Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.

Las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo de Santander, cedidas por la Obra Social de La Caixa en 2016, fueron vendidas a finales de 2025 a un fondo privado que está presionando a los inquilinos para que abandonen sus pisos. Aunque estas viviendas no son VPO en sentido estricto, replican la dinámica que documenta la investigación realizada por Civio, una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos: parque con vocación social que termina en manos de fondos en cuanto se debilita su protección.

La particularidad del caso del Primero de Mayo es que fue una promoción privada, aunque el proceso de adjudicación de viviendas lo hizo el Ayuntamiento. Pero Santander no es una excepción. En otros lugares ya se está actuando para impedir esta tendencia. En Cataluña, la Generalitat está comprando un millar de viviendas a La Caixa por tanteo y retracto precisamente para evitarlo. Aquí, el Ayuntamiento de Santander ha dado la espalda a los afectados. Mientras la alcaldesa del Partido Popular, Gema Igual, evita implicarse en el conflicto asistió, en cambio, a un evento con el CEO de Caixabank, Gonzálo Cortázar, en la ciudad y se retrató con él.

Al hilo de la crisis de la vivienda que afecta a toda España y que se deja sentir en Cantabria, donde las viviendas turísticas y segundas residencias encarecen la venta y los alquileres, se vuelve la mirada hacia la necesidad de contar con vivienda pública.

El informe de Civio explica que Cantabria fue una de las primeras comunidades en crear una categoría propia de vivienda protegida autonómica en 2004 con plazos muy cortos: solo 15 años y con posibilidad de descalificación voluntaria a los cinco. Transcurrido esos plazos la vivienda quedaba liberada y podía venderse. Posteriormente, la ley de vivienda de 2014 amplió los plazos a entre 10 y 30 años según tipo de suelo y dependiendo de si habían recibido ayudas públicas.

El resultado de esta política autonómica de vivienda protegida es que la mitad de las viviendas protegidas construidas desde 1991 podría haber pasado ya al mercado libre, según estima el estudio de Civio.

En paralelo, Cantabria es una de las comunidades que exige los ingresos mínimos más altos para acceder a una vivienda protegida. Mientras en otras comunidades el baremo es más bajo, para asegurar que preferentemente se otorgan a las personas o familias más vulnerables, los cántabros pueden conseguirlo con salarios de hasta 2.333 euros al mes.

Las viviendas protegidas acaban pasando muy rápido al mercado libre

Desde el año 1991 se han construido en Cantabria cerca de 13.200 viviendas protegidas. Al final del año pasado, 2025, seguían dentro de su plazo de protección entre 10.600 y 11.130. Pero la mitad de ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente devolviendo las ayudas, por lo que el parque en estos momentos podría reducirse a un mínimo de 5.900 viviendas.

Eso supone que en los últimos cinco años han cumplido su plazo de protección entre 2.000 y 2.500 viviendas. Entre 2026 y 2030 lo harán cerca de 1.900 más, aunque todas ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente antes. Para finales de 2030 quedará entre el 44% y el 66,6% de las viviendas construidas desde 1991.

Precisamente en los plazos radica el problema de que las viviendas protegidas acaban pasando de manera muy rápida al mercado libre. Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid y uno de los principales del Estado. La gran mayoría de todas las viviendas protegidas que ha comprado Blackstone tenían plazos de protección muy cortos: 2.223 de ellas de tan solo diez o siete años. Hasta el punto de que 174 de estas viviendas pasaron al mercado libre en 2014, pocos meses después de la compra, multiplicando su valor de mercado. 

Condiciones de las viviendas de protección

Actualmente existen 18 modelos diferentes de vivienda protegida en España: los de las comunidades y el del Estado. El acceso a las viviendas con protección oficial se hace en función del nivel de ingresos. Pueden ser de venta, de alquiler o de alquiler con opción a compra. De promoción pública o privada, o de régimen especial, general o de otro tipo con mayor o menor restricción de acceso en cuanto a ingresos económicos.

Las comunidades autónomas son las responsables de las calificaciones de vivienda protegida, al ser las que tienen las competencias en vivienda desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También son las establecen los requisitos, precios y el plazo de duración de la protección. Pero, en el caso de que reciban ayudas estatales, tienen que respetar las directrices marcadas por los planes de vivienda estatales.

