Un nuevo capítulo en el asunto de las “retribuciones indebidas” por parte de altos cargos del Servicio Riojano de Salud. Los socialistas han desvelado este martes el contenido de una nueva auditoría que confirma que “varios altos cartos continuaron cobrando dichas retribuciones en 2024”.

El pasado mes de marzo ya informaron que el entonces gerente del SERIS “percibió durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por más de 12.500 euros”. Así, la diputada socialista, María Somalo, ha recordado que otra auditoría del SERIS “confirmaba que Jesús Álvarez, como gerente del SERIS, y otros dos altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, percibieron retribuciones indebidas en el año 2023”. Ahora, apunta, “los datos de otra auditoría del SERIS confirma que esta situación continuó durante el año 2024”.

Por lo que respecta a Jesús Álvarez, Somalo ha dicho que “se confirma que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 continuó percibiendo retribuciones indebidas en concepto de guardias y actividades extraordinarias por un importe que supera los 10.000 euros”. La diputada socialista ha recordado que la propia auditoría “insiste en que la realización de actividades asistenciales por el gerente no se encuentra incluida dentro de las reguladas en el artículo 92 de la Ley de Salud de La Rioja, ni consta regulación legal o reglamentaria que recoja esta función para el titular de la Gerencia del SERIS”.

Por lo que respecta a los otros altos cargos del SERIS, Gustavo Ossola y Begoña Ganuza, “el cobro de cantidades indebidas también se mantuvo a lo largo del año 2024”. En ambos casos, la auditoría deja claro que en sus contratos “se establece, expresamente, que la cuantía total a percibir no podrá exceder de la retribución íntegra anual establecida para los consejeros en las respectivas leyes de presupuestos de la CAR”. Somalo ha afirmado que la auditoría “confirma que las retribuciones que ambos perciben por sueldo y complementos, por actividad asistencial y extraordinaria, y por antigüedad y carrera profesional, en su conjunto, superan el importe máximo legal, que es el de la retribución marcada para los consejeros”.

María Somalo ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado en reiteradas ocasiones las nóminas de Ossola y Ganuza, “y siempre se nos han negado”.

La diputada socialista ha relatado que la auditoría de 2024, a diferencia del informe de 2023, “no cuantifica el importe de las retribuciones, pero estimamos, basándonos en la media mensual percibida en el año 2023 según la auditoria de dicho año, que Ossola podría haber cobrado unos 34.000 euros en retribuciones indebidas en el año 2024”. Mientras, Ganuza “podría haber percibido unos 20.500 euros de retribuciones indebidas en ese año”.

Después de las denuncias sobre los sobresueldos de altos cargos del Servicio Riojano de Salud ante la Dirección General de Función Pública y la Intervención General, el PSOE ha dado a conocer los resultados. En concreto, en marzo de 2024, como ha recordado la diputada María Somalo, denunciaron públicamente que el entonces gerente del SERIS “venía percibiendo desde su nombramiento retribuciones añadidas a las propias del cargo de Gerente del SERIS por la realización de actividad asistencial” y que otros altos cargos “también estaban realizando y cobrando por una actividad extraordinaria que no podían acometer”. Mientras, el Gobierno de La Rioja ha defendido que “las retribuciones de Álvarez eran perfectamente legales y están reguladas en a través de una Orden”.

Ante esta posición del Ejecutivo, el PSOE presentó en abril de 2024 ante la Dirección General de Función Pública y ante la Intervención General “sendos escritos de denuncia sobre este asunto”. Somalo ha explicado que la respuesta de Función Pública “ha sido que no hay irregularidad alguna”. Pero la contestación de la Intervención General fue la de incorporar en el Informe de Auditoría y Supervisión Continua del ejercicio 2023 del Servicio Riojano de Salud un apartado específico que fiscalizara la actividad y retribuciones percibidas por el Gerente y el resto de altos cargos.

La diputada socialista ha asegurado que ese informe “determina que Jesús Álvarez, siendo gerente del SERIS, y los otros altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, han realizado actividad extraordinaria indebida y han percibido por ello retribuciones también indebidas”. En el caso de Álvarez, ese informe señala que “percibió en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por importe de más de 12.500 euros.”

Por su parte, y respecto a los otros altos cargos del SERIS, el informe evidencia que “Begoña Ganuza cobró en octubre y noviembre de 2023 más de 3.400 euros de retribuciones indebidas, mientras que Gustavo Ossola percibió más de 14.400 euros de retribuciones indebidas”.

Para la diputada, este informe “ratifica todos los extremos de las denuncias” que han realizado desde hace casi 2 años“. Y ante esto, el Gobierno ”está actuando con total opacidad“, ha criticado, para añadir que todo esto sucede ”con el conocimiento y consentimiento del presidente del Ejecutivo, la consejera de Salud y el consejero de Hacienda“.

¿Puede tener algún tipo de ventaja un aspirante a entrar por oposición al departamento de la administración del que forma parte su preparador o preparadora? Esta es la cuestión de fondo que se plantea en casos como el de la directora general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, Inés Sánchez, quien da clases de formación a opositores de diferentes ámbitos, entre ellos al propio cuerpo de abogados de la administración autonómica. Unos cursos por los que cobraría entre 200 y 300 euros por persona al mes, según la información recabada por elDiario.es.

Se trata de un caso similar al del secretario general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Jorge Herrero, también abogado de la Generalitat, aunque ahora con dedicación al organismo portuario, tal y como ha avanzado elDiario.es. En el caso de Sánchez, sin embargo, las dudas son más evidentes al ostentar un cargo en el ámbito al que pueden concurrir sus alumnos.

Al respecto, preguntadas fuentes de presidencia de la Generalitat sobre si Sánchez dispone de compatibilidad para ejercer al mismo tiempo como directora general de la Abogacía y como preparadora y sobre si incurriría en algún tipo de conflicto de interés al estar formando a aspirantes del departamento del que forma parte, descartaron este extremo.

En concreto, las mismas fuentes han asegurado que “la preparación de oposiciones para el acceso a la función pública está expresamente declarada compatible en el artículo 7.bis de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos por lo que no es necesario solicitar ninguna declaración de compatibilidad y puede llevarse a cabo por la Directora General con arreglo a dicho precepto”. Además, han insistido en que Sánchez “nunca ha formado parte de ningún órgano de selección” ni ha dedicado más horas de las establecidas a la docencia, algo difícilmente controlable.

El mencionado artículo lo modificó precisamente en diciembre de 2023 el actual Gobierno valenciano del PP para eximir a sus altos cargos de la necesidad de obtener una compatibilidad para desempeñar otro tipo de actividades remuneradas. Según el nuevo texto legal, “el ejercicio del cargo será compatible con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados públicos, así como con la preparación para el acceso a la función pública siempre que no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ni comprometa la imparcialidad y la independencia en su ejercicio, ni perjudique el interés público”.

Además, añade: “El ejercicio de la docencia a que se refiere el apartado anterior podrá desarrollarse en centros públicos o privados, en régimen de dedicación a tiempo parcial. La cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del 30% de la retribución que corresponda al alto cargo, en cómputo anual”, un aspecto también casi imposible de fiscalizar.

Este nuevo texto elimina la obligatoriedad que existía hasta su aprobación de que el alto cargo presentara “autorización expresa de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses”.

La aprobación de este cambio legal generó el rechazo de UGT, que presentó alegaciones. El sindicato pidió en sus enmiendas tres cuestiones: que se controlara el número de horas máximo de docencia y el límite de retribuciones a percibir, como también ocurre con los funcionarios que realizan formación; que cada vez que un alto cargo pida dar clase, se emita una resolución administrativa por la administración matriz o por el Consell que resuelva la compatibilidad del alto cargo; y que la participación en seminarios y jornadas de forma retribuida se limite a un número máximo de eventos de este tipo. Todas las peticiones fueron rechazadas.

El sindicato puso el acento el posible conflicto de intereses que podría darse en casos como el de Sánchez. Así, pusieron el ejemplo de que un director general de la Generalitat Valenciana dedicase parte de su jornada laboral a impartir clase en una academia de preparación de oposiciones, lo que a su juicio supondría un claro conflicto de intereses, dado que en su mano también está el diseño de procesos, publicidad de fechas, entre otras cuestiones. O lo que es lo mismo, gozar de información privilegiada que poder ofrecer, además, a sus alumnos. “Esto puede generar dudas sobre la transparencia en los procesos y, en todo caso, no es estético”, dijo entonces UGT.

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, el presidente del pleno (el edil del PP Manuel Alés) ha ordenado el desalojo del exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, que asistía a la sesión como público. Después de rogarle varias veces “silencio” y que se sentase, Torrijos fue expulsado ante lo que el edil de IU, Ismael Sánchez, ha reclamado que el propio Sanz pida “disculpas” a Torrijos por la “campaña” de su partido en su contra cuando gobernaba.

Todo ha sucedido en el marco de la pregunta del portavoz socialista, Antonio Muñoz, al alcalde, por los supuestos “sobresueldos” en el PP. Durante el transcurso del debate, el presidente del pleno ha pedido varias veces “silencio” y que se sentase a Rodrigo Torrijos, quien asistía a la sesión entre el público, rogándole “que se siente para no ser desalojado” e insistiendo en reclamarle “silencio” en favor del debate plenario.

Al persistir la situación, Alés ha pedido a la Policía Local que por favor desalojase a Rodrigo Torrijos, ante lo cual ha intervenido el portavoz municipal de Podemos-IU y edil de esta última fuerza, Ismael Sánchez. Ante el desalojo del histórico dirigente de la izquierda hispalense, Sánchez ha preguntado por qué la Policía Local acometía dicho desalojo, cuando a su entender el mismo no había sido solicitado.

