El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, dijo hoy en el Parlamento de Canarias que el expediente por el cero energético que el pasado 29 de septiembre dejó sin luz a casi un millón de personas en Tenerife no es sencillo y, además, no está garantizado que se cobre la sanción.

Apena 15 días atrás, el presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres afirmó ante los periodistas que los responsables del apagón sufrido en la isla tendría que asumir las consecuencias y hacer frente a los importantes daños económicos ocasionados. Torres deseó entonces que la investigación iniciada concluyera lo antes posible.

Este miércoles, sin embargo, José Antonio Valbuena, que compareció en el pleno del Parlamento de Canarias a petición propia y a instancia de los grupos Mixto, Agrupación Socialista Gomera, Popular y Socialista, señaló que el expediente por el apagón, que afectó a toda la isla, tiene dieciocho pasos y puede tardar en resolverse dos o tres años.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial recordó (antes de la suspensión del pleno por la indisposición del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, quien sufrió un infarto), que tras al apagón el gobierno canario ha pedido información a Endesa y Red Eléctrica de España, y añadió que se está en la fase de incoar el expediente informativo, que a continuación será sancionador.

Por su parte, las empresas también iniciaron sus propias investigaciones, resultado de la cual Endesa señaló a Red Eléctrica (REE) como responsable de lo ocurrido y REE explicó que se había producido un “fallo fortuito”, pero que por sí solo no explicaba el cero energético.

José Antonio Valbuena indicó que la sanción podrían ascender a seis millones de euros, pero recordó que en algunas ocasiones anteriores el gobierno regional perdió el litigio por apagones y fue sancionado por sentencia judicial, y añadió que hay dos sentencias pendientes y, si se pierden y hay que pagar, puede ser un lastre.

Tras hacer esos comentarios el consejero expresó su disconformidad por que un apagón en el suministro eléctrico pueda resultar una oportunidad para “quien falla”.

Durante su comparecencia el consejero señaló que el sistema eléctrico de Tenerife está básicamente en manos de Endesa y Red Eléctrica de España y la demanda punta se sitúa en torno a los 550 megavatios, de los que en torno al 30% corresponde a los ciudadanos.

Recordó que es un sistema que tiene debilidades porque está aislado, tiene un alto consumo energético y elevado coste, y añadió que la generación tiene tres patas, la principal de las cuales es la térmica, que se centra en las centrales de Granadilla y Las Caletillas, que están conectadas, y además hay subestaciones en Arona y Guía de Isora.

El fallo se produjo a las 13.11 horas del domingo 29 de septiembre de este año en la subestación de Granadilla, que se construyó en 1993, y en la que la probabilidad del fallo se sitúa en torno al 0,03 por ciento, algo que al consejero le “chirría”.

La demanda en el momento del fallo era de 439,59 megavatios y el cero afectó a todos los abonados, para recuperarse por completo a las 22.25 horas.

Tras el consejero intervinieron diputados de los grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, Popular y Socialista, que de forma mayoritaria abogaron por favorecer el uso de energías renovables, así como por recordar que este apagón se diferencia de los anteriores en que se produjo sin que hubiera fenómenos meteorológicos adversos.

Cuando el consejero iba a intervenir por segunda vez el pleno parlamentario se suspendió por la indisposición del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis.

El histórico dirigente socialista Pedro Anatael Meneses se convierte en senador por la isla de Tenerife en sustitución de José Antonio Valbuena, que deja su cargo en la Cámara Alta tras ser nombrado consejero del Gobierno de Canarias.

Meneses tomará posesión en el próximo pleno del Senado, aunque desde este martes ya ha empezado a trabajar en la Cámara Alta. El veterano socialista nacido en Los Silos en 1947 ha sido dirigente destacado de la corriente interna Izquierda Socialista, así como presidente de la agrupación local de Santa Cruz de Tenerife.

Ligado siempre al puerto de Santa Cruz de Tenerife, del que se ha significado como firme defensor contra las pretensiones de desarrollar en el sur de la isla el puerto de Granadilla, Pedro Anatael Meneses ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia occidental y de la Sociedad Estatal de Estiba, así como director general de la Marina Mercante, o presidente de la Sociedad Estatal de Seguridad y Salvamento Marítimo, además de consejero de Puertos del Estado y de la compañía Trasmediterránea.

Meneses ocupa el escaño de senador que deja vacante el nuevo consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, que salió elegido senador por la filas del PSOE el pasado 28 de abril. En la Cámara Alta coincidirá con Pedro Ramos, histórico dirigente de la agrupación local de La Laguna, que este martes también será elegido senador por designación autonómica, junto a Fernando Clavijo (CC) y Asier Antona (PP).

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha afirmado este miércoles, tras tomar posesión del cargo, que la medida “más inmediata” de su departamento será crear un decreto de emergencia climática en Canarias.

“Actualmente casi un millón de especies están en peligro de extinción, las temperaturas en el mar ascienden un grado cada diez años, y en Canarias, la temperatura ha subido casi un grado centígrado en los últimos treinta años. Por eso, la medida más inmediata en la que estamos trabajando es el decreto para la emergencia climática en Canarias”, ha señalado Valbuena, en declaraciones a los medios.

El consejero ha asegurado que el decreto permitirá “tejer” un conjunto de normativas que permitan garantizar el futuro de las próximas generaciones, “aunque estoy seguro de que algunas de esas medidas no serán del agrado de unos pocos, con nombres y apellidos”, ha agregado.

Para Valbuena, el cambio climático “no puede esperar a los trámites administrativos normales”, de ahí la “necesaria” creación del decreto, que permitirá agilizar los plazos y obtener los documentos de los que Canarias “adolece” lo antes posible.

El consejero ha adelantado, además, que trabajarán por la aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático “que tanto necesitan las islas”, y que “retirarán” el Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), “que apuesta por una incineración que nosotros vamos a eliminar”.

Asimismo se ha comprometido a potenciar la educación ambiental en los colegios y en los centros de enseñanza públicos y privados, y a colgar un conjunto de medidas, “en los que todos tenemos que ser coprotagonistas”, con el tercer colectivo, con ONGs y con voluntarios y movimientos sociales contra el cambio climático.

El Comité Insular del PSOE en Tenerife ha propuesto a Olivia Delgado y José Antonio Valbuena como candidatos al Senado por la isla en las próximas elecciones generales del 28 de abril. El máximo órgano entre congresos ha aprobado esta propuesta de la Ejecutiva insular por una amplia mayoría, con más del 80%, informó el reseñado partido en una nota de prensa.

En la reunión de este martes también se refrendaron las listas a los ayuntamientos de La Laguna, Icod, Arafo, Arico, Fasnia, Güímar, Tegueste y El Sauzal. El resto de candidaturas municipales, así como la del Cabildo de Tenerife, irán a un próximo Comité Insular, puesto que varias agrupaciones locales y la insular habían solicitado una prórroga en los plazos.

El Comité Insular se celebró en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. La reunión se abrió con el saludo de la secretaria general del PSOE de la capital chicharrera y candidata a la alcaldía de este municioio, Patricia Hernández, y del secretario general del PSOE de Tenerife y candidato a la presidencia del Cabildo, Pedro Martín.

Martín se dirigió a la representación de todos los municipios de la isla llamándolos a trabajar para ganar el próximo ciclo electoral que viene. “Venimos a transformar Tenerife, Canarias y España, y tenemos claro los objetivos. Tenemos que ganar elecciones para mejorar la vida de las personas”, planteó Martín.

Los currículos de los aspirantes a escaño en la Cámara Alta

Olivia Delgado ha sido senadora por Tenerife desde 2015 y es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arico. En la Cámara Alta ha ocupado responsabilidades como la de portavoz de Empresa del grupo parlamentario socialista y de Agenda Digital. Además, ha sido ponente en la Ley del REF y de la de crédito inmobiliario.

José Antonio Valbuena Alonso es vicepresidente tercero y consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Corporación insular. En mandatos anteriores también ha sido responsable de cooperación y portavoz del grupo insular del PSOE. Además, hasta 2007 fue concejal en el Ayuntamiento de La Laguna.

El consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, del PSOE, ha ideado una campaña de realce de su labor pública en redes sociales y, como ocurre en muchos casos hoy en día con los políticos (bastante más cuando huele a elecciones), tampoco le ha importado demasiado emplear mensajes propagandísticos y de autobombo (eso sí, con cargo al erario de la Corporación insular y con el uso de canales públicos de comunicación) sobre sus supuestas bondades en la gestión de esa área de gobierno insular.

Hay que recordar que el socialista Valbuena está al frente de Medio Ambiente en el Cabildo desde el inicio del actual mandato, de julio de 2015 en adelante.

La última ocurrencia de ese político del PSOE ha sido apuntarse a lo que parece que ahora toca, que no es otra cosa que defender los logros obtenidos en la gestión pública aunque que se tenga que ocultar parte de la verdad.

