¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros volvemos a estar horrorizados con los ataques de Israel a los palestinos de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo de Donald Trump, ha vuelto a poner en marcha el genocidio de los palestinos. Los últimos bombardeos israelíes han asesinado a más de 400 personas. El horror del genocidio continúa. Netanyahu trata de volver a ocultar sus problemas internos de corrupción con la sangre de los gazatíes.  

Pero entremos en el tema del dinero, que por algo este es un boletín de economía. Hay un debate muy interesante, pese a que algunas elites lo quieren evitar, sobre la democratización de la economía, especialmente en el mundo de la empresa. España está todavía muy lejos de Alemania, donde en muchas empresas hay una representación de los trabajadores en los consejos de administración, lo que aporta más transparencia, participación y un mejor funcionamiento de las compañías. 

Ya se ha creado una comisión de expertos que asesorará al Ministerio de Trabajo en una futura “Ley de democracia en las empresas”, que tendrá que tener preparado un informe para el próximo septiembre. No es el único sitio donde hay que mejorar la representatividad y la democracia en el mundo económico. 

Otro ámbito de decisión relevante son las relaciones entre los agentes sociales. Entre empresarios y sindicatos se negocian los convenios colectivos y, a veces, con la participación del Gobierno se diseñan leyes que luego se aprobarán en el Congreso. Sin embargo, aunque los sindicatos siguen un proceso claro de elecciones en las empresas, en el universo empresarial no es tan claro el entorno democrático. 

Es cierto que en el ámbito de las empresas hay elecciones tanto para la presidencia de la patronal CEOE como en el caso de las pequeñas compañías, aglutinadas en Cepyme. De hecho, hay una pugna de poder entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ante los comicios para elegir al presidente de las pymes.  

Sin embargo, en el caso de las asociaciones de autónomos, la representatividad está más en duda que nunca. Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo. Aquí tienes un reportaje sobre quién negocia leyes en nombre de los autónomos, cuando su representatividad lleva atascada más de diez años.

El problema se ha acentuado ante las dudas en el proceso electoral para la reelección de Lorenzo Amor en la presidencia de ATA, que publicó la periodista Laura Olías en elDiario.es. Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas también en el ámbito de las asociaciones de los autónomos, que se sientan con el Gobierno a discutir leyes que afectan a millones de personas. Es necesario que la democracia también llegue a todos los ámbitos económicos.

El gráfico

Desde la pandemia la oferta turística en España no ha parado de cambiar. Plataformas como Airbnb han logrado establecerse con una propuesta sólida que solo una fuerte y restrictiva regulación puede cambiar. La percepción del turismo en determinadas ciudades ha cambiado. La turismofobia ya es una realidad ante una propuesta turística que llena el centro de las urbes de aglomeraciones de viajeros que no dejan vivir a los locales y el incremento del precio de la vivienda, ya que se dedican los inmuebles al alquiler turístico, reduciendo el residencial. La oferta de las plataformas ha hecho que las cadenas hoteleras rediseñen su propuesta hacia el lujo y abandonen formatos baratos. Aquí te contamos cómo la oferta hotelera se vuelve de lujo.  

El dato

12.165 millones de euros

Es el montante de las sentencias favorables que han ganado las grandes empresas energéticas españolas contra el Estado, es decir, que las pagamos todos los contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década. Los casos judiciales que ha perdido la Administración Pública contra las empresas de todos los sectores se han traducido en indemnizaciones por 21.530 millones. En el caso energético, el “canon hidráulico”, la financiación del bono social eléctrico o el impuesto especial a los hidrocarburos son algunos de los litigios que han ganado las energéticas poniendo sobre la mesa su capacidad para contratar a potentísimos bufetes de abogados capaces de doblarle el brazo al Estado. Aquí te contamos que el sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado.  

Entrepreneur

Hay que tirar de refranero español para intentar comprender cómo actúan algunas fortunas en España: no es tarde cuando la dicha es buena. Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado por fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. La compañía multinacional de seguridad privada nunca había comunicado su existencia. La CNMV pide esta información a las empresas cotizadas. Aquí te explicamos la mala memoria de la heredera de Prosegur o cómo olvidarse de informar a la CNMV que tienes una sociedad con 27 millones en Islas Caimán creada en 2012.  

Verde que te quiero verde

En nuestro apartado de la enésima patada al medio ambiente por parte de algunas empresas vuelve a tomar protagonismo el fallido almacén submarino de gas Castor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que en su desmantelamiento se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas”. La infraestructura fue clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón tras las inyecciones de gas que se hicieron en 2013. Aunque es un proyecto fracasado de la constructora ACS, el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el Castor. Destinado a convertirse en chatarra, te contamos cómo el Gobierno venderá lo que pueda recuperarse del almacén Castor “para optimizar y reducir las pérdidas”.

Cada vez que habla sube el pan

El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble

Anuncio del fondo Hipoges

El mercado de la vivienda en España es lo más parecido al salvaje Oeste. Frente a los precios desbocados, las aplicaciones de anuncios de compraventa o alquiler de inmuebles se han llenado de ofertas, normalmente por debajo de los precios de mercado, de viviendas con advertencias de que están ocupadas. En la mayoría de los casos se trata de inquilinos que tienen un título válido, ya sea un alquiler social o están acogidos a la moratoria hipotecaria. Por ejemplo, una mujer se encontró con que su vivienda estaba en portal de compraventa a un precio de 40.000 euros cuando ella se hipotecó por más de 100.000 euros.  “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”, señala. Aquí puedes leer un reportaje sobre cómo los fondos se deshacen de pisos con familias dentro.

No es el único ejemplo de abusos del que hemos informado esta semana alrededor de la vivienda. Tratar de negociar el precio a la hora de comprar un piso se ha convertido en misión imposible. Las tensiones de precios, las compras con fines especulativos y la bonanza económica reducen la capacidad de negociación de las familias. En esta información te explicamos la misión imposible de negociar el precio con la vivienda disparada.

Bien Público

Esta semana el diario ABC ha destapado un escándalo que vuelve a poner el ojo sobre los servicios que presta la sanidad privada. En la investigación del periódico conservador se señalaba, con decenas de informes aportados por oncólogos, que la empresa Atrys les presionaba para que no prescriban tratamientos caros contra el cáncer. Tremendo. La cuestión es que Atrys es una compañía tras la que están algunas de las mayores fortunas de España. Estamos hablando del empresario José Elías, conocido por ir al límite y repartir eslóganes para emprendedores; Carmen Ybarra Careaga, con un patrimonio estimado en 760 millones y participaciones en numerosas cotizadas a través de su holding Onchena; Los Domínguez de Gor, dueños de Mayoral; o Jon Riberas, con participaciones en empresas como el fabricante de componentes de automoción Gestamp, la acerera Gonvarri, CIE Automotive, GAM y alguna que otra inmobiliaria cotizada; entre otros inversores de Atrys. En esta información de Antonio M. Vélez te desvelamos quién está detrás de la empresa a los que los oncólogos acusan de recibir presiones para que no prescriban terapias caras contra el cáncer.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó lo que se daba. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Mientras tanto, si tienes propuestas o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado ahora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. El gigante de la seguridad privada nunca había comunicado su existencia, pese a que la CNMV pide esta información a las cotizadas.

Como informó elDiario.es en agosto, Chantal Gut Revoredo administra desde su creación a finales de 2012 esta sociedad instrumental de su propiedad en Luxemburgo, Oana SARL. Sin empleados, cerró 2023 con activos de 29,82 millones de dólares (un 12,6% más que un año antes), unos 27,45 millones de euros al cambio actual, invertidos en varios fondos en ese paraíso fiscal.

Los informes de gobierno corporativo del ejercicio 2024 remitidos a la CNMV por Prosegur y su filial de transporte de dinero en efectivo, Prosegur Cash, informan por primera vez al regulador y a sus accionistas de que su consejera Chantal Gut, hija de la presidenta y máxima accionista de Prosegur, Helena Revoredo, es “administradora mancomunada” de Oana SARL. 

A preguntas sobre este asunto, fuentes de Prosegur explican que Chantal Gut, “en un ejercicio de transparencia, ha decidido facilitar la información” sobre Oana y que “no ha habido ningún requerimiento de la CNMV ni de ningún otro regulador o autoridad” para ello.

Señalan que ese vehículo “está declarado a las autoridades fiscales” y es una inversión patrimonial “personal” de Chantal Gut, que por tanto está fuera del límite que fija desde octubre de 2021 el reglamento del Consejo de Administración de Prosegur.

Este documento señala que “no podrán ser nombrados Consejeros de la Sociedad quienes pertenezcan a más de cinco Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles distintas de Prosegur” y su grupo; pero “no se computarán aquellos Consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehículos o complementos para el ejercicio profesional del propio Consejero, de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, o de sus familiares más allegados”.

El regulador bursátil lleva muchos años pidiendo que las empresas publiquen la información de todas las empresas que administran los consejeros de las cotizadas. Desde 2015, su código de buen gobierno recomienda expresamente que, al detallar el perfil biográfico de sus vocales, informen de “otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realicen cualquiera que sea su naturaleza”.

Oana SARL se creó el 5 de diciembre de 2012, cinco días después de agotarse el plazo para acogerse a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. En 2023 declaró pérdidas de 66.269 dólares. De los casi 30 millones de dólares en activos que tenía a cierre de 2023, 12,75 millones eran inversiones en Jericho Capital International, un hedge fund gestionado desde Nueva York y domiciliado en Islas Caimán, destino habitual en este sector al que la Agencia Tributaria incluye en su lista de 24 “jurisdicciones no cooperativas”.

También están domiciliados allí el resto de fondos en los que tiene inversiones este vehículo del Gran Ducado: Samlyn Offshore Ltd (6,86 millones de dólares), Atreides Foundation Fund, Ltd (5,25 millones), Atreides Special Circumstances Offshore Fund (2,578 millones) y Newbrook Capital Offshore Fund (2,254 millones).

Nacida en Buenos Aires (Argentina), la empresaria, de la que apenas circulan fotografías, cumplió 51 años el pasado 21 de enero. Es la segunda hija de la presidenta de Prosegur y del cofundador del grupo, Heriberto Gut, fallecido en un accidente de tráfico en 1997, cuando tenía 51 años. Chantal Gut fue nombrada consejera del gigante de la seguridad un mes después de la muerte de su padre.

Conocida en la familia como Chanty, Chantal Gut ha vivido muchos años en Nueva York con su marido, el norteamericano David Older, que hace unos meses se jubiló como responsable de la cartera de renta variable de la gestora Carmignac.

En Estados Unidos, en el refugio fiscal de Delaware, una inmobiliaria de los Revoredo, Proactinmo, tiene inversiones millonarias en inmuebles de las que no ha facilitado datos a su auditor. Esto ha motivado salvedades en sus cuentas de los últimos ejercicios.

La documentación que Prosegur remite cada año a la CNMV explica que Chantal Gut es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF) y MBA por el IESE. Y que además de consejera de Prosegur y de Prosegur Cash (desde 2017), pertenece al patronato de la Fundación Prosegur y es consejera y responsable de Desarrollo de Negocio de la patrimonial familiar, Gubel SL.

Otros cargos que recoge Prosegur son los de miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America (Nueva York), consejera del Consejo Internacional del Teatro Real (que preside Helena Revoredo, y en el que está gran parte de la aristocracia empresarial española) y del consejo de Patronos del Museo Chillida Leku.

Las compañías de seguridad privada incluyen por fin ese cargo de Chantal Gut en Oana SARL junto a los de vicepresidenta del Real Club Valderrama, considerado el mejor campo de golf de España, en Sotogrande (Cádiz), la firma de capital riesgo familiar, Freecap Investment SIL, además de los de consejera de Yirayira International o Euroforum Escorial. Esta última gestiona un centro de convenciones y formación de directivos ubicado en un elegante edificio histórico en El Escorial (Madrid) en el que fue durante unos años socio el IESE, la escuela de negocios del Opus Dei.

Subida en bolsa

La matriarca de Prosegur, Helena Revoredo (máxima accionista del grupo) fue una de las grandes fortunas que se quedaron atrapadas en el Banco Popular (históricamente vinculado a la obra) tras la caída de la entidad en 2017.

