El Ararteko ha llevado este lunes al Parlamento Vasco el informe de su actividad en 2025. Han sido pocas las conclusiones que ha dejado la presentación a los medios de comunicación del documento, ya que el nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, que fue nombrado en diciembre, no ha respondido a ninguna pregunta de ninguna cuestión y ha delegado totalmente en su equipo. Sin embargo, la institución sí ha dado a entender que Lanbide se está excediendo al haber eliminado, en 2025, un sistema “social” de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por perceptores de prestaciones sociales -muchas veces por errores de tramitación de la Administración- y que donde antes se descontaban apenas 30 euros mensuales para ajustar esos “indebidos” ahora son cantidades “mucho más elevadas”.

El secretario general del Ararteko, José Luis Iparraguirre, ha defendido que los afectados son personas de “ingresos reducidos” ya de base y que los cambios “incrementan la situación de vulnerabilidad”. Ha indicado que existe un procedimiento abierto y que será entonces cuando aporten conclusiones sobre la nueva forma de actuación de Lanbide, aunque sí ha mostrado su queja inicial.

No ha ocurrido lo mismo con otro tema que tiene la institución encima de la mesa. En 2011, el Ararteko recomendó no estigmatizar a los detenidos policiales indicando datos personales como su nacionalidad. En 2025, el año del informe presentado, la Ertzaintza decidió dar esa información, así como otros cuerpos locales. Y la Defensoría del Pueblo vasca ha abierto una actuación. Sin embargo, ahora mismo se niega a realizar ningún tipo de valoración. Tampoco concreta plazos para hacerlo.

Mancisidor, después de reunirse con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha comparecido ante los medios de comunicación. De saque, ha dejado claro que el informe recoge, en gran medida, la labor de su predecesor, Manuel Lezertua, y de la anterior adjunta, Inés Ibáñez de Maeztu. Aunque ha asumido como propias sus conclusiones, después no ha respondido a ninguna pregunta sobre el documento.

Por ejemplo, ha habido un cambio de metodología en la tramitación de las quejas y no es posible saber si hay o no oscilaciones a mejor o a peor en ámbitos como Osakidetza, que de 2024 a 2025 sí disparó la preocupación ciudadana en un 40%. Los colaboradores de Lezertua apuntan a que “no se ha producido ese incremento”, pero a la vez hay algunas alusiones en el informe a las listas de espera.

Sí está claro que la vivienda es una preocupación creciente, particularmente las “dificultades de acceso” para capas relevantes de la sociedad y la “insuficiencia del parque público de alquiler”, según se ha apuntado. Asimismo, el equipo de Mancisidor ha alertado de problemas para la población migrante en el “acceso a derechos básicos”. Este colectivo está “sobrerrepresentado” en problemas como el sinhogarismo, se ha indicado.

El Ararteko, en 2025, ha realizado 16.637 actuaciones. De ellas, 3.617 han acabado siendo quejas. De los asuntos administrativos revisados, el 55% termina considerándose incorrecto. En el 93% de ocasiones, la Administración concernida lo corrige, mas ha habido 18 apercibimientos por no atender las recomendaciones de la Defensoría. Un 50% del trabajo es sobre el Gobierno vasco y sus organismos. El resto se reparten entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

El área de Vivienda del Gobierno vasco calcula que, en 2026, destinará 95 millones de euros a la prestación económica de vivienda (conocida por sus siglas PEV). En 2025, con un presupuesto similar, se ejecutaron finalmente 86 millones. Éste será un año clave para esta ayuda -de 300 euros mensuales como apoyo al abono de rentas en el mercado libre- ya que se completará finalmente la pasarela de beneficiarios de la antigua prestación complementaria de vivienda (la PCV asociada a la RGI) y todas las gestiones las centralizará ya Vivienda, que se previó en la ley de 2015, dejando sin atribuciones a Lanbide.

Esa norma de 2015 fue la primera en desarrollar el derecho constitucional a la Vivienda. Quienes cumplan unos umbrales económicos pueden solicitar un piso a la Administración y, en caso de no disponer de oferta suficiente, se les abona una cuantía mensual para facilitar la entrada a viviendas libres. Ahora mismo, 3.000 personas ejercen el derecho con un alojamiento y los 32.000 reciben la PEV subsidiaria para el alquiler.

El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, se ha felicitado de que estos 35.000 se suman a 30.000 adjudicatarios de casas protegidas en sus diferentes fórmulas de alquiler y a 9.500 jóvenes beneficiarios del programa Gaztelagun, que también aporta 300 euros mensuales. La conclusión es que “más de la mitad” de los 137.000 hogares en alquiler tienen apoyo público. No se incluyen los titulares de Emantzipa, otra ayuda paralela de 300 euros para jóvenes impulsada por el ala del PNV del Ejecutivo de coalición.

Itxaso, en rueda de prensa, ha asegurado que “ninguna otra comunidad” tiene estos niveles de cobertura. Asegura que “en medio de tanto diagnóstico” sobre el problema habitacional otros hacen los deberes. “Somos un país que está desplegando muchos recursos”, ha destacado el socialista, que ha puesto en valor las políticas de “intervención pública” ante un “mercado desbocado”.

Por otro lado, Itxaso ha recordado que el Gobierno trabaja en un nuevo decreto para ampliar las coberturas de programas como la PEV o Gaztelagun, entre otros. No suben las cuantías -de hecho, cuando la PCV nació en 2008 llegaba a 320 euros- sino los beneficiarios potenciales. Solamente en Gaztelagun ello podría requerir un gasto adicional anual de 5 millones, según se prevé.

Era un decreto que recibió la etiqueta de “urgente” y ya estaba encima de la mesa en la Semana Santa de 2025, cuando lo adelantó este periódico, pero aún no ha sido aprobado. Itxaso ha asegurado que la tramitación está ya “en la última fase” y ha calculado que “en un mes o mes y medio” podría volver a dar una rueda de prensa para presentarlo ya definitivamente.

Las pensiones suben un 2,7% en términos generales, la inflación acumulada en Euskadi hasta diciembre estaba en un 2,6% y la previsión es que los funcionarios vean mejorada su nómina un 2%. ¿Y la renta de garantía de ingresos? La RGI, que es el salario social para quienes no tienen recursos o un complemento de las nóminas o pensiones bajas, subirá un 2,5%. Así, aunque es una prestación muy variable, ya que depende de las rentas propias y de la situación familiar, la cuantía base pasa de 568,50 euros de 2025 a 583,07 en 2026. Es una cifra mensual en doce pagas.

De este modo, una persona sola sin más ingresos dispondría de 874,61 euros al mes, frente a los 853,28 euros que percibía hasta ahora. Un pensionista que viva solo tendría garantizados 1.107,84 euros, por 1.080,82 hasta ahora. Una pareja con dos hijos podría optar a 1.516,01 euros, por 1.479,03 del pasado año. Y, en el caso más alto, un adulto con cuatro menores su cargo alcanzaría los 1.720,08, frente a los 1.678,13 de 2024.

Lanbide -que es el gestor de las prestaciones- no ha actualizado aún las cuantías para 2026, de modo que la tabla que acompaña a la información es una estimación de este periódico. ¿Cómo está realizada? La reciente reforma legislativa fijó un nuevo concepto de cuantía base. A partir de ahí, en función de la situación particular del solicitante, hay diferentes complementos. Por ejemplo, hasta dos personas adultas por unidad de convivencia pueden optar a un plus del 50% de la cuantía base, mientras que menores y el resto de posibles beneficiarios mayores de edad suman un 30%.

Asimismo, hay mejoras para pensionistas (40% de la base) o para familias monoparentales, con víctimas de violencia de género o de trata o con discapacitados por encima del 33% (25%). Ahora bien, a la inversa, Lanbide avisa que si el solicitante “comparte vivienda con otras personas que no forman parte de su unidad de convivencia, beneficiarias o no de la RGI, se reducirá su RGI con un índice corrector del 15%”.

Según el último reporte estadístico, de noviembre de 2025, son 57.401 los perceptores de RGI, alrededor de un 1,5% menos que en el mismo mes del año anterior. Por tipos, 24.694 son parados y 5.803 tienen reconocida una exención laboral, pero 11.760 tienen salarios precarios y cobran un complemento y 15.144 son pensionistas. Son 24.229 varones y 33.172 mujeres.

La RGI nació como tal en 2008 con un sistema de actualización vinculado al SMI, fijado por el Estado. Sin embargo, la reforma legislativa de 2022 acabó con ese modelo que, 'de facto', ya se había dejado de aplicar en cuanto empezó a escalar con intensidad el salario mínimo. Ahora es una disposición de la ley de presupuestos anual la que regula las cuantías atendiendo a la inflación. El último año con el viejo modelo dejaba la cuantía para un perceptor solo en 727,41 y ahora está en casi 150 euros mensuales más (ó 1.800 anuales).

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.

La vivienda es ya la principal preocupación ciudadana, según el recentísimo Sociómetro. Y el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, pero sin ningún apoyo entre la oposición salvo algunas abstenciones artículos concretos de EH Bildu y PP, una reforma legislativa con medidas “urgentes” para atacar la emergencia habitacional. Más allá de los cambios que introduce, esta norma escenifica la reconciliación una década después de PSE-EE y PNV en la materia. La ley vasca de Vivienda 2015, pionera en España en desarrollar la previsión constitucional como derecho subjetivo, salió por impulso de los socialistas desde la oposición -y con un acuerdo con EH Bildu y UPyD- contra el criterio del Gobierno de Iñigo Urkullu, en los años previos a la coalición. Y hace solamente dos años, en 2023, el PNV promovió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal promovida por Pedro Sánchez incluso gestionando sus socios, el PSE-EE, la cartera de Vivienda en Euskadi, aunque ahora sus alcaldes aplican las zonas tensionadas.

“Hoy es el día”, se felicitaban antes de la sesión altos cargos del área de Vivienda, que han llenado uno de los palcos del hemiciclo durante el debate y la votación. Debajo, en su escaño, el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso, ha seguido con atención el debate con sus gafas descansando en una repisa. Significativamente, Itxaso ha llegado a la Cámara y al hemiciclo acompañado del lehendakari, Imanol Pradales, para salir juntos en las fotografías. Pradales no ha seguido todas las intervenciones.

Es una ley de medidas “urgentes” que se ha tramitado de modo “urgente”, pero ha sido la ley que ha visto la luz en esta legislatura que más ha tardado en salir adelante. Tres proyectos de ley, tres proposiciones de ley, dos presupuestos -si se incluye el de 2026, que llegó en octubre y se visará en unos pocos días- y dos modificaciones extraordinarias de esos presupuestos han sido aprobadas en un plazo menor. La norma fue anunciada en marzo en una conferencia en Bilbao por el consejero Itxaso y llegó al Parlamento tres meses después, en junio, en forma de proposición de los partidos y no como proyecto del Gobierno. Esto elimina informes internos preceptivos. Se complementa, además, con un decreto igualmente urgente. Ley y decreto deberían estar en vigor con el cambio de año, según ha venido comprometiendo el consejero Itxaso.

¿Qué medidas contempla? Esta ley toca la ley de Suelo de 2006 y la ley de Vivienda de 2015, pero también dos textos ambientales de 2015 y 2021, la ley municipal de 2021 y la de Turismo de 2016. Además, como adelantó este periódico, la norma modifica por la puerta de atrás el sistema de la renta de garantía de ingresos, la RGI. En concreto, blinda que nadie sin “título válido” de uso de una casa, sea en compra o en alquiler, pueda acceder a las prestaciones sociales. Colectivos sociales como Argilan-ESK han interpretado que esta medida, precisamente, entorpece el acceso a ayudas a quienes viven en régimen de subarriendo, con fórmulas alegales o incluso ocupando un espacio vacío. EH Bildu y Sumar lo han mencionado expresamente en la sesión parlamentaria, avisando que es un recorte.

