La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes en el municipio de Santa Cruz de Bezana las primeras 32 viviendas protegidas de iniciativa privada de la legislatura construidas por el Grupo Casado.

Son las primeras de las 212 que se anunciaron en seis ayuntamientos de la comunidad. A estas 212 se suman otras 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en nueve municipios que tendrían que estar acabadas, según los cálculos iniciales, para las elecciones de mayo de 2027 de acuerdo al compromiso público adquirido por el Gobierno de Cantabria.

Las viviendas protegidas de iniciativa privada de Bezana son dos edificios -bautizados como Jade y Turmalina-de 16 viviendas cada uno con ocho adaptadas. Están ubicadas en la calle Murillo de Soto de la Marina y se venderán a un precio que oscila entre los 160.000 y los 178.000 euros en función de la superficie. Con ellos, se pone fin al sector 8 del municipio que se inició hace más de 20 años.

La presidenta ha agradecido el compromiso con Cantabria del Grupo Casado, que también va a levantar otras 100 viviendas protegidas en Suances. Al tiempo, ha dicho el precio de estas viviendas en el mercado libre se situarían entre los 280.000 y los 412.000 euros.

Su coste es posible -ha matizado- porque es el Gobierno el que fija el precio máximo de venta y supervisa los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios: estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de Cantabria y que los ingresos no superen en 4,5 veces el IPREM, es decir, 37.800 euros, si se trata de una sola persona, y hasta 50.400 euros, en el caso de una familia de cuatro miembros.

Por otro lado, Buruaga ha asegurado que estas “no van a ser las únicas viviendas protegidas que verán la luz en Bezana” en los próximos años, donde se están construyendo en estos momentos otras 16 y donde ha anunciado que “muy pronto” empezará una nueva actuación con 36 más en Mompía, junto al colegio María Torner. A ellas se sumarán otras 14 asociadas a un proyecto que el Ayuntamiento “tiene sobre la mesa”, que incluye también 58 viviendas destinadas al mercado libre, y dos más para alquiler asequible que Gesvican está gestionando en la antigua casa de los maestros.

Buruaga ha defendido la iniciativa privada en viviendas de protección porque “no sobra absolutamente nadie”, salvo “el sectarismo ideológico”. “Necesitamos a todos y estamos empeñados en buscar la unidad de acción en sumar la iniciativa privada a nuestro plan autonómico de vivienda”, ha dicho.

Para ello, ha detallado que el Gobierno ha actualizado en tres ocasiones el precio de referencia de las viviendas de protección oficial que “llevaba 10 años congelado”.

Con todo, ha explicado que entre la vivienda protegida y privada, se prevé la construcción de cerca de un centenar en el municipio.

En el acto de inauguración, al que han asistido varios adjudicatarios, han estado presentes el consejero de Vivienda, Roberto Media; la alcaldesa, Carmen Pérez, y el gerente del Grupo Casado, Pedro Pérez Eslava, entre otros, que ha agradecido la colaboración de la Consejería y del Ayuntamiento en lo referente a la tramitación administrativa, así como ha puesto en valor que la construcción de vivienda protegida de iniciativa privada es un “ejemplo” de “responsabilidad, corresponsabilidad e implicación con la sociedad”.

La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

En un escenario de crisis generalizada de acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, por el continuo incremento de precios, hay una comunidad que parece haber dado con la tecla para frenar “la sangría”. Navarra ha sido la única comunidad de España en la que la vivienda se abarató en abril. Lo hizo en un 3,9%, si bien en el primer trimestre del año subió un 10,5%, la segunda comunidad en la que menos aumentó. Además, desde que se declaró el año pasado la zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios, también han caído los precios del alquiler. ¿A qué se debe? Los expertos apuntan a varios factores, pero coinciden en destacar que la comunidad foral lleva tiempo apostando por impulsar políticas públicas de vivienda. “En Navarra todo se hace distinto, tenemos que verla como el modelo”, señala Ignacio Ezquiaga, economista e investigador de Funcas.

Navarra es una de las comunidades con un mayor parque de vivienda pública —más del 20% de las viviendas son protegidas—. Solo en 2025 se finalizaron 870 viviendas, de las que 449 tienen algún tipo de protección. Para alcanzar esas cifras la comunidad foral ha impulsado la construcción a través de su empresa pública Nasuvinsa, también en colaboración con promotores privados, y ha adquirido vivienda usada a través del tanteo y retracto. “Un dato difícilmente extrapolable al resto de España es que en Navarra uno de cada dos inquilinos no paga a precio de mercado porque o vive en una vivienda pública, o en una vivienda de un promotor privado que ha recibido subvención pública, o recibe ayudas al alquiler”, destaca el experto en vivienda y director de Nasuvinsa, Javier Burón.

“Las autoridades públicas no pueden influir demasiado en el mercado libre, pero sí que pueden ir creando zonas protegidas para que una parte de la oferta no sea a precio de mercado libre. Y eso es lo que Navarra no ha dejado de hacer en las últimas décadas”, apunta Ezquiaga. “Tenemos que ver a Navarra como un modelo de lo que tiene que seguir el resto de España en su conjunto, que el mercado no sea solo libre”, apostilla.

La ampliación del parque público de vivienda sigue siendo “una de las piezas fundamentales” de la hoja de ruta de las políticas del Departamento de Vivienda de Navarra, tal y como reconoce su consejera, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin). En este sentido, además de la empresa pública Nasuvinsa, se ha sacado ya a licitación la creación de una compañía mixta, cuyo capital estará dividido al 50% entre la administración y el sector privado, y con la que se pretende movilizar un mayor número de viviendas de alquiler social. La previsión es que en pocos años se puedan añadir al parque público medio millar de inmuebles.

