“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

La Medalla de Andalucía a la Cultura concedida al torero Morante de la Puebla por la Junta de Andalucía con motivo del 28F, que ha generado por lo pronto el rechazo de colectivos animalistas, es un nuevo guiño del Gobierno andaluz a un sector como el taurino, que no ha dejado de reivindicar (y financiar) desde la llegada de Juan Manuel Moreno (PP) a la Presidencia. Pero el de los toros no es el único colectivo mimado por el PP, que también no deja de reforzar al de los cazadores, y valga un último botón como muestra: asociaciones cinegéticas han acaparado más de un tercio de los reconocimientos que se hacen por el 28F en las provincias, un galardón que se les concede por su contribución... al medio ambiente.

Al margen de las medallas de rango andaluz, la Junta entrega su equivalente en cada provincia, que en este caso se llaman Banderas de Andalucía. En la edición de este año, se han llevado este reconocimiento al mérito medioambiental tres entidades cinegéticas en tres de las ocho provincias: El Cartucho en Cádiz, la Sociedad de Caza Lebrijana en Sevilla y la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza.

En todos los casos, el Ejecutivo andaluz pone el acento en que estas asociaciones, como el resto de las que operan en Andalucía, abogan por lo que se define como una “caza social”. De fondo, no obstante, no hay que perder de vista el hecho de que en los últimos años se vive una dura pugna por el voto rural (sobre todo con Vox), a lo que hay que unir la circunstancia –que no parece casual– de que en pocos meses habrá elecciones autonómicas en Andalucía.

Ayuda a la “conservación del medio natural”

De la Sociedad Federada de Caza El Cartucho, con sede en Barbate, se subraya por ejemplo que desarrolla una “actividad continuada de colaboración en la gestión y conservación del medio natural” en el ámbito del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. De hecho, en 2023 se convirtió en la primera asociación de cazadores en Andalucía que en asumir la custodia de los montes públicos de un parque natural.

En cuanto a la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza, es la segunda sucursal provincial de este organismo regional en recibir este reconocimiento, después de que lo recibiese la de Granada en 2024. La Junta destaca que promueve “una caza responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, colaborando en “la gestión y conservación de la fauna silvestre, la protección de los ecosistemas y el fomento de prácticas cinegéticas que garanticen el equilibrio natural”.

Por último, en Sevilla se ha llevado la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la Sociedad de Caza Lebrijana, creada en 1984. En 2022 adquirió la condición de entidad colaboradora en materia de flora y fauna, “contribuyendo a la conservación y mejora de los hábitats”, ayudando a “la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir, un ecosistema complejo con gran diversidad de ambientes y procesos”. De paso, le reconoce una actividad que “favorece la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa”.

Varias modalidades declaradas BIC

En la justificación de estos galardones, la Junta resalta que la caza es un aprovechamiento “fuertemente arraigado en Andalucía”. Además, defiende que, “practicada con responsabilidad”, contribuye a la conservación de la biodiversidad, “manteniendo los equilibrios naturales además de contribuir a la economía y a fijar población en el territorio”.

Desde a llegada al Gobierno andaluz en 2019 del PP liderado por Juan Manuel Moreno, los gestos de complicidad con el mundo cinegético han sido constantes. Así, en 2020 se declaró la montería como Bien de Interés Cultural (BIC) inscribiéndola en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Actividad de Interés Etnológico. De esta manera, se le reconocía “su gran arraigo, valores sociales, culturales y medioambientales”.

En 2023 se le unió como BIC la cetrería, “reconociéndola como patrimonio vivo con valores históricos y culturales y para fomentar su trasmisión generacional y conservación”. Y desde de septiembre de 2025 se ha declarado también como BIC la caza de perdiz con reclamo, siendo 2026 la primera temporada con competiciones con este nuevo estatus de protección cultural.

Bonificaciones a los cazadores e impacto económico

Los mensajes de apoyo del Ejecutivo andaluz a la caza son continuas, como las que repite la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, que reitera una y otra vez que es “una herramienta de gestión del medio natural y un elemento estructural del desarrollo rural”. “De ahí nuestro apoyo firme y sin fisuras al sector”, reitera, como que en los presupuestos autonómicos para 2026 se ha mantenido la bonificación del 30% de las tasas por expedición de licencias de caza en Andalucía, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores. Los mayores de 65 años están exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50%.

Según los datos que suele poner sobre la mesa el Gobierno de Juan Manuel Moreno, la actividad cinegética genera en Andalucía alrededor de 45.000 empleos (de los cuales 12.000 son directos) y tiene un impacto económico estimado en 3.500 millones de euros en el Producto Interior Bruto andaluz. Solo la caza menor aporta aproximadamente 200 millones de euros anuales, “contribuyendo de forma decisiva a la dinamización económica de amplias zonas rurales y a la fijación de población en municipios donde, en muchos casos, constituye uno de los principales recursos económicos”.

Según el último censo, en Andalucía hay 162.625 cazadores con licencia en vigor, de los que alrededor de 90.000 se encuentran federados. En la comunidad están registrados 7.558 cotos de caza, privados o deportivos, que abarcan el 83% del territorio andaluz y casi siete millones de hectáreas.

El Govern catalán ha pedido al Ejecutivo español que movilice el máximo de unidades posibles del equipo especializado en control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar la peste porcina africana, según ha anunciado este domingo el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. “Ya hemos hecho la petición formal para que los especialistas de la UME se incorporen en estas tareas, que es muy importante que se hagan de forma coordinada”, ha asegurado el conseller.

“Estamos en alerta sanitaria y estamos hablando del primer sector de la economía, por tanto es no es solo un tema de los granjeros sino de país”, ha justificado el Ordeig.

El conseller también ha confirmado que las pruebas a los cerdos de las 39 explotaciones del radio afectado dieron negativo, por lo que por el momento ninguna de las granjas ha sido afectada y los positivos se circunscriben, de momento, a jabalíes salvajes. Asimismo, Ordeig admitió que se han encontrado más ejemplares de estos animales fallecidos en la zona bajo vigilancia, pero evitó concretar las cifras y remarcó que deben ser los laboratorios oficiales de Madrid los que confirmen los casos, que por ahora siguen siendo dos.

Este domingo por la mañana eran ya ocho los ejemplares de jabalí encontrados con indicios de haber muerto por esta enfermedad, que se está tratando de evitar que llegue a los animales criados con usos alimentarios.

Este fin de semana se ha reforzado el dispositivo de captura de jabalís en el área de Collserola (Barcelona), por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona. Estas labores las realizan miembros de Agents Rurals, conjuntamente con el Departament de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil y ahora también la UME.

El control de los animales salvajes se realiza mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. Según ha detallado, el proceso de captura será coordinado por Agents Rurals, conjuntamente con el Departament de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil.

Encontrar un árbol frutal comido a dos metros de altura es una realidad. La población de conejos en Aragón no ha dejado de crecer en los últimos 15 años, desde que se declaró la primera zona cero en la comarca de Campo de Cariñena. “Es una especie con una adaptabilidad fuera de lo común”, advierte Manuel Latorre, presidente de PAIDAS, Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible, en la que están representados todos los municipios afectados por la plaga de conejos. 

Cerca de 140 pueblos en Aragón están declarados como `municipios afectados por la superpoblación de conejos´. Las comarcas de la provincia de Zaragoza, especialmente de la Cariñena, y parte de Campo de Daroca, Valdejalón y Calatayud, se llevan la peor parte, también el Cinca y Monegros en Huesca, y las comarcas turolenses colindantes a Campo de Belchite. La plaga se extiende por más de 50.000 hectáreas de cereal, hortalizas y frutales, donde han provocado daños superiores al 30% de la producción. 

Desde PAIDAS aseguran que la situación es “insostenible”, denuncian el silencio por parte de los sindicatos agrarios, y piden medidas al Gobierno de Aragón para frenar esta plaga que infesta los campos de cultivo de la comunidad. Hasta la fecha la única medida con la que dicen que cuentan es la cinegética, pero es una vía que se está agotando. “La caza de conejos es una modalidad poco atractiva, los cazadores se gastan una fortuna en cartuchos y se están empezando a retirar”, explica el presidente de la plataforma. Por eso piden a la Consejería de Agricultura mantener un encuentro para abordar el problema. “Hemos contactado en varias ocasiones, pero hasta la fecha el nuevo consejero no ha podido atendernos”, explica Manuel Latorre. 

La Plataforma sí ha tendido varios contactos con el departamento de Caza y Pesca del ejecutivo aragonés, “pero es una vía agotada, nos dicen que no pueden hacer nada más”, confiesa Latorre, que recuerda como durante el mandato del consejero Joaquín Olona Aragón llegó a ser una comunidad referente a la que otras acudían en busca de ideas para acabar con la plaga de conejos en sus territorios, “era la comunidad en la que más modalidades cinegéticas existían para combatir las plagas”, apunta el presidente de PAIDAS.  

Cada vez más pueblos afectados por una plaga con un alto nivel de adaptación

Uno de los últimos censos de conejos que se llevaron a cabo tuvo lugar en los municipios de la comarca de Valdejalón, “en 2022 aproximadamente”, apuntan desde PAIDAS. El resultado arrojó una cifra de 140 conejos por hectárea, un dato que los afectados consideran muy alto y que aseguran que ha aumentado desde entonces. “Si tenemos en cuenta que una coneja hembra es fértil cuando tiene tres meses de vida, eso supone que puede tener hasta cuatro partos anuales, con una media de entre tres y ocho gazapos” explica Manuel Latorre. “Una coneja que nace en enero, en septiembre puede ser abuela”, añade.

