El secretario asesor del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Salvador Martínez Tarín, ha comunicado este miércoles a la compañía pública su decisión personal de dejar el cargo “de manera inmediata”.

La empresa pública ha informado de la salida de Martínez Tarín en un comunicado en el que recuerda que un informe de la Abogacía de València avaló su contratación.

Su marcha se produce tras destaparse la vinculación de su bufete, SMT Asesores, con el despacho Abastos Abogados, el cual preside el cuñado del alcalde de València, Joan Ribó, y tras sufrir la empresa municipal el robo de cuatro millones de euros que está bajo investigación judicial.

Como informó eldiario.es, Ribó aseguró en el pleno del pasado 14 de noviembre que su cuñado no tiene vinculación personal con SMT Asesores y que por tanto nunca ha facturado directamente a la EMT.

La vinculación, sin embargo, es a través de ambos despachos al contar Abastos Abogados con un 32% de las participaciones de SMT Abogados desde diciembre de 2018.

A esto se añade que en la renovación del contrato que aprobó la EMT el mes pasado por otros cuatro años, en el que se autorizó una subida de honorarios del 500%, pasando de percibir 600 euros sin IVA a 3.000 euros sin IVA, se establece que la facturación se realizaría a través de Abastos Abogados.

La EMT ha agradecido a Martínez Tarín el trabajo durante cuatro años, una tarea que la empresa pública considera que ha sido “imprescindible” para llevar a cabo la “renovación y el cambio estructural” de la sociedad y para lograr “hitos históricos” como el primer texto refundido del Convenio Colectivo, la ampliación del objeto social o asegurar la condición de empresa pública municipal “de manera indefinida”, entre otros.

En esta línea, la EMT, presidida por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, considera que su trabajo ha sido “indispensable” para hacer de la compañía “la empresa puntera que es actualmente”.

Horas antes de comunicarse la dimisión del secretario, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha avalado su labor de la que ha asegurado que se siente muy satisfecho y ha asegurado que todo el mundo sabía que facturaba a través del despacho del cuñado de Ribó. Sin embargo, en ningún momento ha hablado de la dimisión.

Asimismo, ha defendido que Tarín había hecho ahorrar a la EMT “200.000 euros solo en facturas respecto a la anterior etapa con el PP” y “ganar muchas sentencias, entre otras, algunas que han hecho ahorrar 100.000 euros en nóminas de unos liberados que no tenía derecho a hacerlo”.

El PP pide más dimisiones

La portavoz de Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha señalado, tras conocer la dimisión del secretario-asesor de la EMT, que “Ribó y Grezzi se equivocan si piensan que con esta dimisión se da carpetazo al escándalo de la EMT. Se deben asumir responsabilidades políticas porque se ha mentido a los valencianos y se ha llevado a cabo una gestión como poco negligente en la EMT”.

Para Catalá “está dimisión debe ser la primera de una retahíla de dimisiones que deben haber en la cúpula de la EMT, empezando por el Gerente y acabando por el señor Grezzi”.

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha hablado este jueves por primera vez del robo de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València a través de transferencias realizadas desde su entidad. El CEO del bamco ha lamentado el “fraude” y ha afirmado que esta situación “nos demuestra que hay que tomar precauciones sobre el fraude cibernético”.

“Nuestra intención es colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Hemos actuado respecto a órdenes precisas de nuestro cliente y, además, fueron nuestros controles los que permitieron detectar la situación”, ha explicitado Gortázar a preguntas de los periodistas.

Respecto a la amenaza de CaixaBank en un comunicado remitido al Ayuntamiento de València sobre la posibilidad de emprenser acciones legales si se “mancha” el buen nombre de la entidad, Gortázar ha afirmado que “todo debe quedar a la discreción de las comunicaciones con nuestro cliente y teniendo siempre en cuenta que el tema ha acabado en los tribunales”.

“Vamos a estar siempre ayudando al Ayuntamiento de València en todo lo que podamos. El mejor ejemplo es nuestra presencia aquí en la ciudad, más allá de situaciones puntuales”, ha sentenciado.

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, se ausentará finalmente de la comisión de trabajo que investiga el robo de 4 millones de euros cuando comparezca un trabajador de la entidad.

Así lo han acordado este martes el alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa y portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, tras mantener una reunión de coordinación del Gobierno municipal.

Grezzi ha rectificado su postura, puesto que hasta la semana pasada desde Compromís se insistía en que el edil estaría presente en todas las comparecencias, salvo que algún empleado solicitara explícitamente que se ausentara, a pesar de que en la comisión de trabajo se aprobó que en ningún caso estuviera presente a propuesta del PSPV, apoyada por el PP, Ciudadanos y Vox, y con el voto en contra de la coalición valencianista.

Esta divergencia en el voto fue calificada por el vicealcalde Sergi Campillo (Compromis) como “una crisis de Gobierno sin precedentes”, aunque el alcalde Ribó prefirió horas después rebajar el tono y calificó la polémica con los socios socialistas de “situación es grave” teniendo en cuenta que era la primera vez que los socios de Gobierno votaban por separado, al tiempo que avanzó que estudiarían la situación y sus posibles consecuencias.

Las mismas se tradujeron en la decisión de apartar al PSPV temporalmente de la comisión delegada de la Marina de València.

Pese a todo, desde el PSPV siempre han negado la existencia de una crisis de Gobierno y han insistido en que en todo caso se ha tratado de una crisis en el seno de la EMT: “entendíamos que era una cuestión de sentido común y sensatez porque la ausencia del presidente de la EMT se planteaba para respetar el derecho de los empleados a declarar sin que su jefe estuviera delante”, han comentado fuentes socialistas.

Pese a que la ausencia de Grezzi se acordó por votación, desde Compromís han afirmado que la decisión del edil de no estar presente en las comparecencias de los empleados responde a un “acto de generosidad” con el fin de que la Comisión de Investigación se desarrolle “sin más dilaciones ni trabas por parte de nadie”.

La intención, continúan, es “no dar ninguna excusa a la oposición para cerrar la investigación en falso”. En este sentido, recuerdan que son “los primeros que quieren saber qué es lo que ha pasado en el fraude contra la EMT y con el objetivo fundamental de recuperar el dinero defraudado”.

Las comparecencias de la comisión de trabajo arrancan este miércoles. Para esta primera jornada están citados el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, el propio Grezzi, y la directiva despedida por realizar las transferencias sin autorización y por facilitar información confidencial, Celia Zafra.

La vicealcaldesa y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha asegurado este lunes que el fraude de 4 millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València “en ningún” caso va a repercutir en “crisis de gobierno” y ha garantizado que los socialistas harán “todo lo posible por esclarecer lo ocurrido y porque no afecte a la convivencia y al acuerdo --entre Compromís y PSPV-- para liderar conjuntamente el gobierno de València desde una óptica progresista”.

En su opinión, “los líderes políticos, en momentos de tensión, no nos tenemos que dejar por los nervios y tenemos que intentar llegar a acuerdos mediante el diálogo, el consenso y el respeto”.

En este sentido, llama a “plantearse, antes de tomar decisiones, si benefician o no a la ciudad y al gobierno, y si ambas respuestas son negativas, abstenerse de esas decisiones”.