“No va a ser un modelo de colaboración como al que nos tiene acostumbrado la derecha, en el que la Administración asume las pérdidas y la parte privada patrimonializa las ganancias. Aquí se irá al 50% en absolutamente todo”, explica Alfaro.

Otro elemento clave según los expertos consultados es que en Navarra la calificación protegida es permanente en las viviendas del régimen de compraventa y, desde hace una semana, también en las de alquiler. El Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la ley para que, pasados 21 años de la construcción de vivienda protegida de alquiler, los promotores no puedan venderla, ni siquiera a precio tasado, quedándose así de manera permanente en régimen de alquiler asequible. Se trata de una medida que tiene carácter retroactivo a todas aquellas viviendas que todavía no hayan perdido la calificación, es decir, las construidas en los últimos 20 años, 2.248 viviendas que perderían su protección próximamente.

“No estamos en contra de que los promotores privados hagan negocio, pero la colaboración público-privada tiene que ser simbiótica y no parasitaria. Ahora hay límites, las viviendas tienen que seguir en alquiler y si se quieren vender tiene que ser a un operador que las siga gestionando en alquiler. Sigue siendo un negocio, no les volverá multimillonarios, pero siguen ganando dinero”, sostiene Javier Burón.

Regulación del mercado

También ha tenido su reflejo en los precios la regulación del mercado. Hace un año, Navarra se sumó a Catalunya y declaró 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, los principales núcleos urbanos, como zonas de mercado residencial tensionado fijando así un tope a los precios del alquiler. Un año después, los datos reflejan una caída del 7% en los precios. “Son datos concluyentes que permiten concluir que intervenir funciona”, celebra la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, que reconoce que no esperaba que la medida tuviese un reflejo “tan rápido” en los datos.

“Pero es una medida que por sí sola y sostenida en el tiempo tampoco va a resolver las cosas porque está concebida para hacer de torniquete, para contener los precios. Debe de ir acompañada de otras políticas”, añade el director de Nasuvinsa, Javier Burón. “El mercado está intervenido en toda España, el asunto es a favor de quién”.

Además, por el momento la intervención en los precios no ha tenido su reflejo en un descenso en el número de contratos, que si bien se han reducido ligeramente en el último trimestre, se explica porque la mayoría se prorrogan. “Cuando un propietario pierde el incentivo de poder incrementar lo que quiera el precio del alquiler es más fácil que prorrogue el contrato a su inquilino y, por tanto, hay menos rotación”, sostiene Alfaro.

A la intervención del mercado se le sumará ahora otra medida aprobada en la Cámara Foral, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, subterfugio al que recurrían algunos propietarios para esquivar el tope a los precios del alquiler.

Por todo ello, los expertos consultados coinciden en señalar que el caso navarro no es casual y que los datos no son accidentales, son el resultado del impulso de políticas de vivienda. “Aquí hay un sistema. ¿Es perfecto? No, necesita mejoras a futuro, pero hay un plan de juego que viene de lejos, no se ha creado hoy. En otras comunidades o no tienen plan de juego o el plan es que pase lo que decida el mercado. Y el mercado endógenamente no produce vivienda permanentemente asequible”, asegura Javier Burón.

“Es una cuestión de voluntad política. Una política orientada de forma consistente a aumentar el parque público de vivienda. Porque el objetivo de las autoridades tiene que ser doble: al mismo tiempo que impulsas medidas para que el mercado libre gire y baje los precios, tienes que hacer oferta para un mercado protegido con viviendas asequibles”, indica el economista Ignacio Ezquiaga.

“Los gobiernos eligen a quién defender, y los encabezados por el PP han demostrado que no defienden de forma prioritaria los intereses de la ciudadanía, sino que están al servicio de una minoría económica. Nosotros tenemos resultados contrastados y acreditados, no hay otra explicación a que no apliquen estas medidas”, concluye la consejera Begoña Alfaro, que esta misma semana recibió la visita del consejero vasco del ramo, Denis Itxaso, para interesarse por las políticas navarras de vivienda.

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha presentado este jueves una serie de propuestas “para combatir las desigualdades y garantizar derechos”. Este posicionamiento de las entidades sociales, bajo el título Por una Catalunya diversa, cohesionada y antirracista, es fruto de un año de debate interno y ha llegado a la conclusión de que la crisis habitacional es uno de los principales escollos para garantizar el fin de las desigualdades.

Así, ECAS reclama alianzas institucionales y territoriales para que las viviendas de la SAREB se destinen a vivienda social e inclusivo. También pide que se impulse el mapeo y la búsqueda de pisos vacíos. Además, la federación reclama una mirada antirracista a las políticas de vivienda para combatir la “permeabilización” de los discursos de odio y de la extrema derecha.

Las entidades apuestan por avanzar en la identificación de viviendas vacías que puedan ser movilizadas hacia usos sociales o inclusivos. Para ello considera “necesario” definir una metodología común, con datos, criterios y conceptos homogéneos sobre qué se entiende por piso vacío, y activar agentes del territorio como el vecindario, el comercio de proximidad, las entidades sociales y las plataformas de vivienda.

