El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

“Maricón”, “bollera”, “sarasa”, “tortillera” o “travelo”. El 75% de la población afirma haber presenciado ataques, físicos o verbales, contra personas del colectivo LGTBI. Más de la mitad, lo ha hecho “con frecuencia” en el último año. Son los datos de una encuesta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este jueves.

La encuesta del CIS muestra que buena parte de la población considera que las personas LGTBI no tienen la misma libertad para expresarse o compartir su orientación sexual que el resto. “Los españoles creen que sigue siendo un tema tabú”, indica la entidad en una nota de prensa. El 35,3% de la población asegura que una persona homosexual no puede expresarlo libremente en el trabajo, el 30,1% considera lo mismo en los centros de estudios y un 20,4% piensa que no puede contarlo en la intimidad familiar. En el caso de las personas trans, la mitad de los encuestados considera que no pueden compartirlo en su trabajo.

Pertenecer al colectivo LGTBIQ+ es , en muchos casos, un sinónimo de aislamiento. Así lo considera el 36,6% de la población, que afirma haber presenciado en alguna ocasión “cómo han dejado de hablar” o “han aislado” a alguna persona de este colectivo.

Por partidos políticos, los encuestados consideran que el que PSOE (40,9%) es el que “mejor defiende los derechos del colectivo, muy por encima de Podemos (27,9%) o de Sumar (25,8%)”, mientras “solo un 5,8% piensa que el PP es el partido que más los defiende”, indica el CIS. Precisamente, este mismo jueves, el Congreso ha aprobado la ley que castiga con cárcel las terapias de conversión LGTBI, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP.

La encuesta muestra, no obstante, algunos datos positivos. El 71,1% de la muestra admite que el avance en derechos LGTBI “beneficia al conjunto de la sociedad” y casi ocho de cada diez valora “positiva” y “muy positivamente” la celebración del día del Orgullo. La Encuesta Nacional de Salud Sexual, actualizada después de 16 años, muestra que la aceptación de las relaciones LGTBI se ha duplicado, con el 88% de la población que las considera tan respetables como el resto.

Diferentes ante la ley

La encuesta también pregunta sobre la aplicación de las leyes. Casi el 60% de la población considera que estas no afectan por igual a todos los ciudadanos, sino que determinadas ideas políticas influyen en su aplicación. De hecho, el 72% cree que el trato legal se da “según de quién se trate”.

Y, en ese según de quién se trate, salen perjudicadas las personas gitanas o de origen extranjero para la mitad de los encuestados y las mujeres, para el 45%. Además, cuatro de cada diez opina que también penaliza ser musulmán, homosexual, transexual o tener una discapacidad.

Alfonso Fernández Mañueco ha asumido la prioridad nacional en su toma de posesión de la presidencia de Castilla y León. Pero lo más inquietante ha venido después en su discurso. Cuando ha pedido “evitar demagogias interesadas sobre algo tan fácil de entender”. Sin duda la ideología de Mañueco no choca con la idea de que los españoles han de tener prioridad sobre los emigrantes a la hora de obtener un servicio del estado. Aunque eso sea una aberración respecto de cualquier principio democrático y humanístico, como el que ha reivindicado el Papa. Lo malo es que el presidente castellano-leonés no está solo. Ese es el drama de España en estos momentos.

Porque un par de días antes de ese discurso, el vilipendiado CIS publicaba los resultados de un sondeo, según el cual el 44,6 por ciento de los españoles están de acuerdo con esa idea de la “prioridad nacional” que Vox ha convertido en su principal lema y que el partido de Santiago Abascal va imponiendo como condición irrenunciable para formar gobierno con el PP en aquellas comunidades autónomas en las que éste necesita de sus votos para acceder al gobierno.

El porcentaje, bastante impresionante, y lo que significa, vienen a contradecir la idea, bastante extendida hasta hace poco, de que en España los sentimientos contra la emigración y los emigrantes era un fenómeno minoritario que tenía poco que ver con lo que ocurría en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. Los recelos hacia los emigrantes y el apoyo a quienes querrían recortar sus derechos ciudadanos son aquí casi tan fuertes como en buena parte del resto de Europa. Sólo que la táctica política de los partidos que están cerca de esos planteamientos -desde luego Vox, pero también, aunque con menor intensidad, el PP- les ha aconsejado no exponerlos con claridad meridiana hasta hace muy poco.

Ahora la contención se ha roto. La ha roto Vox y le ha seguido, sin alharacas, pero con pasos incontrovertibles, el PP. Y la “prioridad nacional” figura en los programas de gobierno de Castilla y León, de Extremadura y de Aragón, está entrando en el de la Comunitat Valenciana, en breve sabremos como se acomoda en el de Andalucía, al tiempo que en las tres primeras autonomías a Vox le ha tocado la gestión de la suerte de los menores emigrantes no acompañados, un problema sobre el que la ultraderecha ha expresado en el pasado las ideas más primitivas pero también brutales.

El motivo de este cambio hay que buscarlo en los datos de la encuesta del CIS. La ultraderecha ha comprendido que su postura es compartida por buena parte de la opinión pública. Seguramente lo sabía dese hace tiempo y quienes se engañaban eran quienes no querían verlo. Porque, como dice Mañueco, lo de que se mire con recelo o animadversión -que ya veremos sin un día llega a odio- a los emigrantes “es algo muy fácil de entender”. Porque está muy dentro y desde siempre en las personas reaccionarias como el presidente castellano-leonés.

Y quien sabe si de toda la derecha. Es en efecto muy difícil de valorar qué impacto han tenido las denuncias de actitudes y comportamientos xenófobos que el Papa ha hecho estos días en España y que indudablemente tenían como principal destinatario a esa parte del mundo católico, vaya usted a saber si mayoritaria o no, que no mira precisamente con simpatía a los emigrantes.

Las cosas tienen que decantarse aún para tener una visión de conjunto del asunto. Pero antes de eso surge una pregunta: esa conexión de una parte significativa de la opinión pública con los planteamientos de Vox en materia de emigración, ¿podría extenderse a una aceptación en la práctica, aunque sea a la distancia, del protagonismo relativo de Vox en la escena política? Dicho de otra manera: ¿se está normalizando a Vox, se empieza a considerarlo un partido político más, como ha ocurrido en otros países europeos?

Quienes estén contribuyendo a ello, y el PP figuraría en cabeza de ese empeño, puede que un día se arrepientan mucho de lo que ahora están haciendo. Porque la capacidad destructiva de cualquier forma de convivencia democrática, de paz política, que tienen las huestes de Santiago Abascal, herederas del fascismo más brutal, el de antes y el de ahora, no tiene límites. Porque si Vox adquiere un protagonismo en la conducción de los asuntos públicos, y todo indica que puede hacerlo, la democracia estará en peligro.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero se hunde respecto al mes pasado después de que salieran a la luz las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díaz. El Barómetro de junio hecho público este jueves mantiene a los socialistas por encima del PP, pero lejos de los más de 11 puntos de ventaja del mes pasado. Ahora ese predominio es de 4,2 puntos. La encuesta se realizó a través de 4.024 encuestas entre el 1 y el 4 de junio.

En el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,3% de los votos, casi cinco puntos por debajo del mes pasado cuando obtuvieron el 36,2% de los apoyos. El PP crece, por su parte, en dos puntos y dos décimas y pasa del 24,9% de mayo al 27,1% actual. Vox cae aunque solo cuatro décimas y pasa del 16,2% de mayo, al 15,8% de junio, con lo que el PP le saca una ventaja de más de 11 puntos. Sumar crece apenas siete décimas, hasta el 6,4% y Podemos crece tres, hasta el 2,8%.

Otro mes más y pese al hundimiento de sus expectativas electorales Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5. Le siguen la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,05), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,79) y el de Vox, Santiago Abascal, que con un 2,99 de puntuación vuelve a ser el que encaja una peor nota.

Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.

Vivienda y economía, entre las preocupaciones

También igual que el mes pasado, el principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (41,5%), seguida de la crisis económica y los problemas de índole económica (19,2%), y la inmigración (18,9%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económica, en primer lugar, con el 28,4%; en segundo lugar, la vivienda con el 27,4%, y la sanidad, con el 21,7%.

Gairebé set mesos després que una vintena de jutges i juristes de prestigi de Balears, entre els quals es troben els exjutges José Castro  i Juan Pedro Yllanes, remetessin una carta al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en què reclamaven, per quarta vegada consecutiva, que el rei Felip VI anunciés la seva renúncia a la inviolabilitat penal que li atorga la Constitució, la Moncloa ha respost sense entrar en el fons de la petició. Lluny de pronunciar-se sobre la possibilitat d'impulsar una reforma legal o constitucional en aquest àmbit, el Govern central ha recomanat als signants que traslladin directament la seva sol·licitud a la Casa del Rei.