Del millón y medio de viviendas protegidas que se han construido en España desde 1991 solo 147.653 tienen protección permanente. Es decir, que no pueden pasar al mercado libre. Entre 2026 y 2030, viviendas perderán su protección 341.487.

Desde 1968 en España se han construido 4,81 millones de viviendas protegidas. La gran mayoría de los 3,31 millones anteriores a 1991 ha pasado al mercado libre, a excepción de las públicas de alquiler, muchas de ellas propiedad del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta a la democracia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

Navarra inició en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid. 

Son datos que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presentó esta semana durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra. Datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y que indican que hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Suponen un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja “el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible”, ha señalado la consejera Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en todo el país, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3. 

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

Evolución del parque de vivienda

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

El número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

Subvenciones y ayudas en 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas. 

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

El consejero Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, ha anunciado este martes una nueva reforma de la ley vasca de Vivienda de 2015, la segunda en la legislatura, para dar más poder a la Administración en la venta de viviendas protegidas, que salen al mercado con precios regulados. Eso permitirá, por un lado, seleccionar a los nuevos titulares desde las listas de Etxebide conforme a criterios más objetivos y, por otro lado, evitar un “fraude generalizado” que consistía en solicitar un plus en concepto de “muebles” o similar para acercar el precio del piso al del mercado, mucho más alto, y obtener un beneficio.

En la Cadena Ser, Itxaso ha asegurado que se ha detectado “un problema que se está institucionalizando” y que consiste en “exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario”. Vivienda calcula que anualmente se realizan unas mil operaciones con viviendas protegidas y sostiene que “la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido”. En ocasiones, esto se ha producido con la participación de inmobiliarias.

El Ejecutivo modificará la normativa en vigor de modo que los propietarios que quieran vender su casa protegida “deberán comunicarlo” a sus delegaciones correspondientes de Vivienda en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, “que asumirán la intermediación del proceso” y no sólo una labor de verificación, como hasta ahora. “La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide”, explica el Gobierno.

Son ahora mismo unas 24.000 las personas demandantes de vivienda en Euskadi que prefieren la opción de compra. Es un 20% del total de inscritos en Etxebide. Con el nuevo sistema, el vendedor ya no irá a Vivienda con una propuesta de comprador, sino que será la Administración quien tire de listas, como sucede con las asignaciones de alquiler. Así, se buscará una “adecuación” de las casas que salgan al mercado a las “necesidades específicas” de los demandantes. Se tendrá en cuenta el tiempo de espera, por ejemplo, o el tamaño de la unidad de convivencia en relación a las habitaciones de las casas. Según Itxaso, en “tres o cuatro meses” el vendedor podrá tener su dinero, unos tiempos no muy alejados de los actuales.

El Ejecutivo interpreta que esto supondrá mejorar la “respuesta pública” a la emergencia habitacional, “movilizar de forma más eficiente” el parque ya existente. Itxaso ha llegado a decir que el Gobierno vasco quiere ser una “gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”. Hasta ahora, había capacidad para imponer multas de hasta 45.000 euros -según una cifra dada por el propio consejero en una rueda de prensa- o que el Gobierno ejerciera el derecho de tanteo y se quedase con la casa en venta “cuando existían indicios acreditados de fraude”.

La ley vasca de Vivienda es de 2015. Fue aprobada mediante una carambola política. El PNV gobernaba en solitario y la norma la aprobaron desde la oposición el PSE-EE (los proponentes), EH Bildu y UPyD. Aquel texto fue el primero en España en desarrollar el derecho constitucional a la vivienda, de modo que quien reúna los requisitos tiene derecho a que la Administración le asigne una casa en alquiler asequible o a cobrar una ayuda (ahora de 300 euros) para facilitar la entrada al mercado libre.

En su décimo aniversario, mediante una proposición no de ley, esta norma y otras fueron retocadas. El Parlamento aprobó en diciembre de 2025 la reforma con la imagen reconciliación de PNV y PSE-EE en materia de vivienda después del encontronazo de 2015 y, sobre todo, de que el PNV recurriera al constitucional la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio del consejero vasco socialista, entonces Iñaki Arriola. El lehendakari, en un acto del PNV este domingo, ya avanzó que llegarían nuevas medidas en materia de vivienda.