El mismo consejero insular que en los años 2017 (para el curso 2017-18) y 2018 (para el curso 2018-19, el actual) decidió aniquilar o desistir de convocar el concurso para el desarrollo del plan Recíclope en Tenerife (con un presupuesto de 150.000 euros por edición, más o menos), la iniciativa bandera en Canarias sobre la formación integral de escolares en la gestión correcta de los residuos domésticos (lo que ha supuesto dejar tirados a unos 10.000 alumnos por curso académico), en la actualidad promociona y difunde su supuesta relevante tarea en el camino para implantar la más óptima concienciación medioambiental entre los pobladores de la isla. Así son las cosas...

Estos días José Antonio Valbuena ha decidido poner en el aire, en eso que llaman internet, una campaña propagandística y de autobombo a través de redes sociales para trasladar a la opinión pública tinerfeña un mensaje que esquiva de forma clara y parcial la realidad.

Valbuena sostiene en el canal oficial de Twitter de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife (con fecha del 11 de febrero de 2019) que “durante estos últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por llegar a todos los estratos de la sociedad y fomentar hábitos ambientales entre la población”.

Tras esa afirmación, difundida en el tuit que más arriba se reproduce, el consejero insular luego avisa de que deja en un vídeo su “balance de gestión en educación ambiental”, y claro que está muy bonito, pero José Antonio Valbuena tuvo un pequeño despiste: se olvidó de meter en él que aniquiló el programa Recíclope para los cursos 2017-18 y 2018-19, justo el periodo en que él debía sacarlo a concurso.

Lo peor es que estaba todo hecho y preparado para que así fuera, pero no tomó la decisión, sino que prefirió parchearlo con contratos menores y tampoco le pesó dejar de atender a unos 10.000 alumnos por curso, la cantidad que el mismo Cabildo aseguraba que llevaba al aula del complejo medioambiental de Arico gracias a esa iniciativa mientras la tuvo en marcha.

La campaña de autobombo de José Antonio Valbuena se ha activado en la cuenta oficial de Twitter del área de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, en @TFMedioAmbiente y con la etiqueta #MedioAmbienteTF.

Promoción con las elecciones a la vuelta de la esquina

En ese mensaje se incluye un vídeo y la imagen del consejero, como no podía ser de otra manera, quizá porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Quién sabe? En este lanzamiento sin duda ayuda el gasto que esa área insular realiza en comunicación.

Aparte de la persona que tiene asignada dentro del gabinete de prensa en el Cabildo de Tenerife, Valbuena mantiene dos contratos externos (ambos negociados sin publicidad) que suponen un desembolso total en torno a los 100.000 euros por año, uno con destino a una empresa con sede en La Laguna y otro para una community manager.

En estos momentos, el principal contrato para la gestión de residuos que depende del Cabildo de Tenerife, el del complejo ambiental de Arico y las plantas de transferencia de residuos comarcales (lo realiza Vertresa-Urbaser), entre otras acciones, se mantiene prorrogado tras más de tres años de su vencimiento, algo que ocurre pese a que para el consejero Valbuena esta era una de las labores centrales de su mandato.

El anterior contrato, con 30 años de vigencia, desde el 1 de enero de 1985, caducó a finales de 2015, con este consejero insular ya en el puesto actual. Supone para el Cabildo un desembolso anual en torno a los 20 millones de euros.

El mismo consejero tampoco quiso convocar la segunda edición del Congreso Tenerife + Sostenible y a ello unió que se ha cargado al menos parte del programa del mismo nombre para en cambio hacer una apuesta por la economía circular.

El consejero de Medio Ambiente, del PSOE, en el Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha acusado a CC de “ocultar” a los consejeros de su partido “información relevante” sobre el expediente de compra de un edificio de oficinas al constructor Antonio Plasencia (condenado por los casos Las Teresitas y Áridos) en Cabo Llanos por más de 29 millones de euros (23 por la obra hecha y seis para adecuarla a un uso sociosanitario), de modo que sus socios de gobierno “han traicionado el respeto y la confianza” de los socialistas.

Valbuena insistió en que “la lealtad también está en saber qué es lo principal que uno tiene que hacer en política y asumir decisiones que pueden ser polémicas pero que son buenas para el interés general”, ha apuntado el consejero insular.

Acerca de estas críticas del PSOE, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de CC, insistió este viernes, según un despacho de la agencia Europa Press, que esa operación se había debatido “varias veces” en Consejo de Gobierno y en el consejo rector del IASS; incluso en un pleno del Cabildo se debatió una modificación de crédito para acometer esa compra. Por ello, Alonso aprecia “falta de interés” en los socialistas, y dijo: “El PSOE debería mostrar un mínimo de interés y leerse los papeles”, comentó.

El presidente insular volvió a utilizar el argumento diseñado por CC para esta crisis: “Lo principal” es que los usuarios de los actuales centros, los mayores, van a estar “muy contentos” en ese nuevo lugar mientras se reconstruyen los dos inmuebles afectados (el Febles Campos y uno en Ofra). También afeó al PSOE su falta de lealtad por sumarse a una campaña de “coste político” en contra del presidente y no mostrar interés por el plan sociosanitario.

Además, José Antonio Valbuena advirtió de que, si bien los representantes del PSOE votaron a favor en el inicio de este procedimiento administrativo, ahora están “más cerca de votar en contra” que de respaldar esa operación en las siguientes fases, pues además entienden que ese proceso se debió hacer mediante concurso público.

Es más, el representantes socialista, que es tasador de profesión, cuestiona de forma seria que ese edificio valga 23 millones: “Un precio excesivo, para el uso que se le va a dar, el sociosanitario, no como de oficinas”, porque para realojar temporalmente a 270 pacientes del hospital Febles Campos -mientras se demuele y construye uno nuevo- el Cabildo se va a gastar 9.000 euros al mes por plaza durante al menos dos años, “un sobrecoste realmente importante”, sostiene.

En estas declaraciones, realizadas en una entrevista concedida a Radio El Día,  Valbuena va más allá, y también pone en duda de forma vehemente el precio de otra reciente compraventa iniciada por el Gobierno canario de un solar del mismo empresario junto al hospital de la Candelaria, esta por, 5,5 millones. “Ese solar a priori está sobrevalorado; no vale lo que ha dicho la Consejería de Sanidad, sino que puede estar en torno a 2 o 2,5 millones a reventar”, advierte.

Valbuena excusa el apoyo de los miembros del PSOE en el IASS a esa compraventa (Aurelio Abreu y Josefa Mesa), pues apuntó que en su grupo posteriormente se han “dado cuenta” de la “ocultación” de información por parte de CC. “Nos comunican cuando empiezan a salir las primeras noticias que 'oye, que de esto no se nos informó de nada, y así se lo hemos traslado a la propia directora del IASS”, señala el consejero.

Cabe recordar que en la propuesta que se aprobó el día 28 de diciembre en el consejo de administración del IASS sí consta que el dueño del edificio es Carlos Antonio Plasencia Romero, hijo del empresario que fue condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar, y esta compra fue además autorizada al IASS por acuerdo del Consejo de Gobierno insular (donde están todos los consejeros de CC y del PSOE) ocho días antes, según consta en el expediente.

Las muchas preguntas que se hace ahora el PSOE

Un largo listado de cuestiones se hace el PSOE, que CC, en vez de aclararlas, lo que hace es “generar aún más dudas”. 

“¿Cómo es posible que en el expediente se diga que la empresa propietaria del edificio se enteró de que el IASS estaba buscando un edificio y nos hace una oferta? Eso no es creíble”, advierte el consejero socialista, que se pregunta “por qué esas prisas para comprar este edifico y no se nos informa de que es un expediente tramitado de prisa y corriendo desde octubre?”.

No ve claro Valbuena tampoco “por qué se dice que son 17.000 metros cuadrados y luego, cuando nos metemos en la ficha urbanística, el uso real son 10.600 metros cuadrados, o sea, hay casi 7.000 metros cuadrados de más”.

Las mismas dudas tiene el consejero socialista sobre si finalmente el edificio podrá tener un uso sociosanitario, pese a un informe favorable del Ayuntamiento capitalino: “Cuando se desarrolló el plan parcial de DISA, el uso exclusivo que tenía ese edificio era el de oficinas, no contemplaba el sociosanitario, y estamos en una situación en la que parece que el Plan General de Santa Cruz (PGO) va a ser anulado definitivamente y entonces nos retrotraeríamos a ese elemento”. “En fin, son tantos hechos coincidentes que nos llevan a pensar mal y, si se hubieran puesto sobre la mesa, no hubiéramos votado a favor”, apostilla.

Sobre el propietario del inmueble, una empresa de la familia de Antonio Plasencia, manifiesta de forma sarcástica que “estamos hablando de que es quien es, un empresario que no se caracteriza porque haya hecho ningún tipo de mecenazgo a la sociedad de Tenerife, sino todo lo contrario”.

La utilización de vigilantes contratados por la empresa pública Tragsa, dependiente del Estado, con funciones propias de guardas forestales se produce de forma irregular en el parque nacional del Teide, pues supone una usurpación de funciones sin amparo legal. Así lo denunció hace dos semanas el grupo de Podemos en el Parlamento canario y así ahora también lo ha constatado la Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), mediante un comunicado divulgado este lunes, y el sindicato CSIF con un escrito dirigido hace dos semanas al Ayuntamiento de La Orotava.