“Gràcies per escriure al president del Govern. Li contestam en nom seu”, comença el missatge remès per la Secretaria General de Relacions Institucionals i Ciutadania. “Acusam recepció del seu escrit i li recomanam que, si així ho considera, el faci arribar directament a la Casa de Sa Majestat el Rei a través de la seva pàgina web. També pot fer-ho per via postal remetent una carta al Palau de la Zarzuela”, expressa la missiva adreçant-se a un dels signants, afegint tot seguit l'adreça on s'ubica la residència oficial de la Família Reial.

La carta també evita pronunciar-se sobre una altra de les peticions que els juristes havien dirigit exclusivament a l'Executiu central: que el CIS incorpori una pregunta sobre aquesta qüestió als seus baròmetres. “Atès que no hem rebut d'aquesta Presidència del Govern resposta a cap dels tres escrits que li enviàrem abans dels successius discursos de Nadal pronunciats des de 2022, amb la mateixa petició que aquí reiteram, volem sol·licitar també que, a partir de gener de 2026, el CIS inclogui entre les preguntes de les seves enquestes una que reculli l'opinió de la societat sobre si ha de continuar el privilegi que permet a l'actual cap de l'Estat situar-se al marge de l'acció de la Justícia en qualsevol circumstància”, comentaven els juristes en la seva darrera missiva.

Sondejar l'opinió pública

Els sol·licitants consideren en aquesta mateixa carta que sondejar l'opinió pública ajudaria a superar qualsevol incertesa sobre una possible reforma legal en aquest sentit: “Aquesta petició només depèn del Govern que vostè presideix [en referència a Pedro Sánchez] i la consideram important per resoldre els dubtes que poguessin existir entre els membres del Congrés i del Senat sobre la reforma legal d'un privilegi personal que es manté i les conseqüències reals del qual han estat molt negatives per a la nostra democràcia”.

En aquest sentit, la Moncloa es limita a respondre que també “pot enviar la seva sol·licitud en relació amb el qüestionari del Centre d'Investigacions Sociològiques a aquest mateix organisme”, facilitant tot seguit l'enllaç que condueix a la pàgina web de l'ens demoscòpic. “Li agraïm de nou que s'hagi pres el temps d'escriure al president del Govern. Per a ell és molt important conèixer les necessitats, inquietuds i reivindicacions de la ciutadania. Una cordial salutació”, conclou l'escrit.

La resposta remesa per la Moncloa ha generat perplexitat entre els impulsors de la iniciativa. Els promotors qüestionen que la Presidència del Govern els remeti a la Casa del Rei quan la seva reclamació no anava adreçada a la Corona, sinó a l'Executiu, que consideren competent per impulsar els canvis legals i constitucionals necessaris per posar fi a la inviolabilitat que empara el cap de l'Estat. En els seus escrits, els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, motiu pel qual consideren cridaner que la Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a adreçar-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar.

Els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, per la qual cosa consideren cridaner que Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a dirigir-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar

Així mateix, els signants mostren la seva estranyesa pel fet que la resposta es formuli com si es tractàs d'una iniciativa individual, malgrat que tots els escrits remesos fins ara identificaven expressament els membres del col·lectiu i els juristes que donen suport a la reivindicació. Al seu parer, la contestació no aclareix si el Govern comparteix la necessitat de revisar aquest privilegi constitucional, si contempla alguna reforma en aquest àmbit o si, per contra, descarta qualsevol modificació.

Davant la manca de pronunciament de la Moncloa, els juristes han decidit obrir el debat a la ciutadania mitjançant una columna d'opinió a elDiario.es en què expliquen que, abans de decidir les pròximes passes de la iniciativa, desitgen conèixer el parer de la societat sobre la reforma constitucional que venen reclamant des de 2022. La columna està signada per Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes i María Durán.

La proposta de Carmen Calvo que mai no va prosperar

La inviolabilitat del rei és una prerrogativa la interpretació de la qual ha estat ampliament discutida per experts en Dret Constitucional i altres juristes, que consideren que aquesta figura hauria de suprimir-se completament o limitar-se exclusivament als actes realitzats en l'exercici del càrrec -i no a l'àmbit privat-.

En la seva darrera missiva, a la qual va tenir accés en primícia elDiario.es, els impulsors de la iniciativa recordaven que l'actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, va reconèixer el maig de 2022 que, com a vicepresidenta del Govern, havia dut a terme gestions davant la Casa Reial per conèixer l'opinió del cap de l'Estat sobre la possibilitat d'una reforma legal destinada, segons els juristes, a “suprimir el privilegi personal que li permet cometre tota mena d'abusos sense retre comptes davant la Justícia”, una circumstància que, asseguren els signants de la carta, pot provocar, “entre altres conseqüències no desitjables, la indefensió de persones afectades”.

Sense citar-les expressament, al·ludien a les manifestacions que Calvo va fer a El País en un article publicat al maig de 2022. “Jo ho vaig plantejar, es va valorar, es va posar damunt la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial”, va manifestar. Pedro Sánchez li havia encomanat un any abans la tasca de posar en marxa un nou “marc d'actuació” més transparent, modern i actualitzat de la monarquia, però, finalment, els canvis varen quedar limitats a una sèrie de mesures de transparència. En unes jornades celebrades a principis de 2022, segons recollia el mateix mitjà, Calvo va emfatitzar la necessitat d'establir, sense necessitat de reformar la Constitució, “en què és inviolable i en què no” el monarca.

Els signants de la carta lamentaven que haguessin transcorregut més de tres anys i mig des que es va conèixer “el fracàs d'aquella gestió” sense que des de llavors s'hagi produït “cap avenç en la justa reforma plantejada per qui fou vicepresidenta del Govern”. Per això, reiteraven la seva petició perquè el cap de l'Estat, durant el discurs televisat que va pronunciar el passat 24 de desembre, inclogués la seva renúncia al privilegi de la inviolabilitat.

Carmen Calvo va assegurar que el Govern central va estudiar la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei: 'Jo ho vaig plantejar, es va estudiar, es va posar sobre la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial'

El precedent de Joan Carles I

“Una decisió que estam convençuts que seria acceptada per una majoria suficient dels representants elegits en les darreres eleccions generals”, subratllaven els juristes. “El mateix any en què celebram les primeres passes cap a la democràcia després de la desaparició del dictador ens sembla un moment molt adequat perquè comenci la reforma d'un privilegi personal que mai no hauria d'haver estat traslladat a la Constitució de 1978 en els termes que varen permetre la realitzada pel Fiscal Anticorrupció el març de 2022”, remarcaven.

Es referien, concretament, a la decisió adoptada aquell any per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va arxivar les investigacions dirigides a seguir el rastre dels 100 milions de dòlars que va percebre Joan Carles I del seu homòleg a l'Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, així com dels diners que els seus benefactors varen emprar per pagar-li centenars de milers d'euros en despeses personals i que mai no varen passar per les mans de l'Agència Tributària. Les claus de la seva exoneració residien, principalment, en la seva inviolabilitat.

Tal com ha informat aquest diari, l'anterior rei d'Espanya va guardar la seva fortuna en un banc suís i a nom d'una fundació domiciliada a Panamà. Si hagués ingressat els diners en un banc espanyol i hagués declarat aquella donació davant Hisenda, Joan Carles hauria aportat 51 milions d'euros a les arques públiques.

El maig de 2025, a més, el Tribunal Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes cercaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig de capitals. Els magistrats varen emprar uns arguments que barren el pas a qualsevol iniciativa legal present o futura contra ell, emparant-se en les resolucions d'arxivament signades per la Fiscalia el 2022 i que “tanquen la porta a l'obertura d'una investigació judicial” sobre els seus diners. Es tracta d'un desenllaç que, a la pràctica, situa el monarca fora de l'abast del Dret penal en qualsevol circumstància, fins i tot per actes estrictament privats.

El Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes buscaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig

Rex non potest peccare

La inviolabilitat del monarca, emparada per l'article 56.3 de la Constitució de 1978 -“la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”-, és un dels aspectes més controvertits de l'arquitectura constitucional espanyola. Es tracta d'una figura jurídica que abasta tant els actes oficials del cap de l'Estat com els privats i que enfonsa les seves arrels en la sacralitat reial de les antigues monarquies -resumida en l'aforisme llatí Rex non potest peccare (“el rei no pot pecar”)-, incorporada al constitucionalisme modern com un escut davant qualsevol responsabilitat penal o civil.

En els darrers anys, ha cobrat força el debat sobre l'abast d'aquesta prerrogativa i la impossibilitat d'exigir responsabilitats més enllà dels actes comesos pel rei com a cap de l'Estat. La controvèrsia es va intensificar arran de l'esclat del cas Nóos, en què, per primera vegada en la història judicial espanyola, un membre de la família reial, la infanta Cristina, es va asseure al banc dels acusats. La causa va obrir seriosos interrogants sobre la suposada intervenció que Joan Carles I hauria tingut en els fets investigats i va posar en qüestió fins a quin punt el seu blindatge hauria pogut emparar decisions o comportaments que, en el cas d'altres ciutadans, haurien estat objecte de responsabilitat penal.