Así, preguntada por la decisión de la Junta de Gobierno Local de adelantar la renovación del representante municipal en la comisión delegada de La Marina, --de la que PSPV se ha quedado fuera con los votos de Compromís--, Gómez cree “inoportuno” e “inadecuado” hacerlo en el momento en que se hizo, en su ausencia, y ha llamado a “sosegar y tranquilizar los ánimos” antes de tomar decisiones.

Pese a ello, dice que le toca “hacer tabla rasa” en favor de “un proyecto conjunto” que va más allá de “crisis puntuales o de este tipo de decisiones” y señala que “la responsabilidad de los líderes políticos es intentar que esto funcione y no dejarnos llevar por las pasiones o los nervios en los momentos de tensión, que a buen seguro un gobierno vive y puede vivir en un futuro”.

Góme ha defendido la posición del PSPV, que votó a favor de que el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, se ausente de la comisión de investigación sobre el fraude en la Empresa Municipal de Transportes no esté presente cuando comparezcan personas con relación contractual con la compañía pública.

Para la vicealcaldesa, es una postura “lógica y razonable” que persigue que las partes que van a testificar puedan hacerlo con “comodidad” y en las “condiciones más adecuadas”.

El objetivo, ha dicho, es “defender los derechos de los trabajadores como en cualquier procedimiento judicial, penal o civil, donde se protege este tipo de actuaciones para declarar en libertad”.

A su entender, “es más adecuado que la dirección y los trabajadores no estén en la misma sala cuando se está testificando sobre qué ha podido ocurrir”. Así lo trasladará al alcalde de València, Joan Ribó, este martes en una reunión de coordinación de gobierno.

En todo caso, ha querido dejar claro que esta decisión “no va contra nadie” sino que “va a favor del gobierno y del proceso de investigación”. Gómez ha subrayado que la firme creencia del PSPV en la comisión de investigación y ha instado a esperar a las conclusiones que en ella se determinen antes de entrar a hacer más valoraciones.

Este es el espacio para determinar “responsabilidades políticas”, independientemente de las responsabilidades penales o civiles, que ya le corresponde determinar a un juez, ha remarcado.

Precisamente, en cuestión de responsabilidades, la vicealcaldesa ha señalado que CaixaBank tiene también “una parte de corresponsabilidad financiera” y “tendrá que asumir su parte de responsabilidad civil”.

Acordar las decisiones para evitar desgaste

Preguntada por si cree que la subida de sueldo al gerente de la EMT fue acertada en esta situación, Gómez cree que “para evitar nuevos conflictos” sería bueno “intentar acordar entre las dos fuerzas políticas --PSPV y Compromís-- cualquier decisión, como en cualquier organismo público” y ha apostado por “intensificar el diálogo previo en las decisiones que se tomen en la EMT”, en estos momentos de “situación excepcional”.

La intención, ha explicado, es que la situación se solucione “de la mejor forma posible y evitar que pueda desgastar al gobierno y generar una crisis de credibilidad”.

Además, la vicealcaldesa y portavoz del PSPV ha aseverado que el caso de la EMT tampoco va a afectar a los presupuestos municipales y ha garantizado que el gobierno local los aprobará en noviembre.

“No vamos a dejar que la estafa en la EMT afecte al gobierno en su conjunto --ha insistido--. Tenemos la responsabilidad de un gobierno estable y que funciones, que es para lo que nos han votado”, ha sentenciado.

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado este domingo que pedirá la convocatoria de una Junta General de Accionistas extraordinaria de la EMT para solicitar que se renueve el consejo de administración y se destituya al concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, como consejero y presidente de la empresa.

Catalá ha manifestado que la Junta General de Accionista, como máximo órgano representativo de la empresa, tiene que constituirse en el Pleno del Ayuntamiento y “dirimir si Grezzi debe seguir como consejero después de que bajo su presidencia se haya producido el robo de 4 millones de euros de dinero público”, según ha explicado el PP en un comunicado.

Además, ha avanzado que en la Junta General de Accionistas pedirá que se sustituya al secretario externo del consejo de administración de la EMT, “que cobra unos emolumentos de 3.000 euros al mes”, por un secretario del Ayuntamiento.

De esta manera, ha asegurado Catalá, “la empresa se ahorraría la contratación externa del secretario y tendría avalada la seguridad jurídica por un funcionario habilitado nacional”.

Asimismo, ha anunciado también que el PP solicitará a la Intervención General del Ayuntamiento que realice una serie de informes y peticiones en relación con el fraude de la EMT.

Por un lado, Catalá pide un informe sobre los fallos en el protocolo y normativa aplicable en las órdenes de pago de las ocho disposiciones de fondos de la cuenta corriente de la EMT Valencia en CaixaBank con destino a una cuenta del Banco de China en Hong Kong entre el 3 y 20 de septiembre de 2019. Este informe deberá acotarse temporalmente a los hechos ocurridos durante el mes de septiembre de 2019, ha precisado.

En segundo lugar, reclamará que se incluya en el Plan Anual de Control Financiero (PACF) 2020 de la Intervención General Municipal (Artículo 31 del Real Decreto 424/2017) la elaboración de Auditoría Integral de la EMT Valencia SAU (Medio Propio) por parte del Servicio de Auditoría Integral de la Intervención General Municipal.

Paralelamente, requerirá un informe sobre la posibilidad de someter la EMT Valencia SAU (Medio Propio) al control directo de la Intervención General Municipal para la autorización y control de pagos.

Finalmente, Catalá ha pedido al PSPV que “no se amilane frente al autoritarismo” del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y su formación, Compromís, y que “no permita que en la próxima sesión de la comisión de investigación sobre el robo en la EMT Grezzi esté presente en las declaraciones de los trabajadores”.

El concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, ha reconocido este jueves durante el pleno extraordinario forzado por la oposición para tratar el fraude de 4 millones en la entidad que la directora de gestión, María Rayon, seguía ejerciendo las competencias en materia de firma de transferencias pese a estar de baja de maternidad.

Tras la sesión plenaria, Grezzi ha aclarado que esta directiva es con el gerente, la única que tiene firma para realizar transferencias mediante su DNI de forma mancumunada y que “la trabajadora pidió mantener esa labor porque si no se paralizaba la empresa”, pero el resto de competencias “como la gestión del correo electrónico y de tesorería las delegó en su equipo”.

El personal de Caixabank puso en copia a Rayon en los correos de las transferencias ejecutadas los días 17 y 20 de septiembre, en los que la entidad financiera daba curso a los traspados ordenados por la jefa de administración despedida, Celia Zafra, en los que la entidad financiera confirmaba la ejecución de los pagos, pero reclamaba las órdenes originales. Entre ambos días se transfirieron 1,7 millones de euros.

En este sentido, el portavoz municipal en funciones del PSPV, Ramón Vilar, ha reconocido que su grupo desconocía que Rayon seguía ejecutando transferencias durante su periodo de baja.

