Canarias es una de las comunidades autónomas con menor volumen de construcción de viviendas protegidas en los últimos cuatro años. Pese a esta situación, algunos municipios, como Las Palmas de Gran Canaria, prevén impulsar nuevas promociones, entre ellas un proyecto de 115 viviendas públicas para alquiler asequible. Pero para optar a una de estas viviendas, es fundamental seguir unos pasos necesarios para inscribirse como demandante de vivienda pública en Canarias.

Lo primero es tramitar el alta en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, un procedimiento gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda de manera gratuita, único para todo el Archipiélago y válido tanto para promociones públicas como privadas a través de un formulario. Entre las opciones podrás elegir compra, alquiler o alquiler con opción a compra de una vivienda.

Para hacerlo, el sistema te pide que aclares si la solicitud es en primera persona o en calidad de representante y que presentes todos tus datos personales : nombre,  DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad y contacto. El teléfono móvil y el correo electrónico son obligatorios, porque será por ahí por donde te lleguen avisos importantes. Si alguien te representa, tendrás que acreditarlo con documentación oficial.

Notificaciones oficiales: por qué no basta con revisar el móvil

Una vez superado el umbral de la identificación, el solicitante debe elegir cómo desea ser notificado. Aunque el sistema permite recibir alertas rápidas mediante SMS o correo, las resoluciones oficiales se publican siempre en su sede electrónica.

Confiar únicamente en los avisos del teléfono puede salir caro. La ausencia de un mensaje no exime al interesado de cumplir los plazos legales ni de consultar el estado de su expediente. En un procedimiento administrativo, la falta de seguimiento puede convertirse en un obstáculo tan determinante como no reunir los requisitos exigidos. Por eso, revisar periódicamente las comunicaciones oficiales es una precaución imprescindible.

Unidad de convivencia: quién debe figurar en la solicitud de vivienda protegida

Uno de los escollos donde naufragan más solicitudes es la definición de quiénes habitarán el inmueble. El formulario exige identificar a las personas que residirán habitualmente en el inmueble e indicar el vínculo que las une con el solicitante.

La cuestión no se limita a completar una lista de nombres. Cuando se incluyen personas mayores de edad, pueden ser necesarias sus autorizaciones expresas para participar en el procedimiento. La falta de alguno de los consentimientos exigidos puede obligar a subsanar la documentación y retrasar la tramitación del expediente.

Antes de enviar la solicitud, conviene comprobar que todos los integrantes están correctamente identificados y que se han completado las autorizaciones correspondientes. Un dato omitido o una firma pendiente pueden complicar un proceso en el que cada paso cuenta.

El filtro económico y la elección del modelo habitacional 

El acceso a una VPO responde a una aritmética estricta. El formulario exige encuadrar los ingresos netos de toda la familia en los tramos dictados por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como referencia para determinar los límites económicos aplicables a cada régimen de vivienda.

En este punto también deben acreditarse las circunstancias que otorgan prioridad, como familias numerosas, grados de discapacidad o la condición de víctima de violencia de género.

Posteriormente, la administración obliga a decantarse entre la promoción pública tradicional y la privada con precios limitados. Asimismo, el sistema abre la puerta a nuevas realidades, permitiendo elegir entre una vivienda completa o modalidades de alojamientos con espacios compartidos, una alternativa en auge ante la histórica escasez de suelo en las islas.

El atajo telemático y la firma final 

Frente a la clásica peregrinación para recopilar fotocopias, la vía digital ofrece un salvoconducto. La plataforma solicita permiso para cruzar datos directamente con Hacienda y el Catastro. Marcar la casilla de 'autorizar' agiliza el trámite, eximiendo al ciudadano de adjuntar sus declaraciones del IRPF o certificados de no titularidad. 

Si no se concede la autorización, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa que corresponda. Esto puede implicar reunir y adjuntar certificados y justificantes en formato digital, por lo que conviene preparar los archivos con antelación y comprobar que cumplen las condiciones exigidas por la plataforma.

En caso de que se prefiera hacer la solicitud de manera presencial, simplemente se tendrá solicitar cita previa en las Oficinas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y presentar impreso el formulario generado en pdf por la página web, completado con los datos personales, junto con toda documentación anexa exigida (copias del DNI de los miembros de la familia, libro de familia, padrón, copia de la última declaración de IRPF y certificación catastral).

El proceso culmina con la rúbrica de una declaración responsable, mediante la que el solicitante manifiesta que cumple las condiciones exigidas para acceder al registro o programa de vivienda. Entre los requisitos que pueden resultar aplicables figuran el tiempo de residencia exigido y las limitaciones relativas a la titularidad de otras propiedades.

Canarias se halla a la cola en la clasificación de comunidades autónomas del país que más viviendas protegidas han terminado desde el año 2019, el ejercicio en que las Islas estrenaron legislatura, en julio, y Gobierno progresista, el apoyado por PSOE, NC, Sí Podemos y ASG. Tras esa etapa, la que se cerró con las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el Ejecutivo regional está bajo el control de CC y PP, con la presidencia del nacionalista Fernando Clavijo.

Con unos o con otros al mando, aunque en la pasada legislatura con el factor limitante de la covid, los resultados oficiales ahora conocidos para el archipiélago (difundidos previamente por eldiario.es), que son los publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno español (1990-junio de 2026), seguro que no superan el aprobado: están muy por debajo de eso.

Para empezar, Canarias lleva casi cuatro años seguidos, desde 2023, sin terminar un piso protegido, mientras que en la legislatura pasada, con el socialista Ángel Víctor Torres de presidente del Gobierno autonómico, solo se finalizaron 268 unidades, con 60 dentro del año 2019 (una parte de ese año fue legislatura gobernada por Fernando Clavijo) y 208 en 2022.

Por mucho que se mire a todos lados, no se encuentra nada más en las estadísticas servidas por el Ministerio. Por lo tanto, la media resultante para ese periodo de siete años y seis meses, de enero de 2019 a junio de 2026, es descorazonadora, pues solo sale un promedio por año de vivienda protegida terminada de 36 unidades.

En Canarias, la población de derecho supera los dos millones de personas, en torno a 2,2 millones; las islas recibieron en 2025 la cifra de 18,4 millones de turistas; hay una oferta elevadísima de viviendas explotadas en régimen de alquiler vacacional, y la presión de la segunda residencia también es fortísima, de manera singular por parte de la demanda extranjera (ya se dio la cifra de visitantes turísticos).

Pese a las peticiones formuladas por muy pocos ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, el Ejecutivo autonómico se ha negado por ahora a activar el sistema nacional establecido por ley para limitar el ascenso especulativo de los precios de alquiler de las viviendas en zonas calificadas como tensionadas.

A tremendo déficit de oferta en el segmento público en Canarias, se une otro registro casi igual de negativo: la dinámica de construcción tampoco ha ido mucho mejor para la vivienda privada, la de mercado libre. Este sector no termina en Canarias, como también ocurre en el resto de España, de recuperar un ritmo razonable de edificación tras la potente crisis del ladrillo en 2008.

En efecto, así es. En el primer semestre de 2026, solo se han terminado 1.574 viviendas de promoción privada y mercado libre en las islas, mientras que en 2025 se llegó a 3.152 residencias. Como contraste a estos valores, se tienen los registros más abultados del periodo 1990-2026, que son el de más 29.600 en 2008, el año del crack, y casi 28.200 en 2002. Desde 2012, no se recupera una oferta media igual o superior a los 5.000 pisos privados por año, el registro de 1994.

Está claro que Canarias no es una gran potencia regional en construcción de vivienda protegida, ni en términos absolutos ni en relativos respecto a la oferta global de primeras residencias, pero sí es verdad que los indicadores absolutos del periodo 2019-2026 poco se parecen a los de los años 1997 y 1998, que son los ejercicios anuales del periodo de análisis más abierto, de 1990 a junio de 2026, en que más hubo vivienda pública terminada, con niveles por encima de las 4.000 unidades en ambos casos.

En 2022, cuando más se terminó vivienda protegida en los últimos casi ocho años, solo se alcanzaron las 208 unidades de pisos protegidos. Todo lo demás dentro de la etapa 2019-2026 es puro desierto, sino fuera por ese dato de 2022 y las 60 viviendas de 2019. El resto representa la sequía más absoluta.

Pedro Sánchez ‘versus’ Mariano Rajoy

Desde 2023, en España se han entregado 47.000 pisos públicos protegidos. La cifra prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue de 184.000. Obvio que se ha estado muy lejos de alcanzarla, pero con Mariano Rajoy en el Gobierno español la cosa fue aún peor en su segunda legislatura, con solo 18.000 viviendas entregadas.

Un estudio del Banco de España cifra el déficit de vivienda pública en el país en 750.000 unidades, una carencia que cada año que pasa sin las soluciones adecuadas se eleva en 250.000 más. Por poner ejemplos opuestos al español, conviene citar cómo lo hacen en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública.

Además, conviene saber que en España solo el 1,5% del parque de viviendas es de titularidad pública, nivel muy por debajo de la media en los países de la OCDE, en el 7,1%, y lejísimo del 16,4% de Reino Unido y el 14% de Francia. 

España se acerca al nivel relativo de Alemania, con el 2,6%, y está por encima de Portugal, en el 1,1%.

En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.

Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.

Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.

“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Las tres polémicas enmiendas

Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.

Ampliar las causas para un desahucio administrativo

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.

Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.

El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.

Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.

Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.

Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.  