Este mapeo debería contar con canales colaborativos que permitan sistematizar la información y convertirla en una “herramienta útil” para la incidencia y la acción territorial, tal y como defiende la federación.

Además, han subrayado que la cohesión social “no se va a defender con más discursos sobre la convivencia”, sino “garantizando derechos”. Por eso, proponen incorporar una “mirada antirracista a las políticas de vivienda, de trabajo y de acción comunitaria, porque la mejor forma de combatir los discursos de odio es reducir las desigualdades que los alimentan”, ha argumentado la federación, durante la presentación de sus propuestas.

Asimismo, ECAS -que agrupa a 137 entidades sociales- ha reclamado que las viviendas en manos de la SAREB se pongan al servicio de políticas de vivienda social e inclusivo. Esto, según la federación, implica presionar para que las administraciones públicas formalicen cesiones, convenios u otros mecanismos de movilización de estas viviendas, con el objetivo de ampliar el parque disponible y dar respuesta a situaciones de exclusión residencial.

Las entidades también piden “fórmulas alternativas” que faciliten el acceso a la vivienda a personas que finalizan procesos de acompañamiento o estancias en recursos gestionados por entidades sociales. Entre estas opciones, proponen fomentar el alquiler entre particulares con garantías y mediación comunitaria, así como impulsar modelos de cooperativas de vivienda dispersa. Estas alternativas pueden contribuir a generar salidas más estables, comunitarias y adaptadas a las trayectorias de las personas, aseguran.

También apuestan por garantizar que las políticas y recursos de vivienda no dejen fuera a las personas en situación de sinhogarismo o de exclusión residencial “más severa”. Las respuestas habitacionales deben evitar generar “nuevos filtros de exclusión” dentro del mismo sistema, especialmente para personas con mayores dificultades de acceso a los circuitos ordinarios. Esto requiere diseñar mecanismos específicos, flexibles y adaptados a situaciones de mayor vulnerabilidad, que permitan avanzar hacia soluciones residenciales dignas y estables, según defienden.

Antirracismo y movilidad laboral

Por otra parte, ECAS también ha detallado algunas ideas de acciones para mejorar la acción comunitaria con perspectiva antirracista. Tales como promover el trabajo comunitario y la convivencia para generar experiencias “reales” que rompan prejuicios, o reforzar la educación crítica y la sensibilización para normalizar la diversidad religiosa y cultural. La federación también reclama redes comunitarias de apoyo para “hacer efectivos” los derechos en el día a día.

En cuanto a las acciones para mejorar el acceso al mercado de trabajo y la movilidad laboral, ECAS exige mayores recursos y agilidad para el acceso a derechos básicos y documentación. También apuesta por impulsar la implicación del tejido empresarial y la transformación cultural de las empresas, además de favorecer el reconocimiento de competencias y la movilidad laboral.

Las entidades también han subrayado que el aumento de los discursos xenófobos, racistas y excluyentes constituye una “amenaza” para la cohesión social y para la calidad democrática. Las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y el conjunto de los actores sociales tienen la “responsabilidad” de combatir la desinformación y las narrativas que asocian la diversidad con la inseguridad, conflictividad o competencia por los recursos.

Así, y tal y como consta en el documento de sus propuestas, la federación encuentra “necesario” promover un relato público basado en los derechos, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad como una realidad constitutiva de la sociedad catalana.

El Ayuntamiento de València ha rechazado las alegaciones de la Asociación Vecinal de Natzaret, de la Asociación Arca, de la Federación Vecinal y de los partidos de la oposición, consumando la “privatización” de suelo público en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

La entidad vecinal del mencionado barrio ha mostrado su más absoluto rechazo tras confirmarse que el Ayuntamiento de Valencia ha desestimado la batería de alegaciones presentadas contra el “Estudio de Detalle” de la manzana R-1 en la ZAL del Puerto. El presidente de la asociación, Julio Moltó, ha calificado la decisión de “urbanismo de hechos consumados” que da la espalda a la urgente necesidad del vecindario de un Parque Público de Viviendas para favorecer intereses privados.

La desestimación de las quejas vecinales perpetúa la opacidad en torno a las 77 viviendas unifamiliares de protección proyectadas por la empresa Albaluz. De ellas, tan solo 10 pasarán a ser propiedad de la administración. La Asociación ha exigido que el Ayuntamiento y la Generalitat aclaren por qué la promotora ya publicitaba las casas como “reservadas” antes de la aprobación del plan. Con este rechazo, las administraciones siguen sin garantizar si se priorizará a las familias expropiadas de La Punta que quedaron excluidas en la primera fase.

El rechazo de las alegaciones impone un modelo urbanístico obsoleto. El plan aprobado replica el modelo de la manzana R-2: calles duras de asfalto, sin árboles ni zonas de sombra. Para la entidad vecinal, tras la catástrofe de la dana, es una temeridad ignorar la nula capacidad de absorción del suelo sellado por el asfalto y las escorrentías hacia Natzaret.

Pese al rechazo a escuchar las alegaciones la asociación vecinal ha exigido un parque público de viviendas, respuestas sobre el futuro del Chalet de Sancho como taller de empleo, la rehabilitación urgente de los tres bloques de viviendas de la calle Juan Castaño propiedad de la Generalitat, solución digna al asentamiento de infraviviendas de la calle Algemesí, y que el suelo de propiedad municipal de las antiguas Casitas de Papel se destine íntegramente a Parque Público de Viviendas, equipamientos sociales, y zonas verdes.