Encabeza una de las familias más ricas de España, pese a que la cotización de Prosegur en los últimos años ha tenido una marcha discreta. En 2024 cayó otro 5%, lo que eleva la caída al 50% en un lustro. Pero desde enero ha subido más de un 20%. Actualmente Prosegur vale en bolsa 1.122 millones.

El último ranking de El Mundo coloca a su presidenta en el puesto 73 del ranking de mayores fortunas de España. El año pasado, la familia lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para elevar su participación en Prosegur hasta el 73%.

Helena Revoredo figura, junto a otros ultrarricos españoles, como Juan Abelló, en el patronato de la fundación Civismo. Este lobby celebra el día de “la liberación fiscal” y su presidente compara a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels. El año pasado fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre y gurú económico de Isabel Díaz Ayuso hasta el año pasado.

Civismo tiene entre sus donantes a Prosegur, a Abelló o al financiero Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña, entre otros ultrarricos. Uno de sus últimos planes de acción recoge “la defensa de la propiedad privada ante la okupación de viviendas”. El año pasado premió al ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia”.

En este episodio te queremos contar una historia anecdótica, pero que creo que si la escuchas no te lo va a parecer. Nos tenemos que situar en un camping, en Segovia, este verano y un cartel que pone: “Se acepta pago con tarjeta pero preferimos el efectivo”. Añadía una serie de argumentos a favor del pago en efectivo. Era un cartel de la Asociación Sierra Viva. ¿Por qué hay una asociación que tiene como objetivo proteger el dinero en metálico? ¿Qué interés puede tener como para repartir carteles en zonas poco pobladas?

Pero no es cosa solo de bulos. Toda esa teoría de que está bien sacar el dinero del sistema regulado, está nutriendo a empresarios que sacan sus impuestos de España, a las criptomonedas, a nuevos negocios… o a la mezcla de todo lo anterior. A políticos como Alvise. Empezábamos en un camping con un inocente cartel para que no paguemos con tarjeta y acabamos metidos en un complot mundial para acabar con la vida tal y como la hemos conocido.

Nos ayudan a comprender, no solo el bulo, sino el interés económico y el lobby que hay detrás de todo esto, nuestros compañeros de elDiario.es Carlos del Castillo y Diego Larrouy.

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Récord de gastos en 2022, más de un millón de euros en ingresos desde 2019 y Prosegur, Juan Abelló o un primo de Esperanza Aguirre entre sus donantes. Son datos de las cuentas de Fundación Civismo, lobby que acaba de fichar a Javier Fernández-Lasquetty como patrono y cuyo presidente, Julio Pomés, ha comparado a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels.

La entidad, que tiene en su patronato a Abelló, la dueña de la multinacional de la seguridad privada, Helena Revoredo, o al financiero Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña, no publica datos económicos de su actividad en su web.

elDiario.es ha tenido acceso a sus cuentas de 2020 a 2022, depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, donde está inscrita, y que reflejan que entre 2019 y 2022 sus ingresos (en su mayoría, donaciones privadas) sumaron 1.096.849,54 euros.

Mientras, sus gastos fueron de 936.180,44 euros. Pasaron de cero euros en 2018 a un récord de 304.677 euros en 2022, cuando se produjo una fuerte desviación del gasto respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

En 2021, sus ingresos se dispararon hasta 417.662,63 euros, frente a 280.638,91 euros en 2020, último ejercicio en el que sus cuentas detallaban las donaciones recibidas: 253.779 euros de personas jurídicas y otros 21.275 euros de 17 personas físicas a las que no identificaba. 

Entre las empresas, la mayor aportación en 2020 (50.000 euros) vino de Alpireva Investments SL, holding que, según información del Registro Mercantil disponible a través de Insight View, pertenece al empresario hortofrutícola francés Alexandre Pierron D´Arbonne, vicepresidente de Civismo y muy vinculado a Navarra, como la fundación.

El segundo mayor donante en 2020, con 30.000 euros, fue Asua Inversiones SL, de otro patrono de Civismo, Víctor de Urrutia, primera fortuna de Álava. Máximo accionista de las bodegas CVNE, exvicepresidente de Iberdrola o socio del gigante de la educación privada Proeduca Altus (Universidad Internacional de La Rioja), Urrutia acaba de comprar un 5% de LLYC, una de las principales firmas de consultoría y lobby de España.

20.000 euros aportó en 2020 a Civismo Inverlasa, de Víctor Ruiz Rubio, fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa (accionista de Libertad Digital), principal accionista de Azkoyen y con fuertes intereses en el ladrillo madrileño. Y otros 20.000 euros donó Armor Acquisitions SA, de Prosegur Cash, filial de efectivo del gigante de la seguridad privada. En 2023 esa sociedad fue absorbida por Juncadella Prosegur Internacional SL, según sus últimas cuentas anuales.

También aportó 20.000 euros en 2020 la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), think tank impulsado por el catedrático de Filosofía del Derecho y ex diputado del PP Andrés Ollero y el ex parlamentario del PSOE Javier Paniagua, partidario de una gran coalición entre esos dos partidos.

Otro tanto aportó la Fundación Open Value, impulsada por el conocido inversor Francisco García Paramés, una de las personas tras OMMA Business School, escuela de negocios íntimamente vinculada a la nueva derecha madrileña. Este centro privado cede su sede en la capital al Instituto Juan de Mariana (el think tank ultra que invito a Javier Milei en su última visita a Madrid) y está asociado a la Universidad Francisco Marroquín, centro privado en Guatemala del que Lasquetty fue vicerrector en 2015 y que tiene un campus en la capital.

10.000 euros aportó a Civismo en 2020 Torreal SA, el holding de Juan Abelló. Histórico en los rankings de mayores fortunas españolas, este martes ha visto cómo el Consejo de Ministros vetaba, por “riesgos para la seguridad nacional”, la opa de un grupo húngaro cercano al ultraderechista Viktor Orbán sobre Talgo.

Los tres principales socios de Talgo, Torreal, el fondo Trilantic y la familia Oriol, dueños de un 40,22% mediante un vehículo en Luxemburgo, llevan años intentando vender y eran favorables a la opa, que valoraba Talgo en 619 millones y conllevaba una prima del 41% sobre la cotización del semestre previo a su presentación.

También aportaron 10.000 euros a Civismo en 2020 la Fundación Renta 4, del banco de inversión que pilota el financiero Juan Carlos Ureta, y Timac Agro SA, empresa navarra de fertilizantes que pertenece al grupo francés Roullier. Con cifras inferiores figuran Arofa SL (6.000 euros), empresa hortofrutícola de la familia navarra Arotzarena, o, con 5.000 euros, Mármara Capital SL, primer accionista (20,41%) de Altamar CAM Parterns, la firma de inversiones que preside Claudio Aguirre Pemán.

El primo de Esperanza Aguirre, relacionado con operaciones de especulación inmobiliaria en Madrid o Barcelona, es también consejero de Prosegur Cash. Allí coincide con los Revoredo, una de cuyas herederas (Chantal Revoredo) oculta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inversiones millonarias en Islas Caimán. O con Ana Sainz de Vicuña Bemberg, una de las mayores fortunas españolas y accionista de Altamar a través de una de sus sociedades, Miscante H1 España (5,34%).

Casado, Vargas Llosa y un candidato de Vox

Entre los donantes de Civismo en 2020 figuraban también, ya con pequeñas sumas, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el Nobel peruano Mario Vargas Llosa y de la que Lasquetty es vicepresidente (350 euros); o, con 200 euros, el Club Liberal Español, al que pertenecen, según su web, el anterior líder del PP, Pablo Casado, o el también vicepresidente de Civismo, Pedro Schwartz, entre otros autoproclamados liberales.

Con 100 euros figuraba Poland Invest Real Estate, inmobiliaria creada en 2017 por Rodolfo Alústiza, ex candidato del carlismo ultra que en 2019 fue cabeza de lista de Vox al Congreso por Navarra.

En 2021, tras disparar sus ingresos un 48% en un año, Civismo dejó de precisar sus donantes, pero incluía en sus cuentas 9.514,15 euros en “ayudas económicas” del “Intitute of Economic” [sic], cuyo nombre remite a un veterano lobby británico de orientación conservadora, el Institut of Economic Affairs (IEA).

En sus cuentas de 2022, contabilizaba 326.624,57 euros depositados en Bankinter. Ese año organizó eventos en Pamplona con Rosa Díez y Cayetana Álvarez de Toledo para presentar sus libros Maquetos y Políticamente indeseable. Y con Lasquetty, entonces todavía consejero de Ayuso, y su conferencia “Más libertad y menos impuestos. Por qué ha crecido la economía en la Comunidad de Madrid”.

Fue, explica Civismo en su memoria, “un llamamiento que trató de dar respuesta sobre el crecimiento económico de la capital española y la necesidad de más libertad y menos impuestos asfixiantes a los ciudadanos españoles”. La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año.

Civismo realiza “todo tipo de actividades dirigidas al fomento de la libertad en la economía y en la sociedad españolas”. Con una dotación fundacional de 30.000 euros, sus estatutos señalan que ningún patrono obtendrá retribución por las actividades realizadas a favor de la Fundación al ser cargos honoríficos, salvo gastos de desplazamiento para asistir a las reuniones u otros que se les causen en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se les confíe a nombre o en interés de la Fundación.

Sin embargo, el Patronato podrá fijar una retribución “adecuada” a los patronos que le presten servicios distintos de los que implica el desempeño de esa función.

La entidad anunció el 4 de agosto en una nota el fichaje de Lasquetty, que adelantó elDiario.es. Destacó que en su carrera como “servidor público” el ex directivo de la FAES de José María Aznar “ha destacado por un enfoque multidisciplinar y por hacer valer políticas públicas innovadoras siempre bajo una perspectiva de defensa de la libertad individual y la iniciativa privada”.

La fundación tiene como presidente desde su creación a Pomés, doctor en Químicas que pasó de dar clases en la Universidad Pública de Navarra a reciclarse como lobista a principios de siglo. Primero con un think tank allí (Institución Futuro) y luego con Civismo, cuya primera sede estuvo unos años en Navarra, a la que está muy vinculado: su hermano, Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP aceptó en 2018 una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social.

Poco después, trascendía que Julio Pomés pedía por carta a empresarios de Navarra dinero para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas. El actual director de Civismo, Albert Guivernau, fue número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, extinto y efímero partido conservador y constitucionalista.

A su conexión con Abelló, Revoredo y otros ultrarricos como los Huarte, herederos del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos, o Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de la Marca España, se suman las fuertes relaciones de Civismo con el gobierno de Ayuso, a quien entregó en 2021 su premio anual por convertir a la Comunidad de Madrid en “un reducto de libertad”.

Su secretario general es un catedrático de la Complutense, Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró en marzo consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid junto al expresidente Joaquín Leguina. Cabrillo cobra en ese puesto un sueldo público de 101.059,32 euros anuales. En 2004 ya fue colocado por Aguirre como presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de su cese (en 2012) presidió brevemente Libertad Digital.

Entre las personas que han asesorado a Civismo están Daniel Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola y muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias, los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor y alto cargo en Exteriores con Mariano Rajoy.

Más de 27 millones de euros a buen recaudo. Es el patrimonio invertido en el paraíso fiscal de Islas Caimán que atesora Chantal Gut Revoredo, una de las herederas del gigante de la seguridad privada Prosegur, a través de una sociedad en Luxemburgo cuya existencia la multinacional española no ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según documentación oficial, Chantal Gut es administradora y propietaria de Oana SARL, una sociedad instrumental sin empleados en el Gran Ducado que cerró 2023 con activos de 29,82 millones de dólares (un 12,6% más que un año antes), que al cambio actual son cerca de 27 millones de euros, repartidos en cinco fondos de Islas Caimán.

La mayor parte de esos activos, 12,75 millones de dólares, eran inversiones en Jericho Capital International, un hedge fund que gestiona desde Nueva York el gestor Josh Resnick, especializado en tecnología, medios o telecomunicaciones y que, según la publicación especializada Institutional Investor, acumulaba una revalorización del 40% en el primer semestre de este año. El fondo está domiciliado en Islas Caimán, destino habitual en ese sector al que la Agencia Tributaria incluye en su lista de 24 “jurisdicciones no cooperativas”.

También están domiciliados allí el resto de fondos en los que tiene inversiones Oana: Samlyn Offshore Ltd (6,86 millones de dólares), Atreides Foundation Fund, Ltd (5,25 millones), Atreides Special Circumstances Offshore Fund (2,578 millones) y Newbrook Capital Offshore Fund (2,254 millones).