Está por concretar el procedimiento elegido. Como proyecto de ley, la reforma requeriría de informes internos y de un plazo de tramitación administrativa largo antes de llegar a la Cámara. Como proposición de ley, los partidos pueden saltarse todo eso y bastaría con un dictamen favorable del Ejecutivo. La oposición está denunciando que el Ejecutivo, en esta legislatura, está abusando de esta fórmula. Sea como fuere, PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para dar curso a esta iniciativa.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha cuestionado este martes que el Gobierno municipal “haya decidido ocultar deliberadamente el desarrollo urbanístico del sector sur mientras acelera la operación urbanística de Ramblasque”.

Antoñanzas ha explicado que el sector Sur, delimitado en 2010 y situado tras las instalaciones deportivas de Pradoviejo, cuenta con una superficie de más de 1,8 millones de metros cuadrados y capacidad para desarrollar 6.040 viviendas, de las que la mitad estarían reservadas para vivienda protegida. “La propia COTUR, en su informe sobre Ramblasque, cuestiona que, si es tan urgente la vivienda protegida, por qué Logroño no ha activado el sector Sur, donde hay previstas 3.020 VPO”, ha afirmado.

Al igual ha calificado de “sorprendente” que “el PP y PSOE hayan votado en contra de la propuesta del Partido Riojano de aumentar al 50 por ciento la reserva de VPO en Ramblasque, cuando 15 años atrás estuvieron de acuerdo en que la mitad de la vivienda prevista en el sector Sur fuese para vivienda protegida”.

El concejal riojanista también se ha referido a las declaraciones realizadas la semana pasada por la portavoz del Gobierno municipal, en las que aseguraba que Ramblasque “es el mayor potencial residencial de la ciudad por el que hemos apostado ante la demanda de vivienda que existe”.

Al respecto, Antoñanzas ha apuntado que “si tan urgente es construir vivienda protegida y aumentar la oferta de suelo en Logroño, resulta incomprensible que el Gobierno municipal haya prescindido del sector Sur en su Plan de Vivienda, que permitiría el mayor desarrollo residencial de la ciudad en años”. Para Antoñanzas, “el verdadero misterio urbanístico de Logroño no es el pelotazo que se quiere dar en Ramblasque, sino por qué el sector Sur ha sido excluido del debate político, y el señor Escobar debe explicarnos qué intereses hay detrás”.

El portavoz regionalista también ha cargado contra la modificación puntual planteada para Ramblasque, que “ha recibido una contestación demoledora por parte de la COTUR, con duros reparos técnicos y jurídicos”. Ha recordado que esta operación urbanística se ha tramitado al margen de la revisión del Plan General, obviando dos sentencias judiciales, sin estar suficientemente motivada y sin estudios sobre el impacto que tendrá la incorporación de 8.000 nuevos residentes en el tráfico, servicios e infraestructuras.

A juicio del regionalista, “el equipo de Gobierno está utilizando la necesidad de vivienda protegida como excusa para justificar una reordenación urbanística acelerada y al margen de la revisión del Plan General”.

Las prioridades de los regionalistas

Para Antoñanzas, “la prioridad debería ser el desarrollo de 6.000 viviendas en el sector Sur, ejecutar sin excusas ni demoras el vial de avenida de la Sierra, tramitar Ramblasque en el marco del Plan General y desbloquear las 1.200 viviendas del soterramiento”.

Ha recordado que “la prolongación de avenida de la Sierra es perfectamente viable y la prueba más evidente de que este vial se puede hacer es el carril ciclopeatonal que ha construido el Gobierno de La Rioja llegando a acuerdos con los propietarios de los terrenos”. Antoñanzas también ha lamentado que el Plan Municipal de Vivienda no incluya las 1.200 viviendas previstas en los terrenos del soterramiento. “Los gobiernos de Capellán y Escobar han sido incapaces de exigir al Ministerio que cumpla con Logroño y ponga a disposición de la ciudad los terrenos para rematar el barrio de Cascajos este mandato”.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Canarias es una de las comunidades más afectadas por la emergencia habitacional, con un registro de demandantes de vivienda de promoción pública que supera las 34.000 personas. Sin embargo, según datos del propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el pasado año 2025 sólo se entregaron ocho viviendas de promoción pública de nueva construcción. 

En 2023 no se entregó ni una sola vivienda, mientras esperaban más de 25.000 demandantes de vivienda de promoción pública. En 2024, ascendieron a más de 29.000, y se hizo entrega de 16 viviendas. 