“Debería darle vergüenza”

Manuel Alés ha respondido avisando de que como presidente del pleno, sí había pedido el desalojo, tras lo cual Ismael Sánchez enfatizaba que han transcurrido “14 años desde la campaña” de Juan Ignacio Zoido, líder de la oposición entre 2007 y 2011 y alcalde por el PP de 2011 a 2015, contra Rodrigo Torrijos. El que fuese primer teniente de alcalde con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) fue absuelto en los juicios promovidos por el concurso convocado por Mercasevilla para la enajenación de sus suelos y por las comisiones ilegales en los contratos adjudicados por el consistorio a la empresa Fitonovo, a cambio de contratos públicos o de la exención de seguimiento en la ejecución de los contratos adjudicados.

Ismael Sánchez ha recriminado además a Alés que le “debería dar vergüenza” el desalojo de Rodrigo Torrijos, reclamando directamente al alcalde que “le pida disculpas” y que además “pida perdón por lo que ha hecho el PP”, en alusión a sus pagos, porque a su juicio a este partido “se le debería caer la cara de vergüenza”. El popular Manuel Alés le ha llamado al orden, avisándole de que no contaba con el turno de palabra. “Que no se vuelva a repetir este numerito”, ha advertido.

En enero de 2023, Rodrigo Torrijos era objeto de un reconocimiento por parte de sus afines y los colectivos de su esfera, como “víctima durante años de una cacería política, mediática y judicial a pesar de su inocencia”; toda vez que ambas causas en su contra fueron investigadas por la magistrada Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.

Los presuntos sobresueldos

El que fuese primer teniente de alcalde acudió a un pleno en el que se iba a abordar la cuestión de estos presuntos sobresueldos que, según publicó Diario de Sevilla, habría cobrado entre 2012 y 2014 el portavoz del PP en el Ayuntamiento y edil de Hacienda, Juan Bueno. Este negó tal calificación respecto a los cheques que cobró con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución, cuando él mismo era presidente del PP de Sevilla y edil del Gobierno local del Juan Ignacio Zoido como alcalde entre 2011 y 2015.

Según defendía Bueno, eran pagos por sus gastos de “funcionamiento” por su responsabilidad orgánica en el PP, porque “visitaba toda la provincia”, con lo que ello implicaba en materia de kilometrajes o dietas que él adelantaba. En aquel mismo periodo también cobró cheques similares la que fuera concejal de Hacienda del gobierno local de Zoido, Asunción Fley, a lo que se unieron casi 35.000 euros gastados por el grupo popular de la Diputación provincial para un mitin en 2011, cuando el propio Sanz presidía el PP sevillano.

El siempre imprevisible PP de Sevilla ha vuelto a entrar en convulsión interna. Esta vez ha dejado ojipláticos a los suyos más de lo que acostumbra una formación con cierta tendencia a la autodestrucción, porque esta vez su crisis les pilla gobernando el Ayuntamiento de Sevilla -sustentados en Vox- y con más concejales y alcaldes que nunca en la provincia.

El shock surge al hacerse públicos hoy los sobresueldos que el partido pagó hace diez años al hoy delegado de Hacienda del Consistorio hispalense, Juan Bueno, y otros concejales, siendo secretario general del PP andaluz el actual alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. La polémica no se limita al hecho de que dirigentes públicos del PP cobraran pagas extra mientras España estaba sumida en una política de recortes drásticos en el gasto público impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar la crisis financiera internacional.

También ha trascendido un manejo cuestionable de las subvenciones públicas del grupo popular en la Diputación de Sevilla como gastos de funcionamiento del partido, incluido comidas, copas o fletar 70 autobuses llenos de simpatizantes al mitin de cierre de campaña electoral en las municipales de 2011, que el PP ganó con mayoría absoluta.

El partido de Juan Manuel Moreno, a la sazón presidente de la Junta de Andalucía, ha salido del shock este miércoles para anunciar que abrirá una investigación interna para “depurar responsabilidades políticas”, pero no se refería a los dirigentes que cobraron supuestamente sobresueldos ni a los que usaron subvenciones públicas de la Diputación de Sevilla para pagar actos, comidas y regalos del PP.

Tras publicar Diario de Sevilla los asientos contables que acreditaban esos pagos, El Correo de Andalucía ha revelado que el actual número dos del PP en Sevilla y diputado en el Parlamento, José Ricardo García, retiró la documentación sobre esa dudosa contabilidad ante un notario, donde fue depositada en 2018 por la anterior presidenta, Virginia Pérez.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, es quien ha apelado este miércoles al Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz cuando, al ser preguntado por José Ricardo García como posible responsable de la filtración de los sobresueldos, ha anunciado que “activará los mecanismos internos para depurar responsabilidades”. “El PP andaluz no va a entrar a valorar la actuación interna de esta persona ni permitirá que dañe al partido”, ha subrayado.

Hasta el momento, es el mensaje más duro que ha formulado en público el PP en relación a toda la polémica de los sobresueldos y los gastos de representación del PP de Sevilla a cuenta de las subvenciones públicas de la Diputación Provincial. García no ha hecho ninguna declaración al respecto este miércoles, que ha coincidido con una sesión de Pleno en el Parlamento andaluz, donde comparte bancada con sus compañeros (también es secretario general del PP sevillano y concejal en Carmona).

El PSOE andaluz ha aprovechado la herida interna en el PP de Sevilla para intentar llevar la polémica de los sobresueldos al Parlamento autonómico. Los socialistas quieren convocar la Comisión de seguimiento y control de financiación de partidos políticos en la Cámara, aprovechando que está presidida por una de los suyos -la parlamentaria Pilar Navarro- para atizar al partido de Moreno y al propio presidente.

La Comisión de financiación de partidos del Parlamento andaluz, un órgano de carácter permanente y no legislativo, sólo se ha reunido tres veces en esta legislatura: la primera para su constitución, y las dos últimas para sustituir a alguno de sus miembros. Lleva inactiva casi 30 años, aunque a lo largo de la historia parlamentaria ha sido invocada por los partidos de la oposición a anteriores gobiernos socialistas al eco de noticias e investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción.

El PSOE andaluz, bajo la tutela ahora de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha registrado una pregunta de máxima actualidad sobre los supuestos sobresueldos en el PP de Sevilla para que los de Moreno respondan en la Cámara. Su iniciativa de reactivar la Comisión de financiación de partidos tiene, a priori, poco recorrido, porque primero deben registrar una iniciativa parlamentaria sobre este asunto que justifique la convocatoria de este órgano.

En realidad, en la historia parlamentaria hay cuatro antecedentes -tres registrados en 2013- en la que distintos grupos solicitaban a la Mesa de la Cámara la convocatoria de la Comisión de financiación de partidos, y el órgano rector las admitía a trámite. Sin embargo, todas esas iniciativas decayeron dos años después sin llegar a término, es decir, sin que se convocase la citada Comisión.

En última instancia, la convocatoria de este órgano de deliberación deberá decidirse en la Mesa de la propia Comisión de control de partidos políticos que, aunque está presidida por una diputada socialista, sigue bajo control del PP, que tiene mayoría de representantes. Martín ya ha deslizado este miércoles que su partido no facilitará la convocatoria de este órgano, toda vez que “los salarios de sus señorías” están vigilados por tres instituciones distintas: la Intervención General, la Cámara de Cuentas y, por último, el Tribunal de Cuentas. “Y ninguno de ellos ha detectado ninguna irregularidad”, ha sentenciado.

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla y también exdiputado autonómico, Juan Bueno, ha negado que cobrase sobresueldos, y ha explicado que ese dinero era para “gastos de funcionamiento del partido”. Este asunto, aunque no se esté dirimiendo en los tribunales, embarra el debate parlamentario en el que Moreno tiene que defenderse estos días de los ataques de la oposición por otros asuntos directamente ligados a la corrupción.

Dos juzgados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, investigan los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas. El primero, donde también investiga la Fiscalía Anticorrupción, ha imputado a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por un supuesto delito de prevaricación. El segundo ha reclamado a la Junta los informes de la Intervención General que censuraron el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores del SAS.

Junto a estas investigaciones, el actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, también ha sido llamado a declarar ante el juez el próximo 3 de marzo, en calidad de imputado, en una causa judicial por la adjudicación supuestamente irregular de un tanatorio privado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuando él fue alcalde de este municipio. Sobre este asunto también está imputado un alto cargo de la ejecutiva regional de Moreno y miembro del Consejo de Administración de la RTVA, Francisco Rodríguez Roa, imputado supuestamente por beneficiar a la firma de un familiar con la concesión del tanatorio privado, mientras el Ayuntamiento del PP dejaba en el aire un proyecto de tanatorio público durante seis años.

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, mano derecha del alcalde (José Luis Sanz) y también portavoz del gobierno local, ha confirmado que recibió pagos del PP cuando fue presidente provincial del PP entre 2012 y 2017, pero ha negado rotundamente que fuesen sobresueldos. Las cuantías, ha explicado, obedecían a “gastos de funcionamiento” del partido, como comidas o kilometraje, asegurando que en muchos casos adelantaba el dinero de su propio bolsillo.

“Jamás en mi vida he cobrado sobresueldos”, ha insistido Bueno ante la denuncia aparecida en prensa. Eso le ha llevado a convocar sobre la marcha una rueda de prensa en la que ha esgrimido un talonario de cheques en el que tenía consignados estos pagos. “Si hay un talonario nunca puede ser contabilidad B, es A” y tenía su asiento en las cuentas del partido.

