La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha opinado que la petición del papa León XIV contra la guerra ha molestado a la “fiera” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha comparado con “la niña del exorcista”.

En el programa 'Sexto continente' emitido en Radio María este lunes 13 de abril, Munilla ha manifestado que Trump se ha “revuelto” contra el papa después de que éste enviara el pasado sábado desde la basílica de San Pedro el mensaje al mundo de que quien tenga capacidad de optar por la guerra o la paz, que elija esto último.

Ha proseguido que estas palabras “increíbles, bellísimas y profundísimas” fueron “las que molestaron a la fiera”, en referencia al presidente estadounidense, quien se “revolvió como la niña del exorcista con el agua bendita” pese a que el papa “tuvo la delicadeza” de no mencionar al propio Trump ni a Estados Unidos.

Para Munilla, “Trump está optando por el camino de la guerra y no la paz” ante lo cual León XIV “ha hecho lo que debía de hacer” pese a que haya “tocado el trigémino al hombre que cree el más poderoso del mundo”.

El obispo de Orihuela-Alicante ha considerado que Trump hace una “banalización del mal” y que se “ufana” cuando “hace alarde de una victoria (militar) rotunda y que ha borrado del mapa” al enemigo ya que en realidad “mata a gente inocente, destrozando familias”.

A su juicio, “hay un delirio de omnipotencia: la idolatría de creerse que soy el dueño del mundo” en un tiempo en el que también observa que los movimientos geoestratégicos buscan el “lucro injusto”.

“Aquí hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas”, ha advertido Munilla antes de comentar que hay dirigentes que deciden arbitrariamente sobre esas fuentes energéticas y su distribución mundial para ganar dinero.

Y también ha alertado que se juega con los tiempos de esas decisiones: “Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres”, ha señalado.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Más de 70 organizaciones de derechos humanos han pedido a la UE que rechace una propuesta destinada a aumentar la deportación de personas indocumentadas, advirtiendo que corre el riesgo de convertir los espacios cotidianos, los servicios públicos y las interacciones comunitarias en herramientas de control de inmigración al estilo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EEUU.

El pasado marzo, la Comisión Europea presentó su propuesta para aumentar las deportaciones de personas sin derecho legal a permanecer en la UE, incluyendo la posibilidad de enviarlas a centros de detención en países fuera de la UE. El proyecto de reglamento sobre control de inmigración, que aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, llega después de que la extrema derecha lograra avances en las elecciones de esa Cámara en 2024.

En una declaración conjunta publicada este lunes, 75 organizaciones de derechos humanos de toda Europa afirmaron que, si finalmente se aprueba, el reglamento podría ampliar y normalizar las redadas antiinmigración y las medidas de vigilancia en todo el continente e intensificar la discriminación racial.

Las nuevas normas “consolidarían un sistema punitivo, alimentado por la retórica de extrema derecha y basado en la sospecha racializada, la denuncia, la detención y la deportación”, afirma el comunicado. “Europa sabe por su propia historia adónde pueden conducir los sistemas de vigilancia, búsqueda de chivos expiatorios y control”, agrega.

Cuando anunció las propuestas el año pasado, la Comisión Europea las describió como “procedimientos eficaces y modernos” que aumentarían las deportaciones de personas a las que se les ha denegado el asilo o que han permanecido más tiempo del permitido, según su visado. Una de cada cinco personas sin derecho a estancia en la UE es devuelta a su país de origen, esa tasa ha cambiado poco en los últimos años.

El comunicado del lunes destaca la amplitud de las medidas propuestas, con planes para permitir que la policía registre domicilios particulares en busca de personas indocumentadas sin orden judicial, así como “otros locales relevantes”. Eso podría dar lugar a “redadas similares a las del ICE” en domicilios particulares, así como en espacios públicos y lugares de trabajo, según Michele LeVoy, de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados. “No podemos indignarnos con ICE en Estados Unidos y, al mismo tiempo, apoyar estas prácticas en Europa”.

Denuncias por parte de los servicios públicos

La propuesta también podría exigir a los servicios públicos que informen sobre las personas indocumentadas, una medida que probablemente disuadiría a las personas de acceder a servicios esenciales de salud, educación y sociales.

Médicos del Mundo afirma que las consecuencias más amplias de dicha medida ya se estaban manifestando en Minnesota, donde se está desatando una crisis de salud pública tras la represión migratoria de los pasados meses. “Las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades crónicas simplemente evitan buscar servicios de salud esenciales, incluso en emergencias y cuando sus vidas corren peligro”, señala Andrea Soler Eslava desde esa ONG. “Esto es inaceptable y, además, puede causar graves problemas de salud pública”.

A finales de enero, 16 expertos en derechos humanos de la ONU escribieron a la UE sobre la propuesta de regulación. La misiva de 19 páginas enumera más de una docena de preocupaciones sobre cómo los planes podrían contravenir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La carta de los expertos de la ONU también cuestiona los motivos de la UE: “Nos preocupa que la regulación propuesta pueda, en parte, haber sido motivada por estigmatizar a los inmigrantes por ciertos problemas sociales locales, sugiriendo erróneamente que expulsar a los inmigrantes resolvería estos problemas”, afirma, citando la crisis de la vivienda como ejemplo.

Este lunes, las organizaciones de derechos humanos se suman a las preocupaciones de la ONU, citando proyectos de ley que incluyen la recopilación masiva de datos personales y la facilitación del intercambio de estos datos entre las fuerzas policiales de la UE.

Riesgo de fomentar el racismo

“Aumentar la vigilancia, la actuación policial y la elaboración de perfiles raciales solo fomentará el racismo y una agenda de extrema derecha, no reducirá la migración. De ser aceptadas, estas medidas propuestas socavarán las libertades civiles más básicas con consecuencias catastróficas, que es la verdadera amenaza que deberíamos abordar”, declara Alamara Khwaja Bettum, de la ONG Statewatch.

El proyecto de reglamento sobre retornos se votará en la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo a principios de marzo. La semana pasada, la UE dio un paso más hacia la creación de centros extraterritoriales para migrantes después de que eurodiputados de centroderecha y extrema derecha se unieran para respaldar cambios que brindarán a las autoridades más opciones para deportar a los solicitantes de asilo, incluido el envío de personas a países en los que nunca han estado.

Emmanuel Achiri, de la Red Europea Contra el Racismo, afirma que quienes más probablemente se verían afectados por las regulaciones de retorno propuestas son las comunidades racializadas de toda Europa, lo que podría agravar la discriminación racial ampliamente documentada que ya enfrentan.

“Lejos de ser una medida migratoria neutral, esta propuesta constituye un ataque directo y desproporcionado a comunidades que ya están marginadas y, con demasiada frecuencia, abandonadas por los responsables políticos”, denuncia Achiri. “Medidas de este tipo no tienen cabida en una Unión Europea que afirma tomarse en serio la lucha contra el racismo estructural”.

La actuació de Bad Bunny a la Super Bowl s'ha colat aquest dimarts en el ple del Parlament balear com a símbol de l'enfrontament polític entre el PSIB-PSOE i el Govern de Marga Prohens (PP) en matèria migratòria, convertida en un dels principals camps de batalla política de la legislatura. El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha reivindicat el missatge d'orgull, diversitat i llibertat que l'artista porto-riqueny va llançar durant l'espectacle -marcat per la presència de banderes latinoamericanes- com un al·legat enfront de les polítiques migratòries impulsades per Donald Trump, que ha equiparat a les de l'Executiu illenc.

En resposta, Prohens ha etzibat “viva Bad Bunny” -lliscant amb ironia “vestit de Zara”, als treballadors de la qual qual l'artista va dedicar l'espectacle-: “Visquin les persones que venen a treballar, a contribuir, a generar riquesa, a integrar-se i a respectar les nostres lleis”, ha abundat, condensant bona part del marc polític que el PP balear ve desplegant des de fa mesos al costat de Vox, soci d'investidura dels populars.

Durant la pregunta que li ha formulat a la líder balear, Negueruela ha subratllat el missatge de “orgull llatí, drets i llibertat per a tota una població” llançat durant la Super Bowl, un “discurs en positiu enfront de les mentides i la desraó de les polítiques de Trump” que el socialista, dirigint-se a la bancada dels conservadors, ha extrapolat a Balears i a “les polítiques que vostès fan aquí”. El portaveu parlamentari ha denunciat amb això el “discurs d'odi en primera persona i el to altament racista” empleat pel Govern de Prohens.

Negueruela ha asseverat que les banderes llatinoamericanes que van desfilar durant el xou “són les mateixes que viuen aquí”, en referència a les més de 250.000 persones nascudes en països d'Amèrica Llatina que resideixen a Balears, d'acord amb les dades oficials de l'Institut Balear d'Estadística (Ibestat). “Colombians, veneçolans, argentins, equatorians, uruguaians, brasilers o mexicans que viuen aquí, treballen aquí i tenen drets aquí”, ha recalcat el socialista.

En aquesta línia, el parlamentari ha incidit en què es tracta de ciutadans amb drets, recriminant a l'Executiu autonòmic de “negar-los-hi” i defensant les regularitzacions extraordinàries dutes a terme en anteriors etapes, tant per l'Executiu central com per governs autonòmics, que van permetre a milers de persones accedir a permisos de residència i treball. Com a exemple ha citat serveis essencials com el de les cures, sector que depèn en gran manera de mà d'obra migrant, sovint de forma precarizada i en situació administrativa irregular.

En el seu torn de paraula, Prohens ha replicat apel·lant a la defensa del model migratori del PP i asseverant que si al PSIB el preocupés tant la situació dels migrants instaria que es resolguessin els problemes de saturació en Estrangeria, denunciant en aquest sentit que els retards administratius converteixen en “irregulars” a persones que ja residien legalment a les illes. En aquest context, ha qualificat la regularització extraordinària d'improvisada, considerant que ha estat duta a terme per a desviar l'atenció: “No va de drets, això és racisme institucional”.

Endurint el to, la presidenta ha acudit a un dels arguments habituals de la dreta per a desplaçar el debat migratori cap al terreny cultural: “Són molt valents per a atacar els símbols catòlics, però molt covards per a atacar el burca”.

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se ha colado este martes en el pleno del Parlament balear como símbolo del enfrentamiento político entre el PSIB-PSOE y el Govern de Marga Prohens (PP) en materia migratoria, convertida en uno de los principales campos de batalla política de la legislatura. El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha reivindicado el mensaje de orgullo, diversidad y libertad que el artista puertorriqueño lanzó durante el espectáculo -marcado por la presencia de banderas latinoamericanas- como un alegato frente a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que ha equiparado a las del Ejecutivo isleño.

En respuesta, Prohens ha espetado “viva Bad Bunny” -deslizando con ironía “vestido de Zara”, a cuyos trabajadores el artista dedicó el espectáculo-: “Vivan las personas que vienen a trabajar, a contribuir, a generar riqueza, a integrarse y a respetar nuestras leyes”, ha abundado, condensado buena parte del marco político que el PP balear viene desplegando desde hace meses junto a Vox, socio de investidura de los populares.

