Castilla-La Mancha se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha asegurado que no puede concretar más detalles hasta el próximo 28 de abril, cuando se mantenga la primera reunión preparatoria entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Claves del plan nacional

El Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes contempla una inversión en todas las comunidades autónomas de 7.000 millones de euros en el periodo 2026-2030, el triple que en el lapso anterior, tal y como informa elDiario.es. Al sumarse a este plan gubernamental, la región recibiría 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025.

Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda, según ha confirmado Padilla.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

La consejera ha apuntado que el Plan Estatal “tiene que dar respuesta a realidades muy diversas del conjunto del país”, y que en Castilla-La Mancha se refleja en zonas urbanas, pero también en zonas rurales.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

El acuciante problema de la vivienda, de los incontrolados precios de venta, las zonas tensionadas con prohibitivos alquileres, parece ser ajeno a algunos municipios canarios. En ese contexto de emergencia habitacional, hay viviendas sociales que no se han usado hace 21 años, en una mezcla de desidia y descoordinación institucional de desaprovechamiento de los recursos públicos. Es el caso de ocho viviendas de protección oficial (VPO) creadas en 2005 en el populoso barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el Norte de Tenerife.    

En realidad, hace ya más de dos decenios se crearon en la calle Tindaya de este núcleo, lindante con La Orotava, un total de once VPO. Las construyó la entonces empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos (Vivire) y no estaban nada mal para ese 2005: algunas con tres habitaciones, garaje, placas solares para agua caliente sanitaria y, luego, fotovoltaicas… No obstante, nadie vivió nunca en ellas, aunque cada vez que se acercaron elecciones locales desde entonces (2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, desde 2011 con mayoría absoluta del PP), las pintaban y adecentaban unos meses antes, para luego acabar de nuevo en el agujero de la desidia.

Pese a la denuncia reiterada en prensa durante años por partidos como Izquierda Unida (IU), esa situación se mantuvo hasta que, en 2022, el gobierno local decidió ceder estas once casas a la consejería regional de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, y según le consta a Canarias Ahora, desde entonces sólo se han utilizado un máximo de tres de estas casas para casos de desalojos forzosos de familias, violencia de género y otras situaciones sociales de esta índole, pero las otras ocho han seguido vacías y sin uso desde 2005: un total, pues, de 21 años de cierre y desaprovechamiento de casas pagadas por todos los contribuyentes en una ascendente crisis habitacional en España y, en particular, en muchas zonas de Canarias.

Canarias Ahora intentó desde este martes conocer la versión de la consejería regional, que dirige Pablo Rodríguez, pero sin resultado. Desde el gobierno realejero, por el contrario, se apunta que estas casas “han estado ocupadas por usuarios de Servicios Sociales en todos o casi todos los casos de manera temporal por situaciones de especial necesidad”. Eso sí, no se alude a usos por parte de familias durante etapas largas, que es lo que suele ocurrir con las VPO, aparte de que el ayuntamiento desconoce qué ha ocurrido con las viviendas desde que se las cedió al Gobierno de Canarias.

El Gobierno regional, tras ser consultado por este periódico, asegura que en la actualidad las once viviendas se están utilizando para personas víctimas.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

El Ayuntamiento de València avala la legalidad de la permuta por la que adquirió a una promotora 39 viviendas de protección pública pese a que los pisos ya estaban pre reservados. El informe jurídico, encargado por el consistorio tras la denuncia del PSPV en Fiscalía, no ve irregularidades en el proceso público ni en la declaración responsable de la promotora, pese a que en los pliegos se señalaba que las viviendas no debían estar comercializadas. La promotora canceló las reservas y devolvió el importe a los vecinos que se habían interesado, aunque al menos cinco de ellos se negaron y plantearon sus dudas a la administración local.

Los servicios jurídicos del ayuntamiento analizan tres cuestiones a petición de PSPV y Compromís: si se cumplió el requisito previo de la no comercialización, si la promotora -Domio Desarrollos II- incluyó datos falsos en la declaración responsable y si se debe revisar el procedimiento. Y en los tres casos concluye que el consistorio actuó debidamente.

Tras analizar el contrato, los servicios jurídicos consideran que no se puede entender que las viviendas estuvieran comercializadas y que no había derechos sobre las viviendas: los mil euros de prerreserva no eran entregas a cuenta y este contrato no es un instrumento jurídico que la valide, como consta en las cláusulas. Además, los documentos que firmaron los interesados en los pisos contemplaban que la promotora los pudiera rescindir. “Los contratos de pre-reserva suscritos por DOMIO con terceros interesados en la adquisición de los inmuebles, solo determinaban la obligación del Promotor de notificar al Solicitante la puesta a disposición de la documentación informativa”, dice el informe, que señala también que la promotora devolvió el importe. Es decir, que la señal y el contrato apenas tenían valor sobre el piso.

El análisis del consistorio también destaca que en la declaración responsable de Domio Desarrollos II, en la que afirma “que las viviendas del edificio residencial en construcción ofrecido para permutar no están comercializadas por la promotora”, es “de fecha 30 de julio de 2025, es decir, posterior a las notificaciones de la resolución de los contratos de pre-reserva y subsiguiente devolución, con intereses, de la cantidad ingresada en tal concepto”. Con este argumento rechaza que hubiera información falsa en la documentación de la promotora.