Estos pagos los recibió cuando era presidente del PP en Sevilla, un periodo en el que en parte también fue concejal del consistorio hispalense y portavoz del gobierno del por entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP). Fueron los años más duros de la crisis económica, en los que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se aplicaban políticas de austeridad que obligaron a considerables sacrificios ciudadanos.

“No tengo nada que ocultar”, ha reiterado el delegado de Hacienda, aunque sus explicaciones por lo pronto no han convencido al principal partido de la oposición, el PSOE, que ya ha pedido al regidor “que dé la cara y no se esconda tras un silencio que sólo hace acrecentar las sospechas”. El alcalde, precisamente, ofreció una rueda de prensa sobre una cuestión urbanística una hora antes de que compareciese su delegado, un acto en el que no se admitieron preguntas ni durante su desarrollo ni al término del mismo.

“No hay ninguna factura de exceso”

Bueno ha insistido una y otra vez en que se trata de “pagos por gasto corriente”, que justificaba con los correspondientes recibos o facturas, y ha reiterado que “no eran dietas sino gastos de funcionamiento”. La contabilidad del partido publicada recoge cheques a nombre de Juan Bueno en los años 2012, 2013 y 2014, con pagos mensuales variables de hasta 1.200 euros.

“Tengo la tranquilidad de que todo está absolutamente justificado y en ningún caso son sobresueldos, jamás”, añadiendo además que “aquí no hay ninguna factura de exceso”. En cuanto al importe de los pagos recibidos, ha esgrimido que aquellos años se recorrió una y otra vez la provincia (“que tiene 200 kilómetros de punta a punta”) y mantuvo reuniones constantes con alcaldes, delegados y cargos locales del partido en todas las comarcas.

En cuanto a la forma de gestionar esta contabilidad, se ha escudado en que “hacía lo que me decían lo que podía hacer, no me salté ninguna norma y cumplí la legalidad a rajatabla”. Por eso, ha anunciado que solicitará una “rectificación pública” al medio que ha publicado esta cuestión como paso previo a interponer una demanda civil porque “se ha atentado de alguna forma contra mi persona”.

La oposición no se lo cree

A estas explicaciones ha respondido el portavoz socialista, Antonio Muñoz, que ha señalado que las explicaciones que Bueno ha ofrecido en rueda de prensa “no convencen en absoluto” porque “el modus operandi recuerda demasiado al escándalo de los sobresueldos cobrados por dirigentes del PP, incluidos ministros, en tiempos de Mariano Rajoy y Bárcenas”. Por ello, le exige “más aclaraciones” ya que “es quien controla las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla”, un puesto que requiere “una gestión impoluta de los ingresos y gastos” y ahora “sobre él pesa la losa de unos ingresos extra que habría cobrado en unos momentos de gravísima crisis económica y laboral en todo el país”.

Por su parte, la líder de Podemos Sevilla y también concejal, Susana Hornillo, ha calificado –en declaraciones previas a la rueda de prensa ofrecida por Juan Bueno– como “deplorable” estos “sobresueldos de mil euros”. Todo ello, además, “cuando peor lo estaban pasando los sevillanos, que no llegaban a fin de mes, y había muchas personas incluso que eran expulsadas de sus casas en aquellos años del gobierno de la austeridad de Mariano Rajoy”.

El PP de Sevilla emitió hasta trece cheques a favor del actual primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bueno, junto con otros dirigentes del partido que también fueron beneficiados. Estos pagos se realizaron cuando Bueno era presidente del PP de Sevilla, delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y portavoz del grupo municipal durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde, como ha publicado Diario de Sevilla.

La contabilidad del partido recoge cheques a nombre de Juan Bueno en los años 2012, 2013 y 2014, con pagos mensuales variables de hasta 1.200 euros en medio de una de las crisis económicas más importantes que ha vivido España y en un momento en el que el país estaba asumiendo los recortes impuestos por el presidente Mariano Rajoy. Estos importes se abonaban con talonarios de las entidades La Caixa y Cajasol, con cargo a la cuenta del Grupo Popular en la Diputación Provincial. En esa institución, Bueno ejerció como portavoz del PP antes de convertirse en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y asumir otras responsabilidades en el gobierno local.

Los pagos tuvieron lugar cuando José Luis Sanz, actual alcalde de Sevilla, ya ejercía como secretario general del PP andaluz, tras haber dejado la presidencia del PP sevillano en manos precisamente de Juan Bueno.

Durante ese periodo, el PP de Sevilla gestionó 1,1 millones de euros provenientes de la asignación municipal al grupo político en el Ayuntamiento de Sevilla, que en ese momento contaba con 20 concejales, la mayor representación de su historia. Nunca antes un partido había recibido una cantidad tan alta por esta vía, un fondo destinado al funcionamiento de los grupos con representación municipal.

No es la primera vez que los asuntos económicos de la alcaldesa de Xixón, Carmen Moriyón, son motivo de debate en el Pleno municipal. Este miércoles, las cuentas de la regidora han vuelto a la palestra, tras verse obligada a reconocer, durante su declaración en el juicio al expresidente de Foro, formación que ella preside desde 2018, Francisco Álvarez-Cascos, que percibe un sueldo por sus labores al frente de la formación política.

Hasta aquí no habría ningún problema, pues cada partido político decide cómo gestiona sus dineros, salvo porque en el caso de Moriyón, la ocultación de este “sueldo” incumple flagrantemente la normativa de transparencia a la que todos los cargos públicos están obligados, que consiste en publicar la declaración de bienes, actividades y reintegros económicos que perciben por ellas. Eso a Carmen Moriyón se le había olvidado, pues en la página web del Ayuntamiento de Gijón, en el apartado de la regidora, nada aparece sobre su actividad como presidenta de Foro ni sobre el sueldo que por ello podría estar recibiendo.

El Grupo Municipal Socialista presentó el pasado lunes una moción de urgencia, pues ya estaba cerrado el plazo de presentación de iniciativas plenarias para incluir en el orden del día de la sesión del mes de enero, la primera del año, en busca de un acuerdo plenario que obligase a Moriyón a regularizar su declaración de actividades y a comparecer en la Comisión de Hacienda para dar explicaciones sobre, por ejemplo, el tiempo que lleva cobrando un sueldo de su partido, en concepto de qué, cuál es la vía de pago o información detallada sobre las actividades privadas que realiza y por las que cobra.

Llegado el momento de dar explicaciones, y tras aceptarse la moción de urgencia con los votos a favor del PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox, y la abstención de Foro, PP y el concejal no adscrito, que a la hora de votar es como uno más de los ediles de gobierno, la alcaldesa de Gijón se descuelga del debate con el rotundo anuncio de que, el pasado lunes, presentó en la Secretaría General del Ayuntamiento, un cumplido informe fiscal que especifica todas sus actividades laborales y el dinero que percibe por ellas, algo, reivindicaba la regidora, que había hecho de manera voluntaria pues no está obligada por ley, según ella.

Y así comenzaba un cruce de acusaciones entre la regidora y la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez. Acusando la primera al PSOE de intentar desacreditarla “una vez más”, como única forma que tienen los socalistas de hacer política, y afeándole que durante su intervención se refiriese al proceso judicial que ha sentado en el banquillo a Francisco Álvarez-Cascos.

La concejala socialista, por su parte, recordó los cargos irregulares realizados al Grupo Municipal de Foro, por los que el Tribunal de Cuentas condenó a Moriyón a devolver 35 000 euros para dejar caer que, “seguramente los cobros recibidos por Carmen Moriyón de su partido, podrían estar sucediendo ya en aquel momento”, en el mandato del 2015 al 2019, cuando ella aún era alcaldesa de la ciudad (abadonó la Alcaldia entre los años 2019 y 2023).

Incómoda y enfadada, la alcaldesa obligó a la secretaria del Ayuntamiento a intervenir durante la refriega con la concejala socialista para que acreditase que la información que había presentado respecto a sus cuentas era suficiente, a lo que la secretaria respondió “está cotejado que cumple escrupulosamente”.

También intervinieron en el debate los portavoces de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, y de Podemos, Olaya Suárez. Ambos coincidieron en que lo que se estaba debatiendo no era el cobro en sí, si no la falta de transparencia de la alcaldesa al ocultarlo. De hecho, el portavoz de IU consideró que este tipo de cobros ya son “una tradición en la derecha de este país”, refiriéndose a Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo.

Mientras Olaya Suárez reconocía estar sorprendida por la necesidad de cobrar “más y más”. “Cobra de su partido casi como lo que yo dono a mi partido”, le espetó a Moriyón.

Llegado el momento de la votación, Carmen Moriyón, con su voto de calidad como alcaldesa, sumado al de los concejales del gobierno (Foro-PP) y el edil no adscrito, consiguió librarse de dar explicaciones ante la Comisión de Hacienda.

La realidad es que la alcaldesa habrá presentado la información de sus actividades y remuneraciones ante la Secretaría General del Ayuntamiento, si nos atenemos a lo que ella explicó ante el Pleno, pero con eso no se cumple la Ley de Transparencia porque, al menos hasta ahora, esa información no es pública. Ni está a disposición de los concejales y concejalas de la Corporación, ni tampoco lo está de la ciudadanía.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha considerado este lunes que la publicación por parte de elDiario.es de que varios dirigentes del partido de extrema derecha ocultan sobresueldos en sus declaraciones de bienes es “una maniobra del Gobierno”. A su juicio, es, de hecho, “una maniobra más” para que no se hable de la supuesta “corrupción” que, según Vox, salpica al Ejecutivo.