Tragsa es una empresa adscrita al Ministerio de Agricultura que presta sus servicios, entre otros lugares, en el parque nacional del Teide, a través de una encomienda de gestión otorgada por el área de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, de la que es titular el socialista José Antonio Valbuena y con competencias en ese espacio protegido delegadas por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La organización Afmacan, si bien no pone en duda que los vigilantes de Tragsa puedan portar armas ni “la  buena fe” del Cabildo en “solucionar los problemas de seguridad en Las Cañadas, deja claro que la encomienda de servicio realizada a esa empresa para apoyar la vigilancia del parque nacional ”tiene visos de irregularidad, dado que Tragsa no aparece inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, a 11 de julio de 2018 (según el listado accesible desde la web oficial de la Dirección General de la Policía), y no tiene entre sus actividades económico-empresariales la de seguridad privada“.

Según subraya este colectivo de profesionales, “los vigilantes-guardas rurales están sujetos a los dispuesto en la Ley de Seguridad Privada”, y los trabajadores de seguridad de Tragsa no encajan “en ninguno de los supuestos” legales para realizar labores de vigilancia fuera de los recintos del parque nacional que tiene encomendados.

En esta línea, el sindicato CSIF en la Policía Local de La Orotava dirigió el pasado 14 de septiembre un escrito al Ayuntamiento del municipio norteño en el que denuncia que ha observado a personal de Tragsa “regulando tráfico en la zona de los Roques de García”, en pleno corazón de Las Cañadas, “lo que es una clara usurpación de funciones” al prestar servicios propios de la Policía.

Por ello, el CSIF  reclama al consistorio que inste al Cabildo a destinar una partida presupuestaria para que agentes de la Policía Local orotavense, mediante servicios especiales, desarrollen su labor en el parque nacional, tanto en lo que respecta a sus competencias exclusivas (“seguridad ciudadana y demás normativa administrativa”) como a la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (“seguridad ciudadana y prevención de actos delictivos”).

“Numerosos” robos a los turistas en Las Cañadas

“Numerosos” robos a los turistas en Las CañadasEse sindicato además alerta de que “a diario numerosos visitantes y turistas son víctimas de delitos contra el patrimonio dentro del parque nacional, con total impunidad de sus autores”.

En su nota de prensa, la asociación de guardas forestales y de medio ambiente sostiene precisamente que los vigilantes o guardas rurales de Tragsa “realizan en la actualidad funciones de control de acceso al parque nacional”, lo cual  “excede las funciones de ese personal, que debería centrarse en la seguridad de los bienes de la propiedad que los contrate, debiéndose desarrollar estas funciones de control de los accesos en las vías del sistema general de carreteras por funcionarios de la Guardia Civil o la  Policía Local”.

Afmacan añade que la contratación de personal para vigilar los recursos del parque nacional “no es más eficiente que con funcionarios por cuanto, en primer lugar, dicha encomienda de servicios genera un gasto añadido a las arcas públicas por la contratación de ese servicio; y en segundo lugar, al no tener la condición de agentes de la autoridad, carecen de presunción de veracidad de los hechos de los que fueran testigos, estando obligados a dar traslado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que deberán desplazar medios para verificar los hechos denunciados (un problema que se agrava ante la comisión de infracciones fugaces)”.

El Cabildo de Tenerife ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por los círculos de Podemos en Adeje, Arona, San Miguel, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife, junto a diferentes colectivos y personas que trabajan en el parque nacional del Teide, lo que ha supuesto frenar, de momento, la aprobación del reglamento de servicios de ese espacio protegido en los términos que pretendía el Gobierno insular, formado por CC y PSOE y con consejero responsable de Medio Ambiente perteneciente al Partido Socialista, José Antonio Valbuena.

El pasado mes de febrero, esos colectivos recogieron más de medio millar de firmas de ciudadanos en apoyo a las alegaciones contra la aprobación inicial del llamado Sistema Integral de Uso Público del Parque Nacional del Teide (reglamento de servicios), se indica en el comunicado de prensa.

Dichas alegaciones, dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y al área de Medio Ambiente del Cabildo insular, señalan en esencia que “tanto la ordenación normativa como la gestión del parque nacional son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y, por lo tanto, un reglamento de servicios de una Administración local no es un instrumento válido para regular el modelo”, según consta en el escrito remitido al Cabildo.

Hay que recordar que el Cabildo de Tenerife no tiene transferidas las competencias en parque nacionales en la isla, que son del Gobierno de Canarias, y que solo gestiona el Teide con competencias delegadas a través de un decreto territorial.

Según los firmantes de las alegaciones, el modelo correcto sería un plan de uso público y por ello consideran “políticamente incorrecto que el Cabildo lanzara aquella propuesta de reglamento, que no se ajustaba a derecho y entorpece la capacidad de ese futuro plan, además a pocos meses de que venciera el plazo para la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide”.

Por lo tanto, la base de las alegaciones consiste en exigir la aprobación de dicho PRUG en plazo y forma, además de solicitar que se anule ese reglamento del Cabildo hasta que dicha normativa superior no sea publicada, al entender que el Cabildo no tiene competencias para ello.

Para el caso de que el Cabildo siguiera adelante con su reglamento, también se presentó toda una serie de fundamentos añadidos con el objeto de modificar el contenido de dicho documento. De esta manera, el colectivo reclama “el acceso gratuito al parque nacional del Teide y la eliminación de cualquier regulación que considerase su cobro en los términos planteados en el citado reglamento”.

Desde esos círculos de Podemos, se afirma en un comunicado de prensa, se solicita además un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de implantación del parking de pago y la inclusión del Teleférico y del refugio de Altavista en la normativa, entre otras cuestiones.

El pasado 7 de agosto, se recibió respuesta al documento registrado, en la que se comunica que “la aprobación definitiva del reglamento de servicio en los términos que se había planteado [por el Cabildo] tiene que ser reformulada y seguramente sometida nuevamente a trámite de información pública”.

Los colectivos firmantes señalan que “celebran esa decisión, puesto que, si no se hubieran registrado alegaciones, el reglamento se habría aprobado de manera automática, tal y como había sido publico en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Asimismo, los colectivos quieren “recordar al Cabildo otra de las peticiones que hicieron en esas alegaciones, la consistente en facilitar la participación ciudadana por vía telemática para la elaboración de tal normativa”.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de La Orotava, Sergio Oliva Parrilla, firmó el pasado 20 de junio (miércoles) el auto de sobreseimiento provisional y archivo del conocido como caso Piscifactoría, una causa penal que se abrió tras la clausura impuesta por Sanidad del Gobierno de Canarias (en septiembre de 2017) de la explotación acuícola de truchas que entonces gestionaba (ya está cerrada) el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife (cuyo consejero insular es José Antonio Valbuena, del PSOE) en el pueblo de Aguamansa, dentro del término municipal de La Orotava (isla de Tenerife).

Ese proceso judicial se inició debido a la denuncia presentada por la Guardia Civil, tras una intervención en el lugar de los hechos de agentes del Seprona. Este servicio estuvo originado por la orden de cierre urgente de las mencionadas instalaciones emitida in situ por un inspector de la Consejería de Sanidad al detectar la existencia de numerosas irregularidades, incluso con riesgo para la salud humana, en la gestión pública de aquel recinto para la cría y el engorde de truchas arcoíris. La clausura motivó el sacrificio sobre la marcha de todos los peces que permanecían en esa piscifactoría.

Tras admitirse a trámite la denuncia e iniciarse las diligencias previas, el miércoles 20 de junio se promulgó el citado auto de archivo, algo que el Cabildo de Tenerife, parte muy interesada en este asunto por ser el titular y gestor del recinto, difundió al día siguiente (21 de junio ) en una nota, en la que se hacía eco de tan relevante cuestión y mostraba “su satisfacción por el archivo de la denuncia interpuesta contra el personal de la Corporación insular [cinco investigados] por el funcionamiento de la piscifactoría de Aguamansa”.

El comunicado del área de Medio Ambiente también recordaba que, con ese auto (que Podemos, en la acusación popular, está viendo si lo recurre), “dictado tras una importante actividad probatoria, queda claro que no hubo riesgo para la salud y que el cierre decretado por Salud Pública se produjo por motivos meramente administrativos”.

Hasta aquí, todo bien, si se sigue parte del relato judicial, pero, como era de esperar y como ya había ocurrido en meses anteriores tras Tenerifeahora.com adelantar la noticia de las irregularidades que se producían en esa piscifactoría, Medio Ambiente ha vuelto a obviar aspectos relevantes del caso, esta vez recogidos en el auto de archivo que rubrica el juez Sergio Oliva Parrilla.

En algunos de ellos, queda probada la irregular gestión pública en la explotación acuícola de Aguamansa o, si se prefiere, las cuestiones en que se le sacan los colores al Cabildo del Tenerife, al titular del área de Medio Ambiente y a empleados públicos (entre ellos funcionarios) que llegaron a estar investigados en esa causa penal, de manera especial a los tres de mayor rango: Buenaventura Machado Álvarez, jefe de servicio; Tomás Reneses de la Fuente, jefe de sección, y Víctor Javier Pacheco Hernández, capataz de la piscifactoría.