Durante la pregunta que le ha formulado a la líder balear, Negueruela ha subrayado el mensaje de “orgullo latino, derechos y libertad para toda una población” lanzado durante la Super Bowl, un “discurso en positivo frente a las mentiras y la sinrazón de las políticas de Trump” que el socialista, dirigiéndose a la bancada de los conservadores, ha extrapolado a Balears y a “las políticas que ustedes hacen aquí”. El portavoz parlamentario ha denunciado con ello el “discurso de odio en primera persona y el tono altamente racista” empleado por el Govern de Prohens.

Negueruela ha aseverado que las banderas latinoamericanas que desfilaron durante el show “son las mismas que viven aquí”, en referencia a las más de 250.000 personas nacidas en países de América Latina que residen en Balears, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). “Colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños o mexicanos que viven aquí, trabajan aquí y tienen derechos aquí”, ha recalcado el socialista.

En esta línea, el parlamentario ha incidido en que se trata de ciudadanos con derechos, recriminando al Ejecutivo autonómico de “negárselos” y defendiendo las regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo en anteriores etapas, tanto por el Ejecutivo central como por gobiernos autonómicos, que permitieron a miles de personas acceder a permisos de residencia y trabajo. Como ejemplo ha citado servicios esenciales como el de los cuidados, sector que depende en gran medida de mano de obra migrante, a menudo de forma precarizada y en situación administrativa irregular.

En su turno de palabra, Prohens ha replicado apelando a la defensa del modelo migratorio del PP y aseverando que si al PSIB le preocupara tanto la situación de los migrantes instaría a que se resolvieran los problemas de saturación en Extranjería, denunciando en este sentido que los retrasos administrativos convierten en “irregulares” a personas que ya residían legalmente en las islas. En este contexto, ha calificado la regularización extraordinaria de improvisada, considerando que ha sido llevada a cabo para desviar la atención: “No va de derechos, eso es racismo institucional”.

Endurenciendo el tono, la presidenta ha acudido a uno de los argumentos habituales de la derecha para desplazar el debate migratorio hacia el terreno cultural: “Son muy valientes para atacar los símbolos católicos, pero muy cobardes para atacar el burka”.

El debat lingüístic torna a enfrontar PP i Vox a les Balears. Els populars s'han oposat de manera taxativa a la regularització extraordinària de migrants, si bé asseveren que, arribat el cas, aquells que optin a la residència legal hauran de “mostrar la voluntat” d'aprendre català, una mesura que Vox no veu amb bons ulls: “El que han de parlar és castellà i integrar-se en els nostres costums. Amb la imposició lingüística que hi ha a les illes, el català segur que l'aprendran a la força”.

El portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, va assegurar divendres passat que el Govern utilitzarà “totes les vies legals” per frenar la regularització extraordinària, que va qualificar de “regal” i, malgrat admetre que la competència d'estrangeria és exclusiva del Govern, no va descartar impugnar el decret estatal davant la Justícia i va advertir que utilitzarà “totes les vies legals” per frenar-lo i “defensar els interessos de les Balears”. Els conservadors ja han registrat una Proposició No de Llei (PNL) per expressar la seva oposició a la mesura pactada per PSOE i Podem i instar l'Executiu espanyol a agilitzar les expulsions d'aquestes persones.

La iniciativa pretén fer constatar que aquesta regularització “massiva i indiscriminada”, que a les Balears podria arribar a unes 10.800 persones, contribuirà a l'“efecte crida”, un extrem que ha rebutjat el delegat del Govern central a les illes, Alfonso Rodríguez, qui defensa la mesura com una eina d'abast social i econòmic que permetrà que aflorin situacions laborals precàries i dotar d'estabilitat sectors amb alta dependència de mà d'obra estrangera.

En aquest sentit, assenyala que la mesura “és bona per a tota la societat” atès que reforça els drets i les obligacions dels treballadors, ofereix seguretat jurídica a les empreses i contribueix a reduir l'economia submergida, un fenomen especialment rellevant en territoris amb forta activitat estacional com les Balears. “Beneficia els treballadors, que guanyen en drets i obligacions, beneficia les empreses, que guanyen en seguretat jurídica, i serveix en la lluita contra l'economia submergida”, va subratllar la setmana passada.

Malgrat el seu rebuig a la regularització, el PP creu que el català ha de ser central en qualsevol procés d'integració: “Aquí tenim, i ho dic clarament, una llengua pròpia. I els qui vulguin obtenir la residència en aquesta comunitat autònoma han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia”, va manifestar Costa.

Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha reiterat el rebuig de la seva formació a la regularització extraordinària de migrants, argumentant que “la nacionalitat d'un país no es regala, es treballa”, a més d'incidir en què primer “han de parlar castellà”.

La gestió del model educatiu i lingüístic és una de les principals línies de fractura entre el PP i Vox a les illes. Mentre els populars aposten per mantenir l'actual sistema d'ensenyament bilingüe, Vox exigeix un canvi que desmunti el marc normatiu autonòmic en matèria lingüística. Les divergències al voltant d'aquest assumpte han posat a prova en diverses ocasions l'estabilitat del pacte subscrit entre tots dos a l'inici de legislatura i també la del propi Executiu de Marga Prohens.

El mes de novembre passat el PP i els grups d'esquerres tombaren la proposició de llei que havia presentat Vox per blindar l'espanyol a l'escola, una mesura que volia implantar l'extrema dreta mitjançant la segregació dels alumnes en funció de la llengua amb què les famílies decidissin que estudinessin els seus fills i arraconant, de fet, l'ensenyament del català als col·legis de les illes. Els populars van votar en contra de la mateixa en considerar que la seva aplicació suposaria, en la pràctica, “càrregar-se” el Decret de Mínims, un dels pilars de la política lingüística a l'arxipèlag que, des de la seva aprovació el 1997, garanteix en almenys un 50% l'ús del català en l'ensenyament.

El debate lingüístico vuelve a enfrentar a PP y a Vox en Balears. Los populares se han opuesto de forma tajante a la regularización extraordinaria de migrantes, si bien asevera que, llegado el caso,  aquellos que opten a la residencia legal deberán “mostrar la voluntad” de aprender catalán, una medida que Vox no ve con buenos ojos: “Lo que tienen que hablar es castellano e integrarse en nuestras costumbres. Con la imposición lingüística que hay en las islas, el catalán seguro que lo aprenderán a la fuerza”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, aseguró el pasado viernes que el Govern utilizará “todas las vías legales” para frenar la regularización extraordinaria, que calificó de “regalo” y, pese a admitir que la competencia de Extranjería es exclusiva del Gobierno, no descartó impugnar el decreto estatal ante la Justicia y advirtió de que utilizará “todas las vías legales” para frenarlo y “defender los intereses de Balears”. Los conservadores ya han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para expresar su oposición a la medida pactada por PSOE y Podemos e instar al Gobierno central a agilizar las expulsiones de estas personas.

La iniciativa pretende hacer constatar que esta regularización “masiva e indiscriminada”, que en Balears podría alcanzar a unas 10.800 personas, contribuirá al “efecto llamada”, un extremo que ha rechazado el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, quien defiende la medida como una herramienta de alcance social y económico que permitirá que afloren situaciones laborales precarias y dotar de estabilidad a sectores con alta dependencia de mano de obra extranjera.

En este sentido, señala que la medida “es buena para toda la sociedad” dado que refuerza los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ofrece seguridad jurídica a las empresas y contribuye a reducir la economía sumergida, un fenómeno especialmente relevante en territorios con fuerte actividad estacional como Balears. “Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones, beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica, y sirve en la lucha contra la economía sumergida”, subrayó la pasada semana.

Pese a su rechazo a la regularización, el PP cree que el catalán debe ser central en cualquier proceso de integración: “Aquí tenemos, y lo digo claramente, una lengua propia. Y quienes quieran obtener la residencia en esta comunidad autónoma tienen que mostrar la voluntad de conocer nuestra lengua propia”, manifestó Costa.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reiterado el rechazado de su formación a la regularización extraordinaria de migrantes, argumentando que “la nacionalidad de un país no se regala, se trabaja”, además de incidir en que primero “tienen que hablar castellano”.

La gestión del modelo educativo y lingüístico es una de las principales líneas de fractura entre PP y Vox en las islas. Mientras los populares apuestan por mantener el actual sistema de enseñanza bilingüe, Vox exige un cambio que desmonte el marco normativo autonómico en materia lingüística. Las divergencias en torno a este asunto han puesto a prueba en varias ocasiones la estabilidad del pacto suscrito entre ambos a inicios de legislatura y también la del propio Ejecutivo de Marga Prohens.

El pasado mes de noviembre el PP y los grupos de izquierdas tumbaron la proposición de ley que había presentado Vox para blindar el español en la escuela, una medida que quería implantar la extrema derecha mediante la segregación de los alumnos en función de la lengua con la que las familias decidieran que estudiasen sus hijos y arrinconando, de facto, la enseñanza del catalán en los colegios de las islas. Los populares votaron en contra de la misma al considerar que su aplicación supondría, en la práctica, “cargarse” el Decreto de Mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago que, que desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza.

Abres la prensa y, por fin, una buena noticia: Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes. Este martes, una lucha con años de trayectoria y con miles de personas detrás –desde colectivos antirracistas hasta la propia Iglesia– se abre de una vez paso tras varios fracasos y cuando parecía que ya estaba todo perdido en esta legislatura. ¡Viva! 

Si todo sigue adelante como debe, mi cuñado será una de esas miles de personas beneficiadas por el real decreto: un chico de 20 años que lleva más de 18 en España, que llegó por reagrupación familiar y en un momento quedó en un limbo administrativo que a nadie le parece lógico pero que ni la Administración ni los abogados han sabido resolver hasta ahora. No se puede negar su arraigo: vino a Madrid con 2 años, su familia y sus amigos están aquí, toda su educación se ha desarrollado en España (desde la escuela infantil hasta la Formación Profesional), y de su país de origen apenas recuerda lo que le cuentan o lo que ve en fotos. ¿Alguien podría argumentar que no es un ciudadano de pleno derecho? Ahora mismo ‘solo’ su documentación lo hace.

Estoy segura de que la situación de mi cuñado no es única (tengo más casos cercanos parecidos). De hecho, y pese al imaginario, la mayoría de los migrantes irregulares que viven en España no llegaron en patera ni hablan otro idioma: según el último informe del centro de análisis Funcas, el 90% procede de Latinoamérica, es decir, entraron al país en avión, y son niños en muchísimos casos. En 2019, la fundación Por Causa cifraba en 147.000 el número de migrantes en situación irregular menores de edad. 

Lo digo por el PP y por Vox, que hablan de “mafias”, por los policías, que salen con el mantra de la “inseguridad”, por tu cuñado, quizás, que necesita datos, pero también por ti o por mi entorno, que no sabe de qué va esto. Conseguir los papeles no es fácil; si lo fuera, no tendría sentido una regularización extraordinaria como esta para sacar a medio millón de personas de un limbo plagado de requisitos y trabas que en muchos casos solo se solventan previo pago de abogados.  

Siento que una buena parte de la población española no es consciente de esto y que, cuando la gente lee que cientos de miles de migrantes van a ser regularizados, piensa en un ente difuso, lejano, estereotípico, deshumanizado, ajeno al ‘nosotros’. Pero es que resulta que esas personas ya son parte del ‘nosotros’: estudian, trabajan, son niños –muchas veces nacidos en España–, compran en el supermercado, cogen el Metro o el autobús, tienen redes sociales y hasta se van de cañas, leen, escriben y hablan con sus vecinos, solo que evitan mencionar, en la mayoría de los casos, su situación irregular, ese punto negro en su documentación que les quita derechos básicos –como asistencia sanitaria o acceso a una nómina–, y más de una vez también el sueño.  