Precisament sobre això, el jutge que va instruir la causa, José Castro, assegurava en una entrevista concedida a elDiario.es que hauria investigat el rei emèrit si no hagués existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat.

El jutge que va instruir el cas Nóos, José Castro, assegurava que hauria investigat el rei emèrit de no haver existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat

Diverses sentències del Tribunal Constitucional (TC) han posat de relleu, a més, la tensió existent entre la inviolabilitat del rei i el control parlamentari. Una d'elles és la que va anul·lar part d'una resolució del Parlament de Catalunya que reprovava Felip VI pel seu discurs després del referèndum de l'1-O de 2017 i que qualificava la monarquia d'“institució caduca”: segons els magistrats, la reprovació vulnerava l'article 56.3 de la Constitució perquè atribuïa al Rei una responsabilitat política que la Carta Magna no li permet assumir.

Altra sentència, que va anul·lar la creació, per part de la Cambra autonòmica catalana, d'una comissió parlamentària d'investigació sobre la monarquia, va dictaminar que allò que es pretenia era indagar en activitats del rei que, d'acord amb la Constitució, estan protegides per la seva inviolabilitat i no estan subjectes a cap responsabilitat. Ambdues resolucions posaven així de manifest que la inviolabilitat no és un simple blindatge simbòlic, sinó un límit legal que impedeix que qualsevol òrgan parlamentari pugui exercir control polític o investigar penalment el rei.

Els sondejos de Suárez a favor de la III República

Cal recordar que el mateix grup de juristes que reclama que el rei renunciï a la inviolabilitat va remetre el gener de l'any passat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamen que es desclassifiqui tota la informació relativa als sondejos que suposadament l'expresident del Govern Adolfo Suárez hauria encarregat, diversos anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donarien la victòria a la proclamació d'una nova República a Espanya, però els detalls que envolten aquest assumpte romanen en el forat negre dels secrets oficials.

La confecció i els resultats de tals sondejos havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que un 'resbaló' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que seria desvelada per La Sexta Columna el novembre del 2016 –res menys que 21 anys després–, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, hi va introduir les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i estén les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”.

“Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem sondejos i perdíem”, va comentar tapant-se el micròfon que portava a la corbata. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que havia estat sotmès a referèndum ja”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el Barómetro de mayo, hecho público este viernes, mantiene a los socialistas con una amplia ventaja sobre el PP de más de 11 puntos, aunque son dos menos de los que le daba hace un mes, en el estudio de abril.

Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 36,2% de los votos, solo dos décimas menos que el mes pasado cuando lograron un 36,4%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 11,3 puntos.

El PP crece un punto y tres décimas y pasa del 23,6% de abril al 24,9% actual y Vox es el partido que más crece, en casi dos puntos, y pasa del 14,7% de abril al 16,2% de mayo, con lo que se queda a casi ocho puntos de los populares. Sumar baja una décima, hasta el 5,7% y Podemos crece tres, hasta el 2,5%.

El estudio se elaboró entre los días 4 y 18 de mayo y, por tanto, antes de que estallaran los escándalos vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuya imputación se conoció el día 19) y a la exmilitante socialista Leire Díez, conocido esta semana. Además se realizó durante la campaña andaluza que culminó el día 17 con la victoria de Juan Manuel Moreno que, no obstante, perdió la mayoría absoluta y tendrá que pactar con la extrema derecha para mantenerse en la Junta.

De nuevo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,59 puntos sobre 5. Le siguen Yolanda Díaz, con un 4,25; Alberto Núñez Feijóo, con un 3,74, y Santiago Abascal, con un 2,93.

Sánchez es, además, el favorito como presidente del Gobierno para el 42,8% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 22,7 puntos de ventaja sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,1%. Santiago Abascal lo es para el 13,5% y Gabriel Rufián, para el 6,4%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 35,8% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 63% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,7% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 80,3% asegura que “poca o ninguna”.

La “prioridad nacional” de PP y Vox

En el barómetro de mayo, el instituto que dirige José Félix Tezanos pregunta por la “prioridad nacional” que pretenden imponer PP y Vox en sus respectivos gobiernos para discriminar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos de origen extranjero. El 35,5% de los españoles dice estar “muy o bastante de acuerdo” con ese concepto xenófobo, mientras que un 41,5% se muestra “poco o nada de acuerdo”.

El 35% cree que el principio de ‘prioridad nacional’ es compatible con la Constitución Española, un 31,7% considera que no lo es, y un 20,4% no ha oído hablar de los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón en los que se acuerda el acceso a las ayudas y servicios públicos conforme a dicho principio.

El presidente Juanma Moreno revalidaría su mandato en las próximas elecciones andaluzas gracias a la victoria del PP con un 43,6% de la estimación de voto, aunque se quedaría al borde de la mayoría absoluta, ya que el reparto de escaños se movería en una horquilla de entre 51 y 59 escaños. Así, los populares sobrepasan al PSOE de María Jesús Montero por 17,8 puntos, según la encuesta preelectoral del CIS sobre el próximo 17 de mayo.

El avance de los resultados del estudio Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía coloca a los partidos en la casilla de salida a menos de un mes de los comicios, dejando al PP con las mayores probabilidades para ganar (43,6%), seguido por el PSOE (25,8%) y, en tercer lugar, Vox (10,3%). Cerrando filas, quedarían las confluencias de izquierda, donde Adelante Andalucía (8,5%) le saca ventaja a la plataforma liderada por Antonio Maíllo, ya que Por Andalucía (6,9%) quedaría en el último lugar de intencionalidad de voto.

A partir de las 8.017 entrevistas realizadas desde el 10 hasta el 18 de abril, el CIS estima que el reparto de escaños quedaría de la siguiente manera: el PP rondaría entre los 51 y 59 años [hacen falta 55 escaños para la mayoría absoluta]; mientras que el PSOE conseguiría entre 27 y 34; Vox oscila entre los 8 y 17 escaños; seguido por Adelante Andalucía, que aspira a conseguir entre 5 y 7 escaños; y Por Andalucía se quedaría entre los 4 y 5 escaños.

Adelante Andalucía, por delante de Maíllo

La publicación de este viernes se convierte es el segundo sondeo sobre las elecciones andaluzas del instituto democoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que a principios de abril situara a Moreno como el líder más valorado y enfriara las expectativas de la candidata socialista María Jesús Montero, situándola 23 puntos por debajo de su contrincante. Una cuestión llamativa es cómo la consecución de la plataforma entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos quedaría finalmente por detrás del candidato a la presidencia José Ignacio García. El maremoto político que supuso el acuerdo entre las partes, in extremis, rebajaría sus expectativas.

Con este panorama, ganarían escaños tanto PP, PSOE y Vox. En las pasadas elecciones autonómicas de 2022; el PP consiguió la mayoría absoluta con 58 escaños (ahora se sitúa entre 51-59); el PSOE sufrió para llegar a los 30 escaños (aunque este vaticinio lo sitúa entre los 27-34) y Vox alcanzó los 14 escaños (pudiendo sumar hasta los 17). Así, Adelante Andalucía, que durante esta legislatura ha contado con dos diputados, saltaría a los 5 o 7; en cambio, Por Andalucía mantendría sus números, con 5 escaños.

¿A quién verían como presidente? En este caso, se reafirman los primeros sondeos de principios de mes, ya que Juanma Moreno es el favorito para el 43,8% de los encuestados. En este caso, Montero se queda con un 20,7% del apoyo y, en tercer lugar, saldría José Ignacio García, con un 6,9%. Además, el candidato del PP es el único que aprueba con un 5,78, poniéndose por delante de Adelante Andalucía (4,74) y Maíllo (4,62). A casi un punto de distancia, estaría la candidata socialista (3,84) y Manuel Gavira, de Vox (3,34).

Sanidad, el principal problema

Cabe destacar que el CIS menciona que el 42,2% de las personas encuestadas piensa que la sanidad es el principal problema de la comunidad, muy por delante de la vivienda, que la sitúan con un 12%, y dejando el paro en la tercera posición con un 10,4%.

Las manifestaciones en contra del modelo de privatización y por una sanidad pública arrastraron a 21.000 personas a las calles de las ocho provincias andaluzas el pasado 12 de abril. La movilización, promovida por Mareas Blancas y con la participación de asociaciones, sindicatos y partidos políticos de izquierda, contó con una extensa marcha en donde la crisis de cribados de cáncer de mama aún resuena como uno de los más importantes trances políticos del gobierno de Juanma Moreno.

