La Abogacía General de la Junta de Extremadura ya cuenta con la autorización para recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que el Gobierno central regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La decisión formaliza un conflicto judicial que el Ejecutivo autonómico incuba desde hace meses al considerar que la norma estatal incurre en una invasión de competencias exclusivas y penaliza los intereses financieros de la región.

La presidenta regional, María Guardiola, ha informado de la medida al Consejo de Gobierno celebrado este martes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado de forma previa por Extremadura “sin atender ninguna de las objeciones”.

Uno de los ejes centrales del recurso radica en la pretensión del Ministerio de imponer la protección pública permanente e indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) durante toda su vida útil. La Junta rechaza este precepto al entender que el Estado invade las atribuciones exclusivas de la comunidad en materia de urbanismo y vivienda, mermando su libertad para regular el régimen de descalificación y el parque protegido regional.

A esta traba normativa se suma la exigencia económica impuesta a las arcas autonómicas. El decreto obliga a la Junta a asumir el 40% de la financiación del plan (84 millones de euros de los 210 millones previstos para la región), un sobrecoste que el Gobierno extremeño califica de desproporcionado al multiplicar por siete su aportación respecto al periodo anterior y condicionar la elaboración de sus propios presupuestos.

El recurso cuestiona asimismo que la concesión de fondos quede vinculada a la aplicación de mecanismos de la Ley de Vivienda estatal, como los topes al alquiler o la fijación de zonas tensionadas, un esquema que la Junta considera una “coacción financiera” destinada a primar a comunidades urbanas como Cataluña o el País Vasco. El Ejecutivo de Guardiola se niega a intervenir el mercado de la vivienda.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo central tras vencer el plazo de un mes del requerimiento previo, Extremadura activa de forma simultánea un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir la nulidad de pleno derecho de los artículos impugnados.

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha oficializado este viernes, mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la actualización del valor estándar por el que se fija el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP). La resolución determina un incremento del 7% para el ejercicio 2026, de modo que el tope pasa de los 2.400 euros a 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil. Así, una vivienda de 70 metros cuadrados útiles se sitúa en 179.760 euros, mientras que otra de 90 metros cuadrados alcanzará un valor de 231.120 euros.

Esta revisión al alza se fundamenta en la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, redactada tras la aprobación de la Ley 5/2026 de medidas fiscales y de gestión administrativa. La memoria económica elaborada por la Subdirección General de Vivienda justifica la aplicación de una variación superior a la estimación del Índice de Precios de Consumo (IPC) al considerar acreditada una “evolución de las condiciones económicas que inciden en la promoción y construcción”.

Entre los condicionantes señalados por la Administración autonómica destacan factores internacionales como el encarecimiento de los materiales, la crisis energética o las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio. Asimismo, el informe técnico argumenta que el sector de la edificación residencial en la Comunitat Valenciana soporta una “presión adicional sobre la disponibilidad de mano de obra y de determinados recursos” derivada de las labores de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Una senda alcista para incentivar la promoción privada

El ajuste aprobado supone un nuevo escalón en el precio marco de la protección pública respecto al mandato anterior. En junio de 2023, el Gobierno del Botànic unificó los precios anteriores —situados entre 1.212,80 y 1.819,20 euros— en 2.200 euros por metro cuadrado útil. Posteriormente, el marco reglamentario fijado en diciembre de 2024 elevó ese módulo transitorio a 2.400 euros por metro cuadrado útil. Con la resolución publicada el viernes 14 de agosto, el incremento acumulado busca adecuar los valores al Módulo Básico de la Edificación (MBE).

Desde el departamento de Vivienda sostienen que la actualización del precio máximo actúa como un “instrumento esencial al servicio de la política pública” para sostener el desarrollo del plan 'Vive' e incentivar la iniciativa privada o mixta sobre suelo público. Según recoge el texto publicado en el DOGV, la medida pretende “consolidar la recuperación experimentada en los últimos años en el desarrollo de nuevas promociones” y asegurar la viabilidad financiera de las obras frente a las exigencias de rentabilidad del sector inmobiliario.

“Agosticidad y alevosía”

El PSPV ha denunciado que la decisión del Consell de elevar nuevamente el precio de la vivienda de protección pública sitúa este recurso básico en niveles “inaccesibles” para la juventud, las familias y las clases medias. La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes, María José Salvador, ha criticado que la actualización del módulo se haya publicado en el DOGV “con plena agosticidad y alevosía” durante un viernes 14 de agosto, víspera de festivo y en pleno periodo vacacional. Salvador ha recordado que se trata del segundo aumento desde la implantación del módulo dinámico en 2024 y ha acusado al Ejecutivo autonómico de usar la política pública “para garantizar el negocio privado y el margen de los promotores” a costa de trasladar la factura del coste de edificación a quienes necesitan un hogar.

La dirigente socialista ha calificado el modelo del Plan Vive como “un desastre” al considerar que la Generalitat cede suelo y recursos públicos mediante fórmulas como la permuta mientras encarece los pisos protegidos. A juicio de Salvador, el Partido Popular y el president Juanfran Pérez Llorca están convirtiendo la vivienda de protección “en una vivienda cada vez más protegida de los valencianos, a no ser que seas rico”. Por todo ello, el PSPV exige al Gobierno valenciano una revisión inmediata de la medida para revertir la subida del módulo, cambiar el rumbo de la estrategia autonómica y priorizar el derecho ciudadano a un acceso habitacional digno y asequible por encima de los intereses del sector inmobiliario privado.