Así, siguiendo este hilo argumental, los servicios jurídicos consideran que no cabe revisar el proceso administrativo, ni que el Ayuntamiento actuara mal, al tener conocimiento de que había un conflicto sobre las viviendas. Los acuerdos de gobierno que validan las permutas son posteriores a la cancelaciónde las pre-reservas operada entre febrero y diciembre de 2024, señalan.

Con la permuta, la mercantil entrega 39 viviendas construidas al Ayuntamiento a cambio de cuatro solares en los que construir cerca de 200 pisos protegidos, además de 1,5 millones que compensan la diferencia de valor entre el suelo y el inmueble. La constructora podría comercializar los pisos por cerca de 53 millones de euros gracias a la actualización del precio por metro cuadrado del Consell de Carlos Mazón.

El Ayuntamiento de Palencia ha denunciado a la exsecretaria municipal, a la que que cesó en el cargo hace dos semanas, por certificar una segunda declaración de bienes de la concejala del PP, Laura Lombraña, en día inhábil y con las dependencias municipales cerradas, según ha podido saber elDiario.es. Lombraña es adjudicataria de una vivienda protegida, en concreto un chalé con piscina que no aparece en su declaración de bienes. Según declaró la edil a El País, medio que adelantó la noticia, ella sí lo incluyó en su declaración, si bien no supo explicar por qué en el portal de transparencia del Ayuntamiento, aparece una declaración realizada en junio de 2023 en la que sólo constan 7.000 euros en cuenta corriente.

Una vez que estalló el escándalo, apareció una segunda declaración sobre cuya veracidad existen dudas. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió la firma de la secretaria y, también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo, por lo que malamente pudo Lombraña presentar esa documentación a la secretaria con el Ayuntamiento cerrado. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria.

No es el único motivo por el que se destituye y denuncia a la exsecretaria: el Procurador del Común hizo varios requerimientos por otro asunto sin que llegasen a la mesa de la Alcaldía, algo que podría haber supuesto responsabilidades penales. A su vez, la exsecretaria ha llevado al Contencioso su cese “por pérdida de confianza técnica”, y argumenta que la resolución de Alcaldía es contraria a derecho “al incurrir en desviación de poder y falta de base fáctica objetiva vinculada al desempeño profesional”.

La denuncia del Ayuntamiento contra la que fuera secretaria se une a la investigación de la Fiscalía de Palencia sobre el proceso de adjudicación del chalé de Lombraña. Tal y como adelantó elDiario.es, el candidato de Podemos en las recientes elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, decidió presentar una denuncia tras conocerse el caso a través de El País el pasado 3 de marzo y el fiscal jefe, Arturo Carrillo, ordenó la apertura de diligencias de investigación preprocesales a través de un escrito firmado el 12 de marzo.

Lombraña, responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y actualmente concejala en la oposición es, desde 2023, propietaria de un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

“Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos, pero parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal. Por lo tanto, los hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, o de otro tipo”, dice la denuncia.

Movimiento Sumar Toledo ha pedido al Ayuntamiento que las nuevas promociones de vivienda impulsadas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se destinen prioritariamente al alquiler asequible y no a la venta.

La formación ha reaccionado así tras los dos anuncios realizados la semana pasada por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, en los que planteaba la creación de nuevas viviendas en el edificio municipal del Paseo de San Cristóbal que albergaba las antiguas instalaciones de Radio Nacional, sin concretar más detalles, y una nueva promoción de 13 viviendas protegidas prevista en la avenida de Santa Bárbara que se destinará a la venta, aunque todavía no se ha aclarado en qué régimen de protección.

Desde Movimiento Sumar consideran que la prioridad de la promoción pública debe ser el alquiler asequible. “Si se construye vivienda con dinero público debe servir para garantizar alquiler asequible, no para venderla y perder ese patrimonio público”, ha señalado el portavoz de la formación en Toledo, José Luis Resuela. Una modalidad que, según la formación política, tiene una “fuerte demanda” en la ciudad.

“La reciente adjudicación de cinco viviendas en alquiler en el Corral de Don Diego recibió cerca de 200 solicitudes, mientras que más de 700 personas se han dirigido a la EMV como demandantes de vivienda”, aseguran en el comunicado. Además, desde Movimiento Sumar consideran esta modalidad como “más adecuada” para la situación actual del mercado inmobiliario.

Más alquileres turísticos que residenciales

La formación también advierte de que la presión del turismo está reduciendo la oferta de vivienda residencial en la ciudad, asegurando que existe cinco veces más oferta de viviendas turísticas que de alquiler residencial, una situación que, a su juicio, dificulta aún más el acceso a la vivienda.

“Mientras el Ayuntamiento habla de que el futuro Plan de Ordenación Municipal debe facilitar que quienes trabajan en Toledo puedan vivir en Toledo, sus políticas están contribuyendo a expulsar población hacia los municipios del entorno en busca de vivienda asequible”, ha señalado Resuela.

Desde Movimiento Sumar critican además las declaraciones del alcalde defendiendo la conversión de viviendas en apartamentos turísticos como incentivo para la rehabilitación. A su juicio, esta posición demuestra “escasa sensibilidad con quienes no encuentran vivienda asequible para alquilar”, ya que el cambio de uso turístico de viviendas y edificios completos en el Casco Histórico está reduciendo la oferta residencial.