Con el rechazo a las alegaciones vecinales, “el Ayuntamiento valida definitivamente la eliminación de cuatro itinerarios peatonales públicos previstos en el plan inicial”, según han denunciado. Estos viales pasarán a convertirse en “zonas interiores restringidas para el uso exclusivo de las nuevas parcelas”.

“El consistorio ha firmado la privatización de suelo público para que se construyan piscinas y recintos cerrados, rompiendo la conexión natural del barrio de Natzaret con la Punta”, ha lamentado Moltó.

El PSPV denuncia la venta de suelo público a cambio de “migajas”

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado que el Partido Popular ha rechazado las alegaciones presentadas a la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá transformar las manzanas de vivienda protegida del sector norte en promociones de viviendas adosadas con piscina y zonas comunes. Para los socialistas, “esta decisión supone apostar por un modelo de ciudad completamente superado, que se ha demostrado que no hace barrio, que no hace ciudad y que no contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias”.

En opinión de Elisa Valía, “se trata de un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria que el gobierno de María José Catalá pretende extender ahora también a la vivienda protegida”. Así, ha cuestionado “el interés económico que puede tener esta modificación para los promotores privados” porque “si las viviendas protegidas tienen un precio tasado, que expliquen qué interés tienen en incrementar el coste de construcción incorporando piscinas y zonas comunes cuando no puede repercutir ese sobrecoste en el precio oficial de la vivienda”.

Además, ha denunciado que a través de la fórmula de la permuta María José Catalá está “vendiendo el patrimonio de suelo que debería destinarse a construir el parque de vivienda pública a cambio de migajas”.

Permuta de suelo público a cambio de viviendas

Como informó este diario, la Administración local adaptará el suelo público a las pretensiones de la empresa promotora, que pidió volver a una planificación anterior, establecida en 2008 y que figura en el plan general urbanístico.

Según la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la remodelación permitirá tener en el interior “zonas comunes para los propietarios de las viviendas adecuadamente conservadas y perfectos para sus actividades sociales vecinales”. Con la remodelación de la fachada marítima que proyecta el Ayuntamiento y el futuro PAI del Grao, la zona se convertirá en una de las más ambicionadas para invertir en vivienda en la ciudad. El PSPV denunció que supondría una privatización de calles, pero el consistorio desestima este extremo: “La calificación urbanística del conjunto de la manzana es el de residencial privado, por lo que el Estudio de Detalle no privatiza ninguna calle, sino que únicamente vuelve a establecer las alineaciones originales del Plan Especial, para disponer de mayor libertad en el diseño final y acomodarlo a la propuesta ganadora del concurso convocado”, señala la resolución.

Las viviendas protegidas se construirán por la promotora Albaluz, que ya tiene media decena de proyectos en marcha en el área metropolitana de València. Albaluz ya se ha hecho con varias parcelas de la ZAL en un procedimiento público, valorado en 1.7 millones de euros, según la plataforma de contratación. A la otra empresa que concurrió a este proceso, Cuper Promociones y Gestiones Inmobiliarias, se la expulsó por un error en la forma de presentar la documentación.

Los 77 unifamiliares se realizarán en suelo de la Generalitat Valenciana, mediante permuta del pleno dominio de una parcela que es propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Esta permuta forma parte del Plan Vive del Consell de Pérez Llorca, un proyecto impulsado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Según consta en la propuesta de adjudicación de la EVHA, el contrato se divide en tres lotes, uno por manzana. Albaluz entregará 10 viviendas y la diferencia de 1,7 millones de euros por la construcción de viviendas de protección pública en el municipio de València.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.

El Govern central qüestiona els canvis en la llei d'habitatge introduïts pel Consell de Juanfran Pérez Llorca en la llei d'acompanyament als pressupostos. El Ministeri d'Habitatge posa el focus en les reformes del govern popular, introduïdes després de l'escàndol en les adjudicacions d'habitatge protegit d'Alacant, i adverteix que hi ha modificacions que voregen la inconstitucionalitat i no s'adapten a la llei estatal, cosa que podria condicionar els fons del pla d'habitatge.

El ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de mesures fiscals, que haurà de tramitar-se a les Corts Valencianes en els pròxims mesos i necessita el suport de Vox per a tirar endavant. En l'escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, Habitatge qüestiona els criteris de “vinculació territorial continuada” en les promocions de col·laboració publicoprivada sobre sòl públic, una idea de la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero, que defensa l’“arrelament” per a donar prioritat als veïns de cada localitat en les adjudicacions d'habitatge.

El ministeri considera que aquests criteris suposen “emparar conceptes com el de l'anomenada 'prioritat nacional'”, un concepte que representa “una clara amenaça per a la Constitució espanyola i el seu article 14 i, com a tal, no pot ni ha de ser admés”, exposa. El Govern adverteix la Generalitat que “supervisarà” la redacció de la llei i d'aquests criteris de baremació, que són opcionals per als ajuntaments, “als efectes de garantir que no siguen vulnerats els drets fonamentals al nostre país”.

En les al·legacions, que se centren en quatre punts referents a habitatge, l'Executiu de coalició PSOE-Sumar reclama una revisió del text per a adaptar-lo a la llei estatal. Considera que, si bé els mecanismes de transparència són necessaris després de l'escàndol de Les Naus, falten mecanismes de control i recursos pressupostaris. Així mateix, insta a crear un cos d'inspectors i a dotar les mesures de recursos administratius per a posar-les en pràctica, a més d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit.

