se llevaron esos cuerpos si es que sucedió así, porque fue en los años 40 o 50. ”Dudo que lo hayan limpiado porque había otros cementerios ya funcionando“, incide. En cualquier caso, cree que las dudas se despejarían cavando la fosa. 

Las familias siempre han reprochado las ilusiones y esperanzas que se les dieron desde las instituciones en todo momento. No obstante, Francisco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de los cinco de San Lorenzo ha seguido luchando en estos años en los que su padre Diego falleció sin poder recuperar los restos mortales de su padre. González llegó a recurrir el informe. 

En 2024, Francisco González mantuvo una reunión con el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana que le informó de que las solicitudes de familiares de represaliados inhumados pueden ser tramitadas por medio de una agrupación o asociación memorística y más si cabe, por la probabilidad de que existan más familiares relacionados con personas que se encuentren en ese lugar en concreto; estas personas también podrían unirse a esas mismas solicitudes. Por ello nace en septiembre de 2024 la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta (AFFCCV).

En octubre de 2024 se procede, por medio de la AFFCCV a realizar una nueva solicitud de exhumación al Ministerio de Memoria Democrática . A la misma vez se hace un llamamiento público por diferentes medios de comunicación de listados de personas fusiladas que según constan en los registros del Cementerio de Vegueta fueron enterradas en sus cuarteles. 

En fecha 20 de marzo de 2025 y tras mantener diferentes reuniones entre la agrupación es redactado y presentado el Proyecto de Prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las Fosas del Cementerio de Vegueta con el objetivo de que sea impulsada una nueva prospección arqueológica desde el Ministerio. 

Por último, en el informe se explica que han presentado denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y que fue derivada a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, no teniendo respuesta en la actualidad de ese organismo u otro.

“Como ya se ha expuesto desde el inicio de este informe, se quiere hacer constar que hasta el momento no se han realizado todos los trabajos e investigaciones necesarios para localizar los documentos que indiquen los lugares en donde fueron inhumados las víctimas del franquismo fusiladas en La Isleta y enterradas en los cuarteles del Cementerio de Vegueta, como pueden ser las causas de juicios sumarísimos”, incide el documento. 

Por parte de la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta, se cree que aún se puede hacer más esfuerzo por parte de las administraciones para obtener esta información. Este jueves dará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de este informe, el número de colectivos que les apoyan y sobre la denuncia en Fiscalía.

La Agrupación señala que entre los colectivos que han firmado la solicitud para la exhumación de la fosa se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias. 

En los últimos diez años, por las manos de Alfredo González Ruibal han pasado los vestigios de esa historia que no tiene espacio en los grandes anales: las botellas descorchadas por los militares triunfadores de la Guerra Civil en la última trinchera excavada durante la contienda y el agua de lluvia que caía en ese momento, las latas convertidas en tazas por los presos en los campos de concentración, los enseres que acompañaron a los fusilados ante la muerte, la vida repleta de misera de los perdedores. 

Su experiencia se convierte ahora en libro con País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975) (Crítica, 2026). En la monografía, este arqueólogo e investigador del CSIC desentraña un pasado que todavía brota de entre la tierra en homenaje a aquellos represaliados para los que sobrevivir siempre supuso su continua batalla política.

González Ruibal es consciente de que revisar el pasado reciente es algo que hay que hacer con cautela, sobre todo cuando es traumático, vertebrado por una dictadura, por la privación de derechos y el sufrimiento de tanta gente. “Las protagonistas son ellas, las personas, la gente normal y corriente, de la que a veces nos olvidamos a la hora de hablar de la historia política y económica, incluso la historia de los movimientos sociales”, introduce el también Premio Nacional de Ensayo 2024 por Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica).

Sidra para los vencedores

Comenzar esta historia subterránea por el final de la Guerra Civil nos introduce en la última trinchera, justo donde la República capituló y firmó su rendición, cerca del lugar que hoy ocupa el intercambiador de Moncloa, en el frente de Ciudad Universitaria. “Tiene una potencia simbólica brutal porque ahí comenzó una dictadura que se alargaría casi 40 años, pero es un lugar que continúa olvidado, enterrado”, comenta. 

Parece que todo cupo en esa trinchera de 90 centímetros de ancho, incluso la fiesta de los vencedores. Así lo prueban las botellas de sidra y de vino con los que aquellos que impondrían su ideología reaccionaria durante décadas saludaron la llegada del nuevo régimen totalitario. “Por los restos sabemos que hicieron una especie de caldereta de cordero también. Con la retrospectiva del presente, podemos decir que después de aquella fiesta llegó una orgía de sangre, destrucción, hambre y sufrimiento”, apunta el investigador.

El enclave quedó sellado apenas unos días después de aquel 28 de marzo de 1939. Tan solo quedaban cuatro días para el último parte de guerra, el único firmado por Francisco Franco. “Ahí había galerías de minado, y la dictadura no quería que alguien pudiera utilizar los túneles para refugiarse”, explica González Ruibal. De esa campaña todavía queda algo por desentrañar. Se sabe por documentos gráficos que aquella jornada de rendición cayó una tormenta tremenda en la capital. “La trinchera quedó totalmente anegada por la lluvia y, al excavarla, encontramos una botella de sidra llena de agua. Es el agua de la lluvia que cayó sobre Madrid mientras la República se rendía”, ilustra el experto. En el CSIC están a la espera de realizar su análisis químico.

Las latas-taza, de Jadraque a Polonia

El siguiente pasaje no tiene lugar demasiado lejos. Estamos en Jadraque (Guadalajara), en uno de los tantos campos de concentración que el franquismo levantó tras su victoria para decidir el destino, siempre fatídico, pero en miles de casos con resultado de muerte, de sus prisioneros. Albergó a unas 4.000 personas y estuvo en funcionamiento no más de cuatro semanas, las suficientes para que los internos consiguieran convertir hasta ocho latas en tazas. “Les alimentaban a base de sopa o latas de conserva, pero no les daban cubiertos. Comían con las manos o de la olla. Deshumanizarles era parte de la lógica franquista”, comenta el arqueólogo.