Según ese mismo informe, en 2010 se entregaron 325 viviendas y tan sólo había 1.818 demandantes de vivienda de promoción pública. Después de aquel año, en plena crisis económica, se dispararon los demandantes de vivienda pública y se desplomó la adjudicación. De hecho, entre los años 2017 y 2021 no se entregó ni una sola vivienda de promoción pública.  

El Instituto Canario de Vivienda reconocía que “no ha existido una oferta significativa de vivienda pública, mientras que las solicitudes de inscripción se han incrementado de forma sostenida año tras año, alcanzando en 2025 más de 34.000 personas inscritas”. 

Las ocho viviendas de Ingenio

Las ocho casas entregadas el pasado año coinciden con la entrega de llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en el barrio de El Sequero, en el municipio de Ingenio, que realizó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.  

Esa promoción de 8 viviendas tuvo un presupuesto de adjudicación de algo más de 1,6 millones de euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. Fueron adjudicadas en régimen de alquiler social para rentas bajas, inferiores a 1,5 veces el IPREM.

Durante aquel acto que tuvo lugar el 15 de diciembre del año pasado el consejero aseguró que desde el Gobierno de Canarias han “situado la vivienda en el centro de nuestra acción política, como un pilar fundamental para mejorar la vida de las personas”. Rodríguez señaló que habían entregado “en el último año más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria”. Pero esas 100 viviendas públicas a las que se refería son de promoción privada, no de promoción pública, como las que entregaba. 

De cara a este año 2026 el consejero se mostraba confiado en que, “con el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año”, aseguraba Rodríguez. 

Cambios en la dirección del ICAVI

Durante aquel acto, al consejero le acompañaban la alcaldesa de Ingenio, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento, y el entonces director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, quien dimitió dos meses después tras ser procesado por delitos sexuales. 

Estos datos de demandantes de vivienda de promoción pública y las adjudicadas aparecen en un informe del ICAVI que realizó entonces Antonio Ortega como director. Actualmente, es María del Pino de León Hernández la directora del Instituto Canario de la Vivienda, un organismo autónomo que depende directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias con Pablo Rodríguez a la cabeza. 

1 de cada 5 viviendas está vacía 

Se estima que en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, esto sería una de cada cinco, las casas deshabitadas que hay en el archipiélago. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponde a las viviendas sin contrato eléctrico o con consumo inferior al de 15 días al año. El propio INE la considera provisional y aproximada. 

Fernando Rodríguez de la asociación Provivienda en Canarias asegura que si tan sólo “se pusieran a disposición una quinta parte de todas esas viviendas que están vacías” en la región, se daría solución a las más de 34.000 personas demandantes de vivienda de promoción pública que hay en el archipiélago. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife señalan que todas esas viviendas vacías “no son inspeccionadas, ni sancionadas, ni expropiadas” como contempla la Ley de Vivienda de Canarias de 2003. Y añaden que se podrían poner como “alternativa habitacional para personas en especiales circunstancias de emergencia social, como también figura en la misma Ley”. 

“18.000 viviendas públicas en Canarias”

Según Provivienda “en Canarias hay unas 18.000 viviendas públicas en total”, lo que supone “apenas el 2% sobre el total del parque residencial de Canarias”.

El Ministerio de Vivienda tiene otras cifras aproximadas sobre el parque de vivienda de titularidad pública que hay en Canarias, y que representa aproximadamente entre el 1,7% y el 3% del parque total de viviendas de las islas. Esto sitúa al archipiélago como una de las comunidades con menor tasa de vivienda pública y social de España, muy lejos del objetivo europeo que ronda el 10%. 

El propio Instituto Canario de Vivienda ha tenido que reconocer que no sabe exactamente cuántas, ni el Estado en que se encuentran las viviendas protegidas que hay en las islas. Este periódico consiguió que el Instituto Canario de la Vivienda le respondiera vía Transparencia, asumiendo que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas.