Por ello, la formación plantea que las administraciones públicas orienten las políticas de rehabilitación hacia el uso residencial permanente, mediante ayudas públicas, incentivos fiscales municipales y apoyo técnico a los propietarios que quieran rehabilitar sus viviendas para destinarlas al alquiler residencial. Asimismo, consideran necesario paralizar la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas y de conversión de edificios completos en apartamentos turísticos, una tendencia que, advierten, amenaza con despoblar y desnaturalizar el Casco Histórico de Toledo.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este martes en el Defensor del Pueblo una queja formal en relación con la enajenación, el pasado 15 de enero de 2025, de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a la construcción de 104 viviendas de protección oficial, al considerar “que el procedimiento de adjudicación podría vulnerar principios básicos de publicidad, igualdad y concurrencia”.

Así lo ha declarado ante los medios de comunicación el portavoz del Grupo, Luis Alonso, quien ha solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Ayuntamiento y al Gobierno regional “la remisión del expediente completo y la acreditación del cumplimiento de los principios legales en la adjudicación”.

Asimismo, Alonso ha instado a que se “restablezca el control administrativo directo y a implantar sistemas objetivos y transparentes de selección”. El concejal del PSOE ha indicado que al ser “vivienda protegida construida sobre suelo público”, el Ayuntamiento “no puede desentenderse del procedimiento de adjudicación ni dejarlo en manos exclusivas de promotores privados sin garantías públicas suficientes”.

El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está destinado a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, lo que obliga al Ayuntamiento de Logroño a ejercer un control efectivo sobre el proceso de adjudicación.

Sin embargo, ha denunciado Luis Alonso, “el pliego de condiciones atribuía a las empresas adjudicatarias la selección de compradores que estuvieran inscritos en el IRVI, sin establecer un proceso de adjudicación, estructurado y garantista”.

El portavoz del PSOE ha criticado que “no hubo convocatorias oficiales ni apertura de plazos, publicación de listados, criterios objetivos de baremación ni sorteo público supervisado”. Esto “supone un cambio respecto a la práctica anterior del propio Ayuntamiento, que asumía directamente la adjudicación garantizando transparencia y objetividad”, ha recordado Alonso.

Además, la normativa autonómica y estatal exige que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Algo que en Logroño no ha habido.

Por otro lado, el concejal ha denunciado el hecho de que las propias empresas promotoras “hayan aplicado sistemas propios de adjudicación sin que conste un control municipal efectivo ni acreditación pública del cumplimiento de los cupos de reserva legalmente establecidos”.

Así, el PSOE reclama y exige “transparencia, reglas claras y las mismas oportunidades para todas las personas inscritas”, ha subrayado Alonso ya que “la función social del suelo público no se cumple solo construyendo viviendas protegidas, sino garantizando que su acceso se produzca con pleno respeto a los principios de igualdad y publicidad”.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

El Ayuntamiento de Logroño ha insistido este lunes en “el cumplimiento de los mandatos legales” en la selección de adquirentes de viviendas de protección oficial y ha vuelto a argumentar la diferencia entre las promociones públicas y la colaboración privada de VPO en suelo municipal tras las críticas recibidas por la delegación a las constructoras de la selección de adquirentes para las viviendas de diez parcelas de la ciudad. La concejala portavoz, Celia Sanz, y la de Vivienda, Patricia Sainz han anunciado que comparecerán a iniciativa propia en el próximo pleno municipal para ofrecer explicaciones “con transparencia y rigor”.

Las concejalas han enfatizado que “hace más de 15 años que no se construían viviendas de Protección Oficial en Logroño” y ha defendido el Plan de Vivienda “pionero” que han puesto en marcha y que, según ha destacado, “cumple todos los requisitos legales y cumple con el aval de los técnicos municipales”.

Sobre la diferencia entre la promoción pública y privada, Sanz ha explicado que en el caso de la promoción pública sí hay una baremación y puede haber un sorteo mientras que en el caso de la promoción privada en suelo público, como es el caso de las 104 viviendas sobre las que se ha señalado su selección, “existe la garantía de que los adjudicatarios van a ser las personas que cumplen los requisitos por la ley, personas que tienen que estar inscritos en el IRVI”. También han aludido que en otras comunidades autónomas y ciudades se está desarrollando el mismo procedimiento.

Por eso, ha subrayado que “está garantizada la concurrencia pública y publicidad”. En este sentido, ha insistido en que la inscripción en el IRVI la concurrencia y el cumplimiento de estos requisitos “garantiza la concurrencia” y, ha añadido, que “la publicidad también está garantizada porque el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento ha publicitado de forma abierta y transparente la construcción y adjudicación de estas viviendas”. Para justificarlo, las concejalas han aludido también al aumento del registro del IRVI en un 60% desde la puesta en marcha del Plan de Vivienda. Así mismo, han asegurado que el registro “se está depurando” y por ejemplo se ha introducido el requisito de no tener ninguna vivienda en propiedad.

En cuanto a los cupos, ha explicado que se cumplen los que recogen las leyes de Accesibilidad Universal o de Violencia de Género. Cupos que , como ha detallado, que se establecen por porcentaje dentro del bloque de viviendas y que solo se reservan por cuando el resultado supera la unidad. Es decir, en el caso de pisos para personas de movilidad reducida con un cupo de reserva del 5% se dejan viviendas específica cuando el resultado del 5% del número de viviendas del bloque supera la unidad, como es el caso de la promoción de Portillejo.