También los guardas tiraban algún chusco de pan o cebollas para ver cómo se peleaban por ellas, tal y como recuerdan varios testimonios. “Estas tazas creadas con latas y un alambre que convertían en asa, auténticas obras de artesanía, muestran su capacidad de mantenerse dignos en última instancia”, añade.

El investigador del CSIC lleva a sus espaldas decenas de excavaciones de este cariz. En ninguna de ellas se ha encontrado objetos con estas características, aunque sí otros tantos artefactos elaborados a partir de latas. “De repente, vemos que a 3.000 kilómetros de distancia, en los campos en Polonia de prisioneros alemanes de la Primera Guerra Mundial, también están estas mismas latas. Queda la incógnita de si algún veterano de la Gran Guerra transmitió sus conocimientos en España a través de las Brigadas Internacionales, por ejemplo”, afirma González Ruibal.

Los objetos que cuentan la dignidad

Saber que uno va a encontrar la muerte le permite pocas cosas. Una de ellas es prepararse para lo que vendrá. Hubo gente que en esos momentos tan críticos decidió refugiarse en el amor y cariño, pero también en la compostura, sin dejar de portar aquello que les definía. El sonajero de Martín apareció junto al cuerpo de su madre, Catalina Muñoz, asesinada en septiembre de 1936. 

Él ya había escuchado sonar al juguete cuando tenía nueve meses y lo volvió a hacer 82 años después, cuando le devolvieron el objeto preciado. El arqueólogo detalla que “no hay un objeto que represente mejor la vesania y la maldad intrínseca de la dictadura que ese sonajero. Es nuestro contravalle de los caídos. Frente a ese monumento que levantaron para contar su película, nosotros tenemos el sonajero de Martín”.

Las zapatillas de Martina Barroso García, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas condenada a muerte en 1939, se podrían decir que hasta hacen daño de la sensibilidad que transmiten. “Las hizo antes de ser fusilada para su sobrina Paloma. Es imposible verlas y no imaginarse a Martina en la cárcel, sabiendo que la matarán dentro de poco y utilizando sus últimos momentos para tejer a su sobrina”, explica el escritor. 

Bajo tierra se esconden elementos que contrarrestan, desde el silencio, la versión tan cacareada de los vencedores. La medalla de la Virgen de Genara Fernández García se recuperó junto a sus restos. “El franquismo necesitaba deshumanizar a sus víctimas, convertir a otro en satánico”, dice el arqueólogo. Sin embargo, uno de los objetos que con más frecuencia aparece junto a los cuerpos en las exhumaciones son crucifijos y medallas religiosas. “Podían ser de izquierdas, pero mantenían sus creencias. Lo que la dictadura siempre ocultó es que estaban masacrando a cristianos y católicos en masa”, añade.

José Alba Expósito decidió morir encorbatado. Ejecutado el 14 de enero de 1941, lo arrojaron en una fosa de 6,5 metros de profundidad en el cementerio de Paterna junto a otras 80 personas. Antes había pedido a su cuñado Julio que le llevara una camisa y una corbata. La familia no pudo recuperar entonces su cuerpo, pero sí la corbata, que entregó a su hermana, Serafina. Tras su muerte, el legado pasó a la hija mayor de José, Vicenta, y ahora cuelga del armario de su nieta, María José. “No hablamos del sufrimiento, sino de la dignidad y el heroísmo de llegar frente a un pelotón de fusilamiento con una camisa y la corbata”, apuntilla el investigador.

Excavar la memoria familiar

País en ruinas supone un viaje por el subsuelo de la historia silenciada. De las estratagemas de supervivencia y miseria en las chozas en las que vivían los familiares de aquellos condenados por el franquismo que sufrían trabajo esclavo, como sucedía durante la construcción de la basílica del valle de Cuelgamuros, a la genealogía del barrio de Vallecas estratificada bajo tierra en el único solar que queda sin construir, que habla de la pobreza de la clase obrera hasta casi el final de la dictadura. Todo lo aborda González Ruibal desde la sensibilidad y el rigor, sin obviar su propio abolengo.

“Mientras excavaba la tierra también lo hacía en la memoria familiar. Me percaté que parte de mi familia había salido muy beneficiosa económicamente por el franquismo”, reconoce. Introducir esta memoria particular en la publicación desde una perspectiva ligada a la “autoarqueología” tiene como objetivo acabar con ese tabú instaurado de que no se puede hablar de los perpetradores. “Hablemos de la gente a la que le fue bien, aquellos que perpetraron los crímenes. Hay que naturalizarlo. Es una deuda de aquellos que venimos de esas familias”, acepta, a pesar de que conocer las entrañas de los sectores acomodados siempre fue más complicado que las de aquellos que vivieron tocando la tierra con la planta de sus pies.

La intervención desarrollada en el cementerio municipal de Berlanga (Badajoz) ha evidenciado, por primera vez, la existencia de una fosa común de la Guerra Civil con, al menos, dos individuos represaliados inhumados en la misma. El hallazgo se ha producido en el marco de una intervención arqueológica promovida por el ayuntamiento, financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, entidad que canalizó la solicitud de la familia de Rafael Sanabria Barragán, asesinado el 28 de septiembre de 1936 en la localidad pacense. 

Esta primera fase del proyecto ha permitido desarrollar labores de investigación histórica y localización de fosas dentro del camposanto. El equipo técnico multidisciplinar se encuentra integrado por Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense y Juan Manuel Lima, historiador.

La intervención arqueológica, desarrollada durante este mes de abril, ha consistido en la ejecución de diferentes sondeos en aquellos espacios donde los testimonios familiares y la memoria oral situaban la ubicación de posibles fosas comunes, tanto en el interior como en el exterior del recinto cementerial, obteniendo finalmente resultados positivos en un patio dentro del recinto.

En la fosa documentada, en forma de zanja, se han identificado, por el momento, los restos óseos de, al menos, dos individuos compatibles con víctimas de la represión. Además, en el relleno de la propia fosa se han recuperado materiales represivos asociados a hechos violentos, entre ellos dos vainas de 7 mm de fusil Mauser y un fragmento de proyectil. 

Este hallazgo supone especial relevancia histórica puesto que el cementerio de Berlanga no figuraba en el Mapa de Fosas de Extremadura, abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre la represión en la comarca. Además, las investigaciones iniciales estimaban en 32 personas el número de víctimas de la represión asesinadas en Berlanga, sin embargo, los nuevos datos obtenidos durante la fase de investigación histórica y arqueológica apuntan a que esta cifra podría verse ampliamente superada, llegando incluso a duplicarse.