En una entrevista en RNE, Millán ha evitado desmentir la información de este periódico y se ha limitado a señalar que las cuentas de Vox han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. “No se aprecia ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad”, se ha ceñido a afirmar, sin responder a la pregunta sobre si sus compañeros de filas habían ocultado esos sobresueldos.

Para la dirigente de Vox, la publicación de estos datos es “otra maniobra más” del Gobierno “para que no se hable de su corrupción”. “Tiene que utilizar el comodín de Franco e inventos de Vox”, ha añadido, además de asegurar que las informaciones sobre su partido “siempre” salen “a la palestra cuando al PSOE no le interesa hablar de su corrupción”.

Tal y como publicó este lunes elDiario.es, precisamente las cuentas de Vox correspondientes a 2023, publicadas en su página oficial, volvían a dejar constancia de los sobresueldos que el partido de extrema derecha paga a varios miembros de su dirección, encabezada por su presidente, Santiago Abascal.

Según confiesa la propia formación, ese año fueron una docena de dirigentes los que se repartieron un total de 646.522,19 euros. Aunque Vox no especifica cuánto cobra cada uno, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno recibió cerca de 54.000 euros anuales. Además de Abascal, ocho de ellos ocupan un escaño bien en el Parlamento Europeo, como en el caso de Jorge Buxadé, o bien en el Congreso de los Diputados o en una Cámara autonómica.

Todas las instituciones les obligan a cumplimentar una declaración de bienes en la que deben desvelar sus ingresos y concretar el origen de estos. Pero casi ninguno lo hace.

El propio Abascal, en su primera declaración de bienes presentada en el Congreso en agosto del 2023, aseguraba ingresar del partido 37.357,00 euros “como asalariado por cuenta ajena” por su cargo como presidente de Vox. Pero poco después, en una ampliación de su declaración, el líder de la extrema derecha añadía a esa cantidad otros 18.000 euros anuales como presidente del grupo parlamentario, dinero que sale de la subvención que cobra Vox del Congreso.

Sumando ambas cifras dan algo más de 55.000 euros anuales, cantidad que coincide con los sobresueldos que recibieron los citados miembros de la cúpula de Vox de 2023. Además, como diputado por Madrid, Abascal ingresa 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, que están libres de impuestos. Pero no suma más complementos, como sí lo hacen muchos otros miembros de su propio grupo.

Además de Abascal, en la cúpula de Vox en ese año cobraron del partido Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, María Ruíz Solas, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, Pablo Sáez Alonso, Manuel Mariscal, Rosa Cuervas, Montserrat Lluís, Javier Cortés e Ignacio Hoces.

Las cuentas de Vox correspondientes a 2023, publicadas en su página oficial, han vuelto a dejar constancia de los sobresueldos que el partido de extrema derecha paga a varios miembros de su dirección, encabezada por su presidente, Santiago Abascal. Según confiesa la propia formación, ese año fueron una docena de dirigentes los que se repartieron un total de 646.522,19 euros. Aunque Vox no especifica cuánto cobra cada uno, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno recibió cerca de 54.000 euros anuales. Además de Abascal, ocho de ellos ocupan un escaño bien en el Parlamento Europeo, como en el caso de Jorge Buxadé, o bien en el Congreso de los Diputados o en una Cámara autonómica. Todas las instituciones les obligan a cumplimentar una declaración de bienes en la que deben desvelar sus ingresos y concretar el origen de estos. Pero casi ninguno lo hace.

El propio Abascal, en su primera declaración de bienes presentada en el Congreso en agosto del 2023, aseguraba ingresar del partido 37.357,00 euros “como asalariado por cuenta ajena” por su cargo como presidente de Vox. Pero poco después, en una ampliación de su declaración, el líder de la extrema derecha añadía a esa cantidad otros 18.000 euros anuales como presidente del grupo parlamentario, dinero que sale de la subvención que cobra Vox del Congreso. Sumando ambas cifras dan algo más de 55.000 euros anuales, cantidad que coincide con los sobresueldos que recibieron los citados miembros de la cúpula de Vox de 2023. Además, como diputado por Madrid, Abascal ingresa 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, que están libres de impuestos. Pero no suma más complementos, como sí lo hacen muchos otros miembros de su propio grupo.

Además de Abascal, en la cúpula de Vox en ese año cobraron del partido Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, María Ruíz Solas, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, Pablo Sáez Alonso, Manuel Mariscal, Rosa Cuervas, Montserrat Lluís, Javier Cortés e Ignacio Hoces.

Hoces era hasta hace poco vicesecretario de Institucional de Vox y ahora ocupa la vicesecretaría de Acción Política. Sin embargo, el diputado por Badajoz en su declaración del Congreso se limita a explicar que en 2023 recibió 89.056 euros brutos en concepto de “retribuciones dinerarias”, sin especificar la procedencia de esos ingresos. Es el único dato que aporta, puesto que la hoja de su declaración está prácticamente en blanco: solo añade que pagó por IRPF en el último ejercicio 24.817 euros y que en la fecha que la presentó (agosto de 2023, como los demás diputados y diputadas) poseía en su cuenta corriente 262.425 euros. Ni vivienda, ni vehículos, ni créditos, ni plan de pensiones, ni acciones. El diputado por Badajoz no aporta ningún otro dato más que esas “retribuciones dinerarias”, su saldo en el banco y lo que pagó a Hacienda. 

Como todos los demás diputados, Hoces recibe al mes 3.236,32 euros más otros 2.078,92 euros para los gastos de su actividad en la Cámara al ser parlamentario de una circunscripción diferente a Madrid. A ellos suma los complementos como portavoz de comisión (2.006 euros como gastos de representación y 1.067,24 euros de libre disposición, que no están sujetos a retenciones). Aunque ostenta dos portavocías y una portavocía adjunta, no puede acumular todos esos complementos por lo que solo cobra uno.

Su compañero Manuel Mariscal, diputado por Toledo, confiesa que ha recibido un “salario bruto anual como vicesecretario nacional de Comunicación” –cargo que conserva en la actualidad– de 55.000 euros anuales, es decir, que Vox le abona 18.000 euros más que al propio Abascal de las arcas del partido.

Mariscal es mucho más explícito que Hoces y declara tener el 50% de una vivienda (no se sabe dónde) adquirida en marzo de 2023, justo en la fecha en la que pidió un préstamo hipotecario por 340.000 euros de los que por entonces debía 338.296. Además, posee una moto Piaggio Fly y un BMW serie1; pagó 37.421 euros a Hacienda y tenía entonces 15.500 euros en su cuenta corriente.  

El responsable de Comunicación de Vox recibe como todos los diputados una nómina del Congreso mensual de 3.236,32 euros y otros 2.078,92 euros para los gastos de su actividad parlamentaria, a lo que suma un complemento también mensual como portavoz de Comisión de más de 3.000 euros (2.006 euros como gastos de representación y 1.067, 24 euros de libre disposición), que no están sujetos a retenciones.

Ortega Smith: 156.443 euros por “actividades económicas y rendimientos”

Javier Ortega Smith, que ha pasado a ser simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional cuando antaño era vicepresidente primero de Vox, también cobró en 2023 un sueldo de la formación, como en años anteriores. Ortega Smith es diputado por Madrid y concejal del Ayuntamiento de la capital en donde ostenta la portavocía del grupo, pero la ley le impide cobrar dos sueldos públicos. Según ha desvelado él mismo, ha preferido recibir solo su nómina del Congreso, superior también a la de Abascal, ya que a los 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, suma los complementos como portavoz de Comisión.

En su declaración del Congreso Ortega Smith se limita a desvelar que ingresa 156.443 euros por “actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos” y que tiene “participación en comunidad de bienes” por importe de 7.591 euros. Dice que pagó de IRPF 9.642 euros y que posee varias viviendas: una en la localidad madrileña de Soto del Real (50% por compraventa); dos en Castropol (una al 25% por herencia, y la otra al 100% por compraventa); un solar también en la misma localidad asturiana (un 16,66% por compraventa); otra vivienda en Madrid (el 100%, fruto de una donación) y otra más en Toledo (de un 12,50% por herencia). Tiene cinco cuentas corrientes con un total de 91.370 euros, un Mitsubishi Outlander comprado en 2021 y un Opel Rekord Olympia de 1965 que el alcalde José Luis Martínez-Almeida no le dejará usar a partir del 1 de enero de 2025, salvo que se le dé la consideración de 'vehículo histórico'. 

En la lista de los bien pagados figura también el eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, exvicesecretario nacional de la formación de extrema derecha que perdió galones y en el nuevo organigrama figura como vocal de la Ejecutiva y como responsable de la Coordinación Jurídica del partido junto con Marta Castro. Buxadé, en su primera declaración de bienes presentada a medidos del pasado mes de julio en la Eurocámara, aseguraba haber ingresado de Vox por su antiguo cargo 2.200 mensuales, es decir, cerca de 26.500 euros anuales si fue en 12 pagas, más otros 18.000 euros anuales como “abogado en ejercicio”. En otra declaración posterior firmada a finales de septiembre de este mismo año asegura no recibir nada del partido y tener unos ingresos de 3.000 euros mensuales como abogado.

A esas cantidades hay que sumar sus ingresos como parlamentario europeo, que Buxadé no detalla, pero que ascienden a cerca de 8.000 euros netos mensuales, al margen de las diferentes dietas y complementos que paga el Parlamento Europeo a sus diputados, que pueden ascender a otros 4.500 euros adicionales.