Ojalá lo entienda esa derecha que habla de “efecto llamada” y de “cortinas de humo” y se fije, si le parece buena referencia, en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, que ha celebrado la medida como una cuestión de “dignidad” para decenas de miles de personas.

Acumulaban meses escuchando noticias sobre una posible regularización extraordinaria que nunca llegaba. Cada vez que les mandaban un enlace sobre ello, sentían un pequeño respingo de alegría, hasta que pronto comprobaban que nada estaba asegurado. Por eso a muchas personas que viven y trabajan en España sin papeles desde hace meses, como Luisa, Aicha, o Nemesio, les costó creer la confirmación definitiva: la regularización de la que tanto hablaban iba a hacerse realidad. Por fin podrían conseguir los papeles. Por fin sus derechos pasarán a ser reconocidos como los de un ciudadano cualquiera.

A Luisa le empezaron a llegar mensajes en el grupo de Whatsapp que comparte con otras compañeras de la organización de mujeres migrantes en la que es voluntaria. Aicha, originaria de Marruecos, se lo encontró en Facebook y se lo enseñó a sus hijas, aún incrédula. Nemesio lo vio en redes sociales después de una jornada laboral en las labores de limpieza de varios portales. Ninguno le hizo mucho caso; pensaron que era un rumor.

“Al principio no me lo creía, no reaccioné. Soy incrédula, pensé que eso tan bueno no me iba a pasar a mí… no lo asimilaba”, dice Luisa, colombiana de 26 años, a elDiario.es. “Cuando otra compañera me dijo que estaba muy contenta por nosotras, que podríamos conseguir los papeles con ello, ya empecé a asimilarlo”, añade la joven, quien tras dos años de residencia efectiva en España aún no ha logrado obtener su permiso.

En cuanto lo acabó de asimilar, Luisa no tardó mucho en reaccionar y ponerse en marcha. El Consejo de Ministros aún no había acordado este martes el inicio de la tramitación del proceso de regularización, cuando la colombiana ya empezó a moverse para solicitar el certificado que confirma la inexistencia de antecedentes penales, uno de los documentos que deberá entregar cuando se abra el registro de peticiones, que el Gobierno calcula que será a partir del mes de abril. 

La mujer, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, etre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

¿Qué cambiará en su vida cuando consiga los papeles? “Todo”, dice entre risas, con una mezcla de resentimiento. “Principalmente, por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma… ”, enumera Luisa. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de márketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. “Mi plan es buscar trabajos y formarme más en ese área. Ya tengo preparado el portfolio”, dice, con ganas de empezar cuanto antes la nueva etapa que tanto ansiaba.

Diplomas que cogen polvo

Aicha, como Luisa, también habla de tiempo perdido y oportunidades laborales. En el pequeño estudio en el que vive con sus dos hijas y una nieta de cuatro años, rebusca entre sus papeles para mostrar a elDiario.es los distintos diplomas que atesora. “Tengo muchos títulos. En Marruecos me he formado como peluquera y cocinera, pero sin papeles no sirve de nada. Sin papeles no puedo hacer nada aquí. Por eso la nueva ley [la regularización] es tan importante para mí”, dice la mujer marroquí, de 61 años. “Yo aún puedo trabajar, pero llevo dos años casi de brazos cruzados, solo con algunos empleos puntuales, porque sin permiso de residencia es muy difícil”, comenta la señora.

Horas antes de recibir a elDiario.es en su vivienda de Lavapiés, Aicha acudió a los alrededores del Congreso para celebrar junto decenas de personas la puesta en marcha del primer trámite del proceso de regularización. “Estoy muy contenta. No solo por mí, también por ellas”, decía señalando a sus familiares, una joven y una niña de cuatro años.

Ibtissam, la hija de Aicha, llegó a Madrid hace solo ocho meses. Ni ella ni su pequeña tienen papeles y no han podido siquiera empadronarse, por eso las organizaciones celebran que las opciones establecidas por el Gobierno y Podemos para demostrar una residencia de cinco meses, uno de los requisitos clave para acceder a la regularización sean más amplias que el registro en el padrón. Para las personas sin papeles, no siempre es fácil cumplir este trámite. Por eso la norma permitirá probar los meses de vida el tiempo en el país con otros documentos, públicos y privados, como recibdos de la luz o informes sociales o médicos.

“Vine con mi niña de cuatro años. Puedo comer gracias a la ayuda de una asociación y mi familia, porque sin papeles no puedo trabajar”, lamenta la mujer marroquí. “Cuando vi la noticia en TikTok me puse muy contenta. Ahora podré buscar un trabajo”, celebra mientras no quita ojo a su pequeña.

Los alquileres, aún más difícil sin papeles

En los últimos dos años, el tiempo que lleva en España, Nemesio ha pasado buena parte de sus mañanas en Plaza Elíptica a la espera de cualquier oportunidad laboral. Es el punto de encuentro para cientos de personas sin papeles, generalmente hombres, que ofrecen su mano de obra irregular en sectores como la construcción o las mudanzas.

Si se acumulan allí cada día cientos de trabajadores como él es porque hay empleadores que los buscan y necesitan, pese a no tener papeles. “Ojalá no tener que volver a Plaza Elíptica nunca más”, dice este hombre peruano, de unos 40 años. “La última vez que fui, hubo una redada enorme y me pusieron una multa de 500 euros por no tener papeles”, dice con preocupación, ante el temor que dicha infracción administrativa, que no puede pagar por el momento, entorpezca el proceso de regularización.

Nemesio vive en Ciempozuelos (Madrid) junto a su esposa y sus dos hijas menores, de 14 y 10 años, en un piso de dos habitaciones que comparte con otra familia de otros cuatro integrantes. “Se nos queda muy pequeño, pero sin papeles, sin nómina y con hijos es muy difícil alquilar en otras condiciones”, critica el peruano, que aspira a poder encontrar un lugar digno tras conseguir los papeles.

El hombre, quien ahora se encuentra cubriendo una baja -sin contrato- como limpiador de varios portales, enumera la lista de deseos que acumulaba cada vez que pensaba en el momento de regularizar su situación administrativa: “Voy a poder optar a trabajar en una empresa, renovar mi licencia de conducir, voy a ayudar a regularizar a mis dos niñas, voy a poder tratar de conseguir un piso...”, celebra Nemesio.

La medida permite la regularización de todas las personas extranjeras que demuestren haber vivido en España durante al menos cinco meses antes de presentar su solicitud, siempre que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. “Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, aseguró la ministra de Migraciones.

Edith Espinola, una de las portavoces de la campaña Regularización Ya, explicaba en una rueda de prensa en el Congreso el impacto de un regularización extraordinaria. “Yo puedo hablar de de mí, que he sido trabajadora del hogar. Tener una tarjeta de residencia, poder salir a la calle y saber que un domingo la policía no te va a coger en cualquier estación de metro, es un paso, es un logro”, dice la también portavoz del colectivo de empleadas domésticas, Sedoac. “Y, sobre todo, es un sueño poder llegar a tu casa y sentirte persona y no estar siempre con el terror o la opresión de saber que tu empleador tiene el poder sobre tu cuerpo. Entonces en ese está otorgando dignidad a personas que todos los días sostienen la vida de muchísimas familias en España”, añadía Espinola.

Son nuestros vecinos. Nos los encontramos en el metro, en el tren o en el mercado. Es el repartidor que llama a nuestro timbre cuando pedimos comida a domicilio, la mujer que cuida a nuestras abuelas, el hombre que limpia nuestro portal o nos avisa de que llevamos un cordón desatado mientras caminamos por la calle. Las cerca de 500.000 personas que el Gobierno espera que se acojan a la regularización extraordinaria ya viven y trabajan en España desde hace meses. Pueden ser cualquiera, solo que no tienen los derechos derechos de cualquiera. Hasta que, una vez presentada su solicitud, encuentren la respuesta favorable que les permita ser, entonces sí, uno más.

Unes 10.800 persones podrien acollir-se a les Balears, almenys en una primera fase, al procés de regularització extraordinària de migrants pactat per Podem i PSOE i aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. Es tracta dels expedients que actualment es troben oberts a Estrangeria per arrelament sociolaboral, un procediment que exigeix acreditar dos anys de permanència a l'Estat.

Així ho ha explicat el delegat del Govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, qui ha assenyalat que aquesta xifra no inclou les persones sol·licitants de protecció internacional, que es regeixen per altres vies administratives. “Caldrà veure l'abast real i això ens ho aniran donant les dades. A finals de juny tindrem la totalitat de les demandes”, ha indicat en roda de premsa.

Rodríguez ha defensat la regularització extraordinària com una eina d'abast social i econòmic, en considerar que permet aflorar situacions laborals precàries i dotar d'estabilitat sectors amb alta dependència de mà d'obra estrangera. En aquest sentit, ha subratllat que la mesura “és bona per a tota la societat” atès que reforça els drets i les obligacions dels treballadors, ofereix seguretat jurídica a les empreses i contribueix a reduir l'economia submergida, un fenomen especialment rellevant en territoris amb forta activitat estacional com les Balears. “Beneficia els treballadors, que guanyen en drets i obligacions, beneficia les empreses, que guanyen en seguretat jurídica, i serveix en la lluita contra l'economia submergida”, ha subratllat.

El representant de l'Executiu central a les illes ha qualificat a més la iniciativa com a “valent” i ha subratllat l'impacte que pot tenir en sectors clau de l'economia balear que arrosseguen des de fa anys problemes estructurals de manca de mà d'obra. Entre ells, ha citat les cures, l'hoteleria i el sector primari, àmbits en els quals la regularització pot contribuir a estabilitzar plantilles i reduir la precarització laboral.

Davant les crítiques de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), qui ha asseverat que la mesura contribuiria a un “nou efecte crida” a les Balears, Rodríguez ha rebutjat aquest extrem, acusant la líder balear de mantenir un discurs contradictori: “No és un efecte crida, és una resposta a persones que ja són aquí. No crides a ningú. Vincular-ho a un suposat efecte crida és desenfocar el tema i no atendre la realitat”.

En aquest sentit, ha recordat que el procés té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va ser admesa a tràmit amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris excepte Vox. Rodríguez ha retret al Partit Popular que ara es distanciï d'aquella posició favorable adoptada el 2024 i assumeixi, al seu parer, un discurs condicionat per l'extrema dreta.

Per últim, el delegat del Govern ha recordat que les Balears van tancar l'últim any amb més de 100.000 persones estrangeres afiliades a la Seguretat Social, de les quals més de 60.000 són de fora de la Unió Europea.

Unas 10.800 personas podrían acogerse en Balears, al menos en una primera fase, al proceso de regularización extraordinaria de migrantes pactado con Podemos y aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Se trata de los expedientes que actualmente se encuentran abiertos en Extranjería por arraigo sociolaboral, un procedimiento que exige acreditar dos años de permanencia en el Estado.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, quien ha señalado que esta cifra no incluye a las personas solicitantes de protección internacional, que se rigen por otros cauces administrativos. “Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas”, ha indicado en rueda de prensa.