El consumo diario de alimento de un conejo está entre 80 y 120 gramos, alimento que obtienen de los cultivos que tengan cerca: campos de cereal, troncos de árboles frutales, hortalizas, alimento de ganado, etcétera, lo que supone una importante pérdida para los agricultores, y también para los ganaderos. “La capacidad de adaptación de estos conejos está fuera de lo normal”, advierten desde la plataforma, que han visto cómo proteger los árboles no sirve de nada, “los conejos salan, y hemos visto troncos mordidos a partir de un metro sesenta de altura y hasta a dos metros”. 

Una de las soluciones, que la plataforma asegura que ya se está aplicando en Madrid, es una Ley que obligaba a Fomento a mantener las infraestructuras (autovías, AVE, barrancos, etcétera) limpios de especies cinegéticas, aunque desde PAIDAS no tienen esperanzas de que funcione en Aragón, al menos por el momento. 

La plaga afecta a multitud de escenarios, más allá del campo

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la plaga de conejos no solo afecta a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad, sino que también están generando importantes afecciones en infraestructuras y otros sectores. Por ello, explican que el ejecutivo “está trabajando para buscar soluciones” desde una perspectiva “multidisciplinar”. 

Ante la petición de una reunión con el consejero Javier Rincón por parte de la plataforma PAIDAS, fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón informan que representantes de la misma mantuvieron ya un encuentro con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, y recuerdan que su Consejería es “un agente más” dentro de la búsqueda de soluciones en la que se está trabajando desde el ejecutivo. 

También confirman que ya se ha solicitado la elaboración de un informe actualizado de la situación de la plaga de conejos en la comunidad al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Carlos Calvete, investigador del Departamento de Ciencia Animal del CITA, será el encargado de llevar a cabo dicho informe de situación. 

Un hombre de 40 años de edad ha perdido la vida este jueves en un accidente de caza por las heridas ocasionadas por un arma de fuego en la finca 'El Vallejo', situada en el camino 'El Retamar' de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 11.11 horas. Al lugar ha acudido la Guardia Civil y una UVI.

Se trata del primer accidente mortal por actividad cinegética que se registra este año en Castilla-La Mancha, región que el año pasado sumó cuatro sucesos de este tipo, dos de ellos en la provinciad de Ciudad Real y otros dos en la de Toledo.

Precisamente, este jueves, elDiario.es Castilla-La Mancha publica un artículo en el que Colectivos contra la Caza denuncia la “falta de rigor” en los datos oficiales de los accidentes de caza. Según esta agrupación de asociaciones y colectivos, Castilla-La Mancha es la comunidad con más personas fallecidas mientras cazaban.

Los datos mencionados, explican, se basan en un recuento propio de los siniestros ocurridos en cada comunidad autónoma. Según estos datos, efectivamente, Castilla-La Mancha es la región donde se han registrado más incidentes mortales, seguida por Andalucía, con tres personas muertas, y una en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid, respectivamente.

Desde la Junta de Comunidades castellanomanchega apuntan a que la Administración regional “no es la responsable” de este tipo de estadística, que sí se recopila a través del servicio del 112 dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Castilla-La Mancha registró cuatro accidentes mortales por actividades cinegéticas en 2024. El primero de ellos, el 27 de enero, cuando un hombre de 79 años murió tras recibir un disparo mientras cazaba. Ocurrió en la localidad de Los Navalucillos en Toledo. Otro cazador murió en el mes de septiembre, el día 30, tras precipitarse del árbol en el que estaba “al acecho” mientras cazaba en Añover de Tajo, también en Toledo.

El 8 de diciembre, un hombre falleció por el disparo de una escopeta, en Almadén, Ciudad Real, y otro el día 21 del mismo mes, también por un disparo, en San Lorenzo de Calatrava, en Ciudad Real. Son datos del Servicio de Emergencias del 112, a los que cabe añadir, otros tres incidentes de cazadores heridos en cacerías en varios puntos de la región.

Según Colectivos contra la Caza, Castilla-La Mancha es la comunidad con más personas fallecidas mientras cazaban. Pero esta agrupación de asociaciones y colectivos advierte también de la “falta de rigor” en los datos oficiales de los accidentes de caza, y se basa en un recuento propio de los siniestros ocurridos en cada comunidad autónoma. Según estos datos, efectivamente, Castilla-La Mancha es la región donde se han registrado más incidentes mortales, seguida por Andalucía, con tres personas muertas, y una en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid, respectivamente.

Desde la Junta de Comunidades castellanomanchega apuntan a que la Administración regional “no es la responsable” de este tipo de estadística, que sí se recopila a través del servicio del 112 dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. De esta manera, apuntan a que los que sí son responsables son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este medio ha consultado al Ministerio de Interior al respecto. El departamento del Gobierno de España explica que “no se contabiliza” esta tipología de accidentes, sino las “denuncias de posibles delitos”. Desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha se han ofrecido los datos señalados con anterioridad.

Piden un estudio que permite disponer de estadística

El movimiento Colectivos contra la Caza critica la “falta de estudios y datos oficiales sobre los muertos, heridos y accidentes vinculados a la actividad cinegética y la carencia de rigor en los datos que difunde el Gobierno”. Asegura que el Ministerio de Interior “debería tomar medidas urgentes”, al considerarlo el “directo responsable” de la regulación de tenencia de armas en el país.

Por eso, pide también que se realice un estudio sobre los accidentes provocados por cazadores que permita disponer de estadística. Otra de sus reclamaciones pasa por que se considere a los accidentes de tráfico provocados por animales, durante y tras jornadas cinegéticas, como “accidentes provocados por los cazadores y gestores de cotos”.

Igualmente, exigen que haya controles de alcoholemia y estupefacientes “periódicos” en los cotos de caza, y exámenes psicotécnicos “más restrictivos y periódicos”.

Finalmente, insisten en limitar la edad de caza hasta los 70 años y restringir la presencia de menores.

La Federación de Caza habla de “imprudencia, ambición y fatalidad”

Entidades relacionadas con la actividad cinegética como la Federación de Caza de Castilla-La Mancha han realizado un llamamiento a la “prudencia y seguridad” en las acciones de caza, recordando que en el último mes de 2024 se sufrieron dos accidentes mortales y uno “muy grave” durante una montería.

“La imprudencia, la ambición y alguna vez la fatalidad, están detrás de la mayoría de estos hechos desgraciados, por ello instamos a todos los cazadores a que extremen las medidas de seguridad, cumplan la normativa y actúen con sentido común, para evitar cualquier situación de riesgo”, señalan a preguntas de elDiarioclm.es.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha insisten en que su competencia se reduce a la regulación de la actividad cinegética, como por ejemplo la relacionada con los permisos para los puestos y cotos de caza, así como la definición de las especies y la temporada en la que se pueden cazar.

El Gobierno de Emiliano García-Page se limita a señalar que “recomienda” el cumplimiento de “todas las medidas de seguridad”, tal y como se establece en el Reglamento de Caza regional, y resalta que es un requisito conocer estas medidas para obtener la licencia de caza.

Hay que tomar los datos desde el punto de vista relativo. Lógicamente, el número de actividades cinegéticas en Castilla-La Mancha es mucho mayor que el que se puede producir en cualquier parte de la zona norte de España

Luis Fernando Villanueva — Fundación Artemisán

“Es cierto que aunque solo fuera un accidente mortal, ya es una cifra grande”, reflexiona en conversación con elDiarioclm.es el director de la Fundación Artemisan, especializada en la defensa de las acciones cinegéticas, Luis Fernando Villanueva. Los cuatro accidentes de 2024 le parecen una “absoluta desgracia”, pero también matiza que esos datos deben contrastarse con las “miles de actividades” de caza que se producen al año en esta comunidad autónoma para sacar conclusiones. “Habría que hacer un estudio y compararlo con otro tipo de actividades de riesgo”, señala Villanueva.

“Pero lo que sí hay que hacer lógicamente es trabajar mucho en prevención, formar tanto a cazadores como organizadores”, señala. “Hay que tomar los datos desde el punto de vista relativo”, asevera. “Lógicamente, el número de actividades cinegéticas en Castilla-La Mancha es mucho mayor que el que se puede producir en cualquier parte de la zona norte de España”, añade, al respecto.

También rechaza que no exista un estudio de estadísticas al respecto, y apunta a las compañías de seguro especializadas en actividades cinegéticas como Mutuasport que “por supuesto que lo tienen”. Este medio se ha puesto en contacto con dicha compañía, sin recibir respuesta de momento.

También critica que este tipo de asociaciones “olviden” que se trata de una actividad “completamente necesaria” para la “socioeconomía de nuestros pueblos y también para nuestro medio ambiente”. “Nuestros espacios protegidos están gestionados por cazadores, es la gente que realmente gestiona el campo”, remata.

Las asociaciones ecologistas de Extremadura se oponen a la futura declaración de emergencia cinegética en la región por supuestas enfermedades y por la sobrepoblación de animales en determinadas zonas, ya que, entre otras razones, dudan de su eficacia, tal y como expusieron en la reunión del Consejo Regional de Caza celebrada en Badajoz el pasado 13 de septiembre.

En esa reunión, el representante de Junta de Extremadura expuso el borrador del nuevo decreto sobre emergencia cinegética en la comunidad autónoma, que, a juicio de los ecologistas, continúa con la regulación marcada desde el año 2017.

El representante de Ecologistas Extremadura propuesto por las asociaciones conservacionistas consideró que este decreto no es más que una forma “de dar vía ancha a los cazadores para cazar en cualquier época del año”. Estas organizaciones dudan de la eficacia de esta medida para controlar patologías, a la vista de los años que se vienen realizando sin que aparentemente cambie la situación sanitaria.

A juicio de las ONG, si se declaran emergencias deben de ser por un tiempo delimitado por razones técnicas objetivas, ya que es “inaceptable” que sea de carácter indefinido por ser dañino sobre la naturaleza y las especies cinegéticas. En este sentido, advirtieron de que, por ejemplo, se influye en las épocas de reproducción de la mayoría de las especies.