Promesas sobre vivienda

El pasado mes de marzo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguraba en una tribuna del periódico Canarias7 que en estos momentos se están desarrollando “más de 3.000 viviendas públicas en distintas fases en todo el Archipiélago, 2.000 solo en construcción”. Sobre el Instituto Canario de la Vivienda afirmaba que se iba a incrementar su presupuesto “hasta alcanzar los cerca de 200 millones de euros, el más alto de su historia. A esto se suma el mayor paquete de ayudas al alquiler que ha impulsado el Gobierno de Canarias en los últimos años, con más de 37 millones de euros destinados a apoyar a miles de familias”. Lo cierto es que solo el 2% de las viviendas públicas proyectadas hace cinco años han sido entregadas en Canarias. 

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.

Durante la presentación del plan de vivienda de Castilla-La Mancha, en vísperas de la conmemoración del día de Europa y de la capitulación de la Alemania nazi ante el ejército soviético en 1945, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró que en el régimen soviético el Estado construía las viviendas y las daba a la ciudadanía por orden de lista. No es cierto que el criterio de reparto fuera la lista, pero es oportuna la afirmación de que en el régimen soviético hubo un plan para atender la necesidad vital de alojamiento de la población. 

El plan de vivienda del régimen soviético quizás pretendía emular el modelo implantado por los socialistas en Viena después de la Primera Guerra mundial. En 1921, el ayuntamiento vienés logró edificar más de 25.000 viviendas, subvencionadas con los impuestos que gravaban a productos como las bebidas alcohólicas, los coches, los juegos de azar y las carreras de caballos. Desde entonces, Viena lleva más de un siglo convertida en la capital de la vivienda social europea. 

Mediante una combinación de vivienda pública con el mercado, Viena ofrece alquileres indefinidos a precios bajos –menos del 30% de los ingresos- y de alta calidad, que evitan la especulación. Con más de doscientas treinta mil viviendas subvencionadas, la capital austríaca demuestra que contar con un parque de viviendas mediante la inversión pública es la fórmula más acertada para la regulación de los precios del mercado inmobiliario. Consigue ese objetivo invirtiendo hasta seiscientos millones de euros anuales, es decir, la ciudad de Viena invierte en el plan de vivienda de un año, cien millones más de lo que proyecta invertir en cuatro años (2026-2030) la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

La población española opina que el acceso a la vivienda es una emergencia social. Para la mayoría de las personas jóvenes el derecho social a la vivienda no existe, solo el 14,8% se emancipa debido a que el coste de la vivienda media en alquiler asciende a más de 850 euros, mientras que una persona joven solo puede asumir en torno a 330 euros. La única alternativa viable para una de cada tres jóvenes es el alquiler compartido. En consecuencia, los presidentes de las comunidades autónomas deberían asumir sus competencias para responder a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la población. Es indispensable que las Comunidades Autónomas inviertan para que exista un parque de viviendas públicas de calidad que evite la especulación. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la competencia exclusiva de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Las distintas políticas de vivienda han consistido en regalar suelo público, ayudas sin control y ventajas urbanísticas para garantizar beneficios privados a las promotoras inmobiliarias. Si el presidente Emiliano García-Page pretende, en serio, blindar el derecho social a la vivienda, sería bueno que en vez de regalar los terrenos públicos del ferrocarril (como proyecta hacer en Cuenca) promoviera una visita de trabajo al Ayuntamiento de Viena con un séquito de consejerías y ayuntamientos, para conocer el Plan de Viena, adaptarlo a la región y procurar que se implemente bajo sus auspicios en las ciudades de Castilla-La Mancha.  

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado este lunes, junto con la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, el avance de las obras de construcción de las 37 viviendas protegidas de promoción pública que se ejecutan en el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, que según el alcalde, José Manuel Bermúdez, “estarán terminadas a principios del año que viene”.

En un comunicado, el Ayuntamiento señala que el proyecto contempla 37 viviendas protegidas y 37 plazas de garaje con una inversión de adjudicación de 4.415.905,84 euros, financiada por el Consistorio, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.

En este sentido, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha destinado 19 millones de euros dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento, mientras que el Cabildo de Tenerife aporta otros seis millones de euros, configurando una financiación global de 25 millones destinada a reforzar la construcción de vivienda pública en la capital tinerfeña.

La promoción, cuya ejecución corre a cargo de VVO Construcciones, inició las obras el pasado 21 de octubre de 2024 y tiene prevista su finalización el 19 de febrero de 2027.