A continuación se recogen los principales hechos, argumentos y afirmaciones, todos incluidos en el ya referido auto de archivo, que dejan meridianamente claro que la gestión pública de la piscifactoría de Aguamansa era “grave” por mala o desastroza.

Situación desde una perspectiva administrativa-sanitaria

“No cabe duda (...) de que la piscifactoría de Aguamansa era una explotación de acuicultura que estaba obligada a cumplir con la citada normativa administrativa [en referencia al Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos; esa norma traspone la Directiva 2006/88/CE] y, por tanto, independientemente de que esté sujeta a una autorización sanitaria, debería estar registrada. Tal y como se deja constancia en el atestado elaborado por la Guardia Civil, no ha podido constatarse que en la explotación se haya realizado ningún tipo de control sanitario veterinario, careciendo de libro de explotación aprobado por autoridad competente, no pudiendo tampoco determinarse si se cumple con los requisitos zoosanitarios para la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura, entre los que se encuentra la trucha arcoíris, tal y como se establece en el Real Decreto 1614/2008”. 

En el auto, además se añade que “estas circunstancias, relevantes desde el punto de vista administrativo pero intrascendentes penalmente hablando, sirven como ejemplo de la situación en la que se hallaba la piscifactoría”.

Unas líneas más adelante se afirma en el mismo documento: “En la piscifactoría de Aguamansa, cuando los ejemplares de truchas caían enfermos, especialmente cuando las temperaturas del agua eran elevadas, se suministraba pienso medicamentoso enviado por una empresa denominada Skretting, mediante la prescripción de un veterinario de la citada entidad que no estaba físicamente presente en la piscifactoría. Como se reconoce por el capataz, don Víctor Javier Pacheco, cuando las truchas se enfermaban, con autorización de su superior, don Tomás Reneses, se ponían en contacto con la empresa Skretting y un veterinario de la entidad les daba el pienso medicado y unas pautas de administración. Una vez recibido el pienso, se emitían albaranes de compra y se pasaban al Cabildo para el cobro [por parte del proveedor]. Cuando se suministraban los medicamentos, bajo la pauta marcada por el veterinario de la propia empresa a la que se los compraban, respetaban unos periodos de espera en los que los ejemplares afectados no eran vendidos al público”.

A este modo de actuar, en el auto se responde con claridad meridiana: “Los operadores deben asegurarse de que sus instalaciones reciban la visita zoosanitaria de un veterinario” y se subraya que “la piscifactoría de Aguamansa no recibía la visita de veterinario alguno”.

A continuación se expone: “En la piscifactoría de Aguamansa resulta sorprendente que, contando el Cabildo insular con un veterinario a su servicio, no se estableciese una forma concreta de control y supervisión mediante visitas periódicas a la instalación y se cediera tal necesaria y fundamental labor a la pericia del capataz de la piscifactoría y a un veterinario a distancia de una empresa privada que era la encargada de suministrar el pienso medicamentoso. Es más, resulta extraña la ausencia de un registro sanitario de los ejemplares”.

Sobre el posible delito alimentario

En este apartado se plantea que, “(...) tanto en el primer informe [el pericial de Consultores y Auditores Godoy] como en el segundo, se es absolutamente claro al afirmar sobre el grado de Florfenicol (el antibiótico suministrado a las truchas) que, en 'los resultados de la analítica de los tejidos en las muestras de peces muertos, este valor es siempre inferior, lo que indica que el producto se encuentra dentro de los límites de seguridad y no presentaría riesgos para el consumo humano”.

A partir de esa prueba, “se determina la imposibilidad de demostrar la evidencia de peligro alguno para el consumidor”. Pero hay más, pues el juez no elude “remarcar las importantes deficiencias que la piscifactoría tenía en el control de la venta de esos especímenes, desde la perspectiva sanitaria y veterinaria, al no realizar ningún tipo de control por veterinario específicamente destinado en la industria, careciendo de libro de explotación aprobado por autoridad competente y resultando imposible determinar el cumplimiento o incumplimiento (por esas ausencias de registros) de los requisitos zoosanitarios para la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura, entre los que se encuentra la trucha arcoíris, tal y como se establece en el Real Decreto 1614/2008, entre otros requisitos”.

Sobre la posible contaminación del agua de consumo humano

“Con independencia de las argumentaciones ofrecidas por los citados investigados en aras de aclarar el origen y salida de las aguas que atravesaban la piscifactoría, se reconoce por todos que estas carecían de un sistema específico de depuración, por lo que resulta acreditado, en términos indiciarios, que, tras usar el agua, la piscifactoría permitía la salida de aguas residuales sin el oportuno tratamiento, lo cual, al haberse suministrado a sus ejemplares piensos medicamentosos como el Florfenicol, podría estar generando un riesgo para la salud de las personas”.

Sobre este particular, en el auto se dice que “el informe concluye que, 'teniendo en cuenta los parámetros analizados, no se encuentran diferencias entre los resultados obtenidos en la muestra de entrada y la muestra de salida de agua de la piscifactoría que pudieran llevar a deducir una contaminación de tipo orgánico”.

Y añade: “En cuanto a los análisis para la determinación de Florfenicol en el agua, los resultados indican que en la entrada a la piscifactoría no hay presencia del antibiótico, mientras que en la salida se registran valores de 1,90 y 2,15 μg de Florfenicol en un litro de agua. (...) existen directivas europeas sobre los límites máximos de residuos (MRL) de Florfenicol en animales destinados a consumo humano, como en el caso de los pescados, sin embargo no hay datos sobre los límites máximos de residuos en aguas”.

“Aunque resulta evidente que el agua que salía de la piscifactoría contenía Florfenicol (así se determina en los resultados de los análisis) y que esa agua se mezclaba con otras procedentes del Canal de Aguamansa, y de ahí, pasando por el centro de control del Canal de Aguas de las Cumbres, iba a lo que generalmente se conoce como consumo humano, lo cierto es que los valores que pudiesen determinarse en ese momento (pues solamente contamos con los resultados de las muestras tomadas en la salida de agua de la Piscifactoría) estarían por debajo de cualquier consideración que permitiese asumir la tesis de resultar tóxicos para el ser humano”, se concluye.

En esta misma parte del desarrollo de conclusiones, se recoge que, “lamentablemente, (...) se ha de poner de manifiesto que la Administración insular, bien por omisión o desconocimiento, se despreocupó de la calidad de las aguas que salían de la piscifactoría, algo ya de por sí grave, que se acrecienta cuando se acredita la ausencia de un sistema de depuración que pudiese permitir eliminar los residuos tóxicos que permanecían en sus aguas. El sobreseimiento penal recae por la simple razón de que no se puede acreditar la nocividad de la sustancia cuando las aguas llegan al consumo humano, siendo imposible certificar la asunción de un peligro para la salud de las personas, pero resulta fuera de toda duda la concurrencia de una seria responsabilidad en la actuación de la Administración”.

Sobre el posible maltrato animal

En este capítulo, el del otro delito que se podía haber imputado, el auto considera que “el cultivo de la trucha arcoíris requiere, entre otras cuestiones, que el flujo de agua sea constante y adecuado. Por tanto, la decisión de cortar el suministro de agua a la piscifactoría provocaría la mortandad de los ejemplares”.

Dicho esto, el mismo auto recuerda que “contamos, por un lado, con una decisión del inspector de Sanidad que se encontraba fundada en el riesgo para la salud de la población de la pervivencia de un sistema de vertido de aguas sin depurar tratadas con piensos medicamentosos que se filtraban a un canal cuyo destino final era el consumo humano”, y “por otro lado, no consta ni un solo documento que permita sostener una plausible alternativa para la supervivencia de las truchas tras la orden de Sanidad de cesar el vertido de las aguas”.

Por todo ello, “resulta imposible subsumir, aun en términos indiciarios, la terrible muerte de las truchas como parte de un delito de maltrato animal, por cuanto existen dudas racionales sobre la presencia de una alternativa que hubiera evitado el luctuoso desenlace, acaecido como consecuencia del cumplimiento de una orden de Sanidad que buscaba la salvaguarda de la salud de las personas”.

El tramo de la pista de Las Hiedras, en el parque rural de Anaga (macizo nordeste de Tenerife) y acondicionado por el Cabildo de Tenerife (área de Medio Ambiente, que dirige el socialista José Antonio Valbuena) para el senderismo de personas con problemas de movilidad, sufre serios desprendimientos. En un recorrido realizado esta semana en esa zona, senderistas han podido constatar numerosos puntos con caída de rocas de todos los tamaños, incluso desprendimientos de considerable dimensión, alguno hasta próximo a los bancos situados para el descanso de quienes paseen por ese lugar.

La contestada obra (ha sido muy contestada por colectivos ecologistas), desarrollada a lo largo de menos de un kilómetro y de la que aún quedan algunos trabajos por concluir, no ha estado exenta de polémica desde el pasado año, cuando se llegaron a recabar más de 5.400 firmas en Change.org contrarias a ese proyecto, en una iniciativa del Foro Canario contra la Incineración. Este colectivo alegaba los daños ocasionados al ecosistema a ambos márgenes de la pista, en pleno corazón de Anaga, dentro de un tesoro vegetal como es la laurisilva y en uno de los puntos del mundo con mayor biodiversidad.