Rodríguez ha defendido la regularización extraordinaria como una herramienta de alcance social y económico, al considerar que permite aflorar situaciones laborales precarias y dotar de estabilidad a sectores con alta dependencia de mano de obra extranjera. En este sentido, ha subrayado que la medida “es buena para toda la sociedad” dado que refuerza los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ofrece seguridad jurídica a las empresas y contribuye a reducir la economía sumergida, un fenómeno especialmente relevante en territorios con fuerte actividad estacional como Balears. “Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones, beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica, y sirve en la lucha contra la economía sumergida”, ha subrayado.

El representante del Ejecutivo central en las islas ha calificado además la iniciativa como “valiente” y ha subrayado el impacto que puede tener en sectores clave de la economía balear que arrastran desde hace años problemas estructurales de falta de mano de obra. Entre ellos, ha citado los cuidados, la hostelería y el sector primario, ámbitos en los que la regularización puede contribuir a estabilizar plantillas y reducir la precarización laboral.

Frente a las críticas de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien ha aseverado que la medida contribuiría a un “nuevo efecto llamada”en Balears, Rodríguez ha rechazado tal extremo, acusando a la líder balear de mantener un discurso contradictorio: “No es un efecto llamada, es una respuesta a personas que ya están aquí. No llamas a nadie. Vincularlo a un supuesto efecto llamada es desenfocar el tema y no atender a la realidad”.

En este sentido, ha recordado que el proceso tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Rodríguez ha reprochado al Partido Popular que ahora se distancie de aquella posición favorable adoptada en 2024 y asuma, a su juicio, un discurso condicionado por la extrema derecha.

Por último, el delegado del Gobierno ha recordado que Balears cerró el último año con más de 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales más de 60.000 son de fuera de la Unión Europea.

Llevaban más de un lustro esperando, negociando, gritando en las calles un lema que en ocasiones llegó a tornarse imposible: “¡Regularización Ya!”, entonaban los colectivos integrantes del movimiento que recopiló más de 700.000 firmas para impulsar la iniciativa legislativa popular. Un acuerdo de Podemos con el Gobierno ha permitido evitar la vía parlamentaria tras su bloqueo en el Congreso, por lo que este martes el Consejo de Ministros inicia los primeros trámites para aprobar por vía de urgencia en unos meses una regularización extraordinaria que pretende reconocer los derechos a cerca de medio millón de personas que ya viven en España,.

Estos son los detalles del borrador de la normativa conocido hasta ahora. Sin embargo, el real decreto aún no ha sido aprobado y los requisitos podrían variar.

¿Qué personas podrán acogerse a ella?

Todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido un mínimo de cinco meses en el país de forma continuada antes de registrar la solicitud. También pueden acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha.

¿Cómo podrán probar esa residencia continuada en el país?

Podrán probarlo con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”, confirma el Ministerio de Migraciones. Es decir, más allá del empadronamiento, los migrantes también pueden demostrarlo con otro tipo de documentos que evidencien una vida continuada en el país, como facturas de la luz, informes médicos, resguardos de servicios municipales, etc. 

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos tiene, por tanto, alcance amplio, como solicitaba desde su inicio el movimiento Regularización Ya. De solo haber permitido como prueba el empadronamiento, mucha gente podría haberse quedado atrás debido a las trabas con las que se encuentran las personas sin papeles para registrarse en el padrón. 

¿Qué tipo de permiso concederá?

La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, confirman fuentes oficiales de Migraciones. La autorización inicial será temporal, con una vigencia de un año. Superado ese plazo, los migrantes regularizados por esta vía podrán solicitar uno de los permisos ordinarios regulados en el actual reglamento de extranjería.

¿Y qué pasa con los hijos menores de las familias que lo soliciten?

La solicitud de las familias que cumplan los requisitos conlleva “la regularización simultánea de hijos e hijas menores” que ya se encuentran en España. Y, en este caso, su vigencia será de 5 años en vez del año de duración en el caso de los adultos.

¿Cuáles son los plazos?

Este martes el Consejo de Ministros no aprueba la regularización, sino el inicio de la tramitación de la reforma del reglamento de extranjería que la permitirá. Por ello, su aplicación no será automática. El Gobierno prevé los siguientes plazos:

¿Cuántas personas podrán conseguir los papeles con esta regularización extraordinaria? 

El Gobierno calcula que esta medida podrá dar la autorización a alrededor de medio millón de personas, citando los cálculos de los movimientos sociales. Se trata solo de una estimación. Debido a la situación clandestina de los potenciales beneficiados, no existen datos oficiales sobre el número de personas en situación irregular que cumplan con los requisitos de la medida. Un reciente informe de Funcas, think thank de estudios económicos y sociales, estima que en enero de 2025 vivían en España unas 850.000 personas sin papeles. No obstante, los expertos calculan que una parte importante de esa cifra se habría regularizado a lo largo del año pasado, debido a la entrada en vigor de una reforma del reglamento de extranjería que rebajaba los requisitos para obtener un permiso de residencia por arraigo.

¿De qué países procederán quienes opten a esta regularización extraordinaria?

Pueden acogerse personas de cualquier nacionalidad. Atendiendo a los datos sobre las principales nacionalidades en las llegadas de población extranjera de los últimos dos años, todo apunta a qué la mayoría de beneficiados procederán de Latinoamérica. Las personas latinoamericanas están detrás del incremento de la población extranjera no comunitaria de los últimos ocho años, especialmente desde 2022. Según Funcas, suponen el 91% de la población extranjera en situación irregular en 2025.

¿Cúando y cómo surgió la movilización popular para conseguir una regularización extraordinaria?

El germen inicial de la iniciativa para una regularización extraordinaria “sin condiciones” se remonta a 2020 cuando, en plena pandemia, se evidenció la vulnerabilidad extra que sufrían las personas en situación irregularidad durante el confinamiento, pese a que parte de ellos trabajaban de manera irregular en sectores considerados esenciales, como la agricultura o los cuidados. El movimiento Regularización Ya, conformado por un centenar de distintos colectivos y liderado por activistas racializados, tomó fuerza hasta materializar su petición en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas.

¿Por qué ha tardado tanto?

Tras su registro en el Congreso en 2020, el avance de la ILP ha pasado por altibajos. Su toma consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y solo los 33 en contra de Vox), pero su tramitación quedó bloqueada durante más de un año ante la falta de acuerdo en los requisitos que debían exigirse. Finalmente, un acuerdo con Podemos, formación que ha mantenido contacto directo con los colectivos impulsaros, ha acabado por sacar adelante la iniciativa con el espíritu amplio y que caracterizó siempre la campaña.

El principal problema para sacar adelante esta ley en el Congreso residía en las posiciones enfrentadas dentro del bloque de investidura, con Junts por un lado y los socios de izquierda por otro, tal y como se pudo comprobar en las enmiendas registradas por los grupos. En resumen, se plantearon tres bloques de enmiendas. Las del PP y el PNV, que buscan asociar la autorización de residencia con un contrato de trabajo o algún tipo de actividad económica. Las de Junts, que condiciona cualquier negociación al traspaso de competencias a Catalunya. Y las de las fuerzas de izquierda, pactadas con el movimiento Regularización YA, con la idea de que la ley abarcase el máximo tiempo posible, atado a la futura fecha de entrada en vigor del texto. Informa Alberto Ortiz.

Ahora, con la vía pactada entre Podemos y el Gobierno, saldrá adelante sin necesidad de pasar por el Congreso, con lo que la regularización entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuál era la posición del Gobierno sobre la regularización extraordinaria hasta ahora?

Desde que se empezó a plantear la iniciativa, el ala socialista del Gobierno no había mostrado su apoyo directo a una regularización extraordinaria sin apenas condiciones hasta mediados del año pasado. Desde el Ministerio de Inclusión, tanto en la etapa de José Luis Escrivá como en la actual legislatura con Elma Saiz al frente, apelaban a la anterior reforma del reglamento de la Ley de Extranjería como la vía idónea para flexibilizar de forma “estable” el acceso de los extranjeros a los permisos de residencia. Sin embargo, dicha reforma tuvo como efecto algunas lagunas que afectaban especialmente a los solicitantes de asilo que recibiesen una respuesta negativa a su petición.

En primavera de 2025, La Moncloa empezó a ver con buenos ojos la regularización por circunstancias excepcionales.

Cuántas regularizaciones extraordinarias se han hecho hasta ahora? 

No es la primera vez que se realizan regularizaciones extraordinarias de estas características. Dos de ellas fueron impulsadas por el Partido Popular (2000 y 2001) y cuatro por el Partido Socialista (1986, 1991, 1996 y 2005). A nivel de la UE se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021, defienden desde el Ministerio de Migraciones.

El PP ha dicho que esta regularización puede colapsar los servicios sociales. ¿Es así?

No. Las personas que podrán ser regularizadas ya se encuentran, viven e incluso trabajan de forma clandestina desde hace más de cinco meses. Por tanto, esos migrantes ya están aquí, ya podían usar los servicios municipales y la sanidad. Ya consumían productos y pagaban impuestos por ello, pero la falta de documentación les impide cotizar. La medida podrá meter en el sistema a alrededor de 500.000 personas, según los cálculos de los movimientos sociales, lo que tendrá un aporte directo en la economía.

También hablan de un efecto llamada. ¿Tiene sentido?

No, porque las personas que llegasen a partir de ahora no cumplen los requisitos y no podrían regularizarse. Los expertos aseguran que no hay evidencia de que estas medidas provocasen un “efecto llamada” tras los anteriores procesos de regularización. Según aseguran, las condiciones y el contexto económico suelen ser más determinantes. Por ejemplo, tras la regularización de 2005, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable los primeros años tras la regularización de 2005, cayó a negativo durante la gran recesión y se recuperó a partir de 2014 hasta la pandemia.

“Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”. Así avanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo de su partido en 2024 al inicio de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar a personas migrantes que viven y traban en España sin permiso formal. Ahora, Feijóo ataca al Gobierno por “desbordar nuestros servicios públicos” y vincula su acuerdo con Podemos con un intento de desviar la atención del accidente de Adamuz.

El Congreso apoyó en 2024 debatir una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las 500.000 personas migrantes que, según los cálculos de los impulsores, viven en España sin papeles y, por lo tanto, sin el acceso a derechos básicos. El respaldo a la propuesta, impulsada por cientos de organizaciones sociales, fue abrumador: 310 votos a favor y 33 en contra. Solo Vox votó 'no'.

La presencia de Cáritas entre los firmantes de la ILP fue determinante para el apoyo del PP, que lo esgrimió reiteradamente como justificación de su voto favorable. Así lo afirmó en el debate parlamentario la portavoz en la materia, Sofía Acedo, quien ya advirtió entonces de que “abrir el debate” les “permitiría retratar al Gobierno”.

Pero el PP hace equilibrios entre las posiciones que comparten buena parte de su base social y de la Iglesia, y su pugna con Vox por el voto de la derecha más radical. Mientras la ILP languidecía en el Congreso, los de Feijóo han ido endureciendo su discurso sobre la inmigración.

