Acusan al Gobierno de Castilla-La Mancha de promover “a escondidas” la caza en caminos públicos y vías pecuarias

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve “a escondidas” una norma para permitir cazar en caminos públicos y vías pecuarias. Lo ha denunciado Ecologistas en Acción, quien señala que el Ejecutivo regional está tramitando esta iniciativa como enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024. Con ello, alegan, “impide la participación y trata de ocultar del conocimiento público las cessiones al lobby cinegético”.

Concretamente, esta organización detalla que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha va realizar con esta enmienda un “cambio sustancial” de la Ley de Caza que tiene como finalidad el permitir la práctica de esta actividad en los caminos públicos, senderos y vías pecuarias, hasta ahora espacios declarados zonas de seguridad y en los que por lo tanto no se puede cazar.

La forma de llevar a cabo este cambio normativo es un “lamentable ejemplo de ausencia de transparencia y de participación”, ya que en lugar de seguir los procedimientos habituales y reglados para modificar la ley, se ha previsto que esta se cambie en el trámite de la Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha iniciado en la Cortes regionales el pasado 6 de febrero.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda al borrador de Ley de Medidas Administrativas a través de la cual se modifica la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha incorporando un nuevo apartado c) en el artículo 50 dedicado a las zonas seguridad.

Este nuevo apartado habilita a la Consejería de Desarrollo Sostenible a “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”.

“Durante las horas que dure la cacería”

Establece que únicamente podrá realizarse esta práctica “durante las horas que dure la cacería y siempre que cuenten con la autorización de la persona titular de la infraestructura para cortar el acceso de personas y se encuentre debidamente señalizado”. También establece la condición de que se garantice que no haya “peligro para personas, ganado, animales domésticos o especies de fauna silvestre no cinegética”.

Para Ecologistas en Acción, a efectos prácticos, esta modificación de la normativa cinegética supone “dejar sin sentido” por la vía de la autorización de las Direcciones Provinciales la “esencia” de las zonas de seguridad, cuya incorporación a la Ley de Caza responde a la necesidad de preservar la seguridad de las personas y de garantizar el uso público y la conservación de espacios públicos como son los caminos y las vías pecuarias.

“El cambio de esta normativa permitiría cortar sin previo aviso ni publicidad rutas por las que transitan personas y ganadería y que a día de hoy constituyen una importante infraestructura verde para actividades pecuarias, deporte, ocio y turismo en la naturaleza, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para el desarrollo rural”, añade.

Supone por tanto un “lamentable ejemplo” como lo sucedido en la ruta del Chorro que encauza un número muy importante de visitas al Parque Nacional de Cabañeros, y en la que la disposición de los puestos de caza de una montería “suponía un riesgo para quienes accedían a ella”.

“Con la nueva normativa los titulares de la actividad de la caza podrían ser autorizados para cortar la ruta. Todo ello en línea con lo que el lobby cinegético viene pidiendo desde hace años para dar prioridad a la caza frente al uso público principalmente en las comarcas con más actividad de caza mayor y de cuarteles de caza comercial”.

Ecologistas en Acción ha comenzado ya los contactos con otras organizaciones y entidades que se puedan sentir afectadas por este cambio normativo para intentar pararlo. Asimismo se ha dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para solicitar una reunión urgente para que retiren la enmienda o para que, cuando menos, “la tramiten a través de una vía que permita la participación pública de todos los sectores interesados”.