Aplicación inmediata

La subida del módulo desde este sábado, el día siguiente a la publicación en el DOGV. El nuevo tope de 2.568 euros por metro útil resulta de aplicación directa a todos los expedientes de vivienda protegida que obtengan la calificación provisional desde la entrada en vigor de la norma.

De igual forma, el valor actualizado afectará a las promociones con calificación provisional previa siempre que se ajusten a los supuestos, límites y excepciones estipulados en el régimen transitorio del Decreto 180/2024. Contra la resolución expedida por la Conselleria cabe interponer recurso de reposición o acudir de forma directa a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Vicepresidència Primera i Conselleria d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat ha oficialitzat aquest divendres, mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l'actualització del valor estàndard pel qual es fixa el preu màxim de venda dels habitatges de protecció pública (VPP). La resolució determina un increment del 7% per a l'exercici 2026, de manera que el límit passa dels 2.400 euros als 2.568 euros per metre quadrat de superfície útil. Així, un habitatge de 70 metres quadrats útils es situa en 179.760 euros, mentre que un altre de 90 metres quadrats aconseguirà un valor de 231.120 euros.

Aquesta revisió a l'alça es fonamenta en la disposició transitòria sisena del Decret 180/2024, de 10 de desembre, redactada després de l'aprovació de la Llei 5/2026 de mesures fiscals i de gestió administrativa. La memòria econòmica elaborada per la Subdirecció General d'Habitatge justifica l'aplicació d'una variació superior a l'estimació de l'Índex de Preus de Consum (IPC) en considerar acreditada una “evolució de les condicions econòmiques que incideixen en la promoció i construcció”.

Entre els condicionants assenyalats per l'Administració autonòmica destaquen factors internacionals com l'encariment dels materials, la crisi energètica o les tensions geopolítiques a Ucraïna i l'Orient Mitjà. Així mateix, l'informe tècnic argumenta que el sector de l'edificació residencial a la Comunitat Valenciana suporta una “pressió addicional sobre la disponibilitat de mà d'obra i de determinats recursos” derivada de les tasques de reconstrucció després de la dana d'octubre de 2024.

Una senda alcista per a incentivar la promoció privada

L'ajust aprovat suposa un nou escaló en el preu marc de la protecció pública respecte al mandat anterior. En juny de 2023, el Consell del Botànic va unificar els preus anteriors —situats entre 1.212,80 i 1.819,20 euros— en 2.200 euros per metre quadrat útil. Posteriorment, el marc reglamentari fixat en desembre de 2024 va elevar eixe mòdul transitori a 2.400 euros per metre quadrat útil. Amb la resolució publicada el divendres 14 d'agost, l'increment acumulat busca adequar els valors al Mòdul Bàsic de l'Edificació (MBE).

Des del departament d'Habitatge mantenen que l'actualització del preu màxim actua com un “instrument essencial al servei de la política pública” per a sostindre el desenvolupament del pla 'Vive' i incentivar la iniciativa privada o mixta sobre sòl públic. Segons arreplega el text publicat en el DOGV, la mesura pretén “consolidar la recuperació experimentada en els últims anys en el desenvolupament de noves promocions” i assegurar la viabilitat financera de les obres enfront de les exigències de rendibilitat del sector immobiliari.

“Agosticitat i alevosia”

El PSPV ha denunciat que la decisió del Consell d'elevar novament el preu de l'habitatge de protecció pública situa aquest recurs bàsic en nivells “inaccessibles” per a la joventut, les famílies i les classes mitjanes. La portaveu adjunta del grup socialista en les Corts Valencianes, María José Salvador, ha criticat que l'actualització del mòdul s'haja publicat en el DOGV “amb plena agosticitat i alevosia” durant un divendres 14 d'agost, vigília de festiu i en ple període vacacional. Salvador ha recordat que es tracta del segon augment des de la implantació del mòdul dinàmic en 2024 i ha acusat l'Executiu autonòmic d'utilitzar la política pública “per a garantir el negoci privat i el marge dels promotors” a costa de traslladar la factura del cost d'edificació a aquells que necessiten una llar.

La dirigent socialista ha qualificat el model del Pla Vive com “un desastre” en considerar que la Generalitat cedeix sòl i recursos públics mitjançant fórmules com la permuta mentre encarerix els pisos protegits. A juí de Salvador, el Partit Popular i el president Juanfran Pérez Llorca estan convertint l'habitatge de protecció “en una vivenda cada vegada més protegida dels valencians, a no ser que sigues ric”. Per tot això, el PSPV exigeix al Govern valencià una revisió immediata de la mesura per a revertir la pujada del mòdul, canviar el rumb de l'estratègia autonòmica i prioritzar el dret ciutadà a un accés habitacional digne i assequible per damunt dels interessos del sector immobiliari privat.

Aplicació immediata

La pujada del mòdul entra en vigor des d'aquest dissabte, el dia següent a la publicació en el DOGV. El nou límit de 2.568 euros per metre útil resulta d'aplicació directa a tots els expedients d'habitatge protegit que obtinguen la qualificació provisional des de l'entrada en vigor de la norma.