Patricia Sainz, que ha señalado que el procedimiento se ha hecho con “la ilusión de solucionar un drama que existe con la escasez de vivienda, hay mucha angustia en la población porque faltan viviendas”. La responsable de Vivienda ha señalado a la oposición al recordar que el pliego de condiciones ahora criticado es público desde principios del año pasado y “nadie lo ha recurrido”.

Sobre la selección de adquirentes, que ha reiterado con más detalle Sainz, “el pliego recoge las vías de control para garantizar que las personas adjudicatarias de las viviendas cumplan todos los requisitos para ser adjudicatarios de VPO y se establecen dos fases de control”. En concreto, ha dicho, “los candidatos deben estar obligatoriamente inscritos en el IRVI y, por lo tanto, cumplir los requisitos que se establecen para acceder a viviendas de protección oficial (empadronamiento, no superar 6 veces el IPREM y no ser titular de otra vivienda). El segundo mecanismo de control previsto en el pliego es que los contratos de todos los adjudicatarios deber ser visados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y el listado se remitirá al Ayuntamiento”, ha recordado Patricia Sainz. “El pliego es garantista y cumple todos los requisitos de legalidad”, ha insistido.

Preguntadas por cómo se ha desarrollado la selección, ha insistido en “que el cumplimiento de los requisitos está velado por la normativa de VPO”. Pero cuando las solicitudes superen las viviendas disponibles, Sainz ha señalado que han sido las constructoras las que han elegido el método de adjudicación siempre que se cumplan los requisitos del registro del IRVI “que acreditan que cualquier persona inscrita en el registro tiene derecho a una vivienda de VPO”, ha puntualizado. En este sentido, a la pregunta de los periodistas, la concejala ha respondido que según el pliego, entre los inscritos, la selección por parte de las constructoras “podría” haber sido a dedo, “pero no ha sido así”, ha señalado recordando que las constructoras han optado por orden de inscripción o un sorteo interno.

Logroño ha vuelto a poner en marcha la construcción de vivienda protegida en plena crisis de acceso a la vivienda. Pero lo ha hecho con un cambio sustancial: el Ayuntamiento ha dejado en manos de las constructoras la selección de las personas que comprarán hasta 104 viviendas de protección oficial, rompiendo así con años de control estricto de condiciones y adjudicaciones mediante sorteo público. 

El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento de Conrado Escobar en 2024 para la enajenación de parcelas municipales presenta una importante simplificación administrativa. A diferencia de etapas anteriores y con diferentes corporaciones, como se puede ver en los expedientes de los años 2005, con ayuntamiento del PP y del 2009, con el PSOE, el pliego ahora es de carácter genérico y reduce los requisitos de acceso al mínimo: estar inscrito en el Registro de Solicitantes del IRVI y cumplir los topes de renta.

Sin embargo, los expedientes anteriores recogen que la selección recaía de manera obligatoria en la administración local. De hecho, en 2009, el Ayuntamiento de Logroño disponía un mecanismo técnico articulado y público para garantizar que recogía un procedimiento de sorteo ante notario basado en fórmulas matemáticas de 'cadencia' y 'número de origen'. Además, entonces se recogían cupos específicos para destinar un porcentaje de las viviendas a jóvenes y baremos de puntuación por situación sociofamiliar, discapacidad y niveles de renta. Cupos extra y baremos que en el pliego de 2024 han desaparecido. 

Es decir, el Ayuntamiento de Logroño ha delegado la venta de viviendas protegidas en empresas privadas y con ello, también la forma de elegir a los compradores aunque la ley obligue a garantizar la igualdad de oportunidades. En concreto, este giro que puede estar contradiciendo la Ley 2/2007 de Vivienda de La Rioja, el mismo marco regulador que en el expediente de 2009, cuando sí se aplicaban sorteos y cupos estrictos. Por tanto, la desaparición del control social no responde a una adaptación a nuevas leyes, sino a un cambio en la interpretación de los pliegos que, bajo el mismo paraguas legal de hace 17 años, ahora decide otorgar todo el poder de decisión a las constructoras.

El artículo 46 de esta ley es claro al señalar que los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida deben ser “en todo caso, procedimientos de concurrencia pública y publicidad”. No obstante, la concurrencia pública se debilita con la eliminación del sorteo por parte de la Administración pública y la utilización de unos criterios que quedan en manos de empresas privadas, que solo tienen que presentar al Ayuntamiento una relación con los datos de los adquirentes una vez realizada la selección. 

Para justificar este cambio, el equipo de Gobierno municipal sostiene una distinción técnica: diferencia entre la “promoción pública de VPO” (gestionada por instituciones) y la “promoción privada de VPO sobre suelo municipal”. De esta manera, el consistorio argumenta que al ser la constructora quien compra el suelo, debe tener libertad para elegir a sus clientes. Sin embargo, ni la ley autonómica de 2007 ni la reciente Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda (12/2023) eximen al suelo público de su función social. 