Oana SARL declaró en 2023 pérdidas de 66.269 dólares. Está diseñada para la tenencia de participaciones financieras. Fue inscrita en Luxemburgo el 5 de diciembre de 2012 bajo la forma de sociedad de gestión del patrimonio familiar. Ni Prosegur ni su filial Prosegur Cash, de las que Chantal Gut es consejera, han comunicado nunca la existencia de esa sociedad en los sucesivos informes de gobierno corporativo remitidos a la CNMV. elDiario.es preguntó a Prosegur por este asunto, sin obtener respuesta.

“Otros consejos”

El regulador bursátil recomienda desde 2015 en su código de buen gobierno que las cotizadas informen, al detallar el perfil biográfico de sus consejeros, de “otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que realicen cualquiera que sea su naturaleza”.

La documentación que Prosegur remite cada año a la CNMV explica que Chantal Gut es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF) y MBA por el IESE. Y que además de consejera de Prosegur y de Prosegur Cash (desde 2017), pertenece al patronato de la Fundación Prosegur y es consejera y responsable de Desarrollo de Negocio de la patrimonial familiar, Gubel SL.

Otros cargos que recoge Prosegur son los de miembro del Consejo Asesor Internacional de la Hispanic Society of America (Nueva York), consejera del Consejo Internacional del Teatro Real (que preside su madre, Helena Revoredo, y en el que está gran parte de la aristocracia empresarial española) y del consejo de Patronos del Museo Chillida Leku; así como los de vicepresidenta del Real Club Valderrama, considerado el mejor campo de golf de España, en Sotogrande (Cádiz), y de Free Cap Investment SIL, sociedad de capital riesgo que preside el benjamín de los hermanos, Germán Gut.

También se indica en ese informe a la CNMV que Chantal Gut ejerce como vicepresidenta de Euroforum. En esta sociedad es consejera desde 2001. Se trata de un centro de convenciones y formación de directivos ubicado en un elegante edificio histórico en El Escorial (Madrid). En él fue durante unos años socio el IESE, la escuela de negocios del Opus Dei. La matriarca de Prosegur, Helena Revoredo (máxima accionista del grupo) fue una de las grandes fortunas que se quedaron atrapadas en el Banco Popular (históricamente vinculado a la obra) tras la caída de la entidad en 2017.

Helena Revoredo fue consejera independiente del Popular y accionista del banco a través de Unión Europea de Inversiones (UEI). Esta sociedad agrupaba a empresarios vinculados al Opus y que en el momento de su quiebra tenía casi un 3% del Popular. UEI estaba vinculado a la Universidad de Navarra y las familias Mora-Figueroa, Pasquín, Nigorra, Oroviogoicoechea, Revoredo, Martínez Igartua, Domecq, Sendagorta, Molins, Montuenga y Martínez-Echevarría, entre otras.

La documentación remitida por Prosegur a la CNMV no menciona a Oana. En esta firma luxemburguesa, según el Registro del Gran Ducado, Chantal Gut Revoredo controla todas las acciones, 194.213 títulos. Su patrimonio se ha multiplicado por más de cuatro desde que se puso en marcha. Desde 2018, se ha más que duplicado: de 14,4 millones de dólares al cierre de ese ejercicio a 29.822.968,25 dólares en diciembre de 2023.

Oana acaba de notificar al Registro de Luxemburgo un cambio de domicilio de su administradora, Chantal Gut. Ya no está vigente un espacioso piso en un señorial edificio frente al parque del Retiro de Madrid: 254 metros cuadrados de superficie, según el Catastro, y a un paseo a pie del número 17 de la calle Alcalá, donde, sobre antiguas oficinas del BBVA y junto al Casino de Madrid, en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel, el Ayuntamiento de Madrid tramita desde el año pasado un hotel de lujo con 60 habitaciones promovido por los Revoredo. 

Chantal Gut ha notificado al Registro de Luxemburgo como nuevo domicilio una zona algo menos pudiente que esa vivienda frente al Retiro. No muy lejos de allí: en las oficinas de Prosegur en el número 9 de la calle Santa Sabina de la capital.

Nacida en Buenos Aires (Argentina), la empresaria, de la que apenas circulan fotografías, cumplió el pasado 21 de enero 50 años. Es la segunda hija de la presidenta de Prosegur y del cofundador del grupo, Heriberto Gut, fallecido en un accidente de tráfico en 1997, cuando tenía 51 años. Chantal Gut fue nombrada consejera del gigante de la seguridad un mes después de la muerte de su padre.

Conocida en la familia como Chanty, ha vivido muchos años en Nueva York con su marido, el norteamericano David Older, que hace unos meses se jubiló como responsable de la cartera de renta variable de la gestora Carmignac.

En Estados Unidos, en el refugio fiscal de Delaware, una inmobiliaria de la familia Revoredo, Proactinmo, tiene inversiones millonarias en inmuebles de las que no ha facilitado datos a su auditor. Esto ha motivado salvedades en sus últimas cuentas.

Recientemente la familia se ha reforzado en Prosegur mediante una opa parcial con la que su participación ha pasado del 59% al 73%, tras pagar 132 millones. Desde hace años se apunta a una posible jubilación de la matriarca, de 77 años.

Helena Revoredo figura, junto a otros ultrarricos españoles, como Juan Abelló, en el patronato de la fundación Civismo. Este lobby celebra el día de “la liberación fiscal”, su presidente compara a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels y acaba de fichar como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria de Esperanza Aguirre y gurú económico de Isabel Díaz Ayuso hasta el año pasado.

Los Revoredo son una de las más ricas de España, pese a que la cotización de Prosegur en los últimos años ha tenido una marcha discreta. Actualmente, el mayor grupo español de seguridad privada capitaliza 944 millones, y su filial Prosegur Cash otros 787 millones, frente a los 4.000 millones que valía Prosegur a cierre de 2018. El último ranking de El Mundo coloca a esta familia en el puesto 74 de mayores fortunas del país. Les atribuye un patrimonio de 800 millones.

Además de Prosegur y millonarias inversiones inmobiliarias, los Revoredo tienen fincas rústicas en Castilla-La Mancha. Esta actividad la canalizan a través de filiales de Gubel como Agrocinegética San Huberto SL, condenada el año pasado por tratar de eludir 94.000 euros en el IVA con deducciones indebidas relacionadas, entre otros aspectos, con la reforma de un castillo medieval de la familia en su coto de caza en Salvacañete (Cuenca).

Esa sociedad es una de las firmas agrícolas de los Revoredo que durante años contrató los servicios del aristócrata, ingeniero agrícola y terrateniente Juan Pedro de Borbón. Borbón, hijo de un primo de Juan Carlos I, se acogió a la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012 y luego ha cobrado cuantiosas ayudas públicas; es uno de los beneficiarios de esa medida inconstitucional que hoy tienen empresas en la lista de sociedades más subvencionadas de España en 2023. La firma de Chantal Gut en Luxemburgo se creó cinco días después de que, el 30 de noviembre de 2012, se agotara el plazo para acogerse a la amnistía de Cristóbal Montoro.

El profesor universitario Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha denunciado ante la Policía Nacional el incidente que sufrió este martes en la estación de Sants de Barcelona cuando dos vigilantes de seguridad le increparon y le insultaron. Según ha contado en Twitter y ha explicado el afectado a elDiario.es, minutos antes de las 18 horas, se dirigió al control de equipajes de la estación barcelonesa donde tras “saludar amablemente” y recibir una respuesta “desabrida” añadió que estábamos contentos al menos porque había ganado la selección.

“Estaréis contentos vosotros”, le espetó uno de los guardias de seguridad sentado en el control, de la empresa Prosegur, que mencionó también a Pedro Sánchez. Acto seguido, un vigilante en prácticas afirmó que no había ganado la selección masculina de fútbol porque solo había “nueve españoles”, tras lo que empezó a insultar a los campeones de Europa Lamine Yamal y Nico Williams y dijo que “si son negros, no son españoles”.

Según explica Juan Carlos Monedero, cuando le reprendió y le dijo que “no le toleraba ese desprecio” siendo guardias de seguridad, el vigilante que se encontraba sentado comenzó a gritarle y a insultarle “como loco” y a decirle que “como salía en la tele” que se “jodiera”.

Monedero detalla que este hombre incluso comenzó a golpear la silla donde se encontraba hasta romper el brazo del asiento. Además, le profirieron insultos como “cabronazo” o “sinvergüenza”, en actitud violenta.

En ese momento, un responsable de la empresa de seguridad trató de alejar de allí al vigilante y le ofreció su asistencia al doctor en ciencias políticas, que solicitó su identificación. “Cuando le dije que quería poner una denuncia fue el que me entregó los datos y me insistió en la posibilidad de hacer la denuncia”, ha declarado Juan Carlos Monedero a este periódico.

“Es intolerable que alguien con un uniforme de vigilante de seguridad tenga ese comportamiento y esa ideología racista y de odio. Prosegur, no sé si lo hace, debiera exigir el conocimiento de la Constitución y un curso de derechos humanos a todos los vigilantes de seguridad”, explica Monedero a elDiario.es.

El politólogo defiende que estos vigilantes debieran tener una formación adecuada y “ser exquisitos con el respeto a los derechos humanos” y afirma que no quiere pensar “qué harán ante gente más insegura o ante inmigrantes”.

“Creo que en estos caso lo importante es no dejarse intimidar”, dice también Monedero, que defiende que cuando uno asume un compromiso político, “estas cosas pasan”. “El problema es cuando ocurran y nos quedemos callados”, añade.

Tras el altercado, el cofundador de Podemos acudió a la comisaría de la estación de Sants para poner una denuncia, donde volvió a encontrarse con el vigilante de seguridad que previamente le había increpado y que, según ha denunciado, volvió a insultarle. Ante ello, Monedero trató de hacerle una fotografía y el hombre entró en las oficinas de Prosegur en esta estación, situadas junto a la comisaría, que cierra por las tardes en los meses de verano.

Ya en Madrid, tras tomar el AVE de las 18.40 horas, Juan Carlos Monedero interpuso una denuncia contra estas dos personas ante la comisaría de la Policía Nacional de la estación de Atocha.

Según explica una trabajadora de Prosegur, en el reglamento interno de la compañía se establecen faltas de tipo leve, grave o muy grave por cuestiones disciplinarias y que, por un comportamiento de este tipo, la empresa puede llegar a despedir al trabajador.

También detalla que, dependiendo de la situación y en caso de que uno de los trabajadores sea denunciado y el caso llegue a juicio, la empresa se reserva el derecho a defender o no a su trabajador.

¡Buenos días!

¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Qué tal la vuelta a los quehaceres diarios? Sí, ya sabemos que han sido unos días de mal tiempo y lluvia pero hacían mucha falta las precipitaciones. En esta semana de estación de penitencia, nuestra sociedad sigue cargando una cruz que es difícil de entender, los desahucios. 

Te pongo tres ejemplos recientes: hace un par de semanas, minutos después de ser desahuciado, Álex (70 años) se quitó la vida en Sabadell. Su mujer sufría movilidad reducida y, por un revés económico, llevaban meses sin pagar el alquiler. En València, el Ayuntamiento ha desalojado a Antonia y a sus tres hijos (de 3, 6 y 8 años). En Barcelona, Blanca, de 78 años, fue desahuciada de la vivienda en la que residió medio siglo por una deuda de solo 88 euros. ¿Qué está pasando?

Se trata de constante goteo de desahucios, a pesar de que la legislación puso en marcha un marco para frenar ese tipo de desalojos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a lo largo de 2023 se produjeron 26.659 desalojos. La gran mayoría, el 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler.

Ahora bien, esta lacra tiene otro reverso oscuro que no aparece en las estadísticas. Se trata de los desahucios silenciosos o invisibles, que afectan a inquilinos que tienen que dejar sus casas por un mercado del alquiler que no da tregua. 

¿Sirven para algo los instrumentos legales para frenar los desahucios? No lo parece. Recuerdo la cifra: 26.659 desahucios en 2023, es decir, 73 cada día, tres cada hora, una persona pierde la vivienda cada 20 minutos... Tenemos un Real Decreto, que aprobó el Gobierno en plena pandemia, por el que se suspendían los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esa medida se ha ido prorrogando hasta 2025, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y EH Bildu. Además, la Ley de Vivienda, que entró hace casi un año, recoge expresamente que en los desahucios “se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad”.