Es más, la defensa de la sanidad pública es la principal razón que influye a la hora de votar en estas elecciones, según se desprende de la encuesta, dado que así lo estima el 67,1% de los andaluces. En segundo lugar, quedaría dar “solución al problema de la vivienda”, con un 47,2%, y, por último, un 19,8% votará para que “se frene la inmigración”, dando cuenta de cómo el discurso sesgado y contrario de la ultraderecha ha calado entre los votantes.

En este punto, un 41,9% de los participantes dieron su aprobado a la gestión del Partido Popular, ya que calificaron la acción de gobierno como “buena o muy buena”. Al otro lado, un 28,1% la definieron como “regular” y otro 29,5% como “mala o muy mala”. Es decir, un 57,6% se alejan de dar su conformidad al ejecutivo autonómico.

Por otra parte, el 53,3% de los andaluces encuestados señala que la situación actual de la región es “muy buena o buena”; en cambio, un 35,1% asegura que es “mala o muy mala” y un 10,9% la califica como “regular”. Además, y en comparación con hace cuatro años, un 23,8% define el contexto actual como “igual”, pasando a un 35,8% que asegura que es “peor o mucho peor” y un 39,5% que la ve como “mucho mejor o mejor”.

En cuanto al despliegue de los partidos por contar con apoyos nacionales o situar en la precampaña las agendas de sus direcciones, los votantes tienen algo que decir. El 70,4% afirma que a la hora de votar en los comicios del 17M lo más importante serán los temas propios de Andalucía, véase como la sanidad, la vivienda o el paro. Solo un 21,2% asegura que le importa más los temas generales de España y desciende hasta el 7,5% los que concluyen que les preocupa ambas cuestiones por igual. Asimismo, el 61,4% de los encuestados manifiesta que sigue la cobertura mediática con “mucho o bastante interés”, en tanto que un 36,4% le despierta “poco o nada de interés”.

El barómetro del CIS da como ganador de las elecciones al PSOE con el 36,4% y aumenta su distancia con el PP —que se queda en 23,6% de los votos— a 12,8 puntos. En marzo esa diferencia era de 8,5 puntos. Es la ventaja más amplia para el PSOE desde el CIS de octubre de 2025.

Vox perdería apoyos y se mantiene como tercera fuerza pero con el 14,7% de intencion de voto frente al 16,6% que obtuvo hace un mes, según el CIS. Sumar también desciende y obtendría el 5,8% frente al 7,1% de marzo.

Esquerra Republicana lograría el 2,9% de los votos y Podemos estaría en el 2,2%. Es la inversa de lo que ocurría hace un mes, cuando Podemos estaba por delante con el 2,9% de la estimación y ERC por detrás con un 2,4%. Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez, experimenta un leve descenso con un 1,7% de estimación de voto.

El trabajo de campo de la encuesta coincidió con el arranque de los juicios que han sentado en el banquillo, por un lado, al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo Garcia por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la 'trama Kitchen'. PP y Vox todavía no habían llegado a un acuerdo de gobierno en Extremadura.

Valoración de líderes

El CIS sitúa a Pedro Sánchez como el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,81; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,25; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,68; y Santiago Abascal un 2,75.

Con respecto a los ministros, el titular de Economía y recién nombrado vicepresidente, Carlos Cuerpo, es el mejor valorado por los españoles con un 5,93. Le sigue la ministra de Defensa, Margarita Robles que aprueba con un 5,33 y, en tercer lugar, estaría el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy con 5,27.

Casi el 70% de los encuestados, preocupados por la guerra contra Irán

Ante los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán y la respuesta de este último, el 68,4% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” —cuatro puntos más que el mes pasado—, un 15,5% “algo preocupado”, y un 13,5% “poco o nada preocupado”. 

Además, el 86,9% cree que esta guerra supone un riesgo para la paz internacional, frente a un 10,1% que asegura que no.

Sobre la imagen internacional de España, un 42,6 opina que ha mejorado “poco o nada” y el 38,6% cree que ha mejorado “mucho o bastante”.

El 58,5% de los españoles cree que esta guerra les está afectando personalmente, de ellos, el 94,5% afirma que en lo que más lo nota es en la subida del precio de los carburantes (gasolina, diésel), el 92,5% en el encarecimiento de la cesta de la compra y el 80,1% en el incremento del coste de la factura de la luz y el gas.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero el Barómetro de marzo, hecho público este miércoles, reduce su ventaja sobre el PP, respecto a febrero, cuando le sacaba 10 puntos. Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,8% de los votos, casi un punto menos que el mes pasado cuando logró un 32,6%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 8,5 puntos.

El PP crece cuatro décimas y pasa del 22,9% de enero al 23,3% actual y Vox reduce considerablemente su apoyo en casi dos puntos y pasa del 18,9% de enero al 16,6% de febrero, con lo que se queda a solo cuatro puntos de los populares. Sumar crece una décima, hasta el 7,1% y Podemos baja un punto, hasta el 2,9%. Vox es la fuerza política que más cae según este sondeo que coincide con el apoyo cerrado del partido de Santiago Abascal a la estrategia de Donald Trump en Irán.

Las encuestas de este último barómetro se hicieron entre el 2 y el 6 de marzo y, por tanto, una vez que comenzaron los ataques de Israel y EEUU a Irán o Líbano, y tras quedar claro el rechazo de España a esas intervenciones militares con el 'no a la guerra' agitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el trabajo se realizó en plena campaña electoral de las elecciones en Castilla y León del domingo en las que ganó el PP de Alfonso Fernández Mañueco, pero en las que también resistió el PSOE, que obtuvo dos escaños más que en 2022. Esos comicios confirmaron la dependencia entre PP y Vox y el hundimiento de la izquierda confederal.

El CIS pregunta, de hecho, por la guerra. El 64,3% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” por los ataques a Irán, un 17,1% “algo preocupado”, un 15,4% “poco o nada preocupado”. Además, el 69,2% asegura que las actuaciones de Estados Unidos e Israel le provocan “mucho o bastante rechazo”, mientras que el 24,5% dice que “poco o ningún rechazo”. Por otro lado, una amplia mayoría —el 85,4%— cree que esta situación pone en riesgo la paz internacional.

Un mes más, aunque ninguno de los dirigentes estatales llega al aprobado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,43. Le sigue la vicepresidenta Yolanda Díaz que logra un 4,23 y, de lejos, Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 3,60 y Santiago Abascal, con un 2,99, que repite como el líder peor valorado. Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40,3% de los encuestados que dan su opinión, sacando 24,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 15,4% y vuelve a segunda posición por delante de Santiago Abascal, que es el preferido para el 14,8%, mientras Gabriel Rufián escala posiciones y ya lo es para el 9,1%.

El principal problema de España, según los encuestados, vuelve a ser la vivienda (43,5%) medio punto más que el mes pasado, seguido de la crisis económica y los problemas de índole económico (22,5%), y los problemas relacionados con la calidad del empleo (18,3%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económico (29,9%), la vivienda (27,8%), y la sanidad (19,6%).

La encuesta postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en Aragón, publicada el pasado martes, deja dos conclusiones políticas claras sobre el comportamiento del electorado durante la campaña autonómica: el giro a la derecha del PP no solo no contuvo la fuga hacia Vox, sino que debilitó su capacidad de atraer voto socialista; y la buena campaña de CHA y de su candidato, Jorge Pueyo, permitió a la formación aragonesista convertirse en el principal polo de atracción dentro del bloque de izquierdas, especialmente a costa del PSOE. La encuesta se basa en entrevistas realizadas durante el mes de febrero, justo después de los comicios del 8 de febrero.

A medida que fue avanzando la campaña, la estrategia de Azcón para atraer al votante de extrema derecha se intensificó. Sin embargo, tal y como muestra el CIS postelectoral, estos intentos del PP fueron en vano: perdió votos que se fueron a Vox —el PP ha perdido dos escaños en estas elecciones y Vox ha ganado siete— y no consiguió atrapar a una parte de los votantes socialistas que, antes de la campaña, se planteaban votar a Azcón. Estos eran el 11,3% de los votantes del PSOE y, después de los comicios, esa transferencia de voto se redujo en 3,4 puntos hasta el 7,9%. 

La deriva ultra del partido de Azcón sirve para explicar la transferencia de voto del PP a Vox. En el CIS se observa claro: antes de la campaña, un 10,8% del votante del PP se planteaba votar a Vox. Después de las elecciones, ese porcentaje subió hasta el 21,7%; es decir, casi once puntos más. 

Las encuestas auguraban un buen resultado para Vox en las elecciones autonómicas aragonesas, que afrontó envalentonado tras los resultados en Extremadura. Eso hizo que la campaña de Azcón se aproximase más a esta formación que nunca, tratando de conservar a ese electorado. El último intento fue en el cierre de campaña, cuando recurrió al agitador Vito Quiles para un encuentro con las nuevas generaciones del PP y al grupo musical ‘Los meconios’, un dúo valenciano que ha protagonizado actos con Vox donde cantaron canciones con letras como “vamos a volver al 36”. No llegaron a ese extremo en Zaragoza, aunque sí dedicaron muchas canciones cargadas de críticas y burlas contra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, José Luis Rodríguez Zapatero o el periodista de RTVE Xabier Fortes. 