Garriga tampoco especifica lo que cobra de Vox

Otro de los afortunados es Ignacio Garriga, al que Abascal ascendió tras la última Asamblea General extraordinaria celebrada en enero de este año nombrándole vicepresidente único y secretario general de Vox. Garriga, que es diputado en el Parlament de Catalunya, cobra de la cámara autonómica 88.973,60 euros anuales, además de 16.032,44 en concepto de dietas. En su declaración de actividades y bienes de finales de mayo de este año, sin embargo, no especifica si recibe dinero de Vox por su cargo de secretario general. En la casilla que se refiere al “importe aproximado de cuentas corrientes y otros depósitos bancarios” en la fecha de la declaración, que incluye solo la parte correspondiente al declarante, el líder catalán de Vox declara tener 3.000 euros y un coche de Renting Kia desde finales de 2022.

En junio, Garriga fue denunciado por una compañera de su propio partido de pasar a la Cámara, como presidente del grupo parlamentario de Vox, facturas con gastos personales por un valor de más de 39.000 euros entre 2021 y 2022, según adelantó El Confidencial. Así lo acreditó un informe del Parlament catalán en el que se confirmaba que el dirigente de Vox habría cargado gastos como la cuota de la AMPA de sus hijos, servicios de peluquería o tickets de comida a domicilio de la aplicación Glovo. Desde la formación de extrema derecha se limitaron a decir que “en ningún caso” el informe apuntaba que hubiera hecho “nada ilegal o irregular”. Tras ser reconvenido por la Mesa del Parlament, dijo que ya había “subsanado algunos errores” y se defendió diciendo que había una “campaña en contra de su honorabilidad” y la de Vox.

Entre el elenco de dirigentes en nómina de Vox está también la diputada por Madrid María Ruíz Solás, que ahora ocupa la Vicesecretaría de Organización Territorial y Relaciones Institucionales. La formación le abonó en 2023 su parte correspondiente a esos 646.522 euros anuales que se repartieron 12 miembros de la cúpula. Pero la diputada se limita a afirmar en su declaración de bienes registrada en el Congreso al inicio de la legislatura que recibe “nóminas” por un importe de 29.581 euros aunque no aclara quién es el pagador.

También desvela que pagó de IRPF 11.687 euros, dice que tiene una “vivienda habitual” fruto de una “compraventa” para la que en 2019 solicitó un crédito de 364.000 euros y un segundo piso de “herencia” del que solo posee “un 25% de pleno dominio”, ambos en Madrid. En la capital posee además un 5% de una oficina y un local comercial en participaciones de una sociedad. La diputada de Vox declara que, en ese momento, tenía en su cuenta corriente 35.405 euros y dos vehículos, un Mitsubishi Space, y un Lexus 250 UX para cuya compra pidió un préstamo en 2023 de 12.000 euros.

Junto a todos ellos también figura que cobró de Vox el Tesorero, Pablo Sáez, que es diputado por Valladolid y está el Comité Ejecutivo Nacional. Pero como la mayoría de sus demás compañeros diputados, Sáez no especifica cuánto ingresó del partido y en su declaración del Congreso simplemente pone 34.401 euros como “retribuciones salariales netas percibidas”. Sáez pagó 35.291 euros de IRPF y tiene varias viviendas: una en Madrid (pleno dominio al 50%) con plaza de garaje y otras tres en Segovia (pleno dominio de un 8,33%), Valladolid (pleno dominio del 30%) y Alicante (pleno dominio del 50%). Ha pedido un préstamo hipotecario y tres personales. Asegura tener en sus tres cuentas corrientes un total de 13.762 euros. El Tesorero de Vox tiene un Hyundai Kona híbrido y otro Hyundai i10, ambos adquiridos en 2022.

Javier Cortés Lucena, que ahora es el vicesecretario de Gerencia de Vox y presidente del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, se limita también a reconocer que su cargo orgánico dentro del Partido Vox en Andalucía es “retribuido”, pero no dice cuánto cobra.

El resto de los doce dirigentes de la cúpula de Vox que recibieron al menos en 2023 nóminas y figuran en la lista facilitada en las cuentas de la formación no tiene cargos públicos, aunque ahora varios de ellos permanecen en los órganos del partido con diversas responsabilidades. Es el caso de Rosa Cuervas, que es responsable de prensa en el Congreso de los Diputados y vocal de la Ejecutiva Nacional; Montserrat Lluis, que es vicesecretaría de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, o Enrique Cabanas, que ocupa la Vicesecretaría de Presidencia y Coordinación General.

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, está cobrando el salario igual al de un consejero en lugar del correspondiente a un viceconsejero, que es lo que recoge la normativa del propio Gobierno de La Rioja. Como ya avanzó Rioja2 en abril, el Portal de Transparencia recoge que desde su nombramiento en marzo, el gerente tiene un salario de 76.135,93 euros, mientras los viceconsejeros están cobrando 72.825, 65 euros.

El PSOE ha presentado denuncias por la vía administrativa a la Inspección de Servicios y a la Intervención General del Gobierno de La Rioja sobre esta situación. Para el Partido Socialista es sorprendente que se incumpla la normativa del propio Gobierno que se recoge hasta en dos decretos -del 16 de noviembre y del 23 de julio- y advierten que el último puntualiza que “el régimen retributivo será el de los viceconsejeros hasta que haya una nueva Ley de Presupuestos”. Para el PSOE ello significa que “va a estar cobrando como un consejero al menos hasta el 1 de enero de 2025 y hay una clara inteción de elevar el salario después”, ha dicho la diputada socialista María Somalo.

La diputada ha subrayado que esta situación revela “una irregularidad manifiesta” y se ha preguntado “por qué cobra una retribución que no le corresponde y por qué es la única retribución que se publicita en el Portal de Transparecia mientras siembre nos han dicho que todos los salarios de los altos cargos del SERIS están ahí”.

El partido socialista ya presentó denuncias administrativas sobre las irregularidades en el salario y sobresueldos del anterior gerente Jesús Álvarez, aunque cuatro meses después María Somalo ha confirmado que aun no han recibido respuesta. No obstante, para la diputada del PSOE sí estan relacionadas con los ceses de Jesús Álvarez, como gerente del SERIS primero y como gerente de Atención Hospitalaria, más tarde. “Los ceses de este verano no son sino un intento de lavarse las manos de la consejera de Salud, que debía haber dimitido hace tiempo o el presidente Gonzalo Capellán tendrá que cesarla”.

Al salario superior al de la normativa se suman las retribuciones percibidas por realizar actividad asistencial, que era incompatible antes para determinados puestos y que el Gobierno de La Rioja legalizó en un decreto en julio. En este sentido, en el PSOE siguen denunciando, y no descartan acudir a la Justicia, la falta de transparencia y los obstáculos para no aportar en el Parlamento de La Rioja las retribuciones de los altos cargos del SERIS y los puestos de alta dirección, además de los contratos de estos últimos que también ha solicitado sin éxito el PSOE.

El Partidos Socialista de La Rioja ha valorado el último cese que se produjo el viernes en la estructura directiva del SERIS, la directora de Enfermería del Hospital de Calahorra y asegura que se “la cascada de dimisiones y ceses de responsables en la gestión de los hospitales riojanos pone en evidencia la improvisación y el amiguismo que presiden las decisiones de la consejera de Salud”.

Además desde las filas socialistas hablan de “cese fulminante, lo que confirma que lo que está sucediendo con la gestión de la sanidad pública riojana va mucho más allá de los movimientos propios de una simple reestructuración provocada por la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS”. “La consejera de Salud, María Martín, trata de ocultar la profunda crisis de dirección que tiene el SERIS con el argumento, ya manido, de que la integración del Hospital de La Rioja Baja exige cambios en la estructura directiva de la consejería. Pero la realidad es que se suceden los ceses y dimisiones provocados por la incapacidad de Martín para gestionar la sanidad pública riojana”

De hecho aseguran que en este último caso, “ni siquiera el recién nombrado director médico del Hospital de Calahorra conocía el cese de su directora de enfermería, que también desconocía que iba a ser cesada de manera fulminante. Se trata de una situación que evidencia que los movimientos que se están produciendo en la dirección sanitaria riojana están presididos por la improvisación, el amiguismo y el revanchismo político con los que la consejera de Salud dirige sus decisiones”. Y lamentan que “el Gobierno de Capellán pretenda abocar a la irrelevancia al Hospital de Calahorra”. Por que “la falta de una estructura directiva propia en el Hospital de referencia de La Rioja Baja y el freno a las importantes inversiones iniciadas por el Gobierno anterior sitúan nuevamente a este hospital en una posición crítica. Volver a una gestión teledirigida desde Logroño, sin la presencia in situ de los profesionales que deben tomar las decisiones, puede acabar convirtiendo a este hospital en un mero centro de especialidades”.

Para los socialistas, “los vaivenes de la consejera con los ceses y nombramientos de directivos del SERIS tienen su origen en los sobresueldos ilegales que los altos directivos del PP siguen cobrando por una actividad extraordinaria incompatible con sus cargos. Esta situación les está reportando unos ingresos abusivos que provocan un creciente malestar entre los profesionales, que ven cómo se destinan recursos públicos para engordar las cuentas corrientes de unos pocos, mientras se escatiman los recursos para cubrir las vacaciones y las bajas de médicos y enfermeras y que son el origen de la crisis que está viviendo la sanidad pública riojana”.