De la mateixa manera, el valor actualitzat afectarà les promocions amb qualificació provisional prèvia quan s'ajusten als supòsits, límits i excepcions estipulats en el règim transitori del Decret 180/2024. Contra la resolució expedida per la conselleria es pot interposar un recurs de reposició o acudir de manera directa a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Ayuntamiento de Vitoria pretende convertir un millar de locales en futuras viviendas o vivienda-taller protegidas, de manera permanente y con un precio de venta limitado, como alternativa habitacional y ante las dificultades de acceder a una vivienda asequible en la capital alavesa. El Gobierno municipal (PSE-PNV) aprobó a finales de julio el nuevo proyecto de ordenanza municipal para la conversión de locales en vivienda y vivienda-taller en planta baja en el municipio gasteiztarra, de cara a estipular y regular las condiciones, incluyendo en qué zonas se autorizan y cuántos años debe llevar el local sin actividad.

Con este paso, dado por la Junta de Gobierno Local, el proyecto de ordenanza empieza su recorrido y proceso de tramitación hasta llegar a la definitiva aprobación en Pleno y posterior entrada en vigor, para lo que el Gobierno municipal necesita del apoyo de alguno de los grupos de la oposición, al gobernar la ciudad en minoría, informa Europa Press.

La posibilidad de habilitar viviendas en locales vacíos surgió de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue secundado con el posicionamiento favorable del PSE-EE, PNV y Elkarrekin Vitoria, la abstención de EH Bildu y la única negativa del PP.

Tanto la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, como el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, han destacado que la medida posibilita que “hasta mil locales puedan convertirse en domicilios en planta baja”, con el propósito de “defender la función social de la vivienda” e “impulsar la regeneración urbana”.

El texto planteado por el Gobierno municipal incluye la fórmula de vivienda-taller, lo que pretende “facilitar una alternativa habitacional que reduzca los desplazamientos urbanos” y “contribuya al modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada”.

La ordenanza garantiza en su articulado que toda vivienda o vivienda-taller que se implante en planta baja deberá cumplir las condiciones de habitabilidad, salubridad, accesibilidad y calidad establecidas en el Decreto 80/2022, de 28 de junio, de condiciones mínimas de habitabilidad y diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales del País Vasco, modificado por el Decreto 55/2026, de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, y el resto de la normativa sectorial y técnica aplicable.

En el contenido de la ordenanza se establecen las condiciones para la transformación de locales comerciales en viviendas en determinadas zonas residenciales; a la vez que se establecen calles reservadas, calles de especial interés comercial donde se prioriza el tejido comercial vinculado a ejes importantes de tránsito y uso del espacio público, con el fin de preservar y favorecer los usos mixtos en todos los barrios.

En este sentido y para “proteger las principales calles comerciales”, PSE-EE y PNV plantean excluir de la transformación de locales a los barrios del Casco Medieval, el Ensanche, buena parte de Arriaga, zonas sin consolidar de Salburua y Zabalgana; así como las arterias principales del resto de la ciudad.

La norma estipula también que los locales autorizados para su transformación deberán acumular al menos siete años desde la obtención de la licencia de primera ocupación y, una vez llevadas a cabo las obras necesarias para su adecuación, deberán destinarse a domicilio habitual y permanente del titular, por lo que se prohibirá que se destinen a segunda vivienda o cualquier otro uso. Asimismo y con el fin de evitar tentaciones especulativas, los locales autorizados pasarán a ser vivienda protegida “de manera permanente”. Así y ante futuras transmisiones, no solo tendrán un precio de venta limitado, sino que la Administración dispondrá del derecho de tanteo y retracto. Además, para optar a la adquisición de estas viviendas los futuros compradores deberán estar inscritos en el registro de Etxebide.

El precio de estas viviendas corresponderá al de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) de régimen general. Es decir, una vivienda mínima de 45 metros útiles tendrá un precio máximo de 109.000 euros; una de 60 metros llegará al precio máximo de 144.116 euros; una de 75 metros costará 177.499 y una de 90 metros tendrá un precio máximo de 198.806 euros.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por un importe de 9.896.612,18 euros las obras para culminar una promoción de 74 viviendas de protección pública en Tamaraceite Sur, que, según ha anunciado este martes, ejecutará la compañía Construplan, Construcciones y Planificación.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la actuación se desarrolla en un edificio de seis plantas sobre rasante y una planta sótano ubicado en Tamaraceite Sur, una de las principales áreas de crecimiento residencial de la ciudad.

Así, el inmueble albergará 74 viviendas protegidas distribuidas entre la planta baja y la quinta planta, además de 20 trasteros, dos portales de acceso, cuatro ascensores, un local comunitario y diversas dependencias técnicas destinadas al funcionamiento del edificio.

Las obras incluirán todas las actuaciones necesarias para completar la edificación, desde los trabajos de refuerzo estructural y cerramientos hasta la ejecución de fachadas, carpinterías, acabados interiores y exteriores e instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, telecomunicaciones, protección contra incendios y energías renovables.

En materia de sostenibilidad, el proyecto incorporará sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y una instalación fotovoltaica para autoconsumo, medidas que contribuirán a mejorar la eficiencia energética del edificio y a reducir su impacto ambiental

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que la adjudicación “supone un nuevo avance en el compromiso municipal por ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía”.