La Comisión de Fomento también ha servido para reflejar otra polémica cuestión: las enmiendas de Vox. Como ya adelantó este periódico, una parte del medio centenar que este partido ha presentado, propone aplicar la prioridad nacional. Lo ha hecho en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”.

La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Vox y el “arraigo” de diez años

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años.

Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Pero Francisco José Cobo, diputado del partido de extrema derecha, apenas si ha hablado de estas propuestas. Ha dicho que la futura ley supone la “protección oficial y el amparo de la ocupación y la inquiocupación”, al tiempo que ha hecho una defensa de las familias y ha criticado las “enormes cargas para promotores y constructores” que, su opinión, incluye la proposición de ley.  

Dicho esto, ha criticado que la ley no haga “ni una sola referencia a la palabra inmigración”. Y ha aprovechado para tirar de argumentario nacional, y vincular la “entrada masiva” de migrantes con la “hacinación en pisos”. “Traer a media América o a media África han cancelado el futuro de nuestros jóvenes y de las familias españolas, a las que hay que poner en el centro”.

Las tres controvertidas enmiendas del PP han sido rechazadas con el voto mayoritario del Grupo socialista, pero Vox se ha abstenido en las tres. En cuanto a las de Vox, llama la atención que en las cinco enmiendas que piden incorporar el principio de prioridad nacional, el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido rechazadas también por la mayoría absoluta de los socialistas.

Ayer mismo en la vecina Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP con apoyo de Vox, validaron aplicar ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años y lo hicieron a pesar de que la Unión Europea solo permite cinco. La propia Comisión Europea ha advertido recientemente que la 'prioridad nacional' en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.

Ahora la ley regresará al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su ratificación, aunque con esas enmiendas vivas, tras manifestar PP y Vox su deseo que de que vuelvan a ser debatidas y votadas. Tras su previsible aprobación, al ser tramitada con carácter de urgencia como proposición de ley, la ley quedará promulgada para su entrada en vigor.

Hasta 42.000 euros más por un piso de 90 metros cuadrados. Las dos subidas de la vivienda protegida aprobadas por el Gobierno de Aragón en apenas 16 meses han disparado casi un 25%, en los umbrales máximos, el precio de los nuevos inmuebles. El Ejecutivo justifica la medida en el alza de los costes.

El último de los aumentos fue de un 14%, aparece en la orden del pasado julio suscrita por el consejero de Vivienda, Octavio López, y se suma al 9,5% aprobado en abril de 2025. Esos 42.000 euros corresponden a una vivienda tasada, la más cara dentro de la protección oficial, en las zonas de precio más alto, que el Departamento identificó el año pasado con las capitales de provincia. En el régimen general, el más habitual, el límite de un piso de 90 metros en esas mismas zonas ha pasado de unos 151.700 euros a 189.367, casi 37.700 euros más.

La nueva orden, en vigor desde agosto, deroga la de abril de 2025, pero no anula su subida. Así, el 14% se calcula sobre los precios que ya incluían el 9,5%, lo que hace un total del 24,8% en el umbral máximo.

La medida no cambia directamente lo que cuesta cada vivienda, sino que fija el máximo que un promotor puede cobrar por metro cuadrado útil en una promoción protegida. Por debajo de ese límite, cada promoción pone su precio.

El tope se calcula en tres pasos. El módulo básico que sirve de referencia se multiplica por un coeficiente que depende del tipo de vivienda: el régimen especial, pensado para los hogares con menos ingresos; el régimen general, o el régimen tasado, el más caro y que incluye también las viviendas usadas. Por último, en los municipios con más presión de precios se añade un recargo de entre el 5% y el 39%, en función de la zona.

La orden de julio sube los tres coeficientes. En el régimen especial pasa de 1,587 a 1,809 veces el módulo; en el general, de 1,752 a 1,997, y en el tasado y las viviendas usadas, de 1,971 a 2,247. Así, en los tres casos la subida es del 14%, la misma para la vivienda dirigida a las rentas más bajas que para la tasada. Los recargos por zona no cambian, así que el porcentaje es también igual en todo el territorio, desde Zaragoza hasta los municipios que pierden población.

De 27.000 a 42.000 euros más

Como el porcentaje se aplica sobre precios distintos, la subida en euros depende del régimen y la zona. En las áreas más caras, la vivienda tasada de 90 metros puede venderse por 42.386 euros más que antes de abril de 2025, con un límite que ya alcanza los 213.073 euros. La destinada a los hogares con menos recursos sube 29.445 euros, hasta 148.092. En un municipio sin recargo, una vivienda de régimen general de 90 metros cuadrados puede venderse por 27.084 euros más, hasta 136.236.

Solo la orden de julio supone unos 23.200 euros más para el piso de régimen general de 90 metros en la zona más cara: su límite estaba en 166.135 euros desde abril de 2025.

La subida afecta sobre todo a las promociones nuevas, puesto que las VPO que ya existen se revenden al precio máximo que fija el plan de vivienda con el que se calificaron. Solo si ese plan no dice nada se aplica el precio de las nuevas. Mientras, las viviendas protegidas en alquiler ya calificadas mantienen sus rentas máximas.

La orden incluye también un límite para que la subida no se traslade al suelo: el valor del terreno más la urbanización no podrá superar el 17,5% del precio máximo de venta, o el 26,25% en la vivienda tasada.

El umbral de los 2.090 euros

El texto de la orden justifica la medida por el aumento “sostenido” de los costes de materiales, mano de obra y suministros, pero no aporta ninguna cifra que explique por qué la subida debe ser de un 14%. Preguntada por este diario, la Dirección General de Vivienda explica que se analizó la evolución de los costes laborales de la construcción, que han subido casi un 15% en España entre 2023 y 2026, y la de los materiales, un 24% más caros desde 2021 según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entre otros factores.

Según el Departamento, los estudios técnicos que maneja concluyen que, con los costes actuales de construcción, suelo, honorarios técnicos, financiación y una rentabilidad mínima, las promociones de vivienda protegida son “difícilmente viables” con módulos inferiores a 2.090 euros por metro cuadrado útil. El nuevo tope del régimen general en las zonas más caras queda en 2.104 euros, apenas por encima de ese umbral. El Gobierno no ha hecho públicos esos estudios ni ha precisado quién los elaboró. “La actualización del módulo no es una concesión al sector, es una medida imprescindible para que exista un sector capaz de producir la vivienda protegida que Aragón necesita”, sostiene la Dirección General. Si el precio máximo no cubre los costes reales y desaparece la rentabilidad mínima, añade, “sencillamente no se harán viviendas protegidas”.

El propio preámbulo de la orden reconoce que la actualización de 2025 no fue suficiente: pese a ella, argumenta, el desfase entre precios máximos y costes reales “persiste e incluso se ha acentuado”, y la actividad de los promotores sigue siendo “contenida e insuficiente”.

1.000 viviendas protegidas al año

En julio, el consejero Octavio López defendió que “una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie”. Recordó que las asociaciones de promotores pedían un 20% y que, aun con esta subida, Aragón seguía por debajo de la media nacional, a 45,61 euros por metro cuadrado. Esa diferencia es de alrededor del 2% y deja a Aragón en el noveno puesto entre las 17 comunidades, en una posición intermedia. El objetivo del Ejecutivo es que la iniciativa privada construya unas 1.000 viviendas protegidas al año.

Para compensar la subida, el Gobierno autonómico ha ampliado el programa Compra Tu Vivienda de 1,5 a 4 millones de euros. Las ayudas, de entre 5.000 y 18.000 euros según los ingresos, cubrirán gastos de notaría, registro y gestoría. Además, ofrecerá un aval adicional del 15% que permitirá financiar hasta el 95% de la compra, y rebajará del 8% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la reventa de VPO. A diferencia de la subida, que se aplica a todos, estas ayudas dependerán de cada convocatoria, de sus requisitos y del presupuesto disponible.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

En Castilla-La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, Vox tiene cuatro diputados autonómicos en la oposición. La aspiración del partido de extrema derecha es conseguir entrar en el Gobierno regional de la mano del PP de Paco Núñez, que ya ha dado por hecho en varias ocasiones que pactaría con los de Santiago Abascal con ese objetivo, al igual que en otras comunidades autónomas.

Para ello, Vox no deja de intentar colar en múltiples iniciativas algunas medidas que ya aplica donde gobierna, ya sea en los ayuntamientos y diputaciones de la región donde sí tiene representación, o a través de iniciativas parlamentarias.

Mientras a nivel estatal se ha convocado una huelga general y se multiplica el clamor social contra los desahucios, ahora quiere incorporar la polémica prioridad nacional en una de las leyes más importantes de la legislatura, la de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere aprobar por la vía de urgencia, precisamente cuando esta cuestión, entre otras, ha provocado el adelanto de las elecciones generales.

La normativa ya se tomó en consideración con los únicos votos a favor de los diputados socialistas y la abstención de los del PP y Vox. Desde entonces, el Ejecutivo castellanomanchego ha dicho que mantiene conversaciones con la oposición para intentar que la normativa se apruebe por unanimidad, algo que la otra bancada ha negado.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes regionales ya ha admitido a trámite las enmiendas de los tres grupos parlamentarios a la futura ley, una densa propuesta que aglutina numerosas medidas para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda pública y protegida y la simplificación urbanística.

Las enmiendas donde Vox incorpora su polémico criterio

Es el trámite que Vox ha aprovechado para introducir, en su lote de medio centenar de enmiendas, el controvertido principio de prioridad nacional. Y lo hace en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”. La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años. Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

También hay enmiendas de Vox que se centran en otro de los debates que ha intentado colocar varias veces en el centro de las preocupaciones sociales, pese a que los datos lo desmontan: la ocupación ilegal de viviendas. Por ejemplo, pide que el Gobierno regional brinde asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios afectados.