Al respecto, la portavoz del PP, María José Catalá, ha anunciado que llevará el caso a la Inspección de Trabajo al considerar que no procede que Rayón realice actividades laborales estando de baja. Además, se ha preguntado que si realmente ella no miró el correo de la empresa durante su baja maternal, quién controlaba los movimientos en las cuentas y por qué no detectó el fraude.

Catalá ha anunciado además que el grupo popular se personará en la investigación judicial sobre el robo que se investiga en el juzgado de instrucción 18.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, también ha asegurado que van a plantear todas las acciones legales que sean oportunas por la cuestión de la firma de transferencias de la directiva estando de baja de la directiva y ha lamentado la falta de transparencia, puesto que van conociendo la información y los detalles con cuentagotas.

El edil de Vox, Vicente Montañez, ha destacado que el pleno ha puesto en evidencia “la forma que tiene el señor Grezzi de gestionar la EMT ya que sin ir más lejos ha manifestado que una persona estando de baja realizaba una actividad laboral, con lo cual ha reconocido que se producen irregularidades con la Seguridad Social”.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reafirmado este jueves en el pleno extraordinario forzado por la oposición para analizar el fraude de 4 millones de euros en la EMT su confianza tanto en el gerente de la entidad, Josep Enric García Alemany, como en el presidente y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

“Reafirmo mi confianza en ambos por la transparencia con la que están actuando”, ha afirmado Ribó, quien ha añadido que desde el primer momento les ha solicitado que sigan siendo “ejemplares en cuanto a la transparencia” a la hora de facilitar la documentación, “siempre y cuando no se interfiera en la investigación policial y judicial”.

Tanto el PP, como Ciudadanos y Vox han sometido a votación mediante una moción el cese de Grezzi como presidente de la EMT, una votación que no ha fructificado al contar con los votos en contra de Compromís y del PSPV, con el voto de calidad del alcalde, Joan Ribó, al estar ausente la portavoz socialista, Sandra Gómez, por encontrarse de luna de miel.

Gómez no ha estado presente tampoco por videoconferencia como ha hecho en otros plenos a los que no ha asistido presencialmente, un hecho que ha resaltado la portavoz popular, María José Catalá: “les han dejado solos señor Ribó y señor Grezzi”, ha afirmado.

Sobre la petición de dimisión de Grezzi, Ribó ha explicado que no la acepta porque tanto el edil como el gerente de la EMT han desempeñado desde el año 2015 “una buena gestión; es cierto que ahora ha habido unos problemas, pero se van a resolver para que regrese el dinero estafado”.

Sí que se ha aprobado por unanimidad el punto del orden del día para que el alcalde comparezca de nuevo sobre el fraude en el próximo pleno ordinario del día 31 de octubre, por lo que Ribó volverá a dar cuenta de la situación en el hemiciclo.

El PSPV no secundará una moción de censura

Antes del pleno, tanto Ciudadanos como el PP han ofrecido sus votos al PSPV en el consejo de administración de la EMT para cesar a Grezzi como presidente, pero los socialistas han rechazado esta opción, así como una hipotética moción de censura al alcalde.

Una ofrecimiento que trata de ahondar en la herida abierta este miércoles cuando en el seno de la comisión de trabajo de la empresa pública el PSPV se desmarcó de Compromís al pedir que Grezzi no estuviera presente en las declaraciones de los trabajadores de la empresa.

El vicealcalde Sergi Campillo (Compromis) advirtió que el voto del PSPV con la oposición supone “una crisis de Gobierno sin precedentes” y Compromís convocará una reunión urgente para analizar la situación.

La bronca que ha tenido lugar este miércoles entre Compromís y el PSPV durante la comisión de trabajo que investigará el robo de 4 millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha creado, según el vicealcalde de València, Sergi Campillo (Compromís), “una crisis de Gobierno sin precedentes”.

En la reunión a la que han asistido los 9 miembros del consejo de administración (3 Compromís, 2 PSPV, 2 PP, 1 Cs y 1 Vox) se ha votado el calendario de las comparecencias así como las personas que acudirán a declarar.

Los ánimos se han encendido cuando los miembros del PSPV, los concejales Elisa Valía y Ramón Vilar, han propuesto que el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), no esté presente en las declaraciones del personal de la empresa para evitar que se sientan intimidados o coaccionados.

Ante la negativa de los consejeros de Compromís, se ha procedido a la votación y finalmente la medida ha salido adelante con los votos del PSPV, PP, Ciudadanos (CS) y Vox.

Pese al resultado de la votación, Grezzi ha amenazado con estar presente en todas las comparecencias, según han informado los diferentes consejeros tras la reunión.

Los socialistas sí que se han alineado con Compromís para evitar que el alcalde Joan Ribó comparezca en la comisión. Tampoco lo harán los portavoces Pere Fuset (Compromís) y Sandra Gómez (PSPV).

Finalmente, la comisión ha acordado un primer bloque de 25 comparecencias que arrancarán el próximo 30 de octubre con la directiva despedida, Celia Zafra, el edil de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric García Alemant.

Los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra del acta de la reunión anterior por contener aspectos que no se habían tratado y han coincidido en criticar la falta de transparencia por las trabas a la hora de obtener la documentación solicitada.

Compromís habla de “crisis sin precedentes”

Tras la reunión, el vicealcalde de València, Sergi Campillo (Compromís) ha asegurado que habían llegado a un acuerdo con los socialistas para que los trabajadores pudieran solicitar la ausencia de algún miembro del consejo durante su comparecencia si les hacía sentirse intimidados. Por tanto, Campillo ha afirmado no entender por qué el PSPV no ha respetado lo pactado.

Para el vicealcalde, esta situación ha provocado “una crisis de Gobierno sin precedentes porque es la primera vez en la historia de este Gobierno desde 2015 que un partido del Gobierno vota en contra del otro y se alinea con la oposición”.

Para Campillo, “el PSPV ha decido alinearse más en sus intereses partidistas que en los de Gobierno porque se había acordado todo lo relacionado con esta comisión” y ha insistido en que esto es “un antes y un después en el pacto de este Gobierno, sin duda alguna, porque creo que es evidente que cuando un grupo de Gobierno vota con la oposición en contra de otro grupo de Gobierno marca un antes y un después, por eso convocaremos en Compromís una reunión urgente para analizar esta situación”.

El PSPV niega la crisis de Gobierno

Por su parte, desde el PSPV han querido restarle importancia a la discrepancia al asegurar que “no existe una crisis de gobierno, sino una crisis en la EMT que tenemos que solucionar juntos”.

Los socialistas han desmentido el acuerdo mencionado por Campillo al afirmar que a lo largo de este miércoles se produjeron “diversos contactos entre los grupos de Gobierno para intentar que sus compañeros de partido convencieran a Grezzi para apoyar esta propuesta que vela por los derechos de los trabajadores y por una máxima transparencia en la gestión de la crisis de la EMT”.

El PSPV han insistido en que “ningún trabajador tiene que verse forzado a solicitar que se ausente su jefe y que lo prudente es que este abandone la sala en el momento de la comparecencia sin necesidad de ello” y ha lamentado que “esta propuesta de los socialistas no haya contado con el apoyo de sus socios de gobierno en la comisión y hayan votado en contra de esta”, pero han manifestado que “continúa la voluntad de trabajar conjuntamente para esclarecer los hechos y recuperar el dinero defraudado”.