La realidad es que lagunas legislativas, el colapso administrativo y las decisiones judiciales que obvian las situaciones de vulnerabilidad nos muestran la verdadera cara del mercado de la vivienda: 26.659 desahucios oficiales en 2023. Muchas más información sobre la lacra de los desahucios en este reportaje.

El Gráfico

A la vez, los desahucios se compaginan con una situación económica bastante buena. Por ejemplo, ¿qué fue de los PIGS? Alguien se acuerda de los comentarios racistas, sarcásticos y denigrantes contra unos países que trataban de bandear una de las crisis más graves que sufrían, sobre todo, sus habitantes. Los 'PIIGS', el acrónimo que en inglés significa cerdos, estigmatizaba a Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España durante el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y la gran crisis financiera que la siguió. Hoy, el cuento es otro. El Sur se han recuperado con más intensidad desde 2020 por el mayor peso del sector servicios y por la menor subida de los precios, sobre todo de la energía. Mientras, los socios del norte son el lastre, especialmente Francia y Alemania. Aquí tienes más información sobre cómo el escenario económico se ha dado la vuelta en la UE: el Sur lidera el crecimiento mientras el Norte se estanca. 

El Dato

20.901.967 trabajadores

Alcanzó el mercado laboral español en marzo. Se trata de 193.585 afiliados a la Seguridad Social más que en febrero y 525.414 más que hace un año. El paro bajó en 33.405 personas y se situó en los 2.727.003 desempleados, un 4,73% menos que en marzo de 2023. La Semana Santa cayó en marzo, lo que ha impulsado el empleo, que ya venía al alza en los ejercicios anteriores. En este enlace tienes más información, datos y gráficos sobre la buena marcha del mercado laboral español. 

Entrepreneur

Tener a una auditora trabajando en varias empresas no garantiza que mire para otro lado. Es el toque de atención que la auditora EY le ha a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de la familia, Proactinmo, en las cuentas de 2022. Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la filial Proactinmo US, Corp, que ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware desde 2021. Aquí tienes más información sobre cómo los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos.

Si estos 'entrepreneurs' no te resultan suficientes, aquí va una información mucho más dura sobre el estafador, filántropo y neurodivergente Sam Bankman-Fried: las mil caras del magnate cripto que ha acabado condenado a 25 años a prisión. Una información a partir de la primera biografía del gran magnate de las criptomonedas, que arroja luz sobre el meteórico ascenso del joven que estafó 8.000 millones a sus clientes para distribuirlos a otras startups, políticos y ONG. Aquí más detalles sobre el cofundador de la bolsa de criptomonedas FTX que quebró de la noche a la mañana haciendo desaparecer 10.000 millones de dólares. 

 Letras que son un Tesoro

¿Qué es un PAU? Las siglas corresponden a Proyecto de Actuación Urbanística, pero como con casi todo lo que tiene que ver con vivienda y construcción hay muchísimas más implicaciones alrededor de este término. Esta semana os recomendamos el libro de Inés Gutiérrez Cueli titulado 'Venir de barrio. Estrategias familiares, espacio y clase en los PAU de Madrid', editado por Politeya, Estudios de Política y Sociedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Gutiérrez Cueli, doctora en Antropología Social e investigadora postdoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya, apunta que un PAU no es “sostenible ecológicamente” por el uso de suelo, de energía y porque requiere de una “gran inversión pública en transporte, en dotaciones, en equipamientos”. Aquí tienes una entrevista con Inés Gutiérrez Gueli donde desgrana las consecuencias del desarrollo urbano de los PAU. 

Cada vez que habla sube el pan

A priori y quizá me arrepienta de dar esta información, no esperamos que la revisión de niveles sea significativa

María Antonia Martínez Luengo — Directora del departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística

Las palabras de la representante del Instituto Nacional Estadística (INE) vienen a replantear la polémica sobre la correcta medición del PIB por parte del organismo estadístico, un tema que se ha convertido en un fuente de confrontación política ya que tanto el PP como Vox han insistido en la idea de que “la economía española es una de las peores economías en crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos cuatro años”. Sin embargo, en las páginas de elDiario.es, desde 2021, los expertos Francisco Melis y Miguel Artola han advertido en reiteradas ocasiones sobre la subestimación del PIB por parte del INE en una serie de artículos que recogen otras fuentes estadísticas sobre los beneficios registrados por las empresas en la Agencia Tributaria, sobre las rentas, por sectores económicos, teniendo en cuenta el consumo privado, según la Estadística Estructural de Empresas, de los salarios, de las horas trabajadas, el  “fraude negativo” en el IVA o y otros datos del propio INE. En definitiva, un compendio de razones que ponen en duda la contabilidad realizada por el organismo público de estadística. En este enlace te explicamos cómo fue la jornada sobre “el futuro de las cuentas nacionales” y la posición contraria del INE a una nueva actualización del PIB tras la de septiembre de 2023.

Bien público

La Inteligencia Artificial (IA) ya está impactando en el mundo laboral. Su desarrollo en el mercado de trabajo está afectando a multitud de profesionales y de profesiones. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 28% de los puestos de trabajo en España están en riesgo de ser automatizados y el sindicato UGT estima que la IA influye en las tareas que realizan uno de cada tres empleados. El Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento sobre esta tecnología, que incluye nuevas normas en materia laboral que los países miembros deberán asumir en un plazo de dos años, aunque en su aplicación real, la normativa europea no suaviza las implicaciones de la IA en las condiciones de trabajo. Aquí tienes el reportaje de David Noriega con testimonios de trabajadores a los que ya afecta la Inteligencia Artificial.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una seria de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Esto es todo por este jueves. Nos vemos la semana que viene. Ya sabes que si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Buena semana!

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.

La firma EY ha puesto salvedades en su auditoría a las cuentas del ejercicio 2022 de esa inmobiliaria, Proactinmo. Esta empresa pertenece a la patrimonial de los Revoredo, Gubel SL. Es dueña de un importante patrimonio inmobiliario en Madrid y es el casero del gigante de la seguridad privada en varios de sus inmuebles en la capital de España.

Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la situación de Proactinmo US, Corp, una filial de Proactinmo que se creó en Estados Unidos en el año 2021 y que desde entonces ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware.

Según explica EY en su auditoría, la española Proactinmo recoge en sus cuentas la inversión en el capital de esa filial por su coste de adquisición, de unos 22 millones de euros. Pero deja entrever que esa cifra puede no corresponder con la realidad.

“En el transcurso de nuestro trabajo no hemos dispuesto de evidencia de auditoría adecuada y suficiente en relación con la estimación del importe recuperable de esta inversión, incluyendo, entre otras, las cuentas anuales auditadas de la sociedad dependiente, por lo que no nos ha sido posible concluir acerca del valor recuperable de la misma y la necesidad, en su caso, de registrar correcciones por deterioro de su valor al 31 de diciembre de 2022”, dice el informe de EY.

Por su parte, Proactinmo señala en sus cuentas que a 31 de diciembre de 2022 “no se han puesto de manifiesto indicadores de deterioro sobre la inversión” en esa filial en Estados Unidos. elDiario.es contactó con Prosegur para preguntar por este asunto, sin obtener respuesta.

La auditoría de EY está fechada el pasado 20 de diciembre de 2023. Esta firma audita tanto a Proactinmo como a Gubel. También es el auditor de Prosegur y de su filial Prosegur Cash (estas últimas, cotizadas en bolsa).

La filial estadounidense de la inmobiliaria de los Revoredo fue inscrita en North Palm Beach, Florida (EEUU) en mayo de 2021. Desde entonces y hasta el cierre de 2022 había invertido, según explica Proactinmo en sus cuentas de ese ejercicio, en cuatro sociedades radicadas en Delaware: Rienzi Dallas LLC, Homefield KS LLC, Carlton Miami LLC y Apache Tempe LLC.

Todas ellas han realizado “inversiones en otras sociedades vehículo” cuyo fin es invertir en proyectos inmobiliarios para la venta o alquiler, que Proactinmo no detalla.

Domiciliada en Madrid, Proactinmo es dueña de oficinas, hoteles, locales comerciales, viviendas y garajes en las mejores zonas de Madrid. También es propietaria de inmuebles en Sotogrande (Cádiz).

Desde 2015 tiene una filial dedicada al alquiler de viviendas, Proactinmo Viviendas, dueña de dos edificios de apartamentos en el barrio madrileño de Justicia, en pleno centro de la capital, en las calles Prim y Conde de Xiquena, por cuyas rentas facturó en 2022 cerca de 840.000 euros, según sus cuentas de ese ejercicio.

Activos por 283 millones

Con activos de 283 millones a cierre de 2022, un 13,8% más, ese año la cifra de negocios de Proactinmo creció un 36,5%, hasta 10,7 millones. De esa cantidad, unos 4,8 millones fueron alquileres que cobró al grupo Prosegur.

Entre los edificios que la compañía de seguridad privada alquila a Proactinmo está su sede central en Madrid, en la calle Pajaritos, 24, y el inmueble colindante, en la calle Santa Sabina, 8. En 2023, las rentas que pagó Prosegur a la inmobiliaria de sus máximos accionistas crecieron un 13,3%, hasta 5,44 millones, según detalla la multinacional en sus últimas cuentas anuales. En ellas deja claro que esos alquileres se pagan a precios de mercado. 

Los Revoredo también alquilan a terceros, entre otros, el edificio de la calle Barquillo, 13 que durante años fue la sede de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que actualmente alberga la delegación madrileña de la New York University. Los dueños de Prosegur adquirieron el inmueble en 2014 por 11,3 millones en una subasta organizada por el Ministerio de Hacienda, en una operación que fue ruinosa para el erario público: el antiguo regulador energético (que el Gobierno va a resucitar) había comprado el edificio el 16 de septiembre de 2008 –un día después de la quiebra de Lehman Brothers y en plena sacudida mundial– por un importe muy superior, de 19 millones.

Los dueños de Prosegur también han apostado por el sector hotelero. En el número 17 de la calle Alcalá, sobre antiguas oficinas del BBVA y junto al Casino de Madrid, en una zona con numerosos alojamientos de alto nivel como el Four Seasons, el Ayuntamiento tramita desde el año pasado un hotel de lujo con 60 habitaciones en una reforma que va a costar a los Revoredo 3,8 millones.

En 2022, Proactinmo amplió su apuesta por ese sector con la compra de un establecimiento en el barrio madrileño de las Letras, en la calle Moratín, 52 de Madrid, que tienen alquilado a la cadena Radisson.

200 millones para inversiones

La inmobiliaria de los Revoredo ha recibido desde su creación hace dos décadas cerca de 200 millones de euros de sus dueños para realizar inversiones en ladrillo. Está administrada por Bárbara Gut Revoredo, hija de Helena Revoredo, la presidenta de Prosegur y ex consejera de grandes cotizadas como Mediaset o Endesa.

Proactinmo pertenece a Gubel SL, la sociedad con la que esta familia canaliza parte de su participación en Prosegur y que es propiedad de la matriarca (49,99%) y de sus cuatro hijos. Recientemente la familia ha ampliado su participación en el grupo de seguridad privada hasta el 73,133% por unos 132 millones, tras lanzar recientemente una oferta pública de adquisición (opa) con la que han adquirido un 13,23%, adicional al 59,9% que tenían hasta entonces. La opa se quedó ligeramente por debajo del capital al que iba dirigido, del 15%.

La familia Revoredo es una de las más ricas de España, pese al desplome de la cotización que ha sufrido Prosegur en los últimos años. Actualmente, la capitalización del mayor grupo español de seguridad privada ronda los 850 millones, frente a los 4.000 millones que valía a cierre de 2018.

El último ranking de El Mundo coloca a esta familia en el puesto 74 de mayores fortunas del país, con un patrimonio estimado de 800 millones. Además de Prosegur y sus inversiones inmobiliarias, los Revoredo tienen fincas rústicas en Cuenca y Ciudad Real. 

Esta actividad la canalizan a través de filiales de Gubel como Agrocinegética San Huberto SL. Esta empresa fue condenada el año pasado por tratar de eludir 94.000 euros en el IVA por deducciones indebidas relacionadas con, entre otros aspectos, la reforma de un castillo medieval propiedad de la familia en su coto de caza en Salvacañete (Cuenca).