Al margen de estas propuestas, llaman también la atención las enmiendas de Vox centradas en la protección de los propietarios y, al mismo tiempo, la exclusión de las entidades sociales y migrantes. Así, elimina la medida que permite emplear el depósito de fianzas de arrendamiento urbano como recurso económico para financiar el patrimonio público residencial, y pide prohibir expresamente la cesión de locales a entidades sociales para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados o migrantes en situación irregular.

El PP no entra en la cuestión ni define un modelo propio

Por su parte, el PP no entra en esta cuestión, pero ha registrado una treintena de enmiendas al articulado. Se da la circunstancia de que algunas partes de la futura norma son prácticamente iguales a la normativa de vivienda protegida de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

A principios de año, el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció que pondría en marcha un “gran plan” de vivienda si llegara a gobernar en la región. Según afirmó, se centraría en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Ahora, su lote de enmiendas la futura ley de Page se centra en la vivienda protegida y el parque público residencial. En primer lugar, un exige informe municipal previo, “preceptivo, motivado y vinculante” para la implantación de inmuebles dotacionales en parcelas de equipamientos. Si el informe es desfavorable, no se podrá realizar la actuación.

También propone que los deberes de cuidado del adjudicatario de vivienda pública abarquen el “mantenimiento ordinario”, sin eximir a la Administración de realizar las obras necesarias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad; y establece que las adjudicaciones temporales se realicen por convocatoria pública ordinaria mediante criterios objetivos (ingresos, unidad familiar y necesidad), “restringiendo las adjudicaciones excepcionales a urgencias sociales acreditadas”.

De igual forma, otra de sus enmiendas modifica la norma para fijar que el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos ante la Administración regional sea de “carácter voluntario” para los arrendadores.

El Grupo Parlamentario Popular también pide condicionar los incrementos de edificabilidad en vivienda protegida, una de las medidas estrella de la futura ley, a un estudio económico que contemple una “retribución empresarial razonable”. Pero después, en otra enmienda, permite elevar el incremento de edificabilidad al 25% y de densidad al 35% en parcelas de vivienda pública o protegida.

Además, entre sus propuestas, el PP incluye la prohibición de ocupar terrenos dotacionales sin haber puesto en servicio previamente una “dotación sustitutoria equivalente”; exige demostrar específicamente el “interés regional” en Proyectos de Singular Interés (PSI) para infraestructuras energéticas o de transportes; y supedita las reclasificaciones a un análisis de la demanda y a mantener la continuidad con el casco urbano para evitar la dispersión.

Los socialistas limitan las rentas máximas de alquiler en VPO

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de la proposición legislativa que conformará la nueva ley, también quiere introducir algunos cambios. Ha presentado 13 enmiendas, entre las que fija las condiciones financieras y de tenencia para viviendas protegidas cofinanciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en suelo público.

Establece así, un régimen de protección permanente con un alquiler mínimo de 50 años desde la calificación definitiva; mientras que limita la renta máxima a ocho euros por metro cuadrado útil para promociones públicas directas y a nueve euros para proyectos de colaboración público-privada.

Los socialistas también aprovechan para reordenar la definición de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) que contempla la futura ley. Especifican así que tendrán por objeto la transformación de ámbitos de suelo urbano donde el uso mayoritario sea residencial y exista una proporción relevante de infravivienda o degradación por usos industriales incompatibles. De hecho, ajustan las fórmulas de gestión de estos planes, permitiendo su ejecución mediante libre concurrencia o Programas de Actuación Urbanizadora (PAU).

Otra de sus enmiendas amplía el régimen especial de vivienda a inmuebles y parcelas de otras administraciones públicas. Declara estas actuaciones como de interés autonómico y permite aplicarlas a parcelas de otras administraciones distintas de la Junta (previa conformidad del titular) por un periodo de cinco años prorrogables por periodos sucesivos de igual duración.

Finalmente, hay otras tres novedades significativas que introduce el PSOE. Incluye la definición de “intensidad residencial en parcela” como el número máximo de viviendas, calculándose como el resultado de dividir la superficie edificable residencial atribuida entre 100 metros cuadrados construidos por vivienda. Y en segundo lugar, permite la aplicación de esa “intensidad” sin que los municipios tengan que tramitar previamente una modificación de su planeamiento urbanístico.

Por último, establece determinaciones subsidiarias sobre alturas de las edificaciones: fija que, en defecto de regulación expresa en el planeamiento, las construcciones no podrán tener más de dos plantas ni superar los 8,5 metros de altura.

Todas estas enmiendas todavía tiene que votarse en las Cortes regionales antes de que la futura ley vuelva al pleno de las Cortes para su aprobación y promulgación definitiva, un proceso que coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, y precisamente cuando el debate político y social sobre la vivienda es determinante.

La movilización ciudadana ante la crisis de la vivienda confirma un cambio social que recorre toda España y que podría marcar el comienzo de un nuevo paradigma político.

Algo está cambiando, pero nadie debería ver en ello un espejismo. Los cambios no son espontáneos y estos se han generado, lentamente, en el seno de la sociedad hasta que han estallado.

La sociedad española ha cambiado en las últimas décadas y nadie se ha percatado que esto estaba sucediendo. Y lo ha hecho en muchos aspectos, aunque las costuras hayan estallado por el punto más débil, la vivienda. Los jóvenes que sufrieron la gran recesión de 2008, y la derivada de la pandemia del COVID-19 se han hecho adultos, y dieciocho años después del comienzo de la primera, han despertado en una España que les ha ignorado. Esos jóvenes constituyen hoy una generación que no encuentra referentes tangibles.

La política se ha hecho tan volátil y apática que a los jóvenes les ha sido difícil identificarse tanto con los llamados partidos tradicionales, PSOE y PP, como con los neo partidos (Sumar y Podemos). En este sentido, Vox, por el contrario, si ha sido capaz de ser referente entre los adolescentes y la juventud temprana de la generación Z, por la simplicidad de su lenguaje mas que por su fuerza ideológica.

Los jóvenes, hasta ahora, han demostrado tener una vida privada y social activa, pero no una vida pública comprometida. Sin embargo, este cambio de actitud de buena parte de ellos encuentra una respuesta política, a la vez que transversal, en las cuestiones relativas a la adquisición de vivienda y los alquileres, absolutamente disparados en un mercado incontrolado.

Este nuevo referente puede servir de aglutinador para muchos ciudadanos que han obviado la política, y ser un nuevo revulsivo para su recuperación en el ámbito de una sociedad dinámica. Parece obvio que este es un espacio que puede ocupar la llamada izquierda alternativa, y que puede favorecer una cierta recomposición ideológica de la izquierda tradicional, de cara a un previsible adelanto electoral.

Lo cierto es que entre dimes y diretes, y a la contumaz polarización política, todo es distinto. La oposición del PP y Vox, desde una posición simplista, incapaz de entender la realidad y ofrecer ninguna alternativa conocida ha creído que la política se dirime más en los tribunales de Justicia que en el Parlamento. El Gobierno pendiente de mantener una mayoría parlamentaria artificial a toda costa, pero que le ha servido durante casi cuatro años, ha obviado la prospectiva y el análisis de los comportamientos sociales, y un partido, Junts, más preocupada por su líder -'ocluso' por una 'amnistía“'que nunca le acaba de llegar, que por la política real- ha descuidado a un electorado que le está generando una gran sangría por la extrema derecha independentista.

La sociedad se ha movido, de una forma multitudinaria, por un hecho cierto, la vivienda, y por unas circunstancias detonantes, los desahucios. España se ha convertido, en parte, en una sociedad de rentistas, en una inmensa sociedad inmobiliaria donde que ha concedido una importancia exagerada a los inmovilizados como garantía de renta y la obtención de plusvalías, alejándose de la economía productiva y obviando inversiones más arriesgadas.

Pero a nadie le conviene equivocarse en el diagnóstico. Ni al Gobierno, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni tampoco a los 'oportunistas', que en ocasiones como estas siempre surgen por doquier. Todo es mucho más complejo, y en esa complejidad no cabe la demagogia ni el populismo si lo que se pretende es una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad.

Se estima que la inversión necesaria en construcción de viviendas debería acercarse al 10% del PIB para dar solución al déficit habitacional existente y sostener el crecimiento, pero evitando la misma codicia que nos llevó a la crisis inmobiliaria del 2008. Actualmente se calcula que el déficit de viviendas en España alcanza las 750.000, y que en 2028 llegará a un millón. Se hacen necesarias 240.000 viviendas para cubrir las necesidades anuales por la creación de nuevos hogares.

Pero para ello es indispensable un compromiso firme de Pacto de Estado, hoy absolutamente imposible, capaz de desarrollar políticas públicas de vivienda que implique a todas las administraciones, tanto la General del Estado, como Autonómica y Local, con el apoyo de la Unión Europea. Sin ese acuerdo cualquier solución al problema se hace complicado.

Se hace preciso el incremento de la vivienda nueva de protección pública, en sus modalidades de compra y alquiler, con una regulación precisa que evite el juego especulativo y los impagos. Pero también se hace necesario el regular los requisitos óptimos de habitabilidad, con garantías de calidad y dignidad,

Desarrollar medidas para el acceso a la vivienda, con reducciones de impuestos e incentivos fiscales, tanto para la compra como para el alquiler, así como apoyo financiero a la primera vivienda. Es preciso poner límites a los alquileres especulativos y la indiscriminada proliferación de viviendas de uso turístico, en grandes ciudades y centros históricos.