Los cambios posibilitarán reducir del 75% al 60% la reserva para viviendas protegidas en las promociones. El consejero Itxaso ha venido insistiendo que un porcentaje alto de la nada es cero y que de esta manera se ganará también en parque disponible. También se refuerzan las zonas tensionadas declaradas al calor de la normativa estatal -un marco en el que están ya las capitales y otros grandes municipios de sus áreas metropolitanas- con la prohibición de que haya en ellas nuevas viviendas turísticas, por ejemplo. Se aspira a reducir la burocracia al menos un 50% para poner en marcha proyectos, se habilita una reserva estratégica autonómica de suelo y, además, se contempla autorizar levantes en bloques públicos de techo plano para construir hasta dos nuevas plantas en ellos para triplicar la actual oferta de alojamientos dotacionales -de 1.000 actuales a 3.000-, que son espacios de rotación para jóvenes.

El PSE-EE ha delegado la defensa de la ley en su secretario general, Eneko Andueza. Ha defendido que es una “hoja de ruta acordada con más de cien agentes sociales” y ha añadido que es un “instrumento perfecto” para acometer el problema de la vivienda. Se ha felicitado de que el Parlamento, al menos este jueves, se “ocupe” de lo que verdaderamente “preocupa” a la sociedad. “Euskadi tiene suelos para 75.000 viviendas protegidas que ahora mismo están bloqueados. Con la ley de medidas urgentes, los Ayuntamientos podrán flexibilizar los porcentajes. De nada sirve el 75% de lo que no se desarrolla. El 75% de 0 es 0. Solamente movilizar el 10% serían 7.500 viviendas, es decir, el objetivo total de la legislatura”, ha señalado Andueza. También ha asegurado que la reducción de plazos de tramitación, incluidos los ambientales, no reduce las “garantías”. “Es la primera gran ley de esta legislatura”, ha insistido Andueza, que ha puesto en valor el “liderazgo” de su consejero Itxaso. “Los socialistas estamos en todos los Gobiernos para ser valientes. Hemos venido para hacer”, ha cerrado Andueza.

Desde la bancada del PNV, ha intervenido Jonatan Moreno, que ha presentado la norma que una propuesta “centrada, alejada de los extremos y de los dogmatismos”. Moreno ha avisado de que los jóvenes, en su mayoría, quieren una vivienda en propiedad. También ha aprovechado para poner en valor todas las actuaciones en la legislatura en materia de Vivienda. Ha resumido que el compromiso político se tiene que “medir en euros” y que la cartera de Vivienda es la que más sube en los presupuestos de 2026.

El texto aprobado es el original salvo por las 17 autoenmiendas de nacionalistas y socialistas. EH Bildu y PP, contrarios a la norma en líneas generales, se han abstenido en algunos artículos concretos. En la ponencia no se aceptó ninguna propuesta de la oposición. EH Bildu llevaba 47 enmiendas, el PP tenía 31, Sumar 30 y Vox 52. La sesión de la ponencia legislativa en la que se debatieron estas correcciones apenas duró unos minutos. El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha llegado a decir que la norma incluye referencias a artículos que no existe.

“Han hecho trampas”, ha añadido el parlamentario abertzale. Ha indicado que la norma “la ha escrito el Gobierno” y que incluso ha tenido contratos externos pagados por la Administración, aunque formalmente venga firmada por los partidos en la Cámara. “¿Para qué? Para evitar informes preceptivos. No los tenemos. Esta ley nace con pocas garantías”, ha manifestado en euskera. Ya en castellano, ha considerado “un paso atrás” el dictamen porque “responde a los intereses del lobby” del mercado y entiende que supone una “salida mercantilista” a un problema social.

Astigarraga ha llegado a sugerir que esta reforma “camina en la misma dirección” que la liberalización del suelo de José María Aznar y ha intentado meter cuña en la reconciliación de PNV y PSE-EE al deslizar que quizás los nacionalistas querrían pactar en materia de Vivienda con el PP. “Es una contrarreforma”, ha repetido la formación abertzale. “Muchos pueblos caen en desgracia cuando se convierten en fortines de EH Bildu”, le ha respondido Moreno desde la bancada nacionalista. Y ha añadido que quizás el modelo de EH Bildu es “Venezuela” y no Viena, la capital europea que gana adeptos como referencia.

Desde Sumar, en una línea similar, han defendido que la reforma “atiende a las exigencias de quienes nunca van a estar dispuestos a que la vivienda deje de ser un negocio” porque menciona que hace “compatible” la función social de las casas “con su condición económica”. “Un mero producto de mercado”, ha señalado Jon Hernández, el único representante de la formación de izquierdas. Ha añadido igualmente que Itxaso ha seguido “el método de los cobardes” para “evitarse informes preceptivos y obligatorios”.

El PP, desde una óptica contraria, ha lamentado las “falsas expectativas” que ha generado la reforma. A su juicio, implementa el modelo “más radical” de la izquierda. “Con esta ley el PNV y el PSE-EE enmiendan un modelo fracasado con una ley farragosa. Es absolutamente insuficiente”, ha dicho Ana Morales, la portavoz 'popular'. Según su tesis, los socialistas en España y Euskadi han cambiado las cosas, “pero a peor”. Vox, de saque, ha usado también este debate para criticar la inmigración. Según Andueza, escuchadas las críticas de ambos sentidos, el Gobierno se queda en la “centralidad”.

Tras la votación, el consejero Itxaso ha recibido el abrazo tanto del lehendakari como de Andueza. Y ha comparecido ante los medios. Ha bromeado con lleva año y medio “en posición de combate” en materia de vivienda y ha insistido en que el Gobierno “ocupa un carril central” para un “problema central”. La nueva ley es “un paso de gigante”, a su juicio. “Pero esto no acaba aquí. Ni mucho menos. Todavía tenemos mucho que hacer”, ha asegurado.

El Parlamento Vasco ha dado por cerrado este viernes el plazo de enmiendas para la reforma “urgente” de la ley de vivienda anunciada en marzo pero no presentada por PNV y PSE-EE en la Cámara hasta junio. De hecho, ha sido ahora porque se ha ampliado el margen para que los partidos presentasen sus propuestas al texto original hasta en tres ocasiones, el 26 de septiembre y los días 3 y 17 de octubre.

Nacionalistas y socialistas han presentado 17 autoenmiendas a su redacción cuando apenas quedaban nueve minutos para el final del plazo, a las 11.51 horas. En su mayoría, son mejoras “técnicas” del articulado, según indican en el escrito entregado en el registro parlamentario. Se pueden consultar todas ellas aquí.

Desde la oposición, EH Bildu ha planteado 32 correcciones al articulado y 15 a la exposición de motivos. Desde el anuncio de la ley, que entre otras medidas plantea reducir del 75% hasta el 60% la reserva para viviendas protegidas en las promociones, la coalición ha mostrado su rechazo frontal a lo que considera una “contrarreforma”. Las dudas de la formación soberanista al texto llegan al punto de cuestionar incluso las estadísticas que figuran en la introducción. Cree el parlamentario Xabier Astigarraga, por ejemplo, que se ha sobredimensionado el parque de viviendas protegidas en un 30% al incluir incluso las que ya han perdido la calificación. La formación abertzale también quiere evitar que esta reforma implique un retoque por la parte de atrás de la renta de garantía de ingresos, la RGI, como adelantó este periódico. EH Bildu lo ve como un recorte.

El PP también ha registrado 31 enmiendas, más de las 25 anunciadas inicialmente. La formación conservadora es igualmente crítica, pero en sentido contrario. Su tesis es que es un “mero parche” de “un modelo fallido que fracasa desde hace 40 años” y que encima tiene la firma de “los mismos autores”, en palabras de Ana Morales. Sumar tiene 30 correcciones y Vox 52, según los datos hechos públicos por el Parlamento.

PNV y PSE-EE disponen de mayoría absoluta para sacar adelante exclusivamente su redacción en la ponencia legislativa si así lo desean. El objetivo es que la norma esté promulgada antes de que acabe 2025. Además, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, firmará en el mismo plazo un nuevo decreto con otras medidas complementarias, como la reforma de programas como Gaztelagun o Bizigune.

El Parlamento Vasco ha dado luz verde este jueves al inicio de la tramitación de la reforma “urgente” de la normativa de vivienda, anunciada en marzo y que retoca hasta siete leyes para dar respuesta a la “emergencia” habitacional. Queda pendiente que se pueda habilitar parte del verano para avanzar en la redacción del articulado definitivo, ya que, de lo contrario, habrá un parón legislativo total de tres meses. No hay sesiones previstas en la Cámara hasta finales de septiembre, ni plenos ni comisiones.

Además de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, la admisión a trámite iba a contar con el apoyo del PP. Pero los 'populares' han visto un debate con iniciativas muy de “izquierdas” y se han quedado a última hora en la abstención, según ha mostrado con enfado la 'popular' Ana Morales. Mientras, la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, la ha rechazado con dureza. Vox no ha tomado parte en el debate -lo ha hecho después, como explicación de voto- y se ha abstenido.

De la relevancia de la iniciativa da cuenta que, en nombre del PSE-EE, el partido que dirige el área de Vivienda en el Gobierno de coalición con el PNV, ha defendido la ley el propio líder, Eneko Andueza, aunque luego ha delegado las réplicas en Adrián Fernández, su portavoz habitual en la materia. Solamente había tomado la palabra Andueza en dos ocasiones en lo que va de legislatura, la investidura de Imanol Pradales y un pleno monográfico sobre la situación económica. Según ha explicado Andueza, la norma busca “crear un carril rápido, una autopista”, para impulsar la vivienda protegida. “La vivienda es un problema que tiene solución. Las cosas tienen que cambiar en este país. No es una ley cualquiera: es un compromiso con toda una generación”, ha enfatizado.

¿Qué plantea la norma? Según expuso en su día el consejero Denis Itxaso, que ha seguido el debate desde su escaño, plantea simplificar la burocracia, reforzar algunas exigencias en las zonas tensionadas, lograr autorización para levantes de nuevas plantas en bloques ya construidos y, sobre todo, reducir del 75% al 60% el procentaje para vivienda protegida en las promociones.

Es precisamente este último punto el más controvertido. Las izquierdas lo han llamado “contrarreforma”. Pero Andueza ha insistido en que “de nada sirve el 75% de lo que no se desarrolla”. Y ha apuntado que el 60% es un mínimo porque “allá donde sea posible” podría alcanzar incluso el 100%. Desde la bancada del PNV, Jonatan Moreno ha defendido también esta propuesta porque “la vivienda no debería ser una trinchera ideológica”. “En el PNV, frente al dogmatismo, representamos el pragmatismo político”, ha lanzado a las izquierdas.

La norma ha llegado como “proposición de ley” y no como “proyecto de ley”. Es decir, siendo un planteamiento del Gobierno se hace a través de los partidos, lo que exime al documento de informes preceptivos de órganos consultivos y de control, como han reseñado sin excepción los portavoces de toda la oposición. Para Moreno, del PNV, eso solamente eran “trabas” y “burocracia” para retrasar las medidas.

PNV y PSE-EE iban a contar con el apoyo del PP. De hecho, los nacionalistas hasta les habían dado las gracias. “No vamos a ser nosotros quienes impidamos que en este Parlamento se debata de vivienda”, había señalado Morales, aunque luego ha dicho que estaba “más que justificado” el cambio de postura a la vista de los acontecimientos.

Morales, de hecho, ha formulado una enmienda de totalidad al contenido que se traducirá una “batería” de modificaciones que van a plantear a partir de ahora. Según el PP, el texto “inicia el camino adecuado” pero “se queda muy corta”. Es “tímida” y “tibia”. En algunos puntos, además, imita “el más puro estilo de la izquierda radical de Catalunya, de En Comú Podem”, según Morales, que ha afeado al PNV que se venda como moderado y luego copie otros modelos. Además, ha preguntado al aire si el texto lo ha escrito el Ejecutivo o bien una “consultora externa”, como ocurre con otros planes gubernamentales, en cuyo caso ha demandado que se aclare su coste.

Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga no ha escatimado en críticas. Se trata de una “improvisación”, de un texto carente de “ambición”. Apenas ha excepcionado las nuevas sanciones para las zonas tensionadas, algo que ha considerado “imprescindible”. Se ha ratificado en que es una “contrarreforma”. “Nunca hemos tenido tan pocas exigencias para viviendas protegidas cuando son más necesarias que nunca ha manifestado Astigarraga. Y ha agregado que se hace ”con una visión cortoplacista“ porque ”el único objetivo es tener 7.000 viviendas en tres años“ aunque ”a largo plazo será una hipoteca“.

En el plano político, ha afeado también al consejero Itxaso que haya “retado” a los municipios de EH Bildu a mantener el porcentaje del 75% de vivienda protegida si así pueden sostenerlo. “¿Es ése el modelo de gobernanza interinstitucional?”, se ha preguntado. También se ha dirigido Astigarraga al PNV al ironizar que el “pragmatismo” de este partido en materia de vivienda le ha llevado a no apoyar ni la ley vasca de 2015, ni la normativa estatal de 2023, así como a formular un recurso de inconstitucionalidad contra ella.

“Parece redactada en despachos de la banca y de las promotoras inmobiliarias”, ha apuntado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, que ha mencionado también la “cobardía” de presentar el texto sin los informes de control. Hernández, como Astigarraga, ha avisado también de que esta reforma cuela un retoque en la normativa de la renta de garantía de ingresos, la RGI, el salario social para personas sin recursos o el complemento para nóminas y pensiones bajas. Para solventar un punto anulado por una sentencia judicial en el reglamento de la RGI, se blindará la exigencia de un “título válido” de ocupación de una vivienda. EH Bildu y Sumar se unen así a organizaciones sociales como Argilan-ESK, que han denunciado que esto perjudicará a colectivos vulnerables.

Este sábado, en el centro de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, han confluido dos manifestaciones. Por un lado, decenas de personas clamaban contra el centro de refugiados que el Estado planea en el barrio de Arana. Por el otro, un grupo gritaba contra el genocidio de Israel en Palestina. Otro sábado, pero el de mediados de junio de 2015, también confluyeron dos movilizaciones en ese mismo punto. En la plaza de España, frente a frente, estaban los simpatizantes y detractores del hasta entonces alcalde de la capital vasca, Javier Maroto, del PP, que había ganado con claridad las elecciones con un discurso que asociaba el fraude y la delincuencia a la migración pero que, por el mismo motivo, propició que todas las demás fuerzas políticas de la ciudad se unieran contra él y que brotara una plataforma cívica llamada Gora Gasteiz. Se celebró la investidura, no sin movimientos políticos de última hora, y acabó con la 'makila' de alcalde Gorka Urtaran, del PNV, el tercero en las urnas y que tuvo que arrancar con un Gobierno apoyado en solamente cinco de 27 escaños. De aquello han pasado ya diez años.

Para entender la Vitoria de junio de 2015 hay que entender la de un año atrás. En 2014, en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde Maroto, tres años después de llegar al cargo con un discurso aperturista e incluso pactando con Bildu y que no había tenido problemas en fotografiarse con la estrella de la NBA fichada por el Baskonia Lamar Odom, inició una campaña con ideas como que el fraude en las prestaciones sociales era “escandaloso” y culpó de ello abiertamente a “argelinos y marroquíes”, que no mostraban “ningún interés en trabajar”. Ya antes, el PP y Maroto habían usado su influencia sobre el Gobierno vasco de Patxi López y la consejera socialista Gemma Zabaleta para lograr un recorte en la renta de garantía de ingresos, el salario social de quienes no tienen recursos en Euskadi o el complemento de las nóminas y pensiones bajas.

El argumentario lo asumieron pronto otros dirigentes del PP, como el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ahora líder del PP vasco, y se organizó una recogida de firmas bajo los eslóganes “ayudas más justas” o “ayudas sí, abusos no” para darle otra vuelta de tuerca a la protección social. En aquellos años, se instrumentalizó a otros grupos de extranjeros, como el colectivo de dominicanos, liderado por un militante del PP, para apoyar al alcalde y sus medidas. Otro afiliado, Patxi Gómez, tuvo que dejar la portavocía de la plataforma contra el fraude de los extranjeros en las prestaciones sociales al destaparse que él mismo había cometido fraude a la Seguridad Social.

Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2015. En España gobernaba el PP, Mariano Rajoy. En Euskadi el PNV, Iñigo Urkullu. Había nacido Podemos, pero iba con una marca blanca a las urnas locales, Sumando. De hecho, había otra oferta de la nueva izquierda, Irabazi, la suma de IU y Equo. El PSE-EE vitoriano estaba destrozado, con un candidato de última hora, Peio López de Munain, tras la salida abrupta de la elegida en primarias, Maite Berrocal, de uno de los dos sectores críticos de la formación y que ya había lanzado su campaña llenando de su imagen todas las marquesinas. El PNV acababa de recibir, en marzo, las conclusiones de la investigación de su mayor trama de corrupción, el 'caso De Miguel'. Bildu había pasado ya a ser EH Bildu y había encontrado una candidata con tirón, la independiente Miren Larrion.

El PP de Maroto obtuvo en Vitoria un excelente resultado. Mantuvo sus nueve concejales de 27 y ganó 3.000 apoyos. Para interpretar correctamente el dato hay que recordar que ninguno de los candidatos conservadores en las 50 capitales de provincia de España mejoró los números de 2011. Solamente en otra ciudad grande ocurrió algo similar, en Badalona. Xavier García Albiol ofreció una campaña similar a la de Maroto.

En segunda posición irrumpió la EH Bildu de Larrion, con seis ediles. El PNV de Urtaran fue tercero, con solamente cinco representantes. El candidato quiso dimitir por el mal dato. El PSE-EE salvó únicamente cuatro asientos en el pleno. La izquierda dividida sacó tres concejales, dos para Sumando (Podemos) y uno para Irabazi (IU y Equo).

Casi desde el momento mismo del escrutinio, Larrion abogó por una pinza 'antiMaroto' capitaneada por la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas nunca aceptaron ese planteamiento. Aquellos comicios alumbraron precisamente un matrimonio que se mantiene hasta hoy, el bipartito del PNV y PSE-EE. Empezaron ya a funcionar como bloque y el ya fallecido presidente nacionalista en Álava, Xabier Agirre, esgrimió a Larrion que la primera fuerza eran los nueve ediles que tenían ambas formaciones.

“La candidata nos trasladó que quería ser alcaldesa, pero nosotros teníamos el pacto con los socialistas. Poníamos nueve concejales encima de la mesa, los mismos que el PP, y ellos seis. La segunda fuerza eran ellos, sí, pero dijeron que estaban dispuestos a que gobernara la tercera con tal de que no lo hiciera Maroto”, recuerda un colaborador de Agirre, que reconoce que Urtaran les había pedido dejarlo. Se llegó a un acuerdo. El Araba Buru Batzar celebró una reunión extraordinaria para darle el visto bueno. Participó en ella Andoni Ortuzar, presidente nacional del partido.

Maroto también había hecho su ronda de reuniones. El PP recibió incluso a Larrion en el Ayuntamiento, a la izquierda abertzale. Normalidad institucional. Estuvo con el PNV igualmente. Esa cita no estuvo exenta de tensión. “Agirre les dijo: lo mismo que te ha dado el triunfo va a ser lo que no te permita gobernar”, explica un testigo. “Lo único que unió a PNV, Bildu, PSOE y Podemos fue echar al alcalde, que había ganado con contundencia y muchísimo apoyo”, replica Iñaki García Calvo, actual portavoz local del PP y colaborador de Maroto en aquellos años.

Llegó la investidura y mientras el PP y sus seguidores en la calle clamaban por el respeto a la lista más votada, todo estaba previsto para que el tercero en las urnas, un Urtaran que ya llegó a la política municipal cuatro años antes por otra carambola, fuese uno más de los 'alcaldes del cambio' de aquella primavera en la que Manuela Carmena tomó el mando en Madrid o Ada Colau en Barcelona.

En España, todos los ayuntamientos se constituyen el mismo día. Siempre es un sábado de mediados de junio. Sin embargo, en Vitoria se dejó el pleno para última hora de la mañana. Mucho antes estaba convocada la sesión en Andoain, en Gipuzkoa. Y aquello estuvo a punto de cambiarlo todo. Allí, el PNV tenía comprometido apoyar a los socialistas para desalojar a EH Bildu. Pero a última hora un edil nacionalista se negó y se truncó la operación. Como acto reflejo, el partido dio la orden a sus ediles en Vitoria de no votar a favor de Urtaran. Llegaron a publicarse titulares en prensa digital dando por hecho que Maroto, 'in extremis', iba a salvar la alcaldía.

Pero había otra opción. Incluso sin el PSE-EE era posible una mayoría alternativa. Implicaba que las nuevas izquierdas votaran a un alcalde de la derecha vasca. Primero fue Podemos quien dio el visto bueno. Así que solamente quedaba el edil Óscar Fernández, procedente de Equo y sin experiencia alguna en política. Era periodista deportivo en medios locales y trabajaba para una ONG. De repente, todas las miradas se posaron sobre él.

“No teníamos ni despacho aún. Como se retrasó la investidura, estábamos con compañeros de IU y de Equo tomando algo en un bar de la plaza. Se formó un poco de barullo, la verdad. Tuvimos que atravesar la plaza. Los seguidores de Maroto me increpaban y me insultaban. Del otro lado, me preguntaban qué iba a hacer. Fui de despacho en despacho. Primero estuve en el PSE-EE. Me encontré a Peio [López de Munain] llorando, devastado. Los socialistas me echaron la responsabilidad sobre mis hombros. Y yo no tenía experiencia alguna”, relata Fernández, que sigue siendo concejal en 2025. De hecho, salvo García Calvo del PP y otro compañero, nadie más de aquel momento continúa en el Ayuntamiento sin que haya pasado tanto tiempo.

“No era tanto apoyar a Urtaran como que Maroto no continuara”, abunda Fernández. Cristina Macazaga, dirigente de aquel primer Podemos en Vitoria, explica que ellos tampoco se habían presentado “para hacer alcalde a Urtaran”. “Pero la coyuntura ofrecía la oportunidad de evitar que el racismo y la xenofobia administrara la ciudad. No hubo duda en apoyar otra alternativa para que Maroto y su discurso del odio no fuera alcalde”, explica ya alejada de la política.

“Viví aquel sábado. Aunque a mí me gusta mirar al futuro y no tanto al pasado, no podemos dejar de pasarlo por alto. Era una ciudad que estaba funcionando. Aquí había un alcalde. El único que había mejorado resultados en toda España. Fui testigo de muchísima gente que quiso apoyar a su alcalde, al que puso a Vitoria en el mapa. Hay mucha diferencia con la decadencia que tenemos diez años después”, explica García Calvo sobre su versión de lo ocurrido aquel sábado de 2015.

Se celebró el pleno. El PSE-EE, en efecto, no apoyó al PNV. López de Munain -con el que este periódico no ha podido contactar- lloraba y lloraba. En la calle, la tensión creció. A la izquierda, mirando al Ayuntamiento, los seguidores del PP estaban indignados. A la derecha, Larrion saludaba desde un balcón a los suyos aunque ella no fuera la alcaldesa. Urtaran y su equipo casi pasaban inadvertidos en aquel ambiente. En X (entonces llamada Twitter), De Andrés tiró de ironía sobre lo ocurrido ya que en Oyón, en la Rioja Alavesa, un candidato del PNV, Eduardo Terroba, también relevó a un regidor del PP. Hizo un juego de palabras con los apellidos de Terroba y de Urtaran y un 'robo' político. “Sabemos que este alcalde es legal pero no es legítimo”, añadió Alfonso Alonso, entonces ministro.