Los ecologistas plantearon que si se busca rebajar los tamaños poblacionales, que es una de las motivaciones para la emergencia, hay que actuar contra la suplementación de alimento para los jabalíes y tener en cuenta que “una mayor presión cinegética, según varios estudios, provoca que haya mayor número de ejemplares, pero de menor tamaño, por la gran adaptación reproductiva de esta especie”. Y además apuntaron que una de las causas del problema de las enfermedades puede estar en ocasiones en que, al quedar los cadáveres de jabalíes ocultos entre la vegetación, las aves carroñeras no puedan llevar a cabo su labor sanitaria. Esto puede llevar a que los propios jabalíes puedan comer carne que puede tener infecciones.

Las asociaciones representadas en el Consejo Regional de Caza fueron ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, Ecologistas en Acción de Extremadura, Ecologistas Extremadura, GRUS y Sociedad Extremeña de Zoología. 

La empresa inmobiliaria y de instalaciones de clínicas del mediático cirujano Pedro Cavadas ya ha encontrado sus primeros obstáculos en la construcción de una granja cinegética de muflones en el término municipal de Mira, ubicado en la Serranía Baja de Cuenca, casi en la frontera con la Comunitat Valenciana.

El objetivo de este proyecto, cuyos detalles ya adelantó elDiarioclm.es, es criar estos animales para después cazarlos. Es decir, soltarlos vivos, como ocurre con otras especies. Se trata de una iniciativa que ya nació con polémica por el rechazo de colectivos ecologistas, vecinos de la comarca y colectivos ciudadanos que combaten la proliferación de macrogranjas en Castilla-La Mancha.

La empresa promotora es Ruoxiao S.L. cuyo dueño es el doctor Pedro Cavadas, muy conocido por sus operaciones de reconstrucción microquirúrgica. Es también un avezado cazador de tiro con arco, tal y como él mismo ha manifestado en numerosas entrevistas y apariciones públicas.

Esta empresa figura en el Registro Mercantil como Sociedad Limitada y su actividad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. También figura la explotación de instalaciones de clínica por facultativos para diagnóstico e intervenciones quirúrgicas, así como la compra, venta, parcelación y urbanización de toda clase de terrenos.

La especie cinegética objeto de producción en la granja proyectada, es el muflón, originaria de las islas de Córcega, Cerdeña y Chipre, habiendo proliferado con introducciones practicadas en terrenos cinegéticos. Su hábitat idóneo corresponde con zonas montañosas, tanto en bosques abiertos como en amplios pastos. En la provincia de Cuenca, el muflón se encuentra en expansión, destacando la Sierra de Altomira y Serranía Baja.

En paralelo a la polémica por su nuevo proyecto, el expediente administrativo para la construcción de la granja de muflones ha seguido su curso durante este año. Hace unos meses la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca formuló un primer informe de impacto ambiental de la primera fase del proyecto: el vallado de la granja dentro de la Finca Hoyas de Caramba del municipio conquense de Mira, en una superficie de 322 hectáreas.

Se trata de un documento previo de análisis, antes de evaluación ambiental definitiva, pero ya arroja algunos detalles relevantes y numerosas pegas por parte de la Administración castellanomanchega.

Según este informe, los objetivos de producción iniciales están enfocados a la mejora genética, reposición y sustitución progresiva de ejemplares existentes en el coto contiguo, cuya titularidad también es de Ruoxiao con una superficie de 569 hectáreas y que se encuentra ubicada en el término municipal de Villargordo del Cabriel (Valencia).

Como segundo objetivo, esta granja producirá ejemplares para su comercialización, realizándose la venta en vivo en otros acotados o comercializando su carne y subproductos. El objetivo es introducir una población inicial de 129 ejemplares, 120 hembras y 9 sementales.

De los residuos a la ZEPA

En el primer periodo de tramitación y consultas, realizado hace un año, presentaron alegaciones al proyecto, entre otros, el Ayuntamiento de Mira, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) o Ecologistas en Acción de la Manchuela (Cuenca y Albacete), así como varios particulares. Pero las observaciones que realiza el Gobierno regional, una vez analizada la documentación que obra en el expediente, va más allá.

En primer lugar, señala en el informe previo que el proyecto no indica el origen del agua para abastecer a los animales. Recuerda al respecto que existe un coto contiguo, el mencionado de Villalgordo del Cabriel, y que “no se ha analizado el efecto acumulativo y sinérgico” con el coto ya implantado. También alerta de que la empresa no describe la gestión de residuos generados por la actividad.

Además, añade que el área norte del cerramiento perimetral linda con la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”, perteneciente a la Red Natura. El plan de gestión de esta zona protegida establece usos compatibles “siempre que no supongan impactos ambientales apreciables”.

En el informe se describen algunas especies de avifauna de la zona como el águila perdicera, actualmente en peligro de extinción dentro del Catálogo Regional de Castilla-la Mancha. Concretamente en la mencionada ZEPA próxima al proyecto de Cavadas existen “territorios históricos de nidificación y cría de esta especie. A ello añade zonas de campeo de rapaces forestales como el águila calzada, catalogada como ”de interés especial“”.

Así, según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en Cuenca, las principales repercusiones del cerramiento y de la granja cinegética serán, en su fase de construcción, “molestias a la fauna silvestre y afección a vegetación natural, principalmente en los trabajos de instalación y mantenimiento del vallado”.

Pero hay más. Alerta de que ese mismo cerramiento supondrá la “detracción de hábitat y desplazamiento de otras especies cinegéticas presentes” como corzo, gamo, ciervo, cabra montés y jabalí, hacia terrenos colindantes, entre otros, la mencionada ZEPA. Eso, aparte de la “fragmentación de hábitat y efecto barrera para fauna silvestre protegida”.

También avisa del riesgo de afección sobre la vegetación si la carga de ejemplares durante la explotación compromete la regeneración natural de bosque, así como de la aparición de fenómenos erosivos y pérdida de suelo o afección a comunidades vegetales higrófilas (que necesitan ambientes húmedos) protegidas asentadas sobre rezumaderos y afloramientos de agua en la construcción de charcas, al privarles de este recurso hídrico.

Con todo ello, el Gobierno regional concluye que debido a las características topográficas de la finca, en una muela con laderas vertientes a un barranco y con una vegetación predominante de pinares, el proyecto “no parece reunir características para abordar los trabajos de cría, manejo, control sanitario y vigilancia propios de una granja de producción, además de suponer un cerramiento de mayor superficie y longitud con el consiguiente efecto barrera y fragmentación de hábitat sobre la fauna”.

Este argumento se sustenta en el propio Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que estipula los requisitos para granjas cinegéticas de caza mayor: la superficie máxima que podrá ocupar la granja será la que permita realizar un control sobre el total de la población existente dentro de la explotación. “Los parámetros de diseño del proyecto presentado no cumplen con este requisito”, destaca el informe.

Ahí no acaban las pegas. El documento de análisis también desvela que la promotora no describe el programa de cría “con suficiente nivel de detalle”, ni se valoran afecciones “teniendo en cuenta la población máxima de muflón, según productividad y estacionalidad”.

“Acumulación de impactos”

Como consecuencia de este análisis, y teniendo en cuenta la naturaleza del impacto, la probabilidad del mismo y la “posible acumulación con los impactos de otros proyectos existentes en la zona”, la Delegación provincial del Gobierno castellanomanchego establece que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, de carácter ampliado, por tener “efectos significativos en el medio ambiente”.

Este medio ha vuelto pedir la valoración del doctor Pedro Cavadas mediante escritos dirigidos a la empresa promotora y también la Fundación y clínica que llevan su nombre. Tampoco en esta ocasión ha habido respuesta. 

Aunque no tiene más de un millar de habitantes, Mira es el séptimo término municipal más grande de la provincia de Cuenca debido a que ocupa más de 200 kilómetros cuadrados. En sus campos abundan los cultivos agrícolas de tipo leñoso más destacados como viñedos, almendros, frutales y olivos. También se cultivan cereales como el trigo y la cebada y son abundantes huertas cercanas al río Ojos de Moya que cruza el pueblo (denominándose a partir de ahí como río Mira) y riega los campos hasta desembocar en el Embalse de Contreras.

La noticia del proyecto de Cavadas ya recorrió las calles del pueblo. Aunque este proyecto está más cerca del núcleo poblacional de Villargordo, varios comerciantes consultados explicaron que, aunque el territorio es muy grande, los espacios de caza suelen tener impactos para los cultivos y para los terrenos colindantes: las “afueras” del pueblo.

Se da la circunstancia de que esta misma semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el informe favorable para convertir en “proyecto prioritario” la instalación de una planta de soldadura en el término municipal de Mira. Utilizará un método innovador para la soldadura de metales a través de la conexión de diferentes metales y contará con una cantera para la extracción, pulverización y trituración de piedra dolomita, cuyo principal destino es la construcción y una fábrica de prefabricados de hormigón.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que esta nueva planta supondrá una inversión de algo más de diez millones de euros y la creación de 44 puestos de trabajo.

Es una “amenaza pionera” en España. Esta una de las conclusiones a la que las organizaciones ambientales y ecologistas han llegado sobre la polémica reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permitirá cortar vías pecuarias y caminos públicos para que se practique la actividad cinegética. Esta medida, aprobada “de tapadillo” en la denominada 'Ley de Acompañamiento' de los Presupuestos regionales, todavía tiene que desarrollarse en un futuro reglamento y debatirse en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Pero su controversia no ha cesado desde hace dos meses. Los ambientalistas y ecologistas quieren pararla y estudian llevarla a los tribunales.

El argumento principal que defienden los contrarios a esta medida es que esta reforma otorga derechos cinegéticos a los cazadores, a titulares privados de cotos, frente a un bien público como son los caminos y frente a derechos constitucionales como el libre tránsito de la ciudadanía.