Y es obvia la necesidad de intervención en el suelo, mediante instrumentos urbanísticos y de planificación, con simplificación y agilización de los trámites administrativos, para ayudar a que todo lo anterior sea posible.

El reto consiste en ofrecer una respuesta rápida a un problema cuya solución será necesariamente lenta, sin generar expectativas que terminen defraudando a la ciudadanía.

En medio del clamor social, las acampadas y las manifestaciones derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid, en Castilla-La Mancha se prepara un “cañón urbanístico” para crear vivienda. Con estas palabras ha definido el Gobierno de Emiliano García-Page algunas de las medidas que ha incluido en la ley de vivienda y suelo que actualmente tramitan las Cortes regionales por la vía de urgencia, prácticamente en el tramo final de legislatura y tras 12 años desde que Page prometió una normativa autonómica propia.

Ese calificativo lo pronunció el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la defensa que hizo de este texto en el debate de su toma en consideración, que salió adelante con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PSOE. El PP y Vox se abstuvieron y no la apoyaron. Desde entonces, el Gobierno regional ha hablado de “negociaciones” con los 'populares' para que la apoyen, pero estos últimos las han negado.

Su definición se refiere principalmente a la necesidad de agilizar y simplificar trámites urbanísticos, y de crear nuevas fórmulas de planeamiento municipal, para que la comunidad autónoma pueda crear vivienda pública o con algún tipo de protección ante el enorme cuello de botella generado por los altos precios en el mercado inmobiliario tanto para compra como para alquiler.

Con ese objetivo incluye toda una batería de propuestas que no recabaron, al menos en principio, el apoyo de las derechas. Una de las medidas más significativas es el cambio de uso especial en parcelas calificadas como terciarias o dotacionales privadas para implantar viviendas de protección pública. Y junto a ella, también se incorpora el incremento de la edificabilidad hasta en un 20% y de densidad hasta en un 30% en parcelas destinadas a inmuebles con este tipo de protección.

El PP no apoya una ley que ya aplica donde gobierna

Se trata de dos medidas que adquirirán rango de ley en Castilla-La Mancha cuando la propuesta de Page quede promulgada, pero que afectan de manera muy directa a los ayuntamientos y a sus planeamientos urbanísticos. Este es uno de los argumentos que los grupos parlamentarios del PP y de Vox han esgrimido para no apoyar, de entrada, la propuesta de ley.

Consideran principalmente que “menoscaba la autonomía local” al dar un plazo de tan solo cuatro meses a los ayuntamientos, desde la entrada en vigor de la normativa, para que puedan decidir si se aplica o no en su término municipal tanto la reconversión de parcelas terciarias como la ampliación la edificabilidad.  

Sin embargo, y como ha podido constatar este periódico, este plazo es el mismo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya impuso a los ayuntamientos en la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que la Comunidad de Madrid aprobó hace dos años.

De hecho, los textos en ambas normas son prácticamente iguales, aunque incluidos en disposiciones diferentes del articulado: “Los ayuntamientos podrán, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor (…) decidir no aplicar en su término municipal los regímenes previstos en las mismas, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. Las personas interesadas podrán solicitar las licencias necesarias para la materialización de dichos regímenes transcurrido el plazo de cuatro meses”.

Durante ese periodo, los ayuntamientos tienen la opción de rechazar la aplicación de las dos medidas mencionadas en su territorio, fijar condiciones adicionales para su puesta en marcha o delimitar las zonas o ámbitos territoriales concretos donde se permitirán.

De esta forma, si un ayuntamiento no se pronuncia de forma explícita ni adopta un acuerdo motivado durante ese periodo de cuatro meses, los regímenes especiales pasan a aplicarse de forma automática en su término municipal. Es decir, la norma está diseñada para que el silencio municipal no bloquee la medida.

Lo más llamativo es que no es lo único que Castilla-La Mancha ha ‘copiado’ de la normativa madrileña. Al margen de esta postura contradictoria del PP, rechazando en Castilla-La Mancha lo que apoya en la Comunidad de Madrid, donde gobierna, las otras dos 'medidas estrella' incluidas en la futura normativa castellanomanchega se encuentran también en una modificación más reciente de la ley de vivienda protegida de Ayuso, concretamente la publicada el pasado mes de julio.

En esta última, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambia la mencionada ley anterior de 2024 por otra de “medidas urgentes” para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. Entre esos cambios, añade un nuevo artículo tercero que regula la posibilidad de ampliación de hasta un 20 % de la edificabilidad y de hasta un 30% de la densidad, en suelos sin edificar, “aptos para la edificación, que tengan calificación de vivienda de protección pública, sin necesidad de modificación del planeamiento urbanístico vigente”.

Y estas medidas también son exactamente iguales que las de la futura normativa castellanomanchega, que establece, en una de sus disposiciones adicionales, esos mismos porcentajes de incremento en edificabilidad y densidad, y también únicamente en viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Al igual que en Madrid, la futura Ley de Page no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Lo que se añade en Castilla-La Mancha es que para facilitar la materialización de ese 20% de edificabilidad adicional, la ley autoriza expresamente un incremento de altura de hasta dos plantas sobre el máximo permitido por el planeamiento.

Más medidas casi iguales en ambas leyes

Finalmente, la versión más reciente de la ley de medidas urgentes de la Comunidad de Madrid modifica también la de hace dos años para reconvertir parcelas o edificios con calificación de uso terciario para destinarlos a vivienda protegida, Se amplía también esta posibilidad a parcelas sin edificar o con edificabilidad vacante que tengan calificación de uso dotacional privado. Esto también coincide plenamente en el objetivo y en el mecanismo jurídico de la futura ley castellanomanchega, aunque esta última aborda ambos supuestos de manera más amplia.

La ley de medidas urgentes de Castilla-La Mancha autoriza en sus disposiciones adicionales de forma genérica la implantación de vivienda protegida en parcelas calificadas con uso terciario (lo que engloba oficinas, comercial o alojamientos según la ordenación del sector), sin distinguir por el tipo específico de actividad.

Pero al igual que en la normativa madrileña, la ley castellanomanchega establece que esta implantación tiene eficacia inmediata desde la entrada en vigor de la ley y no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Con carácter general, el objetivo de la futura normativa del Gobierno de Page es transformar rápidamente suelos destinados a comercios, oficinas o servicios en viviendas de protección pública, evitando los largos trámites que habitualmente exige cambiar el plan urbanístico de un municipio.

La propuesta establece que para poder acogerse a esta medida los terrenos o inmuebles deben estar situados en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que ya cuente con ordenación detallada. También deben ser aptos para construir de forma inmediata o disponer de un régimen de simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación.

De igual forma, la norma contempla, para evitar “desequilibrios” urbanísticos, que el nuevo uso residencial se destine obligatoriamente a viviendas de protección pública. Asimismo, impone que si toda una zona o sector tiene uso global terciario o dotacional privado, las viviendas protegidas que se implanten no podrán superar el 50% de la edificabilidad total de ese sector.

Sí permite mantener otros usos compatibles previstos en la ordenanza municipal, siempre que no superen el 20% de la edificabilidad materializada ni resulten incompatibles con las viviendas.

En cuanto a los plazos y costes de esta medida, la futura ley establece que si la llegada de las nuevas viviendas obliga a ampliar o reforzar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, todos los costes de ejecución corren a cargo del solicitante de la licencia. Y para la solicitud de estas últimas, abre un plazo de cinco años, contados tras el periodo inicial de cuatro meses reservado a los ayuntamientos. Una vez iniciadas las obras, deberán estar concluidas y aptas en un plazo máximo de tres años.

La coordinación entre esta medida y el incentivo de los mencionados incrementos de edificabilidad y densidad se basa en su “plena compatibilidad”. Es decir, en las disposiciones adicionales de la ley se precisa de forma explícita que el incremento de edificabilidad es compatible con el régimen especial de cambio de uso. Esto significa que en una misma parcela de uso terciario o dotacional privado se pueden aplicar de forma conjunta ambas medidas sin necesidad de modificar el plan urbanístico.

¿Qué son 'parcelas aptas'? La normativa no lo clarifica

Pero hay una cuestión que la futura ley no clarifica. En otra de las disposiciones adicionales, se permite el aumento de la edificabilidad en 'parcelas aptas' para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección público, pero no define claramente a qué se refiere con el calificativo de “aptas” y si en esos casos también se podría destinar esa parcela a hacer vivienda libre.

Actualmente, en Castilla-La Mancha es posible que en un mismo edificio convivan viviendas libres con otras protegidas, por lo que la duda es si un promotor podría beneficiarse del aumento del 20% de la edificabilidad para crear vivienda no protegida. O si, por el contrario, al hablar de 'parcelas aptas' solo sabe que se destinen a inmuebles con algún tipo de protección. Por el momento, la Consejería de Fomento no ha aclarado esta cuestión.

Por otra parte, hay otra novedad muy relevante en la nueva ley que atañe a los municipios y sus Programas de Actuación Urbanística (PAU): introduce una vía de tramitación preferente y 'acelerada' dirigida específicamente a municipios con necesidades acreditadas de vivienda ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

En estos casos, combina una reducción drástica de plazos a la mitad con la exigencia de garantías urbanísticas y ambientales estrictas. En el primer caso, se exime de la obligación de realizar la consulta previa preceptiva para formular y presentar el PAU en suelo rústico de reserva. Además, los plazos de información pública, consulta, presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas se reducen al 50%.