Apenas un mes después de votar a favor de la iniciativa popular, Feijóo esgrimió el miedo al migrante como arma electoral en Catalunya. “Ocupan nuestros domicilios”, dijo entonces. Un discurso en el que ha ahondado el primero partido de la oposición. “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”, dijo en julio de ese mismo año en un discurso en contra de la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas.

Ese mismo mes, su por entonces portavoz parlamentario, Miguel Tellado, afirmó: “Nosotros estamos a favor de la inmigración regular y ordenada porque España lo necesita”. El hoy secretario general secundó así la posición de la CEOE, que ha reclamado en múltiples ocasiones regularizar la situación de personas que ya trabajan en España.

Tellado ha llegado a pedir la intervención de la Armada para evitar la llegada de embarcaciones con personas migrantes a España.

Esta petición la ha hecho también Vox. A ambos, las Fuerzas Armadas les han recordado que su misión no es esa: “No estamos para apartar a los cayucos, sino para ayudarles”.

Los vaivenes del PP en esta materia han sido constantes. Ese mismo 2024, en agosto, el portavoz nacional, Borja Sémper, volvió a defender la regularización de personas migrantes. “Hay que darles una salida, faltaría más”, dijo, y mencionó expresamente a “los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores”. E insistió en la ILP avalada por Cáritas “para debatir, para profundizar y para hacerlo bien”.

El auge de Vox y del discurso racista han roto este equilibrio precario en el que estaba instalado el PP, que ha entrado de lleno en la competición con la extrema derecha en esta materia. Feijóo ha planteado una suerte de 'carné por puntos', una idea que ya barruntó Mariano Rajoy hace casi dos décadas, mientras acusaba a las personas migrantes de “convertir barrios enteros en lugares irreconocibles” porque “ser español es compartir un destino” y “conocer una herencia universal”.

El PP plantea expulsar a migrantes legales “reincidentes” por delitos “aunque sean leves”, aunque su jefe de filas dijo no estar “dispuestos a que en España crezca la xenofobia”.

Más allá del discurso, en el PP han planteado condiciones a las regularizaciones extraordinarias que ya existen en el ordenamiento jurídico, como la obligación de resolver cada solicitud de forma individualizada, no en bloque, de revisar los antecedentes penales o de someterse a un examen de conocimiento del idioma español.

Ahora, el PP ha salido en tromba contra el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para formalizar la regularización extraordinaria a través de un real decreto que no precise de un respaldo parlamentario ante la constatación de que no hay una mayoría para tramitar la ILP de 2024.

El PP, con Feijóo a la cabeza, asegura que “es una cortina de humo para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz” por el que “se están negando a asumir responsabilidades políticas”. En un comunicado remitido anoche a los periodistas, el partido de Feijóo aseguró que “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías”.

“Regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”, añade el partido. Una idea que recogió Feijóo en su cuenta de Twitter.

El PP acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” y de provocar “consecuencias sociales muy concretas” que no especifica. Se limita a señalar genéricamente que “acelera la fractura social, rompe la convivencia en barrios enteros y genera comunidades paralelas”.

“La nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”, dice el PP, algo que no está contemplado en el proceso, similar a otros con los que su propio partido regularizó a más de medio millón de personas en el pasado, también en procesos extraordinarios.

Dinamarca inicia la presidencia al frente del Consejo de la Unión Europea con la seguridad y la defensa como las principales prioridades de su agenda. A su vez, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también se ha ganado la reputación de ser una de las líderes europeas con un posicionamiento más duro contra la inmigración, un modelo que pretende trasladar al resto de países de la Unión durante los seis meses que durará su presidencia rotatoria, que empezó el 1 de julio y durará hasta el 31 de diciembre de este año.

Para la socialdemócrata Frederiksen, aumentar el gasto en defensa y gestionar la inmigración irregular son dos caras de una misma moneda. “La política migratoria está vinculada a la seguridad, es decir, necesitamos una Europa más segura, más estable y más robusta, y eso no es posible si no controlamos los flujos hacia Europa”, dijo la ministra danesa de asuntos europeos, Marie Bjerre, al presentar el plan de prioridades de su país para su semestre europeo.

La presidencia del Consejo de la UE sitúa a Dinamarca en una posición más fuerte en la siguiente mitad del año para influir en los temas que se ponen encima de la mesa para debatir entre los países de la UE. De esta forma, se espera que Dinamarca intente construir un consenso europeo en temas como la polémica externalización de los centros para solicitantes de asilo en terceros países fuera de la UE, o las reformas judiciales para endurecer las condiciones de asilo, ampliamente criticadas por organizaciones sociales.

“Necesitamos nuevas soluciones para reducir el flujo migratorio hacia Europa y repatriar de forma efectiva a quienes no tienen derecho a permanecer en nuestros países”, defendió la primera ministra en una visita oficial a Berlín. Lo dijo delante del canciller alemán, Friederich Merz, quién no dudó en aplaudir el “modelo migratorio danés”.

Más apoyo en la UE

Cuando Mette Frederiksen llegó al puesto de primera ministra de Dinamarca en el año 2019, lo hizo con la promesa electoral de establecer centros para acoger a solicitantes de asilo fuera de la UE como eje central de su política migratoria. Otra medida cuestionada que el Ejecutivo danés puso en marcha en el año 2020 fue la revocación de 200 permisos de residencia de refugiados sirios, alegando que la situación en Damasco era suficientemente segura como para que los solicitantes de asilo fueran expulsados de Dinamarca y devueltos a su país.

“Al principio, este modelo migratorio fue muy criticado desde Bruselas, pero en los últimos cinco años hemos visto como cada vez más países europeos se están moviendo en la misma línea que Dinamarca en materia de migración”, explica Iben Barfoed, analista del centro de pensamiento Europa con sede en Copenhague en una entrevista para elDiario.es.

“El nuevo Gobierno conservador en Alemania ha señalado especialmente a Dinamarca como ejemplo en materia migratoria”, asegura Barfoed. Con el paso de los años, la mano dura de Frederiksen ha ganado otros adeptos entre los socios europeos, desde el primer ministro de Polonia Donald Tusk, a la primera ministra italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni.

Precisamente, la líder ultra italiana ha resultado ser uno de los socios de la UE con quien Frederiksen, de la familia socialdemócrata, comparte más puntos de vista en materia migratoria, una sintonía que se hizo evidente cuando la primera ministra danesa visitó Roma a finales del mes de mayo. Allí, Italia y Dinamarca firmaron una carta secundada por otros siete Estados de la UE en la que se acusaba al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de limitar la soberanía de los Estados de la UE por sus decisiones en materia de migración: “La inmigración es la mayor amenaza para el norte de Europa”, justificó Frederiksen en la sede parlamentaria en Copenhague.

Centros de asilo fuera de la UE

Una de las principales propuestas que los miembros de la UE deberán discutir durante la presidencia de Dinamarca es el paquete legislativo del nuevo “Sistema Europeo Común de retornos” presentado en marzo por la presidenta Ursula Von der Leyen. El plan pretende impulsar la creación de centros de retorno en terceros países fuera de la UE con el objetivo de agilizar las deportaciones de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen.

El Gobierno danés ya intentó hace unos años llegar a un acuerdo similar con Ruanda para que el país africano acogiera a sus refugiados, pero el plan quedó bloqueado en su parlamento. En cambio, el Ejecutivo danés intentará ahora buscar el consenso con otros miembros de la UE para sacarlo adelante. Esta propuesta también se asemeja al intento de Italia de abrir un centro para solicitantes de asilo en Albania, a pesar de que la medida está actualmente en disputa en los tribunales.

Según informaba el medio especializado Politico, desde el ejecutivo de Copenhague se espera que su presidencia pueda impulsar el diálogo entre los miembros de la UE “en la medida de lo posible”, aunque ven “improbable” que se finalice este acuerdo para finales de diciembre, cuando termina la presidencia danesa en el Consejo de la UE.

La investigadora en el think tank Europa, Iben Barfoed, aclara que, de momento, no todos los países de la UE están de acuerdo con este proceso político: “Primero hace falta tener unidad en el bloque europeo para empezar esta negociación, pero esto sería posible si Dinamarca encuentra los socios para hacerlo, aunque legalmente también es un proceso muy difícil”, apunta.

El Gobierno de Dinamarca justifica sus políticas de restricción de la inmigración con “cero solicitantes de asilo” debido a que el porcentaje de población extranjera en el país ha pasado del 3,3% en el año 1985, al 16.3% en 2025. Según el Ejecutivo, este aumento de la población migrante ha tensado el sistema de bienestar social nórdico. A su vez, la primera ministra Mette Frederiksen ha repetido en varias ocasiones que la inmigración no occidental es el “mayor reto al que debe enfrentarse Dinamarca actualmente”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la socialista Elma Saiz, ha aprovechado una pregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno del Senado para “agradecer” expresamente al PNV su “actitud” colaborativa en materia migratoria y engrasar las relaciones entre ambos partidos, que cogobiernan en Vitoria y son socios en Madrid. Este mensaje, cerrado con un elocuente “eskerrik asko” en euskera, llega apenas unas horas después de que la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la también socialista Marisol Garmendia, enfadara sobremanera a los nacionalistas al asegurar que aprecia similitudes entre sus mensajes sobre la llegada de extranjeros y los de PP y Vox, la “caverna”. También cuestionó unas palabras del lehendakari, Imanol Pradales, e interpretó que parece querer solamente la llegada de “doctorados en Harvard”.

El PNV encajó las declaraciones de Garmendia con enfado y como un mensaje “directo” del Gobierno de España. Había llegado a verbalizar que tomaría “nota” de cara al futuro. La dirección nacional, ahora dirigida por Aitor Esteban, emitió un largo comunicado muy crítico con las palabras de la delegada. Ahora, en lo que ha parecido un intento de rebajar tensiones, la ministra Saiz se ha mostrado confiada en que volverán a “alcanzar acuerdos” en este ámbito.

La portavoz 'jeltzale' en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, preguntaba precisamente a Saiz por el asunto que detonó la polémica. El Estado proyecta un centro de acogida de refugiados con 350 plazas en un edificio de su propiedad en el barrio de Arana de Vitoria, la antigua Clínica Arana, que luego fue residencia de ancianos. Los nacionalistas se oponen a ello al apostar por un “modelo vasco” de “centros pequeños” frente a las “macroestructuras”, según repiten. Eso sí, al plan también le llegan críticas que directamente rechazan la llegada de migrantes a la zona, trufadas con datos falsos y asosiaciones de supuestos incrementos de inseguridad.

Beltrán de Heredia, en su primera intervención, ha afeado el “tono autoritario” de la delegada del Gobierno y también la decisión “unilateral” del Gobierno central de plantear ese proyecto “sin consensuarlo con las instituciones vascas”. De hecho, ha asegurado igualmente que la ministra nunca ha reunido un prometido grupo de trabajo interinstitucional para analizar el plan. La senadora peneuvista ha remarcado que será “el mayor centro” de España y que hay entidades sociales que también cuestionan su dimensión. “Euskadi apuesta por los centros pequeños”, ha insistido para considerar después una “irresponsabilidad” no modificar el proyecto actualmente ya en construcción.