Desde la organización del proyecto se subraya que este hallazgo supone “un primer paso fundamental para recuperar la memoria histórica de Berlanga, arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra, y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos”.

Asturias avanza en el proceso de reparación a las víctimas del franquismo al lograr la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común del cementerio de La Caridad/A Caridá, en el concejo asturiano de El Franco.

El tiempo transcurrido desde su fusilamiento hasta el pleno reconocimiento de su filiación ha impedido a muchos de sus familiares más directos llegar con vida a ver estos resultados, pero sus descendientes han conseguido al menos cerrar esa herida al recuperar sus restos para un enterramiento en condiciones más dignas.

Las víctimas

Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a las hermanas Ferrer, desaparecidas tras el golpe de Estado de agosto de 1936, si bien la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa.

Las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición. Junto a ellas, también han sido identificados los restos de Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.

Reunión con los familiares

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, no ha podido disimular su emoción al anunciar la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común, ya que entre sus compromisos políticos se encuentra la culminación de estos procesos de identificación para avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación”.

Previamente a la confirmación oficial de esta identificación, el consejero se ha reunido con los familiares de las víctimas, en un encuentro en el que han participado también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Franco, Victoria Zarcero.

Tras la reunión con los representantes políticos, dos familiares de las hermanas Ferrer y Lorenzo Solís han trasladado su agradecimiento a la Consejería de Derechos Ciudadanos y al equipo técnico implicado en el proceso y han resaltado la importancia de su trabajo para las familias tras décadas de incertidumbre.

Una deuda histórica

En su intervención, el consejero ha calificado este avance como “especialmente emotivo” y ha señalado que permite “cumplir una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que las administraciones tenemos con las víctimas del franquismo y sus familias”.  

“Lo que no sabían los que les asesinaron y les enterraron en esa fosa, era que sembraban semillas y esas semillas germinan cada día y hoy germinan especialmente, y nos animan y empujan a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado el consejero.

Exhumaciones con fondos públicos

Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones financiadas íntegramente con fondos públicos en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias “cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización”.

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que el proceso incluyó un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados. A esta fase le siguieron los estudios genéticos que han permitido confirmar la identidad de cinco de las víctimas.

La fiabilidad

Los trabajos de exhumación comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y han permitido localizar seis cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres personas.

Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han hecho posible identificar con certeza a cinco de ellas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos, que según explican desde la consejería ronda el 10 %.

El consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias de estas cinco personas identificadas se prevé para el próximo mes de mayo

La recopilación de testimonios

Collado ha señalado además que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de los familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha facilitado avances en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo.

El consejero ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en un acto que “permitirá culminar el proceso de identificación y avanzar en los principios de verdad, justicia y reparación”.

La memoria colectiva permite que los recuerdos y los acontecimientos nunca se olviden. Sin embargo, a menudo, esos recuerdos dejan de pronunciarse en voz alta. Por miedo, por represión, por el qué dirán, y acaban relegándose al olvido. A lo largo de casi 90 años, muchas historias de personas que fueron asesinadas durante la guerra civil se han ido perdiendo. Otras han permanecido en silencio.

Este es el caso de cinco víctimas de Los Cerralbos, un pequeño pueblo de Toledo. Una madrugada de noviembre de 1936 condujeron a estos cinco hombres hasta un paraje en medio del campo y allí los asesinaron: Pablo, Teodoro, Lucio y dos hermanos, Baldomero y Eulogio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a petición de los familiares de las tres primeras víctimas, inició un proyecto con el objetivo de conocer las circunstancias de la muerte de estos tres varones y recuperar sus restos. Realizaron dos incursiones en la zona, una en julio de 2021, donde encontraron varios casquillos de bala, y otra en mayo 2022. Sin embargo, no fueron del todo provechosas. Una nueva fase de excavación tuvo lugar durante dos días en febrero de 2026, pero tampoco ha sido fructífera. Marco González, coordinador del proyecto, asegura que “no encontrar esos cuerpos ha sido durísimo para la familia y para el equipo”.

Las víctimas

Pablo Arrogante Alía, nacido en Lucillos (Toledo) en 1907. En el momento de su detención vivía en la localidad toledana de Los Cerralbos. Según su familia, era Miembro de la Casa del Pueblo y afiliado sindical. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Arrogante fue detenido junto a otros seis hombres del pueblo, la noche anterior a su fusilamiento y llevado por la Guardia Civil a Talavera de la Reina. Del grupo de siete solo sobrevivieron dos. Pablo Arrogante tenía 21 años.

Teodoro Dionisio Fernández Fernández, nacido en Los Cerralbos (Toledo) en 1909, era jornalero. Casado y con tres hijos, su familia señala que pudo ser simpatizante de la II República.

Lucio Jiménez Fernández, nacido en 1909 en Los Cerralbos (Toledo). Trabajaba como jornalero y era soltero. Pertenecía a un sindicato y era afiliado a un partido político, aunque no ha trascendido a cuál.

También buscan los restos de Baldomero Díaz Zapata y su hermano Eulogio Díaz Zapata, de los cuales no se conocen más datos, dado que “eran solteros”.

Estos cinco hombres fueron ejecutados de forma extrajudicial aproximadamente el 5 de noviembre de 1936. A través de testimonios de la familia de Teodoro, la ARMH ha conocido parte de este suceso: “Sé por mi abuela, hija de Teodoro, que se fueron a por un cargamento de leña al monte, para calentar sus casas que eran muy pobres. Alguien del pueblo les delató diciendo a la familia rica del pueblo que les estaban robando”. También, esta persona apunta que “a él y a otros cuatro hombres los fusilaron a las afueras del pueblo. Había un sexto, Ángel el maestro, que lo soltaron por pertenecer a buena familia”.

Los inicios del proyecto para encontrar los cuerpos

Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador del proyecto en Los Cerralbos, explica que el proyecto comienza a raíz de los testimonios de varios familiares de tres de las víctimas -de Pablo, Teodoro y Lucio-. Este paraje “está situado a un kilómetro del pueblo y es la fosa común que se conoce en el propio pueblo”. Sin embargo, a lo largo de las intervenciones han encontrado dificultades.