Asimismo, ha destacado que “la finalización de esta promoción permitirá aprovechar una infraestructura ya muy avanzada desde el punto de vista constructivo, optimizando los recursos públicos y acelerando la puesta a disposición de 74 nuevas viviendas protegidas”.

El Ayuntamiento señala que la promoción fue concebida para su destino al alquiler accesible y contará con viviendas de distintas tipologías para dar respuesta a las necesidades de diferentes unidades familiares.

El edificio incluirá, además, viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, un local comunitario y espacios comunes plenamente accesibles.

La corporación local ha indicado que la actuación se financia mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos Next Generation de la Unión Europea canalizados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), así como con aportación municipal a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa)

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha formalizado la compra de cuatro inmuebles por un importe superior a 22,5 millones de euros, una operación que permitirá incorporar 170 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible al parque público de la empresa en el norte de Tenerife.

La puesta a disposición de los ciudadanos de estas viviendas se realizado gracias al concurso público “llave en mano” convocado por Visocan e integrado en el programa Rehabita Canarias. La fórmula permite recuperar para el uso residencial edificios cuya construcción quedó paralizada tras la crisis del sector de 2008.

De esta forma, según puntualiza el Gobierno canario en una nota, se acortan considerablemente los plazos de ejecución, no sólo porque parte de los trabajos ya están hechos, sino también porque muchos de ellos ya disponen de los permisos y licencias administrativas necesarios.

Además, se evita el consumo de suelo en las Islas y se mejora la calidad del entorno urbano; pues, tras años de abandono, la mayoría de estos inmuebles se encuentran vandalizados y convertidos en focos de delincuencia.

Las promociones se distribuyen en La Orotava e Icod de los Vinos

En concreto, las promociones adquiridas se distribuyen entre los municipios de La Orotava e Icod de los Vinos. En el primero, Visocan ha comprado dos edificios de 56 y 22 pisos, con trastero y plaza de garaje asignada. Ambas edificaciones tienen dos plantas sobre rasante y una planta sótano dedicada a aparcamientos y trasteros.

Mientras, en Icod se incorporan otras dos promociones al parque de viviendas de Visocan. Una de ellas dispone de 40 viviendas que ya se encuentran alquiladas, pues la empresa pública tenía cedida su gestión.

El otro edificio suma 52 unidades habitacionales, plazas de garaje, trasteros y lavaderos. Se trata de un inmueble de tres plantas sobre rasante y una de garaje.

Una vez que ya han sido incorporadas estas viviendas al patrimonio de la entidad, el departamento de Gestión de Viviendas se encargará ahora de realizar todos los trámites necesarios para que las familias que resulten adjudicatarias puedan mudarse lo antes posible a sus nuevos hogares.

La promoció més gran d'habitatge públic anunciada fins ara a Mallorca no estarà disponible fins a la pròxima legislatura i només hi podran optar els qui acreditin almenys 15 anys de residència legal a Balears. Les Illes segueixen així el camí de Canàries, on els sol·licitants d'habitatge social hauran de demostrar que fa dotze anys que resideixen a l'arxipèlag, una mesura que ha despertat el malestar entre les organitzacions ciutadanes i socials, que la consideren “discriminatòria i ineficaç”.

L'Executiu balear, en mans del PP, ha formalitzat aquest dilluns amb el Consell de Mallorca la cessió gratuïta d'uns terrenys al costat del Velòdrom Illes Balears -abans Palma Arena- de Palma on l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) projecta construir 323 habitatges de protecció oficial (HPO).

L'anunci arriba en un context de forta tensió al mercat immobiliari balear, on la compra d'habitatges per part de ciutadans estrangers continua marcant màxims històrics i els preus de compravenda i de lloguer es mantenen entre els més elevats d'Espanya, fet que converteix l'accés a un habitatge en una cursa d'obstacles per a una bona part de la població.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han signat aquest dilluns el conveni de cessió d'una parcel·la de més de 33.000 metres quadrats, una actuació que l'Executiu presenta com la promoció més gran d'habitatge públic de la història de Mallorca i per a la qual preveu una inversió inicial de 3,4 milions d'euros.

Tanmateix, els habitatges no estaran disponibles a curt termini. La líder balear ha explicat que la tramitació del projecte començarà durant l'actual legislatura i que, gràcies a la seva declaració com a projecte residencial estratègic i inversió d'interès autonòmic, els terminis administratius es podran reduir fins a al voltant d'un any i mig, enfront dels prop de deu anys que, segons el Govern, suposaria una tramitació ordinària. Tot i així, la previsió de l'Executiu és que els habitatges es lliurin durant la propera legislatura.

A més del calendari, l'accés a la promoció tornarà a estar condicionat per un dels requisits incorporats pel Govern a les noves promocions públiques: acreditar un mínim de 15 anys de residència legal a Balears. Aquesta exigència deixa fora persones que, tot i viure i treballar a les Illes, no arriben a aquest període de residència.

El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que abans de l'inici de les obres serà necessari urbanitzar els terrenys, un procés que es desenvoluparà de forma paral·lela a la tramitació administrativa. També ha avançat que el disseny de la promoció es decidirà previsiblement mitjançant un concurs d'idees.

Els 323 habitatges s'incorporaran al pla amb què el Govern assegura impulsar prop de 1.200 habitatges públics a través de l'Ibavi.