Les mesures de transparència i publicitat són “clarament necessàries després dels esdeveniments recents derivats de la desregulació aprovada en el procediment d'accés a l'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana”, assenyalen les al·legacions, però consideren un error “no aprofitar aquesta modificació per a protegir de forma permanent els habitatges de protecció oficial, ja que la solució estructural a aquesta crisi d'habitatge passa per la conformació d'un gran parc públic d'habitatge a preus assequibles i amb protecció permanent”.

Sobre el registre que han d'elaborar els promotors, la mesura estrela per a evitar l'opacitat en l'adjudicació d'habitatges construïts amb fons públics, l'Executiu central considera que és insuficient i es limita a “un procediment privat”. “No resulta suficient si no va acompanyada de mecanismes eficaços que n'asseguren el compliment real i efectiu en la pràctica administrativa”, assenyala el departament de Rodríguez, que insisteix que els processos no tenen participació pública fins que passen per la comissió de valoració autonòmica.

El Govern recorda que és obligatori que existisquen registres públics de persones demandants “o altres fórmules que garantisquen un procediment objectiu, transparent i públic” en l'adjudicació dels habitatges per a poder optar als fons del Pla Estatal d'Habitatge. Aquest registre existia fins a l'any 2024, quan el Consell, aleshores dirigit per Carlos Mazón, va modificar la llei i el va eliminar. A jutjar per l'escrit del ministeri, els fons públics podrien estar compromesos si l'Executiu no queda convençut amb el registre.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.

Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.

Las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo de Santander, cedidas por la Obra Social de La Caixa en 2016, fueron vendidas a finales de 2025 a un fondo privado que está presionando a los inquilinos para que abandonen sus pisos. Aunque estas viviendas no son VPO en sentido estricto, replican la dinámica que documenta la investigación realizada por Civio, una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos: parque con vocación social que termina en manos de fondos en cuanto se debilita su protección.

La particularidad del caso del Primero de Mayo es que fue una promoción privada, aunque el proceso de adjudicación de viviendas lo hizo el Ayuntamiento. Pero Santander no es una excepción. En otros lugares ya se está actuando para impedir esta tendencia. En Cataluña, la Generalitat está comprando un millar de viviendas a La Caixa por tanteo y retracto precisamente para evitarlo. Aquí, el Ayuntamiento de Santander ha dado la espalda a los afectados. Mientras la alcaldesa del Partido Popular, Gema Igual, evita implicarse en el conflicto asistió, en cambio, a un evento con el CEO de Caixabank, Gonzálo Cortázar, en la ciudad y se retrató con él.

Al hilo de la crisis de la vivienda que afecta a toda España y que se deja sentir en Cantabria, donde las viviendas turísticas y segundas residencias encarecen la venta y los alquileres, se vuelve la mirada hacia la necesidad de contar con vivienda pública.

El informe de Civio explica que Cantabria fue una de las primeras comunidades en crear una categoría propia de vivienda protegida autonómica en 2004 con plazos muy cortos: solo 15 años y con posibilidad de descalificación voluntaria a los cinco. Transcurrido esos plazos la vivienda quedaba liberada y podía venderse. Posteriormente, la ley de vivienda de 2014 amplió los plazos a entre 10 y 30 años según tipo de suelo y dependiendo de si habían recibido ayudas públicas.

El resultado de esta política autonómica de vivienda protegida es que la mitad de las viviendas protegidas construidas desde 1991 podría haber pasado ya al mercado libre, según estima el estudio de Civio.

En paralelo, Cantabria es una de las comunidades que exige los ingresos mínimos más altos para acceder a una vivienda protegida. Mientras en otras comunidades el baremo es más bajo, para asegurar que preferentemente se otorgan a las personas o familias más vulnerables, los cántabros pueden conseguirlo con salarios de hasta 2.333 euros al mes.

Las viviendas protegidas acaban pasando muy rápido al mercado libre

Desde el año 1991 se han construido en Cantabria cerca de 13.200 viviendas protegidas. Al final del año pasado, 2025, seguían dentro de su plazo de protección entre 10.600 y 11.130. Pero la mitad de ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente devolviendo las ayudas, por lo que el parque en estos momentos podría reducirse a un mínimo de 5.900 viviendas.

Eso supone que en los últimos cinco años han cumplido su plazo de protección entre 2.000 y 2.500 viviendas. Entre 2026 y 2030 lo harán cerca de 1.900 más, aunque todas ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente antes. Para finales de 2030 quedará entre el 44% y el 66,6% de las viviendas construidas desde 1991.

Precisamente en los plazos radica el problema de que las viviendas protegidas acaban pasando de manera muy rápida al mercado libre. Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid y uno de los principales del Estado. La gran mayoría de todas las viviendas protegidas que ha comprado Blackstone tenían plazos de protección muy cortos: 2.223 de ellas de tan solo diez o siete años. Hasta el punto de que 174 de estas viviendas pasaron al mercado libre en 2014, pocos meses después de la compra, multiplicando su valor de mercado. 

Condiciones de las viviendas de protección

Actualmente existen 18 modelos diferentes de vivienda protegida en España: los de las comunidades y el del Estado. El acceso a las viviendas con protección oficial se hace en función del nivel de ingresos. Pueden ser de venta, de alquiler o de alquiler con opción a compra. De promoción pública o privada, o de régimen especial, general o de otro tipo con mayor o menor restricción de acceso en cuanto a ingresos económicos.