Además de los propios testimonios familiares, se guiaron a través del libro 'Azulejo: un niño en la gran tormenta', escrito por Francisco Fernández Santos, hijo de Ángel, el maestro que sobrevivió a la matanza. “En él se cuenta cómo matan a esos cinco hombres y los entierran en una finca del maestro de Los Cerralbos, que realmente no era de él, sino de su mujer”, explica Marco González.

Por otro lado, se sirvieron de diferentes investigaciones publicadas durante los primeros años del siglo XXI.

La ubicación del lugar en el que fueron asesinados sigue siendo un misterio. Desde la ARMH, a través de los testimonios recogidos y documentación revisada, creen que sus restos se encuentran en una finca dentro del paraje de 'Los Parrales', a una distancia de un kilómetro del municipio. Dentro de ese paraje, comparando los registros catastrales actuales con imágenes de los vuelos americanos -llevados a cabo en 1946 por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para cartografiar Europa-, han podido hacerse una mejor idea para acotar el terreno.

Tres incursiones sin resultados

Comenzaron buscando en la parcela que pertenece a la familia de Ángel, el maestro que los franquistas liberaron, en una zona que se denomina 'Las siete olivillas', y que se encuentra en el camino de Lucillos, justo en la margen de un arroyo.

Tras esto, en 2021, realizaron la primera incursión en el terreno. Marco González destaca que llevaron a cabo un rastreo de toda la zona “con detectores de metales” y fue entonces cuando encontraron “casquillos de bala Mauser con marcaje de la época”. Para desbrozar la tierra utilizaron dos máquinas simultáneamente para poder cubrir más terreno. Realizaron zanjas, “durante cinco o seis días”

En 2022 lograron un nuevo testimonio y, con él, nuevas pistas. Marco González detalla que les hablaron “de la finca de enfrente y siempre pegado a un reguero”. Tras conseguir los permisos del propietario para intervenir en una zona donde se había realizado una plantación de pistachos, sin que el propietario pusiera objeción alguna siguieron abriendo zanjas durante “dos o tres días más”, sin llegar a encontrar nada, “ni una pista”.

La familia Arrogante, explica, “siempre escuchó que en los años 60, con la concentración parcelaria, alinearon el reguero porque era como más bajo y no tan recto. Nos centramos en el reguero, pero nada, tampoco aparecieron”, pero se muestra convencido: “Está claro que tienen que estar en esa finca, por los testimonios que hemos recogido”.

Tras esta nueva incursión, González asegura que paralizaron la búsqueda, ya que “se perdían las referencias, pero dijimos que si algún día había un nuevo testimonio que nos pudiera afianzar, volveríamos”. Y así fue.

A finales de 2025 se pusieron en contacto de nuevo con ellos dos familiares de Teodoro Dionisio: su hija y la bisnieta del represaliado, Patricia, para interesarse sobre el caso de su familiar. Querían saber si la búsqueda tendría continuidad.

Los integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió entonces a realizar un estudio de la zona y se dieron cuenta de que habían dejado “un buen trozo sin cubrir cerca de la zona que habíamos encontrado los casquillos, unos 300 o 400 metros cuadrados”.

En esta tercera búsqueda encontraron “varios casquillos nuevos con marcaje italiano de la época”. Marco González cree que “posiblemente en 2021 estuviesen también pero más profundos”. Es posible que tras haberse labrado la tierra terminasen por salir a la superficie. Trabajaron durante tres jornadas, pero “desgraciadamente no ha habido suerte”.

El problema, tal y como comenta el vicepresidente de esta asociación memorialista, es que la estructura de las parcelas “se desdibujó” como consecuencia de la concentración parcelaria de 1960. “Antes de la concentración la finca tenía cuatro parcelas, pero después se convirtió en una única que debe tener tres o cuatro hectáreas de superficie. Al perder toda referencia, hemos peinado todo el trozo pegado al camino y al reguero, pero ya no sé qué más nos queda”.

Igualmente, en otros documentos que han encontrado de la década de 1950 pudieron confirmar que “hubo traslados al Valle de los Caídos. El gobernador civil de Toledo hizo un listado de fosas comunes. Aparece una con el paraje, el camino y habla de Los Cerralbos y de una fosa con cinco personas, pero no da las coordenadas. Aparece como referencia el Camino de Lucillos, pero no la finca exacta”, expone González.

Otras hipótesis planteadas

Marco González señala que lo que se creía como ubicación popular de la fosa común a través de “la transmisión oral es errónea, al no tener un mapa concreto o unas coordenadas de la finca”, es complicado de determinar.

Ahora barajan la posibilidad de que los cuerpos “estén en unos límites de la finca, porque los asesinos dejaron los cuerpos ahí abandonados y no les dieron sepultura en el cementerio. Luego iban unos mozos del pueblo y los enterraban allí, en campo abierto”.

Otra hipótesis “guiada por la lógica”, apunta, “es que estén en los márgenes o los límites de la finca, pero si abrimos la posibilidad a que estén en otra finca, la de al lado que hay cuatro o cinco y rodean lo que estamos buscando, pues se vuelve infinito”.

La “impresionante” implicación de las familias

Marco González reconoce que esta búsqueda ha sido “tremendamente dura” y que les dio “bastantes problemas”. Primeramente en 2021, porque la incursión se realizó en verano, donde tuvieron que trabajar a más de 40 grados haciendo zanjas: “Las tuvimos que hacer después de que el dueño recogiese la siembra y él nunca puso ningún reparo”, comenta González. En 2022, a pesar de comenzar entre mayo y junio, también “hubo una ola de calor”.

Sin embargo, la intervención más reciente en 2026 la realizaron en febrero, pero “previamente tuvimos que posponerla por los episodios de lluvias e inundaciones”, e igualmente el campo estaba completamente sembrado de trigo “a más de un palmo de altura, pero el propietario nos dijo que sin ningún problema, que pisáramos lo que hiciera falta, que si había que buscar a esa gente había que hacerlo, y nos facilitó muchísimo el trabajo, pues la tierra estaba mucho más blanda”.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, Marco González resalta que la mayor dificultad es la información, “la pérdida de referencias”. Asegura que la implicación de las familias es “impresionante”, ya que una de ellas “llevó por su cuenta un georradar y nos marcaron varias zonas donde se veía incidencias en el terreno”. Aunque ellos consideran que “no somos muy creyentes del georradar, la familia se lo ha currado muchísimo y en estos años no se ha quedado de brazos cruzados”.