De hecho, la ley estatal refuerza esta idea en su artículo 6: “Se prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda [...] incluyendo la discriminación indirecta, entendiéndose por tal aquella disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pueda poner a personas en desventaja particular.” Y en el artículo 27.2 recoge: “Los bienes y recursos que integran los patrimonios públicos de suelo se destinarán a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública [...] de acuerdo con las necesidades de los sectores de la población con mayores dificultades de acceso”. 

Este procedimiento del equipo de Gobierno ha encendido las críticas de la oposición. Desde el PSOE, denuncian que se está “mercantilizando” un derecho básico y han pedido la dimisión de la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz. Igualmente, ha exigido al alcalde Conrado Escobar que “obligue a las promotoras a hacer público el procedimiento”, en concreto, “dónde se publicó la posibilidad de inscribirse, qué plazos hubo y cómo se eligió a los 104 adjudicatarios”. También el PR+ ha criticado duramente esta política municipal y ha exigido un pleno extraordinario para pedir todas estas explicaciones. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño, consultado sobre este asunto, ha remitido sus explicaciones a una rueda de prensa convocada a primera hora del lunes.

Logroño vuelve a construir vivienda protegida cuando es más necesario, pero con la transparencia en la selección de adquirentes en el aire. Los tradicionales sorteos de las viviendas de protección oficial se han sustituido ahora por un proceso de gestión comercial de las promotoras. Logroño reduce a la mínima expresión legal los cupos que antes favorecían a colectivos vulnerables o jóvenes y el Ayuntamiento deja de ser un árbitro que garantiza la igualdad en la enajenación del suelo público. 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Emvisesa, ha anunciado este viernes la firma de un acuerdo con el Banco Santander para adquirir el edificio situado en la calle Verdad, en el barrio obrero de Palmete, compuesto por 11 viviendas de protección oficial, donde residen las familias que llevan meses viviendo bajo la amenaza de un desahucio.

Eso significa que las 11 familias residentes en dicho edificio “podrán permanecer en sus hogares con todas las garantías”, según ha anunciado el Consistorio hispalense en un comunicado. El Gobierno local agradece la “predisposición para llegar a un acuerdo” del Banco Santander, el propietario del inmueble que el pasado mes de noviembre suspendió el desalojo ante la presión social que ejercieron colectivos vecinales como Barrios Hartos.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta operación supone “un hito en la trayectoria de la empresa municipal de vivienda y suelo, Emvisesa, ya que nunca antes se había realizado un esfuerzo económico y una inversión de esta magnitud con el objetivo de preservar el hogar de familias en situación de vulnerabilidad”.

Con esta adquisición, el inmueble pasará a formar parte del parque público de viviendas de Emvisesa y se procederá a regularizar la situación de las familias “mediante contratos de arrendamiento de vivienda protegida”. Desde la plataforma vecinal Barrios Hartos, que ha respaldado las movilizaciones para intentar frenar el desalojo, han celebrado la noticia como una “victoria en la lucha por la vivienda social”.

“Lucha por la vivienda protegida pública”

El Ayuntamiento ha señalado que se trata, “en su mayoría, de familias monoparentales, con menores a su cargo y en contextos de especial vulnerabilidad social”. Además de la compra del edificio, el Consistorio llevará a cabo una actuación integral de mejora y mantenimiento para “garantizar unas condiciones óptimas de habitabilidad”. Entre otras intervenciones, se adecentarán los espacios comunes y se pondrá en funcionamiento el ascensor, que llevaba años fuera de servicio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha defendido que las nuevas rentas “se ajustarán a los parámetros de vivienda protegida”, con alquileres que oscilarán entre los 200 euros, para las viviendas de menor superficie; y los 250 euros, para las de mayor superficie.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha adelantado la noticia en el pleno del Ayuntamiento, tras la aprobación de la moción de apoyo a las familias presentada por el grupo municipal Con Podemos-IU. “El sábado se firmará un acuerdo con Emvisesa y yo me alegro personalmente, sobre todo por los vecinos”, ha asegurado el delegado que ha puesto en valor que han “buscado una solución desde el primer momento”.

“Ese es el paraguas que tiene que tener Emvisesa: luchar por la vivienda protegida pública en acuerdos, en negociaciones y también en las posibilidades”, ha afirmado.

Las reacciones al borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid han llevado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a modificar el proyecto. El Ejecutivo rebajará a cinco años el empadronamiento necesario en la región para solicitar alquileres en una vivienda protegida, según ha avanzado este jueves en el Pleno de la Asamblea el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Fuentes de la Consejería de Vivienda explican además, según recoge Europa Press, que el Gobierno regional mantendrá el requisito general de diez años de empadronamiento previsto para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, aunque habrá excepciones. No se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o efectuado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda. Se trata del grupo de perjudicados en una situación más delicada, debido a que habían desembolsado miles de euros sin saber con exactitud cuando les serían devueltos en caso de verse damnificados por la iniciativa.

Rodrigo ha avanzado que el objetivo es aprobar el nuevo reglamento en julio, pese a estos nuevos ajustes. “Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha afirmado que están admitiendo todavía enmiendas. Así, ha destacado que mientras en la Comunidad defienden “el arraigo” de todos los madrileños y que tengan la oportunidad de tener una vivienda pública, lo que el PSOE hace es comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.