El conveni signat aquest dilluns inclou també la cessió per part de l'Ibavi al Consell de 35 habitatges protegits destinats a ús social, un local d'uns 400 metres quadrats per a un espai d'assaig de grups musicals i un solar d'aproximadament 3.000 metres quadrats reservat per a futurs equipaments insulars.

Durant l'acte, Galmés ha defensat la cessió gratuïta d'uns terrenys valorats en 4,6 milions d'euros, tot i que el Consell no té competències en matèria d'habitatge. Segons ha assenyalat, l'operació pretén contribuir a facilitar l'accés a un habitatge assequible als mallorquins.

La mayor promoción de vivienda pública anunciada hasta ahora en Mallorca no estará disponible hasta la próxima legislatura y solo podrán optar a ella quienes acrediten al menos 15 años de residencia legal en Balears. Las islas siguen así la senda de Canarias, donde los demandantes de vivienda social deberán demostrar que llevan viviendo en el archipiélago desde hace 12 años, una medida que ha generado malestar entre las organizaciones ciudadanas y sociales por considerarla “discriminatoria e ineficaz”.

El Ejecutivo balear, en manos del PP, ha formalizado este lunes con el Consell de Mallorca la cesión gratuita de unos terrenos junto al Velòdrom Illes Balears -antes Palma Arena- de Palma donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) proyecta construir 323 viviendas de protección oficial (VPO).

El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear, donde la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros continúa marcando máximos históricos y los precios de compraventa y alquiler continúan entre los más elevados de España, convirtiendo el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para una buena parte de la población.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este lunes el convenio de cesión de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados, una actuación que el Ejecutivo presenta como la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca y para la que prevé una inversión inicial de 3,4 millones de euros.

Sin embargo, las viviendas no estarán disponibles a corto plazo. La líder balear ha explicado que la tramitación del proyecto comenzará durante la actual legislatura y que, gracias a su declaración como proyecto residencial estratégico e inversión de interés autonómico, los plazos administrativos podrán reducirse hasta alrededor de un año y medio, frente a los cerca de diez años que, según el Govern, supondría una tramitación ordinaria. Aun así, la previsión del Ejecutivo es que las viviendas se entreguen durante la próxima legislatura.

Además del calendario, el acceso a la promoción volverá a estar condicionado por uno de los requisitos incorporados por el Govern a las nuevas promociones públicas: acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en Balears. Esta exigencia deja fuera a residentes que, pese a vivir y trabajar en las Islas, no alcanzan ese periodo de permanencia.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que antes del inicio de las obras será necesario urbanizar los terrenos, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la tramitación administrativa. También ha avanzado que el diseño de la promoción se decidirá previsiblemente mediante un concurso de ideas.

Las 323 viviendas se incorporarán al plan con el que el Govern asegura impulsar cerca de 1.200 viviendas públicas a través del Ibavi.

El convenio firmado este lunes incluye también la cesión por parte del Ibavi al Consell de 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, un local de unos 400 metros cuadrados para un espacio de ensayo de grupos musicales y un solar de aproximadamente 3.000 metros cuadrados reservado para futuros equipamientos insulares.

Durante el acto, Galmés ha defendido la cesión gratuita de unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros pese a que el Consell carece de competencias en materia de vivienda. Según ha señalado, la operación busca contribuir a facilitar el acceso a una vivienda asequible para los mallorquines.

Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

Para cerrar la quinta temporada de Un tema Al día escuchamos el episodio que grabamos en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es que se celebró en Rivas-Vaciamadrid el 26 y 27 de junio (ese que el PP de Madrid trató de evitar que se celebrara). En este episodio especial, grabado ante el público, hablamos del monstruo de la vivienda. Un monstruo que recorre la historia de España… y la vida de Mari Carmen, cuya historia particular, que ahora tiene 87 años y que está en riesgo de desahucio, cuenta la historia de la vivienda en nuestro país.

Esta sucesión de problemas sin solución en torno a algo tan básico como tener una casa ha sido una constante en los episodios que hemos preparado estas temporadas de Un tema Al día. Escuchamos esos sonidos que nos ayudan a entender la variedad y magnitud del problema. Además, conocemos otras dos historias.

Una nos la trae Germán Aranda, periodista que cubre vivienda en elDiario.es. Nos vamos al barrio de La Peseta, en Madrid y entramos en la casa de Cristina, una de tantas personas en riesgo de desahucio porque su edificio fue comprado por Blackstone y, después, por otro fondo buitre, Brookfield. La otra historia, que no es especialmente dramática, pero que ayuda a contar la historia de todos, nos la trae el productor de Un tema Al día, Marcos García Santonja: es la historia de Elia, que vive con su hija en Lavapiés. Relata un miedo que viven todos los inquilinos: el de perder su hogar.

***

Aquí puedes ver el episodio en vídeo:

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes en el municipio de Santa Cruz de Bezana las primeras 32 viviendas protegidas de iniciativa privada de la legislatura construidas por el Grupo Casado.

Son las primeras de las 212 que se anunciaron en seis ayuntamientos de la comunidad. A estas 212 se suman otras 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en nueve municipios que tendrían que estar acabadas, según los cálculos iniciales, para las elecciones de mayo de 2027 de acuerdo al compromiso público adquirido por el Gobierno de Cantabria.