Si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura

Marco González apunta que la familia que más presente ha estado es la de Teodoro, y es la que “hizo que estuviéramos allí”. Se creó una vinculación muy estrecha: “Comíamos con ellos y todo, es una putada que no hayan salido bien las cosas y tener que decirle a la hija de Teodoro que no ha habido suerte y no hemos encontrado a su padre. Eso mina a las personas mayores, sobre todo porque nunca han tenido una respuesta del Estado”.

A la espera de nuevos testimonios y pistas para seguir buscando

El coordinador del proyecto expone que hablar con la hija de Teodoro y contarle que “no ha aparecido es durísimo, tanto para ella como para el equipo” y reivindica que “si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura”.

El proyecto de intervención en la búsqueda de la fosa de Los Cerralbos ha sido financiado en exclusiva con fondos propios de la ARMH. Forma parte de la política interna de la asociación. “Creemos que tiene que ser el propio Estado con sus medios, no subcontratando empresas para buscar a personas desaparecidas”, expone González.

Por el momento se encuentra paralizado pero no dejarán de intentarlo: “Si hay una pista solvente, si aparece un testimonio de una persona que nos dice 'está en la finca de al lado, ¿cómo no buscasteis ahí?', alguien que quizá tiene 95 años y no vienen al pueblo de hace muchos años... volveríamos”.

No fue hasta 1934 que el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela, comenzó a recibir cadáveres. Las nuevas instalaciones eran la apuesta del consistorio para higienizar los enterramientos de vecinos, que hasta ese momento ocupaban nichos en Bonaval u otros lugares del centro de la ciudad. No acababa de funcionar: la parcela elegida, al norte, resultaba demasiado húmeda y las quejas de las familias se sucedían. Pero a partir de julio del 36, todo cambió. Los muros de Boisaca se convirtieron en escenario principal del terror fascista y sus fusilamientos. Sus terrenos esconden además una fosa común en la que, por lo menos, yacen 97 víctimas. Será una de las tres que investigue y exhume el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela tras firmar un convenio de 150.000 euros con la Deputación de A Coruña. Los trabajos se ejecutarán durante este 2026.

Las otras dos también se encuentran en cementerios. La de Serantes, en Ferrol, alberga unos 190 asesinados. La de Beira, en Carral (A Coruña), 18. “Trabajar en cementerios es complejo”, explica a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, miembro de Histagra y actual decanao de la Facultade de Xeografía e Historia de la universidad compostelana, “porque han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Localizar la ubicación exacta de las fosas no resulta fácil”. En el caso de Boisaca, la reconstrucción de lo que allí sucedió se nutre de varias fuentes: la información judicial del bando franquista y la memoria oral principalmente. “Presuponemos que haya más de una fosa, pero no las hemos identificado aún”, dice Míguez Macho.

Lo que sí saben en Histagra es que los cadáveres del lugar eran vecinos de Santiago y de su entorno “en sentido amplio”: Boiro, Ordes, Negreira, Pobra do Caramiñal. La ciudad era cabeza de partido judicial y en ella se dirimían los procesos de los franquistas contra los demócratas. Además, añade Míguez, también depositaron algunos paseados. Sucedió, sobre todo, entre septiembre de 1936 y marzo de 1937. “Los verdugos no solo manejaron cómo se asesinaba”, sostiene, “sino también los espacios de enterramiento”. El régimen jugaba a la confusión, ocultaba los rastros de sus crímenes, dificultaba que las familias honrasen a sus muertos. “La trazabilidad de la fosa de Boisaca es compleja”, afirma sobre un lugar en el que se encuentran, por ejemplo, los restos del Comité de Defensa de la República, conformado por fuerzas políticas y sindicales democráticas después del 18 de julio, prácticamente al completo. Durante la larga noche de piedra de la dictadura hubo también algunas exhumaciones irregulares, clandestinas.

Más obstáculos se interponen en esta excavación. En la década de los 40, el ayuntamiento reformó el cementerio y abrió su gran avenida central, removiendo tierras y tumbas. Y seguían llegando restos de otros cementerios de Santiago -en el 36, reabrió Bonaval, en funcionamiento hasta los 60 y hoy en día un frecuentado parque.

Después de 1977

Existen dos memorias sobre lo ocurrido en Boisaca. A los testimonios orales del 36, recogidos por historiadores locales, hay que sumar una memoria indirecta, la de las personas que en los años 70 se interesaban por lo que había sucedido y preguntaban a sus mayores. “A partir de 1977, empiezan los primeros homenajes a las víctimas”, recuerda Míguez, “y también la instalación de placas en los muros. Pero no son indicativas del lugar exacto de las inhumaciones”.

Con estos materiales diversos y fragmentarios, el equipo de Histagra -ocho personas entre historiadores y arqueólogos, coordinadas por Míguez Macho y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto- intentarán reconstruir el sistema represivo, desde los asesinatos hasta los enterramientos, en las fosas de Santiago, Ferrol y Carral. “Buscamos desentrañar la lógica con la que los victimarios manejaron a las víctimas”, señala. Si todo va según lo previsto y las investigaciones se concretan sobre el terreno, habrá una segunda fase: la exhumación completa, el análisis antropológico forense y la identificación génética. “Pero no queremos crear falsas expectativas”, avisa.

Otras 14 fosas excavadas

Las actuaciones, financiadas por la Deputación da Coruña, derivan de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. A juicio de Míguez Macho, esta norma produjo “un salto cualitativo” en la materia. “El Estado asume como deber dar amparo a los trabajos de exhumación”, explica, “y esto facilita una trazabilidad legal. Desde 2023, la Fiscalía ha nombrado fiscales delegados de derechos humanos que abren diligencias por las excavaciones. Aunque no va a haber un seguimiento penal, afianza el papel del Estado”. El grupo Histagra ya ha estudiado y exhumado otras 14 fosas en Galicia y se encarga, por un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la elaboración del censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La fosa de La Lloba, ubicada en el concejo asturiano de Castrillón, podría contener los restos óseos de entre 24 y 28 republicanos que fueron víctimas de la represión franquista. Son las estimaciones del Gobierno de Asturias que este viernes ha anunciado que los trabajos que se están llevando a cabo han permitido localizar los restos de al menos seis personas.