El PNV montó un Gobierno en solitario. Eran el alcalde y cuatro concejales nada más. Un par de asesores, Álvaro Iturritxa y Blanca Guinea, apoyaban al Ejecutivo de la capital vasca en el día a día desde la sombra. Una de las ediles multitarea fue Nerea Melgosa, actual consejera en el Gobierno vasco. De hecho, se le asignó liderar una nueva cartera de “Convivencia”. Melgosa recuerda llegar a la investidura después de oficiar una boda esa misma mañana y, además, en inglés. Dice que sigue en contacto con aquella pareja así que recuerda aquel sábado como “doblemente fructífero”.

“Más que tensión, hubo emoción. Hay que dar las gracias a Gorka, por haber dado ese paso”, explica. Asegura ninguno de los integrantes de ese equipo piso su casa en el primer año. Melgosa, por ejemplo, llevaba Convivencia pero también Políticas Sociales o Promoción Económica, “incluidos los polígonos industriales”. “Era mucho, mucho”, afirma. Melgosa, en julio de 2015, acabó descalza en una mezquita mostrando respeto a la comunidad magrebí tras lo ocurrido.

A finales de 2015, el PNV eligió nuevo presidente en Álava, José Antonio Suso. Su primera misión fue llamar al PSE-EE para retomar el acuerdo. En pocos meses, a mediados de 2016, se cerró una coalición y la ciudad pasó a tener un Gobierno de nueve miembros. Urtaran, el tercero en discordia, acabó ganando las elecciones de 2019. Pero, en 2023, el PNV prescindió de él. Ahora es diputado foral en Álava. Llegó a encabezar una candidatura crítica para liderar su partido, aunque fue derrotado.

Larrion, de su lado, tuvo que dimitir de forma repentina al ser arrestada por la Ertzaintza. Acabó condenada por el robo de una cartera a una asesora y por la suplantación de su identidad. Su pena quedó atenuada por su salud mental y la saldó con trabajos en beneficio de la comunidad, sin llegar a entrar en prisión. En 2023, Rocío Vitero fue la nueva candidata y ganó las elecciones. Pero, como Maroto, no pudo gobernar porque hubo un acuerdo en su contra. En este caso fue el PP el que apoyó al bipartito de PSE-EE y PNV para evitarlo, a modo de venganza diferida ocho años después.

Vitero no estaba en el Ayuntamiento en 2015 pero, según explica, fue Gora Gasteiz lo que le hizo dar el salto a la vida política institucional. “Participé en los movimientos sociales frente a la situación de racismo, xenofobia y crispación”, cuenta al otro lado del teléfono. Y añade: “Para mí, fue un detonante cuando EH Bildu cedió su puesto, sin interés político, porque el Ayuntamiento no podía tener un líder que rompiera la convivencia y con un discurso racista. Se demostró capacidad de escuchar y de materializar lo que pedía la gente de Gasteiz. Se trabajó con total discreción”.

A juicio de Vitero, desde entonces EH Bildu sigue “creciendo”. “Tenemos otra manera de hacer política”, afirma. Preguntada por la investidura fallida de 2023, acusa a PNV y PSE-EE de “ir de la mano del PP”. Sin embargo, pone en valor que, después de aquello, quien ofrece “estabilidad” a la ciudad es su grupo, con acuerdos presupuestarios y de otro tipo.

¿Y Maroto? Muchas voces califican como “exilio” sus siguientes años. A pesar de repetir que llevaba “Vitoria en el corazón”, en 2016 decidió dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado en el Congreso en sustitución del otro alcalde que ha tenido el PP, Alfonso Alonso. En las generales de 2019 intentó revalidar el escaño, pero se lo ganó EH Bildu, que lo celebró como un segundo desalojo. Finalmente, el partido lo recolocó como senador electo por Castilla y León, para lo que tuvo que empadronarse en el minúsculo pueblo segoviano de Sotosalbos.

En estos años, ha sido dirigente de Génova con Pablo Casado y ahora es vicepresidente del Senado. Ya no hace vida política en Vitoria y nunca se le ha visto apoyar a los compañeros que dejó aquí, a diferencia de Alonso. “Yo no cambiaría la política local por nada del mundo. Es la más exigente, pero es la más gratificante”, señala preguntado por este 'exilio' García Calvo, que previsiblemente será el candidato del PP en 2027.

Este sábado, una de las protestas en Vitoria era contra el centro de refugiados de Arana. Es cierto que la oposición a este proyecto es mucho más amplia que la del PP y que encierra matices diferentes, pero los 'populares' acaban de iniciar otra recogida de firmas. El presidente 'popular' alavés, Iñaki Oyarzábal, ha asociado ese recurso con un supuesto incremento de la delincuencia. Hace unas semanas, en el Senado, el PNV preguntó por esta infraestructura al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se ausentó y terminó moderando el debate sobre Vitoria y la migración el senador segoviano Javier Maroto.

La ley registrada por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco para adoptar medidas “urgentes” en materia de vivienda incluye también una disposición adicional que retoca la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos, de diciembre de 2022. La conocida como RGI es el salario social de quienes no tienen recursos o el complemento de nóminas y pensiones precarias, 59.000 familias en total. En concreto, blinda que nadie sin “título válido” de uso de una casa, sea en compra o en alquiler, pueda acceder a las prestaciones sociales. Colectivos sociales como Argilan-ESK interpretan que esta medida, precisamente, entorpece el acceso a ayudas a quienes viven en régimen de subarriendo, con fórmulas alegales o incluso ocupando un espacio vacío.

Aunque la ley formalmente es de los grupos parlamentarios de PNV y de PSE-EE, está claramente coordinada por el Gobierno de Imanol Pradales. Se ha elegido que lo presenten los partidos para ahorrar trámites e informes -jurídicos, económicos o de género- y que esté en vigor a finales de 2025. De hecho, el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, explicó a los periodistas en una comparecencia que la disposición sobre la RGI fue una “petición expresa” de su colega el vicelehendakari Mikel Torres, también socialista y responsable de Economía, Trabajo y Empleo, la cartera que gestiona las prestaciones sociales.

La disposición responde claramente a una sentencia emitida en marzo por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tras un recurso de Argilan-ESK, de ELA, de Berri-Otxoak y del Sindicato Socialista de Vivienda, quedó anulada una disposición del decreto de 2023 que desarrollaba la ley de la RGI de 2022 para exigir el “título válido” de uso de un alojamiento a la hora de solicitar las prestaciones. El Gobierno vasco interpreta no que la sentencia anulara la medida en sí sino la forma en la que fue aprobada. De hecho, el fallo aludía a que se necesitaba una habilitación legal para introducir esas limitaciones. “Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa ni ha habilitado al reglamento para tal desarrollo o precisión, el reglamento no puede introducir 'ex novo' un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándola o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse domicilio”, se podía leer en el fallo.

El nuevo texto de PNV y PSE-EE meterá por esta vía interpuesta un nuevo apartado en el artículo 13 de la ley de 2022 que recoge palabra por palabra el párrafo eliminado por la Justicia en el reglamento. También, con fines similares, una acotación sobre las “unidades de convivencia” o familias, los grupos de personas que conviven de modo regular sea cual sea su estatus o relación de parentesco. “La resolución decía que dicho requisito debe constar en la propia ley, por lo que este departamento ha incorporado este requisito en la ley”, apuntan desde el área de Torres, que llegó al cargo hace un año, es decir, después de la aprobación de la ley y del reglamento, pero que hace suya la hoja de ruta de su predecesora, Idoia Mendia.

“La vía utilizada para incluir el artículo considerado nulo por la sentencia del Superior de finales de 2024 a través de la ley de Vivienda es una iniciativa torticera del Gobierno vasco, que no se ha atrevido a abrir el melón de la ley de 2022 pues sabía que el malestar que se ha ido acuñando en los 27 meses de gestión de la nueva legislación de la RGI le iba a estallar en plena cara”, interpretan, de su lado, desde Argilan, plataforma especializada en la atención de perceptores de prestaciones y vinculada al sindicato ESK.

Con todo, este colectivo tiene aún “esperanza” de que sea posible “evitar que se incluya este cambio”, aunque el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tiene una holgada mayoría absoluta en la Cámara. Según Argilan-ESK, el objetivo “único y exclusivo” de este cambio legal por la puerta de atrás es “limitar el acceso a la RGI a las personas más vulnerables de la sociedad”. “A aquéllas que no tienen ninguna capacidad para enfrentarse a caseros egoístas y usureros que les obliguen a pagar un precio por títulos válidos en derecho para tener una residencia, cuando ahora con el simple empadronamiento (cosa que tampoco suele salir gratis) ya es requisito suficiente para tener derecho a la RGI”, entienden. Agregan que desde que los tribunales anularon esa limitación “ni se ha producido ninguna inseguridad jurídica de las personas propietarias de pisos en alquiler, ni ha aumentado el fraude ni nada de nada”.

Lamenta Argilan-ESK que en el debate sobre el alcance de la RGI, que es un derecho en Euskadi desde 2008, están calando poco a poco “la aporofobia y la xenofobia”. “El Gobierno vasco se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para sembrar la guerra de los anteúltimos contra los últimos de las personas vulnerables de nuestra sociedad. En Argilan-ESK haremos todo lo que esté en nuestra mano por evitar que esta guerra se extienda a través de la RGI y seguiremos defendiendo un modelo de renta básica incondicional, que haría imposible este tipo de problemas que se generan con modelos caducos de subsidios condicionados como es la RGI”, agregan desde esta organización.

El número de pagos indebidos del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) a los perceptores de prestaciones sociales cayeron un 81% en 2024 con relación a 2023 por la entrada en vigor de los nuevos sistemas de control de las cuantías derivados de la ley de 2022 y del decreto de desarrollo de 2023. Según los datos que figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en respuesta a una solicitud de Álvaro Gotxi (PP), en 2024 hubo 7.755 expedientes de este tipo frente a los 43.976 de 2021, los 44.397 de 2022 y los 40.048 de 2023. El documento no traduce ese descenso en dinero, pero en 2023 esos indebidos en la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV) alcanzaron los 55 millones de euros.

“Como se puede observar, hay una reducción notable en la generación de cobros indebidos a partir de la entrada en vigor del decreto 173/2023 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la RGI. Esto es así debido a que la nueva normativa establece un período de decalaje en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, de forma se evita la causa principal de la generación de deuda, esto es, la imposibilidad material de actualizar la prestación en el mismo mes en el que se producía la variación de ingresos, de unidad de convivencia o incumplimiento de requisitos”, explica Torres al PP.

Para entender la generación de pagos indebidos de Lanbide a los perceptores de prestaciones hay que comprender el funcionamiento de la RGI. Se trata de una renta variable en función del número de miembros de una familia o unidad de convivencia y también de sus circunstancias. Es un salario social completo pero sirve también de complemento de pensiones bajas o incluso de nóminas escasas. De este modo, los perceptores que entran y salen del mercado laboral o que tienen entradas de dinero irregulares tienen derecho a diferentes cuantías de modo recurrente. Y eso, sin ser fraude en la mayoría de los casos, les generaba unos ingresos indebidos.

El informe apunta cinco tipos diferentes de pagos indebidos. Uno es el incumplimiento de requisitos bien para acceder a la RGI o bien para su complemento para el alquiler, la denominada PCV que ya no se concede más porque ahora esas ayudas se gestionan desde Vivienda y no desde Lanbide. En 2021 fueron 2.950 casos de este tipo por 3.117 en 2022, 2.196 en 2023 y 1.113 en 2024. Otro es el desfase con los ingresos para calcular la cuantía final. Aquí está el gran cambio actual tras la entrada en vigor de los nuevos sistemas de gestión. Fueron 37.005 expedientes en 2021, 35.950 en 2022, 27.305 en 2023 y apenas 466 en 2024. Hay también indebidos propios de la PCV, que irán a menos conforme los beneficiarios se muevan a la nueva PEV de Vivienda. Fueron 3.259, 4.005, 3.089 y 1.593 en los últimos años. Las deudas generadas por cambios en la unidad de convivencia fueron 762, 664, 550 y 14, respectivamente.