El vicealcalde y portavoz del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, ha informado este martes a los medios de comunicación del contenido de la primera Junta de Gobierno Local que se celebra con carácter formal tras el acuerdo de gobierno alcanzado la pasada semana.

“Acabamos de celebrar la primera Junta de Gobierno Local de carácter ordinario y la noticia es que el gobierno municipal ya está plenamente constituido, con todas las tenencias de alcaldía y con todas las competencias delegadas formalmente entre los concejales y concejalas, que a partir de este momento pueden empezar a ejercerlas de manera oficial”, ha señalado Sergi Campillo.

En esta primera Junta de Gobierno se ha establecido cómo queda conformada la delegación de competencias por parte del alcalde de València, Joan Ribó.

Esta delegacion de competencias, como es sabido distribuidas en nueve áreas de gobierno, es la misma sobre la que ya informamos el pasado viernes, día 12, salvo alguna modificiación respecto a las competencias de Playas, Calidad Acústica y Calidad del Aire, dentro del área de gobierno de Ecología, Emergència Climática y Transició Energética, al frente de la cual está el propio vicealcalde Sergi Campillo, que han sido delegadas finalmente al concejal Giuseppe Grezzi.

Otro cambio a señalar es que las competencias que tenía delegadas en el mandato anterior la concejalía de Inserción Sociolaboral, pasan a ser integradas en la de Servicios Sociales.

En cuanto a las nueve tenencias de alcadía del nuevo gobierno municipal, el orden en el quedan, de la primera a la novena, es el siguiente: Sandra Gómez, Sergi Campilo, Pere Fuset, Ramón Vilar, Isabel Lozano, Pilar Bernabé, Luisa Notario, Aarón Cano y Giuseppe Grezzi.

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, de Compromís, avanzó este lunes tras los resultados electorales que le permitirán gobernar la ciudad otros cuatro años con el apoyo del PSPV, que pretende modificar la estructura de funcionamiento del Ayuntamiento con la creación de 'supeconcejalías' o grandes áreas gerenciales de las que colgarían las diferentes regidurías con el objetivo de mejorar la coordinación y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Si bien es cierto que Ribó manifestó también que las negociaciones con los socialistas partirán desde cero y que está abierto a hablar de todo en cuanto al reparto de competencias, diversas fuentes consultadas por el eldiario.es han asegurado que una de las grandes áreas que el alcalde tiene en la cabeza y que considera prioritarias englobaría Movilidad Sostenible y Protección Ciudadana, es decir, Policía Local.

Este gran departamento estaría coordinado por el concejal de Movilidad Sostenible en funciones, Giuseppe Grezzi.

Pese a que sus medidas de pacificación del tráfico mediante la implantación de carriles bici, zonas 30 y restricciones al tráfico privado han sido blanco de las críticas de la oposición, lo cierto es que la sintonía entre el edil y Ribó siempre ha sido buena y de hecho los resultados electorales han avalado las políticas de movilidad, o cuanto menos no las han penalizado.

Pese a que durante la campaña electoral el controvertido concejal ha tenido escasa presencia pública, lejos de la interpretación que se ha realizado desde sectores conservadores, lo cierto es que la estrategia se ha centrado en focalizar todo el protagonismo en la figura de Ribó, lo que no significa que haya habido un distanciamiento entre ambos.

De hecho, la superconcejalía de Movilidad y Protección coordinada por Grezzi va a ser una de las prioridades de Ribó en las negociaciones con el PSPV.

De esta forma, el alcalde pretende que las medidas que se implanten en la nueva legislatura en materia de movilidad estén acompañadas del apoyo de la Policía Local, algo que desde Compromís consideran que no siempre sucedió el pasado mandato cuando estuvo en manos del PSPV y se vivieron sonados enfrentamientos entre Grezzi y la edil socialista de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato.

Con todo, las negociaciones con los socialistas, que arrancarán este jueves, no serán sencillas. Protección Ciudadana (Policía Local, Bomberos y Protección Civil) es una Concejalía potente que aporta visibilidad y a buen seguro desde el partido que lidera Sandra Gómez en València pedirán a cambio alguna de las carteras más relevantes que ha llevado Compromís en los últimos cuatro años.

Una de las que podría entrar en la negociación es Cultura Festiva y en consecuencia la presidencia de Junta Central Fallera (JCF), en manos de la coalición valencianista de izquierdas y dirigida por Pere Fuset hasta ahora.

Gómez ha insistido durante toda la campaña electoral en la necesidad de sacar a las Fallas del terreno de la polémica y el conflicto y ha postulado a Pilar Bernabé, quien ha obtenido acta de concejal, como la cara visible de las Fallas en las filas socialistas y como “la primera mujer presidenta de JCF”.

Sobre el inicio de las negociaciones, desde el PSPV aseguran que quieren una relación “de igual a igual” con Compromís y que buscarán una fórmula de mestizaje para no quedarse fuera de ninguna decisión.

Precisamente, la portavoz y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Sandra Gómez, pidió este martes “serenidad” a sus socios de gobierno de Compromís y advirtió de que “tanto la negociación como el próximo gobierno de progreso tendrán un liderazgo compartido”.

Además, aseguró que los socialistas quieren centrarse en “la configuración del programa”. La dirigente socialista reivindicó el “fuerte crecimiento” de su formación en la cita electoral del pasado domingo ya que este aumento de votos permitirá mantener el Govern de la Nau.

Gómez ha asegurado también que es el momento de “abordar el liderazgo conjunto entre Compromís y los socialistas dentro del Gobierno municipal” porque es “lo que ha decidido la ciudadanía con sus votos”.

“El resultado nos fortalece dentro del Gobierno y por lo tanto hay unas determinadas inercias y dinámicas que han de cambiar”, concluyó.

El alcalde de València, Joan Ribó, como superior de máximo rango de la Policía Local, se ha reunido este jueves con los sindicatos con representación en el cuerpo policial (UGT, CCOO, CSIF, Intersindical y SPPLB), encuentro al que también ha asistido el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo.

La reunión se ha producido a petición de los sindicatos, tras la polémica suscitada por la supuesta intervención del edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), cuando los agentes sancionaron a un músico en la plaza del Ayuntamiento de València por tocar sin la correspondiente autorización.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, trasladó a los mandos policiales una circular interna en la que establecía un protocolo de actuación a los agentes si volvía a producirse lo que consideraron como una intromisión en su función.

Según han informado fuentes de alacaldía, el encuentro con las organizaciones sindicales ha sido “absolutamente cordial”.

El alcalde ha aprovechado para mostrar su voluntad de calmar cualquier tensión en el seno de la Policía Local o entre concejales: “estos meses de mandato, con vista a las próximas elecciones municipales, debe prevalecer la buena gestión municipal que han desarrollado desde el inicio los concejales y concejalas del Govern de la Nau, y el entendimiento y el diálogo entre las distintas delegaciones”, han asegurado las mismas fuentes.