La presencia del agitador en la campaña del PP supuso un contrapunto para la política española. Quiles siempre había mostrado una afinidad, tanto personal como ideológica, con Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF). Llegó de hecho a ser considerado jefe de prensa de Alvise y formó parte de las listas de SALF en las elecciones europeas. 

CHA, el mayor captador de voto en la izquierda

Por otro lado, el estudio demoscópico confirma que la campaña liderada por Jorge Pueyo fue determinante en el crecimiento de CHA. La formación no solo duplicó representación en las Cortes, sino que se convirtió en la fuerza que más voto arrebató al resto de partidos de izquierdas. Pueyo afrontaba su primera campaña como cabeza de cartel en Aragón después de haber llegado al Congreso de los Diputados en 2023, cuando fue escogido diputado por Zaragoza integrado en el grupo parlamentario de Sumar, liderado por Yolanda Díaz. Desde entonces, había ganado visibilidad mediática por varias intervenciones en la Cámara baja.

Los sondeos publicados durante las últimas semanas ya situaban a CHA como una de las formaciones con mayor proyección al alza, anticipando una mejora clara de sus resultados y un refuerzo de su peso parlamentario en un escenario político fragmentado. Ahora, el CIS post-electoral muestra que Pueyo arrebató en campaña votantes a todas las formaciones de izquierdas, aunque es especialmente llamativo el caso del PSOE. Antes de las dos últimas semanas previas al 8F, un 3,2% de los votantes del PSOE se planteaban apoyar a CHA; después, la transferencia ascendió hasta un 17,2%, catorce puntos más. David Pac, sociólogo, destaca el aumento de CHA y segura que fue “uno de los partidos a los que mejor le sentó la campaña”.

Pueyo ha sido también uno de los candidatos más visibles durante la campaña, con una gran presencia en redes sociales. Fue asimismo uno de los 'ganadores' de los debates electorales celebrados en la comunidad. 

Una campaña decisiva y la importancia de las encuestas

El estudio también revela un electorado cada vez más volátil. Casi la mitad de los votantes decidió su papeleta durante la campaña, y un 19% lo hizo en la última semana. En las 48 horas finales, un 5,8% toma la decisión durante la jornada de reflexión y un 7,3% el mismo día de las votaciones: “Cada vez se tarda más en decidir el voto, la campaña importa, casi la mitad de la gente decide el voto durante la campaña”, explica el sociólogo.

El 62,6% de la población aragonesa afirma haber seguido la campaña con mucho o bastante interés, y cerca de la mitad considera que le sirvió para diferenciar propuestas (45,7%) o conocer mejor a los candidatos (41,4%). Ese seguimiento de la campaña se traduce en el interés por las encuestas: uno de cada cuatro aragoneses reconoce que los resultados de los sondeos influyen en su voto, especialmente para reafirmarlo aunque a un 14% “le animaron a votar a otro partido”, explica Pac.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descalificado este viernes la encuesta electoral publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ve como “un ejemplo del nivel de degradación al que han llegado las instituciones en nuestro país”.

En declaraciones a los periodistas en el municipio vallisoletano de Tordesillas, antes de visitar una empresa, Mañueco se ha negado a hacer análisis alguno sobre la encuesta del CIS, que sitúa al PP como la primera fuerza en porcentaje de voto, pero sin alcanzar la mayoría absoluta y que le abocaría previsiblemente a tener que pactar nuevamente con Vox, con el PSOE cerca de los populares tanto en porcentaje de voto como en estimación de escaños.

Mañueco se ha quejado de la amplia horquilla que plantea la encuesta del CIS en una autonomía como Castilla y León, integrada por nueve circunscripciones provinciales: “No tiene ningún sentido que en una Comunidad con 9 circunscripciones se le dé a una formación una horquilla de 10 escaños”. “Todas las encuestas que hace el CIS son la muestra de la degradación en la que están nuestras instituciones”, ha rematado.

En sus redes sociales, el PP de Castilla y León ha publicado una versión irónica de 'Como yo te amo' para desacreditar la encuesta elaborada por el CIS. “Tezanos saca una encuesta y nosotros una canción”, ha posteado

El PSOE cree que el CIS “confirma una tendencia”

El candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que con esta encuesta “se confirma una tendencia”, aunque ha defendido que la única encuesta que sirve es la del 15 de marzo. “Las encuestas, como el horóscopo: hoy nos dice que tenemos más salud, más amor, mucha más compañía que la que teníamos hace unos meses. Y con salud, dinero y amor se entiende mejor el ánimo y trabajo de todos los días. Pero hoy nos toca trabajar igual que mañana”“, ha apostillado ante los medios.

Abascal ve “invalorable” la encuesta del CIS, parte de una “estratagema” de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura desconfiar de cualquier dato que parta del Gobierno central, ya sean los de criminalidad conocidos este jueves o la encuesta electoral sobre Castilla y León publicada por el CIS, que califica de “invalorable” y fruto de una “estratagema” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal ha insistido, a preguntas de los periodistas en una visita a Lerma (Burgos), en que los datos que ofrece el Gobierno, incluso si vienen del Ministerio del Interior, son “mentira” porque está “ocupado por una mafia” que está dispuesta a “manipular” cualquier tipo de dato.

Sobre la encuesta electoral del CIS, que da la victoria al PP en Castilla y León pero necesitando a Vox para gobernar, con una horquilla en este último caso de 11 a 19 procuradores -frente a los 13 que obtuvo en las pasadas elecciones-, el líder de Vox considera la encuesta “invalorable”.

Ha asegurado que las encuestas del CIS obedecen a una estratagema del presidente Pedro Sánchez y del director del centro, José Félix Tezanos, que “las cocinan”, y ha advertido de que cuando haya cambio de Gobierno en España tanto Sánchez como Tezanos tendrán que comparecer “en el banquillo”.

Tendrán que “dar cuenta de sus manipulaciones, de sus corrupciones y de su malversación de caudales públicos”, ha insistido.

“El Gobierno está ocupado por una mafia que, según ellos mismos denuncian, llegó a alterar sus propias elecciones internas”, ha aseverado, para continuar: “si son capaces de estafar a sus propios militantes que no serán capaces de hacer con el resto de los españoles”.

La encuesta del CIS sobre las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo en Castilla y León sitúan a PP y PSOE en un empate técnico, con una estimación de voto del 33,4 por ciento para el Partido Popular y del 32,3 para el Partido Socialista. Así, la horquilla sería de entre 28 y 38 escaños para el PP y de 26 y 35 para el PSOE. La mayoría se obtiene con 42 escaños, a lo que no llegan ninguno de los dos.

En las pasadas elecciones, en febrero de 2022, el PP consiguió 31 escaños y 382.157 votos, mientras que el PSOE se quedó en 28 y 365.434 votos. La diferencia entre uno y otro fueron 16.723 votos.

La incertidumbre de Vox

En la encuesta, Vox queda en una incertidumbre total. En 2022 consiguió 13 escaños y 214.668 votos (un 17,6%) , y ahora el CIS revela una estimación de voto del 16,1 que le daría entre 11 y 19 escaños.

Así las cosas, el Partido Popular, seguiría en la misma línea: sin mayoría que le permita gobernar en solitario, algo que ocurre desde 2019, cuando Juan Vicente Herrera, ya en mayoría simple, dejó el partido en manos de Alfonso Fernández Mañueco tras unas polémicas primarias. En 2019, unos malos resultados que le hicieron perder las elecciones y gobernar en coalición con Ciudadanos, pero con la ruptura consiguió empeorarlos en 2022. Ese año, el adelanto electoral no fue la mejor de las decisiones: no sólo perdió votos sino que se convirtió en el primer presidente autonómico que abrió la puerta a la extrema derecha al firmar un pacto de gobierno con Vox.

La encuesta del CIS pinta un escenario similar en el que Mañueco tendría que claudicar de su intención de gobernar en solitario para hacerlo de nuevo con Vox.

El PSOE tiene escasas opciones para pactar. Según las encuestas, Podemos-Alianza Verde, con una estimación de voto del 3,1% no conseguiría escaño, y saldría de unas Cortes en las que entró en 2015 con 10 escaños y el 12.14 % de los votos. En 2022 se quedó con un sólo procurador, Pablo Fernández, que no es candidato en esta nueva cita electoral.

Mejor situado queda IU-Movimiento Sumar-VQ, con una estimación de voto del 5,1% obtendría entre 0 y 4 escaños.