Los trabajos en Las Hiedras dieron comienzo el pasado junio y han dotado a la pista forestal, dentro del parque rural de Anaga, declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera, de una franja de tierra y otra de hormigón por la que podrán pasear las personas con discapacidad, delimitada por un bordillo enterrado y otro resaltado paralelo, junto a un muro de contención de piedra de baja altura, por el que se guiarán las personas invidentes.

Se da la circunstancia de que el espacio para personas discapacitadas trascurre por la zona de la pista más próxima a la montaña, es decir, la parte más propensa a la caída de piedras, tierra y ramas y troncos.

Durante una caminata realizada este martes, en al menos seis puntos había derrumbes que pueden suponer un riesgo para las personas. Como han podido comprobar y fotografiar esos senderistas, los muretes de piedra construidos por seguridad no parecen garantizar unas condiciones de máxima garantía para la accesibilidad universal a esa vía, que discurre por un paisaje de pendientes pronunciadas.

Cabe reseñar que en algunos tramos se han instalado bancos de madera en el espacio reservado para esos muros de contención. El mayor derrumbe está precisamente a unos metros de uno de esos bancos para el descanso de los senderistas, adosado a la montaña.

A juzgar por esos desprendimientos, los muretes de seguridad no parecen garantizar unas condiciones de máxima garantía para la accesibilidad universal a la pista. 

Además, en una de las murallas de piedra de varios metros de alto levantadas en esta obra se observan sobre la pista que se han desprendido piedras de esa reciente construcción.

Las obras no han concluido en un área que da acceso al lugar, pues aún hay amontonamientos de tierra, bidones, contenedores de escombros y diverso material de obra, en un espacio que, según anunció en su momento el Cabildo, se dedicará a aparcamientos. Toda esta actuación supone una inversión de 276.000 euros.

Los promotores de la recogida de firmas siempre han alegado que no están en contra de la accesibilidad de Las Hiedras para personas en silla de ruedas, si bien consideran que se pudo haber acometido un proyecto que respetara la vegetación de los márgenes de la pista.

Esta zona “en primavera constituye un magnífico espectáculo de color donde el amarillo de las morgollanas y el violeta de las patas de gallo destacan sobre otras decenas de especies, que hoy en día están siendo recubiertas de hormigón y paredes”.

La destrucción de esa vegetación, aseguran, impide precisamente a estas personas con diversidad funcional disfrutar del auténtico tesoro natural de esa pista. El Cabildo, en cambio, ha argumentado que el espacio ya estaba antropizado porque se trataba de una vía abierta por el hombre, pero la realidad es que durante decenios la naturaleza había conquistado los márgenes con una rica flora y fauna, incluyendo las hiedras que precisamente dan nombre a esa pista.

El Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife tiene problemas. Unos problemas que no se diluyen aunque sean la mano izquierda de los nacionalistas en el Cabildo insular, ni aunque apoyen las políticas de Carlos Alonso. Ni siquiera se van a diluir aunque en el PSOE decidan encomendarse a la virgen de Candelaria. Son tantos los frentes que tienen abiertos que, aunque mañana decidieran hacer honor al nombre del partido que representan, pasarían sudores fríos y saldrían mal parados.

No es un secreto que José Antonio Valbuena forma parte del problema. Antes de que conociéramos el caso Piscifactoría o caso Aguamansa, Valbuena era conocido porque estuvo compaginando al menos durante un año su trabajo como consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad con su actividad privada como tasador. Lo sé, para ser consejero de Seguridad no da mucha confianza. Pero Valbuena acabó asumiendo el error porque lo pillaron con las manos en la masa, bueno, y porque Podemos pedía su cabeza.

Caso Piscifactoría

Caso PiscifactoríaTras esa incompatibilidad, conocimos el caso Piscifactoría, un caso en el que el consejero llegó tarde y mal, y en el que, también, lo pillaron. Valbuena se vio de la noche a la mañana envuelto en un escándalo que le podía costar el puesto, aunque ya sabemos que para que Carlos Alonso tome esa decisión tiene que bajar dios y cantarle por Whitney Houston.

Las posibles irregularidades cometidas en Aguamansa, donde se realizaron vertidos sin depurar ni control al canal del Norte de Tenerife con sustancias que podían ser nocivas para la salud humana, han dejado de ser acusaciones de un medio de comunicación para pasar a ser un caso donde hay personas investigadas. Hace unas semanas conocíamos que la Guardia Civil había confirmado las anomalías que el propio técnico del Cabildo denunciaba en el informe interno que daba origen al caso.

Mucho se ha criticado la falta de responsabilidad política de José Antonio Valbuena en ese asunto, ya que todas las personas investigadas son técnicos de la Corporación insular. Se trata de un asunto en que Valbuena ha fingido que es algo ajeno a su responsabilidad como consejero. Valbuena nos soltó un “Yo soy afiliado por Almería, muchas gracias”, en versión canaria y low cost. El consejero de Medio Ambiente ha conseguido pasar inadvertido, no porque el caso no tenga relevancia o porque no tenga responsabilidad política, sino porque los asuntos que lo rodean sirven de cortina de humo.

Por eso, cuando a Valbuena le preguntan por las técnicas de manipulación mediática de Carlos Alonso o por el hecho de que el presidente del Cabildo comparta cargo con la virgen de Candelaria, contesta con evasivas. Valbuena sabe que el PSOE le debe varios favores a Coalición Canaria en el Cabildo.

El Cabildo de Tenerife, a través de su responsable de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena (PSOE), admitió este martes un error en la nota difundida el día anterior acerca del proceso de aprobación del reglamento de funcionamiento del parque nacional del Teide y, por ello, ahora ha rectificado una de las afirmaciones recogidas en ese comunicado, en la que se sostenía que a los turistas se les podría cobrar por entrar en el espacio protegido.

Según se explica en el comunicado remitido este martes a Tenerife Ahora, en el “pleno celebrado el 4 de diciembre se aprobó inicialmente el reglamento del parque y ahora este se somete a información pública, que es el proceso habitual. Ese reglamento [que no es el definitivo, por ahora] establece los servicios gratuitos y los complementarios, y en ningún caso el residente ni el visitante deberán pagar por transitar o acceder libremente al parque nacional del Teide. Se aplicará, en todo caso, una tarifa por los servicios complementarios para las personas que visiten ese enclave con el objetivo de reinvertir esos recursos en la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de ese espacio emblemático en la isla”.

Valbuena recordó que “desde enero de 2016 el Cabildo asumió la gestión del Teide y hemos venido trabajando en ese reglamento. A lo largo del pasado año, se abrió un proceso de participación y tuvimos reuniones y encuentros con diferentes colectivos, como ecologistas, empresarios y usuarios habituales, donde se planteó este reglamento. Además, se aprobó una moción por parte de todos los grupos políticos del Cabildo para defender la gestión pública y establecer la regulación de este espacio, que es lo que estamos haciendo ahora”.

José Antonio Valbuena señaló que “el objetivo de este nuevo sistema de gestión es reorganizar la capacidad de carga del parque, que cada vez más se encuentra sometido al uso del vehículo privado. Se trata del parque nacional más visitado de España y uno de los más visitados de Europa. Alcanzó su cifra récord el pasado 2016, con más de cuatro millones de turistas”, se detalla.

El ya conocido como caso piscifactoría empezó a rodar este martes en un juzgado de instrucción del partido judicial de La Orotava, en el norte de Tenerife, donde se tomó declaración inicial a todos los testigos (este miércoles será el turno de los tres investigados), entre ellos a los dos funcionarios que elaboraron los informes que reflejaron las irregularidades cometidas en la gestión de la explotación acuícola destinada a la cría y el engorde de truchas radicada en la parte alta del municipio de La Orotava. Esta era gestionada, pues ya está clausurada, de forma directa por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, cuyo responsable político es el socialista José Antonio Valbuena.

En este proceso judicial aparecen como investigados los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández. Todos son personal del Cabildo de Tenerife. Podemos se ha personado en la causa como acusación popular y, en la sesión de este martes, el PP no se presentó con su abogado, pues se debe adherir en la defensa letrada a Podemos, como así establece un auto de unificación.

Tal y como ha podido saber Tenerife Ahora (que destapó el caso en exclusiva) de fuentes presentes en las testificales celebradas en la mañana de este martes, los que se pueden considerar como principales testigos de esta causa, los funcionarios públicos del Cabildo de Tenerife Santiago Mayans (el primero que denunció las irregularidades en la piscifactoría) y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias Miguel Rodríguez (el que las confirmó con una inspección in situ), se reafirmaron ante el juez y el fiscal en el contenido de los documentos por ellos redactados y ya ampliamente difundidos por este periódico.

En la misma sesión judicial, que se desarrolló desde las 9.30 a las 14.00, el funcionario de Salud Pública que se personó en las instalaciones acuícolas en septiembre pasado habló del contenido de las actas de la inspección sanitaria y puso de manifiesto las graves irregularidades que se habían cometido en ese recinto.

Según el contenido que ha trascendido de su declaración, no se le facilitó ningún tipo de documentación, ni del pienso corregido con medicamentos. Tampoco sobre quién lo había prescrito. Además, confirmó que no había veterinario identificado. Sobre el medicamento que se daba a las truchas, indicó que estaba en desuso y que se debe aplicar previa prescripción de la dosis.