En la actualidad, la mayor bolsa de indebidos la genera el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde la creación de esta prestación estatal y su trasferencia de gestión a Lanbide, los perceptores reciben un único abono pero las administraciones se lo reparten. Es decir, la RGI complementa con fondos autonómicos el IMV hasta umbrales más altos. Pero hay problemas de “sincronización”. Por ejemplo, “una generación de atrasos de IMV de una persona perceptora a su vez de RGI implica una generación de la correspondiente deuda de RGI”. O, dicho de otro modo, si un ciudadano tiene derecho a 1.000 euros, hasta que no se le ajusta el IMV seguirá cobrando esos 1.000 euros todos ellos con cargo a la RGI e irá acumulando una deuda, aunque no esté defraudando en absoluto.

Explica el Gobierno que se ha creado un “sistema de compensación automático” de modo que cuando se abonan de golpe los “atrasos” del IMV se usan para “compensar” los excesos de RGI. 4.569 perceptores en 2024 han tenido este problema, como lo tuvieron 6.908 en 2023. En 2021 y 2022 no era una cuestión perceptible apenas en plena puesta en marcha del IMV. En 2023, solamente los indebidos del IMV supusieron unos 30 millones de euros de los 55 totales de todas las casuísticas.

En el informe figura el dato de que la deuda total generada por los indebidos alcanzó los 285,1 millones de euros. De ellos, 29 millones se han dado por prescritos, es decir, no los tendrán que devolver los beneficiarios, un dato que quería conocer el PP. Por el contrario, 178,5 millones han sido ya “recuperados”. Son un 10% y un 62%, respectivamente, incide el vicelehendakari Torres. Añade que “este proceso de recuperación de deuda continúa en la actualidad mediante los procecimientos de compensación, fraccionamiento, cartas de pago y vía ejecutiva”.

La 'número dos' de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha cargado con dureza contra la nueva campaña de la parte del PSE-EE del Gobierno vasco para evitar el fraude las prestaciones sociales y ha considerado “inadmisible” fomentar el señalamiento de las personas más vulnerables. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que dirige el vicelehendakari socialista Mikel Torres, anunció este lunes la puesta en marcha de un 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', que será un canal para que la ciudadanía reporte, de forma anónima y confidencial, cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Kortajarena no ha dudado en considerar que esta iniciativa “asume marcos narrativos propios de la extrema derecha”. “Es inadmisible que se asuman estos discursos de esta forma. Mikel Torres debe dar explicaciones”, ha señalado y ha exigido una rectificación inmediata y la retirada de la campaña.

Kortajarena, que preguntará este próximo viernes sobre esta cuestión a Torres en el pleno de control del Parlamento Vasco, ha subrayado que el fraude en las ayudas sociales“ es mínimo, rondando apenas el 0,25%”, y ha criticado que, pese a estos datos, se lancen iniciativas que, en sus palabras, “reman en la dirección contraria a la inclusión y la protección de las personas perceptoras de la RGI” y de otras prestaciones“. ”¿Dónde están los buzones para denunciar la evasión fiscal? ¿Y para la corrupción?“, se ha cuestionado la representante de EH Bildu en alusión a la falta de medidas más contundentes contra problemáticas de mayor impacto económico. La coalición, por ejemplo, denunció hace pocas fechas la escasa dotación de las unidades de la Ertzaintza para estos delitos.

Lanbide ha puesto en marcha de este buzón en el marco de una campaña de publicidad que se inicia este martes con el lema 'Cumplir es tu garantía', con la que, según aseguran, tratan de concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos. A su vez, en el marco del 'Plan Anual de Asistencia, Inspección y Control (PAAIC)', se dará un impulso a las herramientas antifraude con una unidad de inspección más especializada y coordinada. Desde el Servicio Vasco de Empleo se ha afirmado que la creación de este buzón “es muestra del compromiso de este organismo con la ética y la protección de los recursos públicos”, con el objetivo de buscar el correcto uso de los fondos sociales por parte de “quienes realmente lo necesitan”. La Inspección de Trabajo tiene un mecanismo similar.

Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo ha puesto en marcha un 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', un canal que permite a la ciudadanía reportar, de forma anónima y confidencial, cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, Lanbide desarrollará, a partir de este martes una campaña de publicidad que, con el lema 'Cumplir es tu garantía', tratará de concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos. A su vez, en el marco del 'Plan Anual de Asistencia, Inspección y Control (PAAIC)', se dará un impulso a las herramientas antifraude con una unidad de inspección más especializada y coordinada.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, el director general de Lanbide, Francisco Pedraza; y la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, han presentado este lunes en Vitoria la campaña y las nuevas medidas impulsadas por este órgano. El objetivo de la campaña es prevenir el fraude y promocionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones para el acceso y mantenimiento de las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

La campaña, que estará vigente desde este martes y durante 15 días en diferentes medios y soportes, forma parte del Plan Anual desarrollado este año por parte de Lanbide. Los anuncios y carteles, que se podrán ver en el mobiliario urbano de Euskadi, medios de comunicación y transporte, apelan a aportar información “veraz y actualizada” a Lanbide, a acudir a los cursos de formación, y a “comprometerse con la inclusión sociolaboral”.

Otra de las actuaciones del plan de Lanbide que tiene una relación directa con la campaña es el lanzamiento de una nueva herramienta en web destinada a “garantizar la justicia y transparencia” en el cobro de las prestaciones sociales.

Similar a iniciativas puestas en marcha en otros países o en otros departamentos del Gobierno vasco para detectar situaciones fraudulentas, Lanbide ha puesto en marcha el 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', un canal que permite a la ciudadanía reportar, de forma anónima y confidencial, cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde Lanbide se ha afirmado que la creación de este buzón es muestra del compromiso de este organismo con “la ética y la protección de los recursos públicos”, con el objetivo de buscar el correcto uso de los fondos sociales por parte de “quienes realmente lo necesitan”.

Quien recurra a este canal deberá completar un formulario en línea y aportar la información básica del posible caso de incumplimiento, con la posibilidad de aportar documentos adicionales. La confidencialidad de estas comunicaciones está “plenamente garantizada”. Con este sistema se pretende canalizar la recogida de información que de forma anónima los ciudadanos hacían llegar hasta ahora a Lanbide por diversos medios y de forma “desorganizada”. Como hasta ahora, las denuncias recibidas serán estudiadas, a pesar de que este buzón no supone la presentación de una denuncia formal. Las personas interesadas tienen la posibilidad de registrar denuncias oficiales en la sede electrónica de Lanbide.

Inspección coordinada

Además de estas medidas, la Unidad de Control de Lanbide realiza una vigilancia sistemática de las prestaciones y del cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas con herramientas cada vez más especializadas y coordinadas. Esta sección cuenta desde diciembre de 2023 con una unidad específica de inspección, formada por 19 inspectoras e inspectores, que suman su labor a las funciones de control que se desarrollan desde las propias oficinas y que velan por el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

Hasta la fecha se han revisado 5.426 expedientes, correspondientes al total de concesiones realizadas por declaración responsable en el ejercicio 2023, y se ha iniciado la tramitación de 14 procedimientos de control que podrían acabar en una extinción de la prestación y en la prohibición de solicitarla en un periodo de dos años.

Además, la Unidad de Control mantiene una comunicación diaria con los diferentes cuerpos policiales, a los que este año ha derivado 18 casos para su investigación, y colaboración continua con distintas instituciones, como la Inspección de Trabajo o el Ministerio Fiscal, y realiza cruces de datos de forma habitual de todos los expedientes con distintas administraciones, como los padrones municipales, Hacienda o Seguridad Social, para conocer la vida laboral o las bases de cotización de las personas perceptoras.

La Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión tiene entre sus objetivos universalizar al máximo el acceso a la RGI, simplificar el acceso a la prestación -para que puedan acceder a ella todas las personas que potencialmente la necesitan- y gestionar los procedimientos “de manera ágil y con escrupuloso rigor en la verificación de las situaciones de necesidad”. Para ello, se obtienen los datos directamente de la administración competente, sin necesidad de que los solicitantes tengan que aportarlos, y se controla el cumplimiento de requisitos y obligaciones.

El 'Plan de Asistencia, Inspección y Control 2024' y la Unidad de Control de Lanbide actúan en tres ámbitos: asistencia y acompañamiento a las personas, promoción del cumplimiento, e inspección y control.

En el campo de la promoción del cumplimiento y prevención del incumplimiento se enmarca la campaña 'Cumplir es tu garantía', que supone una continuidad de otra acción publicitaria denominada 'Creada para aportar mucho más', que se activó en septiembre de 2023 para informar sobre las características de la nueva ley.

Respecto al apartado asistencial, se han puesto en marcha actuaciones como la implantación del nuevo modelo de intervención y prestación de servicios en las Oficinas Locales de Empleo (programa Hobetzen), el servicio de acompañamiento de KZGunea en la realización de trámites telemáticos, o el convenio de actuación con varias entidades del tercer sector para realizar transacciones electrónicas en procedimientos relacionados con las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha firmado ya un borrador del decreto que modificará las cuantías de la renta de garantía de ingresos (RGI) que reciben los perceptores de la prestación que la compatibilizan con un empleo de baja remuneración. El plan pasa por otorgar una bonificación de 140,11 euros mensuales a las mujeres solas con menores a su cargo que decidan continuar en el mercado laboral, por abonar también entre 67 y 123 euros adicionales a las mujeres pareja de un titular de la prestación que encuentren empleo y por subir hasta los 2.335 euros el máximo mensual en doce pagas que puede llegar a cobrarse para acceder a los complementos de la RGI en caso de familias de dos adultos con tres o más menores a su cargo. Por el contrario, la otra cara de la moneda es que las personas solas o incluso las parejas podrían ver reducidos sus ingresos si sale adelante tal cual el decreto que prepara el Gobierno, aunque ahora no habrá un límite de tres años en los denominados “estímulos al empleo”, que pasan a ser indefinidos. “En otras palabras, percibirán menores ingresos mensuales, pero lo harán (o podrán hacerlo) durante mucho más tiempo”, argumenta el Ejecutivo sobre este recorte en la documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico.

La RGI es un derecho económico creado en Euskadi para dotar de un mínimo a quienes no tienen recursos. La última reforma es reciente de 2022. Pero también es un complemento de quienes cobran salarios o pensiones bajas. Precisamente este decreto va a reformular esos estímulos al empleo, aunque siempre desde la premisa de incentivar la búsqueda activa de una colocación para que sea más ventajoso eso que permanecer indefinidamente cobrando las ayudas. Además, no se oculta que es preciso “abordar la persistencia del fenómeno caracterizado por personas ocupadas que no consiguen superar el umbral de la pobreza debido a sus bajos ingresos”. El nuevo decreto, que ahora entrará en su fase final de tramitación, sustituirá a una regulación de 2001, con Juan José Ibarretxe de lehendakari y Joseba Azkarraga de consejero del ramo. Entonces ni siquiera existía el euro y la peseta era la divisa oficial.

En mayo de 2024 eran 12.445 los expedientes de RGI de personas con un empleo, el 21% de los 58.930 perceptores totales. De ellos, 8.000 son personas solas o que viven en pareja, de modo que son los que podrán ver reducida su prestación. En algunos casos podría llegar a 229 euros esa rebaja. El Gobierno justifica que hará una redistribución “vertical” del presupuesto para primar a las familias más grandes y a las monoparentales. La memoria económica del decreto remarca que la nueva ley de la RGI de 2022 hizo crecer en cerca de un millón de euros cada mes la partida presupuestaria destinada a los estímulos al empleo porque se revisaron al alza todas las cuantías y porque estos complementos se hicieron indefinidos. Sin embargo, el nuevo sistema apenas costará “2.447,37 euros mensuales”. En concreto, la previsión es pasar de abonar 3.134.357,03 euros a gastar 3.136.804,34 euros, siempre según los datos oficiales.