Estas declaraciones confirman la teoría de muchos de los afectados, que lamentaban una medida autonómica improvisada y tomada en represalia a dicha regularización aunque ello suponga “ir contra una Comunidad de Madrid que siempre se ha caracterizado por su acogida”. Más de 350 adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) de régimen cooperativista en desarrollos urbanos como Los Cerros, El Cañaveral o Los Berrocales se han organizado a través de chats de Telegram para estudiar acciones contra el reglamento actualizado. “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Creemos que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”, explicaba Adrián, uno de los cooperativistas.

La Comunidad de Madrid habla de “seguridad jurídica” frente a la incetidumbre de los damnificados

Los afectados reprochaban un endurecimiento tan severo de los requisitos en viviendas cuya titularidad ni siquiera es pública, ya que la Comunidad de Madrid solo limita el precio máximo del metro cuadrado. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios. Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”, lamentaba en declaraciones a Somos Madrid otra afectada, Elena.

Con estas modificaciones, la Comunidad de Madrid defiende por contra su intención de reforzar “la seguridad jurídica, proteger a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adaptar la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”. Apostillan que en los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

En el Pleno, Rodrigo ha indicado que se va a definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, adaptándose “a la realidad actual” para impulsar la construcción, facilitar su gestión y al mismo tiempo para aumentar la oferta publica de vivienda disponible. Una de las principales novedades, dice, es ahondar en la simplificación de los trámites administrativos incorporando la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites como el visado de contratos de títulos de acceso a las viviendas.

Arranca la investigación judicial sobre la adjudicación de las viviendas protegidas de Alicante que agraciaron a funcionarios y personas vinculadas al PP de la ciudad. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el municipio, ha dictado una providencia por la que acuerda las primeras diligencias de investigación.

En concreto, según informa el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado, la magistrada ha acordado reclamar diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus, promotora de la obra, cuya aportación al procedimiento ha solicitado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas viviendas protegidas (VPP) tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Tanto el Ayuntamiento de Alicante, del PP, como el PSPV han llevado al juzgado las sospechas en las adjudicaciones, destapadas por el diario Información. La Generalitat Valenciana y el consistorio enviaron a la Policía Local para comprobar quién reside en el edificio y cotejar los datos con el padrón municipal.

El escándalo de la promoción, edificada tras años de vacío en las viviendas de protección pública, salpica a las élites de Alicante: concejales, arquitectos, hijos de notarios y altos funcionarios como una interventora con elevados ingresos de hasta 70.000 euros han sido adjudicatarios de la promoción residencial.

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

Sira Pérez Ortuño, ara tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, va treballar com a interventora delegada en els Serveis Territorials d’Hisenda d’Alacant amb els consells de Ximo Puig i Carlos Mazón des de setembre del 2019 fins a octubre de l’any passat i va comprar l’habitatge protegit el setembre del 2025

Dimiteix la regidora d'Urbanisme d'Alacant després de desvetllar-se que va rebre un dels pisos de l'escàndol dels habitatges protegits

Una interventora de la Generalitat Valenciana también es va fer amb un dels polèmics pisos de protecció pública d'Alacant que van adquirir càrrecs del Partit Popular i que ha provocat la dimissió de la regidora d'Urbanisme d'Alacant, d'una alt càrrec del consistori nomenada per l'alcalde Luis Barcala i del cap de gabinet de la Conselleria de Turisme.

Es tracta de la fins a setembre del 2025 delegada en els Serveis Territorials de la Conselleria d’Hisenda a Alacant i actual tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, Sira Pérez Ortuño, que, quan va sol·licitar la possibilitat d’accedir a l’habitatge, percebia un sou superior a 70.000 euros. De fet, aquests habilitats nacionals són els funcionaris amb més retribució de l’Administració autonòmica, ja que tenen el màxim nivell tant de salari base com de complement de destinació i específic.

Segons la informació depositada en el Registre de la Propietat, l’habilitada nacional va adquirir per adjudicació un pis d’HPP en el residencial Les Naus, en el número 36 del carrer de les Xarxes d’Alacant, el 9 de setembre de 2025. L’habitatge es va escripturar a nom seu el 28 d’octubre del mateix any. Per a l’adquisició, Sira Pérez va constituir un préstec de 164.000 euros en una entitat bancària.

L’habitatge té una superfície útil de 80,66 metres quadrats; una superfície construïda pròpia computable de 92,20 metres quadrats, i una superfície construïda, amb la seua part proporcional d’elements comuns, de 104,57 metres quadrats. Cal recordar que aquests elements comuns incloïen una piscina, pistes de pàdel i un club social. A més, la interventora també va adquirir una plaça d’aparcament i un traster.

Sira Pérez Ortuño va estar sis anys en la Generalitat com a interventora delegada en els Serveis Territorials d’Hisenda i Model Econòmic a Alacant. Hi va arribar el setembre del 2019, quan governava l’esquerra, i va abandonar el càrrec el setembre del 2025, amb el PP en el Govern autonòmic. L’octubre del 2025 es va reincorporar al seu lloc de tresorera a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, just un mes després d’adquirir l’habitatge protegit. L’alcalde del municipi, Santiago Román, del PP, va anunciar en xarxes socials el retorn de l’habilitada nacional al seu lloc de treball «després de sis anys fent la seua tasca en la Generalitat».