El edificio contará con distintas tipologías residenciales adaptadas a diferentes necesidades familiares y sociales, distribuidas en dos viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios, dos adaptadas para personas con movilidad reducida, 14 de tres dormitorios, una de cuatro dormitorios y una vivienda tutelada de cinco dormitorios.

El Ayuntamiento indica que ha aportado el suelo urbanizado sobre el que se desarrolla esta promoción, valorado en 525.859 euros, y recuerda también los destinados a las futuras 226 viviendas públicas de Cuevas Blancas, cuya valoración asciende a 7.578.489,83 euros.

En el recorrido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias hizo mención a los inconvenientes que tienen las familias canarias con el acceso a la vivienda, Rodríguez manifestó que, “estamos construyendo actualmente más de 2.000 viviendas en toda Canarias y tenemos más de 4.000 planificadas. Queremos que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las islas sin tener que irse”.

Los tres altos funcionarios del ayuntamiento de Alicante citados en calidad de testigos por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan no han acudido este viernes a declarar al juzgado para aclarar su papel en el escándalo de las promoción Les Naus.

La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, habían sido citados para testificar a las 10 horas por la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia junto a cuatro funcionarios de la Conselleria valenciana de Vivienda, que sí han declarado aunque sin un contenido “provechoso”, en opinión de las acciones populares.

A partir de ahora, la magistrada ha informado a las partes de que volverá a citar a estos tres funcionarios del ayuntamiento que, casualmente, tampoco comparecieron en la comisión municipal creada por decisión del pleno del ayuntamiento para estudiar lo sucedido en Les Naus.

Los que sí han declarado este viernes han sido el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez, todos ellos de la Generalitat.

Los abogados de las acciones populares, ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), han expresado a los periodistas su sorpresa por las tres incomparecencias e, irónicamente, han comentado que “a lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido perder por los pasillos del excelentísimo ayuntamiento de Alicante”, en palabras del letrado de Cs, Eduardo García-Ontiveros.

Para García-Ontiveros, el juzgado ha hecho diligente su labor de citación pero, por algún motivo, no han llegado a los funcionarios ya que “lo que está claro es que si no han venido es porque la citación del juzgado no les ha llegado personalmente”.

Expedientes que debieron decaer

En cuanto a la declaración de los cuatro funcionarios de la conselleria de Vivienda, se han ratificado en lo declarado hace dos semanas por sus superiores en la primera ronda de declaraciones, aunque sí han aclarado que si un beneficiario de un piso es requerido para aportar documentación adicional y no la aporta, el expediente decae.

Pese a este hecho, García-Ontiveros ha apuntado que aquí sí hay una irregularidad con “responsables que se lo han saltado a la torera” porque “hubo gente a la que se le requirió documentación, hicieron caso omiso y aún así fueron adjudicatarios de una vivienda”.

El abogado de los socialistas, Fernando Cazorla, ha indicado, por su parte, que la citación de los tres funcionarios se tramitó a través de la plataforma municipal, y ha considerado que si una vez que vuelvan a ser citados reinciden en no aparecer, lo lógico es que se llame a la policía para una tercera citación.

El funcionario autonómico que visó el proceso se quedó con un piso

Según Cazorla, lo declarado por los funcionarios autonómicos ha sido “bastante técnico” porque su papel se limita a la segunda revisión de los expedientes una vez que se destapó el escándalo aunque una de las funcionarias ha relatado que tenía una relación de confianza con el técnico que visó en solitario los expedientes, Roberto Palencia, y que una vez que se conoció lo sucedido tuvieron una reunión en el departamento donde éste admitió que la unidad familiar que formaba con su pareja se había quedado con un piso.

Ha añadido que en esa reunión Palencia no manifestó, en todo caso, más irregularidades con respecto a otros beneficiados.

El escándalo por el reparto de las viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan, ha sacudido la actualidad política en Alicante desde finales de enero y ha provocado varias dimisiones, entre ellas la de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, una de las beneficiarias, y la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también fueron objeto de sendos pisos.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

Una promoción de lujo en la barriada palmesana de es Jonquet, con viviendas que alcanzan los 5,4 millones de euros y servicios propios de un resort privado, ha situado en el foco de la polémica las políticas del Govern del PP. Entre zonas de spa, piscina, bodega, cine y gimnasio, el complejo incluye siete pisos de protección oficial (VPO), un hecho que ha despertado las sospechas de la oposición en torno a la falta de transparencia del proyecto. Mientras el Ejecutivo defiende su legalidad y asegura que se destinarán a alquiler social, crecen las dudas sobre su comercialización y el encaje real de las viviendas protegidas en un mercado cada vez más orientado al alto standing.