Esta es una noticia que ha devuelto la esperanza a los familiares que se han concentrado para seguir las labores de exhumación. Confían en la posibilidad de recuperar algún resto u objeto de sus seres queridos y reconocen que esta ilusión llega precedida de la gran expectación que levantó el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela en esta misma fosa.

El anuncio de la confirmación oficial de la localización de los restos de seis personas se ha conocido a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que es titular Ovidio Zapico.

El consejero se desplazó esta misma mañana hasta la zona de exhumación, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de las víctimas.

El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Explicaciones sobre el terreno

Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

Desde la consejería se ha subrayado que este hallazgo supone un avance decisivo respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

Saldar la deuda histórica

Ovidio Zapico ha enmarcado este avance en una deuda histórica de las instituciones con las víctimas de la represión franquista: “Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público”, ha explicado.

El consejero ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones.

Recoger el testigo

“Las administraciones -ha asegurado- hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación”.

El titular de Derechos Ciudadanos ha resaltado especialmente el carácter simbólico y político que representa la localización de estos restos.

Trabajos con financiación pública

“Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto”, ha expresado bajo la atenta mirada de los familiares.

Estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan “un antes y un después” en la política de memoria democrática en Asturias, ha destacado.

Además, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo técnico y la profesionalidad del personal arqueológico y ha asegurado que las labores continuarán en los próximos días tras la autorización del juzgado de Avilés.

Represión en la Quinta de Pedregal

Sin embargo, Ovidio Zapico no se ha limitado a ensalzar la importancia de este hallazgo, sino que ha aprovechado para realizar un llamamiento directo a la ciudadanía: “Es el momento de que las familias den un paso al frente. Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos”, ha añadido.

Por ello, ha incidido en la importancia de tratar de salvar este desconocimiento ya que, según comentó, en este enclave podrían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal de Avilés.

Recogida de muestras de ADN

El consejero considera que para lograr este objetivo es imprescindible que las familias colaboren para la recogida de muestras de ADN que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos.

“Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados”, ha resumido el titular de Derechos Ciudadanos.

Medio siglo más tarde del fin de la dictadura franquista y casi noventa años desde que se cometieron los asesinatos, el próximo 17 de febrero se realizará el acto de entrega de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña a sus familias, en la Casa de la Cultura de la localidad de Mesegar de Tajo (Toledo), a las 12:30 horas.

Ambos fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana, según explican desde la Asociación Manuel Azaña, por “una centuria de falangistas procedente de Las Palmas”. Este acto estaba previsto para el pasado 22 de enero, sin embargo fue aplazado debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Primeramente, está prevista una actuación musical por parte de los Juglares del Campo de Montiel. Después intervendrán los diferentes agentes que han hecho posible la exhumación y análisis de los cuerpos encontrados en la fosa común, así como parte de los familiares de Agustín Labrado. Los restos de las víctimas se trasladarán al cementerio local.

La historia de Agustín y Timoteo

El investigador Francisco González comenzó a indagar en la vida de las dos personas que podían coindicir con los cuerpos hallados en una fosa común en la población toledana. Timoteo Higuera era un joven de 17 años. En el archivo municipal de Mesegar de Tajo no había documentación anterior a 1940, pero sí se sabe que su padre era afiliado a UGT y miembro del PSOE. También averiguó que Timoteo era susceptible de ser fusilado a través de documentación de un consejo de guerra.

Agustín Labrado había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Su padre era afiliado a UGT y había sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Carriches.

Rosa Labrado, nieta de Agustín, contaba a este medio el año pasado que ellos sabían que a su abuelo paterno lo habían matado en la guerra, pero no en qué condiciones: “No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”.

A pesar de ser un tema tabú en su familia, en lo que ella señala que podría ser “un trauma” de su padre que “no hablaba de nada de lo que pasó”, en este municipio toledano era una historia conocida: dos personas habían sido asesinadas y se encontraban en una cuneta a las afueras del pueblo.

Durante el proceso de exhumación, que se llevó a cabo en agosto de 2025, se rescataron restos óseos de dos cadáveres y el posterior estudio de ADN comparativo con los nietos de Agustín Felipe Labrado permitió la identificación de ambos individuos.

En esta exhumación participaron, además, la Dirección General de Atención a las Víctimas (SEMD), así como parte de la asociación Manuel Azaña que tiene su sede en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Mesegar de Tajo también colaboró en el proceso.

La exhumación de la fosa común Monumento en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se calcula que puede haber hasta 2.613 represaliados del régimen franquista, se mueve en dos líneas paralelas. Por un lado, las cuatro administraciones (los gobiernos central y andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense) siguen afinando a ritmo pausado los convenios que hagan posible estos trabajos, mientras que por otro las asociaciones memorialistas mantienen su presión sobre el gobierno municipal del PP, que en teoría debe liderar este proyecto y no hace más que defender un “compromiso sincero” del que desconfían estos colectivos.

Buena muestra de estas posturas encontradas ha sido la reciente reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Memoria Democrática, forzada por los memorialistas reuniendo los votos necesarios que exige su reglamento, en la que el gobierno de José Luis Sanz (PP) insistió en que no se esconderá llegado el momento. “Este Consistorio siempre va a apoyar que las familias recuperen sus seres queridos, mantiene un compromiso inequívoco con el proyecto y con la parte económica que le corresponda”, aseguraron en este sentido fuentes municipales a Europa Press.

Las entidades (en el Consejo están también sindicatos y partidos políticos) admiten que el primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), transmitió de manera literal su “sincero compromiso” con la exhumación, pero esto no les termina de convencer. “Los hechos hacen que tengamos que poner en duda estas buenas palabras, que se van a quedar en sólo eso”, lamentan desde la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

Propaganda frente a sensibilización

“Muy buenas palabras, pero los hechos son los hechos”, insiste su secretario Juan Cruz, que incide por ejemplo en la renuncia municipal a una subvención directa de 200.000 euros por parte del Ejecutivo central. Esta cuestión fue precisamente la que justificó la sesión extraordinaria del Consejo, en la que el PP alegó “excusas administrativas de plazos inasumibles” para no aceptar estos fondos.