Así lo van a detallar Ecologistas en Acción y WWF en las IX Jornadas de Vías Pecuarias, Caminos Públicos y Ganadería Extensiva que se celebran este sábado en Maranchón (Guadalajara). Parten del hecho de que el deber de las administraciones es respetar los caminos públicos, de titularidad municipal, y las vías pecuarias, de titutlaridad autonómica.

No aceptan que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya defendido esta reforma amparándose en la seguridad de la ciudadanía, como explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con elDiarioclm.es. Principalmente, porque si así fuera no se hubiera incluido “de tapadillo”. “Eso ya significaba algo: cuando intentas encubrir es que no quieres darle publicidad porque algún problema puede haber”, indica a este periódico Juan Carlos Tomás, coordinador de las jornadas.

Atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados

Juan Carlos Tomás — Ecologistas en Acción de Guadalajara

“Las excusas son bochornosas y engañosas. Se trata siempre de fomentar la caza y esta región es pionera en coartar. Primero se ampararon en el control de poblaciones de animales, después defendieron la seguridad del propio cazador y ahora hablan de la seguridad de los viandantes. Pero esto último es un claro engaño, porque esa seguridad ya está garantizada con la prioridad del viandante sobre los cazadores, incluso con distancias de seguridad”, argumenta.

Para el también miembro de Ecologistas en Acción, el frontal rechazo de las organizaciones ambientalistas parte de que la reforma no solo supone cortar caminos y prohibir el paso. “Es que atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados, lo de los cotos de caza. Esto es muy importante. Nunca se ha otorgado un derecho a titulares privados sobre dominios públicos y más para una explotación económica”.

Para Juan Carlos Tomás, esto supone la “transgresión de derechos constitucionales” y de normas básicas de las propias legislaciones de vías pecuarias y caminos públicos. “Estas vías son de titularidad de la ciudadanía, de uso público. ¿Por qué ahora se le da prioridad a la escopeta frente al uso del ciudadano de un bien público, frente a sus derechos constitucionales?”, se pregunta.

Es el motivo por el que estas organizaciones están estudiando la vía judicial. “A nivel de derechos constitucionales, estamos en el mayor rango”. Es decir, es posible que terminen recurriendo la reforma ante el Tribunal Constitucional. También acudirán al Defensor del Pueblo, porque aunque sus recomendaciones no son vinculantes, “suelen tenerse en cuenta”. En paralelo, ya se han dirigido a los ministerios implicados y siguen recabando apoyos para incrementar la “presión social”.

“Mucha gente lo rechaza. No hablamos únicamente de viandantes, senderistas o ciclistas. Hay también empresas y entidades privadas que están apoyándonos. Nos llenamos la boca con el tema de la despoblación, cuando todo el turismo activo que se está desarrollando se basa en la utilización de estos caminos públicos. Hay empresas que viven de ello y que se echan las manos a la cabeza. Es una hipocresía dedicar inversiones a fijar población cuando luego atentamos contra eso. Lo único que lo explica es el poder del lobby cinegético, de una minoría que se impone a una mayoría”,

Hay comunidades autónomas como Extremadura en las que está regulada la posibilidad de cortes temporales de este tipo de vías, con permiso especial de la administración, pero, según Juan Carlos Tomás, es la primera vez que se otorga un derecho cinegético a un titular privado sobre un uso público. “Somos, desgraciadamente, pioneros en coartar”.

Uno de los temas que se abordarán en las jornadas y que preocupan especialmente a las organizaciones ambientalistas es la “desprotección” de los caminos públicos. Según la ley, deberían estar inventariados y registrados en cada ayuntamiento, para otorgarles legalidad cuando se producen cortes. Pero la gran mayoría no lo está.

“Las grandes fincas privadas tienen mayor poder judicial cuando se inician litigios mientras que la mayoría de ayuntamientos no disponen de esos recursos. Esto sucede porque no se cumple la obligación del inventario. Propusimos una línea de ayudas para fomentar estos registros, pero no ha llegado a ningún sitio”.

Otras amenazas “clásicas” y el papel de las fotovoltaicas

En el evento de este sábado también van a analizarse “amenazas clásicas” de los caminos públicos y vías pecuarias, como son las “ocupaciones ilegales, las inclusiones en determinadas fincas y en zonas agrícolas, o su utilización ”vertederos escondidos“.

A todo ello se unen también los proyectos de instalaciones de energías renovables, en especial los fotovoltaicos, porque con ellos se cortan y se vallan estas vías.

“Hasta hace un tiempo las empresas intentaron la compra de caminos públicos mediante procesos de desafectación, convirtiéndolos en privados. Hemos conseguido que se haga retroceder en algunos de estos trazados, pero ahora la nueva moda es arrendar el camino público directamente. Se alquilan durante 30 años, se coarta el paso y cuando pasen tres décadas, ya nadie se acuerda de que por ahí había un camino. También estamos luchando contra ello”, concluye el coordinador de las jornadas.

En este acto colabora también la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y la Asociación Micorriza. El objetivo es difundir “las graves amenazas que se ciernen sobre este patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos”. Intervendrán historiadores, representantes de la PICP, de Ecologistas en Acción, de WWF, ganaderos y apicultores locales. También se realizará un homenaje al histórico ecologista recientemente fallecido Suso Garzón.

El domingo se realizará una marcha apta para todos los públicos por el Camino Real de Aragón acompañando a un rebaño de ovejas, y al mediodía finalizarán las jornadas con migas de pastor para todos los asistentes.

Ya es el noveno año en que estas organizaciones reivindican y exigen a las administraciones que cumplan con sus deberes legítimos de protección, recuperación y mantenimiento de estos bienes públicos. Quieren, ante todo, que “puedan cumplir con su función de conexión entre los distintos pueblos de nuestra geografía”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve “a escondidas” una norma para permitir cazar en caminos públicos y vías pecuarias. Lo ha denunciado Ecologistas en Acción, quien señala que el Ejecutivo regional está tramitando esta iniciativa como enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024. Con ello, alegan, “impide la participación y trata de ocultar del conocimiento público las cessiones al lobby cinegético”.

Concretamente, esta organización detalla que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha va realizar con esta enmienda un “cambio sustancial” de la Ley de Caza que tiene como finalidad el permitir la práctica de esta actividad en los caminos públicos, senderos y vías pecuarias, hasta ahora espacios declarados zonas de seguridad y en los que por lo tanto no se puede cazar.

La forma de llevar a cabo este cambio normativo es un “lamentable ejemplo de ausencia de transparencia y de participación”, ya que en lugar de seguir los procedimientos habituales y reglados para modificar la ley, se ha previsto que esta se cambie en el trámite de la Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha iniciado en la Cortes regionales el pasado 6 de febrero.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda al borrador de Ley de Medidas Administrativas a través de la cual se modifica la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha incorporando un nuevo apartado c) en el artículo 50 dedicado a las zonas seguridad.

Este nuevo apartado habilita a la Consejería de Desarrollo Sostenible a “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”.

“Durante las horas que dure la cacería”

Establece que únicamente podrá realizarse esta práctica “durante las horas que dure la cacería y siempre que cuenten con la autorización de la persona titular de la infraestructura para cortar el acceso de personas y se encuentre debidamente señalizado”. También establece la condición de que se garantice que no haya “peligro para personas, ganado, animales domésticos o especies de fauna silvestre no cinegética”.

Para Ecologistas en Acción, a efectos prácticos, esta modificación de la normativa cinegética supone “dejar sin sentido” por la vía de la autorización de las Direcciones Provinciales la “esencia” de las zonas de seguridad, cuya incorporación a la Ley de Caza responde a la necesidad de preservar la seguridad de las personas y de garantizar el uso público y la conservación de espacios públicos como son los caminos y las vías pecuarias.

“El cambio de esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”, añade.

Supone por tanto un “lamentable ejemplo” como lo sucedido en la ruta del Chorro que encauza un número muy importante de visitas al Parque Nacional de Cabañeros, y en la que la disposición de los puestos de caza de una montería “suponía un riesgo para quienes accedían a ella”.

“Con la nueva normativa los titulares de la actividad de la caza podrían ser autorizados para cortar la ruta. Todo ello en línea con lo que el lobby cinegético viene pidiendo desde hace años para dar prioridad a la caza frente al uso público principalmente en las comarcas con más actividad de caza mayor y de cuarteles de caza comercial”.

Ecologistas en Acción ha comenzado ya los contactos con otras organizaciones y entidades que se puedan sentir afectadas por este cambio normativo para intentar pararlo. Asimismo se ha dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para solicitar una reunión urgente para que retiren la enmienda o para que, cuando menos, “la tramiten a través de una vía que permita la participación pública de todos los sectores interesados”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado hoy en el Diario Oficial de la región la resolución por la que se incluye la carne de caza como nuevo producto autorizado de venta directa, uniéndose así al resto de productos agroalimentarios de la región que ya tiene esta posibilidad.

Según recoge esta resolución, el Anexo I del Decreto 71/2020 de 9 de noviembre, por el que se regula en la región la venta directa de productos ligados a la explotación agraria, incluirá la carne de caza proveniente de cotos de caza y granjas cinegéticas ubicadas en Castilla-La Macha con una cantidad máxima por año de 50.000 kilos.

Una característica diferencial de los productos de caza incluidos en venta directa es que están elaborados en empresas de Castilla-La Mancha con registro sanitario, con productos procedentes de caza de cotos o de granjas cinegéticas de la Comunidad Autónoma.

Según señala el Gobinerno regional en un comunicado, en Castilla-La Mancha, las industrias de la carne de caza cumplen estrictamente con las normativas nacionales y europeas de elaboración y transformación de este tipo de carne, conforme a las más estrictas exigencias de higiene y sanidad; a ello, hay que sumar que la actividad cinegética tiene gran importancia en la región, no limitándose solo al carácter deportivo o de ocio, sino a la actividad empresarial que genera y a su influencia en la actividad socioeconómica.