Las viviendas protegidas de iniciativa privada de Bezana son dos edificios -bautizados como Jade y Turmalina-de 16 viviendas cada uno con ocho adaptadas. Están ubicadas en la calle Murillo de Soto de la Marina y se venderán a un precio que oscila entre los 160.000 y los 178.000 euros en función de la superficie. Con ellos, se pone fin al sector 8 del municipio que se inició hace más de 20 años.

La presidenta ha agradecido el compromiso con Cantabria del Grupo Casado, que también va a levantar otras 100 viviendas protegidas en Suances. Al tiempo, ha dicho el precio de estas viviendas en el mercado libre se situarían entre los 280.000 y los 412.000 euros.

Su coste es posible -ha matizado- porque es el Gobierno el que fija el precio máximo de venta y supervisa los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios: estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de Cantabria y que los ingresos no superen en 4,5 veces el IPREM, es decir, 37.800 euros, si se trata de una sola persona, y hasta 50.400 euros, en el caso de una familia de cuatro miembros.

Por otro lado, Buruaga ha asegurado que estas “no van a ser las únicas viviendas protegidas que verán la luz en Bezana” en los próximos años, donde se están construyendo en estos momentos otras 16 y donde ha anunciado que “muy pronto” empezará una nueva actuación con 36 más en Mompía, junto al colegio María Torner. A ellas se sumarán otras 14 asociadas a un proyecto que el Ayuntamiento “tiene sobre la mesa”, que incluye también 58 viviendas destinadas al mercado libre, y dos más para alquiler asequible que Gesvican está gestionando en la antigua casa de los maestros.

Buruaga ha defendido la iniciativa privada en viviendas de protección porque “no sobra absolutamente nadie”, salvo “el sectarismo ideológico”. “Necesitamos a todos y estamos empeñados en buscar la unidad de acción en sumar la iniciativa privada a nuestro plan autonómico de vivienda”, ha dicho.

Para ello, ha detallado que el Gobierno ha actualizado en tres ocasiones el precio de referencia de las viviendas de protección oficial que “llevaba 10 años congelado”.

Con todo, ha explicado que entre la vivienda protegida y privada, se prevé la construcción de cerca de un centenar en el municipio.

En el acto de inauguración, al que han asistido varios adjudicatarios, han estado presentes el consejero de Vivienda, Roberto Media; la alcaldesa, Carmen Pérez, y el gerente del Grupo Casado, Pedro Pérez Eslava, entre otros, que ha agradecido la colaboración de la Consejería y del Ayuntamiento en lo referente a la tramitación administrativa, así como ha puesto en valor que la construcción de vivienda protegida de iniciativa privada es un “ejemplo” de “responsabilidad, corresponsabilidad e implicación con la sociedad”.

La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha presentado este jueves una serie de propuestas “para combatir las desigualdades y garantizar derechos”. Este posicionamiento de las entidades sociales, bajo el título Por una Catalunya diversa, cohesionada y antirracista, es fruto de un año de debate interno y ha llegado a la conclusión de que la crisis habitacional es uno de los principales escollos para garantizar el fin de las desigualdades.

Así, ECAS reclama alianzas institucionales y territoriales para que las viviendas de la SAREB se destinen a vivienda social e inclusivo. También pide que se impulse el mapeo y la búsqueda de pisos vacíos. Además, la federación reclama una mirada antirracista a las políticas de vivienda para combatir la “permeabilización” de los discursos de odio y de la extrema derecha.

Las entidades apuestan por avanzar en la identificación de viviendas vacías que puedan ser movilizadas hacia usos sociales o inclusivos. Para ello considera “necesario” definir una metodología común, con datos, criterios y conceptos homogéneos sobre qué se entiende por piso vacío, y activar agentes del territorio como el vecindario, el comercio de proximidad, las entidades sociales y las plataformas de vivienda.

Este mapeo debería contar con canales colaborativos que permitan sistematizar la información y convertirla en una “herramienta útil” para la incidencia y la acción territorial, tal y como defiende la federación.

Además, han subrayado que la cohesión social “no se va a defender con más discursos sobre la convivencia”, sino “garantizando derechos”. Por eso, proponen incorporar una “mirada antirracista a las políticas de vivienda, de trabajo y de acción comunitaria, porque la mejor forma de combatir los discursos de odio es reducir las desigualdades que los alimentan”, ha argumentado la federación, durante la presentación de sus propuestas.

Asimismo, ECAS -que agrupa a 137 entidades sociales- ha reclamado que las viviendas en manos de la SAREB se pongan al servicio de políticas de vivienda social e inclusivo. Esto, según la federación, implica presionar para que las administraciones públicas formalicen cesiones, convenios u otros mecanismos de movilización de estas viviendas, con el objetivo de ampliar el parque disponible y dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.

Las entidades también piden “fórmulas alternativas” que faciliten el acceso a la vivienda a personas que finalizan procesos de acompañamiento o estancias en recursos gestionados por entidades sociales. Entre estas opciones, proponen fomentar el alquiler entre particulares con garantías y mediación comunitaria, así como impulsar modelos de cooperativas de vivienda dispersa. Estas alternativas pueden contribuir a generar salidas más estables, comunitarias y adaptadas a las trayectorias de las personas, aseguran.

También apuestan por garantizar que las políticas y recursos de vivienda no dejen fuera a las personas en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial “más severa”. Las respuestas habitacionales deben evitar generar “nuevos filtros de exclusión” dentro del mismo sistema, especialmente para personas con mayores dificultades de acceso a los circuitos ordinarios. Esto requiere diseñar mecanismos específicos, flexibles y adaptados a situaciones de mayor vulnerabilidad, que permitan avanzar hacia soluciones residenciales dignas y estables, según defienden.