Saiz ha remarcado que las personas que huyen de conflictos o de países que vulneran los derechos humanos precisan de una acogida en España y, además, ha puesto en valor que se está reformando un edificio antiguo que lleva años abandonado. Ha argumentado que el Gobierno central está recuperando patrimonio vitoriano y mejorando una zona urbana degradada cuando las instituciones locales no lo han hecho en años. 2026 sigue siendo la fecha para la inauguración. Será un “recurso muy útil para la inclusión de personas altamente vulnerables”, ha enfatizado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha respondido a la idea del pretendido “modelo vasco” con una defensa de un proyecto “con todas las garantías para prestar un buen servicio”.

Horas antes, el diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, había pedido también la “paralización” del plan en su rueda de prensa semanal. Beltrán de Heredia ha elevado esas palabras a rechazo frontal de “todas” las instituciones vascas, aunque la alcaldesa de Vitoria es del PSE-EE actualmente, Maider Etxebarria. Su predecesor del PNV, Gorka Urtaran, sí criticó la propuesta que lanzó el Gobierno central a comienzos de 2023 siendo minisitro José Luis Escrivá. Irónicamente, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, se ha ausentado durante el cara a cara entre Beltrán de Heredia y la ministra Saiz y ha tomado la dirección del debate su colega Javier Maroto, exalcalde de Vitoria entre 2011 y 2015 y que perdió la alcaldía en favor de Urtaran por la polarización que generaron sus críticas a la migración y al sistema de ayudas sociales.

Recientemente en España ha sido necesaria una reforma de la ley de extranjería para dar respuesta al reparto de menores migrantes que han cruzado nuestra frontera después de que vayas comunidades rechazaran su acogida, lo que evidencia “un fracaso colectivo” como sociedad en palabras de Gonzalo Fanjul (Oviedo, 1971).

El investigador de la fundación 'porCausa' y experto en migraciones recibe a elDiario.es con motivo de su visita Pamplona para participar en un encuentro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) sobre el modelo migratorio.

Lamenta que la izquierda haya “comprado” el marco de la extrema derecha de ver la inmigración como un problema y asegura que la gestión de la frontera de Gobierno de coalición es de las peores de la “historia democrática”. Apuesta por un cambio de modelo que facilite la llegada de migrantes de manera regular, ya que asegura cada uno de ellos aporta un beneficio al Estado de 3.500 euros al año.

¿Por qué  un país que acogió en 2024 a 90 millones de turistas parece que se colapsa con la llegada de 4400 niños y adolescentes?

Es muy difícil de explicar. No es solo que hayamos acogido a 90 millones de turistas, es que somos la decimocuarta economía del mundo, un país de casi 50 millones de personas, con un Estado perfectamente operativo y con una capacidad de acogida muy por encima de lo que se podría pensar viendo el carajal que se ha montado en Canarias con la respuesta del conjunto de las comunidades autónomas. Esto solo lo explica la radioactividad que acompaña el debate de las migraciones y muy especialmente cuando hay menores involucrados.

¿Qué opina de la palabra MENA (menor extranjero no acompañado)?

Es una palabra que se ha convertido en un arma arrojadiza desde el punto de vista retórico y político. El único punto donde Vox y la ultraderecha realmente han conseguido hacer mella es precisamente en estigmatizar a los menores no acompañados que vienen a nuestro país. Eso ha creado una situación de pánico completamente artificial en la sociedad con respecto a chavales que en esencia no son diferentes de ningún otro adolescente. La adolescencia es muy complicada en cualquier caso, mucho más si vienes solo, no tienes recursos y estás en una sociedad que es hostil contra ti. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos chavales y cuando uno escucha sus historias y les da la oportunidad de incorporarse a la conversación, la historia que recibe es completamente diferente. Animo a la gente a escuchar a asociaciones como 'ExMenas', a gente como Ismail El Majdoubi, una persona absolutamente brillante que es capaz de contar una historia y un relato de estos chavales completamente diferente.

Hablaba de que la radioactividad del debate sobre las migraciones se hace más grande todavía cuando se trata de menores. ¿A qué cree que se debe?

Lo que esconde el debate sobre los menores extranjeros no acompañados es un profundo racismo, es algo que es fácil de observar en el debate de Canarias. Hay algo fundamental que se está rompiendo en nuestra sociedad cuando algunos partidos consiguen convertir el lugar de origen o el color de piel en el elemento determinante y consiguen establecer una barrera insalvable entre nosotros y ellos, olvidándose de que son niños y, muchas veces bebés, cuando imponemos normas absolutamente coercitivas, cuando estamos vulnerando la ley, por ejemplo, encarcelando a menores, como tantos casos que se han probado en Canarias o se probaron en su momento en otras zonas de España. Cuando una sociedad no es capaz de cuidar de sus niños, aunque esos niños vengan de fuera, es que tiene un problema muy serio y empieza a dejar de ser una sociedad decente.

¿Cree que España es un país racista?

Sí, por supuesto que lo es. No sé si es más o menos racista que otros, pero yo creo que sería muy ingenuo ignorar que para nosotros el color de piel o el origen importa. Es también un país aporofóbico, es evidente que el nivel de renta de las personas que llegan importa mucho además de su color de piel. Pero sí, sin duda hay ejemplos constantes rutinarios de racismo en nuestro país, y desde luego, la política migratoria es una política racista. Hay racismo a la hora de alquilar o de no alquilar, hay racismo en las escuelas, hay racismo en la regularización, hay racismo en todas partes.

Una sociedad que no es capaz de cuidar de sus niños, aunque vengan de fuera, deja de ser una sociedad decente

¿Se falla como país cuando hay que obligar por ley a las comunidades a acoger a menores migrantes?

Se falla, pero se falla más si el Estado no es capaz de imponer este tipo de criterios. Cuando la sociedad, los partidos, las comunidades autónomas no son capaces de llegar por su cuenta a un acuerdo en este sentido, el Estado está obligado a intervenir para garantizar derechos fundamentales. Esa no es una opción, es una obligación del Estado el garantizar que estos niños tengan una acogida razonable porque somos un país decente y porque somos un Estado de Derecho. Las normas de protección que España ha firmado son normas que están escritas en piedra. Por eso las devoluciones en caliente son ilegales, o el encarcelamiento de menores es ilegal, o la no protección de un niño es ilegal, porque eso está incumpliendo convenios internacionales que España ha firmado y que ha incorporado a nuestra legislación, y que obligan al Estado tanto como en cualquier otra norma.

Me refería a si se falla cuando hay que llegar al extremo de obligar por ley porque haya comunidades que no quieran acogerlos.

Todo lo que ha ocurrido con la acogida en Canarias es un fracaso colectivo y una vergüenza colectiva.

Una encuesta del CIS situó a la inmigración como la principal preocupación de los españoles.

Yo todavía tengo dudas de si la preocupación de los españoles es la migración o la política migratoria. Si se trata de la política migratoria, yo estoy de acuerdo con los españoles. Creo que esta política migratoria genera caos. Genera caos en el camino hacia la frontera, en la propia frontera y también al interior de nuestros países fomentando un modelo de migración irregular porque tenemos un modelo de puerta estrecha. Pero no estoy seguro de que los españoles tengan un problema real con los migrantes como tal. De hecho, España creo que es uno de los países en donde la integración social, económica e incluso cultural se ha producido con más naturalidad.

Mencionaba que la política migratoria actual fomenta la migración irregular. ¿Cómo así?

La inmigración tiene una explicación muy simple. Hay un efecto de empuje fundamental que es la diferencia de ingreso, la idea de que desplazarse de un punto más pobre a un punto más rico puede transformar tus oportunidades en la vida. Pero hay un factor fundamental de atracción que no es el que dice la ultraderecha habitualmente, el verdadero efecto llamada es el dinamismo de la economía, es decir, la posibilidad de que tú puedas realizar esas aspiraciones económicas que tienes. España es un país en donde hay empleo y además hay necesidades estructurales de mano de obra en casi todos los niveles de cualificación. Y esas necesidades estructurales están siendo cubiertas por una población migrante que son parte fundamental del dinamismo de la economía española. Mientras esa economía siga siendo atractiva, esa población va a seguir llegando a nuestro país y, por lo tanto, lo que necesitamos es adaptar el modelo migratorio a las necesidades de nuestra economía y abrir la puerta para que la oferta y la demanda de mano de obra puedan adaptarse con más naturalidad. Lo contrario es una microgestión del Estado, que en la práctica lo que está haciendo es poner palos a la economía y forzando a la gente a trabajar en la economía sumergida.

¿Y qué está fallando para que no se produzca esa adaptación del modelo migratorio?

De nuevo falla la política. Es un modelo radioactivo en donde todo lo que es racional, justo e inteligente en política migratoria en realidad tiene muy poco que ver con los incentivos electorales. Cualquier partido o cualquier gobierno que anuncie medidas ligeramente aperturistas o que flexibilicen la política migratoria va a ser castigado de manera inmisericorde. El PP sabe perfectamente que esto es lo que hay que hacer, de hecho ha realizado algunas propuestas interesantes en el Congreso de manera discreta para racionalizar la política migratoria, pero si el Gobierno anuncia una política en esta dirección lo van a criticar de manera inmisericorde y, además, tienen en la nuca el aliento de la ultraderecha, que mantiene no solo un discurso que es inmoral por muchas razones, sino que además es esencialmente idiota desde el punto de vista económico y demográfico.

¿Se le ha comprado el marco a la extrema derecha?

Completamente. La ultraderecha en Europa, el nacionalpopulismo, no ha necesitado llegar al Gobierno para determinar las políticas migratorias. Y nos encontramos con que no solo en aquellos países donde gobiernan, Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría, sino también en aquellos países donde no gobiernan, han conseguido establecer el marco narrativo y político de la política de la política migratoria, influyendo a partidos de centroderecha, pero también a partidos de centroizquierda. Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha. Lo que está haciendo el Gobierno de Scholz en Alemania cuando interrumpe Schengen para reintroducir controles migratorios, es una política de ultraderecha. La política socialdemócrata en Dinamarca, que es abiertamente antiinmigración, es una política de ultraderecha. En todos estos países la ultraderecha no ha necesitado llegar al poder para imponer su marco, su lógica migratoria.

Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha

¿Ha fallado la izquierda?

Creo que sí. La izquierda falla porque está completamente a la defensiva. Está esquinada, no tiene ideas, una alternativa. Yo creo que aquí estamos atrapados en una lógica de la migración como problema. Hay quien ve la migración como una amenaza y hay quien ve la migración simplemente como una tragedia, pero siempre como un problema, siempre hay algo que hay que evitar. Yo me rebelo ante quienes dicen que hay que detener a los migrantes, pero me rebelo también ante quienes dicen que hay que ayudarles a no emigrar, como si la migración fuese una maldición. En realidad, todos somos el resultado de un movimiento, es muy raro la gente que nace, vive y muere exactamente en el mismo sitio. Todos somos el resultado de un desplazamiento por amor, para buscar prosperidad... Esa es la migración llevada a su lógica macro.

¿El Gobierno de coalición está gestionando la política migratoria de manera muy diferente a la que lo haría un gobierno de PP con Vox?

En algunas cosas sí, desde luego. Creo que este es un Gobierno un poco como Doctor Jekyll y Mister Hyde. En la frontera está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores e incluso peor porque está expandiendo las políticas de externalización fronteriza, está haciendo acuerdos con autocracias como Mauritania para aplicar las peores formas de control migratorio, y extendiendo una industria de control migratorio que está haciendo un negocio fabuloso. Creo que en ese sentido es de los peores gobiernos que hemos visto en nuestra historia democrática.