Ese mismo declarante confirmó que lo más grave era que ese medicamento pasara al agua de consumo humano, y también que parte de la producción de esas truchas se utilizara como alimento en los restaurantes de la zona, esto sin ninguna garantía para el consumidor, según expuso el inspector.

Por si fuera poco, los gestores del área de Medio Ambiente, los encargados de atender la piscifactoría, no sabían quién era el titular del agua ni hacia dónde esta se dirigía una vez salía de los estanques; tampoco conocían las sustancias que eran nocivas para la salud humana.

Todas estas afirmaciones fueron hechas por el funcionario inspector de Salud Pública, en una sala en la estaban los dos abogados defensores de los tres funcionarios investigados del Cabildo de Tenerife (dos para tres empleados públicos) y la letrada de la Corporación insular, presente por actuar esta administración pública como responsable civil subsidiaria. Esta abogada centró su intervención en rebatir el contenido del informe del también funcionario del Cabildo, del veterinario Santiago Mayans.

Según se expuso ante el juez y el fiscal, el inspector de Sanidad reconoció que no hizo una inspección más completa porque eran flagrantes los incumplimientos. De ahí que en su día tomara la decisión drástica de cortar el agua en la piscifactoría, lo que causó la muerte de los peces (el Cabildo lo había acusado de no tomar muestras del agua antes de cancelar la explotación).

En la sesión de este martes se tomó la decisión de pedir una prueba pericial, es decir, un informe de un especialista, para confirmar a qué canal se vertía el agua y si este lleva caudales para el consumo humano.

En las testificales de este martes, el responsable de Emmasa, Daniel Montoro, no dijo nada, mientras que Santiago Mayans, el veterinario del Cabildo que advirtió en primer lugar de los errores cometidos en la gestión de la piscifactoría, confirmó que su informe lo había hecho en julio pasado y que se lo mandó a sus superiores y al consejero José Antonio Valbuena, a ambos con el aviso de que era “muy urgente”. Los remitió por email y luego se fue de vacaciones 10 días, explicó este técnico veterinario. Tras volver de las vacaciones estivales, en septiembre, se le pidió que remitiera el mismo informe del 17 julio pasado y le pusiera firma digitalizada de septiembre. Al parecer, fue el consejero Valbuena el que se lo pidió, indicaron fuentes presentes en las declaraciones de este martes.

El consejero insular de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, del PSOE, ha descartado este jueves, en rueda de prensa convocada con urgencia (unas horas antes) tras conocerse el día anterior la apertura de diligencias penales por el caso piscifactoría (destapado por Tenerife Ahora) en un juzgado de La Orotava, presentar su dimisión en ese cargo público, aunque esta vez sí ha reconocido, lo que nunca antes había hecho con tanta claridad, la existencia de “deficiencias documentales” en la gestión de las instalaciones usadas por la Corporación insular para la cría y el engorde de truchas, incluso con la comercialización de estas, y también para tareas de educación ambiental, sobre todo con escolares.

Esta misma mañana de jueves, el presidente del Cabildo de Tenerife, la administración pública titular de la explotación acuícola radicada en la parte alta de La Orotava, en la zona de Aguamansa, no quiso llegar tan lejos como Valbuena en el reconocimiento de los errores cometidos y solo se limitó a decir sobre lo ocurrido en la piscifactoría de truchas, cerrada por Salud Pública el 22 de septiembre pasado, algo tan vano como que esa era la “gestión ordinaria” de la explotación, a lo que unió en reiteradas ocasiones que el Cabildo de Tenerife siempre se ha caracterizado por respetar y “dejar trabajar a la Justicia”. Además, Alonso afirmó que el funcionamiento de la piscifactoría no ha ocasionado problema alguno a la salud de las personas.

El presidente insular, que fue entrevistado en Radio Club Tenerife-Cadena SER antes del contacto con los medios de comunicación del consejero insular Valbuena, pasó por alto los graves y demoledores argumentos técnicos (recogidos en el auto que se adjunta a esta información) que justifican, según dictaminó el juez instructor, el inicio del proceso judicial con el auto de apertura de diligencias previas y eludió en todo momento el reconocimiento de posibles irregularidades, incluso por muy pequeñas que estas fueran.

En esta cuestión, la intervención de Alonso distó bastante de la de José Antonio Valbuena, el responsable político más directo de aquel recinto productivo y la persona que ha pasado de negarlo todo y decir que allí no pasaba nada a reconocer un “acuerdo mutuo” (cuando fue unilateral, por decisión del inspector de Salud Pública) para cerrar la explotación acuícola e incluso a dirigir las culpas hacia otro lado, señalando a otras administraciones públicas como supuestas culpables, entre ellas y de manera muy reciente a la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias (con competencias en acuicultura a escala regional). Algo parecido también ha hecho con determinados técnicos, tal y como estos reconocen a voz baja en sus puestos de trabajo.

En declaraciones a los periodistas, Valbuena comentó que el auto judicial en el que se investiga a la Corporación insular y a tres funcionarios no lo “coge de sorpresa”, pues sigue la tramitación habitual desde que el Seprona presenta la denuncia en el juzgado correspondiente, informó la agencia Europa Press.

Por ello, ha dicho que en este momento “manda la prudencia” y no se pueden hacer pronunciamientos sobre el contenido del auto, más allá de mostrar su “máxima confianza” en los tres funcionarios investigados, que han realizado un gran trabajo para la isla, y de ofrecer “aclaraciones e informaciones” a la autoridad judicial.

Valbuena ha vuelto a “garantizar” la protección de la salud de los ciudadanos en la zona del área metropolitana que pudiera estar afectada por la contaminación de agua del canal del norte (como consecuencia de los antibióticos que en piensos corregidos se daba a las truchas, no aptos para uso humano) y subrayó que no constan daños ni muertes en más de 40 años. El consejero insular precisó que la piscifactoría se daba de alta anualmente en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Por eso, “hay otras preguntas que deben contestar otras entidades”, en alusión a lo hecho por el deparatmaneto que dirige Narvay Quintero, de CC, a través de la Dirección General de Ganadería.

El consejero sostuvo que la piscifactoría es una “instalación histórica”, con más de 40 años funcionando en las mismas condiciones y por la que han pasado “responsables de todas las fuerzas políticas”, desde la época del Icona, con Isidoro Sánchez (ATI-CC), hasta el PP, bajo la tutela de Manuel Torres como viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Sobre la venta de truchas, ha indicado que la autorización para su comercialización depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno regional, por lo que “hay preguntas que deben contestar ellos”.

Además, confirmó que, cuando había excedentes, se cedían a centros sociales a modo de beneficencia, pero siempre pasada la cuarentena y cuando no se habían suministrado medicamentos.

Valbuena dijo que el complejo ambiental de Aguamansa “no compraba agua”, sino que se la cedían los propietarios del canal con la condición de que se le devolviese (contaminada con heces y antibióticos, como reconocen los informes técnicos y vertida sin control en el canal de distribución para uso humano). Posteriormente, la comunidad de propietarios la comercializaba, en principio no para uso humano, “pero deben contestar en calidad de qué la comercializaban”.

Valbuena ha incidido en que todos los años la piscifactoría se daba de alta ante el Gobierno de Canarias y los técnicos entendían que se cumplía con los requisitos. “Habrá que ver a quienes son imputables estos errores administrativos; nosotros detectamos las deficiencias a raíz de la inspección”, ha apuntado.

En clave más política, afirmó que siente “respaldado” tanto por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), como por el vicepresidente primero, Aurelio Abreu (PSOE), y pidió a la oposición que se informe más y deje de pedir ceses. “Son de gatillo fácil. Yo no pedía la dimisión con esa ligereza cuando estaba en la oposición”, recordó.

El ya conocido como caso piscifactoría, que destapó Tenerife Ahora con una información publicada el 19 de septiembre pasado (esta se apoyaba en un informe interno del Cabildo -visible a través de este enlace- que enumeraba las irregularidades cometidas, con riesgo para la salud humana, en la gestión de esa explotación acuícola pública sita en La Orotava), se complica más y más y con ello coloca en la cuerda floja al Cabildo de Tenerife y de manera especial al consejero insular responsable del Área de Medio Ambiente, el socialista José Antonio Valbuena.

Este miércoles, en relación directa con ese mismo asunto, se ha conocido que el juez Sergio Oliva Parrilla, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava, ha dictado un auto con el que inicia las diligencias previas y además cita a declarar como investigados (antes imputados) a tres empleados públicos adscritos a la mencionada área insular y a un representante del grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, una persona aún no definida pero que incluso podría ser el mismo consejero Valbuena.

Según se recoge en el auto, ya notificado a las partes y también puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, las personas que deben declarar como investigadas por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública son las siguientes: los funcionarios y técnicos del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, este también empleado público.

A esas tres personas se debe unir otra en representación del Cabildo de Tenerife (la administración pública que es titular del recinto que criaba y engordaba truchas). Las citaciones para esos cuatro investigados tienen fecha del 29 de noviembre próximo.