Habrá un recorte de unos 600.000 euros para las unidades de convivencia de una o dos personas (incluso algunas parejas con un hijo podrían verse afectadas también) que financiarán el resto de mejoras. En esta tabla se puede ver el detalle de los cambios previstos en los abonos:

Inspiración neerlandesa

El Ejecutivo asegura tener “documentado” el “efecto negativo de la monoparentalidad sobre la probabilidad de obtener un empleo”. “Entre las personas titulares de la RGI que perciben el complemento de monoparentalidad (8.525 unidades de convivencia), en mayo de 2024 el 96,2% eran mujeres. Además, resulta muy elocuente que entre las 14.270 unidades de convivencia beneficiarias de la RGI encabezadas por mujeres que carecían de ingresos procedentes de las rentas del trabajo, el 56,8% eran hogares monoparentales”, se explica. Es por eso que se creará una “bonificación por coste de crianza”, es decir, “un estímulo complementario adicional de 140,11 euros mensuales dirigido a aquellas personas titulares de la RGI en unidades de convivencia monoparentales que accedan o se mantengan en el empleo”. “Resulta razonable pensar que esta innovación contribuirá a incrementar la tasa de ocupación en este colectivo”, creen en Economía, Trabajo y Empleo.

La RGI tiene perceptores -los titulares de la ayuda a ojos del Gobierno- y beneficiarios -sus familiares-. También se ha detectado que las parejas femeninas de los hombres que reciben la prestación no están movilizadas para el empleo. Para ello se creará una “bonificación personal” de entre 67 y 123 euros mensuales para ellas. “En otras palabras, la incorporación de la segunda persona miembro de la pareja conllevará una mayor bonificación de los ingresos salariales y, por lo tanto, provocará un incremento en la renta disponible de la unidad de convivencia. Este diseño se encuentra tímidamente inspirado en el modelo de créditos fiscales por rendimientos del trabajo de los Países Bajos, que se ha mostrado razonablemente eficaz como estímulo a la incorporación al empleo de las mujeres dentro de los hogares”, explica el Gobierno en su documentación. La 'cara B' es que reduce las cuantías para las familias de menor tamaño. “Una de las novedades introducidas por el proyecto de decreto consiste en mejorar el complemento salarial en el caso de las unidades de convivencia de mayor tamaño”, admite el Gobierno.

Por otro lado, el Gobierno va a cambiar los umbrales para poder acceder a los estímulos. La voluntad es que, en los casos extremos, hasta cobrando 2.335 euros mensuales (siempre en doce pagas y no en catorce) se puede acceder al sistema de RGI. Así será para una familia de al menos cinco miembros, dos adultos y al menos tres menores. Antes el máximo eran 1.780 euros. Para una pareja con dos hijos se sube de 1.705 a 2.125 euros y para esa misma pareja con un solo vástago de 1.630 a 1.915. Sin hijos se flexibiliza el acceso hasta los 1.705 euros frente a los anteriores 1.555. Un adulto con un menor podrá pedir RGI con hasta 1.765 euros por los 1.550 del modelo actual y, si tiene dos hijos a su cargo, los máximos pasan de 1.625 a 1.975 euros. Quedan afectados quienes viven solos: antes con hasta 1.305 euros había derecho a un complemento y ahora se cerrará la ventanilla en 1.205.

El balance de 2023 de la Renta Garantizada recoge un descenso de las familias que perciben esta renta mínima en Navarra refleja un aumento del número de personas que dejan de cobrarla por haber encontrado un empleo y se mantiene estable, en un 27%, el número de perceptores que la compatibilizan con contratos laborales. Así lo han trasladado este viernes la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Inés Jimenez, que han presentado el estudio en rueda de prensa.

Maeztu ha destacado que la renta garantizada es una herramienta que hace “más sólido” el sistema de bienestar y que “ayuda a combatir la pobreza y a proteger a las personas y especialmente a la infancia en momentos de vulnerabilidad”. Ha señalado que “además de proporcionar una cobertura económica, trata de ofrecer itinerarios de acompañamiento y herramientas encaminadas a la inclusión social de las personas”.

“Ayudar y evitar que las personas enfrenten situaciones de pobreza no solo es de justicia social. Para una sociedad tener pobreza es también enormemente caro. Tiene un coste económico y social muy alto”, ha destacado Maeztu, para añadir que “tener más gente en la pobreza repercute en los servicios de salud, en salud mental, en justicia, en seguridad ciudadana, en educación...”.

“La inversión que hacemos en estas prestaciones, además, de éticamente incuestionable, es rentable desde el punto de vista económico, y en términos de coste efectividad. Navarra es la segunda comunidad por debajo del País Vasco con menor tasa de pobreza de toda España”, ha explicado.

La consejera ha incidido en que “los datos que presentamos son tozudos” y ha insistido en que “hay dinamismo, las personas no se cronifican en el cobro de la renta, es una prestación de carácter temporal, hay control y seguridad”.

Según ha expuesto, “el sistema, como todo sistema, es mejorable y de hecho estamos tratando de adaptar los ámbitos en los que vemos que hay margen de mejora”. “Pero el sistema funciona, está ayudando a muchas personas, a muchas familias”, ha dicho Maeztu.

16.384 unidades familiares beneficiarias

En 2023 han sido beneficiarias de Renta Garantizada 16.384 unidades familiares distintas, no obstante, la media mensual de unidades perceptoras en nómina ha sido de 12.618; han disminuido un 4,7% respecto a 2022, lo que sitúa el número medio muy aproximado a los valores de 2018. En concreto, las unidades perceptoras de la Renta Garantizada han descendido en 1.982 familias en los últimos dos años: en 2023 hubo 16.384 unidades perceptoras, mientras que en 2022 fueron 17.259 y en 2021, 18.366. El descenso, supone un 5% respecto a 2022, y un 11% desde 2021.

En 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que han pasado a percibir el importe de la deducción a través de la renta garantizada. Esto se ha traducido en que han accedido a la prestación 542 unidades perceptoras por lo que, sin el acceso de estas personas, la tendencia a la baja todavía sería más significativa, han indicado.

A través de las 16.384 unidades familiares, la prestación da cobertura a un total de 35.471 personas (el 5,28% de la población navarra), un 6,97% menos de personas que en 2022. El 53,77% de las beneficiarias son mujeres y el 46,23% hombres. En cuanto a los grupos de edad, el descenso afecta más a personas adultas (un 9% menos) que a menores de edad un (2% menos), lo que aumenta el peso o la representatividad de las personas menores de 18 años. Así, el 38,28% de las personas atendidas por esta prestación son menores (es decir, 13.579 menores).

Según la distribución por sexo, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 57,8%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres.

Por otra parte, el 81,71% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 49,38% de todas las unidades familiares son de carácter unipersonal. El 28,5% de las familias cuentan con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.413, que representan el 46,6% de las unidades familiares cuya solicitante es mujer).

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 53,4% del total de solicitantes), si bien “se aprecia ya una clara tendencia al descenso interanual desde 2016 de la representatividad de este colectivo”. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 37,33%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.

Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40,8%). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,2%; a continuación, la zona de Tudela con el 16%; el área de la de Estella (10,7%); la de Tafalla (6%); y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,7% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.

En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,6% del total) y la de la Milagrosa-Azpilagaña (5%), el SSB de Tudela (5,7%) y el de Berriozar (5,3%). “Datos que también permanecen estables desde 2016”, según el Ejecutivo.

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 647,96 euros/mes por unidad familiar.

A pesar de la disminución de las unidades familiares perceptoras en 2023 se ha destinado un total de 103.942.216,36 euros lo que supone un incremento del 7,15% respecto a 2022. El incremento de gasto se debe principalmente a la actualización de la prestación con 8,8% del IPC tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

En 2023 ha aumentado el número de personas que han abandonado el cobro de renta garantizada por encontrar un empleo siendo 1.683 las personas que se han dado de baja de la prestación por haber accedido a un trabajo. En 2021 fueron 1.404 y en 2019, 1.293.

Un total de 5.523 personas en edad laboral (de 4.525 unidades perceptoras distintas) que han percibido la Renta Garantizada han sido contratadas a lo largo de 2023, con un total de 13.771 contratos (es decir una media de 2.49 contratos por persona). Las 5.523 personas que han accedido a contratos laborales representan el 27% de las personas en edad laboral en 2023. Este porcentaje es muy similar al del año 2022, cuando fue 28%, “pero es muy significativo ya que en 2023 ha disminuido un 3% el número de personas perceptoras en edad laboral (20.621, un 58%, frente a las 23.110 personas edad laboral de 2022, un 61%)”. Es decir, ha precisado el Gobierno, se mantienen los niveles de contratación a pesar de que el porcentaje de personas perceptoras en edad laboral ha descendido, ya que hay más menores de 18 años y más mayores de 65 años. En cuanto al origen de las personas contratadas, el 65% de las que han accedido al empleo tienen origen migrante.

El informe también recoge que, de las 20.621 personas beneficiarias de renta en edad laboral en 2023, 9.265 no estaban disponibles para trabajar en el momento de la percepción. Las razones más comunes tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud (problemas de salud mental, discapacidad, consumos) o por falta de red de apoyo para la conciliación familiar, etc.

La socialista Idoia Mendia firmó minutos antes de dejar en el Gobierno vasco su cargo de vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo un informe enviado ya después de su cese al Parlamento en el que se constata que el 65% de quienes percibieron en algún momento de 2023 la renta de garantía de ingresos (RGI) tenían la nacionalidad española por un 35% de extranjeros mientras que quienes salieron del sistema “por su incorporación al mercado laboral” eran en una mayor proporción extranjeros (42%) que españoles (58%). En cuanto los denominados “indebidos” o cantidades cobradas de más generalmente por error de la Administración, españoles y extranjeros los devuelven exactamente al mismo ritmo.

Tramitada en Lanbide, la RGI es la principal prestación vasca, un derecho económico configurado en 2008 y reformado en 2023 como el salario social de quienes no tienen recursos o un complemento de quienes tienen pensiones o nóminas bajas. Desde abril de 2024 ya no se asocian a ella los complementos de 300 euros para abonar el alquiler (PCV) y su tramitación ha sido derivada al Departamento de Vivienda.

En el tramo final de la anterior legislatura, y en puertas de las elecciones vascas, la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que repetirá en el próximo cuatrienio, intentó conseguir en la Cámara un respaldo estadístico a la campaña de corte xenófobo de su formación, que precisamente llevaba por título 'Sabes que es verdad'. Ella y dirigentes como Santiago Abascal -que en 2008 formaba parte del grupo del PP en el Parlamento Vasco que votó a favor de la creación de la RGI con PNV, EA, EB (la marca de IU) y el PSE-EE- han insistido en ideas como que “nuestras” viudas y “nuestros” pensionistas “no llegan a fin de mes” mientras que “casi el 50% de los perceptores de la RGI son extranjeros”. Han dicho igualmente que hay “tutoriales en árabe” para generar “efecto-llamada” a Euskadi por lo elevado de sus cuantías o que la presencia de extranjeros en las calles hace subir los delitos.

El informe con los datos oficiales de Lanbide ha llegado pasadas las elecciones pero contradice a Vox. Tiene tres tablas. La primera refleja que, en 2023, hubo 65.246 personas que durante todo o parte del ejercicio ejercieron su derecho a cobrar la RGI. De ellos 43.011 tenían como “país de nacionalidad” España. El segundo país en relevancia es Marruecos, con 5.015 titulares de la prestación, en concreto el 7,68%. Como dato adicional, este mes de marzo 14.940 de los perceptores eran pensionistas con rentas bajas que precisan de la RGI para llegar a los mínimos económicos previstos en la normativa vasca. Y 11.543 personas más necesitan la prestación incluso con un empleo porque su salario es bajo. Representan un 45% del total de beneficiarios conocidos por Lanbide. Avisa Mendia, en todo caso, que ofrecer datos sueltos por nacionalidades “no permite distinguir los casos que determinan una especial vulnerabilidad”. Es decir, la normativa da garantías a colectivos que muchas veces son de extranjeros para que dispongan de apoyo. Se trata de víctimas de trata o explotación sexual o refugiados y les igual en derechos económicos a otras personas.