Sin embargo, en materia de arraigo y de movilidad laboral, creo que es un gobierno que ha dado pasos que tienen muy pocos precedentes. Con las tres reformas que se han hecho del Reglamento de Extranjería, primero con la incorporación de los menores extutelados, después con la primera reforma del sistema de arraigo, y ahora con la última reforma que se ha hecho, creo que España se coloca muy por delante de otros países de nuestro entorno. España es un país que da una oportunidad a la gente para integrarse en la sociedad y es un país garantista en materia de derechos fundamentales, también para las personas que no tienen papeles. Es un país que empieza a entender que a menos que cambiemos las normas de integración laboral, vamos a tener un serio problema en la economía. Todavía tenemos que dar muchos pasos, sobre todo en abrir el tamaño de esa puerta para permitir que la gente llegue fundamentalmente por una vía legal, segura y ordenada, pero se han dado pasos importantes. La retórica del Gobierno va claramente a contracorriente de la del resto de Europa y eso también tiene mucha importancia. Cuando el Gobierno, de manera explícita, reconoce la importancia de la migración, reconoce esos derechos y habla de la migración en términos positivos, como yo creo que el presidente Sánchez hace de manera continuada, tiene una importancia enorme.

Una vez se ha comprado el marco de ver la inmigración como un problema, ¿cree que es posible salir de él?

Yo creo que sí. Tenemos un problema con este modelo, que es un modelo migratorio roto que genera costes directos y de oportunidad que, en mi opinión, están mucho más allá de lo aceptable, pero su antítesis tampoco es un modelo deseable. Yo tampoco quiero un modelo de puertas abiertas, de simple importación de mano de obra barata para alimentar un sistema desigual en donde tengamos ciudadanías de diferentes clases y donde el inmigrante simplemente sea una especie de commodity en el sistema. Yo quiero una tercera vía, quiero un sistema con mucha más migración, más flexible, pero que sea un sistema muy garantista, con derechos.

Los migrantes no vienen a ocupar el empleo de los españoles, sino que vienen a incrementar la tarta de la economía, vienen a generar beneficios. Esos beneficios son los que van a sostener el Estado de bienestar del futuro, sobre todo en una sociedad que se acerca a zancadas a un invierno demográfico, lo que desde el punto de vista económico y de sostenimiento del Estado de Bienestar es un verdadero suicidio. Yo quiero una tercera vía en la que se eleve el rasero para el conjunto de la sociedad, para quienes estaban aquí y para quienes vienen de fuera, pero pagando impuestos, haciendo contribuciones a la seguridad social y alimentando un sistema fiscal que tiene que garantizar la vivienda, empleo digno, la salud, la educación… es decir, un Estado del Bienestar para todos.

Los datos muestran que los migrantes aportan más a la economía de lo que reciben.

Siempre ha sido así, porque si no fuera sí la población migrante no vendría. En España desde finales de los 90 hasta el año 2008 la migración creció de manera acelerada y en el año 2008 se cortó de forma tajante. Eso no fue porque de manera mágica las barreras a la inmigración empezasen a funcionar, sino porque hubo una crisis económica que simplemente eliminó los incentivos para que la gente viniese y, durante unos años tuvimos incluso tasas negativas de migración, salía más gente de la que llegaba. En la medida en que la economía empezó a convertirse en algo atractivo, la gente empezó a llegar.

La realidad es que llega gente que es más joven, en un país que tiene un sistema de protección social, yo creo que menos desarrollado que el de otros países, y en donde incluso la población migrante en situación irregular está aportando casi tanto como lo que reciben del Estado. Pero cuando pasan a ser regularizados, y este es un estudio que hizo ‘porCausa’, nos encontramos con que cada trabajador o trabajadora regularizada supondría un beneficio neto para el Estado español de 3.500 euros por persona y año. Es decir, la regularización es un negocio en realidad. Esta es una lógica que se extiende a todos los países a donde llega la migración, la migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece.

¿Cuántos migrantes hace falta regular para que el Estado del Bienestar sea sostenible?

Lo que hace falta fundamentalmente es que el sistema no necesite regularizaciones. Si se tienen mecanismos de acceso al mercado de trabajo para trabajadores inmigrantes que se adapten con naturalidad a las necesidades del mercado, por ejemplo, expandiendo ideas como el visado de búsqueda de trabajo, abriendo más oportunidades de contratación en origen, expandiendo las formas de migración circular, es decir, facilitando todos estos mecanismos, se reducirán los incentivos para venir aquí de manera irregular. La inmensa mayoría de las personas que están sin papeles en España han venido en avión y proceden de América Latina, y son gente que entraron de manera legal en nuestro país y luego han caído en eso que se llama la irregularidad sobrevenida. Si alteras el sistema para que esa gente no tenga que quedarse la irregularidad sobrevenida, sino que puedan venir directamente con un visado de trabajo a nuestro país, estás cambiando por completo el mercado.

La migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece

¿Por qué cree que al Gobierno le cuesta dar paso en el tema de las regularizaciones?

Creo que el Gobierno considera que lanzaría el mensaje equivocado en Europa y daría más argumentos a la ultraderecha en este sentido. Yo creo que en la práctica eso no es así porque la ultraderecha no necesita excusas para decir memeces, las dice de manera constante, miente y manipula todo lo que sea necesario. Además, es algo que cuenta con el apoyo de un espectro tan amplio de la sociedad. Yo siempre digo desde el Soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal. Hasta incluso el PP y los partidos de derecha en el Congreso se han mostrado partidarios de hacerlo. El único que está jugando con fuego ahí es Junts, un partido que a veces coquetea con la xenofobia más explícita en nuestro país. Pero en realidad yo creo que esto podría obtener un apoyo muy amplio del Congreso y el Gobierno no tendría por qué asumir ese riesgo político porque podría convencer a la derecha y llegar a un acuerdo para una regularización.

Menciona a Junts. ¿El acuerdo para que la Generalitat gestione los permisos de residencia o las devoluciones de migrantes alienta ese discurso xenófobo?

Alienta el desgobierno de las migraciones y eso es una mala idea. Es parte de este pactismo de corto plazo en el que el gobierno está obligado a desenvolverse para ir sacando adelante su política o sus presupuestos y creo que Junts es un socio muy poco fiable en este sentido porque igual que el PP está acogotado por Vox, Junts está acogotado por Aliança Catalana, un caladero de votos de ultranacionalistas xenófobos. Es algo que estamos viendo también en la izquierda, en Alemania ha estado a punto de entrar en el parlamento un partido antiinmigración de izquierdas. La política migratoria necesita una estabilidad en el tiempo que encaja mal con estos vaivenes a los que está siendo sometida.

El caso tunecino refleja la tendencia en políticas migratorias de la Unión Europea, donde la externalización del control migratorio a terceros países se ha priorizado sobre la garantía de los derechos fundamentales, según la profesora Neïla Dorra Jaibi, especialista en Derecho Europeo y Derecho de Migración en la Universidad de Túnez. “Lo que busca la UE es la eficacia de su objetivo en detrimento de los derechos humanos”, afirmó la profesora en una conferencia que impartió en Casa Árabe en Madrid el miércoles.

Su intervención se centró en el impacto de las políticas migratorias en cooperación con UE y la falta de garantías y protección de los derechos de las personas migrantes que pasan por Túnez para poder llegar a Europa a través del mar Mediterráneo. “Lo que importa es la lucha contra la inmigración ilegal”, señaló.

La jurista tunecina destacó la manera en la que la UE ha promovido la aplicación de normas flexibles que quedan en manos de los Estados miembros. “Túnez ha sido clasificado como lugar seguro por la Unión Europea. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea son muy criticadas por su falta de respeto a los derechos humanos”. Eso plantea serias dudas sobre su eficacia a la hora de proteger los derechos humanos. La académica consideró que la aplicación de estas normas, “en particular las celebradas por Frontex y terceros países, representa una amenaza grave, muy grave, para la protección de los derechos humanos”.

La profesora advirtió de que las normas, “si bien permiten una armonización procedimental, otorgan a los Estados un margen discrecional significativo en la aplicación de las normas de asilo y migración”. “La UE está allanando el camino hacia la vulneración de los derechos humanos”, agregó.

Las políticas migratorias europeas han dado lugar a acuerdos en materia migratoria con Túnez, a pesar del retroceso en las libertades y derechos básicos en el país árabe en los pasados años. En la recién aprobada directiva de retornos, la Comisión Europea abre la puerta a la apertura de centros de retorno fuera de la UE, similares a los que propone el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania. Según la directiva, los países de la UE podrán llegar a acuerdos con países extracomunitarios para establecer centros de deportación a los que se enviará a las personas migrantes a las que se le haya denegado el asilo o que no cumplan los requisitos para estar en suelo europeo.

“Es una externalización pura y simple de las políticas migratorias, y se hace en un sentido preciso”, dijo la académica, quien recordó el caso del acuerdo de Europa con Turquía, sellado en marzo de 2016, para deportar a ese país toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas.

Jaibi señaló que Túnez, a pesar de haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, no ha adoptado legislación nacional alguna que garantice su aplicación. La ausencia de un marco legal claro para las personas refugiadas genera una situación de vulnerabilidad extrema, que se agrava por la discriminación a nivel social y la falta de recursos institucionales.

“Túnez no está preparado para ser un país ni de destino ni de acogida, debido a la ausencia de medios financieros y por la falta aceptación de la diversidad, sobre todo cuando paradójicamente [los migrantes] vienen del Sur; se han producido ataques masivos por parte de la población local”, advirtió la experta. En 2023, se registró una ola de discriminación y violencia racista contra los migrantes residentes en Túnez o que se encontraban en el país a la espera de zarpar hacia Europa. A eso se suma la persecución por parte de las autoridades, que han sido acusadas de expulsar a los migrantes subsaharianos y abandonarlos en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia.

Como concluyó Jaibi, “la situación actual exige un cambio de enfoque que priorice la dignidad y los derechos de los migrantes”. En este contexto, se hace imperativo que la cooperación entre la UE y Túnez en materia migratoria no implique un control basado en acuerdos y mecanismos que carecen de garantías legales reales.

En la alfombra roja de los últimos premios Goya, Juan Manuel Moreno respondió a TVE que su película favorita era ‘El 47’ por su vinculación con la inmigración andaluza en Cataluña. Añadió algo que suele repetir en los tiempos desde que es presidente del Gobierno andaluz, recordar que nació en Barcelona de padres emigrantes. Hubo un tiempo que pasaba de puntillas sobre esto. (Recordemos que, en su larga trayectoria política desde los 19 años, Moreno Bonilla ha sido incluso diputado por Cantabria). Ahora presume de ello. Una alusión que ha recibido su recompensa con el premio de andaluz del año que otorga la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa.

Moreno no hace más que lo que hicieron sus antecesores socialistas, mantener vivos los lazos políticos con la Andalucía catalana, incluso con las mismas subvenciones y una nueva delegación inaugurada en 2023. Una manera como otra cualquiera de lanzar la caña de votos. El PP está muy falto de ellos en Cataluña y Moreno cree saber pescar mejor con su perfil sentimental que el áspero Alberto Núñez Feijóo. Si se rasca un poco, en el fondo están de acuerdo en lo mismo. Y ahí, entre su cascada de sonrisas y abrazos, borbotean algunas contradicciones y mentirijillas.