Esa sociedad es una de las firmas agrícolas de los Revoredo que durante años contrató los servicios del aristócrata, ingeniero agrícola y terrateniente Juan Pedro de Borbón. Borbón, hijo de un primo del rey emérito, Juan Carlos I, fue uno de los beneficiarios de la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012.

La Inspección de Trabajo ha concluido que Prosegur ha cometido cuatro infracciones de la normativa laboral, entre ellas jornadas de hasta 20 horas, en relación a medio centenar de sus guardias de seguridad de dos centros de menores en Catalunya, y ha trasladado los expedientes a la Generalitat para que decida si sanciona a la empresa.

Consultada por elDiario.es, una portavoz de la empresa ha expresado que Prosegur analiza internamente el caso y ha declinado ofrecer más comentarios.

Según el informe de la Inspección, adelantado por Confilegal y al que ha tenido acceso este diario, Prosegur incumplió en 2021 cuatro preceptos de la normativa laboral en sus trabajadores que vigilan los centros de menores de Ca n'Alzina y Can Llupià, ambos en la provincia de Barcelona.

Las infracciones versan sobre exceso en las jornadas de trabajo –de hasta 20 horas, cuando el máximo es de 12–; en las horas extra –que superaban el límite de 80 anuales por trabajador–; así como incumplimientos en el tiempo de descanso entre jornadas y días de descanso anuales.

Un delegado sindical interpuso la denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ha corroborado hasta cuatro infracciones de la normativa laboral de la empresa en los dos centros en el año 2021. La empresa entregó documentación a la inspectora, que ha servido de base para sus conclusiones.

Respecto a Ca n'Alzina, el informe concluye que Prosegur incumplió con el límite de realización de 80 horas extras anuales como máximo por trabajador respecto a 36 del total de 38 vigilantes que trabajaron en el centro de menores.

A criterio de la Inspección, la empresa también incumplió respecto a 14 trabajadores el número mínimo de días de descanso anual, así como el derecho al disfrute de descanso semanal dentro de un período máximo de 14 días. También sobrepasó el límite del descanso entre jornadas, que fueron de 8, 9 y 10 horas cuando la normativa indica que deben ser de 12 o 13 horas.

La infracción detectada por la Inspección también alcanza el límite de jornada máxima diaria: en Ca n'Alzina, según consta en el informe, en 2021 algunos vigilantes (cuyo número no se concreta) trabajaron “14, 15 y hasta 20 horas” al día, cuando el máximo permitido es de 12.

Situación parecida apreció la Inspección en el centro de Can Llupià. Allí las jornadas ascendían a 14 o 15 horas, los trabajadores tampoco podían disfrutar de un día de descanso semanal en el plazo máximo de 14 días, tenían descansos de solo 10 o 9 horas entre jornadas y 28 de sus 40 vigilantes superaba el máximo de 80 horas extra anuales.

Todo ello ha llevado a la inspectora encargada del informe a proponer sancionar a Prosegur debido al volumen de empleados afectados y al “perjuicio” ocasionado a los empleados. Además, también ha requerido formalmente a Prosegur para cumplir con la normativa laboral. La concreción del importe de la sanción corresponde al departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, que antes puede recibir las alegaciones de Prosegur.

Cerca del punto que une las provincias de Cuenca, Teruel y València se erige un castillo del siglo XIII, en la localidad conquense de Salvacañete. Tanto la fortaleza medieval como el entorno que lo rodea son propiedad de la familia Revoredo, que explota el terreno para actividades cinegéticas con un coto de caza. Ahora este clan, que figura entre los más ricos de España, ha recibido un revés judicial tras tratar de ahorrarse inadecuadamente más de 94.300 euros en el pago del IVA. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la decisión de la Agencia Tributaria, que rectificó a una sociedad de la familia por tratar de deducirse en el pago de este impuesto gastos que no estaban vinculados con la actividad para la que se creó, entre los que se incluyen la reforma del castillo.

Para entender el intrincado caso que ha llevado a los Revoredo a este revés judicial, hay que hablar de tres sociedades, todas ellas vinculadas a la familia. La primera, Hispaninver SL, es la firma que es objeto de la investigación de la Agencia Tributaria. La segunda, Gubel, es el holding empresarial de la familia Revoredo a través del cual controlan Prosegur, como accionista único de esa empresa. Finalmente, Agrocinegética San Huberto SL, que es la sociedad que tiene arrendados los terrenos donde se ubica el castillo para la explotación en actividades de caza y es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

El caso se remonta al ejercicio de 2014. Hispaninver presentó a la Agencia Tributaria las liquidaciones del IVA de los últimos dos trimestres del año, reclamando la devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados por esta sociedad y concluyó que ese cálculo era erróneo y lo corrigió hasta dejarlo en apenas una devolución de 1.400 euros. Esta conclusión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid. El recurso ante dicha resolución es el que ha concluido con esta sentencia del TSJM en la que mantiene la posición planteada por la Agencia Tributaria.

Las empresas funcionan, en cierto modo, como recaudadoras del IVA por las actividades que realizan. A cambio de esa cantidad que recaudan, pueden deducirse el impuesto que han tenido que pagar por el suministro de bienes y servicios necesarios para la realización del trabajo. La ley limita esta devolución únicamente a aquellos gastos que están directamente vinculados. Es decir, no pueden deducirse todos los gastos que considere el empresario.

Hispaninver, sin embargo, incluyó en su liquidación del IVA del año 2014 los gastos en suministros de telefonía y energía del citado castillo del siglo XIII. También las obras de reforma y mantenimiento de la histórica construcción. Este castillo, pese a su larga historia, no es un monumento visitable por el público general y solo es observable desde la distancia, como especifica la web de turismo del Gobierno castellano-manchego.

Aunque la finca y el castillo son propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad: Agrocinegética San Huberto. Esta empresa tiene, en realidad, los mismos propietarios. Su administradora única es Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, quien a su vez es consejera delegada de Hispaninver, según figura en el Registro Mercantil, consultado a través de Insight View. De acuerdo con el contrato de arrendamiento, analizado por la sentencia, no se hace referencia al castillo y se limita a las actividades agrícolas y cinegéticas.

Con todo esto sobre el papel, la Agencia Tributaria concluyó, tras una revisión, que los gastos corrientes del castillo no forman parte de la actividad por la que factura Hispaninver y, por tanto, no pueden deducirse su IVA. Este criterio ha sido seguido posteriormente por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras los sucesivos recursos presentados por la sociedad de los Revoredo. Este medio se ha puesto en contacto con la familia propietaria de Prosegur, que ha decidido no valorar la sentencia ni ha confirmado si ha presentado recurso ante una instancia superior.

“El mencionado castillo es ajeno al negocio contractual, ya que nada se dice de él en las cláusulas relativas al objeto del contrato, al estado inicial de la finca, a los gastos estructurales, a las obligadores de la arrendataria, a las obligaciones de la arrendadora”, remarca la sentencia. “Por tanto, no son deducibles las cuotas soportadas discutidas”, añade el TSJM, quien además concluye que la Administración no ha incumplido con sus deberes respecto a la carga de la prueba. Por ello, desestima el recurso de Hispaninver.

La empresa de los Revoredo justifica la inclusión de estos gastos en la liquidación del IVA en que el castillo forma parte de la finca que se ha alquilado a otra sociedad que, en la práctica, está vinculada. Apuntan que es “parte inherente” y “facilita la promoción de los negocios”. “La mera presencia del castillo en la finca, dada su singularidad, revaloriza el valor intrínseco de la misma y su uso, a los efectos de los servicios cinegéticos realizados allí, y en consecuencia facilita la promoción de los negocios de la entidad del grupo a la que se cede la finca”, apunta. Además, añade que “dada la singularidad del Castillo” y “su potencial con respecto a planes futuros en la actividad de gestión hotelera”, se debería de incluir en el perímetro de la actividad de la empresa. “Son gastos de conservación y puro mantenimiento del inmueble, relacionados con la gestión ordinaria y que nada tienen que ver con una utilización no empresarial”, argumenta Hispaninver en un escrito refutado por la sentencia.

En la lista Forbes

Helena Revoredo figura en la lista Forbes como una de las mayores fortunas de España, estimada en unos 1.000 millones de euros, fundamentalmente por su presencia en Prosegur. El holding familiar Gubel, a través del cual controla la empresa de seguridad y la sociedad Hispaninver, cuenta también con la presencia de sus hijos en el accionariado. Una de ellas, Bárbara Gut Revoredo, es la que figura actualmente como presidenta de Gubel, aunque Helena Revoredo se mantiene como consejera delegada.

Hispaninver es una sociedad que en 2020, último año con cuentas publicadas por la sociedad, no tenía trabajadores. Según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de dicho ejercicio, sus activos inmobiliarios se circunscribían al castillo de Torrefuerte y a sus terrenos aledaños. Asegura en esta documentación que todos estos activos se encuentran alquilados a Agrocinegética San Huberto, sociedad propiedad de Helena Revoredo, que abonó 46.800 euros en 2020. La sociedad explica que se benefició en ese año de 7.020 euros de ayudas de la Política Agraria Común.

Por su parte, Agrocinegética San Huberto contaba en 2020 con 26 empleados y, aunque tiene determinados activos inmobiliarios, consta como el inquilino de varias fincas agrícolas y cinegéticas del grupo Gubel, como la propia de Cuenca que ha derivado en la causa judicial con la Agencia Tributaria. En todos ellos cuenta con contratos hasta 2029 y le abona al propietario 256.000 euros. La principal fuente de ingresos de esta empresa es la organización de “eventos cinegéticos”, por los que cobró 825.000 euros en 2020. Esta sociedad recibió más de 40.000 euros de ayudas de la PAC.

La familia Revoredo estuvo asociada, en estas empresas, durante años con el aristócrata Pedro de Borbón. El duque de Calabria, que en su día se acogió a la amnistía fiscal, figuró como apoderado de Gubel, Hispaninver o Agrocinegética San Huberto. Esta relación, sin embargo, se truncó en 2016 y su marcha se hizo efectiva en el Registro Mercantil en 2020.

Prosegur dotó el año pasado 45,812 millones de euros en provisiones por sendos pleitos con la Agencia Tributaria y tras intentar tumbar sin éxito las inspecciones que permitieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imponer en 2016 al grupo una multa de casi 40 millones por falsear el mercado de transporte y manipulación de fondos en España.

La mayoría de esas provisiones, 37,1 millones, corresponden a sendos litigios fiscales que el gigante español de la seguridad privada tiene abiertos ante los tribunales españoles.

“Ante las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la posición reiterada del Tribunal Supremo a favor de la Administración Tributaria, la Sociedad ha decidido provisionar en el ejercicio 24.342 miles de euros por la deuda tributaria y 12.780 miles de euros por los intereses derivados de dichos litigios”, explica el grupo de la familia Revoredo en las cuentas que remitió el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe más relevante, con una deuda tributaria que Prosegur cifra en algo más de 16 millones, corresponde a un acta incoada en 2014 por el Impuesto de Sociedades de 2008 y 2009. El litigio está pendiente de resolverse ante la Audiencia Nacional, tras confirmar el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en marzo de 2019 una deuda a favor de la Administración de algo más de 20 millones por este procedimiento.

El otro acta, incoada en abril de 2012, corresponde al Impuesto de Sociedades de 2005 a 2007. Hacienda consideró que Prosegur minoró incorrectamente sus bases imponibles tras comprar dos sociedades en Argentina a través de filiales en Alemania y Holanda. En este caso, la Audiencia falló contra el grupo en noviembre de 2019. La multinacional cifra la deuda en 8,268 millones. El litigio está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo.

Prosegur, una de las grandes compañías españolas que no se han acogido al código de buenas prácticas que la Agencia Tributaria puso en marcha hace una década, también indica en sus cuentas que el pasado 10 de julio “recibió apertura de procedimiento inspector general para la Sociedad para los ejercicios 2015 al 2018 en concepto de impuesto sobre sociedades y para los ejercicios 2016 a 2018 para el resto de los conceptos impositivos”. El grupo desconoce “los impactos que pueda tener dicho procedimiento inspector”.