ElDiario.es s’ha posat en contacte amb Sira Pérez Ortuño, que s’ha negat a fer declaracions. No obstant això, a través d’un representant de l’ajuntament on ocupa la plaça de tresorera ha manifestat que «no és un càrrec públic» i que «valorarà el que es publique per a exercir la seua defensa».

El sou que percebia aquesta funcionària pública quan es va inscriure per a accedir al pis de protecció pública, així com quan el va adquirir, superava els 70.000 euros anuals, per la qual cosa no hauria pogut figurar en la llista d’aspirants ni, encara menys, resultar adjudicatària d’un d’aquests habitatges, destinats a rendes inferiors a 54.600 euros, incrementables fins a 66.000 si es compleixen determinats requisits, com tindre a càrrec a una persona amb gran dependència.

La Conselleria d’Habitatge ha suspés de sou i de faena el funcionari de la delegació territorial d’Alacant que va visar els habitatges. Aquesta persona, actualment investigada, hauria validat també la compra del pis per part de Sira Pérez.

Amb la revelació d’aquesta nova propietària, s’evidencia, una vegada més, que la promoció d’habitatge protegit Les Naus, situada en una de les millors zones d’Alacant i molt prop de la platja de Sant Joan, ha acabat en mans de persones procedents de famílies amb alt poder adquisitiu com ara notaris o arquitectes, nombroses persones vinculades al PP o directament persones amb ingressos que els haurien impedit legalment aspirar a aquests HPO, ni tan sols amb el canvi legislatiu impulsat per Carlos Mazón, que va elevar el llindar d’ingressos per a poder ser adjudicatari d’aquesta mena de promocions.

L’escàndol ha generat tal indignació que s’ha aprovat una comissió d’investigació en l’Ajuntament d’Alacant i una altra en les Corts Valencianes, mentre que un jutjat d’instrucció ja ha obert diligències. La Fiscalia també ha iniciat perquisicions arran de les denúncies de l’Ajuntament i de l’oposició a Alacant.

Una interventora de la Generalitat Valenciana también se hizo con uno de los polémicos pisos de protección pública de Alicante que adquirieron cargos del Partido Popular y que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo de Alicante, de una alto cargo del consistorio nombrada por el alcalde Luis Barcala y del jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo.

Se trata de la hasta septiembre de 2025 delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda en Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez Ortuño, quien, cuando solicitó la posibilidad de acceder a la vivienda, percibía un sueldo superior a los 70.000 euros. De hecho, estos habilitados nacionales son los funcionarios con mayor retribución de la administración autonómica, ya que cuentan con el máximo nivel tanto de salario base como de complemento de destino y específico.

Según la información depositada en el Registro de la Propiedad, la habilitada nacional adquirió por adjudicación un piso de VPP en el residencial Les Naus, en el número 36 de la calle Las Redes de Alicante, el 9 de septiembre de 2025. La vivienda fue escriturada a su nombre el 28 de octubre de ese mismo año. Para su adquisición, Sira Pérez constituyó un préstamo de 164.000 euros en una entidad bancaria.

La vivienda tiene una superficie útil de 80,66 metros cuadrados; una superficie construida propia computable de 92,20 metros cuadrados, y una superficie construida, con su parte proporcional de elementos comunes, de 104,57 metros cuadrados. Cabe recordar que dichos elementos comunes incluían una piscina, pistas de pádel y un club social. Además, la interventora también adquirió una plaza de aparcamiento y un trastero.

Sira Pérez Ortuño estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, anunció en redes sociales la vuelta de la habilitada nacional a su puesto de trabajo «tras seis años realizando su labor en la Generalitat».

elDiario.es se ha puesto en contacto con Sira Pérez Ortuño, quien se ha negado a hacer declaraciones. No obstante, a través de un representante del ayuntamiento donde ocupa la plaza de tesorera ha manifestado que “no es un cargo público” y que “valorará lo que se publique para ejercer su defensa”.

El sueldo que percibía esta funcionaria pública cuando se inscribió para acceder al piso de protección pública, así como cuando lo adquirió, superaba los 70.000 euros anuales, por lo que habría sido casi imposible figurar en la lista de aspirantes y menos aún resultar adjudicataria de una de estas viviendas, destinadas a rentas inferiores a 54.600 euros, incrementables hasta 66.000 si se cumplen determinados requisitos, como tener a cargo a una persona con gran dependencia.

La Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario de la delegación territorial de Alicante que visó las viviendas. Esta persona, actualmente investigada, habría validado también la compra del piso por parte de Sira Pérez.

Con la revelación de esta nueva propietaria se evidencia, una vez más, que la promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicada en una de las mejores zonas de Alicante y muy cerca de la playa de San Juan, ha acabado en manos de personas procedentes de familias con alto poder adquisitivo como notarios o arquitectos, numerosas personas vinculadas al PP o directamente de personas con ingresos que les habrían impedido legalmente aspirar a estas VPO, ni siquiera con el cambio legislativo impulsado por Carlos Mazón, que elevó el umbral de ingresos para poder ser adjudicatario de este tipo de promociones.

El escándalo ha generado tal indignación que se ha aprobado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Corts Valencianes, mientras que un juzgado de instrucción ya ha abierto diligencias. La Fiscalía también ha iniciado pesquisas tras las denuncias del ayuntamiento y de la oposición en Alicante.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Alicante que abra expediente para que se devuelvan las viviendas públicas adjudicadas a cargados del Partido Popular y ha advertido que “han corrompido el sistema”.