Las comunidades autónomas son las responsables de las calificaciones de vivienda protegida, al ser las que tienen las competencias en vivienda desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También son las establecen los requisitos, precios y el plazo de duración de la protección. Pero, en el caso de que reciban ayudas estatales, tienen que respetar las directrices marcadas por los planes de vivienda estatales.

Del millón y medio de viviendas protegidas que se han construido en España desde 1991 solo 147.653 tienen protección permanente. Es decir, que no pueden pasar al mercado libre. Entre 2026 y 2030, viviendas perderán su protección 341.487.

Desde 1968 en España se han construido 4,81 millones de viviendas protegidas. La gran mayoría de los 3,31 millones anteriores a 1991 ha pasado al mercado libre, a excepción de las públicas de alquiler, muchas de ellas propiedad del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta a la democracia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

Navarra inició en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid. 

Son datos que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presentó esta semana durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra. Datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y que indican que hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Suponen un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja “el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible”, ha señalado la consejera Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en todo el país, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3. 

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

Evolución del parque de vivienda

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

El número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

Subvenciones y ayudas en 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas. 

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

El consejero Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, ha anunciado este martes una nueva reforma de la ley vasca de Vivienda de 2015, la segunda en la legislatura, para dar más poder a la Administración en la venta de viviendas protegidas, que salen al mercado con precios regulados. Eso permitirá, por un lado, seleccionar a los nuevos titulares desde las listas de Etxebide conforme a criterios más objetivos y, por otro lado, evitar un “fraude generalizado” que consistía en solicitar un plus en concepto de “muebles” o similar para acercar el precio del piso al del mercado, mucho más alto, y obtener un beneficio.

En la Cadena Ser, Itxaso ha asegurado que se ha detectado “un problema que se está institucionalizando” y que consiste en “exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario”. Vivienda calcula que anualmente se realizan unas mil operaciones con viviendas protegidas y sostiene que “la generalización de estas prácticas obliga a introducir un mayor control público para preservar la función social del parque protegido”. En ocasiones, esto se ha producido con la participación de inmobiliarias.

El Ejecutivo modificará la normativa en vigor de modo que los propietarios que quieran vender su casa protegida “deberán comunicarlo” a sus delegaciones correspondientes de Vivienda en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, “que asumirán la intermediación del proceso” y no sólo una labor de verificación, como hasta ahora. “La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide”, explica el Gobierno.

Son ahora mismo unas 24.000 las personas demandantes de vivienda en Euskadi que prefieren la opción de compra. Es un 20% del total de inscritos en Etxebide. Con el nuevo sistema, el vendedor ya no irá a Vivienda con una propuesta de comprador, sino que será la Administración quien tire de listas, como sucede con las asignaciones de alquiler. Así, se buscará una “adecuación” de las casas que salgan al mercado a las “necesidades específicas” de los demandantes. Se tendrá en cuenta el tiempo de espera, por ejemplo, o el tamaño de la unidad de convivencia en relación a las habitaciones de las casas. Según Itxaso, en “tres o cuatro meses” el vendedor podrá tener su dinero, unos tiempos no muy alejados de los actuales.

El Ejecutivo interpreta que esto supondrá mejorar la “respuesta pública” a la emergencia habitacional, “movilizar de forma más eficiente” el parque ya existente. Itxaso ha llegado a decir que el Gobierno vasco quiere ser una “gran inmobiliaria pública de la vivienda protegida”. Hasta ahora, había capacidad para imponer multas de hasta 45.000 euros -según una cifra dada por el propio consejero en una rueda de prensa- o que el Gobierno ejerciera el derecho de tanteo y se quedase con la casa en venta “cuando existían indicios acreditados de fraude”.

La ley vasca de Vivienda es de 2015. Fue aprobada mediante una carambola política. El PNV gobernaba en solitario y la norma la aprobaron desde la oposición el PSE-EE (los proponentes), EH Bildu y UPyD. Aquel texto fue el primero en España en desarrollar el derecho constitucional a la vivienda, de modo que quien reúna los requisitos tiene derecho a que la Administración le asigne una casa en alquiler asequible o a cobrar una ayuda (ahora de 300 euros) para facilitar la entrada al mercado libre.

En su décimo aniversario, mediante una proposición no de ley, esta norma y otras fueron retocadas. El Parlamento aprobó en diciembre de 2025 la reforma con la imagen reconciliación de PNV y PSE-EE en materia de vivienda después del encontronazo de 2015 y, sobre todo, de que el PNV recurriera al constitucional la ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez en contra del criterio del consejero vasco socialista, entonces Iñaki Arriola. El lehendakari, en un acto del PNV este domingo, ya avanzó que llegarían nuevas medidas en materia de vivienda.

Está por concretar el procedimiento elegido. Como proyecto de ley, la reforma requeriría de informes internos y de un plazo de tramitación administrativa largo antes de llegar a la Cámara. Como proposición de ley, los partidos pueden saltarse todo eso y bastaría con un dictamen favorable del Ejecutivo. La oposición está denunciando que el Ejecutivo, en esta legislatura, está abusando de esta fórmula. Sea como fuere, PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta para dar curso a esta iniciativa.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Es la primera vez que ocurre en España. Y no ha sido contra Vox, sino contra el gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y Partido Popular. Varias organizaciones sociales han demandado al Gobierno de Canarias por endurecer los requisitos de acceso a la vivienda pública, en sintonía con la denominada “prioridad nacional” de la extrema derecha.