La inmensa mayoría de los ingresos de los 60 eurodiputados españoles (a falta de que se resuelva el litigio sobre el escaño de Toni Comín) procede de cargos públicos. A la treintena de parlamentarios que repiten esta legislatura, se suman otros tantos que vienen igualmente de la política, según se desprende de las declaraciones de intereses que tienen que presentar al acceder al Parlamento Europeo, y apenas un puñado llega desde el sector privado. El análisis demuestra, además, que cuatro parlamentarios europeos tuvieron sobresueldos de sus partidos. 

Tres de ellos pertenecen actualmente al PP y uno, a Vox. El que obtuvo una mayor remuneración fue Antonio López-Isturiz, que inicia con este su quinto mandato en la institución a la que llegó en 2004. A su retribución como eurodiputado, el Partido Popular Europeo le pagó 9.500 euros extra al mes hasta mayo del año 2022 como secretario general de la organización, según recoge en la declaración que ha presentado ante la Eurocámara. 

Lo mismo sucede en el caso de Esteban González Pons, aunque en su caso el dinero procede de Génova. El eurodiputado valenciano, que en 2023 abandonó Bruselas para concurrir en las listas del PP al Congreso y ahora está de vuelta después del fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su intento de llegar a La Moncloa, declara ingresos por un valor de 2.900 euros por su labor como vicesecretario institucional del partido. Aunque González Pons señala que es en concepto de “gastos” en la naturaleza del beneficio, establece esa cantidad con carácter mensual. 

En el caso del ahora eurodiputado del PP Adrián Vázquez, fue Ciudadanos quien le abonó un salario al margen del suyo como parlamentario el tiempo que ocupó la secretaría general, un puesto que dejó cuando las negociaciones para integrarse en el PP de cara a las elecciones catalanas y europeas naufragaron. Finalmente tres de los miembros de la delegación de Ciudadanos se incorporaron a la lista encabezada por Dolors Montserrat. En los escasos trece meses que Vázquez estuvo al frente del partido fundado por Albert Rivera se embolsó 2.250 euros al mes. 

La asignación mensual de un eurodiputado es de 10.377,43 euros brutos, que se quedan en 8.089,63 euros netos, tras deducir el impuesto de la UE y las cotizaciones al seguro. Además, perciben una dieta diaria de 350 euros para cubrir alojamiento, comidas y otros gastos cada día que un diputado se encuentra en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales. “Los diputados deben firmar un registro de asistencia, aunque existen excepciones para el presidente y los dirigentes de los grupos parlamentarios. En los días de votación en el Pleno, si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales, esta dieta se reduce a la mitad, aunque el diputado esté presente y firme el registro de asistencia”, recogen las normas de la Eurocámara.

El jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, declara 2.200 euros al mes como vicesecretario jurídico de la formación que lidera Santiago Abascal. Además, mantuvo su actividad como abogado, que le reportó 18.000 euros anuales. 

La mayoría de eurodiputados que tienen cargos en las direcciones de los partidos, sin embargo, no obtienen ninguna remuneración por ello.

Alvise oculta su salario

El Parlamento Europeo obliga a los eurodiputados a publicar una declaración de intereses en la que tienen que especificar su actividad en los tres años previos a acceder al escaño. El agitador Alvise Pérez ha ocultado la cantidad que percibía en su actividad previa como “analista y consultor político por cuenta propia”. La trayectoria política de Alvise Pérez inició como asesor de Toni Cantó en Ciudadanos y en los últimos años se ha dedicado a fabricar y emitir bulos en las redes sociales, donde tiene una importante comunidad de seguidores y algunas fórmulas de pago. 

Alvise Pérez camufla ese salario bajo el concepto de “sin remuneración, sólo donaciones”, pero declara percibir ingresos en base a su actividad profesional, tal y como le obliga la Eurocámara, que ahora tendrá que analizar si la información aportada por el agitador se adecúa a las reglas. 

Los otros dos integrantes de Se Acabó la Fiesta son de los pocos nuevos parlamentarios cuyos ingresos previos proceden de fuera de la política. Así, Nora Junco, declara 45.000 euros en 2023 en una empresa de marketing, comunicación y eventos y de 44.000 euros en 2022 como gerente de esa empresa. También declara 13.805 euros en hostelería y eventos en Bling Castellana. Por su parte, Diego Solier declara 105.122 euros anuales como director de tecnología en Attindas Hygiene Partners. 

La mayoría, sueldos públicos

Pero la mayoría de nuevos parlamentarios europeos proceden de la arena política nacional, con puestos en las autonomías, como la exconsejera andaluza Carmen Crespo (PP) o la exdelegada del Gobierno en Aragón, la socialista María Jesús Serrano, en los ayuntamientos o antiguos parlamentarios regionales o en el Congreso. Las Cortes de Castilla y León están estudiando el caso de Raúl de la Hoz, que ha declarado el cobro de 40.000 euros al año como abogado al tiempo que era portavoz del PP, por lo que percibía 92.000 euros. Raúl de la Hoz asegura que la dedicación exclusiva en las Cortes impide tener otro trabajo por cuenta ajena o en el sector público, pero sí permite el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.

Algunos de esos dirigentes declaran haber cobrado de los partidos en el tiempo en el que no han estado en las instituciones, como el caso de la ex vicelehendakari Idoia Mendia, que entre mayo y julio cobró 4.100 euros al mes como secretaria de Estudios y Programas del PSOE. Lo mismo sucede con la eurodiputada de Podemos Isa Serra, que además de sus salarios como diputada autonómica y asesora en el Ministerio de Igualdad declara ingresos como portavoz del partido en el tiempo que no ocupó cargo público así como 1.989 euros con carácter mensual de la fundación de Podemos Instituto República y Democracia. También Jaume Asens cobró de ‘los comunes’ los seis meses desde que salió del Congreso hasta que fue elegido eurodiputado y declara un sueldo de 51.136 euros brutos al año.

En el caso de Juan Carlos Girauta, cuando se quedó sin escaño con el batacazo electoral de Ciudadanos en 2019 y antes de que le fichara Vox para las europeas, cobró de organizaciones judías unos 3.000 euros al mes y también de medios conservadores, que le tenían en nómina como columnista (6.000 euros le pagaba mensualmente ABC y 7.000, después, El Debate). 

A pesar de la beligerancia con la que Vox ataca a las organizaciones que se nutren de dinero público, ha llevado al Parlamento Europeo al director de su fundación Disenso, que declara un sueldo de 89.000 euros. Ese organismo se nutre de fondos públicos. De hecho, en los últimos años el partido de la extrema derecha ha traspasado siete millones de euros. Al ser una fundación, las aportaciones que hizo Vox están exentas de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad, y no una fundación, tributaría al 25%.

Sobre lo poco que importa la ciudad y sus habitantes a los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón ha versado esta mañana casi toda la comparecencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, solicitada precisamente por PSOE, IU y Podemos para que la regidora diese explicaciones sobre la sentencia del Tribunal de Cuentas que, a mediados del mes de junio, condenaba a la máxima autoridad gijonesa por uso “indebido y no justificado” de dinero público.

Lejos de dar explicaciones, Moriyón convirtió sus dieciocho minutos de intervención, en dos turnos, en un verdadero ejercicio de victimismo del “conmigo o contra mí”.

Arrancó la regidora la “máquina del fango”, a la que ella misma hizo referencia en varias ocasiones durante su intervención para referirse a la actitud de la oposición en este asunto, para acusar a la bancada de la izquierda de haber puesto en marcha una campaña de acoso y derribo contra ella y su partido, con el único objetivo de desacreditarla a ella y también a su gobierno.

En el tintero se han quedado nueve de las diez iniciativas presentadas por la oposición, que el gobierno local se negó a incluir en el orden del día del pleno, alegando que con la comparecencia de la regidora los motivos que llevaron al Tribunal de Cuentas a condenarla quedaban de sobra explicados. Y en el tintero se han quedado, por tanto, las explicaciones sobre los motivos que la llevaron a cobrar del grupo municipal 1.000 euros al mes en dietas durante un año, siendo alcaldesa de Gijón. Cargo éste por el que percibía de las arcas públicas un sueldo de 64.945,02 euros, más su sueldo por las intervenciones quirúrgicas realizadas como cirujana en la sanidad privada

Tampoco ha querido responder la primera edil gijonesa a si considera estos cobros un sobresueldo, tal y como se refieren a estas dietas los denunciantes, según refleja la sentencia del Tribunal de Cuentas, ni a los gastos cargados a la tarjeta de crédito VISA, del grupo municipal de Foro, como por ejemplo, 500 euros para pagar los tickets de acceso al funicular la Bulnes.

“¿De verdad quiere hacernos creer que usted pensaba que subir en el funicular de Bulnes tenía algo que ver con la vida municipal?”, le espetaba el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', quien instaba a la regidora a dimitir de su cargo porque “es un peligro para usted misma y para quienes la rodean”.

Mientras la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, preguntaba a la regidora, durante su intervención, cuál es su definición de un “error contable”, desde Izquierda Unida, Javier Suárez Llana se cuestionaba cuál es el error contable de pagar con una tarjeta de crédito vinculada al grupo municipal gastos sin justificar, por valor de 8.463,54 euros, o qué error contable supone abonar honorarios de una procuradora por un procedimiento judicial estrictamente personal.

Carmen Moriyón, quien no ahorró calificativos para referirse a la oposición, les acusó de utilizar el pleno para verter todo su “odio y frustración”, y para ganar la repercusión que no están obteniendo con su labor diaria. Una enfadada alcaldesa aprovechaba también para recordar la persecución a la que, según sus palabras, fue sometida por el Partido Socialista cuando llegó al ayuntamiento en 2011. “Pusieron serenos a vigilarme para comprobar cuándo iba a operar”, aseguró.

