Más de 5.000 firmas contra la medida para “permitir la caza” en caminos públicos de Castilla-La Mancha
Más de cinco mil firmas apoyan la campaña lanzada por varias organizaciones ecologistas para paralizar la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 que “quiere permitir” la caza en caminos públicos y vías pecuarias de Castilla-La Mancha. La enmienda ha sido tachada de “injusta”, “dañina”, incluso “ilegal” o “inconstitucional” por Ecologistas en Acción.
Las firmas se han entregado este lunes en la sede del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y en las Cortes regionales tras haber agotado “hasta el máximo” el diálogo con la Junta de Comunidades, como una “petición expresa” para la retirada de la enmienda para paralizar un procedimiento que, en su opinión, “coarta” el uso del espacio público.
“En esta enmienda se ha hurtado la participación pública, porque se ha incluido a última hora junto a otra que no tiene nada que ver”, resaltó Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha. La modificación de la Ley de Caza regional se ha incluido entre el paquete de enmiendas realizadas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024, y señala que se podrá “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”.
“Consideramos que es ilegal, contraviene derechos constitucionales y supone una grave afección al uso público y al medio rural”, resaltaba Hernández en declaraciones previas al registro de las miles de firmas. “Hablamos de zonas que son de dominio y uso público, que no se pueden privatizar. Están hechas para el tránsito ganadero, en el caso de las vías pecuarias, y de personas, todo en actividades pacíficas”, recordó el portavoz.
"Esta enmienda se ha hurtado a la participación pública"
“Pegar tiros en un terreno que es de todos”
“Tal como está redactado, no hay limitación al derecho de caza. Sí parece que [hay una limitación] horaria, pero no está bien especificado. En el fondo, da igual. Hablamos de cortar caminos en una situación que se podría resolver de otra manera”, afirmaba Hernández, quien lamentaba que se haya resuelto todo “a mayores”.
“Se da la opción no solo de cortar el camino, sino de cazar en él. De pegar tiros en un terreno que es de todos, y se le da un derecho privativo a un señor o señora de cazar. Y nos preguntamos por qué no podemos optar a ese derecho el resto de la ciudadanía”, reflexionaba.
Además, desde la organización de la campaña afirman que no se ha entregado “ninguna justificación” o “informe jurídico” que avale esta reforma, por parte de los diversos interlocutores con los que se han reunido, como el Grupo Parlamentario Socialista o la Consejería de Desarrollo Sostenible. Lamentan, de esta manera, la “ausencia de respuestas” al respecto, en una situación que “coarta un derecho común” de uso de la vía pública.
“El que se haga un ejercicio de caza en estos espacios, impide su uso para el resto de la ciudadanía”, afirmó igualmente. Junto a Ecologistas en Acción, han participado en la campaña diversas organizaciones como la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos de Castilla-La Mancha o la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla-La Mancha.
Estos colectivos aseguran entender que pueda haber demandas de sectores como el cinegético, pero que en este caso se ha tomado una decisión en “clara contravención” a “muchas normativas”. Incluso, advierten, puede llegar a un grado de “inconstitucionalidad si la norma se aprueba”.
La Junta aclara de que se trata de “blindar” los caminos
En una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha negado las acusaciones de estos colectivos. Ha explicado que tanto en la legislación estatal como en la de la comunidad autónoma hay un apartado específico relacionado con la seguridad de las personas cuando se lleva a cabo una cacería.
“Se establecen medidas de distancia para lograr que las personas que discurren por caminos y vías pecuarias tengan protección. Pero cuando hay una montería, puede suceder que los animales atraviesen estos caminos y aunque se dispare desde lejos, puede haber algún tiro en la zona por donde pase algún viandante”.
Esto, afirma la consejera, “preocupa mucho” al Gobierno regional, por lo que ha decidido “blindar” esos caminos con “medidas muy estrictas” que se desarrollarán posteriormente y se incorporarán al Reglamento de Caza. Con ello también se reformaría la normativa regional.
Entre esas medidas concretas que contempla el Ejecutivo castellanomanchego se encuentra la posibilidad de informar al titular de ese camino público o de esa vía pecuaria de que se quiere cortar un tramo concreto y “se tendrá que dar una autorización específica con medidas de seguridad” como señalética o un seguro de responsabilidad civil y penal para ese trazado.
¿Por qué no hubo consulta al Consejo de Medio Ambiente?
Respecto al hecho de que esta medida no haya sido consultada con los miembros del Consejo de Medio Ambiente, Mercedes Gómez recuerda que las enmiendas no conllevan ese procedimiento, pero que sí será así cuando se realice el decreto de modificación del Reglamento de Caza.
“Ahí se convocará el Consejo y se atenderán las demandas que se quieran proponer. Además, ahí es donde tenemos que definir cómo lo vamos a hacer y para qué”, ha precisado. Y ha concluido: “Son medidas de seguridad. No estoy dispuesta a que le pase nada a nadie porque no hayamos tomado todas las medidas de seguridad necesarias para poderlo evitar estando en nuestra mano”.
Medidas tras la aprobación de la enmienda
La campaña en contra de la medida no cesará, incluso tras la previsible aprobación de la reforma. Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, ha asegurado que se pueden seguir “varios pasos”, como informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o acudir al Defensor del Pueblo para informar de que se “trasgredirán” derechos ciudadanos.
“No nos vamos a parar aquí”, resaltó, apuntando a que son muchas las organizaciones que están contra esta medida. “Más allá de tener razón en el punto de vista legal, es importante la reivindicación social. El apoyo va a ser cada vez mayor”, afirmó Hernández. “Cualquiera que lea el texto verá que no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.
Óscar Lancha, de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla-La Mancha, afirma que no es que estén “en contra de la caza”. “No sabemos cómo va a funcionar. ¿Cómo planificamos un calendario de actividades en el medio natural si organizamos una actividad con 200 personas que quieran hacer senderismo y llegan los cazadores que podrán hacer el uso de la ley y cortan el camino? ¿Qué previsión podemos hacer?”, se pregunta. Para Lancha lo “clave” sería retirar la palabra “cazar” de la enmienda. “No entendemos que se pueda cazar dentro del camino”, concluye.
Desde la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos de Castilla-La Mancha, Mariano Gómez afirma que la medida supondrá una “merma importante en los derechos de todos los que queremos acceder a estos espacios públicos”. “Va a crear mucha inseguridad. El sentido común dice que en una vía de uso público, el paso debe estar libre y si ahora los cazadores se van a ver apoyados y respaldados por la norma, tememos que usen este espacio para lo que no es y que se creen conflictos”, concluye.
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