El partido leonesista UPL, que en 2022 pasó de 1 a 3 escaños, tiene un voto estimado del 4,9% lo que podría hacerle perder un escaño o ganarlo. La horquilla fluctúa entre los 2 y 4 escaños. En cuando a los partidos provincialistas, lo mismo podrían seguir en el parlamento autonómico que salir, porque según el CIS, se desinflan. La intención de voto para Soria Ya y Por Ávila es del 0,7%, lo que les daría entre 0 y 1 escaño. Soria Ya debutó con tres cuando desembarcó en las Cortes en Castilla y León, en 2022, mientras que Por Ávila, tiene un escaño desde 2019.

El partido del polemista Alvise, Se Acabó la Fiesta (SALF) no conseguirá entrar en el parlamento autonómico con una estimación de voto del 0,8% que le dejará sin escaño.

El CIS ha realizado 8.039 entrevistas en 1.086 municipios de las 9 provincias de Castilla y León con una selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles con un porcentaje del 21% y del 79%, respectivamente. La selección de las personas se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad.

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso que ha planteado la necesidad de una alianza de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE, es el dirigente de ese espacio progresista alternativo que los españoles de entre 35 y 55 años prefieren como presidente del Gobierno. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público este lunes, el dirigente independentista supera a Yolanda Díaz e Irene Montero como el representante de esa izquierda plurinacional favorito para presidir el país en la citada franja de edad.

No obstante, teniendo en cuenta el conjunto de la encuesta Rufián es el cuarto líder político preferido como presidente del Gobierno. Lo mencionan como favorito el 4,2% de los españoles, muy por detrás de Pedro Sánchez (al que prefieren el 25,3% de los encuestados); Santiago Abascal, que se sitúa en segundo lugar (con un 10,2% de menciones) y Alberto Núñez Feijóo, citado como favorito por el 9,9%. Entre todos los encuestados, Rufián está así por encima de quienes prefieren como presidentas del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso (un 3,4%), Yolanda Díaz (3,1%), Luis 'Alvise' Pérez (1,6%) e Irene Montero (0,8%).

Si solo se tiene en cuenta a los líderes de la izquierda alternativa sobre los que pregunta el CIS –Rufián, Yolanda Díaz e Irene Montero–, el portavoz de ERC también se sitúa por encima de sus dos contrincantes entre los encuestados de entre 18 y 24 años, con un 4,7% de los apoyos. En esta franja, el CIS coloca a Rufián 1,2 puntos por encima de la vicepresidenta y ministra de Trabajo (mencionada por un 3,5%) y 3,8 puntos más arriba que la dirigente de Podemos (citada como preferida para presidir el país por un 0,8%). Pero la principal brecha se da entre los electores de entre 35 y 55 años. Rufián llega a sacar 2,1 puntos a Díaz y 6,2 a Montero entre los españoles de 35-44 años, y 3,8 puntos a la vicepresidenta y 6,4 a la portavoz de Podemos entre los de 45 y 54 años de edad.

Rufián, en cualquier caso, se sitúa al menos de momento muy lejos de los porcentajes alcanzados en el pasado por líderes de la izquierda alternativa o plurinacional cuando el CIS preguntaba sobre quién preferían como presidente del Gobierno. En 2022, Yolanda Díaz llegó a ser citada como favorita para llegar a la Moncloa por un 19% de los ciudadanos y, en 2019, Pablo Iglesias logró el respaldo del 11,1% de los españoles encuestados. Íñigo Errejón también llegó a estar por encima del porcentaje de ciudadanos que ahora citan como presidenciable a Rufián. En 2021, lo llegó a mencionar el 6,9% de los cuestionados por el instituto que dirige José Félix Tezanos.

Con la metodología actual –se modificó a principios de 2022–, Yolanda Díaz estuvo a la cabeza de las dirigentes de la izquierda alternativa como preferida por los ciudadanos para presidir el Gobierno casi tres años, justo hasta finales de 2025. La vicepresidenta ha registrado una caída pronunciada de entre el 13,8% que la mencionaba en los últimos meses de 2023 al 3,8% del final del año pasado. Desde entonces comenzó a repuntar el apoyo a Rufián y su máximo respaldo apenas superó el 5% el pasado diciembre.

Por recuerdo de voto, Rufián es el preferido para ser presidente para el 15,8% de los votantes de su propio partido y del 13,9% de los de Sumar, a solo cinco puntos de Yolanda Díaz, que es citada como preferida por el 18,6% de quienes votaron a su partido en 2023. Llama la atención que entre los votantes socialistas son más, un 5,4%, los que prefieren a Rufián como presidente del Gobierno que a Yolanda Díaz, al que cita solo un 3,2%. Por nivel de estudios, Rufián gana a Díaz y Montero entre quienes tienen la ESO, el Bachillerato o Formación Profesional. En cambio, Irene Montero vence entre los encuestados sin estudios y Díaz, entre los que tienen formación universitaria.

El PSOE de Pedro Sánchez sigue siendo el partido con más apoyo entre los españoles, siempre según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque en el Barómetro de febrero, hecho público este lunes, amplía aún más su ventaja sobre el PP, respecto a enero. De celebrarse ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 32,6% de los votos, casi un punto más que el mes pasado.

El PP baja una sola décima y pasa del 23% de enero al 22,9% actual y Vox crece considerablemente en más de un punto y pasa del 17,7% de enero al 18,9% de febrero, con lo que se queda a solo cuatro puntos de los populares. Sumar cae dos décimas, hasta el 7% y Podemos sube cuatro, hasta el 3,9%. Así, Vox es la fuerza política que más crece en el último mes (1,2 puntos), seguida del PSOE (9 décimas) y Podemos (cuatro décimas), mientras Sumar es la que más cae, aunque solo en dos décimas, seguida del PP, que cae una.

Las encuestas de este último barómetro se hicieron entre el 2 y el 6 de febrero y, por tanto, en plena campaña electoral de las elecciones aragonesas que tuvieron lugar el 8 de febrero y que dieron la victoria al PP de Jorge Azcón aunque con menos escaños que en 2023. Esos comicios confirmaron el fuerte auge de la extrema derecha, que dobló sus apoyos, y el hundimiento del PSOE y el resto de fuerzas de izquierda.

El instituto que preside José Félix Tezanos vuelve a situar a Pedro Sánchez como el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,23 sobre 10. Le siguen la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que logra un 3,97, y Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 3,45. Otro barómetro más, el líder de Vox, Santiago Abascal, es el dirigente político peor valorado con una nota de 2,97 sobre 10

La vivienda, lo que más afecta a los españoles a nivel personal

Pedro Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,7% de los encuestados que dan su opinión, sacando 23,7 puntos de ventaja a Santiago Abascal que lo es para el 16% y se sitúa en segunda posición por delante de Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido para el 15,6%, Gabriel Rufián para el 6,6%, Isabel Díaz Ayuso para el 5,3% y Yolanda Díaz para el 4,9%.

Otro mes más, el principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (42,8%), seguido de la inmigración (20,3%), y la crisis económica y problemas de índole económico (18,1%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda (27,6%), que escala a primera posición respecto al mes pasado; la economía (25,8%), y la sanidad (22,9%).

En este estudio el CIS pregunta sobre la Constitución por ser, según explica el instituto, “la de mayor duración en la Historia de España”. La Carta Magna es considerada por el 82,3% como una Constitución que ha contribuido al desarrollo de los derechos sociales en España, a la prosperidad económica y las mejoras de los empleos en España (75,3%), y a que España tenga un papel más destacado en Europa y en el mundo (71,6%). El 37,3% confía en que la Constitución pueda ayudar a resolver los problemas que tenemos actualmente, en tanto que un 58,1% no confía en que pueda ser así.

Un 84,3% cree que la actual Constitución española necesita en estos momentos de alguna reforma, de los cuales un 66,5% piensa que son precisas reformas importantes, y un 32,1% pequeñas reformas. En cuanto a los aspectos en los que se piensa que son necesarias reformas, señalan “en derechos sociales, económicos y laborales”, un 22,1% en primer lugar, y un 14,5% en segundo lugar; seguido a bastante distancia “en el modelo de Estado (Monarquía vs República).

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para implantar sus conclusiones en la comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde ha concluido que su presidente, José Félix Tezanos, ha cometido “corrupción institucional” por su “falta de rigor” y exige su dimisión para “recuperar la credibilidad” del organismo. La investigación del Senado sobre el CIS ha celebrado este viernes su última sesión para bajar la persiana tras más de un año y medio de trabajo. Por ella, han desfilado sociólogos, expertos en la materia, Tezanos y un único político: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En cualquier caso, el PP ha rechazado las propuestas de los demás grupos y ha sacado adelante con su mayoría el informe con sus conclusiones, en el que también apuntan a “irregularidades jurídicas” de Tezanos al frente del CIS. El PP denuncia hasta en dos ocasiones que Tezanos comete “corrupción institucional” en el CIS, acusándole de aplicar un “retroceso metodológico” en el organismo: “Una desviación en las pautas de análisis y una instrumentalización de técnicas demoscópicas al servicio de intereses ajenos a la investigación científica”.