Ante la actitud de la alcaldesa y su falta de explicaciones, los tres grupos de la bancada de la izquierda abandonaron el salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón en cuanto Moriyón finalizó su último turno de intervención. Posteriormente, y en declaraciones ante los medios de comunicación, los portavoces del PSOE, IU y Podemos aseguraron que la verdadera cara de Carmen Moriyón es “odio antidemocrático”, e hicieron hincapié en que la compareciente utilizó sus dos intervenciones para atacar, injuriar y mentir bajo la premisa del “presuntamente”.

La realidad, han asegurado, es que la alcaldesa de Gijón “está condenada por robar dinero público y utilizarlo para gastos personales”, y hoy ha quedado claro que ni ella ni su partido están acreditados para seguir al frente de la alcaldía, remarcaron.

La diputada socialista, María Somalo, ha reaccionado a las informaciones publicadas por Rioja2 sobre los sobresueldos de otros tres cargos del Servicio Riojano de Salud que se unen a los que cobro el gerente Jesús Álvarez. Estos tres directivos realizaron actividad extraordinaria y cobraron por ella dos meses antes de que una orden del BOR les habilitara para ello.

“Estos datos vienen a corroborar que el cambio de estructura del SERIS se debió a un plan preconcebido con el que estos profesionales pactaron con el Gobierno la posibilidad de cobrar sobresueldos realizando actividad extraordinaria desde el momento que aceptaron el cargo”, ha considerado Somalo.

Ante esta situación, el PSOE ha señalado que van a pedir las retribuciones del resto de cargos directivo que también sean facultativos, como la directora de Enfermería del Hospital San Pedro o el propio viceconsejero José Antonio Oteo, para comprobar si también se han dado estas retribuciones que en el caso del viceconsejero ni siquiera está amparada. No obstante, ha denunciado que “nos está siendo francamente complicado que el Gobierno responda a las peticiones de información, especialmente las relacionadas a las retribuciones”.

“El patrón se repite, todos han duplicado e incluso han triplicado, el sueldo que debían percibir con sus cargos. Son cantidades escandalosas”, ha subrayado. “No puede ser que hasta ahora todas las guardias mejor pagadas las hagan con carácter preferente los cargos directivos cuando la orden que les habilita recoge precisamente lo contrario, que se realicen cuando haya realmente necesidad, cuando no haya ningún otro facultativo disponible”.

El exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, no fue el único directivo de la sanidad riojana que realizó actividad asistencial y cobró por ello cantidades que llegaron a duplicar su salario a pesar de tener incompatibilidad. Al menos tres cargos del Servicio Riojano de Salud (SERIS) cobran sobresueldos por guardias y actividades extraordinarias desde el pasado mes de octubre.

Una orden publicada en el BOR el pasado 24 de noviembre permitió a una serie de altos cargos del SERIS realizar actividad asistencial “cuando las necesidades asistenciales así lo requieran” y cobrar por ello las mismas retribuciones que el resto de profesionales. Sin embargo, las retribuciones de estos tres directivos, a las que ha tenido acceso Rioja2, se cobraron también en octubre y noviembre a pesar de que la orden que lo permite no entró en vigor hasta el 25 de noviembre.

De esta manera, el director asistencial de Atención Hospitalaria, Gustavo Ossola, cobró en octubre 6.736,37 euros y 5.064,99 euros en noviembre de sobresueldos por guardias localizadas, guardias localizadas en festivo, guardias localizadas en doble festivo y actividad extraordinaria. Estas cantidades suponen que este director asistencial duplicó en octubre y noviembre sus retribuciones de septiembre (5.262,45 euros) con estos sobresueldos y pasó a cobrar 10.717,16 euros en octubre y 10.353,10 euros en noviembre.

La gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, cobró también sobresueldos 1.911,92 euros en octubre y 1.576,76 euros por guardias localizadas y guardias localizadas en festivo. Así, en este caso, pasó de un salario bruto de 5.212,84 euros a los 7.184,67 en octubre y 7.108,19 euros en noviembre. El desglose de retribuciones mensuales del director asistencial de Atención Primaria, Santiago Vitoria, también muestra que en noviembre, cobró, además de su salario, 3.564,22 euros por guardias fijas, guardias localizadas y guardias localizadas en festivo, de manera que el salario de octubre fueron 5.502,53 euros a los 9.132,71 euros en noviembre.

Esta situación ha continuado de manera similar en los siguientes meses y aunque la orden del BOR ya lo recoge, esta no les exime de solicitar la compatibilidad, que, según ha podido saber Rioja2, no han pedido. Por ejemplo, Gustavo Ossola ha llegado a cobrar hasta 15.128,96 euros en febrero, de los que 9.034 euros corresponden a sobresueldos por guardias y actividad extraordinaria.

Sueldo de consejero en vez de viceconsejero como marca la ley

Estas retribuciones demuestran que más altos cargos del SERIS, además del exgerente Jesús Álvarez, han estado cobrando sobresueldos, incluso antes de que una orden del BOR lo amparara. A esta orden se remitió el Gobierno de La Rioja para justificar los sobresueldos del exgerente y negar la incompatibilidad. Sin embargo, el puesto de gerente del SERIS no está entre los cargos a los que se les permite realizar actividad asistencial ni cobrar por ella.

El puesto de gerente del SERIS, que ocupó hasta marzo Jesús Álvarez -para pasar a gerente de Atención Hospitalaria, que sí permite la actividad asistencial-, está considerado alto cargo del Gobierno de La Rioja al que le corresponde el sueldo de un viceconsejero. Sin embargo, el portal de Transparencia muestra que durante su etapa como gerente cobró un salario de 76.135,93 euros, que corresponde en realidad al salario de un consejero, ya que los viceconsejeros cobran 72.825, 65 euros brutos anuales. Esta situación además continúa con el nuevo gerente Luis Ángel González.

La consejera de Salud, María Martín, ha asegurado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, preguntada por los sobresueldos cobrados por el exgerente del SERIS: “Toda la actividad que se ha pagado dentro de este gobierno ha sido para bajar las listas de espera”.

Martín ha respondido hoy, en la Cámara riojana, a una pregunta de la socialista María Somalo, quien ha querido conocer cuáles son las razones que han llevado al cese, como gerente del Servicio Riojano de Salud, Jesús Álvarez. “La única razón es el nombramiento del actual gerente”, ha contestado en primer lugar la consejera de Salud, “para completar la estructura del SERIS”.

Somalo ha recordado cómo la gerencia se renovó en noviembre del año 2023, “justo tres meses después de haber entrado en el gobierno” para señalar que “la razón” es que, desde el PSOE, han “pillado” al Gobierno de La Rioja “con el carrito del helado”. “Por la sencilla razón de que tenía usted un gerente, que era alto cargo, y que estaba haciendo actividad extraordinaria que la ley no le permite y cobrando retribuciones que tampoco le permite”, ha dicho. Ha reprochado al Gobierno de La Rioja haber “consentido y justificado” esta “actuación ilegal del gerente”. “Dejen de fiscalizar tanto al gobierno anterior y háganlo con el suyo”, ha espetado.

La consejera ha relatado cómo, en julio, cuando el Partido Popular llegó al gobierno se encontró una estructura con una gerencia del SERIS y otra de Atención Primaria y tuvo claro que esta última tenía que estar “a la misma altura que una gestión hospitalaria”, porque la primera se dedica a la gobernanza y la segunda a la gestión.

“Nosotros tardamos cuatro meses y medio porque teníamos las cosas claras”, ha aseverado. “Lo que se decide que es completar la estructura, se llama al actual gerente y acepta con una condición, que no puede asumirlo hasta el 1 de abril y, por eso, entonces se completa la estructura”, ha explicado.

Ha dado a conocer cómo se trasladó una circular, en octubre del 21, en la que se dice que se van a pagar las guardias que hagan los directivos, “pero no se publicó” y otra resolución, del 8-12-22, para decir que los directivos pueden hacer actividad hospitalaria. “Esto es como lo del módulo que ahora se llama barracón, antes no se podía hacer pero ahora se puede hacer”, ha criticado.

“Aquí hay sólo una razón”, ha considerado, “que cada vez que bajan las listas de espera suben los nervios y los exabruptos”. Martín ha proclamado: “La actividad extraordinaria para bajar las listas de espera ahora son sobresueldos”, preguntándose “cómo llamamos a pagar 22.000 euros en un máster a anteriores gerentes”. “Toda la actividad que se ha pagado dentro de este gobierno ha sido para bajar las listas de espera, cosa que se está consiguiendo, que es la única razón por la que estamos oyendo estos nervios”, ha dicho.

LA RIOJA CUIDA

Martín también ha tenido que responder a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien ha querido saber cómo se va a garantizar un servicio de calidad en La Rioja Cuida si se “ningunea” a los empleados.El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha creído que “no será difícil mejorar la calidad del servicio después de la paupérrima situación” en la que se la encontraron y “tampoco los derechos de los trabajadores”.

Moreno le ha recordado que los riojanos les eligieron para gestionar, “no para echar balones fuera”. Ha reprochado no haber hecho “nada” y cómo se ha tardado ocho meses en contar con un gerente. Domínguez ha contestado cómo el actual gobierno se encontró “cuatro vulneraciones de los derechos laborales”, entre ellas “no comunicar las bajas de los trabajadores”. Ha asegurado que, en esta legislatura, “sí habrá dialogo y respeto a los trabajadores”.