Asimismo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo preceptivo para que la Consejería emita informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición elegidas pasa de un mes a 15 días. Y, de igual forma, el periodo de tiempo para que pleno municipal resuelva sobre la aprobación y adjudicación del PAU se reduce de 40 a 20 días desde que sea posible adoptar el acuerdo.

En cuanto a las garantías urbanísticas y ambientales, la ley fija salvaguardas explícitas que el promotor y la administración deben justificar. Por ejemplo, la viabilidad urbanística exige probar que el núcleo urbano preexistente se halla completamente consolidado y que la demanda de vivienda no puede ser satisfecha mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.

Además, los nuevos desarrollos residenciales derivados del PAU deben garantizar obligatoriamente la continuidad física con los núcleos urbanos existentes, prohibiendo expresamente la “dispersión” del crecimiento y exigiendo un desarrollo territorial “ordenado”.

Finalmente, la nueva ley de vivienda y suelo de Castilla-La Mancha contemplará un conjunto de mecanismos muy concretos para impulsar la planificación urbanística en los pueblos pequeños. Entre las medidas, articula una línea de ayudas directas para municipios con una población inferior a 10.000 habitantes de derecho. Consisten en la prestación directa por parte del Gobierno regional de los servicios técnicos necesarios para la redacción, revisión o adaptación de los planes generales municipales.

También establece que la Consejería de Fomento podrá suscribir convenios con los municipios para adaptar o revisar su planeamiento cuando resulte necesario para desarrollar actuaciones estratégicas de interés autonómico. Los instrumentos de planeamiento elaborados mediante estos convenios tendrán “carácter preferente” y la Consejería actuará como órgano sustantivo, impulsando de oficio la solicitud simultánea de los informes sectoriales preceptivos para acelerar su aprobación.

Por último, en municipios ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con necesidades acreditadas de vivienda, se autoriza a los Planes Especiales a reclasificar suelo rústico a urbanizable si el casco urbano consolidado no puede absorber la demanda. También en estos casos se exime a los promotores de la consulta previa obligatoria para presentar el PAU y todos los plazos de información pública, examen de plicas y adjudicación se reducen a la mitad.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, la única consejería en manos de Contigo/Zurekin, se encuentra inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler. Se trata de inmuebles construidos hace años con financiación pública y que, fruto de “la herencia recibida”, perdieron la protección y pasaron a manos de inversores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente.

Según ha avanzado la consejera del ramo, Begoña Alfaro, para la negociación de la compra de estas viviendas se va a disponer de 22 millones de euros de los presupuestos del 2027, así como “parte del superávit” del ejercicio anterior, que no ha concretado. Tal y como ha apuntado, Testa, filial del fondo Blackestone, se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas que ha topado el precio de los alquileres en las principales localidades, como en Pamplona o Tudela.

“La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, ha aseverado.

Con todo, ha señalado que tratarán de adquirir las viviendas por el precio “más bajo posible” y que es precisamente esa, el precio, lo que está provocando que la negociación se alargue. “Por ahora no quiero dar más detalles porque detrás de esto hay muchas familias y no quiero generar falsas expectativas”, ha apostillado Alfaro.

También ha afirmado que le “repatea” tener que recurrir a esta situación que supondrá “pagar dos veces por el mismo bien”. “Vamos a recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos. Pero esta es la situación que hemos heredado y la vamos a afrontar sin duda defendiendo las arcas públicas y a los cientos de familias afectadas”, ha asegurado.

Sobre los decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno central y que deberán ser refrendados por el Congreso el viernes, la consejera navarra ha celebrado que suponen “un avance” en esta materia y ha señalado que siguen “el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo”. Así, ha apelado a los grupos del Congreso para que los aprueben y se ha dirigido en concreto al diputado de UPN, Alberto Cataán, para preguntarle “con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa Blackstone o Catella o con los cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos”. “Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos”, ha expuesto.

En pleno huracán provocado por el desahucio de Maricarmen y el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprueba los dos decretos de vivienda, la Xunta de Galicia entrega en Santiago de Compostela 24 pisos de promoción pública a sus nuevos inquilinos. Quizá porque son los primeros que se inauguran en la capital gallega en 19 años, el gobierno gallego ha querido reservarse el protagonismo en solitario: no invitó al delegado del Gobierno y éste –candidato a la alcaldía de la ciudad– ha puesto el grito en el cielo, ya que más de un millón de euros de la promoción procedían de los fondos Next Generation. El ejecutivo de Alfonso Rueda considera que son fondos europeos, aunque los tramite el Ministerio, y por eso Pedro Blanco no se merecía un lugar en la foto. Tampoco lo tuvo la regidora de la ciudad, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Fuentes municipales citadas por Europa Press han confirmado que Sanmartín no recibió convite, al tiempo que declinaban profundizar más en el asunto. Sin embargo, el delegado y candidato socialista, Pedro Blanco, ha enviado un comunicado en el que carga con dureza contra la Xunta. A su entender, llueve sobre mojado.

“Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas en Santiago que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno”, ha reprochado, consciente de que “lo importante es construir vivienda y facilitar su acceso a las familias que lo necesitan”, pero también, ha agregado, “trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran en la solución de este problema”, para lo que “la actitud de la Xunta no es mejor”.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, trataba de despejar balones fuera. Para ella, este martes no era “un día para disputas políticas”, sino para celebrar que 24 familias tendrán acceso a estos inmuebles. “Eso es lo importante”.

Acto seguido, reivindicó –“no hay ninguna duda”– que la Xunta “siempre mantuvo la lealtad” y el decoro “institucional” al invitar a representantes de otras administraciones para que sean “partícipes” de sus actos. Sin embargo, en el caso concreto de estas viviendas, en el barrio de Lamas de Abade, replicó que “no hay ninguna aportación económica” por parte del Ejecutivo estatal.

La conselleira consideró “rotundamente falso” lo asegurado por Blanco ya que “la financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central”, a pesar de que éste es quien los gestiona. El lío está servido.

Martínez Allegue explicó por qué también dejó fuera de la entrega al gobierno local. “No ha participado en esta promoción, por eso no fueron invitados”. Sin embargo, cuando se entregue otra promoción en marcha, en una parcela cedida por el ayuntamiento, “por supuesto, se invitará” a la alcaldesa. La actual fue traspasada a la Xunta a traves de una permuta cuando era alcalde el socialista Sánchez Bugallo.

“El presidente invitó a los portavoces de la oposición”.

Para el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo –de facto, el número dos del ejecutivo– la entrega de llaves es un acto de la Xunta en el que “quien tiene que estar” es el presidente Alfonso Rueda y no ha olvidado que en ocasiones son otras administraciones las que organizan eventos en los que “no cuentan” con representantes del Ejecutivo gallego.

Calvo echó un poco de sal a la herida y recordó que, en la sesión de control del pasado miércoles, cuando anunció la entrega de los pisos en una respuesta a la líder del BNG, Ana Pontón, Rueda “invitó a los portavoces de los grupos” a acudir al acto. “Supongo que no irán, pero si van, serán bienvenidos”, ha zanjado.

“El Gobierno financia con más de un millón de euros”

Nada de esto ha convencido al delegado del Gobierno, quien ha insistido en que el Ejecutivo estatal “financia con más de un millón de euros este grupo de viviendas en Lamas de Abade, a través del Plan de Recuperación”. Por ello, ve “lógico” que esté presente en este acto y “que tenga la oportunidad de manifestar el compromiso del Gobierno con la vivienda en Galicia, que se traduce en una inversión global durante los últimos años que supera los 500 millones de euros”.

Con todo, se ha quejado de que la Xunta no invite al Gobierno a este acto con el fin, entiende, “de presumir de un proyecto conjunto” que “demuestra que es posible colaborar entre administraciones, enviando a la sociedad un mensaje erróneo y poco esperanzador”.

Así, ha expresado su “malestar”, antes de remarcar que confía en que el presidente de la Xunta “reconduzca su actitud”, toda vez que, concluye, “resulta necesario trasladar a la ciudadanía un mensaje de colaboración institucional y trabajo conjunto de las administraciones para resolver el problema de la vivienda”.

24 viviendas... en 20 años

Al margen de ese cruce de declaraciones, la teniente de alcaldesa en Santiago, María Rozas –de Compostela Aberta, marea municipalista que gobierna con el BNG–, que este martes comparecía ante los medios, prefirió centrarse en el objeto de la disputa: los pisos. “Estos días escuchábamos a la Xunta presumir en cierta forma de esas 24 viviendas. Son 24 viviendas en 20 años, una vivienda por año creo que es claramente insuficiente en la situación de emergencia social que estamos viviendo”, concluyó.

L'adjudicació de 34 habitatges públics ha desfermat la polèmica política a Marratxí, un municipi que en les últimes dècades ha experimentat una profunda transformació urbanística i demogràfica fins a convertir-se, amb més de 40.000 habitants, en un dels més poblats de Mallorca. La controvèrsia afecta una promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer les obres del qual van arrancar sota mandat socialista, però els criteris d'adjudicació del qual va modificar el PP per prioritzar els residents amb més de cinc anys d'antiguitat a la localitat. Des de l'oposició denuncien, però, que entre els beneficiaris figura el fill d'un regidor del PP i qüestionen tant els criteris aplicats com la falta de transparència del procediment.

La promoció es troba a sa Cabana, un dels nuclis residencials de Marratxí. Tradicionalment vinculats a la vida de poble, aquests nuclis conviuen avui amb noves urbanitzacions i una creixent pressió immobiliària, que ha encarit l'accés a l'habitatge i tensat el mercat del lloguer. A l'agost de 2026, el preu d'oferta de l'habitatge va assolir els 4.040 euros per metre quadrat en el conjunt del municipi, segons Idealista, en un context d'emergència habitacional que converteix cada promoció pública en un recurs especialment escàs.