Antirracismo y movilidad laboral

Por otra parte, ECAS también ha detallado algunas ideas de acciones para mejorar la acción comunitaria con perspectiva antirracista. Tales como promover el trabajo comunitario y la convivencia para generar experiencias “reales” que rompan prejuicios, o reforzar la educación crítica y la sensibilización para normalizar la diversidad religiosa y cultural. La federación también reclama redes comunitarias de apoyo para “hacer efectivos” los derechos en el día a día.

En cuanto a las acciones para mejorar el acceso al mercado de trabajo y la movilidad laboral, ECAS exige mayores recursos y agilidad para el acceso a derechos básicos y documentación. También apuesta por impulsar la implicación del tejido empresarial y la transformación cultural de las empresas, además de favorecer el reconocimiento de competencias y la movilidad laboral.

Las entidades también han subrayado que el aumento de los discursos xenófobos, racistas y excluyentes constituye una “amenaza” para la cohesión social y para la calidad democrática. Las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y el conjunto de los actores sociales tienen la “responsabilidad” de combatir la desinformación y las narrativas que asocian la diversidad con la inseguridad, conflictividad o competencia por los recursos.

Así, y tal y como consta en el documento de sus propuestas, la federación encuentra “necesario” promover un relato público basado en los derechos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad como una realidad constitutiva de la sociedad catalana.

El Ayuntamiento de València ha rechazado las alegaciones de la Asociación Vecinal de Natzaret, de la Asociación Arca, de la Federación Vecinal y de los partidos de la oposición, consumando la “privatización” de suelo público en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

La entidad vecinal del mencionado barrio ha mostrado su más absoluto rechazo tras confirmarse que el Ayuntamiento de Valencia ha desestimado la batería de alegaciones presentadas contra el “Estudio de Detalle” de la manzana R-1 en la ZAL del Puerto. El presidente de la asociación, Julio Moltó, ha calificado la decisión de “urbanismo de hechos consumados” que da la espalda a la urgente necesidad del vecindario de un Parque Público de Viviendas para favorecer intereses privados.

La desestimación de las quejas vecinales perpetúa la opacidad en torno a las 77 viviendas unifamiliares de protección proyectadas por la empresa Albaluz. De ellas, tan solo 10 pasarán a ser propiedad de la administración. La Asociación ha exigido que el Ayuntamiento y la Generalitat aclaren por qué la promotora ya publicitaba las casas como “reservadas” antes de la aprobación del plan. Con este rechazo, las administraciones siguen sin garantizar si se priorizará a las familias expropiadas de La Punta que quedaron excluidas en la primera fase.

El rechazo de las alegaciones impone un modelo urbanístico obsoleto. El plan aprobado replica el modelo de la manzana R-2: calles duras de asfalto, sin árboles ni zonas de sombra. Para la entidad vecinal, tras la catástrofe de la dana, es una temeridad ignorar la nula capacidad de absorción del suelo sellado por el asfalto y las escorrentías hacia Natzaret.

Pese al rechazo a escuchar las alegaciones la asociación vecinal ha exigido un parque público de viviendas, respuestas sobre el futuro del Chalet de Sancho como taller de empleo, la rehabilitación urgente de los tres bloques de viviendas de la calle Juan Castaño propiedad de la Generalitat, solución digna al asentamiento de infraviviendas de la calle Algemesí, y que el suelo de propiedad municipal de las antiguas Casitas de Papel se destine íntegramente a Parque Público de Viviendas, equipamientos sociales, y zonas verdes.

Con el rechazo a las alegaciones vecinales, “el Ayuntamiento valida definitivamente la eliminación de cuatro itinerarios peatonales públicos previstos en el plan inicial”, según han denunciado. Estos viales pasarán a convertirse en “zonas interiores restringidas para el uso exclusivo de las nuevas parcelas”.

“El consistorio ha firmado la privatización de suelo público para que se construyan piscinas y recintos cerrados, rompiendo la conexión natural del barrio de Natzaret con la Punta”, ha lamentado Moltó.

El PSPV denuncia la venta de suelo público a cambio de “migajas”

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado que el Partido Popular ha rechazado las alegaciones presentadas a la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá transformar las manzanas de vivienda protegida del sector norte en promociones de viviendas adosadas con piscina y zonas comunes. Para los socialistas, “esta decisión supone apostar por un modelo de ciudad completamente superado, que se ha demostrado que no hace barrio, que no hace ciudad y que no contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias”.

En opinión de Elisa Valía, “se trata de un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria que el gobierno de María José Catalá pretende extender ahora también a la vivienda protegida”. Así, ha cuestionado “el interés económico que puede tener esta modificación para los promotores privados” porque “si las viviendas protegidas tienen un precio tasado, que expliquen qué interés tienen en incrementar el coste de construcción incorporando piscinas y zonas comunes cuando no puede repercutir ese sobrecoste en el precio oficial de la vivienda”.

Además, ha denunciado que a través de la fórmula de la permuta María José Catalá está “vendiendo el patrimonio de suelo que debería destinarse a construir el parque de vivienda pública a cambio de migajas”.