El PSIB-PSOE denunciaba este lunes que los pisos en venta no se encuentran “bajo ninguna supervisión pública”, reabriendo así reabriendo el debate sobre el control público de este tipo de viviendas y las consecuencias legales de un posible incumplimiento del régimen de VPO. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha rechazado, sin embargo, cualquier tipo de irregularidad en torno a la promoción: según ha explicado este martes, las siete viviendas bajo lupa ya ha obtenido la calificación de VPO en régimen de alquiler, con rentas que, asegura, rondarán los 700 euros mensuales y serán adjudicadas a través del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi).

Tal como consta en la documentación oficial de la Dirección General de Vivienda, la promotora Xojay Jonquet SL obtuvo en 2025 la calificación provisional de siete viviendas de protección oficial en régimen de alquiler permanente en el complejo de es Jonquet, por lo que quedarían fuera del circuito de venta del resto de pisos. Se trata, de acuerdo a la resolución consultada por este periódico, de pisos de entre 65 y 87 metros cuadrados con rentas máximas fijadas entre 676 y 897 euros mensuales, en función de su superficie, y con condición de vivienda protegida de por vida. El Ejecutivo subraya que, una vez finalizadas las obras, serán adjudicadas a través del registro de demandantes del Ibavi, como sucede con el resto de viviendas de este tipo.

La promoción, comercializada como XO Jonquet, se presenta como un resort urbano con servicios propios del lujo internacional. La memoria del proyecto -que no alude a las VPO- contempla más de medio centenar de viviendas distribuidas en cuatro bloques y una villa independiente, con superficies que van desde los 120 hasta los 400 metros cuadrados -e incluso una residencia de 850 metros- así como zonas comunes que superan los 550 metros cuadrados de equipamientos, incluyendo spa, piscina, bodega, cine, gimnasio, simulador de golf o servicio de seguridad las 24 horas.

En cuanto a los precios, las viviendas de menor tamaño se comercializan en Idealista a partir de los 2,6 millones de euros, mientras que los áticos y pisos de gran superficie y vistas al mar alcanzan los 5,4 millones. La sociedad promotora que se encuentra detrás del proyecto es Xojay Jonquet SL, creada en 2021 con un capital social de 3,7 millones de euros y cuya matriz es Xojay Management SL, dedicada a la promoción y gestión de activos inmobiliarios y cuyo administrador único es el empresario de origen alemán Christopher Franz-Gustaf Bauer Schlichtegroll, según los registros mercantiles consultados por elDiario.es.

El complejo se levanta, además, en el ámbito de la unidad de ejecución Mar i Terra, uno de los suelos más estratégicos del frente marítimo de Palma, situado entre es Jonquet, Son Armadams y el Passeig Marítim. Es Jonquet, declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico en 2009 y uno de los barrios tradicionales de la capital balear -formado por pequeñas casas de marineros y pescadores que vivían antaño junto al mar-, es hoy una de las zonas más tensionadas -y cotizadas- de Palma.

La controversia no se limita al plano político, sino que abre también interrogantes legales. La Ley 5/2018 de Vivienda de Balears tipifica como infracción leve no informar de forma visible de que una promoción incluye vivienda protegida durante su construcción, así como como infracción grave ocultar a posibles interesados la condición de VPO. Estas conductas pueden acarrear, en función de su gravedad, sanciones que van desde los 60.000 hasta los 30.000 euros.

En este contexto, los socialistas recriminan la ausencia de información pública clara sobre las viviendas protegidas dentro del proyecto, tanto en su comercialización como en los canales de promoción, lo que podría situar el foco no solo en el modelo urbanístico, sino también en su cumplimiento normativo. La diputada Mercedes Garrido ha acusado este martes al Govern de Marga Prohens de “situarse al lado de los más poderosos”, insinuando que estas viviendas podrían estar siendo comercializadas a precios de mercado, algo que el Govern ha rechazado de forma tajante, acusando al PSIB de “mentir y enredar” en torno a esta cuestión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma, gobernado por PP y Vox, ha salido al paso de la polémica sobre la promoción calificando de “bulos” las críticas del PSOE y defendiendo que se trata de siete viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Según el área de Urbanismo, el proyecto -aprobado en 2022- contempla VPO de carácter permanente con precios que oscilarán entre los 650 y 800 euros mensuales, situándose la mayoría en torno a los 700.las críticas apuntan a la ausencia de información pública clara sobre las viviendas protegidas dentro del proyecto, tanto en su comercialización como en los canales de promoción, lo que podría situar el foco no solo en el modelo urbanístico, sino también en su cumplimiento normativo.