Hace algo más de una semana el PSOE presentaba dos denuncias por la vía administrativa por incumplimiento de la dedicación exclusiva y ocultación de datos en el caso de los sobresueldos del ex gerente del Servicio Riojano de Salud. De forma paralela trataban de llevar el asunto al Parlamento de La Rioja para intentar obtener las respuestas necesarias del Gobierno de La Rioja pero parece que no está siendo posible.

Los socialistas riojanos han denunciado este viernes que “desde el PP se está haciendo todo lo posible para ocultar la información”. Recordaban que el último pleno del Parlamento, tanto el presidente del Gobierno de La Rioja como su portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, se negaron a contestar a las preguntas de la oposición sobre este tema, llegando este último a advertir de que hablaría con la presidenta del Parlamento “para evitar que se pudiera debatir alegando que no era un asunto que incumbiera en función pública”.

El PSOE asegura ahora que Dominguez ha cumplido su “amenaza” y es que la mesa del Parlamento, con mayoría del PP y presidida por la presidenta de la Cámara, se ha negado a calificar la moción presentada por el Grupo Socialista en la que buscaban el respaldo del Parlamento para instar al Gobierno de La Rioja a solicitar un dictamen al Consejo Consultivo.

“No estamos avisando de una ilegalidad”, recuerda el diputado socialista Miguel González de Legarra, “estamos ante una ilegalidad manifiesta, reconocida por el propio infractor que se ha llevado más de 35.000 euros y de la que es responsable la consejera de Salud y el consejero Domínguez ya que el decreto que regula la consejera de Hacienda y Gobernanza Pública deja claro que es al titular de esta consejería a quien le corresponden los conflictos de incompatibilidad del sector público”, aunque el propio Dominguez niega que así sea.

“Han prohibido que pueda llegar al pleno la propuesta del PSOE, impiden que se hable de ello y obstaculizan que las administraciones responsables puedan manifestarse al respecto”, concluye González de Legarra.

Mails que ofrecen citas en fechas pasadas

Pero no es la única traba con la que dice haberse encontrado el Partido Socialista en este asunto de los sobresueldos del ex gerente del SERIS. La diputada María Somalo ha recordado que presentó diferentes iniciativas parlamentarias hace ya tres meses que obtuvieron como única respuesta una cita en la gerencia del SERIS para que pudiera ver un documento Excel con las retribuciones.

Ante esta circunstancia, Somalo realizó una queja ante la mesa del Parlamento manifestando que no se había dado respuesta a las solicitudes de información porque la información no se había remitido a la mesa para que esta la pusiera a disposición de la diputada, como debe hacerse.

Su queja fue admitida y desde el Parlamento se requirió de nuevo al Gobierno para que facilitase la información solicitada. Hasta el día 11 de abril no recibió Somalo la respuesta en la que se le instaba nuevamente a desplazarse para consultar la información requerida. Lo curioso es que la cita se la daban para el día 8 de abril. Difícil acudir.

Se le dice además que el Gobierno ha agrupado 18 de sus solicitudes y que por es no es posible reenviar la información por vía telemática, porque es demasiada. “Me están tomando el pelo porque la estrategia de juntar 18 iniciativas para alegar que no cabe por vía telemática es un argumento infantil”, señala la diputada socialista, “es una tomadura de pelo a mi grupo pero también a la mesa del Parlamento que había requerido que se remitiera esa información”. 

“Entendemos que es la única manera de intentar que no se hable de una actividad ilegal del gerente que ha sido conocida, consentida y justificada por el consejero de Hacienda, por la consejera de Salud y por el presidente del Gobierno”, continúa, “el propio gerente ha reconocido que ha realizado esa actividad extraordinaria y ha recibido retribuciones por ello. La propia consejera también el 28 de diciembre en comparecencia manifestó que esta realidad alegando que 'el gerente no es una ONG'”. 

Consideran los socialistas que este silencio absoluto del Gobierno de La Rioja es relevante y esclarecedor y lo califican como una “absoluta irresponsabilidad y una tomadura de pelo”. “Este es el buen gobierno de transparencia que proclama Capellán”, denuncian.

El Partido Popular denuncia el uso partidista del Parlamento por parte del PSOE

El Partido Popular de La Rioja considera sin embargo que el Partido Socialista está intentando hacer un uso partidista del Parlamento “presentando una moción que no se ajusta al Reglamento de la Cámara y que ha sido rechazada siguiendo el criterio de los servicios jurídicos. Los diputados socialistas manipulan a la opinión pública porque saben que las mociones consecuencia de interpelación no sirven para solicitar dictámenes al Consejo Consultivo”.

Consideran que el Partido Socialista “hace el ridículo al pretender acusar al Gobierno de La Rioja de obstaculizar la obtención de información sobre asuntos sanitarios” y aseguran que a través de preguntas orales, escritas y peticiones de información al gobierno, los diputados han obtenido toda la documentación que han solicitado.

“Somalo y González de Legarra han rozado el esperpento este viernes queriendo trasladar a la opinión pública un cúmulo de falsedades que pretenden empañar la eficiente gestión sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular”, continúan “un Ejecutivo que, gracias al plan de choque implementado por la consejería de Salud, ha conseguido incrementar en seis meses un 16,5% el número de intervenciones quirúrgicas practicadas en los hospitales riojanos; reducir más de un 21% el número de pacientes en listas de espera, y bajar más de un 33% los días de demora, que han pasado de 120 a 78. Consecuencia, todo ello, de primar la buena gestión y la optimización de recursos por encima de criterios estrictamente ideológicos y, a todas luces, ineficaces”.

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado este jueves el cese de Jesús Álvarez como gerente del SERIS y el nombramiento de Luis Ángel González para este puesto. Se hace efectivo así el primero paso de la ya anunciada reestructuración de las gerencias del SERIS, que completará el nombramiento de Álvarez como gerente de Asistencia Hospitalaria.

Este miércoles, la diputada socialista María Somalo había denunciado que el hasta hoy gerente del SERIS había estado trabajando como anestesista con sobresueldos de una media de 6.000 euros al mes a pesar de que su puesto de gerente no lo permitía, al ser considerado como un alto cargo del Gobierno de La Rioja con dedicación exclusiva.

El Gobierno de La Rioja, por su parte, desmintió las declaraciones de la diputada socialista, negó que hubiera incompatibilidad y aseguró que “las retribuciones del gerente del SERIS son perfectamente legales y están reguladas en la Orden SPS/12/2023 publicada en el BOR en noviembre”. Sin embargo, las retribuciones extra del gerente se estaban produciendo, según advirtió el PSOE, desde su nombramiento en agosto.

Esta orden del 23 de noviembre a la que se refiere el Gobierno de La Rioja recoge los puestos que sí podrán realizar actividad asistencial cuando sea estrictamente necesario, entre los que están las gerencias de Atención Hospitalaria y de Atención Primaria. Es decir, el nuevo puesto que ocupará Jesús Álvarez sí permitirá actividad y sueldos complementarias, que él mismo seguirá organizando. En concreto, la orden recoge un complemento específico de 2.059,14 euros mensuales que se sumarán a las retribuciones de personal estatutario, así como los complementos correspondientes.

El diputado provincial en Pontevedra y alcalde de A Guarda, Roberto José Álvarez Carrero, ha pedido “disculpas públicas” por los casi 3.800 euros cobrados “por error” por su asistencia a plenos de la Diputación de Pontevedra, asegurando que ya ha transferido a la Administración este dinero. La decisión llega semanas después de que el grupo socialista denunciase que Carrero se había “llevado para casa dinero que no le corresponde durante tres meses”, algo que consideran un caso claro de “corrupción”.

El PSOE registró una pregunta en la Diputación en la que recordaba que Carrero goza de una dedicación exclusiva parcial del 79% como responsable de Cooperación Transfronteriza y Relaciones Institucionales, un cargo que le reporta una retribución anual de 54.406 euros “repartidos en 4.000 euros al mes”. Sin embargo, de septiembre a noviembre, estuvo “complementando” esos ingresos con los cobros por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas, algo a lo que sólo tienen derecho los diputados sin dedicación, unosingresos que “engordaron su nómina para rebasar los 6.000 euros al mes”.

El portavoz socialista Carlos Font subraya además que todo esto se pudo confirmar después de que el PSOE denunciase el “apagón” del Portal de Transparencia da Deputación, de donde habían desaparecido las retribuciones de los diputados, algo que el gobierno provincial atribuyó a “una avería en un nodo informático”. Cuando los datos volvieron a aparecer fue cuando se pudo comprobar la existencia de ese sobresueldo.

Los socialistas han pedido explicaciones directas del presidente de la Diputación, Luis López, además de “responsabilidades políticas inmediatas y ya veremos si también judiciales”, tanto de quien cobró como de quien pagó. Los ingresos fueron aprobados por el que fuera conselleiro de Sanidade de Feijóo durante la pandemia, el diputado de Personal y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

En un audio difundido a los medios de comunicación, recogido por Europa Press, Carrero ha lamentado este “error administrativo” del cual ni los servicios internos de la Diputación ni él mismo se percataron hasta esta semana. Asegura que “no hubo en ningún caso mala fe” y anuncia que se pondrá a disposición de la oposición un informe realizado por los técnicos de la Diputación en el que se detalla lo ocurrido.

Esperando esta respuesta, el PSOE ya advertía en su iniciativa que no admitirían la excusa del error “porque los hechos son extremadamente graves, hasta el punto de que si no llegamos a descubrirlos, seguirían produciéndose de forma indefinida”. “Quien coge durante tres meses lo que no es suyo sin decir palabra, no tiene defensa posible; y el que paga, tampoco”, concluye Font.