Les obres de la nova promoció van arrancar el 24 de gener de 2022, durant el mandat del socialista Miquel Cabot. El 2 de desembre de 2023, ja amb el popular Jaume Llompart al capdavant del Consistori, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recollia els llistats provisionals de participants i les seves puntuacions inicials. L'anunci oficial, consultat per aquest diari, dividia els interessats en tres contingents diferenciats: un de preferent per a persones amb més de cinc anys de residència a Marratxí; un altre d'específic per a residents amb aquesta mateixa antiguitat i mobilitat reduïda, i un contingent general que agrupava els qui duien menys de cinc anys al municipi i la resta de sol·licitants de Balears.

Deu dies després, el 12 de desembre, l'Ajuntament va anunciar un acord amb l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) per donar prioritat en l'adjudicació als residents a Marratxí amb més de cinc anys d'antiguitat i reservar cinc habitatges per a persones amb necessitats especials. Els primers 22 habitatges es van lliurar el 31 de juliol de 2024 i els altres 12, el 21 d'octubre d'aquell any.

El criteri dels cinc anys, sota la lupa

La portaveu de Més per Marratxí, Aina Amengual, assegura que fa vuit mesos que reclama de manera infructuosa documentació sobre el procés i que únicament ha pogut accedir a part de la informació a través de les gestions del diputat Ferran Rosa al Parlament, recriminant que les traves a l'accés a les dades han dificultat la fiscalització d'una adjudicació en la qual cada habitatge resulta especialment rellevant per la situació del mercat residencial.

La formació qüestiona els criteris aplicats en la promoció i la prioritat concedida als residents de Marratxí. Segons les dades difoses llavors pel Consistori -i comprovades per aquest diari en la documentació de l'expedient-, hi havia 80 sol·licitants amb més de cinc anys de residència, a més d'una persona amb mobilitat reduïda i aquesta antiguitat, davant de 910 sol·licitants amb menys de cinc anys de residència a Marratxí o procedents de la resta de Balears. “Ser de Marratxí o portar més de cinc anys empadronat acredita residència i arrelament, però no és el mateix que acreditar una major necessitat d'habitatge”, assenyala Amengual, qui qüestiona l'efecte que va tenir aquest canvi de prioritats i si van poder quedar fora famílies amb majors dificultats habitacionals.

Els ecosobiranistes emmarquen la denúncia en la crisi d'accés a l'habitatge i reclamen transparència sobre un procediment que afecta un nombre reduït d'immobles davant d'una demanda creixent: l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears estima en unes 17.000 el dèficit acumulat d'habitatges durant els últims 25 anys en un context en el qual la població balear va créixer un 46,3% entre 2000 i 2025, davant del 31,5% d'augment del parc residencial. “Parlem de només 34 habitatges davant d'una necessitat enorme. Cada habitatge compta i cada criteri d'adjudicació compta”, afirma Amengual, qui anuncia que continuarà fiscalitzant la documentació per determinar l'efecte dels criteris de residència i les prioritats aplicades, mentre insisteix que la ciutadania ha de conèixer els vincles familiars detectats entre adjudicataris i membres del govern municipal del PP.

La petició d'informació per part d'Amengual, presentada en l'exercici de les seves funcions de fiscalització com a regidora, pretenia conèixer la situació d'ocupació i residència dels immobles vinculats a procediments de desnonament i reallotjament en els nous pisos. Per a això, el passat mes d'abril va reclamar la relació de persones empadronades, la data d'alta en el padró i la composició de les unitats de convivència dels habitatges de la nova promoció. L'Ajuntament, no obstant això, va rebutjar facilitar aquesta informació nominativa al·legant motius relacionats amb la protecció de dades personals.

Al respecte, Amengual defensa que no reclamava la publicació indiscriminada de dades personals, sinó comprovar qui complia efectivament el criteri de residència i des de quan. La formació recorda que el Reglament Orgànic Municipal i la legislació balear de règim local reconeixen aquest dret, subjecte al deure de reserva i confidencialitat.

En la seva resposta, el Consistori al·legava que, en relació amb els habitatges gestionats directament per l'Ibavi, la corporació municipal no és la responsable del tractament de les dades dels seus adjudicataris i que, per tant, Amengual s'havia de dirigir al propi institut, malgrat que el propi criteri d'adjudicació atorgava un paper determinant a la residència a Marratxí: les bases establien un contingent preferent per als qui acredités almenys cinc anys de residència continuada i efectiva en el municipi, al qual només es recorreria abans que al contingent general. Una circumstància que, d'acord amb les bases, s'havia d'acreditar mitjançant certificats municipals d'empadronament. A això se suma el fet que en aquests mateixos edificis hi ha cinc habitatges gestionats per l'Ajuntament de Marratxí en virtut d'un conveni signat amb el Govern el 4 de novembre de 2025.

L'Ajuntament nega haver intervingut

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Marratxí per aprofundir sobre el tema, des d'on remeten al comunicat que van difondre dissabte passat després de la denúncia pública efectuada per Amengual. En ell, la corporació municipal rebutja les acusacions de la portaveu municipal de Més i assegura que en cap moment va intervenir en l'adjudicació al fill d'un dels seus regidors, el qual, segons la informació recaptada, estava inscrit al Registre de Demandants de l'Ibavi des del març del 2023. Així mateix, nega que existeixi relació de parentiu entre qualsevol altre adjudicatari i els regidors de l'equip de govern.

En la mateixa nota, el Consistori al·lega que és l'Ibavi, i no el Consistori, el que resol el procediment conforme a les bases, requisits i criteris objectius establerts i, sobre l'exigència d'un mínim de cinc anys de residència, sosté que respon a la normativa autonòmica en matèria d'habitatge i busca prioritzar l'accés dels residents del municipi. Finalment, considera “inacceptable llançar acusacions o insinuacions públiques sense aportar proves” i qüestionar l'actuació dels càrrecs i empleats públics que participen en els procediments administratius.

El Govern defensa els seus criteris d'accés

Per la seva part, consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, de la qual depèn l'Ibavi, asseveren que les adjudicacions per part d'aquest organisme les realitzen els tècnics en base a baremacions i criteris “objectius i transparents”, alhora que consideren que “aquestes insinuacions només cerquen desmerèixer l'esforç mai realitzat en matèria d'habitatge públic per part d'aquest Govern, amb més de 1.800 habitatges públics en tramitació a les Illes Balears”.

Les mateixes fonts incideixen en què els cinc anys de residència a l'arxipèlag és un criteri establert per la llei autonòmica que ajuntaments de diferent signe polític estan aplicant en els seus respectius municipis, entre ells governats pel PSIB i Més.

La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.

La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.

Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.

Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.

El criterio de los cinco años, bajo lupa

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.

La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.

Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.

La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.

Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.

En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento niega haber intervenido

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.

En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.

El Govern defiende sus criterios de acceso

Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.

Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.

La ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda que se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, una vez ha terminado el plazo establecido para que los grupos parlamentarios (PP, PSOE y Vox) pudieran hacerlo, tal y como ha avanzado a través de su cuenta de X el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

“Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda”, ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando “el consenso en el debate” que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo. “Por el bien de la gente de nuestra tierra”, remata Hernando su mensaje.

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión que, además, “con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno”.

No hay un pacto cerrado

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están “buscando acuerdos con todos los grupos” para responder a “uno de los problemas que más preocupan a la sociedad”.

Esta normativa se tramita como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y recoge un conglomerado de medidas destinadas a agilizar trámites para promover, principalmente, la vivienda pública y protegida en la comunidad autónoma. Durante su debate de toma en consideración, el PP y Vox, los partidos de la oposición, se abstuvieron, por lo que pasó el primer filtro únicamente con el respaldo de los socialistas.

Mientras en varias ciudades de España, centenares de personas se manifiestan y concentran contra el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña que esta semana fue sacada del que ha sido su hogar durante siete décadas, en Toledo, otro caso ha despertado la solidaridad ciudadana.

Rosario, una mujer de 80 años a la que se le ha terminado el contrato de alquiler, tenía que entregar hoy las llaves de su hogar. Viuda, sin hijos, con una discapacidad, y con una pensión que roza los 500 euros mensuales, afronta una situación complicada debido al tensionado mercado de vivienda de Toledo. No obstante, gracias a la “presión popular” se ha abierto la negociación con la familia propietaria y Rosario dormirá esta noche en su hogar.

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este lunes en la toledana plaza de San Justo, para pedir que se encuentre una alternativa habitacional en el barrio del Casco Histórico, donde ella reside. Una concentración para “apoyar y respaldar a Rosario, que no se encuentre sola ante este paso”, apunta Alicia Martínez, miembro del Unión Popular de Inquilinos de Toledo. Rosario lleva viviendo cinco años en esa casa, aunque siempre lo ha hecho en este barrio del Casco Histórico. “Antes podías cambiar fácilmente de casa, se te acababa el contrato y te ibas a otra, ahora te quedas en la calle y es una injusticia tremenda porque te obliga a irte de tu ciudad”. El barrio al que alude la activista es uno de los más codiciados para el negocio turístico en la ciudad.

“Una plaza residencial no resuelve un mercado tensionado”

Esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo -en el que gobierna PP y Vox- explicaba que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica, a varios kilómetros del centro.