El encuentro de Joan Ribó con los representantes sindicales no es el primero en este mandato, así como los ha mantenido con distintas delegaciones o servicios cuando ha podido haber algún tipo de tensión, para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir.

Ribó ha trasladado su apoyo al buen trabajo de la Policía Local en su día a día. En este sentido, ha recalcado que su objetivo es “que los agentes trabajen en las mejores condiciones, sin que, entre otras medidas, haya ninguna injerencia por parte de ninguna persona, incluidos cargos públicos como concejales o concejalas, ya que, aunque la actuación de un concejal o concejala pueda ser bienintencionada, no puede interferir en el cometido de los agentes”.

Por su parte, fuentes de los colectivos sindicales han corroborado y agradecido el buen clima de la reunión y el apoyo del alcalde: “nos ha pedido que traslademos a los policías intervinientes y a toto el colectivo de la Policía Local que, siendo conocedor de la exquisita intervención, cumplen debidamente con su trabajo, por lo que cuentan con su apoyo y reconocimiento”.

Los sindicatos han comentado también que Ribó les ha trasladado la disposición del concejal Giuseppe Grezzi en mantener una reunión con todos ellos, proposición que han aceptado.

Que Valencia quiere ser una ciudad más amable para los peatones no es ningún secreto. Que se quiere conseguir a base de carriles bici, menos aún. En el marco de la semana de la Movilidad europea, el Ayuntamiento de Valencia ha invitado al danésque ha convertido la movilidad sostenible en su forma de vida y negocio: el hombre que hay detrás de Copenhagenize. Mikael Colville-Andersen es el gurú de las bicicletas. El urbanista al que las ciudades modernas llaman para rediseñarse. El diseñador que quiere democratizar la ciudad.

Andersen lleva décadas estudiando la movilidad de las personas y el diseño de las ciudades. En Europa, explica, hemos copiado el modelo estadounidense, que da prioridad absoluta al vehículo privado. El resultado es de sobra conocido para aquel que esté en una calle entre las 8 y las 10 de la mañana: atascos interminables.

El experto ha planteado el modelo danés, que desarrolla a través de su marca Copenhagenize, en una conferencia en el centro cultural Las Naves. Para Andersen, que considera el coche un medio de transporte obsoleto, que circulen vehículos de motor privados junto a los carriles bici y el anillo ciclista hace que en la capital valenciana se puede “elegir entre la ciudad de 1965 y la de 2018”. El danés está convencido de que la bicicleta es el transporte del futuro no por si es más o menos bueno para el medio ambiente, sino por una cuestión práctica: ahorra tiempo en los desplazamientos. “Los humanos solo queremos ir del punto A al punto B lo más rápido posible”, explicaba en su conferencia, donde apuntaba que en Europa cada vez más personas optan por este medio para ir al trabajo y evitar los atascos. Algunas ciudades como Oslo, Berlín y Copenhage comenzaron la década pasada a poner trabas al vehículo privado para llegar a sus centros históricos y financieros. Para el experto, la combinación de penalizar el coche con incrementar infraestructura ciclistas es una de las claves del urbanismo del siglo XXI y soluciona unos cuantos problemas.

Sin citar los estudios, el danés asegura que en su país natal se ha calculado la rentabilidad para las economías locales de fomentar la bicicleta. Véase, una reducción del gasto sanitario -hasta 223 millones, ha señalado- y un aumento del consumo en los pequeños comercios, además de la obviedad: menos atascos en las carreteras y menos emisiones contaminantes. La construcción de los carriles bici, asegura, se rentabiliza a los 5 años. Su experiencia en un centenar de ciudades le ha convencido de que “con menos coches hay más vida, mejor salud, mejor medio ambiente y ciudades más bonitas”.

Antes de su conferencia, el experto en transporte ha realizado un recorrido junto al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en el que el edil le ha enseñado los avances en el carril bici y el anillo ciclista. Andersen considera que Valencia tiene una buena base, que cuenta con infraestructuras, pero todavía le falta unirlas y pulirlas para tejer una red. Lograr una red urbana que conecte todas las partes de la ciudad es vital para llevar a cabo estos objetivos.

Bartleby es ese personaje de Herman Melville que se define por borrarse. “Preferiría no hacerlo” es la frase que repite para evitar cualquier cosa que hacer más allá de ocupar su mesa de escribiente en la oficina. Hace ya casi un par de décadas, Enrique Vila-Matas publicó Bartleby y compañía, un librito en el que habla sobre autores que padecieron el síndrome de Bartleby y dejaron de escribir de repente. Yo diría que este síndrome no afecta sólo a escritores, sino que le da a todo el mundo; y más a políticos y cargos públicos, especialmente a los de los ayuntamientos. Si hoy alguien escribiera una especie de continuación de lo de Vila-Matas mirando a lo no hecho en las ciudades de España, la cosa daría para unos cuantos tomos. Por suerte, no pasa siempre.

La policía municipal de Valencia retiró el otro día los patinetes de Lime de las calles de la ciudad. Así lo quiso la empresa, que prefirió la actuación policial para que hubiera una foto que sirviera a esa estrategia de marketing que usan todos estos negocios pseudomodernos: hacerse las víctimas de un mundo viejuno que se niega a aceptar lo que viene. El motivo para la retirada de los cacharros y la correspondiente sanción es la ocupación sin permiso del espacio público. Aparte de los casi 18.000 euros ingresados por la multa, el Ayuntamiento de Valencia ha ganado otra cosa: la batalla de la coherencia y la defensa del bien común. Pero estuvo a punto de preferir no hacerlo.

Tanto la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, como el propio alcalde, Joan Ribó, casi dejan los patinetes en la acera. ¿La excusa para hacerse ese Bartleby? Que en la ordenanza de movilidad hay un vacío legal sobre los llamados vehículos de movilidad personal (VMP). Algo parecido han hecho en otros ayuntamientos con esta empresa y con otros servicios privados de movilidad compartida. El mejor ejemplo es Madrid, que es una especie de feria del cacharro compartido, con cuatro empresas de coches, cinco de motos (puede que más, empiezo a perder la cuenta), un par de bicis y ahora también Lime y otras marcas de patinetes que están a punto de llegar.

Normas: haberlas, haylas

Tal y como están nuestras administraciones de hiperreguladas, encontrar en ellas un vacío legal suena a misión complicada. Pero es que además esto no tiene nada que ver con la movilidad. Una cosa es por dónde pueden circular los VMP y otra es si debemos dejar a empresas que operen en el espacio público sin ningún tipo de control. Todos los ayuntamientos tiene montones de normas relacionadas con la ocupación de las calles, su uso con fines comerciales y la publicidad exterior. Lo habitual es pedir un permiso, pagar una tasa, cumplir las reglas y, si no, sufrir una multa o incluso el cierre. Pasa con las terrazas, los puestos de helados, los eventos y hasta cuando alguien quiere llevar un coche cubierto de mensajes de alguna marca.