También en ‘Campo y Alma’

Gracias a esta modificación, la carne de caza también se podrá vender en el market de ‘Campo y Alma’, en el que los productores agroalimentarios de la región tienen un escaparate donde poder vender sus productos sin gastos de envío.

Los requisitos que tienen que reunir los productores para poder acceder a la página web donde está el market son que sus productos pertenezcan a alguna de las tres categorías siguientes, productores con DOP o IGP de la región que estén registrados en la Marca de Garantía ‘Campo y Alma’; productores certificados en agricultura ecológica de productos de la región y por último productores registrados en venta directa al amparo del Decreto 71/2020, citado anteriormente, entre los que estarían los de la recién incluida carne de caza.

Por lo pronto, ya hay empresas que han mostrado interés y van a estar en el market, de forma que la sección dedicada a este tipo de carne tendría de momento 47 productos y estarían diferenciados en el apartado de Venta Directa.

En estos momentos, hay un total de 296 productores inscritos en la web en las tres categorías citadas, productores ‘Campo y Alma’; productores venta directa y productores ecológicos 75 y en conjunto suman más de 2.300 productos.

Desaparecido, en una pelea, atropellado, por comer plástico y de un disparo. Así han ido cayendo, uno a uno, cinco de los ocho linces ibéricos liberados en la Región de Murcia el pasado junio: “Resulta especialmente horroroso que la desaparición de uno de ellos y que la muerte de otro esté claramente relacionada con furtivos”, denuncia Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción. El autor confeso de la muerte del lince Tejo asegura que mató al ejemplar al confundirlo con un jabalí, algo que duda el portavoz de la asociación. “Tenemos una larga tradición en nuestro país en la que los cazadores confunden ciclistas, otros cazadores y otras especies con el animal que iban a cazar”, ironiza Luengo, que recuerda que según el informe de los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma, el disparo al lince tuvo lugar a media distancia. Tras su muerte, el lince fue trasladado varios metros y oculto en la vegetación.

La última lince en fallecer, Turma, fue víctima de un atropello el pasado 17 de noviembre en la autovía de Andalucía a su paso por el municipio almeriense de Vélez Rubio. “Los depredadores necesitan un territorio muy amplio para satisfacer sus necesidades. No puede ser que suelten al lince y al mismo tiempo anuncien el proyecto de la autovía que conecta a Lorca con Caravaca, que va a atravesar uno de los territorios mejor conservados de la Región”, apunta Luengo.

Tanto Ecologistas en Acción como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) afean que la suelta de los linces haya tenido lugar sin un Plan de Recuperación del Lince en la Región: “Una estrategia como la que existe en el Gobierno central, como su nombre indica, establece las líneas maestras de intervención. Pero el aterrizaje a nivel local se debe concretar en el plan de recuperación de la especie”, explica Jorge Sánchez, biólogo en ANSE.

Educación ambiental

Desde el Gobierno regional aseguran que la Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico “es el marco en el que se apoyan todas las comunidades autónomas que emprendemos acciones en relación a la conservación de esta especie”, algo que dudan ambas asociaciones ecologistas y naturalistas: “Debería haberse aprobado un Plan de Recuperación que impulsase, entre otros, medidas en el sector cinegético. No hablamos solamente de sanciones, también hay que hacer educación ambiental, potenciar que el conflicto entre la caza y esta especie se reduzca al mínimo”, insiste Luengo. “En la Región han evitado pronunciarse en asuntos medioambientales. Los planes de gestión, manejo y recuperación están por hacer desde hace casi 30 años”, abunda el ecologista.

Para Luengo, la gestión de la suelta del lince en la Región ha funcionado “con el mismo trasfondo con el que se gestiona todo en la Comunidad desde hace décadas”: “Todo es muy mediático, queda todo muy bonito, todo son buenas intenciones, sí. Pero luego no hay nada real, no hay un compromiso real”.

Supervivencia baja

“No sabemos cuales son las cifras de supervivencia en otros lugares. Probablemente sea muy variable y estén muy condicionadas por un efecto simplemente azaroso. Al final son muy pocos individuos y la muerte de unos pocos ejemplares hace una gran diferencia”, reconoce Sánchez. En todo caso, continúa el naturalista, “cuando se reintroduce y se trabaja con fauna silvestre, sobre todo cuando los animales provienen de cría en cautividad, se conoce que su supervivencia tiende a ser baja”.

“La actividad cinegética tiene una importancia en declive porque el número de licencias y el número de cazadores se está reduciendo a pasos agigantados. Pero lo cierto es que explota grandes superficies del territorio nacional y al final es muy raro que se puedan liberar animales en lugares donde no se desarrolle la caza”, lamenta Sánchez. Para el portavoz de Ecologistas en Acción, las carreteras, urbanizaciones o cotos de caza que lindan con el territorio del lince son un “hándicap muy importante para la especie, incluso un riesgo de mortalidad”. El portavoz de Ecologistas en Acción insiste en que las especies animales como el lince necesitan un territorio muy amplio por el que se mueven, se desplazan y van cazando: “La gente tiene que entender que un animal silvestre no es lo que se ve en un zoo, donde se mantiene vivo a un animal en un espacio muy pequeño”.

“Curioso” control de la población

El portavoz de Ecologistas explica que probablemente se dio caza al lince para aumentar la población de conejos u otras especies que depreda esta especie protegida en los cotos de caza: “Algunos hacen lo posible para potenciar la especie que quieren cazar. Pueden soltar ejemplares criados en granja, o eliminar a su depredador natural, que en este caso es el lince”, explica.

En el ámbito de control de población se dan situaciones que Luengo define como “curiosas”: “Por un lado permiten la caza del zorro, pero en ocasiones se dan permisos especiales para la caza de conejos tras las quejas del colectivo de agricultores. Si no se cazase al zorro no habría problema de superpoblación de conejos”, explica.

Otro ejemplo sería el del ciervo, que según Luengo pasó de figurar como especie en peligro en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia a declararse cinegética. “No había ningún ciervo y de repente tenemos ciervos para cazar. Lo que ha pasado es que como han empezado a haber conflictos con agricultores, pues se ha facilitado que pase directamente al estatus de especies cinegéticas”, teoriza el ecologista. Sobre este catálogo, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor se compromete a actualizarlo.

La Región solicitará más ejemplares

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor aseguran que el compromiso del Gobierno Regional con el lince ibérico es “absoluto”: “Es un eje prioritario y va a seguir apostando por ampliar el número de ejemplares en los entornos naturales de la Región”, adelantan.

Desde la cartera de Medioambiente subrayan que el Gobierno regional viene trabajando y colaborando desde hace más de 20 años en proyectos que fomenten la reintroducción y conservación del lince ibérico en la Región. En estos momentos está en marcha el proyecto Life Lynxconnect, que tiene como finalidad “crear un cinturón que una todos los núcleos de población de lince existentes en España (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia) y Portugal para mejorar el estatus demográfico de la especie”.

La Consejería valora positivamente la suelta de linces de este año: “Tomando de referencia la experiencia de otras Comunidades Autónomas con dilatada experiencia, como Andalucía, las incidencias surgidas en cuanto al resto de ejemplares están dentro de los parámetros de normalidad del programa de reintroducción”, defienden.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha firmado un novedoso convenio de colaboración para la realización por primera vez en Castilla-La Mancha de cursos de formación para nuevas personas cazadoras, especialistas en métodos de captura homologados, y vigilantes de caza.

La firma la ha llevado a cabo la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, con el presidente de la Federación regional de Caza, Agustín Rabadán; el presidente de APROCA Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva; presidenta de la Asociación ATICA Castilla-La Mancha, Ángela Ormeño y el secretario del centro EFA Oretana, Juan Carlos Moraleda.

Se trata, ha dicho la consejera, de “un nuevo ejemplo de colaboración” para potenciar la actividad cinegética, que el Ejecutivo de García-Page “considera fundamental para el desarrollo socioeconómico del mundo rural”.

Ha señalado que este convenio es “pionero” en Castilla-La Mancha y gracias al mismo “facultamos por primera vez a las asociaciones y federaciones profesionales para que formen en la actividad cinegética, bajo supervisión de nuestra administración, a los futuros cazadores y cazadoras, y a los vigilantes de cotos en sus propias instalaciones, logrando una promoción añadida de la actividad”.

Los objetivos que recoge este convenio fueron incluidos en el ‘Pacto por la Caza’ firmado por el presidente García-Page en mayo, y forma parte del compromiso para “simplificar la burocracia administrativa y fomentar la actividad cinegética como nicho de empleo en el medio rural”. Una actividad que, según la consejera, en Castilla-La Mancha cuenta con 115.000 licencias, moviliza 600 millones de euros al año y crea cerca de 14.000 empleos.

Además, se trata de un sector con el que también se ha contribuido a disminuir la tasa de paro regional “que ha pasado del 27 al 11,85 por ciento, reduciéndose a menos de la mitad desde que García-Page es presidente, la cifra más baja de la historia de la región”.

También ha indicado que tal y como se recoge en este Pacto, “no sólo hemos venido recuperando desde 2015 los cotos sociales, sino que año tras año, los vamos ampliando, y ya en la presente temporada son nueve en la región, con un total de 13.000 hectáreas cinegéticas de cotos sociales los que ponemos a disposición de nuestros cazadores y cazadoras”. El último en ponerse en marcha ha sido el coto social de Riofrío, en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), con una superficie de 825 hectáreas.