Multa de la CNMC

A esas contingencias fiscales se suman otros 8,695 millones también provisionados en 2020 y relacionados con la sanción de 39,42 millones que la CNMC impuso a Prosegur en noviembre de 2016. Competencia abrió su investigación tras una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en una licitación de la estatal Correos y multó a Prosegur por repartirse junto a su rival Loomis durante siete años (entre 2008 y 2015) el mercado de transporte y manipulación de fondos en España. Un directivo del grupo fue sancionado con 36.000 euros, en la mayor sanción de este tipo hasta entonces.

Prosegur recurrió la multa en la Audiencia Nacional (que a cierre del pasado ejercicio todavía no había resuelto) y, en paralelo, trató de tumbar ante la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Constitucional las inspecciones que la CNMC había realizado en sus instalaciones en febrero de 2015.

“Mediante Providencia de 16 de junio de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Prosegur por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere la ley. Por lo que en el ejercicio 2020 han concluido las posibilidades legales de impugnación”, explica en sus cuentas.

En 2020, ejercicio en el que trascendió la ruptura de los negocios entre los Revoredo y el aristócrata y gestor cinegético Pedro de Borbón, Prosegur obtuvo un beneficio neto de 59 millones, un 48,4% menos. Sus ventas totales cayeron un 17,5%, hasta 3.463 millones, aunque con un “crecimiento orgánico positivo”, del 0,1%, “a pesar de la fuerte reducción de actividad económica” por la pandemia.

El resultado bruto operativo (Ebitda) fue de 409 millones, un 23,8% menos. La actividad de Movistar Prosegur Alarmas, lanzada en marzo de 2020 tras su alianza con Telefónica, “multiplica por 4 el ratio de crecimiento histórico en España”. Esta solución captó “más de 43.000 nuevos clientes en apenas 6 meses”, según destaca el informe de resultados.

La familia Revoredo, una de las mayores fortunas españolas y principales accionistas de Prosegur, acaba de aflorar su ruptura con el aristócrata Pedro de Borbón, ingeniero agrícola y terrateniente que, además de las fincas familiares, gestiona bienes rurales de otros propietarios.

En 2012, por las mismas fechas en las que Pedro de Borbón se acogió junto a varios miembros de su familia a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, el duque de Calabria fue nombrado apoderado en varias sociedades de los dueños del gigante español de la seguridad privada, propietarios de casi el 60% de Prosegur. La relación ha tocado a su fin hace tiempo, según explica el aristócrata a elDiario.es, si bien esa ruptura no ha salido a la luz hasta ahora en los registros públicos.

De acuerdo con el Registro Mercantil, el pasado 26 de noviembre se inscribió la revocación de los poderes que tenía otorgados el aristócrata en dos de esas sociedades de los dueños de Prosegur: Gubel SL, la principal sociedad patrimonial de los Revoredo, con la que canalizan una participación del 55,881% en el grupo de seguridad privada, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); e Hispaninver SL, propiedad al 100% de Gubel.

Preguntado por este asunto, Pedro Juan de Borbón señala que la ruptura viene de atrás y se remonta al fallecimiento, en octubre de 2015, de su padre, Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, infante de España, príncipe de las Dos Sicilias, duque de Calabria, conde de Caserta, jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias y primo directo del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón.

“Ya no colaboro con la familia Gut Revoredo”, explica el aristócrata. “En el 2015, cuando murió mi padre, acordé que en un año dejaría de trabajar definitivamente con ellos. Así pues, desde el 2016 ya no tengo ninguna relación con estas sociedades”, asegura. “Mantengo por supuesto una muy buena relación de amigos”, añade.

Una reciente investigación del diario El Mundo situaba a los De Borbón-Dos Sicilias entre los grandes propietarios de cotos de caza de España, con 6.151 hectáreas de fincas en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Teruel y Castellón. A los Revoredo les atribuía por su parte un total de 10.296 hectáreas en las provincias de Ciudad Real y Cuenca.

En Ciudad Real, en las localidades de Almodóvar del Campo y Abenójar, diversas sociedades de la familia tienen las fincas rústicas Las Ventosillas, La Romera, San Enrique, Arroyo de la Virgen, Cañas Viejas y el Tocón; y en Cuenca (Salvacanete) cuentan con las fincas rústicas Torrefuerte, Masegosillo y La Peraleja. En casi todas esas sociedades figura o ha figurado como apoderado Pedro de Borbón.

Pese a que, según su versión, la relación profesional se rompió hace ya cuatro años, el aristócrata todavía aparece como apoderado en dos sociedades de los Revoredo. Se trata de Agrocinegética San Huberto SL y de Prorevosa, que en los registros de la CNMV figura como dueña del 0,038% de Prosegur y que también pertenece a Gubel.

La accionista de control de esta última empresa (56%) es la matriarca del clan Revoredo, la multimillonaria de origen argentino Helena Revoredo, presidenta de Prosegur y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. Sus hijos Christian (primer ejecutivo del grupo de seguridad privada), Chantal, Bárbara y Germán se reparten el resto de Gubel, con paquetes del 11% para cada uno.

Juan Pedro de Borbón no es la única persona cercana a la Casa Real que ha ocupado cargos en empresas patrimoniales de los Revoredo. Otro ejemplo es Jaime López Ibor, vinculado a la banca privada y que en el pasado desempeñó cargos en sociedades de la familia como Gubel, Prorevosa, Proactinmo SL o su sicav, Romercapital.

Sobrino del empresario Alberto Alcocer, cercano al emérito, Jaime López Ibor se encargó junto a Beltrán Gómez Acebo y Borbón (sobrino de Juan Carlos I) de comercializar el complejo inmobiliario Valdecañas, la Marbella extremeña en zona protegida que declaró ilegal el Tribunal Supremo en la que tienen villas de lujo algunas grandes fortunas españolas, y que salvó del derribo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el pasado verano.

Amnistía fiscal y subvenciones

Pedro de Borbón es el primero en la línea sucesoria al trono español tras los descendientes de Juan Carlos I y es el jefe de la Casa Borbón-Dos Sicilias desde el fallecimiento de su padre. Casado desde 2001 con Sofía Landaluce, gestiona la explotación cinegética y agrícola de La Toledana, la finca familiar en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), además de la Dehesa de la Higuera y El Crespo, que administra junto a su suegro, José Manuel Landaluce.

Hasta 2006, el aristócrata figuró como administrador de Perdicampo SL, una de las empresas del empresario vasco Patxi Garmendia, considerado el mayor criador de perdices del mundo, amigo personal y compañero de caza del rey emérito y detenido en 2012 en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales.

En junio de 2016, la investigación de Los Papeles de la Castellana reveló que Pedro de Borbón regularizó junto a su hermana, su padre y su abuela, la infanta de España Alicia de Borbón Parma, cuatro millones de euros que ocultaban en Suiza gracias a la amnistía fiscal de 2012. La mayor parte del dinero regularizado estaba en manos de su abuela (2,36 millones) y su padre (1,281 millones), mientras que él y su hermana afloraron 177.735 euros cada uno. Su cuñado, Pedro López Quesada Fernández-Urrutia (íntimo amigo del Rey Felipe), también legalizó junto a su familia otro millón de euros aprovechando la amnistía.

En enero, elDiario.es cifró en más de un millón de euros las subvenciones cobradas por empresas de Pedro de Borbón desde 2016 hasta entonces. Entre ellas, Polmar 2009, que tiene como administrador único al asesor fiscal Domingo Plazas, presunto testaferro de Rodrigo Rato. El aristócrata fue uno de los beneficiarios de la amnistía que ha cobrado ayudas públicas en los últimos años, junto a otros como los hermanos Gallardo (dueños de los laboratorios Almirall) o la esposa del excomisario europeo Miguel Arias Cañete.

No respetar la desconexión digital de los empleados puede ser motivo de sanción por parte de la autoridad laboral. Incluso por acoso al personal. La Inspección de Trabajo ha instado a la empresa de seguridad Prosegur a que deje de hacer llamadas y enviar correos electrónicos a sus trabajadores fuera de su jornada laboral, tras una denuncia presentada por ADN Sindical en Catalunya, como adelantó Crónica Global. El sindicato ha difundido la comunicación de la Inspección en la que les informa de la “extensión de acta de infracción” a la compañía, con una propuesta de sanción por acoso al personal, pero fuentes de Prosegur insisten a elDiario.es en que se trata de un “error” y que solo se les ha emitido una advertencia para que cumplan este punto, “pero no hay acta de infracción ninguna”.

La sección de ADN sindical denunció a finales de diciembre de 2019 que Prosegur mandaba correos electrónicos y hacía llamadas telefónicas a los trabajadores fuera de su jornada laboral, lo que en su opinión infringía el derecho a la desconexión digital, plasmado en la Ley de Protección de Datos de 2018 en su artículo 88, y el derecho a la conciliación de su vida familiar y laboral e intimidad.

El sindicato incluyó en su escrito que la representación legal de los trabajadores había solicitado a Prosegur elaborar un protocolo interno de desconexión digital, con el uso que deben tener las nuevas tecnologías, pero que la empresa no había respondido. Además, denunció que los trabajadores atendían las llamadas y respondían a los correos “por temor a las represalias” y a “un impacto negativo en sus sistemas de incentivos”.

El informe del inspector a los denunciantes, que ha consultado elDiario.es, recoge que Prosegur aportó documentos firmados en al inicio de la relación laboral de cada trabajador en los que consta que “el teléfono que pone a disposición de los trabajadores, el uso del mismo, deberá realizarse 'exclusivamente' en horas de trabajo por ambas partes”.

Se expone a multa por acoso

La Inspección de Trabajo indica que “se ha procedido a extender acta de advertencia a la empresa a los efectos del cumplimiento de dicho uso exclusivo a lo largo de toda la relación laboral de los teléfonos en horas de trabajo”. El incumplimiento de esta desconexión digital infringe los “derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión” (artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores) y el artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos.

A continuación, la comunicación de la Inspección recoge que estos incumplimientos dan lugar “a la extensión de ACTA DE INFRACCIÓN con la consiguiente propuesta de sanción, tipificada y calificada como muy grave en el artículo 8,13 y 8,13-bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden (B.O.E. del 8)”. Este artículo se refiere al acoso en el ámbito laboral.

Fuentes de Prosegur aseguran a elDiario.es que “hay un error en el documento y la empresa está en contacto con la Inspección para que se solucione”, porque insisten en que la Inspección solo ha advertido a la compañía de seguridad de su obligación de respetar la desconexión laboral, “pero no hay acta de infracción”. En cualquier caso, la Inspección exige a la empresa que solo haga uso de los teléfonos en hora de trabajo. “La intención de la empresa siempre es la de cumplir la ley, por supuesto”, afirman en Prosegur.

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS), recuerda que cuando la Inspección de Trabajo detecta una infracción de la legislación laboral hay ocasiones en las que abre un requerimiento para que la compañía cumpla la ley en lugar de imponer directamente una sanción. Otras veces, se opta por el procedimiento sancionador, en función de las circunstancias del caso.

Ercoreca apunta que la sanción que correspondería a la infracción de acoso a la que se refiere el informe del inspector en este caso en su escrito asciende a multas de entre “6.251 euros y 187.515 euros en su grado máximo”. La inspectora recuerda que las infracciones relacionadas con la desconexión digital también pueden suponer “incumplimiento en materia de descanso” del trabajador o vulnerar la “prevención de riesgos laborales”, ya que los abusos sobre la disponilidad de los empleados pueden generar “estrés o el síndrome del trabajador quemado, que no está considerado como una enfermedad profesional, pero algunas sentencias ya lo han considerado un accidente de trabajo”.

El sindicato UGT ha denunciado este lunes las “pésimas condiciones” laborales de los vigilantes de Prosegur que trabajan en seguridad en el interior de domicilios de los jugadores del Real Madrid Club de Fútbol.

El sindicato había requerido previamente a la empresa para que “dignificara” las condiciones laborales de estos trabajadores, pero han comprobado que “no han mejorado lo más mínimo”.

Esta situación ha sido puesta en conocimiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para que visiten estos centros de trabajo y se corrijan cuando antes las lamentables condiciones en las que se encuentran algunos compañeros que están orinando en latas a falta de aseos.

“En los chalés no hay garitas de vigilancia. Además, se encuentran sin agua potable, de pie en jardines al aire libre de día y de noche y en algunos casos, conviviendo con los perros de los jugadores”, ha indicado a Europa Press el portavoz sindical, Ángel García.