“En un Estado de Derecho, mentir desde una institución pública es una de las formas más graves de corrupción institucional. La mentira política es reprochable; la mentira institucional, inaceptable. El CIS de Tezanos no comete errores demoscópicos, sino falsificaciones metodológicas intencionadas, que derivan en una manipulación del debate democrático”, esgrime el PP. El partido ha presentado como conclusiones un texto de hasta 41 páginas, en las que destaca el punto que exige el cese de Tezanos “como imperativo ético y moral para restaurar la credibilidad de la institución y permitir su regeneración democrática”.

Del mismo modo, los 'populares' proponen que el mandato del presidente sea de cuatro años, renovable por una sola vez. También quieren que la Presidencia la ostente una persona que no haya sido cargo público ni político en los últimos cinco años y que tenga una “dedicación exclusiva”. Los de Alberto Núñez Feijóo se acogen a las distintas comparecencias de sociólogos y expertos en la materia para afirmar que las “irregularidades metodológicas y los sesgos sistemáticos” han convertido al CIS “en un actor percibido como parcial, debilitando su función científica y su utilidad pública”.

Por ello, insisten en que la dimisión de Tezanos “no es ya una cuestión política”, sino un “imperativo ético y moral” para “permitir su regeneración democrática”, añadiendo que su continuidad “impide cualquier reconexión del organismo con los estándares de imparcialidad, transparencia y rigor que históricamente lo definieron”. “Solo con un liderazgo neutral, respetuoso con las instituciones y sometido a estándares metodológicos rigurosos podrá el CIS volver a ser un referente científico respetado y una herramienta útil para la democracia. En consecuencia, la dimisión o, en su caso, destitución de Tezanos es una condición imprescindible para devolver al CIS la credibilidad perdida”, añaden los 'populares'.

El informe final arguye que el CIS, bajo la dirección de Tezanos, podría haber incurrido en una “grave irregularidad jurídica” al encargar encuestas electorales de Tragsatec, una empresa dependiente de Tragsa, algo que “choca frontalmente” con los estatutos de la firma y con lo que permite la Ley de Contratos del Sector Público. El PP argumenta que la realización de encuestas sociológicas no figura en el objeto social de Tragsatec, por lo que la encomienda hecha por el CIS “no se ajusta al propósito fundacional” de la empresa. “Jurídicamente, es insostenible que una entidad pública encargue a un medio propio un servicio que no forma parte de sus cometidos autorizados”, añade.

Los 'populares' remarcan que Tragsatec “no acreditó la solvencia técnica exigida” ni “contaba con experiencia relevante en encuestas”, mientras que, según lo expuesto por algunos comparecientes, carecía de “personal técnico con trayectoria” en este ámbito de trabajo. “Todo ello lleva a una conclusión inevitable: la contratación de Tragsatec por el CIS ha sido improcedente e ilegal”, subrayan. Estas cuestiones, junto a otras como la “vulneración sistemática de los principios de objetividad y neutralidad” o la “constatación de errores permanentes de la metodología empleada” para realizar los sondeos, han sumido al CIS en “la peor crisis reputacional de su historia”, opina el PP.

Se trata, según la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, de “una crisis profunda, estructural y sostenida en el tiempo” que “ha erosionado el prestigio acumulado durante décadas por la institución” y “ha debilitado su credibilidad científica”, provocando, al mismo tiempo, un “descrédito generalizado entre expertos, medios de comunicación, académicos y profesionales del sector demoscópico”.

Para los 'populares', el CIS se ha convertido en sinónimo de “sesgo, manipulación y falta de rigor” y el deterioro reputacional es “un diagnóstico mayoritariamente expresado” por catedráticos, sociólogos, directores de empresas de investigación, analistas de datos y responsables de medios de comunicación. Es más, el PP atribuye la “pérdida de neutralidad” de Tezanos a sus diferentes “manifestaciones públicas”, insistiendo en que “su doble condición de dirigente histórico del PSOE” con la de máximo responsable del organismo “ha derivado en una actuación marcada por la parcialidad política”.

El 93,2% de los extremeños volvería a votar al mismo partido una vez conocidos los resultados de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, cuya campaña electoral hizo variar el voto al 12,1% de los electores, según la encuesta postelectoral de Extremadura del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, un 4,7% reconoce que habría votado a otra candidatura en las elecciones extremeñas tras saber los resultados.

El PP ganó las elecciones de 2025 en Extremadura con 29 escaños (uno más) y el 43,1% de votos, sin lograr la mayoría absoluta, mientras el PSOE se desplomó hasta su mínimo histórico al obtener un 25,7% y 18 escaños, diez menos que en 2023. Vox subió hasta los 11 (seis más) y el 16,9% de votos, mientras que Unidas por Extremadura consiguió siete diputados (tres más) con un 10,2%.

El sondeo postelectoral se ha elaborado a partir de 2.031 entrevistas hechas entre el 15 y el 19 de enero cuando Vox no había suspendido la negociación con el PP de María Guardiola para la investidura y para pactar un Gobierno de coalición. Tampoco se había constituido aún la Asamblea, donde se evidenció la distancia entre las derechas ante la exigencia de Vox de obtener una vicepresidencia y varias consejerías, y las reticencias del PP a ceder en todas sus pretensiones.

Según los datos del CIS, hechos públicos este jueves, el 5,9 % de los votantes socialistas habría votado a otro partido tras conocer el resultado, igual que un 5,5 de los Vox, un 4,3% de Unidas y un 2,8% de los electores del PP también.

Las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre fueron las primeras que se celebraron sin coincidir con las municipales y la participación fue la más baja en unos comicios en Extremadura, del 62%. Según el CIS, de los encuestados que no votaron en las pasadas elecciones, el 34,5% no se sentía representado por ningún partido ni ningún político, aunque una vez conocido el resultado de los comicios, el 12,7% habría ido a votar.

La encuesta del CIS revela que el principal motivo de los extremeños a la hora de votar a una u otra formación fue porque es el partido que mejor representa sus ideas (35,4%), es el más capacitado para gestionar la comunidad autónoma (14%) y por su candidato (11,9).

El 16% dudó entre varios partidos antes de votar y el 68,5% lo tenía decidido, mientras que el resto dudó entre votar a un partido, la abstención, el voto nulo y en blanco, o tenía decidido estos últimos tipos de votos o no votar.

El 25,2% de las personas que dudaron el voto el 21 de diciembre lo hizo entre PP y Vox. De los que dudaron y finalmente se decantaron por Vox, un 63% dudó entre esta formación y PP (un 43,2% en el mismo caso en las filas populares).

Además, el 25,3% de los encuestados cuyo voto estaba en duda lo hizo entre mostrar su apoyo a PSOE o a Unidas por Extremadura. El porcentaje de votantes en duda entre Unidas y los socialistas se eleva al 70,1% dentro de los que no lo tenían claro y optaron por la coalición de izquierdas (47,4% entre los votantes en duda socialistas).

Asimismo, un 64% de los encuestados tuvo conocimiento de alguna encuesta o sondeo preelectoral sobre los comicios extremeños, de los cuales un 17,8% los tuvo en cuenta mucho o bastante para ejercer su voto.

Sobre el impacto de la campaña, el 61,7% la siguió por redes sociales, un 56,9% por medios de comunicación y un 21,7% por las páginas de los partidos. Un 83,1% de los encuestados no asistió a ningún mitin o reunión de partido.

Por otro lado, mientras el voto del PP y PSOE estaba muy decidido, el 26,2% de los votantes de Unidas por Extremadura tomó la decisión durante la campaña electoral. Así, dentro del 12,1% que varió su voto durante la campaña, un 26,2% de los votantes de Unidas lo hizo frente al 3,1% de los electores del PSOE; un porcentaje que se sitúa en un 13,9% en el caso de los que optaron por Vox, mientras que el 8,5% de los votantes del PP cambió su decisión de votar en dicho periodo.

Por otro lado, la encuesta del CIS asegura que, en el supuesto de celebrarse unas elecciones generales en España, el 25,4% de los encuestados en Extremadura votaría al PSOE; el 22,4% al PP; el 15,3% a Vox; el 3,5% a Podemos y el 3% a Sumar. 

El último barómetro del CIS para Aragón mantiene al Partido Popular (PP) como la primera fuerza en la comunidad de cara a las elecciones del 8F, con una estimación de entre 25 y 29 escaños y un porcentaje de votos similar al que obtuvo en 2023, en torno al 35,%. El PSOE bajaría tres puntos y no tendría opción de gobernar, mientras que Vox subiría con fuerza y obtendría entre 10 y 13 diputados, lo que le convertiría en la única llave de gobierno.

