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El bufete del cuñado de Ribó aparece en los dos contratos del secretario de la EMT

Abastos Abogados, despacho que preside el hermano de la pareja del alcalde, aparece en el membrete del contrato rubricado hace cuatro años

En la reciente renovación del contrato por otros cuatro años, en el que se aprueba una subida de honorarios del 500%, se establece que la facturación se realizará a través de Abastos Abogados

Este último contrato posee una cláusula de confidencialidad por el que cualquier publicidad o información a los medios de comunicación debe ser autorizada por escrito por ambas partes

Joan Ribó durante la entrevista.

El alcalde de València, Joan Ribó Jesús Císcar

La situación del secretario asesor de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Salvador Martínez Tarín, es cada más complicada por la relación de su bufete, SMT Asesores, con Abastos Abogados, despacho de Daniel Pérez, cuñado del alcalde de València, Joan Ribó.

Como informó eldiario.es, Ribó aseguró en el pleno del pasado 14 de noviembre que su cuñado no tiene vinculación personal con SMT Asesores y que por tanto nunca ha facturado directamente a la EMT.

La vinculación, sin embargo, es a través de ambos despachos al contar Abastos Abogados con un 32% de las participaciones de SMT Abogados desde diciembre de 2018.

Adeemás, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Abastos Abogados, en concreto su página web, aparece en el membrete del contrato rubricado hace cuatro años entre el secretario asesor y la EMT, lo que viene a indicar la estrecha vinculación existente entre ambas sociedades desde hace años. Entre 2015 y el presente año, Martínez Tarín ha facturado 220.000 euros a la entidad pública de transportes.

En la renovación del contrato que aprobó la EMT el mes pasado por otros cuatro años, en el que se aprueba una subida de honorarios del 500%, pasando de percibir 600 euros sin IVA a 3.000 euros sin IVA, se establece que la facturación se realizará a través de Abastos Abogados, bufete que preside el cuñado de Ribó.

Este último contrato posee una cláusula de confidencialidad por el que cualquier publicidad o información a los medios de comunicación "referido a la simple existencia de este contrato o a su contenido" debe ser autorizada por escrito por ambas partes.

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