Además, señala que esta situación se da por “la complacencia de Prosegur y el Real Madrid, que conociéndola no hacen nada para solucionarla”.

Por otro lado, el portavoz de UGT ha criticado las malas condiciones que sufren los 800 vigilantes del propio estadio Santiago Bernabéu, ya que “no cuentan con un lugar apropiado para cambiarse de vestuario, ya que tienen que apelotonar toda su ropa en un pequeño cuarto”. Por ello, ha anunciado futuras movilizaciones.

La Audiencia Nacional ha condenado a las empresas Servicios Securitas y Prosegur (ESC Servicios Generales), así como a los sindicatos CCOO, UGT y USO, por dos acuerdos con los que neutralizaron la subida del salario mínimo de 2019, que lo situó en 900 euros mensuales. El tribunal, tras una demanda del sindicato CSIF, anula parte de una disposición en la que acordaron compensar los pluses de transporte y vestuario que percibían los trabajadores para evitar la subida del SMI, algo ilegal por tratarse de complementos extra salariales.

Las dos sentencias, presentadas este jueves por Pedro Poves, portavoz de CSIF, recogen que los sindicatos mayoritarios en ambas compañías de seguridad y servicios auxiliares firmaron a finales de abril dos acuerdos por los que acordaron suprimir los pluses de transporte y vestuario y la integración del importe de estos complementos dentro del salario base.

Según ha explicado Poves, la medida afecta a “más de 8.000 trabajadores de servicios auxiliares”, que incluyen desde porteros, jardineros y trabajadores de parking y centros comerciales de estas empresas, entre otros.

Evitar la subida del SMI a través de los pluses

Además, las partes acordaron en ese documento que para los meses previos hasta la supresión de estos pluses (del 1 de enero de 2019 hasta mayo), los complementos se compensarían de cara a los efectos del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 900 euros mensuales, lo que en la práctica “neutralizó” el incremento, ha explicado CSIF.

La compensación provoca que se tenga en cuenta, además del salario base, la cantidad que se percibe por determinados pluses a la hora de evaluar si la empresa tiene que subir el salario a la plantilla por el nuevo SMI. CSIF ha explicado que, contando estos dos complementos, las dos empresas “anularon” los efectos de la subida para los 8.000 trabajadores afectados.

La Audiencia Nacional anula este acuerdo de compensación y absorción de ambos pluses porque recuerda que se trata de complementos extra salariales, en los que no cabe hacer esta operación.

“Puesto que sería incongruente que los gastos, realizados por los trabajadores por su actividad profesional, se compensaran o absorbieran con conceptos salariales, especialmente, como sucede aquí cuando el concepto comparable es el salario base”, recogen las dos sentencias, que han contado como ponentes a los magistrados Ricardo Bodas Martín y Ramón Gallo Llanos.

Denuncia de “connivencia” de los sindicatos

CSIF ha criticado con dureza a los sindicatos mayoritarios condenados por su “connivencia” con las dos empresas de seguridad y, más todavía, por su discurso público en este tema, en el que las centrales estatales de UGT y CCOO especialmente defienden que no se puede tener en cuenta estos pluses extra salariales (y tampoco algunos salariales) para aminorar la subida del salario mínimo.

Diego Barragán, secretario de acción sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, explica que el sindicato “no está a favor de absorber ningún complemento”, pero que en la negociación de este acuerdo optaron por firmar la compensación de estos dos pluses extra salariales para salvar otros complementos “que quedaban asegurados, como de nocturnidad, turnicidad y antigüedad”. La compensación y absorción ya estaba recogida en el convenio colectivo, destaca Barragán, “que nosotros no firmamos”.

Diego Giraldez, responsable de Seguridad de UGT, explica que se suscribió ese acuerdo porque “históricamente es como se había venido haciendo” en este sector, pese a que la dirección del sindicato defiende públicamente otra postura al respecto. Giraldez afirma que habrá que esperar a que dice el Tribunal Supremo al respecto, “porque las empresas han recurrido las sentencias”.

El portavoz del sindicato CSIF ha recordado que la Audiencia Nacional solo ha anulado la compensación que se aprobó de los pluses para la subida del SMI durante los primeros meses del año, pero la supresión de los dos complementos que acordaron las partes en ese mismo documento sigue vigente. UGT y CCOO destacan que la eliminación de los pluses se ha materializado en un incremento del salario base por la misma cuantía.

Según los cálculos de CSIF, el dinero ahorrado por ambas compañías por haber compensado los pluses durante los primeros meses del año asciende a “unos dos millones de euros”.

El audio íntegro de la conversación entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el magistrado Salvador Alba, hallado por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo de grabación utilizado por el primero en la reunión clandestina celebrada el 16 de marzo de 2016, desmiente la versión ofrecida tanto por el juez, procesado por cinco delitos, como por su testigo estrella, Héctor de Armas, el actual propietario de Seguridad Integral Canaria (SIC). Para reforzar la tesis de la defensa de que esa grabación está manipulada y que es producto de un ejercicio de “corta y pega” de distintos fragmentos, ambos deslizaron durante sus declaraciones de la pasada semana que ese archivo, el denominado REC004, omitía pasajes de ese diálogo.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, manifestó en relación con esa grabación el magistrado procesado, quien aseguró en su comparecencia que recordaba haber hablado en esa cita de tres temas que no aparecían en los audios, lo que le condujo a pensar que habían sido manipulados. En concreto, aludió a las referencias de Ramírez a la empresa Prosegur, con la que estaba “muy enfadado”; a la fianza de 35 millones de euros fijada por el propio juez en la causa que seguía contra el antiguo presidente de SIC por fraude fiscal, y a un comentario del empresario sobre la afición de Alba por el judo.

Una versión que coincidía, en sus dos primeros puntos, con la manifestada por Héctor de Armas, antiguo subordinado y sucesor de Ramírez al frente de SIC, reconvertido de testigo de la acusación en testigo de la defensa a última hora merced a una carta en la que denunciaba una conspiración contra Alba liderada por su antiguo jefe con la complicidad de la jueza Victoria Rosell y de su pareja, el periodista Carlos Sosa. De Armas manifestó ante el tribunal que Ramírez le hizo escuchar ese mismo 16 de marzo por la tarde la grabación del encuentro, a la que habría definido como “su seguro de vida” para poder chantajear al magistrado y conseguir el archivo del procedimiento en su contra. El testigo dijo también, en la línea de la tesis de la manipulación esgrimida por la defensa, que recordaba haber escuchado la alusión a Prosegur porque formaba parte del discurso “monomaníatico” de su exjefe, y a la fianza impuesta por Alba.

La reproducción este jueves de esa grabación en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revelado que, en contra de lo manifestado por ambos en sus comparecencias, esas referencias sí que figuran en el archivo REC 004. Estos son los fragmentos en los que se encuentran las alusiones que procesado y testigo afirman que se han omitido:

Prosegur

Miguel Ángel Ramírez (M.A.R.): Salva, yo me iba a tomar por culo… Porque los bancos aquí no pintan nada. Yo vivo del crédito financiero, entiendes, yo hago una factura aquí, llego al banco, el banco me da el dinero y paga…

Salvador Alba Mesa (S.A.M.): Los concursos…

MAR: Los concursos vamos, ahí, pero vamos, poco, poco.

S.A.M. Y competencia que hay por ahí, que no veas.

M.A.R.: ¡Claro! Pero es lógico, es lógico, cada uno se tiene que buscar la vida. A ver, a mí me podían haber hecho más daño, también te lo digo. Mira ahora Prosegur, veinte kilos con Hacienda y no va por delito penal.

S.A.M.: Es verdad.


M.A.R.: Y por lo mismo, por impuestos y tal, y no va a delito penal. Aquí el inspector se volvió loco, el Miño este de los cojones.

S.A.M.: Yo creo que sí. Que, que, que se...


M.A.R.: ¿Tú sabes por qué… (ininteligible)?


S.A.M.: Utilizan el proceso penal, muchas veces para fines un poco raros...

Fianza

M.A.R.: Pero a ver Salva, que llegaste y me metiste treinta y cinco kilos y me fundiste

S.A.M.: Sí, es verdad

M.A.R.: Y después tenía que esperar a que me bajaras

S.A.M.: Y no es poco

M.A.R.: Te había comentado, se trataba de ir… tal; pues nada, a ver si acabamos con esto.

S.A.M.: …antes, cuando… la Fiscalía… cuando yo le dije de poner la fianza, la fiscal no tenía ningún interés en ponerla. Ninguno. Y le digo oye, mira, no sé si poner el… porque el importe de la deuda y tal y como la ley dice, una tercera parte más, a mí me salen unos treinta y cinco millones. ¿Bajo algo? ¿La bajo la fianza? No, no, si crees que... ¡Pam! pongo los treinta y cinco. Cuando le digo, oye, que me han pedido bajar la fianza y tal, porque esto… ¿cuánto dejaremos? No sé... porque la verdad es muy difícil cuantificar una fianza, no sé, ¿cuánto le pongo? dice: pónselo en diez. La fiscal.

M.A.R.: Sí, sí.

S.A.M.: No te digo que...

M.A.R.: No había, que no ve que hay tanta…

S.A.M.: Si es como tú dices que va al cuello, ¿te dice treinta y cinco? ¡Ponle sesenta!

M.A.R.: No, ¿pero tú sabes por qué yo creía que iba a por mí? Porque me relacionaba con esta tía. O sea, vamos a ver, lo que no es lógico es que una jueza se enfrente a la fiscal como se enfrentó y escribiera lo que escribió. ¿Tú has leído lo que escribió, no?

S.A.M.: Yo no lo leí.

M.A.R.: La pone de vuelta y media. Es una locura.

Judo

M.A.R.: Salva, me tienes para lo que necesites, tú sabrás, tú sabrás, tío. A mí me han hablado de puta madre de ti, lo que pasa es que nos hemos conocido así, si nos hubiésemos conocido de otra forma, hubiésemos sido amigos, pero bueno.

SAM: Yo es que me muevo poco, ¿sabes lo que te digo, que…?

MAR: Además, eres eres un judoca, eres un karateca, yo levanto las piernas todavía.

S.A.M.: Ahí sí me muevo, ahí si me muevo. Pero soy de moverme poco

Trabajadores de la empresa Prosegur del servicio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, vigilantes de seguridad y auxiliares de los controles de pasajeros, han convocado varias horas de paros entre el 21 de diciembre y el 8 de enero de 2018.

Las horas de huelga serán de 05.30 a 06.30 horas, de 10.30 a 11.30 horas, de 14 a 15 horas y de 19 a 20 horas, han informado los empleados en un comunicado.

El objetivo de los paros es reivindicar una mejora de las condiciones de trabajo “que les alejen de la precarización y les acerquen a unas condiciones laborales mínimamente dignas”.

“Velamos por la seguridad de los pasajeros, pero nadie vela por nuestros derechos, con una alerta 4 cada vez tenemos más responsabilidad y menos calidad en el trabajo, con innumerables auditorías, presión de los mandos y menos salario con el que no llegamos a fin de mes. Con elevado déficit en la formación lo que provoca sanciones o despidos de los trabajadores. Se evalúa por Aena nuestra amabilidad pero no la seguridad que prestamos”, señalan.

Los convocantes de la huelga han pedido una racionalización de los horarios, sobre todo los que se inician a las 4 horas de la madrugada, “ya que alteran muy negativamente su ciclo de sueño, afectando a la capacidad de atención en el escáner”.

“No se respetan los descansos en el escáner como exige el Plan Nacional de Seguridad, poniendo en riesgo la seguridad de TODOS, incluidos los pasajeros”, critican.

También denuncian que no se les facilita la mínima conciliación familiar y los descansos previstos se ven afectados en función del volumen de pasajeros, “hasta el punto de no poder ir al baño cuando lo necesitan o no poder comer bocadillo”.

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado, en su última reunión, la adjudicación de los servicios de seguridad en 37 aeropuertos de su red, agrupados en lotes, por un importe total de 111.020.999 millones de euros por un periodo de dos años, prorrogable anualmente hasta dos, previo acuerdo entre las partes, informa Aena en un comunicado. El Aeropuerto de La Palma figura en el lote 2 que “en un principio quedó desierto y salió de nuevo a licitación en septiembre en un nuevo expediente”. Finalmente ha sido adjudicado a la empresa Prosegur Soluciones Integrales por un importe de 33.659.800 euros, “también con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable hasta dos más”. En este lote, se apunta en la nota, “están incluidos seis aeropuertos de la red: La Palma, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Ibiza, Menorca y Sevilla”.