La segunda tabla responde a la pregunta de Vox que sugiere que los extranjeros se perpetúan en el cobro de prestaciones y no desean reincorporarse al mercado laboral. El PP también ha empleado estos argumentos en campaña. “[La RGI] es absolutamente desastrosa. Nosotros queríamos que fuera para la inserción laboral. Pero lo que ha ocurrido es que está llevando a la gente a la marginalidad, a que no quiera entrar o integrarse en el mercado laboral. Os voy a dar una cifra. Se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar. Si tú pagas a una familia 1.924 euros sin trabajar, porque va a ser muy difícil que cobren eso en el mercado laboral o haya una oferta de trabajo de esas características, lo que estás haciendo es sacarla del mercado laboral y meterla en el gueto de los subsidios. Lo que hay que hacer con la gente es integrarla”, manifestó delante de Alberto Núñez Feijóo el candidato 'popular', Javier de Andrés. En 2023 3.356 personas salieron de la RGI por “superación de ingresos”, es decir, “por su incorporación al mercado laboral”. Aquí el porcentaje de españoles baja al 58% y el de extranjeros sube al 42%. Es más, en el caso de los marroquíes supusieron un 12,19% de quienes dejaron de cobrar ayudas por tener un empleo. El Gobierno remarca que la RGI, en todo caso, es un sistema que complementa también empleos precarios y recuerda que quienes se acogen a esta modalidad “son mayoritariamente mujeres con jornadas parciales”.

Y la tercera parte del informe hinca el diente a la tercera suposición de la ultraderecha: que son los extranjeros los que copan el fraude. Su suele añadir a esa bolsa también un concepto conocido como “indebidos”, que son cantidades que se abonan de más y que luego se descuentan en sucesivos pagos. Generalmente son por problemas de gestión de Lanbide y no por una motivación de los perceptores. Estos “indebidos” surgen en su mayoría porque hay personas que van entrando y saliendo del mercado laboral y que van cambiando sus ingresos propios, lo que obliga a modificar la cuantía de ingresos públicos con una agilidad que, hasta ahora, no ha demostrado la Administración. Recientemente ha entrado en vigor una modificación de la normativa que implica un “revisión completa” de “todos” los perceptores “cada trimestre”. “Este nuevo procedimiento de revisión trimestral se ha completado en marzo de 2024 con más de un 95% de automatización, liberando de tareas manuales a la plantilla. Y ha permitido depurar y completar la información de los expedientes. De esta forma, y de cara al futuro, el objetivo es minimizar los pagos que se realizan de forma indebida”, explica el Ejecutivo, que tiene ahora como consejero en funciones para estos asuntos al también socialista Javier Hurtado. Además, otra bolsa importante de “indebidos” son quienes han estado cobrando RGI para cubrir un retraso de meses en el IMV (Ingreso Mínimo Vital, la prestación estatal de similares características).

Los datos sobre “indebidos” revelan que el 65% los han cobrado españoles, en concreto 17.935 de 26.100 casos totales o, medido en dinero, 19,3 millones de 29,4. Es una proporción muy similar al de los perceptores totales. En cuanto a la recuperación de ese dinero, que se realiza generalmente con fraccionamientos mensuales, de los “indebidos” de 2023 se han obtenido ya 4,24 millones, de los que el 68% ha sido abonado por españoles. Éstos han reembolsado ya el 15% de lo que adeudan, que es exactamente el mismo porcentaje que los marroquíes, que han tenido 2.613 casos con una deuda acumulada de 3,3 millones.

La ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión ha cerrado su primer año completo de vigencia con un incremento de más de 600 mujeres víctimas de diferentes formas de maltrato y explotación protegidas por el sistema, así como con un aumento de las nuevas concesiones que supera al incremento del número total de expedientes en vigor. En estos primeros doce meses, hay 531 mujeres víctimas de violencia de género que, gracias a la relajación de requisitos para sus situaciones de especial vulnerabilidad, han podido acceder a la garantía de unos ingresos que les permite empezar una vida alejadas de sus agresores, a las que se suman 53 víctimas de violencia doméstica, 13 de trata de seres humanos y seis de explotación sexual.

Además, el nuevo modelo ha permitido emprender un proyecto vital propio a 224 personas procedentes de sistemas de protección de menores, a 503 refugiadas, 229 acogidas a protección temporal, siete víctimas de terrorismo que tuvieron que exiliarse y que han vuelto a Euskadi, y otras cuatro procedentes de colectividad vasca en el exterior, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press. En el cierre del primer año completo de la ley, el total de expedientes activos es de 57.941, que suponen 6.427 más de los que había en marzo de 2023. No obstante, el total de nuevas concesiones han alcanzado es de 12.965.

Esta diferencia significa que, aunque se ha llegado a unos grupos de personas en situación vulnerable a las que antes no se protegía o se hacía con mayor retraso, son más las personas que han conseguido salir del sistema, con un saldo negativo de 6.538, “algo coherente con la excepcional evolución del empleo en este tiempo, en situación de máximos históricos”, tal y como ha indicado el Ejecutivo. En el mes de marzo, 15.457 titulares de RGI tenían a cargo a menores, de las cuales 8.331 eran unidades monoparentales, mayoritariamente mujeres. Existen 3.459 titulares con algún grado de discapacidad que también se benefician del nuevo modelo, y un total de 2.273 víctimas de diferentes violencias que cuentan también con esta protección. El número de pensionistas que complementan sus ingresos con una RGI, que también ofrece una mayor cobertura con la nueva ley alcanza 14.951 titulares, 1.993 más que en marzo del año pasado. En cuanto a las personas que, aunque disponen de un trabajo, sus ingresos son insuficientes y tienen derecho a esta prestación complementaria, en marzo sumaban 11.543, frente a los 8.596 de marzo de 2023, y suponen en la actualidad el 19,9% del total de expedientes de la RGI.

Al cierre de marzo, 69.980 personas percibían algún tipo de prestación desde Lanbide. En concreto, 57.941 personas eran titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, 607 más que el mes anterior, mientras que, de los 25.568 titulares del Ingreso Mínimo Vital, 13.529 lo complementan con la RGI. En cuanto a las prestaciones complementarias de vivienda, desde este mes las nuevas solicitudes se tramitan a través del Departamento de Vivienda, y en los próximos meses se irá produciendo una transferencia progresiva de expedientes, en la medida en que los vigentes vayan terminando su vigencia de dos años, hacia el nuevo servicio conjunto derivado del Decreto sobre el derecho subjetivo.

El próximo martes, 2 de abril, a la vuelta de los festivos de Semana Santa, se activará al fin la pasarela para que todos los actuales perceptores de complementos de alquiler asociados a la renta de garantía de ingresos (RGI) se conviertan en titulares del derecho a la Vivienda. El plan se diseñó hace años, el decreto que lo contempla fue aprobado en otoño y con la llegada del segundo trimestre de 2024 entrará en vigor. Hasta el 29 de febrero, el último dato ofrecido por Lanbide, el gestor de la RGI, eran 25.642 los beneficiarios de los 300 euros de la denominada PCV, concretamente 15.606 parados, 5.139 trabajadores precarios, 3.132 pensionistas y 1.765 con “exención” para acceder al mercado laboral.

La PCV surgió en 2008 con la primera ley reguladora de la RGI. Se trataba de ofrecer un complemento para ayudar a acceder al mercado de la vivienda a los beneficiarios de esta prestación, personas sin recursos o con salarios y pensiones bajas. Se ideó con un tope de 320 euros. Quedó recortada a 250 euros en 2011 y estuvo congelada hasta 2022. Entonces subió a 275 euros y desde 2023 está en 300 euros, como todas las ayudas autonómicas relacionadas con la Vivienda (Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En paralelo, en 2015 se aprobó la ley autonómica de Vivienda. En ella se desarrolla por vez primera el derecho constitucional a ocupar una vivienda. La Administración queda obligada a conceder un piso protegido a quien cumpla los requisitos o, en su defecto, a abonar una prestación sustitutoria para ayudarle a entrar al mercado libre. Esa prestación recibió el nombre de PEV e iba a aglutinar a todos los perceptores de la antigua PCV. Sus beneficiarios no llegan a 2.500, es decir, diez veces menos que los de la PCV.

Sin embargo, ambas ayudas han convivido casi una década por el retraso en el desarrollo del decreto regulador del derecho a la vivienda, que finalmente llegó en octubre de 2023. El reglamento fija una pasarela para hacer en varias fases una integración de sistemas de modo que las ayudas al alquiler las centralice el área de Vivienda y no Empleo. Este 2 de abril se superará la primera fase. Textualmente, se indica que ya “no se reconocerán nuevas PCV”. El segundo período transitorio se inicia ahora y acabará el 2 de abril de 2026. El que precise de ayudas de vivienda tendrá que tramitarlas conforme a los requisitos de la normativa de 2015 y no con los de la RGI.

¿Qué ocurrirá con los más de 25.000 beneficiarios actuales de los complementos de la RGI? Cuando vaya tocando renovar su prestación -cada dos años-, pasarán a cobrar la PEV con la misma cuantía y condiciones. El salto se hará “de forma automática y sin interrupción”, promete el Gobierno. También que “el pago se realizará en la misma cuenta bancaria en la que se percibía la PCV”. Esta pasarela se pensó debido a que la RGI era más garantista en su acceso, particularmente para personas extranjeras: Vivienda exigía residencia y Lanbide solamente empadronamiento. Si se hubiera cerrado el grifo de la PCV sin alternativa, se habrían producido grandes recortes sociales en un área muy sensible.

Fuentes del área de Vivienda, que cae en la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu, insisten en que el “espíritu” del plan es “no dejar fuera a nadie del sistema anterior”. De hecho, el viceconsejero Pedro Jáuregui ha firmado este martes una instrucción para aplicar incluso con más flexibilidad la pasarela de modo que personas que hayan podido no solicitar la PCV desde el 1 de enero de 2024 pero que tendrían derecho a ella serán igualmente incluidos en la pasarela. Explica Jáuregui en la comunicación emitida a las delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que se persigue “facilitar el tránsito de la PCV a la PEV [...] sin que se produzca la pérdida sobrevenida del derecho por razón de la citada transición”.

Eso sí, una vez hecho el cambio, estas personas tendrán doce meses para regularizar su derecho a la vivienda. El consejero del ramo, Iñaki Arriola, estimó en la presentación del decreto que la flexibilización de los requisitos para el reconocimiento de esta prerrogativa podría hacer subir de 8.000 a 18.000 los beneficiarios y que la pasarela, que también se creará para otras prestaciones como las Ayudas de Emergencia Social (AES) de vivienda, podría alcanzar incluso a 45.000 personas.

El candidato del PP en las elecciones vascas del 21 de abril, Javier de Andrés, ha concretado este lunes la parte de su programa relativa a las ayudas sociales después de que, en varios actos públicos, recuperara las fuertes críticas que en el pasado su partido realizó al sistema de la renta de garantía de ingresos (RGI), el salario social de quienes no tienen recursos o de quienes cobran pensiones o nóminas bajas. Los 'populares' plantean más control -también policial- contra el fraude e incluso parecen deslizar que las elevadas cuantías de las prestaciones en Euskadi hacen que aquí el desempleo de los extranjeros sea más alto, del 18,1%, que la media de España, el 13,4%.