Alicia Martínez ha señalado que “la crisis de la vivienda, marcada por un mercado tensionado no se puede resolver ni con plazas residenciales ni con viviendas sociales”. “No se nos puede apartar a las personas de nuestros barrios, de los espacios que nos han visto crecer y desarrollar nuestros proyectos de vida”, ha expresado. Explica que la propuesta del ayuntamiento es “una solución técnica, no una solución humana”.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo también advertían de la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. Explicaban que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Martínez pide que Rosario pueda quedarse en su barrio: “Si no puede quedarse en su casa, que tenga una vivienda asequible en su barrio, una vivienda que pueda pagar ella igual que quisiéramos cualquiera de nosotros, de los vecinos que vivimos en cualquier barrio de Toledo y en este caso en el Casco Histórico”.

Negociación abierta con la familia propietaria

Asegura que “gracias a la presión popular” se ha conseguido abrir una ventana hacia la negociación con la familia: “Hemos abierto una negociación con la abogada de la familia de la vivienda de Rosario y están abiertos a escuchar nuestras propuestas”, explica Martínez. Apunta que “Rosario quiere quedarse al menos un año en la casa para que le dé tiempo a encontrar una vivienda asequible para ella en su propio barrio. Añade que para tener ese tiempo ”necesita evidentemente que mañana se apruebe el decreto Maricarmen, que se considere el mercado entero como tensionado por la introducción de los fondos y de la especulación en los mercados de la vivienda“.

“Si nos dan ese tiempo, Rosario podrá alquilar otra vivienda y seguir con sus vecinas con las que pasa el día aquí en los banquitos de la plaza de San Justo. Ella es una persona con cierto grado de discapacidad, pero que se vale por sí misma perfectamente, que baja a la calle, que visita a sus vecinas, que se va al mercado, que se pasa la mañana hablando con las vecinas y que si tú le quitas eso, le estás quitando la posibilidad de seguir viviendo”, matiza.

Martínez asegura que Rosario pasará la noche de este lunes en su casa: “Hoy va a poder dormir ahí, pero no sabemos lo que va a pasar el viernes que viene. Gracias a la presión popular y a todas las personas que nos están apoyando hoy [Rosario va a poder tener más tiempo]. Pero la presión tiene que continuar, concienciando de la necesidad que tiene que haber un cambio estructural y global porque es un problema colectivo”.

Martínez ha apuntado también que el mercado de vivienda en Toledo, y en particular en el Casco Histórico, tiene que “dejar de estar tensionado, que se reduzcan los precios, se liberen apartamentos turísticos y vurelvan a convertirse en residencias”. Exige que “los precios bajen mínimo un 50% para que las personas podamos vivir y desarrollar nuestro proyectos de vida en acasas habitables, no es torres aisladas o en residencias para personas mayores”.

En su opinión, “Maricarmen y Rosario están siendo las puntas de lanza de lo que nos está ocurriendo a todas, que en cualquier momento nos pueden tirar de nuestra casa si se nos acaba el alquiler y no tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestros barrios porque con nuestros sueldos no podemos pagar esos alquileres”.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

El turismo ya le ha comido terreno a la población local. Desde que la vivienda vacacional quedó regulada legalmente en mayo de 2015, los canarios han ido perdiendo oportunidades y, ahora, la lógica de 'todo para el turista' ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad medible. Actualmente, siete municipios de Canarias tienen ya más camas turísticas registradas que residentes. Es decir, en estos territorios, la capacidad de alojamiento turístico supera al número de personas que viven allí.

Así lo muestra Canarias Bajo Presión, un nuevo mapa que cruza información pública prácticamente inaccesible sobre turismo, vivienda, población y movilidad para traducir las grandes cifras a una escala más cercana. Su creador, el biólogo y profesor canario Romén Herrera -también responsable de Vertidos Canarias- explica a Canarias Ahora que el objetivo es sacar los datos de las estadísticas oficiales y “llevarlos a la calle”, que puedan entenderse “en unos segundos” y que, al mismo tiempo, cualquiera pueda rastrear de dónde sale cada cifra y cómo se ha calculado.

Un mapa para medir hasta dónde ha llegado la presión turística

La herramienta no se limita a contar viviendas vacacionales. Al recorrerla aparecen, al menos, tres formas de mirar un mismo municipio: la presión turística, las dificultades para acceder a una vivienda y la percepción que tienen los propios residentes de esa presión, a partir de su participación.

El caso de Adeje -la demarcación más tensionada del Archipiélago- permite verlo con claridad. El municipio aparece con más de un 95% de presión turística y hasta un 56,3% de dificultad para acceder a una vivienda. Según los indicadores, es uno de los territorios más tensionados del Archipiélago sin haber sido declarado oficialmente como tal.

En Las Palmas de Gran Canaria, el escenario no es muy diferente. Como ya analizó este periódico, comprar una vivienda equivale a 10,75 años de salario. Al mismo tiempo, existen 208 viviendas vacacionales por kilómetro cuadrado, es decir, dentro de un ratio de 500 metros, aproximadamente una de cada 44 viviendas está registrada como alojamiento turístico. La paradoja es que la capital grancanaria no está declarada zona tensionada porque, según el Colegio de Economistas, no cumple los requisitos para serlo.

“Creo que este dato ayuda bastante a entender por qué quería que la web no se quedara sólo en contar viviendas vacacionales”, explica Herrera, que asegura que la intención es seguir incorporando indicadores y nuevas capas de información.

275.000 turistas cada día

Pero las cifras van todavía más allá. Canarias registró 99 millones de noches turísticas durante 2025, que, traducido a una magnitud más intuitiva, supone que hubo el equivalente a unos 275.000 turistas presentes de media cada día en hoteles y apartamentos del Archipiélago, es decir, más personas que toda la población del municipio de Venecia.

En el análisis se hacen visibles, además, siete casos extremos: Pájara, con unas 165 plazas turísticas por cada 100 habitantes; Yaiza, con 149 por cada 100; Mogán, con 132; Adeje, con 122; San Bartolomé de Tirajana, con 116 por cada 100 y Antigua, con 100,8; lo que evidencia que Canarias se haya situado como la cuarta región de Europa con más pernoctaciones en pisos turísticos.

El precio de vivir en Canarias

El contraste más directo aparece cuando estas cifras se enfrentan a la demanda residencial. En 2026, 36.950 personas figuraban inscritas como demandantes de vivienda protegida en Canarias. En menos de ocho años, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida ha incorporado 17.922 personas más, un incremento del 94,2%.

La web añade otro dato igual de revelador. Municipio a municipio, permite saber qué porcentaje de la renta de un hogar se destina al alquiler y cuánto esfuerzo supone para una familia asumir ese gasto. También mide la dificultad de acceso a la vivienda y el precio medio mensual de los alquileres.

En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, acceder a una vivienda se considera “extremadamente difícil”, con una puntuación de 83,8 sobre 100. Traducido a euros, los arrendatarios pagan más de 590 euros al mes por una vivienda en la capital tinerfeña, un 30,2% más que en 2019.

La situación tampoco mejora en Arona. Aunque la presión turística es menor -del 77%-, el esfuerzo que deben asumir los hogares para pagar el alquiler es relativamente más alto: el 22,3% de la renta familiar se destina al arrendamiento, 3,9 puntos más que en Santa Cruz de Tenerife.

La vivienda, un tesoro inalcanzable

En resumen, Canarias tiene cada vez más plazas destinadas al turismo mientras decenas de miles de personas esperan para acceder a una vivienda protegida. La demanda residencial no deja de crecer y la respuesta pública, por ahora, avanza a un ritmo mucho más lento.

El propio visor del Observatorio Canario de la Vivienda hace patente que de las cerca de 4.000 viviendas registradas desde la declaración de emergencia habitacional, solo 248 aparecen como finalizadas.

Si bien es cierto, la oferta de vivienda vacacional ha comenzado a reducirse. Un estudio de Excelcan cifra esa caída en un 19,6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, después de la entrada en vigor de la nueva regulación. Pero todavía quedan 161.170 plazas disponibles, una capacidad bastante superior a la población de Salzburgo y más del doble de los habitantes de Santorini. En total, según los datos de Canarias Bajo Presión, 72.363 viviendas tienen carácter vacacional.

La panorámica hace realidad que en el Archipiélago hay una enorme capacidad para alojar visitantes mientras miles de personas siguen esperando una vivienda a la que puedan acceder.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.

La Fiscalía de Palencia ha decretado el archivo de la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda protegida, un chalé, a una concejala del PP, Laura Lombraña. La decisión es “irrecurrible” aunque se puede acudir a la vía judicial, señala en su escrito el fiscal jefe, Arturo Carrillo. Tal y como adelantó elDiario.es, la denuncia se realizó el pasado mes de marzo por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas y a esta se sumó la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), y una tercera anónima. La investigación del fiscal concluye que no concurren elementos para determinar que se han cometido delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias

Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. En la actualidad es concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

El fiscal solicitó información al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla y León, a la mercantil que gestionó la promoción de la VPO, a la sociedad cooperativa y al Registro de la Propiedad de Palencia. El proceso de venta del suelo por parte del Ayuntamiento arrancó en septiembre de 2019, en octubre se publicó el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en febrero se adjudicó a una cooperativa, que fue la única solicitante. El fiscal hace constar que aunque Lombraña era concejala desde el 2019 no constaba en el expediente municipal que hubiese intervenido en los trámites y tomas de decisión. Por otro lado, la sociedad cooperativa se constituyó en marzo de 2019 y Lombraña no formaba parte de esa asamblea constituyente ni tuvo cargo en ella. Lo que sí consta es la fecha en la que entra como socia en la cooperativa, el 6 de agosto de 2019, momento en el que aportó 3.000 euros y obtuvo el número 34 como cooperativista. Firmó el contrato de adhesión en febrero de 2020. Meses después, en abril se inició el proceso de construcción y de declaración de vivienda protegida.