En calidad de testigos, como también se expone en el mismo documento judicial, el juez llama a declarar a los agentes instructores del atestado de la Guardia Civil, del Seprona y el que da inicio a este proceso, y a Miguel Rodríguez García (el inspector de Salud Pública que cerró la piscifactoría tras la visita realizada el 22 de septiembre a ese lugar), Daniel Montoro Meyaui (de Emmasa, por la gestión del canal del norte) y Santiago Mayans Vázquez (el funcionario y veterinario del Cabildo que firma el informe interno que habla de las irregularidades, algo que hace a petición del Servicio de Gestión Forestal). Estas personas deben testificar el 28 de noviembre próximo.

Los argumentos técnicos en que se apoya el auto de apertura de diligencias previas tras la denuncia cursada por el Seprona se apoyan con profusión en el atestado de la Guardia Civil y en las conclusiones técnicas del informe de Santiago Mayans y del acta de clausura de las instalaciones que firma el inspector de la Dirección General de Salud Pública Miguel Rodríguez García, ambos contenidos ampliamente difundidos por este medio.

El auto judicial centra las investigaciones en la venta de truchas para el consumo humano que eran tratadas con antibióticos, en la “posible” contaminación de agua potable con los piensos corregidos con antibióticos prohibidos para el uso humano y con los excrementos de esos peces, y en la inexistencia de permisos y autorizaciones para la realización de los vertidos de agua contaminada a un canal para el suministro a la población, el principal motivo de la clausura de la explotación acuícola el 22 de septiembre.

El documento que firma el juez instructor también pone el foco en la muerte de entre 10.000 y 12.000 ejemplares de truchas tras ordenar el inspector de Salud Pública que se dejara de verter agua sin autorización al canal del norte. Ello motivó el cierre del caudal continuo y el sacrificio indirecto de los peces.

Podemos y el PP se van a personar en la causa

En la mañana de este miércoles, se ha conocido que tanto Podemos como el PP en el Cabildo de Tenerife se personarán en la causa iniciada. José Antonio Valbuena, en una intervención realizada en horas de la mañana de este miércoles en Radio Club Tenerife-Cadena SER, afirmó que el agua que salía a diario de las instalaciones acuícolas hacia el canal para suministro a las personas se ha cifrado en unos “cinco millones de litros”.

El consejero insular de Medio Ambiente, responsable político de esa gestión pública, también negó en la misma radio que hubiera riesgo para la salud humana por el uso de antibióticos para sanar una determinada enfermedad en las truchas.

En cambio, sí reconoció que se vertía sin autorización en el canal de agua para consumo humano, y dijo que la Consejería de Agricultura, con las competencias en acuicultura en Canarias, jamás había dicho nada sobre cómo se gestionaba ese recinto para la cría y el engorde de peces radicado en La Orotava.

José Antonio Valbuena (del PSOE), consejero insular de Medio Ambiente, parece que está en la cuerda floja tras los problemas que han salido a relucir debido al estallido del caso piscifactoría, el recinto para la cría y el engorde de truchas que ya se ha clausurado en Aguamansa, municipio de La Orotava, por la existencia de múltiples irregularidades. Este asunto además está en los juzgados.

En relación con esa crisis aún abierta, que nace con una información exclusiva de Tenerife Ahora, este viernes, según una información servida por la agencia Europa Press, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (de CC), ha afirmado que “es el PSOE quien tiene que decir” si el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, “sigue siendo la persona adecuada” para el cargo a raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Alonso ha apuntado que mantiene “la confianza” en el PSOE, que es quien “designa a las personas” responsables de sus áreas de gobierno. Recordó que algo parecido ya ocurrió con Ana Lupe Mora en el pasado mandato y en la misma área.

“El PSOE entonces no tuvo confianza y se produjo el cese”, ha apuntado, al tiempo que dijo que en el Cabildo impera un “acuerdo entre partidos”. Por ahora, para los socialistas Valbuena “sigue siendo la persona adecuada” para gestionar esa área. “Hasta lo que yo sé, es así”, ha afirmado.

Parece que hay caso piscifactoría para rato en la isla de Tenerife. A esto apunta el contenido del informe redactado por el funcionario de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que el viernes, de oficio, realizó una inspección en la piscifactoría de truchas de Aguamansa (La Orotava), la gestionada por el Cabildo de Tenerife (fuentes consultadas sobre el particular lo califican de “demoledor”), y también el proceso de denuncia que inició en la tarde del viernes la Guardia Civil, a través del Seprona, después de hacer acto de presencia en la piscifactoría de Aguamansa, alertada por lo vecinos.

Esta última actuación ya ha desencadenado, como han confirmado a Tenerife Ahora fuentes de la Guardia Civil, la elevación de denuncia ante los juzgados de La Orotava, lo que implica que el caso psicifactoría, que afecta a la gestión pública realizada por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife (con el socialista José Antonio Valbuena de consejero) en esa explotación acuícola, ya está judicializado.

Este último acontecimiento, el de la confirmación de que el caso ha entrado en los juzgados, ha sido el segundo efecto palpable tras el cierre de la citada piscifactoría el viernes pasado (el primero de ellos), una vez conocidas las informaciones publicadas por Tenerife Ahora acerca de la mencionada instalación, de la que un documento técnico del propio Cabildo de Tenerife informaba, a petición del departamento de Gestión Forestal (el que atendía ese recinto público), de las malas prácticas realizadas en la gestión de la reseñada explotación animal, destinada a la cría y el engorde de truchas desde principios del decenio de 1970.

Sin duda alguna, y debido a sus posibles implicaciones en la salud de las personas, lo peor que detallaba este último informe, el interno del Cabildo de Tenerife, era que los peces se trataban con antibióticos (un derivado del cloranfenicol con uso prohibido en las personas) introducidos en piensos corregidos que luego se vertían al agua y esta terminaba, sin controles previos reglados ni la aplicación de protocolos, en el principal canal que abastece a la población de la parte nororiental de Tenerife y su área metropolitana.

Después de la información servida en primicia por Tenerife Ahora el martes de la semana pasada, que se apoyaba en el informe interno muy crítico con la gestión de la piscifactoría que practicaba el propio Cabildo, los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vértigo. Primero, con una nota de prensa de la Corporación insular quitando hierro a lo que había ocurrido en julio pasado, al menos en algunos días o semanas de ese mes, como incluso confirmó a este medio de comunicación el jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal, Ventura Machado.

Después, se produjo la actuación de oficio y el cierre urgente de las instalaciones tras la inspección cursada por un funcionario de la Dirección General de Salud Pública, lo que obligó a cancelar el suministro continuo de agua, esencial para que estos peces puedan vivir, y con ello se produjo la muerte de todas las truchas.

Esta acción, que se hizo a plena luz del día, causó enorme alarma entre algunos vecinos y personas allí presentes. Incluso se llamó a la Guardia Civil y esta acudió al lugar para levantar acta de lo ocurrido, acción que ha desembocado en la judicialización ya confirmada de este caso. Las redes sociales están repletas de fotos y vídeos con escenas de la práctica de sacrificio.

La visita del inspector de Salud Pública forzó la clausura de las instalaciones el mismo día que trabajó in situ, una decisión que el Cabildo de Tenerife, en su segunda nota, vendió ante la opinión pública como un cierre de “mutuo acuerdo”, e incluso como una decisión en la que ya se había pensado desde diciembre pasado.

Ahora, varios días después de la clausura de la piscifactoría de Aguamansa, se conoce que el caso ha llegado a los juzgados. Entretanto, en el Cabildo de Tenerife guardan silencio, por ahora, y cuando se pide entrevistar o hablar con el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena (el responsable político de esa área insular), se asegura que este sigue disfrutando de sus vacaciones, unas vacaciones válidas para no atender a la prensa, que su presencia en la sede del área insular de Medio Ambiente, en la conocida como hambruguesa, ha sido visible esta misma semana, incluso con firma de convenios de colaboración.

Las preguntas que Podemos hará este viernes en comisión

En una nota de prensa remitida por Podemos, el único partido de izquierdas en la oposición del Cabildo de Tenerife (no apoyan el Gobierno insular, una alianza de CC-PSOE, ni Podemos ni el PP ni Ciudadanos) invita al responsable de la gestión insular en Medio Ambiente, del PSOE, a contestar varias preguntas, todas ellas formuladas por el portavoz de ese grupo político en esa Corporación, Fernando Sabaté.

Sabaté pregunta al grupo de gobierno en el Cabildo por “¿qué razones han llevado a suministrar antibiótico a las truchas que se han estado criando en la piscifactoría que ha gestionado el Cabildo de Tenerife en Aguamansa?”; “¿si se tiene conocimiento de los riesgos y problemas asociados a esa práctica?”, y ¿qué protocolos medioambientales y de salud pública se han aplicado?

Estas son algunas de las incógnitas que quiere despejar el grupo insular de Podemos durante la comisión plenaria de sostenibilidad convocada en el Cabildo para este mismo viernes.

Además, Sabaté ha incidido en que “la revelación periodística de que se ha estado medicando a las truchas de esa piscifactoría de forma habitual durante el último decenio y de que los potenciales residuos de ese medicamento, no apto para consumo humano, se han vertido a la red de agua que abastece a la población de diferentes municipios del norte de Tenerife y del área metropolitana merece explicaciones mucho más detalladas que las facilitadas hasta ahora por el grupo de gobierno insular de CC-PSOE”.