Novedades del convenio

El convenio recoge que quienes sean considerados aptos tras aprobar los correspondientes exámenes (que constan de una parte teórica y otra práctica), obtendrán la licencia de caza de la región, la habilitación para el uso de métodos de captura homologados para el control de predadores en aquellos cotos que lo tengan autorizado y estarán capacitados para desarrollar las funciones de vigilante de caza en terreno cinegético.

En este último aspecto la titular de Desarrollo Sostenible ha hecho especial hincapié, “puesto que en su contenido el Convenio recoge una demanda fundamental para el sector como ha sido recuperar la figura del vigilante del coto de caza que se suprimió en la Ley de 2015 del PP cuando gobernaba la región”.

Gómez, que ha estado acompañada del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha avanzado que hoy mismo se va a lanzar una campaña en las redes sociales de la Consejería en favor de la actividad cinegética sostenible, para la que ha solicitado la colaboración del sector en su difusión, aprovechando que acaba de empezar la nueva temporada de caza mayor y menor.

De esta forma, a través de vídeos e imágenes en los distintos canales de Twitter-X, Facebook e Instagram “queremos visibilizar la importancia del sector como puntal para el desarrollo de las zonas rurales donde se realiza esta actividad. Y también como práctica sostenible para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de ciertas especies”. Como ha concluido Mercedes Gómez, se quiere impulsar la actividad animando a la población, especialmente a las mujeres.

La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia dictó órdenes de caza para las temporadas 2019/ 2020 y 2020/ 2021 sin efectuar una evaluación ambiental. El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha reabierto ahora la investigación a petición de la Audiencia Provincial, que entiende que el departamento gubernamental no cumplió con las directrices contempladas para tramitar la normativa de la actividad cinegética.

El magistrado Juan Miguel Ruiz ha llamado a declarar como imputado al actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, que en aquel momento era director general de Medio Natural.

El origen de la causa está en la denuncia en 2020 de ANSE y Ecologistas en Acción -representadas por el abogado Ginés Ruiz Maciá-, en la que reclamaba investigar también a los exconsejeros de Medio Ambiente, Javier Celdrán y Antonio Luengo, quienes por el momento no han sido citados por el juez; aunque sí que se convocó como testigo al exdirector general de Medio Ambiente, Francisco Marín.

El juez ha ordenado una prórroga de seis meses para el proceso después de que la Fiscalía haya pedido también reabrir las diligencias; por lo que el actual concejal de Seguridad del consistorio capitalino tendrá que presentarse ante el juez el próximo 5 de marzo de 2024. Según portavoces de ANSE, tras esta primera fase de la investigación podría ampliarse la causa y citar a declarar a los dos exconsejeros.

Tanto la organización de naturalistas como Ecologistas en Acción han mostrado su satisfacción por la reapertura del caso, y han recordado que realizaron múltiples advertencias en el seno del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial “por el deficiente funcionamiento en cuestiones de fondo del mismo, lo culminó con el abandono del Consejo en 2019”.

El fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, ha llamado a declarar a Perona para que explique las causas de la aprobación de las vedas de 2020-2021 “a sabiendas de que restaba por emitirse el preceptivo informe de evaluación ambiental de repercusiones”; y para esclarecer “si era o no conocedor de los informes de los servicios jurídicos que avisaban de la necesidad de dicho informe y si urgió de alguna forma al órgano ambiental la finalización y remisión del mismo”. Cita, pero como testigo, al también exdirector general Francisco Marín, para que detalle por qué no pudo emitirse un informe de evaluación ambiental antes de aprobarse la orden para la temporada cinegética de 2020/2021.

La Audiencia Provincial estimó, al revocar el archivo de la causa, que las actuaciones de altos cargos de la Consejería no conllevaban un delito contra el medio ambiente, pero sí de posible prevaricación al no haber “una razón o causa de fuerza mayor que haya impedido la emisión de esa evaluación en tiempo hábil”.

Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso “acabe de una vez por todas por la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y que sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales”.

En este sentido, ANSE y Ecologistas en Acción han recordado que actualmente se incluyen informes de afección a la Red Natura 2000, pero no se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental propiamente dicha que permitiese una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales reclaman al actual Consejero competente en Medio Ambiente, Juan María Vázquez y a la Secretaria Autonómica María Cruz Ferreira un “cambio radical” en la política ambiental que junto con el cumplimiento de la normas apueste por un participación y gobernanza de calidad. 

Este periódico intentó ponerse en contacto con el concejal de Seguridad a través del Ayuntamiento y no ha obtenido respuesta.

La asociación se unirá a la marcha organizada por ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha para reclamar la defensa de la caza como actor esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones rurales

Ciudad Real, 15 de febrero de 2022.- La Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca Castilla-La Mancha) se suma a la movilización convocada en Ciudad Real este jueves, 17 de febrero, por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, con el fin de apoyar y defender las reivindicaciones del sector agrario y ganadero en pos del futuro del mundo rural.

De esta forma, la asociación cinegética participará en la marcha encabezada bajo el lema “Por el futuro y la rentabilidad de la Agricultura y la Ganadería”, que se desplazará desde la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana hasta la Subdelegación del Gobierno, para demandar mejores condiciones en materia agrícola, ganadera y cinegética.

Entre sus reinvincidaciones, APROCA reclamará este jueves el reconocimiento de la caza como una actividad esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones rurales, así como para el ejercicio de una agricultura y ganadería de calidad y favoreciendo la reducción de enfermedades y accidentes de tráfico con su relevancia para el control de poblaciones.

Además, la asociación también se manifestará contra el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, de la que destaca su incompatibilidad tanto con la caza como con la ganadería, lo que podría suponer nefastas consecuencias para las personas que se dedican a esta actividad.

Frente a esto, APROCA subraya que participará, de nuevo junto a ASAPA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, en la gran manifestación por el mundo rural que tendrá lugar el próximo 20 de marzo en Madrid. Un evento que también contará con el apoyo de la Real Federación Española de Caza y la Oficina Nacional de la Caza y que supondrá el colofón a las múltiples movilizaciones organizadas por el colectivo rural en las últimas semanas.

La Fundación Artemisan y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Medio Ambiente contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la “inacción” ante el “ahogamiento” continuo de animales en el Trasvase Tajo-Segura. Se trata de unos hechos que estas organizaciones, junto con otras entidades, ya han puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones, al considerar que los canales de esta infraestructura son “trampas mortales” para muchos animales. Se refieren a especies cinegéticas, pero también a especies protegidas y animales domésticos.

Ambos colectivos han decidido ahora denunciarlo, alegando que muchos de estos animales mueren “con evidente sufrimiento”, produciendo además un “grave riesgo para la salud pública al permanecer y descomponerse los cuerpos en la misma agua en la que perecen, contaminándola y perjudicando de forma directa a la flora y fauna, así como a la población que se abastece o utiliza el agua”.

Las causas que apuntan se centran sobre todo a la “condición física” de estos canales y, concretamente el del Tajo-Segura. Señalan que sus “paredes rampa” impiden que los animales puedan salir cuando caen al aproximarse a beber agua y refrescarse. Las especies afectadas son en su mayoría corzos, aunque también jabalíes y otras especies silvestres, pero también, insisten, animales domésticos.

Esgrimen como prueba los numerosos rescates efectuados por la sociedad de cazadores ‘El Picazo’, colindante con el canal, y las reiteradas denuncias ante la Guardia Civil, los vigilantes del canal y la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, “todas ellas sin resultado alguno”. Según apuntan, así se ha puesto de manifiesta numerosas ocasiones por la parte denunciante pero también por alcaldes de los municipios afectados como Alarcón, Tébar, Casas de Benítez, El Picazo, Villalgordo del Júcar, Fuensante y Barrax.

Al mismo tiempo, la Fundación Artemisan, en un informe técnico presentado ante la Confederación Hidrográfica, ha propuesto numerosas medidas para solventar la situación, desde un vallado perimetral hasta pasos de fauna, instalación de bebederos en los puntos negros, mallazo en el talud o rampas flotantes. Son actuaciones que “no suponen un desembolso importante y que no afectarían negativamente a la correcta circulación”.

Consideran que pasado un tiempo “más que prudencia” y sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la Confederación Hidrográfica, la denuncia se presenta contra el presidente de este organismo de cuenca ya que “a su persona corresponde el cumplimiento de obligaciones generales en relación con las aguas y, además, una concreta función medioambiental”.

Delito de emisiones y vertidos

En opinión de los demandantes, además de numerosos incumplimientos de las obligaciones recogidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, los hechos pueden ser constitutivos de delito de emisiones y vertidos, radiaciones, extracciones, que puedan dañar el medio ambiente, regulado en el artículo 325 del Código Penal.

Con esta demanda, Fundación Artemisan cumple con el compromiso adquirido cuando inició su campaña 'Canales de la muerte' de iniciar acciones legales contra aquellas confederaciones y responsables del ahogamiento de animales en canales por inacción y falta de mantenimiento de las infraestructuras.

En el contexto de esta campaña se han mantenido, o solicitado sin éxito, reuniones con las diferentes confederaciones de todo el país para exponer la problemática y proponer medidas y que Fundación Artemisan y las federaciones de caza seguirán iniciando acciones legales “contra todas aquellas que sigan mirando hacia otro lado”.

La Fundación Artemisan es una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a través de la investigación, comunicación y defensa jurídica, prestando especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas “para al beneficio de los ecosistemas y el mundo rural”. La integra un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo Federaciones de Cazadores, propietarios privados, empresas y particulares. Defiende la actividad cinegética y otros aprovechamientos del medio natural que “contribuyan significativamente a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo económico y social”.

El nuevo Reglamento de la Caza de Castilla-La Mancha ha vuelto a abrir el debate en torno a la actividad cinegética en esta comunidad autónoma, que siempre está a la orden del día. Son muchos los aspectos que regula el borrador que actualmente se encuentra en proceso de participación y que desarrolla la normativa que el Gobierno regional modificó ampliamente para derogar algunas polémicas cuestiones de la ley anterior del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Esas reformas ya fueron controvertidas en su momento y ahora lo es también el Reglamento, aunque en esta ocasión con la oposición del sector de los cazadores.