En la nota se indica que “las máximas que Aena ha tenido en cuenta para llevar a cabo estas adjudicaciones está el lograr, con la ayuda de las empresas adjudicatarias, incrementar la calidad de los servicios de seguridad y mejorar la atención a los pasajeros, de manera que se encuentre el mejor equilibrio entre los necesarios servicios y procesos de seguridad aeroportuaria cumpliendo con la legislación vigente y la comodidad de los usuarios”.

Añade que “con objeto de prestar un servicio de seguridad de máxima calidad, se ha exigido a las empresas adjudicatarias disponer y aplicar un Sistema de Gestión de Calidad, que será auditado anualmente por una empresa ajena e independiente a fin de determinar la percepción que tienen los usuarios de dicho servicio”.

Asimismo, “a fin de mejorar la atención al pasajero, las empresas han tenido que presentar un Plan de Gestión de Reclamaciones para garantizar, entre otros aspectos, la tramitación del 100% de las reclamaciones recibidas relativas a los servicios de seguridad y minimizar el número de reclamaciones presentadas, realizando una labor de información y buen trato en el momento en que un pasajero manifieste su disconformidad con el trato recibido”.

Las empresas adjudicatarias de “los servicios de seguridad en 37 aeropuertos de la red de Aena, que salieron a concurso durante el pasado mes de julio, han sido tres: Eulen Seguridad, ICTS Hispania y Prosegur Soluciones Integrales”. Apunta que “el resto de aeropuertos de la red, que no están contemplados en estos lotes, tienen en la actualidad su contrato en vigor”. Así, “los servicios de seguridad han quedado adjudicados del siguiente modo: Los aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros al año, que contempla el servicio para 18 aeropuertos, ha sido adjudicado en un único lote por importe de 8.914.999 euros a la empresa Eulen Seguridad”. Estos aeropuertos son “Albacete, Badajoz, Córdoba, El Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid, Vitoria y el Helipuerto de Algeciras”.

Los aeropuertos de “más de 500.000 pasajeros al año se han adjudicado en tres lotes. El lote 1, que engloba los aeropuertos de Girona-Costa Brava, Reus, Zaragoza, Asturias, Bilbao, Málaga-Costa del Sol y Vigo, a la empresa ICTS Hispania por un importe de 36 millones de euros. El lote 3, que engloba los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote, Almería, FGL Granada-Jaén, Murcia-San Javier y Valencia, adjudicado a Prosegur Soluciones Integrales por un importe de 32.446.200 euros”.

El lote 2, “que en un principio quedó desierto y salió de nuevo a licitación en septiembre en un nuevo expediente, ha sido adjudicado finalmente a la empresa Prosegur Soluciones Integrales por un importe de 33.659.800 euros, también con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable hasta dos más. En este lote están incluidos 6 aeropuertos de la red: La Palma, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Ibiza, Menorca y Sevilla”

Los miembros de la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz que se han jubilado en las últimas semanas están recibiendo una gratificación en forma de medallas acompañadas de un importante complemento retributivo que conservarán el resto de su vida. Los últimos dos agraciados son el comisario general de Extranjería, Emilio Baos; y el jefe de la Policía Judicial, incluida la UDEF, José Santiago Sánchez Aparicio.

Ambos integran un amplio listado de condecorados con motivo de la próxima celebración del patrón de la Policía. Como ocurre todos los años, con este y gobiernos anteriores, en ese listado se mezclan policías que han puesto en riesgo su vida o que han protagonizado relevantes servicios con otros que cobran lealtades, personales y políticas, o a los que se premia por una suerte de inercia del cargo de libre designación que han ostentado.

Los dos comisarios principales citados han cumplido 65 años en las últimas semanas y han pasado a situación de retiro después de haber integrado el núcleo duro de los mandos elegidos por el PP para dirigir la Policía desde 2012.

Sánchez Aparicio ha pasado de estar liberado en el Sindicato Profesional de Policía (SPP), uno de los más activos contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a integrar la cúpula del Cuerpo con la victoria del PP. Hace tres años se le encomendó dirigir la Comisaría General de Policía Judicial, tras la tercera destitución en ese puesto desde que el partido de Rajoy alcanzar la victoria electoral. Su inmediato antecesor cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre dirigentes del PP en el caso Gürtel.

La misma UDEF que dependía de Sánchez Aparicio recibió el encargo de ‘blanquear’ el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que el Tribunal Supremo despreció. Al comisario general se le encomendó, dos semanas antes de jubilarse, liderar una presunta investigación sobre las grabaciones al ministro en su propio despacho en las que Jorge Fernández Díaz conspiraba contra políticos de la oposición.

Inmediatamente después de jubilarse, Sánchez Aparicio se ha incorporado al gigante de la seguridad privada Prosegur como director de Relaciones Institucionales, desde donde podrá engrasar el vínculo entre la compañía, importante adjudicataria de la Administración, y ésta última.

El sindicato de mandos, contra todos menos el PP

Tanto Emilio Baos como Sánchez Aparicio pertenecen al SPP, el sindicato que nutre la cúpula policial del Cuerpo cuando el PP gobierna y que este martes hizo pública una nota en la que critica a todos los partidos de la oposición por apoyar una comisión de investigación sobre la “policía política”.

El sindicato de los mandos llama a los partidos “desagradecidos”, al tiempo que equipara criticar la utilización partidista de la Policía por parte del Gobierno con “ensuciar el nombre de un conjunto de profesionales que se dejan la vida a diario por todos los españoles”. “Somos policía patriótica, pero no en el sentido bolivariano que pueda utilizarse en Venezuela sino en el de que nos debemos a la Constitución”, añade el escrito.

En las condecoraciones de este año, la abogada que representa al sindicato, María Ponte, ha sido distinguida con una medalla blanca, no remunerada, por la Dirección General de la Policía. Esta letrada firma los escritos de defensa de algunos mandos señalados por la comisión judicial que investiga una grabación ilegal a otros policías y mandos del CNI en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. También es autora de las exigencias de rectificación y otros demandas a medios de comunicación en representación de los mandos afiliados del SPP.

Las maniobras en Cataluña y contra Podemos

Pino, el artífice de las maniobras policiales contra la oposición, ya fueran contra los independentistas catalanes o Podemos, fue despedido el pasado mes de junio por su jubilación con una Medalla de Plata, que va acompañada con un complemento del 15% mensual. La medalla roja para Baos y Sánchez Aparicio siempre supone un incremento del 10%. Es la misma que recibió el comisario José Manuel Villarejo por su participación en la Operación Cataluña.

Precisamente, el jefe de la Policía en Cataluña desde la llegada del PP en 2012 y hasta el verano de 2015, Agustín Castro, también es condecorado ahora con la Medalla al Mérito con Distintivo Rojo. Castro también deja la Policía por haber cumplido 65 años.

El sindicato SPP ejerce la acusación popular contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, es uno del medio centenar de miembros de la Judicatura y la Fiscalía que reciben una condecoración no pensionada con motivo del patrón de la Policía. Uno de los magistrados del TSJM envió recientemente al banquillo a Mas por la citada causa.

Llama la atención en la lista de este año la cantidad de colaboradores del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que han sido reconocidos con medallas. Uno de ellos, el inspector jefe David Teatino Gómez, condecorado con la del Mérito Policial con Distintivo Rojo, a pesar de realizar labores de despacho.

La Ley 5/1964 establece como requisitos para la concesión de la roja haber resultado herido en acto de servicio, participar en al menos tres servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas, haberla puesto en peligro durante “un hecho abnegado” o en riesgo a través de una conducta de “especial trascendencia”.

Otros reconocidos con la medalla roja son el comisario al frente de la seguridad del Senado, Carlos Torres; quien también se jubila; el jefe del Area de Catálogo de Puestos de Trabajo, Francisco Arenas; o José Luis Prudencio, de la Subdirección General de Recursos Humanos.

Otros dos colaboradores de Francisco Martínez -aspirante a suceder a Fernández Díaz en la cartera de Interior- han sido condecorados. Se trata de su director de gabinete, Jorge Sanchís (blanca); y de otro miembro de ese equipo, Pía Aracama, jefa de área (medalla roja pensionada). El comisario general de Información, Enrique Barón, responsable de la lucha antiterrorista, ha sido condecorado con una medalla roja.

La puerta giratoria en el ámbito de la seguridad se ha puesto en marcha este verano para que el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, hasta julio máximo responsable policial de las investigaciones por corrupción y delincuencia organizada, se convierta a sus 65 años en director general de Relaciones Institucionales de Prosegur, la empresa líder en España en venta de protección privada a los ciudadanos.

Como director de Relaciones Institucionales, Sánchez Aparicio tendrá la oportunidad de engrasar las relaciones de la compañía con la Administración. La empresa líder de la seguridad en España mantiene en vigor varios contratos con las distintas administraciones, destacando entre ellos el que firmó en septiembre de 2014 por 24,8 millones para prestar “servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en los edificios de la Administración General del Estado”. Sánchez Aparicio se jubiló en julio de la Policía y “a la vuelta del verano” comenzó a trabajar en Prosegur, confirman fuentes de la compañía.

Santiago Sánchez es un dirigente histórico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), la organización mayoritaria entre los mandos del Cuerpo y que nutre la Junta de Gobierno cuando gobierna el Partido Popular. Tras la victoria electoral de 2012, el comisario principal pasó a integrar la cúpula de la Policía como jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Pero fue en octubre de 2013, con el tercer cese de un comisario general de Policía Judicial en menos de dos años, cuando Sánchez Aparicio -‘Chati’ dentro del Cuerpo-, pasó a ocupar un puesto clave para algunos de los asuntos más polémicos de los últimos años relacionados con el Ministerio del Interior.

La Comisaría General de Policía Judicial engloba todas las unidades especializadas en delito relevantes, excepto el terrorismo, por lo que también combate las amenazas a la seguridad de los clientes de Prosegur.

La UDEF, que tiene entre sus competencias la corrupción, también pertenece a la Policía Judicial que ha dirigido Sánchez Aparicio. Fernández Díaz destituyó al llegar a Juan Antonio González, el responsable de la Policía Judicial con el PSOE, y a los seis meses prescindió del sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, porque había investigado el ático de Ignacio González sin comunicárselo a sus superiores.

Interior optó entonces por José García Losada, un comisario de prestigio en la Policía que ya había ocupado cargos relevantes en la época de Aznar. Pero García Losada dejó trabajar a la UDEF en un momento clave de la investigación del caso Gürtel y eso le costó el puesto. Su cese estuvo vinculado a los informes que los investigadores firmaron sobre la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y su relación con la trama de corrupción, asunto por el que la exdirigente del PP acabó dimitiendo.

Gürtel e Informe Pisa

Con Sánchez Aparicio al frente de la Comisaría General de Policía Judicial se produjeron las presiones a los investigadores del caso Gürtel, a través de la Unidad de Asuntos Internos, que eldiario.es reveló en octubre de 2014. Cuando el jefe de la Brigada de Blanqueo Capitales, perteneciente a la UDEF y de la que dependen las investigaciones por corrupción, pidió marcharse, Sánchez Aparició situó al frente de ella a José Manuel García Catalán, antiguo compañero suyo del sindicato de los mandos y sin experiencia en delitos económicos.

El nuevo director de Relaciones Institucionales de Prosegur fue el encargado de recibir el informe apócrifo sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que realizó la denominada Unidad de Inteligencia de la Policía. Se trataba de blanquear sus datos para presentarlos ante un tribunal, algo que finalmente hizo Manos Limpias con el resultado de su inadmisión a trámite y desprecio por parte del Supremo.

El último encargo delicado que recibió Sánchez Aparicio antes de jubilarse el pasado 17 de julio fue investigar las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho hablando con el director de la Oficina Antifraude catalana. El ministro no tuvo empacho en colocar al frente de las supuestas pesquisas a un policía que abandonaría la Policía en dos semanas. El muñidor del encuentro entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso fue, según confiesan los interlocutores, es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, expresidente del Sindicato Profesional de Policía con el que Sánchez Aparicio colaboró estrechamente en esa época.