No constan “irregularidades”

Las conclusiones del fiscal son claras tras examinar toda la documentación aportada. No consta que la concejala tomase decisiones en proceso de venta del suelo, ni en la sociedad cooperativa en la que figura “como partícipe cooperativista en igualdad de condiciones que los otros, con la única finalidad de participar en la adjudicación de unas de las viviendas”. Tampoco constan “irregularidades” en el expediente administrativo sobre el proyecto y adjudicación de las viviendas. Las denuncias planteaban una omisión en el procedimiento de adjudicación cuestionando el sorteo que se hizo entre los cooperativistas.

En este sentido, el fiscal tira de la Ley de Vivienda para aclarar que son promotores para uso propio las cooperativas que financien con medios propios o ajenos la construcción de viviendas para socios o partícipes. El 80% de los socios de esa cooperativa deben estar inscritos en el Registro de Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública en Castilla y León y tener unos ingresos familiares que no excedan 6,5 veces el IPREM y en caso de primera transmisión que no sean inferiores al IPREM. Tampoco se puede ser titular de pleno dominio de otra vivienda en España.

En cuanto a la selección de candidatos, el artículo 64 de la Ley de Vivienda establece que con “carácter general” hay que sortearlo entre quienes forman parte del Registro de Demandantes. Pero la Orden FOM/1982/2008 desarrolla los requisitos del proceso de selección y hay dos opciones: el sorteo público y el sorteo entre los cooperativistas. Este último fue el elegido. Se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

Una declaración de bienes bajo sospecha

El fiscal no entra en la omisión de Lombraña en su declaración de bienes de junio 2023, en la que no aparecía la propiedad que se le entregó en abril, tan solo una cuenta con 7.000 euros, y se refiere únicamente a la que realizó en 2024 y en la que sí figuraba la vivienda.

Sobre esta declaración de bienes de 2024 hay otra denuncia formulada por el Ayuntamiento, ya que se produjo en domingo, día inhábil y apareció cuando salió a la luz la adjudicación del chalé a Lombraña. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió la firma de la secretaria y, también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria. La secretaria fue cesada poco después del escándalo de Lombraña, pero una reciente resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Palencia a readmitirla.

El Govern balear inspeccionarà 74 promocions d'habitatge protegit i de preu limitat fins al 2027 per detectar possibles fraus, situacions de sobreocupació i infrahabitatges, així com incompliments relacionats amb els lloguers i la compravenda d'aquests immobles.

El pla contempla actuar sobre 60 promocions a Mallorca, deu a les Pitiüses i quatre a Menorca, segons ha explicat aquest dimecres el director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés. Les promocions ubicades en municipis turístics tindran prioritat durant la temporada alta, amb l'objectiu de detectar també possibles casos d'ús turístic il·legal d'habitatges protegits.

Una de les prioritats de l'Executiu serà perseguir la sobreocupació i els infrahabitatges, especialment al parc residencial lliure. Segons ha explicat Reynés, el Govern ja ha detectat casos de trasters i locals comercials utilitzats com a habitatges, així com immobles en els quals una sala d'estar ha estat dividida en quatre habitacions per allotjar més persones.

En concret, la sobreocupació es produeix quan en un habitatge resideix un nombre de persones superior al permès per la seva cèdula d'habitabilitat. L'infrahabitatge, per la seva banda, inclou situacions en què espais que no tenen la consideració de dormitori -com determinades estances, locals o trasters- es transformen en habitacions o es lloguen com a tals. Ambdues situacions poden coincidir en un mateix habitatge, segons el Govern.

El director general ha assenyalat que aquests problemes són especialment freqüents a les illes on el creixement de la població ha estat superior a l'augment del parc residencial. Eivissa concentra el nombre més gran de casos detectats.

Multes de fins a 90.000 euros

L'Administració assegura que durant els primers sis mesos d'enguany ha realitzat 40 inspeccions, més que les efectuades durant els cinc anys anteriors. Des del 2022, el nombre acumulat ascendeix a 120 habitatges inspeccionats.

Les sancions varien en funció del tipus d'incompliment. El pla estableix multes de 3.001 a 30.000 euros per diverses infraccions greus relacionades amb la normativa d'habitatge protegit, mentre que la creació d'espais considerats infrahabitatges o la sobreocupació poden ser qualificades com a infraccions molt greus i comportar multes d'entre 30.001 i 90.000 euros.

Les inspeccions no es limitaran a comprovar qui ocupa cada habitatge. Els tècnics revisaran el visat dels contractes, els preus de lloguer i compravenda, els requisits que han de complir els beneficiaris i el compliment dels drets de tanteig i retracte quan es produeixi una transmissió. El Govern preveu, a més, inspeccionar almenys deu habitatges de preu limitat que ja figuren inscrits en el registre corresponent.

La campanya també pretén comprovar el compliment de les condicions d'habitabilitat i detectar possibles infraccions relacionades amb grans tenidors, el pagament de les despeses de les comunitats de propietaris, la normativa dels agents immobiliaris o el dipòsit de les fiances de lloguer. El pla preveu específicament la revisió de 25 immobles vinculats a grans tenidors.

Encara que el gruix de les actuacions es dirigirà a habitatges protegits i de preu limitat, també podran inspeccionar-se habitatges lliures quan hi hagi denúncies de particulars o d'altres administracions, especialment en matèria d'infrahabitatges.

Més controls sobre l'habitatge protegit

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha defensat la necessitat de reforçar la vigilància sobre el parc residencial protegit i ha assegurat que el Govern és “conscient” del desafiament que suposa l'accés a l'habitatge a les Illes.

Mateo ha reivindicat les inspeccions com una eina per controlar l'oferta residencial i garantir que els habitatges protegits compleixen la funció per a la qual van ser qualificats. L'Executiu sosté que la campanya pretén protegir els qui compleixen les seves obligacions i perseguir els incompliments.

El pla inclou, a més, una campanya informativa sobre la normativa d'habitatge, les infraccions i les sancions previstes, així com la difusió del canal de denúncies habilitat pel Govern perquè la ciutadania pugui comunicar possibles irregularitats.

El Govern balear inspeccionará 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado hasta 2027 para detectar posibles fraudes, situaciones de sobreocupación e infraviviendas, así como incumplimientos relacionados con los alquileres y la compraventa de estos inmuebles.

El plan contempla actuar sobre 60 promociones en Mallorca, diez en las Pitiusas y cuatro en Menorca, según ha explicado este miércoles el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés. Las promociones ubicadas en municipios turísticos tendrán prioridad durante la temporada alta, con el objetivo de detectar también posibles casos de uso turístico ilegal de viviendas protegidas.

Una de las prioridades del Ejecutivo será perseguir la sobreocupación y las infraviviendas, especialmente en el parque residencial libre. Según ha explicado Reynés, el Govern ya ha detectado casos de trasteros y locales comerciales utilizados como viviendas, así como inmuebles en los que una sala de estar ha sido dividida en cuatro habitaciones para alojar a más personas.

En concreto, la sobreocupación se produce cuando en una vivienda reside un número de personas superior al permitido por su cédula de habitabilidad. La infravivienda, por su parte, incluye situaciones en las que espacios que no tienen consideración de dormitorio -como determinadas estancias, locales o trasteros- se transforman en habitaciones o se alquilan como tales. Ambas situaciones pueden coincidir en una misma vivienda, según el Govern.

El director general ha señalado que estos problemas son especialmente frecuentes en las islas en las que el crecimiento de la población ha sido superior al aumento del parque residencial. Eivissa concentra el mayor número de casos detectados.

Multas de hasta 30.000 euros

La Administración asegura que en los primeros seis meses de este año ha realizado 40 inspecciones, más que las efectuadas durante los cinco años anteriores. Desde 2022, el número acumulado asciende a 120 viviendas inspeccionadas. Las infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves y conllevar multas de entre 3.000 y 30.000 euros, en función de su gravedad.

Las inspecciones no se limitarán a comprobar quién ocupa cada vivienda. Los técnicos revisarán el visado de los contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios y el cumplimiento de los derechos de tanteo y retracto cuando se produzca una transmisión. El Govern prevé además inspeccionar al menos diez viviendas de precio limitado que ya figuran inscritas en el registro correspondiente.

La campaña también pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y detectar posibles infracciones relacionadas con grandes tenedores, el pago de los gastos de las comunidades de propietarios, la normativa de los agentes inmobiliarios o el depósito de las fianzas de alquiler.

Aunque el grueso de las actuaciones se dirigirá a viviendas protegidas y de precio limitado, también podrán inspeccionarse viviendas libres cuando exista una denuncia previa de particulares o de alguna administración.

Más controles sobre la vivienda protegida

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el parque residencial protegido y ha asegurado que el Govern es “consciente” del desafío que supone el acceso a la vivienda en las Islas.

Mateo ha reivindicado las inspecciones como una herramienta para controlar la oferta residencial y garantizar que las viviendas protegidas cumplen la función para la que fueron calificadas. El Ejecutivo sostiene que la campaña pretende proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y perseguir los incumplimientos.

El plan incluye además una campaña informativa sobre la normativa de vivienda, las infracciones y las sanciones previstas, así como la difusión del canal de denuncias habilitado por el Govern para que los ciudadanos puedan comunicar posibles irregularidades.