Los cinco funcionarios de la concejalía de Urbanismo de Alicante citados este viernes a la comisión municipal que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas en la Playa de San Juan, la promoción Les Naus, han decidido no comparecer.

La presencia en esta comisión municipal es de carácter voluntario y la ausencia de estos cinco funcionarios se produce en la segunda sesión de comparecencias, después de una primera jornada, el pasado día 14, a la que sólo acudió a dar explicaciones uno de los cinco técnicos convocados.

La socialista Ana Barceló ha señalado instantes antes de arrancar esta sesión sin comparecientes que aunque la presencia es voluntaria, la creación de la comisión es fruto del acuerdo del pleno del ayuntamiento por unanimidad y por ello los funcionarios deberían acudir y responder las preguntas para que los alicantinos conozcan cómo se procede en el ayuntamiento en materia de vivienda pública.

Para la socialista, “si ningún técnico quiere venir a explicar las dudas” es porque no saben cómo explicarlas o porque no quieren hacerlo “con lo cual las dudas aumentan”, y ha añadido que el PP ha alentado esta situación y “se está riendo en la cara” del pueblo alicantino.

También a los periodistas antes del inicio de la sesión han opinado Rafa Mas, de Compromís, para quien el “el PP, junto con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión en un en un montaje” porque, además, los populares no han aportado la documentación requerida, mientras que Manolo Copé, de EU-Podem, ha calificado la comisión de “las sillas vacías” y ha insistido en que e/al equipo de gobierno del popular Luis Barcala debe aportar la documentación que le requiere la oposición.

Vox cree que no acuden por estar el asunto judicializado

Carmen Robledillo, de Vox, ha entendido que los citados no hayan acudido porque este asunto está judicializado porque alguna de las acusaciones populares del proceso que se sigue en un juzgado podría pedir las actas de la comisión para que sean entregadas a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, y ha coincidido con los partidos de la izquierda en demandar toda la documentación en el soporte más adecuado.

Los cinco funcionarios citados son la arquitecta municipal Elsa Lloret, beneficiaria de uno de los pisos y pareja sentimental del técnico de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó las viviendas, así el jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una trabajadora de la Concejalía de Estadística.

Debido a las ausencias en esta comisión que preside el vicealcalde, el popular Manuel Villar, los grupos del PSPV-PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem han expresado de viva voz las cuestiones que habrían planteado a los cinco funcionarios.

Pérez-Hickman tampoco declarará

Para la próxima sesión, ya ha presentado un escrito informando de que tampoco comparecerá una de las principales figuras en torno a las que ha girado el escándalo: la cesada como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actualmente jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, de quien dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de viviendas en Les Naus.

Antes todos los grupos, incluido el PP, han acordado estudiar hasta el próximo lunes a las 15 horas si aceptan el ofrecimiento de tres de los citados en la anterior sesión (dos) y en esta (uno) para contestar a los grupos por escrito, aunque los socialistas ya han adelantado que lo rechazan por desvirtuar el sentido de la comisión de investigación, donde sólo con preguntas y respuestas presenciales se pueden aclarar las dudas que existen en este caso.

Castilla-La Mancha se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha asegurado que no puede concretar más detalles hasta el próximo 28 de abril, cuando se mantenga la primera reunión preparatoria entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Claves del plan nacional

El Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes contempla una inversión en todas las comunidades autónomas de 7.000 millones de euros en el periodo 2026-2030, el triple que en el lapso anterior, tal y como informa elDiario.es. Al sumarse a este plan gubernamental, la región recibiría 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025.

Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda, según ha confirmado Padilla.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

La consejera ha apuntado que el Plan Estatal “tiene que dar respuesta a realidades muy diversas del conjunto del país”, y que en Castilla-La Mancha se refleja en zonas urbanas, pero también en zonas rurales.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.