Las amplias horquillas que fija el CIS, derivadas a su vez de las que plasma en cada una de las tres circunscripciones, hacen complicado sacar conclusiones cerradas. Sí que parece clara esa tendencia: que solo la suma de escaños de los populares con la extrema derecha permitirían investir a un presidente, en este caso Jorge Azcón. Ni siquiera se puede aventurar si bastaría con una abstención de la formación ultra, ya que en los límites más favorables para la izquierda su número de diputados superaría a los del PP.

Según la proyección del organismo público, los populares ganarían las elecciones en Aragón sin problemas, aunque no solo no obtendrían más diputados, sino que tendrían más probabilidades de minorar los 28 con que cuentan en la actualidad. Del 35,5% de los sufragios que consiguieron en 2023 pasarían a una horquilla de entre 34,5% a 36,7%, aunque la traducción del CIS en escaños hace que oscile entre los 25 y los 29. Tanto en la circunscripción de Zaragoza como en la de Huesca, los populares aspirarían como mucho a mantener su representación (15 y 8 diputados, respectivamente), con el riesgo de perder dos en la provincia zaragozana y uno en la altoaragonesa. Mientras, en Teruel sí que tendrían la opción de subir de los 5 actuales a 6, al repetir con en torno al 31% de los votos.

También la lectura con el PSOE es complicada, ya que en la horquilla más alta el CIS mantiene los resultados actuales (23) –algo que se repite en cada una de las tres circunscripciones–, mientras que la más baja dibuja una debacle socialista (17), con casi seis puntos de distancia en porcentaje de voto entre el mejor escenario (29,1%) y el peor (23,3%). En Zaragoza, la formación liderada por Pilar Alegría bajaría desde el 30,4% de 2023 a entre 24,1% y 29,8%, lo cual sin embargo puede no traducirse en pérdida de escaños, ya que de los 12 actuales podría pasar a 9-12. En Huesca aún es más difícil sacar conclusiones, puesto que la horquilla oscila entre un 22,8% y un 31,8%; de los siete diputados actuales, el PSOE pasaría a entre 5 y 7. Finalmente, en Teruel paradógicamente sube en intención de voto desde el 22,8% de hace dos años a entre 22,5% y 25,5%; sin embargo, los socialistas se arriesgarían ahí a perder uno de sus cuatro escaños.

Tras Vox, otros dos ganadores el 8F estarían a la izquierda. El primero sería CHA, que con Jorge Pueyo como candidato obtendría entre 3 y 5 escaños y casi dos puntos más de votos, al pasar de un 5,1% a entre 6% y 7,7%. Y también Izquierda Unida-Sumar, que del 3,1% que logró hace dos años pasaría a entre 3,9% y 5,8%: según el CIS, en Zaragoza consolidaría su diputado e incluso aspiraría a un segundo, mientras que en Huesca tiene opciones de obtener también un representante.

Frente a esto, un gran perdedor según el CIS sería la coalición Aragón-Teruel Existe, que caería de 4,9% que obtuvo en mayo de 2023 a entre un 1,9% y un 2,8%, y que obtendría así entre uno y dos diputados. Esta representación provendría de la circunscripción turolense, donde los de Tomás Guitarte podrían llegar a reducir a la mitad su porcentaje de voto, desde el 20,7% de hace dos años a 10%-12,4%. En Zaragoza, donde esta formación también tiene aspiraciones de lograr un diputado, se quedaría muy lejos, con un 1,5% de los sufragios como máximo.

Podemos difícilmente podría superar el umbral del 3% en Zaragoza, con lo que lo más probable es que perdiera su diputado en esta circunscripción, aunque tiene alguna opción de salvarlo.

Finalmente, el PAR se quedaría fuera del Parlamento autonómico ya que en Teruel, donde más fuerza tiene, no pasaría del 3,7%, lo que en el contexto demoscópico actual –con cuatro partidos en esa provincia por encima del 10%– no le daría opciones de conseguir escaño.

En cuanto a la valoración de líderes, el candidato del PP y actual presidente es con mucho quien mejor nota saca y de hecho el único que aprueba, con un 5,53. En segundo lugar aparece el cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, ya con un 4,67 y por delante de Tomás Guitarte (Teruel Existe), que logra un 4,49.

La aspirante socialista y exministra Pilar Alegría figura en cuarto puesto, con un 4,14 y con el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, cerca (4,06). Más lejos quedan Marta Abengochea (IU-Sumar) con un 3,65; Alejandro Nolasco (Vox), con un 3,64, y María Goikoetxea (Podemos), con un 3,22.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a aparecer como uno de los líderes autonómicos que la opinión pública preferiría como presidente del Gobierno, según se desprende del Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El mandatario castellanomanchego aparece entre un 0,7% de los encuestados en respuesta espontánea a la pregunta “¿Quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?”.

Entre los presidente regionales que aparecen, destaca Isabel Díaz-Ayuso, con un 3,8% de los encuestados y el mandatario andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, con un 0,4%.

El presidente de Castilla-La Mancha es la opción favorita del 1,2% de los encuestados que ofrecían un nombre en concreto como preferencia, discriminando al 36,7% de los encuestados que rechazaban ofrecer un nombre concreto o directamente indicaban que ninguno de los actuales representantes políticos o institucionales.

No es la primera vez que García-Page aparece en las respuestas de los encuestados. El pasado mes de noviembre, el mandatario regional ya aparecía como preferencia del 0,3% de las personas encuestadas en el Barómetro del CIS.

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en el caso de que se celebrasen ahora las elecciones generales, según la estimación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de enero, el primero del año. Los socialistas obtendrían un mejor resultado que hace tan solo un mes y recuperarían tres décimas, situándose en el 31,7% de los votos, frente al 31,4% de diciembre. El PP crece un poco más, en su caso seis décimas, por lo que la ventaja del PSOE se reduce a 8,7 puntos frente a los 9 de hace un mes.

El estudio se realizó del 5 al 10 de enero a través de 4.006 entrevistas. Fue, por tanto, tras la debacle del PSOE y el triunfo del PP en las elecciones en Extremadura y también después de la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En cuanto a la estimación de voto, Vox crece pero por la mínima, tan solo una décima. Pasa del 17,6% de votos de diciembre al 17,7% de enero. Sumar cae seis décimas y se queda con el 7,2% de los apoyos y Podemos también ve reducidas sus expectativas y pasa del 4,1% de diciembre al 3,5% actual.

Rufián y Ayuso ganan a Yolanda Díaz como preferidos para presidir el país

Respecto a la valoración de líderes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a ser el dirigente político mejor valorado con una puntuación media de 4,13 sobre diez. Le siguen la vicepresidenta, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que obtiene un 3,94, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una nota de 3,54 y el líder de Vox, Santiago Abascal, que vuelve a ser el dirigente peor valorado con una nota de 2,74.

Asimismo, Sánchez vuelve a ser el favorito de los encuestados para repetir como presidente del Gobierno. Lo menciona el 38,7% de los ciudadanos, lo que le sitúa con 22,2 puntos de ventaja sobre Abascal, que lo es para el 16,5% y se sitúa en segunda posición por delante del líder del PP. Alberto Núñez Feijóo es el preferido para el 15,4%. Llama la atención que por encima de Yolanda Díaz (4,9%) se sitúan Gabriel Rufián, que debería ser el presidente del Gobierno para el 6,7% de los ciudadanos, e Isabel Díaz Ayuso, que lo debe ser para el 6,1%.

Preguntados sobre sus principales preocupaciones, para la mayoría de los encuestados el mayor problema que existe en España es la vivienda (42,6%). La preocupación por este asunto crece en tres puntos respecto a diciembre. Le siguen la crisis económica y los problemas de índole económico, que lo son para el 21,2% y, en tercer lugar, el Gobierno y los partidos o políticos concretos (16,6%). Los problemas que más afectan de manera personal son la crisis económica (30,2%); la vivienda para el 28,2%, y la sanidad para el 21,7%.

La intervención de Trump en Venezuela

En esta ocasión, el instituto que dirige José Félix Tezanos pregunta sobre la intervención militar de EEUU en Venezuela, ya que el estudio se realizó justo en los días posteriores a dicha actuación. Un 50,3% de los encuestados piensa que Donald Trump no actuó correctamente al intervenir militarmente en Venezuela, un 28,6% cree que “en parte sí y en parte no” y solo un 13,6% afirma que “ha actuado correctamente”. Además, el 61,5% asegura que Trump ha puesto en peligro la paz mundial con esta intervención, existiendo una diferencia significativa entre las mujeres que así piensan (69,7%) y los hombres (52,8%). Un 32,1% cree que no ha puesto en peligro la paz mundial.

El 71,8% coincide en que con esta intervención militar y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, frente a un 15,6% que piensa que no se ha vulnerado. Por otro lado, los españoles creen que la reacción inicial de la Unión Europea ha estado “mal o muy mal” (48,9%), un 28,8% afirma que lo han hecho “bien o muy bien” y un 5,4% que regular.