A esto unió su desacuerdo con la obligación de reservar una parte para lo que considera “papelería y propaganda”, que para Cruz consiste en una tarea de “difusión y sensibilización”, porque “la ciudadanía debe saber qué ocurrió aquellos años, que se fusiló a demócratas del gobierno legítimo de la República”. En Monumento, que se habría utilizado entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del por entonces secretario general del Partido Comunista.

El Ayuntamiento defendió en esta reunión que se camina a una planificación “mucho más realista”, que asegura se habría consensuado por las administraciones en enero en la primera reunión de la comisión de seguimiento del proyecto. Pero en realidad, lo que defiende como avances ya se habían incluido en el protocolo firmado en junio por las cuatro partes, como la posibilidad de prolongar los trabajos a cuatro años (ya se recoge la opción de 3+1) o la identificación genética y el estudio antropológico.

“Falta voluntad para liderar el proyecto”

Con todo esto, los memorialistas salieron de la reunión convencidos de que al gobierno de José Luis Sanz “le falta voluntad para liderar el proyecto”, algo que –recuerda Cruz– le corresponde como propietario que es del terreno en el que se hará la exhumación. “Está a expensas de lo que hagan las otras administraciones”, y por ello lamentan la resistencia municipal a ofrecer “un compromiso claro o un calendario” para asumir estos trabajos.

Así las cosas, las administraciones siguen trabajando en paralelo en terminar de encajar las piezas, sin renunciar incluso al objetivo inicial de que la exhumación empiece a finales de este año y concluirla así incluso en 2029. Como el Gobierno central ya avanzó una ayuda de 200.000 euros que al final no aceptó el Consistorio, ya no le hace falta firmar un convenio sino que se actualizará el real decreto que recogía esta ayuda para subrayar su compromiso de colaboración y que la financiación está disponible, fórmula que considera más ágil para que así el gobierno local disponga de recursos desde el primer momento.

“Ahora lo que hace falta es que las demás administraciones firmen el convenio (fórmula por la que ellos comprometen sus aportaciones) y que el Ayuntamiento ponga en marcha la licitación de los trabajos”, se apunta en este sentido desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La Diputación, por su parte, ha resuelto que en cada una de las anualidades previstas (2026/2029) abonará un 25% de lo que le corresponde hasta alcanzar los 500.000 euros que en principio le tocan, porque el montante global se cifra en dos millones de euros. Si se superara esta cifra, la diferencia también se repartirá por igual entre las cuatro instituciones.

Lourdes Herrasti (Aretxabaleta, 1958) es una historiadora y antropóloga que trabaja como investigadora en el Departamento de Antropología de la Asociación de Ciencias Aranzadi, donde desde hace décadas participa en proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la Guerra Civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. Además de los hallazgos, el trabajo de Herrasti se basa en realizar análisis antropológicos de los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas, que en el caso de Euskadi, gran parte se trata de gudaris o combatientes en la Guerra Civil. Así, con los objetos y restos que encuentra, trata de recabar la historia para poder contársela a la familia cuando trasmite la noticia que llevan toda la vida esperando: la de que han encontrado a su familiar desaparecido. “Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción”, confiesa la antropóloga.

De esta manera, a través de Aranzadi han desenterrado a más de 5.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Pero también han realizado estudios sobre la violencia de motivación política y decenas de monográficos, históricos y antropológicos, tanto en la época de la memoria histórica (1936-1959) como en la memoria reciente (1960-actualidad), teniendo en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. “Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos”, reconoce Herrasti.

¿Cuándo y cómo supo que quería ser antropóloga? ¿En aquella época había más mujeres dedicándose a ello?

Estudié la carrera de Geografía e Historia y me formé como historiadora pese a que mi objetivo era trabajar en arqueología. Lo de dedicarme a la antropología ha sido un poco sobrevenido, porque en los yacimientos arqueológicos encontrábamos restos humanos y tuvimos la posibilidad de analizarlos y así conformar un grupo de análisis conjunto entre varias personas. En mi época no había muchas antropólogas aunque ahora podríamos decir que es un trabajo casi femenino porque hay muchísimas mujeres dedicadas a la antropología, pero en los años 70 u 80 todavía había un número escaso de mujeres.

Ha trabajado en multitud de proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la guerra civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. ¿Qué supone para usted?

Comenzamos trabajando con las fosas casi por casualidad, porque nos llamó el arqueólogo territorial de León y su mujer, que es antropóloga, para decirnos que iban a abrir la primera fosa en Priaranza del Bierzo, hace 25 años, y querían que colaborásemos con ellos. Así empezó un tema que nadie esperaba, que es el conocimiento del que existían numerosas fosas clandestinas en el territorio peninsular de España y, que al mismo tiempo, había un gran desconocimiento sobre la represión que tuvo lugar en la Guerra Civil y en la posguerra. En nuestro caso, en el País vasco, hemos creado un grupo que desde el principio, desde el año 2003, ha estado trabajando con apoyo institucional del Gobierno vasco y del Instituto de la Memoria (Gogora) posteriormente y nos hemos dedicado a ello ininterrumpidamente. Normalmente, lo que encontramos son fosas de combatientes porque son las más comunes en la zona. De hecho hay pocas fosas clandestinas en el País Vasco que conozcamos y que persisten, las que había ya no están.

¿Cómo es el momento en el que le dicen a un familiar “lo hemos encontrado”?

Sin duda es un momento muy emocionante cuando comunicamos a los familiares que hemos localizado a la persona que están buscando. Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción.

¿Por qué es importante seguir haciendo este trabajo pese a las voces contrarias?

Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos. Aquellos que se manifiestan en contra de las exhumaciones, en realidad no tienen motivos claros, salvo los exclusivamente políticos o el desconocimiento, porque la búsqueda de las víctimas malenterradas o enterradas clandestinamente no puede perjudicar a nadie. Lo que se trata es de recobrar la memoria de todas ellas y de retornar a los familiares sus restos. Por lo tanto, no hace mal a ninguna persona, se trata de una lucha por los derechos humanos.