La lógica del asunto es aplastante, pero como esto de la innovación y la modernidad nos tiene despistados, voy a explicarla. La ciudad es nuestra casa común, donde vivimos, trabajamos, nos relacionamos y nos movemos. Para que la cosa sea ordenada, hay una serie de pautas que debemos aceptar, desde las luces de los semáforos a las normativas urbanísticas. Como es nuestra casa, además, contribuimos a mantenerla a través de impuestos y puede que otras tasas según nuestra actividad afecte más o menos al espacio compartido. Si la actividad ocupa lugar en la calle, la cosa se suele complicar. Si tiene que ver con movilidad, es peliaguda porque afecta a una de las claves de lo urbano. Y si es en la acera, más. La acera es el espacio para todos porque todos somos peatones en algún momento, es el lugar donde socializamos y debería ser un espacio protegido especialmente para colectivos vulnerables (ancianos, niños, personas con discapacidad…).

Los patinetes y demás vehículos de alquiler por minutos son operadores de movilidad que ocupan y hacen dinero en el espacio público al tiempo que publicitan desde ahí su negocio. ¿Qué han hecho las ciudades para gestionar su aparición? Nada. En general, no les han pedido ni licencia, ni les han impuesto unas normas de operación —por ejemplo, para que el servicio cubra zonas de interés común o para que no se puedan dejar tirados en la acera los cacharros—, ni unas tasas, ni nada de lo que exigen cada día a un montón de empresas que no van por la vida de innovadoras.

Presente antes que futuro

Por lo que se ve, en Valencia ha sido el área de movilidad la que ha convencido al resto del consistorio de que había que actuar antes de la implantación, que luego es más complicado —ya podían haberlo hecho igual con las motos—. Pero, después de la retirada, el alcalde ya está diciendo que lo que hay que ver ahora es cómo se permite la operación, como si lo de tener una empresa de patinetes revoloteando por las calles fuese una necesidad urbana del siglo XXI. No lo tengo yo tan claro.

El otro día me di una vuelta en un Lime. Me bajé la aplicación, me registré y primera sorpresa: los únicos datos que tiene míos la empresa es el teléfono y el número de tarjeta. Supongo que es suficiente para ellos, pero tengo dudas de si lo es para asuntos de responsabilidad y demás. La otra sorpresa fue el precio: me dejé más de seis euros en un recorrido de unos 40 minutos. Es verdad que me di una vuelta para probarlo que pudo ser más larga que un trayecto habitual y que el precio por minuto de estos patinetes es de 15 céntimos, un poco menos que el de motos y coches. Pero sigue siendo caro: uno se puede comprar un patinete por 300 euros y lo puede subir a casa, a la oficina, al autobús (no pasa igual con los coches y las motos). No creo que salga a cuenta andar pagando diariamente uno de alquiler. Además, tanto los precios de Lime como los de bicis, motos y coches compartidos son probablemente irreales, no cuentan con los posibles costes de una tasa que debería acabar imponiéndose y tiene pinta de que en algunos casos ni siquiera así cubren los gastos de operación. La empresas de automóviles compartidos pueden aguantar porque son grandes marcas posicionándose ante nuevas formas de uso, pero ¿las otras?

Cada día vemos noticias de servicios de este tipo que se retiran de ciudades, como las bicis OFO hicieron hace poco en Madrid. En muchos casos, como acaba de suceder con Mobike en Manchester, se van culpando al vandalismo, o sea, a la ciudad y a los ciudadanos. Manda narices. Por lo que se ve y por lo que cuentan quienes lidian con ellas, estas empresas tienen muy poca idea de las necesidades y retos de las ciudades y, por eso, de la realidad de su negocio. Van a lo loco, con el músculo que les dan sus rondas de financiación y el halo de innovación con el que se muestran, pero eso no les salva a la hora de pegársela. Para acabar de centrar un poco el tiro, conviene recordar que los servicios públicos de alquiler de bicicletas, un asunto que se puede comparar a éste, no destacan precisamente por su rentabilidad.

En fin, que ahora les puede parecer a Ribó y a Carmena que esto de los patinetes y demás vehículos compartidos es el futuro, pero puede que en el futuro no nos acordemos de ellos. Eso ya lo veremos. En cualquier caso, lo que hay que hacer en el presente es aplicar las normas, respetar el acuerdo urbano y defender el bien común. En fin, gobernar y no hacerse un Bartleby.

La Mesa de País de VerdsEquo del País Valencià, reunida este sábado en València, ha nombrado a Cristina Rodríguez, diputada de Compromís per Alacant, y Giuseppe Grezzi, coportavoz de la coalición y concejal de Movilidad de València, como nuevos coportavoces de la organización ecologista.

Durante su intervención, ambos han agradecido la confianza y se han comprometido a seguir trabajando con la misma ilusión y responsabilidad, conscientes de los “grandes retos de futuro” para impulsar políticas transformadoras en VerdsEquo, destaca Compromís en un comunicado.

Bajo este prisma, Grezzi y Rodríguez han puesto en valor el trabajo de sus compañeros para “conseguir impregnar de ecología la política valenciana” y, paralelamente, “seguir construyendo un proyecto político de futuro capaz de conseguir una sociedad más justa, sostenible y equitativa”.

En clave nacional, la Mesa de VerdsEquo ha aprobado una resolución política en la que se exige un cambio que “rompa el sistema de corrupción generalizado instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy” y apueste por la regeneración democrática para poner “fin a la deriva antisocial y a la degradación de las instituciones españolas”.

“El pasado 24 de mayo, la Audiencia Nacional declaró culpable al PP por financiación irregular e impuso a varios de sus exaltos cargos condenas que juntas suman más de 350 años de prisión”, recuerdan desde la formación, y subrayan que “este grave acontecimiento confirma el sistema de corrupción institucional generalizado del Gobierno de Rajoy”. VerdsEquo ha mostrado su “total repulsa” y ha reclamado un cambio en el Ejecutivo central.

En su línea de apostar por la transparencia y la lucha contra la corrupción como “elementos fundamentales de una democracia”, la organización ecologista ha recordado que ha denunciado durante años “las miserias de los sucesivos gobiernos del PP, que tanto sufrimiento han causado a los valencianos”. “Ahora, la justicia y el tiempo nos dan la razón reconociendo el enriquecimiento ilícito y el régimen de saqueo del PP a costa de la ciudadanía”, celebran.

Tres años de gobierno

También recuerdan que se cumplen “tres años que VerdsEquo del País Valencià llegó a través de Compromís a las instituciones valencianas”, desde las últimas elecciones de 2015. “Tres años en los que estamos demostrando que otra manera de gobernar es posible, mientras mantenemos con firmeza y convicción nuestro compromiso por la transparencia, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”.

Durante este tiempo, VerdsEquo considera que “el Gobierno valenciano ha logrado el apoyo de la ciudadanía, que valora la transformación pese a la asfixia económica a la que nos somete la administración central, por medio de una financiación injusta y unas inversiones muy por debajo de la media”.

Cambio en la Moncloa

Recuerdan al respecto que su postura contraria “desde el primer momento” a suscribir los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, “ante la certeza de que colaborar con un partido retratado como una organización criminal por la justicia era éticamente imposible para una formación que hace de la regeneración democrática, de la equidad y justicia social elementos claves de su proyecto político”.