Así se ha pronunciado este jueves Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación refiriéndose al escándalo de adjudicación de vivienda pública en Alicante y antes de reunirse con representantes de asociaciones de vecinos de la ciudad de Alicante para analizar la situación de la vivienda pública en la ciudad y trasladarle su compromiso con dar respuesta a la crisis habitacional que sufre la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha afirmado que “estamos hablando de personas que han resultado adjudicatarias y que en un proceso limpio no habrían recibido una vivienda de protección pública nunca” y ha afeado a Pérez Llorca que “hable de honorabilidad de las administraciones cuando con el dinero de todos los alicantinos se han quedado con una vivienda”.

Además, ha apuntado que “ante este escándalo debería de responder el alcalde Barcala con su dimisión, pero también las personas implicadas devolviendo la vivienda” y ha insistido en que “se creen que lo fácil es apuntarse a política, estar dos años y medios de concejal y llevarse tres pisos, pero no, deben dimitir y devolver las viviendas”.

Asimismo, Morant ha señalado la hipocresía de VOX “poniéndose de lado de la defensa de lo público cuando fueron ellos con sus cambios normativos los que permitieron la perversión” y ha subrayado que “no engañan a nadie”: “VOX ha llegado a la Comunitat Valenciana a facilitar de nuevo el pelotazo urbanístico”.

“Pérez Llorca debe dar la cara, comparecer en Les Corts y explicarle a los alicantinos y alicantinas porque mientras hay 5.400 familias esperando una vivienda pública ellos se la reparten entre cargos del Partido Popular”, ha concluido la líder socialista.

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana ultiman los trámites administrativos para la firma del convenio de cesión que articule los derechos de adquisición preferente de las viviendas de protección pública (VPP) en caso de que el propietario solicite la venta de la misma. Este convenio, basado en el artículo 53 de la ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana, se aplicará de inmediato a la promoción inmobiliaria de Les Naus, en La Condomina, “con el objetivo de evitar especulaciones e incrementar el parque público de vivienda”, según ha precisado la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali.

“Con estos derechos de adquisición, el Ayuntamiento puede incorporar estos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos”, ha explicado Beldjilali. “Y, lo que es más importante, sin límite temporal calificando como viviendas protegidas con carácter permanente aquellos inmuebles cuyos actuales propietarios hayan solicitado su venta, evitando de esta forma especulaciones y aumentando el parque público de vivienda”, ha añadido.

La edil de Hacienda y Patrimonio ha explicado que mientras se plasma la firma material del convenio, la Generalitat también podrá ceder al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas de Les Naus cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta. Así queda reflejado en el artículo 53 bis de la Ley 8/2004, que recoge la opción de que el gobierno autonómico ejerza los derechos de adquisición a favor de los ayuntamientos, según reza textualmente: “La Generalitat podrá ejercer los derechos de adquisición preferente establecidos en los artículos anteriores a favor de un ente local o cualquier ente del sector público institucional autonómico o local con competencias en materia de vivienda”.

El Ayuntamiento de Alicante ejercerá esta acción preferente de tanteo y retracto de los inmuebles de Les Naus, previa cesión de este derecho por parte de la administración autonómica competente en este asunto, y en virtud del artículo 53 de la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana sobre cesión de los derechos de adquisición preferente de los municipios. En su apartado primero, este artículo establece que “la Generalitat podrá ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde radique la vivienda objeto de tanteo o retracto, que podrá ejercerlos directamente o a través de cualquier ente del sector público institucional en quien hubiera delegado las competencias en materia de vivienda”.

En el segundo punto del mismo artículo, la norma autonómica contempla que “la cesión de los citados derechos se formalizará mediante la firma de un convenio en el que se determinarán las condiciones de la cesión y, en especial, las relativas al destino de los inmuebles y a los criterios para su adjudicación”. El Ayuntamiento y la Secretaría Autonómica de Vivienda de la Generalitat ultiman los trámites administrativos para firmar en los próximos días este convenio de cesión.

“Con la firma de este convenio damos un paso adelante para recuperar las viviendas que se pongan a la venta por sus propietarios en esta promoción de VPP para que sea el Ayuntamiento quien ejerza el derecho de tanteo o retracto y pueda adquirir dichos inmuebles con el objetivo de destinarlos a vivienda de protección municipal”, ha destacado Beldjilali.

La responsable de Hacienda y Patrimonio ha recordado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya anunció este jueves durante el Pleno extraordinario que el equipo municipal de Gobierno ejercerá “todas las acciones que la ley nos habilite para, solos o con la Generalitat, hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus, las devuelvan”.

En este sentido, Beldjilali ha hecho suyas las palabras del primer el edil, en las que señalaba que “en todo lo que en mi dependa no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ellas, ejerceremos todas las acciones que nos permitan nuestras competencias y acompañaremos a la Generalitat en las actuaciones que emprendan dentro de sus competencias”, junto al compromiso del primer edil de recurrir a la acción de tanteo y retracto y la de nulidad de compraventa por fraude de ley para recuperar aquellas viviendas que se haya podido obtener de forma irregular o fraudulenta.