¿Qué supuso el descubrimiento de la mano de Irulegi?

Supuso una alegría porque es un hallazgo muy importante de cara a conocer el periodo del siglo I a. C. y el siglo II a.C y conocer también la existencia de la población vascónica y comprobar que tenían un idioma que además sabían escribir. Siempre se había pensado que eran anepígrafos y, sin embargo, ahora tenemos una escritura y se confirma también a través en las monedas. Es un hallazgo que puede ser el primero de otros muchos.

Gran parte de su trabajo se centra en la divulgación. ¿Por qué es importante?

La divulgación es muy importante para conocer la tarea que se está haciendo. Este trabajo no puede ser en ningún caso privado, porque además de la vertiente íntima y privada de los familiares, tiene una vertiente claramente social, política e histórica y, por lo tanto, debe darse a conocer. Es un conocimiento bueno y válido para toda la sociedad. Cuando hablamos de divulgación deberíamos tener en cuenta en todo momento a los jóvenes. A través de los proyectos Escuelas con Memoria [un programa que acerca la memoria histórica a las aulas] que se están llevando a cabo en muchos lugares, muchos jóvenes pueden aprender qué fue lo que pasó, porque muchos de ellos desconocen los hechos y tienen una visión desvirtuada y falsa de ellos.

¿A las nuevas generaciones les interesa la historia y/o antropología? ¿Está habiendo un retroceso en ese sentido?

La historia suele ser vocacional y de madurez, pero eso no quita que muchos jóvenes tengan interés en los hechos históricos. Creo que el tema de la memoria histórica podría ser uno de ellos. En cuanto a la antropología puede llegar a atraer más a los jóvenes después de que las series que ven hayan puesto de moda el tema de la investigación criminal, de los estudios de los restos humanos y del esclarecimiento de asesinatos y crímenes a través de la investigación de esos restos, pero es importante que sea algo conocido por la sociedad en general y no solo por especialistas.

El compromiso político para exhumar la fosa franquista Monumento, la más grande de Sevilla con al menos 2.613 represaliados, ha cogido un nuevo impulso al que el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) se está sumando a rastras. Y por ello las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Memoria Democrática van a forzar la celebración de una sesión extraordinaria para que el gobierno de José Luis Sanz explique por qué, a finales de año, renunció a una subvención estatal de 200.000 euros para echar a andar los trabajos. El argumento esgrimido por el Consistorio fue que era “imposible” cumplir con los plazos a los que obligaba esta transferencia.

Con este movimiento, las entidades lo que pretenden es azuzar al PP y que saque el proyecto del letargo en el que lo metió al conquistar la Alcaldía en junio de 2023, una actitud abonada por el nulo entusiasmo que en materia de memoria histórica ha demostrado desde el primer minuto, lo que se ha traducido por ejemplo en la casi eliminación de la oficina especializada y en la liquidación de todo rastro de la web municipal. Una inercia, por cierto, que no han ayudado a mejorar los pactos con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

En el escrito registrado para reclamar esta sesión extraordinaria, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que la renuncia a la subvención (nominal y finalista) es “un hecho de especial trascendencia”. No sólo eso, ya que también se considera que esta no aceptación de los fondos estatales “no ha sido ni informada ni consultada” con el pleno de este consejo sectorial, cuestión –recuerdan– a la que obliga su propio reglamento.

Convocatoria obligada

Las asociaciones señalan que la convocatoria es obligada cuando la reclaman al menos un cuarto de los vocales, requisito que se cumple de sobra al solicitarla seis asociaciones, tres sindicatos y dos grupos políticos. La propuesta se ha hecho a petición de las asociaciones Memoria Libertad y Cultura Democrática, RMH Manuel Barrios Jiménez y Adriano Antinoo, miembros de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. A ella se han adherido Nuestra Memoria, PTE-JGR y Unidad Cívica por la República, además de CCOO, CGT y UGT y los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU.

En el escrito, se le exigen explicaciones al regidor por dejar de lado la ayuda estatal, algo que consideran especialmente grave por “la avanzada edad de los familiares de las víctimas y las consecuencias de los constantes retrasos en el inicio de las exhumaciones”. Por ello, reclaman una respuesta sobre unos trabajos en la fosa que consideran “de justicia y reparación”.

El gobierno local, por su parte, ha justificado que no aceptó la subvención (para lo que sólo tenía que mandar su conformidad) porque imponía un plazo a su juicio “imposible” por la tramitación a la que obliga un proyecto de este calibre. Así lo volvió a defender en la primera comisión de seguimiento celebrada recientemente para analizar el cumplimiento del protocolo que en junio suscribieron las cuatro administraciones que, al 25%, financiarán una exhumación cuyo coste no bajará de los dos millones de euros: los gobiernos central y autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento.

Empezar a finales de año

Es precisamente el Consistorio el que debe liderar la iniciativa, ya que es propietario del suelo que alberga una fosa que se ubica en el cementerio de San Fernando, a escasos metros de la de Pico Reja, que se terminó de excavar hace ya casi tres años. Pero el gobierno local del PP alega que no dará un paso hasta que se firmen los correspondientes convenios entre las administraciones, por mucho que Ejecutivo central, Junta y Diputación tengan reservados fondos para estos trabajos.

De hecho, el Ayuntamiento hispalense es el único que no ha previsto en las cuentas para 2026 recién aprobadas una partida para hacer frente a la parte que le corresponda, lo que obligará a esperar a 2027 o a una modificación presupuestaria en el presente ejercicio. Esta posibilidad la sacaría adelante sin problemas con el respaldo de PSOE y Podemos-IU, para disgusto de Vox.

El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido a reenviar los 200.000 euros rechazados en su momento, mientras que Junta y Diputación tienen partidas reservadas en las cuentas de este año. Así las cosas, y si nada vuelve a torcerse en un camino que está resultando más tortuoso de lo esperado, se confía en rubricar en breve los correspondientes convenios, lo que daría el pistoletazo de salida a una tramitación administrativa con la vista puesta en iniciar el proyecto sobre noviembre. Si eso es así, e insistiendo en que siempre que no haya más tropiezos, podría mantenerse 2029 (a finales, eso sí) como fecha para concluir los trabajos.