El texto apunta, en su artículo 22, referido a la responsabilidad en el ejercicio de la caza, que las personas titulares de los cotos serán responsables de las acciones de caza no incluidas en el plan de ordenación cinegética aprobado ese terreno, excepto “cuando se acredite el incorrecto proceder de la persona cazadora”. Es decir, si no puede identificarse al autor de la presunta irregularidad, los dueños de los terrenos tendrán esa responsabilidad. Establece asimismo que cuando las personas titulares actúen como organizadores asumirán, además, las responsabilidades de estos.

Hay más referencias a la responsabilidad en el ejercicio de la caza dentro del Reglamento. En su artículo 44 afirma que las personas organizadoras de cacerías serán responsables en general del cumplimiento de los requisitos y medidas concernientes a la preparación y desarrollo de aquellas, especialmente de las prácticas de seguridad.

Son estos apartados los que han desatado la ira del sector. La Federación de Caza de Castilla-La Mancha considera “muy negativa” la propuesta de Reglamento y con carácter general afirma que supone “un ataque directo al sector cinegético, amenazando su viabilidad y con algunas medidas que dañan e incluso criminalizan al colectivo cazador más allá de lo que establecen las actuales legislaciones regional, nacional y europea”.

Se “criminaliza” a los cazadores

Argumenta la Federación que el Reglamento propuesto por la Junta “criminaliza a los cazadores” ya que, según ellos considera a los titulares de cotos responsables de “delitos” cometidos en sus terrenos aunque no se haya identificado al autor, e incluso “apunta a que las sociedades de cazadores deberían poder obligar a los agricultores a realizar determinadas siembras según las necesidades de la fauna”.

Otro de los aspectos que no ha gustado a los cazadores son las limitaciones a la munición que utilizan para matar animales. En el borrador, el artículo 34 establece que en el ejercicio de la caza solo podrán ser usadas armas reglamentarias, con algunas limitaciones. Por ejemplo, prohíbe disparar y transportar munición que contenga plomo en cotos sociales, zonas colectivas de caza de titularidad pública, montes públicos y humedales.

Este colectivo considera que en el caso de la munición de plomo se plantean en Castilla-La Mancha limitaciones “que superan ampliamente el marco europeo”, al tiempo que se contempla una definición de humedal “muy alejada de la realidad del mundo rural y que en la práctica haría inviable el uso del plomo para la caza”. Se quejan de que todo ello se ha hecho sin establecer periodos transitorios, sin llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias económicas de la medida, “sin valorar la falta de alternativas y sin tener en cuenta que el marco general normativo -la propia ley autonómica- no hace referencia alguna a este asunto”.

A todo ello se une la propuesta de Orden de Vedas para la próxima temporada, que prohíbe la caza de la tórtola, aunque se mantiene como especie cinegética. Se trata de una decisión que adoptó la Comisión de Patrimonio Natural a nivel estatal debido al apremio que imponía el expediente europeo de sanción por cazar esta especie protegida.

Pero los cazadores alegan “los enormes esfuerzos que viene haciendo el sector cinegético desde hace años y estando pendiente todavía de analizar la situación en el conjunto de España”. Creen que no poder cazar a la tórtola “supondría graves consecuencias para el futuro de la especie, ya que no se adopta ninguna medida que garantice la continuidad de una gestión que actualmente únicamente desarrollan los propios cazadores”.

Al margen de las críticas del sector, hay otras medidas del Reglamento que resultan relevantes. Se amplía la prohibición de medios de caza como cepos, gases, venenos, paralizantes, tranquilizantes o explosivos. También se prohíbe auxiliarse, con el fin de cazar o espantar las piezas caza, desde aeronaves de cualquier tipo, vehículos terrestres motorizados o embarcaciones a motor, así como soltarlas desde su interior o usarlos como lugar desde donde se puedan abatir las mismas, con fines cinegéticos o como auxilio. A ello se une la prohibición de lazos, trampas, redes, mallas, reclamos de especies no cinegéticas, o utilizar cerramientos no autorizados o cercas eléctricas.

El borrador de este documento se encuentra aún en proceso de participación: se abrió el pasado 8 de abril y permanecerá en información pública hasta el próximo 6 de mayo.

¿Podríamos tener en los supermercados quesos o yogures de leche de cierva en un futuro cercano? ¿Podría la leche de cierva incorporarse a nuestra rutina de consumo?

Definir las características químicas, físicas, microbiológicas y tecnológicas de la leche de ciervo con el fin de conocer su potencial aptitud para elaborar productos lácteos es el objetivo del estudio ‘Propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y tecnológicas de la leche de ciervo (Cervus elaphus ) durante la lactancia’ que están llevando a cabo el Grupo de Investigación en Calidad Alimentaria y  la Sección de Recursos Cinegéticos y Ganaderos, ambos del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Según la catedrática de la UCLM, Isabel Berruga, una de las responsables del estudio, esta investigación nace del afán de curiosidad pues la sección de recursos cinegéticos y ganaderos del IDR lleva muchos años trabajando con la cierva, haciendo estudios de crecimiento de la cuerna, de la lactación, y “se nos ocurrió en la sección de Calidad Alimentaria a Ana Molina y a mí que podíamos empezar a estudiar la leche que ellos ordeñan sistemáticamente cuando paren las cierva, recogen esas muestras, ver cuánta leche producen, qué calidad tiene de cara a la nutrición del gabato”.

Por ello, con la leche que una vez a la semana los responsables del Sección de Recursos Cinegéticos y Ganaderos ordeñan durante la lactancia de los gabatos, normalmente de mayo a septiembre, se dispusieron a iniciar un estudio para conocer no sólo las propiedades químicas de esta leche sino “ahondar un poquito más para ver cómo esta leche se podría comportar si decidiésemos trabajar con ella a nivel tecnológico, es decir, elaborar derivados lácteos,”, señala.

Hay que tener en cuenta que en un primer lugar la leche que producen las ciervas se utiliza para la alimentación de las crías, y sólo una pequeña parte se recoge para este estudio, del que aún faltan muchos datos. Así, concreta que “antes de empezar a hacer quesos y yogures, decidimos que era importante caracterizar bien la leche de cierva y en eso estamos”.

“Empezamos viendo la capacidad de coagulación que tiene le leche, si se comporta bien cuando añadimos cuajo como si quisiésemos hacer queso; si coagula bien cuando queremos hacer una coagulación de bacterias lácticas como si quisiéramos hacer un yogurt”, señala Berruga, y parece estar claro que “sí la podemos utilizar para hacer yogur y queso”.

Alto en grasa y proteína

Concretamente esta leche de ciervo rojo o ibérico es un “producto con un contenido en grasa muy alto y se comporta de forma muy parecida a la de oveja, es más rica en proteína y en grasa”; físicamente es también parecida a la leche de oveja, con una viscosidad similar y unas propiedades de coagulación parecidas. “Si tuviésemos que compararla con alguna de la que tenemos referencia los consumidores sería a la leche de oveja”, señala. En cuanto a sabor, también tiene como referente la leche de ovino.

También las proteínas, la grasa y el calcio están en un nivel superior a la leche de vaca pero con un contenido energético muy alto por la grasa que contiene lo que llevaría a considerar la posibilidad de productos semidesnatados.

Gran potencial en la región

La producción de leche de cierva podría tener un potencial muy importante en Castilla-La Mancha porque hay muchos cotos donde se explota el ciervo rojo.

Según Isabel Berruga, más allá de los productos lácteos para consumo como el queso o el yogur, “creemos que podría tener mucho interés en el mercado asiático por la importancia que tiene allí el ciervo porque lo consideran un pilar de su medicina tradicional y podría tener una cuota de mercado interesante”.

Actualmente no hay apenas estudios sobre la leche de cierva, tan solo alguno que se ha realizado en Nueva Zelanda pero en este caso se han centrado en cómo es su digestión. Parece, según Isabel Berruga, que “es una leche que se digiere mejor que la de vaca y  que los péptidos que quedan en el suero apuntan a tener propiedades funcionales, son péptidos bioactivos y pueden ser de interés desde el punto de vista de la nutrición”, señala.

Así, la leche de cierva podría sumarse a las de otras especies en el mundo que también se explota como la leche de rena o la leche de burra que se utiliza para hacer derivados lácteos. De hecho  ya existen en Nueva Zelanda granjas donde se está explotando la leche de cierva. “Los datos que tenemos es que hacen quesos que alcanzan en el mercado unos 200 dólares el kilogramo”, apunta Berruga; además, podría tener cierto interés a nivel cosmético ya que, por ejemplo, Nueva Zelanda está exportando leche de cierva a Corea del Sur para hacer distintos tipos de cosmético.

De momento falta tiempo para esto ya que aún están caracterizando todas las propiedades de la leche en los distintos momentos de la lactancia de los gabatos.

Además “otra de las tareas que tendríamos que abordar es la adaptación de la cierva al ordeño. En Nueva Zelanda ya hay granjas que ordeñan de rutina, pero nuestros compañeros ordeñan una vez a la semana. Este  sería el siguiente paso, ver cómo conseguimos adaptar a los animales para que se pudieran ordeñar de forma rutinaria”.

Aunque aun queda tiempo para poder exportar leche de cierva y tener en el mercado quesos de esta leche, aunque de estas investigaciones ya se está elaborando una tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha.