Las organizaciones aseguran que esta medida “es ilegal” y confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les dará la razón dada la cantidad de precedentes judiciales que en toda Europa se han pronunciado contra la medida. Denuncian que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda del gobierno insular ante la falta de vivienda pública.

Así lo han explicado, en la mañana de este martes en rueda de prensa, las organizaciones Derecho al Techo y el Observatorio de Derechos Humanos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Canarias.  

El pasado 7 de abril entró en vigor el decreto que modifica los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial pública. El nuevo decreto establece un mínimo de 12 años de empadronamiento en Canarias de forma ininterrumpida. Una medida que para los demandantes “está en línea con la llamada `prioridad nacional´ que las derechas ya están impulsando en otras comunidades, como Aragón o Extremadura, y en varios países de Europa”, y que ya tiene en contra a la justicia europea. 

“Nos encontramos ante un mecanismo que crea barreras estructurales y, por tanto, desvirtúa la noción de vivienda protegida”, afirma Sofía Olivares del colectivo Derecho al Techo. 

“Aunque el presidente de Canarias defiende que en este territorio no hay cabida a la prioridad nacional, la realidad es que este decreto es un ejemplo claro de la prioridad nacional. Nosotros le llamamos prioridad racista, es una prioridad clasista, y es una prioridad abiertamente ilegal”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Estas organizaciones aseguran que el Decreto 23/2026 de 9 de marzo, contiene varias medidas que provocan lo que se denomina “discriminación indirecta”, es decir, que aunque en la norma no se pone de forma explícita que se excluya a un colectivo en particular, el diseño de la medida afecta de forma desproporcionada a un grupo en concreto. Y en este caso las más perjudicadas son las personas migrantes“, aseguran las organizaciones. 

“Esto no es un invento nuevo, ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de Clavijo. Esto es un invento del Frente Nacional de la extrema derecha de Francia en los años 80, que lo que tratan es de convertir los derechos en privilegios”, explicaba Miguel Ruiz.

Contra la jurisprudencia internacional

Las organizaciones sociales recuerdan que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que exigir “un requisito de 10 años para poder acceder a ayudas de servicios sociales era discriminatorio y, por lo tanto, es una jurisprudencia muy reciente que refuerza nuestra posición. Pero esta es una jurisprudencia que lleva desde los años 80 dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los distintos tribunales constitucionales”, asegura el abogado del Observatorio DESCA.  

Se refieren a la sentencia, publicada el pasado 7 de mayo, por la que la Gran Sala del TJUE formada por 15 jueces, considera que Italia había vulnerado el Derecho comunitario al exigir diez años de residencia, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía, una prestación de lucha contra la pobreza y reinserción laboral.

En declaraciones a este medio desde el Observatorio DESCA sugieren al presidente Fernando Clavijo que lo consulte con la IA. “Es un caso de manual, de hecho si le preguntas a ChatGPT sabemos que no hay que confiar en ChatGPT, pero es lo primero que te dice, ojo, cuidado, que esto puede ser discriminatorio”, ironizan desde el Observatorio DESCA.  

El decreto canario de acceso a la vivienda pública exige más años de arraigo que lo que se pide para obtener la nacionalidad española. Mientras en Canarias ahora se exige un mínimo de 12 años para acceder a una vivienda pública, en España para obtener la nacionalidad se piden diez años, como tiempo máximo general de residencia legal y continuada. 

Contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

Las organizaciones afirman que esta exclusión vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución Española, especialmente aquellos referentes al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a una vivienda digna. 

También señalan que “contradice los propios planes del gobierno canario”, como el Plan de inmigración y convivencia intercultural 2026-2029, que enfatiza “la importancia de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas en el disfrute de una vivienda adecuada, sin discriminación ni segregación”. 

Aseguran que este decreto no solo afecta a las personas migrantes de origen extranjero, “también quedan excluidas las personas de origen canario que vivan en la península y quieran volver”. 

“Irrazonable y discriminatorio” 

Además, califican de “discriminatorio e irrazonable” exigir estar empadronado o trabajar en el mismo municipio de forma ininterrumpida durante cinco años, una condición que perjudica a las personas que, por precariedad laboral y residencial tienen más probabilidades de cambiar de trabajo frecuentemente y tienen que mudarse de un municipio a otro.  

Otra de sus críticas va dirigida contra los nuevos baremos económicos, que también “resultan discriminatorios”. Como la condición de poseer unos ingresos mínimos de entre 12.600 euros y 21.000 euros al año, según la composición de la familia. Según los cálculos del Observatorio DESCA y de Derecho al Techo, a través de los datos publicados por el INE, hasta el 16,8% de las personas inquilinas de Canarias se verían excluidas directamente por este baremo de requisitos económicos. Lo que supone más de 68.144 hogares, independientemente de si son de origen canario o no. 

También critican que el decreto canario excluye a quienes han tenido que ocupar una vivienda. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya ha establecido que los reglamentos que permiten el acceso a las viviendas protegidas y a los servicios sociales no pueden estigmatizar a la población más vulnerable y que las conductas de estas personas que ocupan porque no hay un parque público de vivienda suficiente no puede ser una excusa para castigarlas”, explica Miguel Ruiz del Observatorio DESCA.

“Miseria Nacional”

Derecho al Techo y el Observatorio DESCA consideran que los requisitos que exige el gobierno canario “constituye más bien una ´miseria nacional´ y que se trata de un intento de ocultar las carencias en política de vivienda ante la falta de vivienda pública”, con el precio del alquiler disparado, la expulsión de residentes de las ciudades, y el “secuestro de la oferta de vivienda por parte del sector turístico”, añaden.