A su juicio, “ha quedado demostrado que el PP no puede seguir al frente de las instituciones del Estado sin que estas acaben profundamente desangradas”. “Es intolerable desde un punto de vista democrático que un presidente que aconseja 'sé fuerte' a un condenado a 33 años de pena de prisión, por delitos que suponen una vulneración inaceptable de la democracia, siga al frente de la misma administración pública a la que ha desacreditado”, subrayan.

Para revertir esta situación, urgen a poner en marcha “los mecanismos democráticos previstos para situaciones de pérdida de legitimidad de un gobierno” y, seguidamente, “construir una nueva mayoría al frente del estado que ponga fin a la deriva antisocial y la degradación de las instituciones”.

Ecofeminismo

Mientras tanto, desde VerdsEquo aseguran que seguirán para que “el cambio que ya se ha producido en el País Valencià se consolide”, con propuestas basadas en la ecología política para la regeneración democrática, la cohesión social y la transformación del modelo socioeconómico.

El objetivo de la organización ecologista, “un nuevo modelo basado en la sostenibilidad donde valores como el ecofeminismo y la equidad sean piedras angulares que determinen nuestro presente y nuestro futuro”.

Guerra abierta en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. El Comité de Empresa se ha mostrado este viernes muy molesto tras las declaraciones realizadas este jueves por el concejal de Movilidad y presidente de la empresa pública, Giuseppe Grezzi.

El edil denunció que los tres presidentes anteriores de la empresa de autobuses de València, todos ellos del PP, y las centrales sindicales asumieron que los prejubilados trabajaran 65 días en lugar de 131 para poder jubilarse a los 61, conculcando toda normativa laboral.

Grezzi y el gerente de la empresa, Josep Enric García, anunciaron la puesta del caso en manos de la Agencia Antifraude por si fuera constitutiva de delitos.

Al respecto, fuentes del actual Comité de Empresa de la EMT han informado a eldiario.es que se ha convocado una asamblea el próximo 30 de mayo para plantear protestas todos los miércoles de junio “por incumplimientos de artículos del actual convenio”.

Sobre la denuncia de Grezzi, han rechazado que “los trabajadores de EMT sufran las consecuencias del oportunismo político y que se les utilice en enfrentamientos entre los diversos partidos políticos”.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que es “rotundamente falso que se haya producido cualquier tipo de fraude ante la Seguridad Social, como es fácilmente demostrable consultando sus registros”.

El Comité ha aclarado que “dada la penosidad específica de este trabajo, y las pésimas condiciones físicas en las que el trabajador suele llegar a estas edades, en su día se negoció un acuerdo en el que se primó nuestra salud, aún a costa de perder dinero, por lo que el coste para el erario público es cero, a diferencia de lo que falsamente aseguran desde el Ayuntamiento y la Dirección de la empresa”.

Las mismas fuentes se han extrañado de que tres años después de conocer y aplicar este acuerdo de jubilación parcial, denuncien su supuesta ilegalidad en el tramo final de la legislatura.

Por este motivo, desde el Comité se preguntan “si estas falsas acusaciones tendrán

algo que ver con que falta un año para las próximas elecciones municipales y esto es ya el inicio de las hostilidades de la campaña electoral; si es así, las trabajadoras y trabajadores de EMT nos negamos a ser utilizados como arma arrojadiza en su lucha

política“.

“La infraestructura ciclista més usada de la ciutat” compleix un any. Més de 3.000 usuaris circulen diariament en cada sentit per l’anella ciclista. El regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, revisa amb aquest motiu, en una entrevista gravada en vídeo per a eldiario.es, aquesta i altres accions, com l’ampliació de voreres o els nous passos de vianants.

Unes mesures que sovint l’han situat en el centre de la polémica perquè, com Grezzi apunta, passa en “totes les ciutats”, que es produeix una actitud inicial de “resistència al canvi”. Però posa exemples com el de l’exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg, de posicions polítiques conservadores, que “va iniciar el canvi de model de mobilitat i la recuperació de l’espai públic fa més de 10 anys”. Un tipus de política que ha fet que Times Square s’haja convertit realment “en una plaça”.

Grezzi reconeix que el gran problema de Valènica, “compartit amb altres ciutats d’Espanya”, és l’àrea metropolitana. “Està començant un canvi d’hàbits en la manera de moure’s per la ciutat”, proclama, però afegeix que el pla de mobilitat metropolitana és el “punt fonamental” al qual han de contribuir l’Administració autonómica i l’autoritat de transport creada a l’efecte.

“Reduir la dependència del vehicle motoritzat”, en una ciutat al centre de la qual entren cada dia de 150.000 a 200.000 automòbils, crear aparcaments disuasoris i replantejar les línes d’autobusos metropolitanes són algunes de les mesures pendents.

El regidor no es considera l’ariet de l’alcalde de València, Joan Ribó, al·lega que “cadascú té la seua personalitat i les seues formes de fer”, insisteix en el fet que no fa més que aplicar mesures contingudes en el progra i assenyala que “la majoria de les coses estàn parlades amb els socis després d’un estudi en profunditat”.

“Estaré on em diguen els companys i companyes”, respon a la pregunta de si esdevenvidrà també portaveu del partit després que ha ocupat el lloc de coportaveu de Compromís en representació de Verds-Equo. Espera i desitja que la crisi oberta per la destitució de Julià Àlvaro com a secretari autonòmic no acabe en un trencament de la formació ecologista i conclou, davant qualsevol intenció en sentit contrari: “Nosaltres som fundadors de Compromís i el nostre projecte és Compromís”.

“La infraestructura ciclista más usada de la ciudad” cumple un año. Más de 3.000 usuarios circulan diariamente en cada sentido por el anillo ciclista. El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, revisa con este motivo, en una entrevista grabada en vídeo para eldiario.es, esta y otras acciones, como la ampliación de aceras o los nuevos pasos de peatones.

Unas medidas que a menudo lo han situado en el centro de la polémica porque, como Grezzi apunta, ocurre en “todas las ciudades” que se produce una actitud inicial de “resistencia al cambio”. Pero pone ejemplos como el del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, de posiciones políticas conservadoras, que “inició el cambio de modelo de movilidad y la recuperación del espacio público hace más de 10 años”. Un tipo de política que ha hecho que Times Square se haya convertido realmente “en una plaza”.

Grezzi reconoce que el gran problema de València, “compartido con otras ciudades de España”, es el área metropolitana. “Está empezando un cambio de hábitos en la manera de moverse por la ciudad”, proclama, pero añade que el plan de movilidad metropolitana es el “punto fundamental” al que deben contribuir la Administración autonómica y la autoridad de transporte creada al efecto.

“Reducir la dependencia del vehículo motorizado”, en una ciudad a cuyo centro entran cada día de 150.000 a 200.000 automóviles, crear aparcamientos disuasorios y replantear las líneas de autobuses metropolitanas son algunas de las medidas pendientes.

El concejal no se considera el ariete del alcalde de València, Joan Ribó, alega que “cada uno tiene su personalidad y sus modos de hacer”, insiste en que no hace más que aplicar medidas contenidas en el programa y señala que “la mayoría de las cosas están habladas con los socios después de un estudio en profundidad”.