Permuta de suelo público a cambio de viviendas

Como informó este diario, la Administración local adaptará el suelo público a las pretensiones de la empresa promotora, que pidió volver a una planificación anterior, establecida en 2008 y que figura en el plan general urbanístico.

Según la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la remodelación permitirá tener en el interior “zonas comunes para los propietarios de las viviendas adecuadamente conservadas y perfectos para sus actividades sociales vecinales”. Con la remodelación de la fachada marítima que proyecta el Ayuntamiento y el futuro PAI del Grao, la zona se convertirá en una de las más ambicionadas para invertir en vivienda en la ciudad. El PSPV denunció que supondría una privatización de calles, pero el consistorio desestima este extremo: “La calificación urbanística del conjunto de la manzana es el de residencial privado, por lo que el Estudio de Detalle no privatiza ninguna calle, sino que únicamente vuelve a establecer las alineaciones originales del Plan Especial, para disponer de mayor libertad en el diseño final y acomodarlo a la propuesta ganadora del concurso convocado”, señala la resolución.

Las viviendas protegidas se construirán por la promotora Albaluz, que ya tiene media decena de proyectos en marcha en el área metropolitana de València. Albaluz ya se ha hecho con varias parcelas de la ZAL en un procedimiento público, valorado en 1.7 millones de euros, según la plataforma de contratación. A la otra empresa que concurrió a este proceso, Cuper Promociones y Gestiones Inmobiliarias, se la expulsó por un error en la forma de presentar la documentación.

Los 77 unifamiliares se realizarán en suelo de la Generalitat Valenciana, mediante permuta del pleno dominio de una parcela que es propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Esta permuta forma parte del Plan Vive del Consell de Pérez Llorca, un proyecto impulsado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Según consta en la propuesta de adjudicación de la EVHA, el contrato se divide en tres lotes, uno por manzana. Albaluz entregará 10 viviendas y la diferencia de 1,7 millones de euros por la construcción de viviendas de protección pública en el municipio de València.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.

El Govern central qüestiona els canvis en la llei d'habitatge introduïts pel Consell de Juanfran Pérez Llorca en la llei d'acompanyament als pressupostos. El Ministeri d'Habitatge posa el focus en les reformes del govern popular, introduïdes després de l'escàndol en les adjudicacions d'habitatge protegit d'Alacant, i adverteix que hi ha modificacions que voregen la inconstitucionalitat i no s'adapten a la llei estatal, cosa que podria condicionar els fons del pla d'habitatge.

El ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de mesures fiscals, que haurà de tramitar-se a les Corts Valencianes en els pròxims mesos i necessita el suport de Vox per a tirar endavant. En l'escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, Habitatge qüestiona els criteris de “vinculació territorial continuada” en les promocions de col·laboració publicoprivada sobre sòl públic, una idea de la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero, que defensa l’“arrelament” per a donar prioritat als veïns de cada localitat en les adjudicacions d'habitatge.

El ministeri considera que aquests criteris suposen “emparar conceptes com el de l'anomenada 'prioritat nacional'”, un concepte que representa “una clara amenaça per a la Constitució espanyola i el seu article 14 i, com a tal, no pot ni ha de ser admés”, exposa. El Govern adverteix la Generalitat que “supervisarà” la redacció de la llei i d'aquests criteris de baremació, que són opcionals per als ajuntaments, “als efectes de garantir que no siguen vulnerats els drets fonamentals al nostre país”.

En les al·legacions, que se centren en quatre punts referents a habitatge, l'Executiu de coalició PSOE-Sumar reclama una revisió del text per a adaptar-lo a la llei estatal. Considera que, si bé els mecanismes de transparència són necessaris després de l'escàndol de Les Naus, falten mecanismes de control i recursos pressupostaris. Així mateix, insta a crear un cos d'inspectors i a dotar les mesures de recursos administratius per a posar-les en pràctica, a més d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit.

Les mesures de transparència i publicitat són “clarament necessàries després dels esdeveniments recents derivats de la desregulació aprovada en el procediment d'accés a l'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana”, assenyalen les al·legacions, però consideren un error “no aprofitar aquesta modificació per a protegir de forma permanent els habitatges de protecció oficial, ja que la solució estructural a aquesta crisi d'habitatge passa per la conformació d'un gran parc públic d'habitatge a preus assequibles i amb protecció permanent”.

Sobre el registre que han d'elaborar els promotors, la mesura estrela per a evitar l'opacitat en l'adjudicació d'habitatges construïts amb fons públics, l'Executiu central considera que és insuficient i es limita a “un procediment privat”. “No resulta suficient si no va acompanyada de mecanismes eficaços que n'asseguren el compliment real i efectiu en la pràctica administrativa”, assenyala el departament de Rodríguez, que insisteix que els processos no tenen participació pública fins que passen per la comissió de valoració autonòmica.

El Govern recorda que és obligatori que existisquen registres públics de persones demandants “o altres fórmules que garantisquen un procediment objectiu, transparent i públic” en l'adjudicació dels habitatges per a poder optar als fons del Pla Estatal d'Habitatge. Aquest registre existia fins a l'any 2024, quan el Consell, aleshores dirigit per Carlos Mazón, va modificar la llei i el va eliminar. A jutjar per l'escrit del ministeri, els fons públics podrien estar compromesos si l'Executiu no queda convençut amb el registre.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.