“Volvemos a permitir la entrada de cazadores de fuera de Castilla-La Mancha a la región y estas medidas entrarán en vigor a partir del viernes inclusive”. Son las palabras del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que confirman que esta región, tras la relajación de las medidas contra la COVID que entrarán en vigor esta noche, podrán entrar de nuevo cazadores de otras comunidades autónomas, al igual que sucedía antes de los confinamientos municipales que han estado en vigor durante casi un mes. Lo ha adelantado en un debate en las Cortes regionales sobre esta cuestión, en el que también ha confirmado la ampliación de la temporada de caza mayor en la comunidad autónoma.

Concretamente, el Gobierno regional ha decidido ampliar una semana la temporada de caza mayor, del 21 de febrero hasta el 28 de este mismo mes. El consejero ha explicado que en el Consejo Regional de Caza celebrado este miércoles se informó de la modificación de la Orden de vedas de caza para ampliar en una semana la posibilidad de cazar especies como el ciervo, gamo, mufón, jabalí o el corzo hembra.

También la ampliación del periodo especial de caza de jabalí mediante aguardos o esperas en horario nocturno, que quedará del 1 de marzo al 7 de octubre, mientras que el zorro se podrá cazar sólo en las modalidades de caza mayor hasta el 28 de febrero. Igualmente, se avanzó la posibilidad de estudiar la ampliación de los cotos intensivos de perdices roja hasta el 31 de marzo y, como ha destacado, hubo “unanimidad” para ampliar la temporada cinegética actual y estudiar “posibles ampliaciones” para la temporada 2021/2022.

Escudero se ha referido además a las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno extraordinario en relación a la pandemia, que van a posibilitar recuperar desde este viernes la situación anterior. “Volvemos a permitir la entrada de cazadores de fuera de Castilla-La Mancha a la región y estas medidas entrarán en vigor a partir del viernes inclusive”.

A su juicio, gracias a las medidas y “sacrificios” adoptados en la región se están “salvando vidas”, ha subrayado, para añadir que el Gobierno castellanomanchego defiende la actividad cinegética sostenible en la región y quien tiene “la tentación de presentar un debate falso acerca de la prohibición de la caza se equivoca porque es falso. Nunca se ha prohibido la caza en Castilla-La Mancha, al revés, se ha garantizado ante los momentos de enorme dificultad de la emergencia sanitaria”. “Se ha podido cazar durante la pandemia y se va a seguir pudiendo cazar. Solo se restringió la movilidad cuando se decretó el cierre perimetral de municipios”, ha recalcado.

Tras repasar algunas de las acciones que se han llevado a cabo en este ámbito a consecuencia de la COVID-19, ha explicado que el Ejecutivo está inmerso en el Reglamento de la Ley de Caza que, después del proceso de participación pública, se someterá a información pública “en las próximas fechas”, tras terminar de elaborar un primer borrador.

Ciudadanos: “Los diputados, mayor vector de contagio que un cazador”

Desde Cs, el diputado Alejandro Ruiz ha iniciado su intervención arremetiendo contra la “demagogia y populismo” del consejero, vinculando la caza con la salvación de vidas. “Será salvar vidas de los animales”, de algunos ciervos y jabalíes, ha opinado, criticando que se diga que se ha limitado la movilidad de los cazadores “para salvar vidas” cuando esta actividad se hace al aire libre, de manera individualizada y en medio del monte.

A su juicio, esta actividad “no es la más arriesgada a la hora de la gestión y la extensión de la pandemia” cuando en el propio salón de plenos hay “más riesgo”, al ser “un espacio cerrado sin ventilar”, considerando que “el primer ejercicio de coherencia” lo tenía que dar el Parlamento e incidiendo en que los diputados son “mayor vector de contagio que un cazador en un acecho en medio del monte y mientras esto no les entre en la cabeza la caza va a seguir teniendo un problema en tiempos del COVID en esta comunidad autónoma”.

Dicho esto, ha argumentado que el PSOE ha ido contra la caza y los toros “desde el minuto uno”, ya que aunque no han prohibido la caza, “han prohibido los desplazamientos, luego han limitado la caza”, argumentando que “no se les pasó por la cabeza limitar la vendimia ni la recogida de la oliva, pero sí limitar la caza en plena temporada de caza”, lo que supone un “trato discriminatorio por un prejuicio social y político con la caza”.

PP: “No prohíben andar, pero atan de pies y manos”

Por parte del PP, Lola Merino ha arremetido contra el argumento del consejero de que en Castilla-La Mancha no se ha prohibido la caza. “Es como si le digo que no le voy a prohibir andar pero le voy a atar de pies y manos, y cuando quiera eche usted a correr”. A su juicio, las medidas del Ejecutivo autonómico han sido las de “prohibir” pero “a José Bono y sus caballos lo que haga falta”, ha criticado en referencia a la reciente celebración de un concurso hípico.

La parlamentaria del PP ha destacado que la caza y sus actividades complementarias generan 24.000 puestos de trabajo, por lo que “no es un capricho, es una necesidad”, preguntándose qué piensa hacer el Gobierno autonómico “con las más de 50.000 piezas de caza mayor que se abaten cada año en Castilla-La Mancha y que camparán a sus anchas en las carreteras” teniendo en cuenta que los cazadores no han podido cazar ni por el estado de alarma ni por los cierres perimetrales.

En cuanto a las medidas que ha citado el consejero en relación a la caza ha mencionado que son las que lleva proponiendo el PP desde hace tiempo mientras eran tachadas de “ocurrencias” pero ahora “las aprueban y hacen suyas” ya que, en su opinión, en el Consejo Regional de Caza de este miércoles se dio el visto bueno “a las ocurrencias de Paco Núñez”, por lo que viendo su resultado no se van a cansar, ha asegurado, en traer infinidad de ellas a los plenos.

PSOE: una “utopía y ridiculez”

Es “utopía y ridiculez” decir que en Castilla-La Mancha se ha prohibido la caza, porque no ha sido así, ha argumentado a continuación el diputado socialista Julián Martínez, que ha lamentado el “mal juego” del PP, destacando las 2.000 personas que no se pueden desplazar a la región los fines de semana a cazar pero no las 125.000 que sí tienen licencia para hacerlo en la región, así como el “debate sanguinario” sustanciado por Alejandro Ruiz.

Tras preguntar “en cuántas comunidades autónomas donde tiene presidentes el PP han trabajado para que la caza sea una actividad esencial”, y reseñar como los 'populares' no hablan de la prohibición de cazar en el Parque Nacional de Cabañeros por culpa de una ley 'popular', ha apuntado que el mejor ejemplo de apoyo que está haciendo este Gobierno es el que realiza en el Consejo Regional de caza y el trabajo día a día.

En medio de la polémica surgida por las restricciones a la caza que el Gobierno castellanomanchego incluyó en sus últimas medidas para frenar los contagios y fallecimientos por la COVID-19, ahora la Junta ha decidido ampliar la emergencia cinegética para cazar el conejo de monte, debido a los daños que produce en cultivos. Para ello ha modificado la resolución del pasado mes de abril definida en términos municipales de las provincias de las cinco provincias de la región. En ella se establecía que la fecha final de autorización del periodo de control sería el 8 de febrero de 2021, que coincide con el fin de la temporada general de caza menor. Por eso, al ampliar la emergencia, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad contempla también ampliar la temporada de caza.

El director general de este departamento de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Félix Romero, ha manifestado que la decisión se ha tomado ante las “evidencias de sobreabundancia y de daños asociados a cultivos agrícolas”, lo que “va en consonancia con la significativa reducción en la intensidad de capturas previstas sobre la población de conejo de monte en áreas de la denominada comarca de emergencia cinegética”. Vincula este descenso en primer lugar a la emergencia sanitaria por el coronavirus y después, a la borrasca Filomena, que también “ha impedido ejercer durante varios días estas labores de control”.

“Desde el Ejecutivo regional estamos trabajando intensamente estas semanas con el sector cinegético, que consideramos parte fundamental de la gestión del territorio de nuestra región. Un buen ejemplo es su papel en el control de poblaciones de conejo en la denominada comarca de emergencia cinegética donde, tras evaluar el estado de daños provocados por el conejo de monte sobre cultivos agrícolas e infraestructuras, se hace necesaria la continuidad de la acción cinegética”, argumento. Y debido a ello, anuncia la convocatoria inmediata del Consejo Regional de Caza para ampliar la temporada de caza, “según permita la biología de las diferentes especies con riesgo de sobreabundancia” y buscando que no haya “impacto sobre el resto de fauna protegida”.

De momento, se procederá a una prórroga de la comarca de emergencia cinegética vigente que será efectiva a partir del lunes 8 de febrero a las 00.00 horas. Además, se ampliará para la caza mayor (ciervo, gamo, muflón, jabalí y corzo hembra) y del zorro, que también se podrá cazar en las modalidades de caza mayor. La ampliación del periodo especial de caza de jabalí, mediante aguardos o esperas en horario nocturno, quedará del 1 de marzo al 7 de octubre.

“Que nuestro medio natural no se enfrente a problemas derivados de excesos de población no deseables de determinadas especies”

Como ha explicado Romero, la Administración quiere “ajustar la actividad cinegética a la situación actual para, sin comprometer la salud pública, garantizar que actividades esenciales como la agricultura no se vean comprometidas por daños de fauna cinegética y que nuestro medio natural no se enfrente a problemas derivados de excesos de población no deseables de determinadas especies”. “Entendemos la caza como una herramienta de gestión necesaria en nuestro medio natural y a su vez un sector de gran valor socioeconómico en el medio rural por el que seguimos apostando”, agrega.

Así se ha referido al constante diálogo con el sector cinegético de Castilla-La Mancha que se viene manteniendo especialmente en estas semanas, a través de reuniones, para avanzar e ir adecuando la actividad a la situación sanitaria por la COVID-19 y tomando medidas adicionales “para restablecer las condiciones biológicas de las especies cinegéticas que puedan generar o haber generado unos efectos no deseables por sobreabundancia”.