“Estaré donde me digan los compañeros y compañeras”, responde a la pregunta de sí se convertirá también en portavoz del partido después de haber ocupado ya el puesto de coportavoz de Compromís en representación de Verds-Equo. Espera y desea que la crisis abierta por la destitución de Julià Àlvaro como secretario autonómico no acabe en una ruptura de la formación ecologista y concluye, ante cualquier intención en sentido contrario: “Nosotros somos fundadores de Compromís y nuestro proyecto es Compromís”.

Si algú en Compromís pensava que amb l'arribada de Giuseppe Grezzi al càrrec de coportaveu per part de VerdsEquo en substitució del díscol Julià Álvaro, tindrien un company de viatge còmode i poc combatiu, s'equivocava de ple.

El també regidor de Mobilitat en l'Ajuntament de València, nova cara visible dels ecologistes en la coalició valencianista, s'ha estrenat carregant contra el projecte de centre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo.

Segons ha afirmat el coportaveu ecologista en les xarxes socials, “el capital especulatiu depredador del territori i dels recursos no té cabuda en el nou model de desenvolupament sostenible”.

El missatge va acompanyat d'un enllaç a la web de VerdsEquo en la qual el partit deixa clara i meridiana la seua postura sobre la futura plataforma comercial projectada a Paterna, davant d'Heron City.

Segons la nota publicada, “la Comissió Executiva de VerdsEquo del País Valencià reafirma la seua aposta pel canvi de model impulsat pel Govern del Botànic, cap a un model de desenvolupament sostenible, on projectes com el megacentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo de Paterna no tenen cabuda, per ser un projecte insostenible i depredador amb el territori, que perjudica el comerç local i posa en risc el paratge de la Muela, un dels pocs pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València”.

La postura toca frontalment amb la feta pública en els últims dies pel president del Consell, Ximo Puig, i també per la vicepresenta i així mateix coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, que van deixar la porta oberta a la construcció del centre comercial, sempre que complisca tots els requisits legals i esmene les deficiències que en el seu moment van impedir que s'aprovara. En la mateixa línia es va pronunciar també fa pocs dies el conseller d'Economia, Rafael Climent.

No obstant açò, per a VerdsEquo “no es pot ajustar a la legalitat una barbaritat urbanística especulativa que condueix al col·lapse mediambiental de la zona. La nova Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) no pot beneir projectes megalòmans com els desenvolupats pels antics dirigents del PP, el model econòmic va desembocar en la burxada de la bambolla immobiliària, i la dramàtica crisi de l'any 2008, les conseqüències del qual encara pateix la ciutadania”.

El passat mes d'agost, la companyia Intu-Eurofund ja va presentar un gir 'ecològic' al projecte del centre comercial Port Mediterrani presentat inicialment.

Després de la negativa de la Conselleria d'Obres Públiques a la seua execució basant-se en la memòria ambiental negativa elaborada per la Conselleria de Medi ambient, els promotors van presentar una nova proposta que contempla una coberta verda per a tot el complex de 200.000 metres quadrats, la més gran d'Europa.

Si alguien en Compromís pensaba que con la llegada de Giuseppe Grezzi a la coportavocía por parte de VerdsEquo en sustitución del díscolo Julià Álvaro, iban a tener a un compañero de viaje cómodo y poco combativo, se equivocaba de lleno.

El también concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València, nueva cara visible de los ecologistas en la coalición valencianista, se ha estrenado en el cargo cargando contra el proyecto de centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo.

Según ha afirmado el coportavoz ecologista en las redes sociales, “el capital especulativo depredador del territorio y de los recursos no tiene cabida en el nuevo modelo de desarrollo sostenible”.

El mensaje va acompañado de un enlace a la web de VerdsEquo en la que el partido deja clara y meridiana su postura sobre la futura plataforma comercial proyectada en Paterna, frente a Heron City.

Según la nota publicada, “la Comisión Ejecutiva de VerdsEquo del País Valenciano reafirma su apuesta por el cambio de modelo impulsado por el Gobierno del Botánico, hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde proyectos como el megacentre comercial y de ocio Puerto Mediterráneo de Paterna, no tienen cabida, por ser un proyecto insostenible y depredador con el territorio, que perjudica el comercio local y pone en riesgo el paraje de la Muela, uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el àrea metropolitana de València”.

La postura choca frontalmente con la hecha pública en los últimos días por el presidente del Consell, Ximo Puig, y también por la vicepresenta y asimismo coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quienes dejaron la puerta abierta a la construcción del centro comercial, siempre y cuando cumpla todos los requisitos legales y subsane las deficiencias que en su momento impidieron que se aprobara. En la misma línea se pronunció también hace pocos días el conseller de Economia, Rafael Climent.

Sin embargo, para VerdsEquo “no se puede ajustar a la legalidad una barbaridad urbanística especulativa que conduce al colapso medioambiental de la zona. La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) no puede bendecir proyectos megalómanos como los desarrollados por los antiguos dirigentes del PP, el modelo económico desembocó en la pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y la dramática crisis del año 2008, cuyas consecuencias aún sufre la ciudadanía”.

El pasado mes de agosto, la compañía Intu-Eurofund ya presentó un giro 'ecológico' al proyecto del centro comercial Puerto Mediterráneo presentado inicialmente.

Tras la negativa de la Conselleria de Obras Públicas a su ejecución basándose en la memoria ambiental negativa elaborada por la Conselleria de Medio Ambiente, los promotores presentaron una nueva propuesta que contempla una cubierta verde para todo el complejo de 200.000 metros cuadrados, la más grande de Europa.

L'exsecretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, deixa el càrrec de coportaveu de Compromís i és substituït pel regidor de Mobilitat en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi. Destituït fa dues setmanes del seu càrrec en la conselleria d'Elena Cebrián, Álvaro seguirà sent portaveu de VerdsEquo, però no compartirà veu amb els altres tres pilars de Compromís.

La comissió executiva de VerdsEquo del País Valencià ha reafirmat la seua aposta pel canvi de model impulsat pel Consell del Botànic, “cap a un model de desenvolupament sostenible, on projectes com el megacentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo de Paterna no tenen cabuda, per ser un projecte insostenible i depredador amb el territori, que perjudica el comerç local i posa en risc el paratge de la Mola, un dels pocs pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València”.

Dissabte passat, l'Assemblea General de VerdsEquo del País Valencià va aprovar la resolució política “Ecologia política per davant de tot” i va validar el relleu d'Álvaro en la secretaria autonòmica. Aquesta votació per un 71% dels assistents, després de l'abandó de la reunió dels partidaris d'Àlvaro, ratificava la confiança de la formació ecologista en el projecte de Compromís. Álvaro va forçar la situació en arribar a l'assemblea amb la intenció que d'aquesta no isquera resolució alguna.

La renúncia al càrrec de coportaveu portavocía en Compromís però no de VerdsEquo apunta a un escenari de fractura interna en l'organització entre el sector favorable a seguir en la coalició valencianista i el grup de Julià Àlvaro, que té el suport del líder estatal d'Equo, Juan López de Uralde, que s'inclina per l'acostament a Podemos.