Estas organizaciones sociales apuestan por una “prioridad habitacional”, con una serie de medidas que “sí funcionan y no dejan a nadie fuera”, como: la ampliación y blindaje del parque de vivienda protegida, “ya sea con la cesión de solares a promotoras o el uso del tanteo y el retracto”, imponer impuestos a los pisos vacíos de bancos y fondos buitre; prohibir las viviendas de uso turístico para que retornen al mercado residencial, unas 50.000 viviendas en 2025, o limitar las compras de viviendas por parte de inversores con intenciones especulativas. Y por supuesto, regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas. 

“Hay un montón de viviendas vacías en manos de fondos buitres, a los que hay que penalizar de una vez por todas. Y, por supuesto, hay una medida que la pueden aprobar mañana, que es: limitar los precios de alquiler, declarando zonas tensionadas. Esto está solicitado incluso por algunos ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria”, explica Isabel Saavedra, abogada del colectivo Derecho al Techo. 

Ambas organizaciones instan al Gobierno de Canarias a ser “más valiente y ambicioso con las políticas públicas” para abordar el problema de la vivienda en Canarias “sin dejar fuera precisamente a quienes más lo necesitan”.

Esta demanda puede tardar un año en resolverse. El abogado del Observatorio DESCA ha explicado que el recurso tiene una tramitación preferente porque el decreto ya está en vigor, y afecta a todas las personas que quieran acceder a una vivienda protegida, “por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia le va a tener que dar preferencia, pero esto puede tardar incluso un año en tener una resolución final”. 

Aunque aseguran que tienen “plena confianza” de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les vaya a dar la razón por la amplia jurisprudencia que ya existe, recuerdan que todavía podrían acudir “al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional”, y aseguran que incluso podrían llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha cuestionado este martes que el Gobierno municipal “haya decidido ocultar deliberadamente el desarrollo urbanístico del sector sur mientras acelera la operación urbanística de Ramblasque”.

Antoñanzas ha explicado que el sector Sur, delimitado en 2010 y situado tras las instalaciones deportivas de Pradoviejo, cuenta con una superficie de más de 1,8 millones de metros cuadrados y capacidad para desarrollar 6.040 viviendas, de las que la mitad estarían reservadas para vivienda protegida. “La propia COTUR, en su informe sobre Ramblasque, cuestiona que, si es tan urgente la vivienda protegida, por qué Logroño no ha activado el sector Sur, donde hay previstas 3.020 VPO”, ha afirmado.

Al igual ha calificado de “sorprendente” que “el PP y PSOE hayan votado en contra de la propuesta del Partido Riojano de aumentar al 50 por ciento la reserva de VPO en Ramblasque, cuando 15 años atrás estuvieron de acuerdo en que la mitad de la vivienda prevista en el sector Sur fuese para vivienda protegida”.

El concejal riojanista también se ha referido a las declaraciones realizadas la semana pasada por la portavoz del Gobierno municipal, en las que aseguraba que Ramblasque “es el mayor potencial residencial de la ciudad por el que hemos apostado ante la demanda de vivienda que existe”.

Al respecto, Antoñanzas ha apuntado que “si tan urgente es construir vivienda protegida y aumentar la oferta de suelo en Logroño, resulta incomprensible que el Gobierno municipal haya prescindido del sector Sur en su Plan de Vivienda, que permitiría el mayor desarrollo residencial de la ciudad en años”. Para Antoñanzas, “el verdadero misterio urbanístico de Logroño no es el pelotazo que se quiere dar en Ramblasque, sino por qué el sector Sur ha sido excluido del debate político, y el señor Escobar debe explicarnos qué intereses hay detrás”.

El portavoz regionalista también ha cargado contra la modificación puntual planteada para Ramblasque, que “ha recibido una contestación demoledora por parte de la COTUR, con duros reparos técnicos y jurídicos”. Ha recordado que esta operación urbanística se ha tramitado al margen de la revisión del Plan General, obviando dos sentencias judiciales, sin estar suficientemente motivada y sin estudios sobre el impacto que tendrá la incorporación de 8.000 nuevos residentes en el tráfico, servicios e infraestructuras.

A juicio del regionalista, “el equipo de Gobierno está utilizando la necesidad de vivienda protegida como excusa para justificar una reordenación urbanística acelerada y al margen de la revisión del Plan General”.

Las prioridades de los regionalistas

Para Antoñanzas, “la prioridad debería ser el desarrollo de 6.000 viviendas en el sector Sur, ejecutar sin excusas ni demoras el vial de avenida de la Sierra, tramitar Ramblasque en el marco del Plan General y desbloquear las 1.200 viviendas del soterramiento”.

Ha recordado que “la prolongación de avenida de la Sierra es perfectamente viable y la prueba más evidente de que este vial se puede hacer es el carril ciclopeatonal que ha construido el Gobierno de La Rioja llegando a acuerdos con los propietarios de los terrenos”. Antoñanzas también ha lamentado que el Plan Municipal de Vivienda no incluya las 1.200 viviendas previstas en los terrenos del soterramiento. “Los gobiernos de Capellán y Escobar han sido incapaces de exigir al Ministerio que cumpla con Logroño y ponga a disposición de la ciudad los terrenos para rematar el barrio de Cascajos este mandato”.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.