“Este porcentaje, notablemente superior, indica que las fórmulas de Lanbide no han funcionado. Hay que evitar la cronificación del desempleo a personas que están en situación de trabajar y de integrar a los inmigrantes en la sociedad”, ha declarado De Andrés, que ya había dicho en esta precampaña y delante de Alberto Núñez Feijóo que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa “se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar”. Sin embargo, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el desempleo extranjero en Euskadi es del 16,17% y que la media española es del 17,43%.

Dice De Andrés que “hay que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo [...], evitar la cronificación de las personas desempleadas que se acomodan en el cobro de una renta y no se deciden a participar en el empleo”, lo que considera una vía para “integrar a los inmigrantes en la sociedad”. Según sus datos, “el 47,6% [de los perceptores] lleva ya mas de tres años cobrando la RGI sin conseguir salir de la rutina del cobro del subsidio”, mientras que “Lanbide tan solo ha logrado el 3,6% de todos los contratos de integración laboral en 2023”.

¿Qué dice exactamente el programa del PP? Este partido desea dividir la RGI en dos. El PP no ve problema en mantener una prestación “indefinida” para quienes no tienen ni edad ni condición de trabajar, es decir, pensionistas, discapacitados y personas de alta exclusión. El gran cambio, sin embargo, llegaría para “personas paradas en edad y condiciones de poder trabajar”. Por un lado, se desea revertir la ampliación (con matices) del derecho a la RGI entre los 18 y los 23 años introducida en la ley de 2022. “Desincentiva a los jóvenes para formarse, trabajar e incorporarse al mercado laboral”, entiende el PP. Para el resto, habría “compromisos y obligaciones” en materia de formación y empleo y cuantías “decrecientes” conforme pasa el tiempo.

El apartado de lucha contra el fraude parece una prioridad para el PP. Su primer punto mira a los extranjeros y pide que se les exija un “certificado oficial del país de origen que demuestre la situación patrimonial” por si hay casos de “ocultación” que no se prevén para los nacionales. También se reclaman “sistemas de identificación individual indubitados”. En el pasado, el gran adalid del endurecimiento de la RGI y de las denuncias de fraude asociadas particularmente a magrebíes, Javier Maroto, llegó a plantear el uso de la huella dactilar ante casos de una misma persona cobrando varias ayudas con diferentes identidades falsas. De Andrés desea, igualmente, llamamientos “aleatorios” a los perceptores para que ser personen físicamente en Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo que gestiona estos subsidios.

Hay más puntos, como una propuesta para “instaurar de nuevo las revisiones completas de cada expediente” cada “dos o tres años”, reforzar la unidad de control de Lanbide, elaborar mensualmente un informe del fraude y no solamente del probado en sentencias judiciales y “potenciar” las actuaciones de la Ertzaintza y de los cuerpos locales “dirigidas a la comprobación del padrón de forma sistemática”.“ La cronificación de las ayudas saca a una parte de la sociedad del trabajo. No podemos crear guetos con personas que viven una existencia sin comprometerse con la sociedad. Hay personas con más de diez años cobrando una renta, cuando están en perfectas condiciones de empleabilidad. No se puede tener a una parte de la sociedad sin trabajar, sin esforzase y sin contribuir”, ha insistido De Andrés.

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se apoyará en la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) para facilitar el acceso a la renta de garantías de ingresos (RGI) y el ingreso mínimo vital (IMV) a las personas que cumplan los requisitos para ello y que muchas veces, estando en situación de vulnerabilidad, no son conscientes de que pueden acceder a estas ayudas o no son capaces de llevar adelante los trámites. Para ello, Lanbide ultima con esta red un convenio de colaboración para prevenir lo que se denomina el efecto 'non take up', la no percepción de la protección social, y también la asistencia en el cumplimiento de las obligaciones que se contraen al acceder a las ayudas. De momento el acuerdo está en una fase preliminar, ya que hace falta desarrollar una reglamentación, pero la idea es que los futuros receptores de estas ayudas acudan directamente a esta red y para tramitar las prestaciones o para recibir el apoyo para hacerlo.

La directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, y el presidente de EAPN, Alfonso López, han mantenido este lunes un encuentro en el que han acordado dar “un paso más” en la previsión realizada por la Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada en diciembre de 2022, así como en el primer Plan de Asistencia, Inspección y Control de la RGI, que incluyen la participación activa del tercer sector en la aplicación de la ley y su papel en el ámbito asistencial.

El convenio permitirá en en futuro que los perceptores no tengan que acudir a Lanbide para aprovechar la cercanía de estas asociaciones con las personas en situación de vulnerabilidad. “Queremos establecer alianzas y mecanismos de colaboración, aprovechando su buen hacer y la plena disposición con la que este equipo ha contado, y también su cercanía con las personas a las que se dirige el sistema de garantía de ingresos. Nuestra obligación, porque así lo indica la ley, es garantizar la cobertura a todas las personas que lo necesitan, y hacerlo con el máximo rigor. Y para ambos objetivos queremos contar como colaboradoras con las entidades socias de EAPN”, ha explicado Buesa.

Según ha señalado el Departamento de Trabajo y Empleo, tras unos meses en vigor de la ley, “se ha conseguido la agilización de los trámites que han permitido que se hayan incorporado personas en situación de vulnerabilidad que antes no lo hacían” por lo que a partir de ahora, coincidiendo con la aplicación desde este mes del nuevo reglamento, el servicio público “quiere profundizar en la colaboración con las entidades que han participado en el diseño de este nuevo modelo de protección”.

No obstante, destacan que la colaboración con las entidades del tercer sector “ha sido constante no sólo en la elaboración de la Ley, sino en sus primeros meses de aplicación y, muy específicamente, en el proceso e implantación del nuevo reglamento, que introduce cambios en la actualización de las cuantías y en los plazos de pago”. Además de las comunicaciones personales realizadas en noviembre y que vuelven a realizarse este mes, Lanbide ha contado con la extensa red de entidades y servicios sociales para aclarar todas las dudas.

Este 1 de enero han entrado en vigor los presupuestos vascos aprobados en el Parlamento antes de Navidad, los últimos de la etapa de Iñigo Urkullu. Una disposición adicional contempla una subida de alrededor del 5% en la cuantía base de la renta de garantía de ingresos o RGI, que es la prestación social para quienes no tienen recursos o necesitan complementar rentas, nóminas o pensiones bajas. En concreto, ese indicador de referencia ha pasado ya a 560,45 euros.

A partir de ahí se van calculado los diferentes supuestos. Según fuentes de Lanbide, que es el organismo que tramita estas prestaciones, la cuantía garantizada en 2024 en números redondos para un perceptor que viva solo sería de 840 euros. Una unidad de convivencia de un adulto con un menor a su cargo tendría derecho a 1.148 euros. Una pareja con un hijo podría percibir 1.288 euros y, si fueran dos los menores, 1.456 euros. Un pensionista tiene garantizada una cobertura de 1.064 si vive solo y una pareja de pensionistas puede reclamar 1.344. Todos los supuestos detallados se irán publicando en las próximas semanas y los cambios se harán efectivos en la nómina de febrero. La subida es de 40 euros mensuales en el caso de un perceptor solo, 69 euros para una familia de cuatro y de 51 euros si esa persona es pensionista. La RGI, a diferencia de otras prestaciones sociales, se abona en doce pagas.

Todas las cuantías son umbrales garantizados y no el dinero que abona efectivamente Lanbide en la cuenta corriente de los beneficiarios que han accedido al derecho subjetivo a la RGI por cumplir los requisitos de la nueva ley y del nuevo reglamento, que son muy recientes. Es decir, la Administración vasca cubre hasta esas cuantías la diferencia con los ingresos propios. Puede ser el 100% si no se tienen recursos pero es muy habitual que la RGI complemente bien pensiones o bien nóminas, así como también el IMV estatal. Esta prestación ya fue transferida y se tramita también en Lanbide. Habitualmente la RGI es más alta que el IMV y el Estado cubre su parte y el resto sale de las arcas vascas. Este sistema ha supuesto un ahorro millonario al Gobierno vasco en los últimos ejercicios. La RGI nunca tiene un presupuesto como tal ya que al ser un derecho subjetivo hay que abonarla sí o sí a todos quienes la tengan reconocido, por lo que su coste real solamente se conoce al cierre del ejercicio.

2024 es el primer año en que se realiza la actualización de cuantías a la luz de la nueva reforma legislativa. El sistema se creó en 2008 y se vincularon los abonos a un porcentaje del SMI variable. Aquel modelo se truncó parcialmente en 2011 cuando PSE-EE y PP -Gemma Zabaleta y Javier Maroto- pactaron que todas las cuantías resultantes se recortaran un 7%. Esta medida se mantuvo en vigor más de una década, hasta 2022.

Además, por el camino, el Gobierno de Urkullu decidió también desindexar la RGI del SMI en cuanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a subirlo de manera importante. Con Beatriz Artolazabal de consejera del ramo se empezó a actualizar año a año en función de decisiones políticas y no de datos objetivos. A finales de 2022 se aprobó la nueva ley reguladora. El modelo rompe ya totalmente el vínculo con el SMI pero fija un sistema de actualización objetivo basado en el IPC y en otros indicadores de pobreza. Transitoriamente, en 2023 se aplicó una subida del 8,5% para acompasar ambos modelos y es ahora cuando se ha estrenado el sistema diseñado hace dos años por la actual responsable de la materia, la vicelehendakari Idoia Mendia.

El 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor también el decreto que desarrolla la ley de la RGI. E implica cambios en las nóminas. Por ejemplo, ahora las cuantías se revisarán trimestralmente. Hay muchos perceptores para los que el cálculo es sencillo pero la prestación es muy variable si complementa salarios bajos de personas que encadenan contratos o incluso para autónomos. Además, la nómina se cierra ahora a mes vencido, el día décimo del mes siguiente al correspondiente. “Por ejemplo, la nómina de enero se cobrará el 12 de febrero”, explica Lanbide.

Esto ha motivado protestas de colectivos sociales. Berri-Otxoak, el 28 de diciembre, criticó en Bilbao la “inocentada” que implicaba este ajuste en el calendario de pagos. Lo calificó de “recortes sociales”. “El Gobierno vasco ha decidido que este viernes 29 de diciembre sea el último ingreso de la RGI a final de mes. En este contexto la próxima retribución será el 10 de febrero. La intención de Lanbide es realizar los ingresos de la RGI y las ayudas al alquiler el día 10 de cada mes. Esta decisión [...] conllevará dejar sin ingresos durante mes y medio a 55.000 familias vascas”, lamentaron.

Mas, ¿cuántos son los beneficiarios actuales de la RGI? A falta de los datos del cierre de diciembre, hasta noviembre de 2023 los perceptores totales eran 55.487, 31.774 mujeres y 23.713. 8.016 tiene reconocido un complemento de monoparentalidad, 18.029 viven en casas con otras unidades de convivencia y 14.179 emplean la RGI para complementar pensiones bajas. En cuanto al IMV, también hasta noviembre había 24.485 perceptores, 5.000 más que al inicio del año. Son 14.696 mujeres y 9.789 varones. Están casi al 50% los que complementan con RGI su IMV y los que lo perciben sin la prestación autónoma.

Asimismo, Lanbide tenía anotados 25.334 perceptores del complemento de vivienda, de 300 euros mensuales. Eso sí, ya se ha diseñado una pasarela para que sea el área de Vivienda del Gobierno vasco el que asuma esa gestión. En 2015 se aprobó una ley propia que regulaba el derecho a un piso para quienes cumplieran los requisitos y se contempló una prestación económica gemela en caso de que no haya casas suficientes en el parque público. Ahora ambos sistemas se van a fusionar y la PCV de la RGI va a desaparecer a cambio de que sus 25.000 titulares accedan a la PEV, también de 300 euros, y vean reconocido su derecho a la vivienda. Para hacer aún más compleja la burocracia, 5.700 de los 12.300 que cobran IMV y RGI tienen también asignada la PCV.