Contradicciones fruto del rédito político que al PP en general y a Moreno en particular le ha dado la confrontación con Pedro Sánchez con la catalanofobia. No se explicaría su mayoría absoluta sin esta apelación constante al agravio, al romperse España y etcétera. Nada nuevo tampoco. Javier Arenas sostuvo el mismo discurso contra Manuel Chaves, aunque ahora es diferente, el PP de Moreno gobierna. Por ello el presidente andaluz hace juegos malabares para estar a bien con Núñez Feijóo y también con las instituciones catalanas y sus gobernantes. Se reúne con el alcalde de Terrasa, Jordi Ballart, sostenido por ERC y Junts, y quiere entrevistarse cuanto antes con Salvador Illa, aunque en esta visita no lo ha conseguido. Todo ello sin inmutarse ante las bolas que se le escapan sin cesar.

Una de esas bolas bien oronda es sobre inmigración. En su visita a Cataluña, Moreno ha criticado el reciente acuerdo del Gobierno con Junts sobre delegación de competencias en inmigración a la Generalitat. Hubiera bastado con una voz crítica en contra sin más apelando a que prefiere unas fronteras custodiadas solo por la Guardia Civil y la Policía Nacional y no dar entrada también a los Mossos en la vigilancia del puerto y aeropuerto de Barcelona. Lo entendería mucha gente, aunque quizás no tanto los andaluces de Cataluña que ya sienten apego a su policía autonómica.

Pero Juan Manuel Moreno ha querido adornar la crítica. Ha sacado su alma emigrante para considerar que el acuerdo tiene “un tufillo de rechazo frontal al migrante desde un punto de vista supremacista”, por aquello de la capacidad que podría tener la Generalitat en la regularización de inmigrantes si gobernasen los independentistas de derechas. Como si no hubiera tufo supremacista en las trabas del PP a auxiliar a Canarias en la acogida de menores africanos (negros, sí, negros la mayoría); o en la propuesta de su partido para impedir la llegada de pateras africanas a las islas con las Fuerzas Armadas. A cañonazos, más o menos.

Moreno adorna muchas veces sus discursos con frases filantrópicas oídas a la izquierda, pero la realidad de los hechos le desmiente y ridiculiza. Él mismo firmó un acuerdo con Vox para alcanzar la presidencia de la Junta en 2019 en el que se comprometía a recortes para ayuda a extranjeros pobres. Y lo cumplió sin demora en sus primeros presupuestos con 600.000 euros menos para la inserción de inmigrantes. Cuando critica concesiones de Pedro Sánchez a los nacionalistas catalanes para, según él, “mantenerse a toda costa en La Moncloa”, quizás debiera acordarse de aquel acuerdo firmado con Vox. No lo hace porque una de las consignas ahora de Génova es apartarse en todo lo que huela a Vox.

Otro patinazo es su respuesta a la propuesta del PSOE de María Jesús Montero de la creación de la Policía Autonómica andaluza. Una iniciativa también contradictoria dado que el PSOE ha gobernado 27 años en Andalucía y nunca lo puso en marcha pese a los muchos conatos de hacerlo y a que así lo recoge el Estatuto de Autonomía. No interesaba. La Junta ya cuenta con un cuerpo de policía autonómica con profesionales cedidos por la Policía Nacional, con funciones de vigilancia de edificios públicos, de altos cargos, de custodia de menores y de cuestiones medioambientales, entre otras.  

En lugar de expresar que con esta unidad ya es suficiente, el presidente andaluz la ignora y despotrica: “Los socialistas han expulsado a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Navarra, ¿y ahora quieren expulsarlas de Andalucía? No, señor”. Una aseveración falsa y Moreno lo sabe: ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han salido o van a salir de Navarra. Así lo afirman desde el Gobierno de Pedro Sánchez pese a los intentos del PP por hacer creer lo contrario. Grande-Marlaska ha enumerado esta semana incluso el aumento del número de efectivos de las Fuerzas Armadas en ambas comunidades. Lo que se ha culminado es la transferencia de Tráfico a la policía foral de Navarra. Fue el Gobierno del PP de José María Aznar el que aprobó la cesión de las competencias de Tráfico tanto a Navarra como a Cataluña. Juan Manuel Moreno era presidente de Nuevas Generaciones durante parte del Gobierno de Aznar.

Moreno apela a la diversidad en Cataluña acusando a los nacionalistas de querer imponer un “monopolio de la cultura” por su defensa del habla catalana sobre el castellano. Los nacionalistas temen una realidad tozuda, la de que las generaciones jóvenes apuestan más por el castellano que por el catalán, lo que supondría la pérdida con el tiempo de uno de los signos de identidad del país. La inmigración contribuye a ello.

Aun así, cualquiera podría estar de acuerdo con calificar de irracional la deportación a personas porque no conozcan una lengua, como hace el presidente andaluz. Solo que esto tampoco es cierto que se contemple en el acuerdo del PSOE con Junts para la cesión de competencias en inmigración. Queda en el aire, se limita a la legislación vigente, pero también es cierto que Junts sí persigue un reglamento severo para la concesión del permiso de residencia a inmigrantes. Hasta ahí se entienden los reparos al acuerdo en este aspecto. Lo que ya resulta un atentado a la inteligencia, lo que desde el Gobierno de Moreno se ha dicho, que la medida de aprobarse en el futuro podría expulsar a los miles de andaluces emigrados a Cataluña que no sepan catalán.

Moreno podría ya estar bajándose del 47 (película rodada en catalán y que recoge el esfuerzo de los emigrantes por aprender esta lengua) si no desmiente esta sinrazón. La Constitución española recoge como un derecho fundamental la elección de residencia de cualquier español donde le venga en gana dentro del territorio. No sé si con tanto alimentar la catalonofobia, el PP andaluz está independizando a Cataluña. Un dato curioso: en su visita a esta comunidad, el presidente Moreno se ha hecho acompañar de los responsables de la política exterior de la Junta: el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y el secretario general de Acción Exterior y Unión Europea, Enric Millo. Este es catalán y delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña durante el referéndum y los sucesos del procés en 2017.

La nueva Administración de Donald Trump ha ordenado a los fiscales federales perseguir, investigar y procesar a todos aquellos funcionarios estatales y locales que no colaboren en los planes para llevar a cabo la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos, según han informado los periódicos The Washington Post y The New York Times, y la cadena de televisión FOX.

“La ley federal prohíbe que los actores locales y estatales puedan restringir, obstruir o impedir de cualquier otro modo el cumplimiento de las órdenes legales relacionadas con la migración”, ha escrito el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, en un comunicado interno emitido el martes por la noche y recogido por esos medios estadounidenses. En el texto, ha afirmado que una cláusula constitucional y otras cláusulas legales exigen a esos actores que “cumplan con las iniciativas de aplicación de la rama ejecutiva”. Durante estos últimos cuatro años, Bove ha sido uno de los abogados de Trump en los casos penales del ahora presidente. 

La directriz del fiscal general adjunto llega después de que 22 estados de EEUU se hayan rebelado contra una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el lunes y que los oficiales de algunas ciudades, como Chicago, se hayan negado a cooperar en las redadas anunciadas por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). 

Las órdenes ejecutivas y las redadas anunciadas por el director del ICE, Thomas Homan, son las primeras acciones para hacer realidad la promesa de Trump de deportar a los once millones de personas indocumentadas que se calcula que hay en EEUU. El martes también autorizó a los agentes de inmigración a que puedan llevar a cabo dichas redadas en escuelas e iglesias, y en sus alrededores. Estos eran espacios a los que, durante la Administración de Joe Biden, el ICE no podía acceder. 

Las primeras demandas

Los fiscales de 22 estados –la mayoría de los cuales son demócratas– presentaron el martes una demanda conjunta contra la orden ejecutiva emitida por Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por el simple hecho de haber nacido en suelo americano (ius solis). Estaba previsto que ese fuera uno de los primeros decretos en ser recurridos en los tribunales, pues la ciudadanía está recogida en la Constitución estadounidense, concretamente en la enmienda 14. 

Si el presidente quiere cambiar esa enmienda tendría que modificar la carta magna y, para ello, necesitaría una supermayoría en el Congreso, que ahora no tiene. La otra opción es que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo y este órgano interprete qué dice la enmienda, ya que Trump y sus aliados cuestionan la interpretación de la siguiente frase: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos”.

Nueva Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron para presentar una demanda ante el tribunal federal de New Hampshire. Arizona, Illinois, Oregón y Washington también presentaron otra demanda ante un tribunal federal impugnando la orden de Trump. El Distrito de Columbia y San Francisco, y grupos de derechos de los inmigrantes también están recurriendo esa orden. 

No se conoce con exactitud cuántos hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EEUU (a los que se les denomina ‘anchor babies’) hay actualmente. En un informe del Pew Research Center, se calculaba que en 2016 habían nacido unos 250.000 niños de padres indocumentados en territorio estadounidense. 

La orden de Trump establece que los hijos de personas que no son residentes legales o ciudadanos de EEUU no están sujetos a la jurisdicción del país. Además, no tienen derecho a obtener la ciudadanía de forma automática las personas cuyas madres no residan legalmente en EEUU y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes; y aquellas cuyas madres se encuentren en el país de forma legal, pero de manera temporal, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes.

La nueva medida prohíbe a las agencias federales reconocer la ciudadanía de las personas que no cumplan con los requisitos anteriores. La orden entrará en vigor el miércoles 19 de febrero y, según establece, esas personas no deberían obtener el pasaporte ni el número de la Seguridad Social, ni tener acceso a ayudas públicas.

Trump elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión

El nuevo Gobierno de Trump también dio la orden el martes por la noche de que todos los funcionarios que trabajan en programas de diversidad, equidad e inclusión sean enviados a sus casas con una baja temporal, durante la cual recibirán sus salarios, pero con la perspectiva de que sean despedidos más adelante. La medida es consecuencia de una de las órdenes ejecutivas que el presidente firmó el lunes en el marco de la guerra cultural contra las políticas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

El decreto, bautizado “Finalizar los programas gubernamentales radicales y derrochadores sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI)”, establece que se debe poner fin, “en la mayor medida permitida por la ley”, a las oficinas y puestos relacionados con DEI, DEIA y la “justicia ambiental” (incluidos, entre otros, los puestos de “Director de Diversidad”); así como a los planes, iniciativas o programas sobre “equidad”, subvenciones o contratos relacionados con la “equidad” y todos los recursos para empleados, contratistas o beneficiarios de subvenciones.

Con ello, Trump quiere borrar todas las políticas impulsadas por la Administración Biden para incorporar prácticas de diversidad e inclusión en el funcionariado norteamericano, en el que trabajan unos 2,4 millones de personas.

El presidente ha arremetido este miércoles contra la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde quien, durante el servicio interreligioso de su investidura había pedido desde el púlpito misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBI. “La llamada obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump”, ha dicho Trump en su plataforma Truth Social. “Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente”, ha agregado.

Budde había pedido el martes tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños trans”, “y también con los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”. La religiosa afirmó: “Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”.