Para el portavoz de Podemos, es bien “conocido que los residuos de antibióticos ingeridos de forma incontrolada pueden llegar a tener consecuencias negativas para la salud humana y la de otros seres vivos”. Sabaté también matizó que, “aunque desde el Gobierno insular se ha afirmado con cierta improvisación que este hecho no tiene mayor trascendencia, dado que el agua de abasto urbano se somete a tratamientos que garantizan su potabilidad, esta explicación resulta poco convincente”.

La realidad sobre este asunto, sostiene Sabaté, es que “tales tratamientos pueden eliminar la contaminación bacteriana”, “pero ni la cloración ni otros tratamientos convencionales, como la decantación o el tamizado, garantizan la eliminación de residuos químicos ni de trazas de medicamentos sintéticos”.

Sabaté subrayó que, por ello, es lógico que expertos en la materia, la ciudadanía y el grupo insular de Podemos ahora demanden información detallada y convincente, por ejemplo, sobre los riesgos y problemas que podían derivarse de la ingestión humana de esos antibióticos.

El grupo insular de Podemos, con cinco consejeros y en la oposición, ha vuelto a reprochar la mala praxis del Cabildo de Tenerife en torno a la tramitación y resolución del expediente por incompatibilidad y cobros irregulares gestionado contra el viceconsejero tercero del Gobierno insular (CC-PSOE), el socialista José Antonio Valbuena. Valbuena es en la actualidad el responsable de Medio Ambiente.

El consejero insular de Podemos Julio Concepción ha sostenido este martes que “la sensación final que queda, al término de la investigación que confirmó los cobros irregulares de ese cargo público, es la de apaño”; o sea, que “el Gobierno de CC-PSOE se lo guisa y se lo come barriendo a su favor, no en pro del interés general, y muchísimo menos de la ejemplaridad”.

Para Podemos, ese asunto se ha cerrado en falso y ahora el partido estudiará el expediente de Valbuena para hacer “una valoración de su contenido y decidir posibles acciones por todo lo ocurrido”, sobre todo ante el hecho posible de que “no se le haya reclamado la parte dineraria correspondiente al mandato anterior, 2011-2015”. Valbuena solo ha devuelto lo correspondiente al actual mandato, parte de 2015 y 2016, según ha afirmado Podemos y se ha publicado en el Boletín Oficial.

Este expediente fue iniciado a instancia de la formación morada, la que descubrió que Valbuena “llevaba alrededor de cinco años cobrando irregularmente de las arcas públicas un salario por dedicación exclusiva al tiempo que recibía ingresos por actividades empresariales de tasación inmobiliaria no reflejadas en su declaración pública de bienes e intereses”.

Concepción recuerda que, en cuanto su grupo tuvo constancia de esa ilegalidad, en junio de 2016, “la comunicamos a la Secretaría General del Cabildo, y ya confirmada, pedimos que se incoara expediente para investigar y depurar posibles responsabilidades; entre otras cosas, reclamamos expresamente que se mantuviera informado al grupo Podemos de cualquier cuestión relacionada con este asunto y que se diera cuenta al pleno”.

A este respecto, Concepción puntualiza que, “a pesar de ser la parte que descubrió este cobro irregular de fondos públicos” por parte de un gobernante insular y de la citada petición expresa de información, “el Cabildo ha mantenido a Podemos totalmente al margen del procedimiento”.

Toda la información relevante de este caso, critica, “la hemos recibido primero a través de los medios de comunicación y, en todo caso, a través del pleno, siempre después de que hiciéramos uso de los mecanismos legales de petición de explicaciones en sesión pública”.

La misma fuente añade que el procedimiento ha sido dilatado “de forma escandalosa”, pues su tramitación se ha prolongado durante once meses, “y no ha tardado más porque cada tres meses preguntábamos por este expediente”, explicó.

En cuanto a las consecuencias y la sanción por este “chanchullo”, recuerda que los servicios jurídicos del Cabildo decidieron dividir en dos este proceso. En julio de 2016, resolvieron la irregularidad que afectaba al actual mandato (está pendiente la segunda): Valbuena reconoció que cobraba 75.661 euros de sueldo anual (bruto) por dedicación exclusiva a la política al mismo tiempo que recibía ingresos por su actividad empresarial privada ejercida sin pedir compatibilidad al pleno, algo ilegal. Por ello, luego renunció al régimen de exclusividad y redujo su dedicación a la gestión pública al 80%, con lo que se aminora el 20% su salario.

De forma automática, tuvo que devolver con efecto retroactivo ese 20% de retribuciones cobradas de más durante este mandato como consejero insular (desde mayo de 2015). En total, recuerda Concepción, reintegró 17.074 euros, lo que había recibido de las arcas públicas por una exclusividad inexistente.

Durante aquel pleno, de hace casi un año, agregó Concepción, se comunicó que la irregularidad cometida durante los cuatros años del anterior mandato por este mismo consejero, así como la posible sanción y petición de reintegro de lo que entonces había ingresado de forma irregular, se resolvería después del verano, o sea, dos meses después.

Sin embargo, “tras once meses, descubrimos a través de los medios de comunicación que por fin ha concluido el expediente y se confirma que ha incurrido en una falta muy grave, pero, estimando que no hubo mala fe por parte del consejero, la propuesta de sanción comprendería únicamente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la irregularidad de Valbuena”. “Al parecer, ni siquiera se le reclama que devuelva lo que cobró de más entre 2011 y 2015”, dijo Concepción.

“Si en un año y un mes cobró 17.000 euros de más que ha tenido que reintegrar, ¿cuánto tendría que devolver de su bolsillo a la ciudadanía tinerfeña por lo que cobró irregularmente de las arcas del Cabildo durante cuatro años?”, se pregunta Concepción.

Todo esto conduce a que “parezca que el grupo de CC y PSOE prefiere amparar esta mala praxis y hacerle un regalo a quien ha estado abusando de lo público, antes que reparar el daño a las arcas públicas. La ejemplaridad para este Gobierno puede siempre esperar”.

El consejero de Podemos concluye que, en cuanto su formación pueda analizar este expediente, “haremos una valoración de su contenido y decidiremos posibles acciones por todo lo ocurrido” hasta ahora.

El Cabildo de Tenerife ha decidido abrir un expediente sancionador al consejero de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad, José Antonio Valbuena (del PSOE), por no haber pedido la compatibilidad de su dedicación exclusiva con su actividad privada de tasaciones durante el mandato 2011-2015.

La directora insular de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos, María Dolores Alonso, ha informado este viernes en el pleno del Cabildo de Tenerife de que se va a tramitar un expediente sancionador a Valbuena, quien, aunque “no incurrió en incompatibilidad desde el punto de vista legal, sí incumplió el procedimiento formal que legalmente se exige para ejercer la actividad privada”.

Así lo asegura el informe de la Secretaría General en el pleno relativo a la situación de compatibilidad y dedicación exclusiva de Valbuena, al tiempo que concluye que la actividad privada del consejero era susceptible de compatibilización con su dedicación exclusiva en el desempeño del cargo.

Este informe señala que es imposible en estos momentos la “regularización” de la situación de Valbuena, pues “no se puede compatibilizar lo que ya no se ejerce” debido a que el mandato en el cual supuestamente cometió la infracción finalizó en 2015.

Según detalla este documento, parece no existir voluntad o ánimo de ocultar la actividad por parte del consejero, por lo que “puede entenderse que no ha habido mala fe en su actuación”.

María Dolores Alonso ha reconocido que ha habido infracción de la normativa de incompatibilidad por haberse omitido el trámite para la autorización de la actividad privada por parte del consejero.

La directora insular ha anunciado que en abril esperan que esté resuelto el expediente sancionador, al tiempo que se ha disculpado por la demora en la tramitación de los informes del área de Recursos Humanos del Cabildo y de la secretaría general del pleno, que fueron entregados este viernes a los grupos políticos.

El informe de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica también concluye que la actividad privada ejercida por Valbuena entre 2011 y 2015 es legalmente compatible con el cargo público que ocupa como consejero insular en régimen de dedicación exclusiva. Reconoce que Valbuena comunicó la actividad profesional privada que venía realzando desde el mismo momento en que toma posesión del cargo público.

No obstante, constata que el consejero no solicitó la compatibilidad de su actividad con el ejercicio de su cargo como consejero insular, como es exigible legalmente al tener régimen de dedicación exclusiva.

El comité de huelga de los trabajadores del Consorcio de Bomberos de Tenerife se reunirá este martes, 7 de febrero, con el consejero de Seguridad del Cabildo insular, José Antonio Valbuena, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conduzca al fin de la huelga indefinida que estos profesionales iniciaron el pasado 30 de enero. Los motivos de la huelga son, entre otros, la escasez de seguridad en el sur de la isla debido a la deficiente distribución de los parques de bomberos en Tenerife y a la falta de medios y  personal.

El encuentro de la mesa general de negociación con José Antonio Valbuena se producirá tras una primera toma de contacto mantenida este lunes a la que acudieron dos miembros del comité de huelga.