España vierte un 20% más de contaminantes de nitrógeno a sus aguas que en 2010. Solo Portugal y Dinamarca presentan unos datos similares en la Unión Europea. De hecho, al menos 13 estados miembro han reducido este tipo de polución derivada de la ganadería y la agricultura intensivas, según el último informe sobre vertidos industriales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés).

El análisis de la Agencia muestra que, en la Unión Europea, estos vertidos que provienen básicamente de los desechos del sector primario han caído un 16% en esos 14 años, mientras que en España han crecido un quinto.

Detrás de esta contaminación está en buena parte la sobrefertilización de los cultivos “íntimamente relacionada con la intensificación de la agricultura”, explica la ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Estela Romero. Los desechos ganaderos también contribuyen al problema.

La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos

Estela Romero — Ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

“La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos”, resume la investigadora a elDiario.es.

Sobrefertilizar es, en palabras llanas, echar más nutrientes de los que las plantas son capaces de absorber con el objetivo de obtener cosechas más copiosas. “Los cultivos son frecuentemente sobrefertilizados y sobrerregados para conseguir más rendimiento, lo que conlleva un alto riesgo de filtraciones”, según describe este análisis sobre la dinámica del nitrógeno en los cultivos del mediterráneo.

“Estamos pagando una política de apoyo al uso de nitratos porque la producción es la única manera de que a los agricultores les salgan las cuentas”, analiza el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernando Llop. “Como les pagan muy poco por kilo, tienen que producir mucha cantidad para compensar”.

En las cuencas de España y Turquía se constata una alta entrada de nitrógeno y fósforo para fertilización al tiempo que bajas tasas de exportación, es decir, salida de esos compuestos por el mar. Romero ha calculado que se aplican unos 3.500 kg de nitrógeno por km² al año y que el 75% de lo añadido queda retenido en suelos y aguas.

El nitrógeno que entra y no sale hacia el mar se queda en los ecosistemas ya sea acumulado en los suelos o infiltrado en los acuíferos (más una parte que se elimina). En zonas áridas o semiáridas (como el 75% del territorio español) donde hay menos escorrentía y mucha regulación hidrológica, es decir, muchos embalses, se retiene más nitrógeno.

De esta manera, los embalses actúan como “trampas de nutrientes”, explica la investigadora del CREAF. Y eso se ve en cuencas como la del Ebro, el Júcar o el Segura.

Más fertilizante no asegura más producción

Y lo peor es que esta sobrefertilización, en realidad, es muchas veces inútil desde el punto de vista agrícola. “En regiones con escasez de agua, los cultivos se saturan de nitrógeno rápidamente”, explica el estudio encabezado por el investigador del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Lasaletta. Y el exceso de este compuesto y los vertidos contaminantes “pueden ocurrir incluso con tasas de fertilización bajas”.

Esto rompe la idea de que a más fertilizante mejor cosecha. Hay un punto de saturación a partir del cual no se produce más, pero sí se acumula el excedente de nitrógeno.

En las últimas seis décadas el cultivo de arroz, soja, maíz y trigo a nivel mundial ha sobrefertilizado los campos: una parte importante del nitrógeno, fósforo y potasio aportados no lo han absorbido las plantas y se han quedado en los ecosistemas generando “un importante impacto en el medio ambiente”, según ha calculado un reciente estudio del CREAF y el CSIC publicado en Nature Communications.

Este trabajo muestra que hay zonas del planeta, como Asia, donde el uso de fertilizantes “puede ser descontrolado y excesivo”, mientras en Europa, tras mucha sobrefertilización, “se gestionan mejor aunque aún se aplican en exceso”. De hecho, Estela Romero explica que, en Francia, los suelos han acumulado tanto fósforo extra que ahora “no es necesario aplicarlo”.

Bomba ambiental a largo plazo

La sobrefertilización es una bomba ambiental. Su principal daño es que causa la denominada eutrofización, un tipo de “contaminación grave del agua”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica.

El ciclo mortal es el siguiente: el exceso de nutrientes provoca estallidos de algas. La capa espesa y oscura de estas algas que cubre el agua impide que la luz penetre. Eso causa que la vegetación del fondo de un río o un lago muera. Las bacterias descomponen toda esa materia orgánica muerta y consumen gran cantidad de oxígeno. Sin oxígeno (anoxia), la zona se convierte en una zona muerta donde peces, moluscos o crustáceos no pueden vivir más.

Reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. Dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministro, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario

Josep Peñuelas — Investigador del CSIC en el CREAF

Además, la contaminación por nitrógeno en el suelo supone un peligro de legado tóxico a largo plazo. El riesgo de los daños que causa se prolonga en el tiempo aunque se reduzcan los inputs de nitrógeno. La investigación de Estela Romero dice: “Podemos estar posponiendo y extendiendo en el tiempo los problemas de contaminación como se constata en muchos países europeos que actualmente tienen bajos niveles de calidad de agua debido a las prácticas agrícolas del pasado. Puede dificultar la consecución del buen estado de las masas acuáticas durante décadas”.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF y coautor del estudio de Nature, concluye que “reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. En el caso de Europa dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministros vinculadas a conflictos geopolíticos, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario”.

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

La organización ecologista Greenpeace ha presentado nuevas imágenes de cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar, que contiene los lodos tóxicos del desastre ocurrido en 1998, se está filtrando y contaminando el río Agrio y el río Guadiamar, llegando así al Guadalquivir, una situación que no es la primera vez que ocurre. Tal y como ha denunciado en un comunicado, este drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados, una situación que se produce cuando este sábado se cumplen 28 años del vertido minero de Boliden en Aznalcóllar.

Una situación que, además, se ha visto agravada tras el pasado tren de borrascas que azotó la geografía andaluza con especial virulencia. La organización ha avisado así de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México a través de Minera Los Frailes. La empresa asegura que su proyecto acabará con este problema, al incluir la regeneración de los pasivos mineros que provocan este problema.

“Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera alcantarilla minera. Es una irresponsabilidad por parte de la Junta que no podemos permitir”, ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

“Atropello ambiental”

Hace ahora casi un año, la Junta de Andalucía dio luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que según los ecologistas supondría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados a través de una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir, durante más de 18 años.

Así, una parte de esas aguas procederían del vaciado de las cortas donde están almacenados los lodos tóxicos del desastre minero de 1998. Ante este “atropello ambiental”, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada exigiendo la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, la cual tachan de “nula de pleno derecho”.

Según han subrayado, a esto se suma la amenaza de la mina de Cobre Las Cruces, donde tras operar desde 2009 como explotación a cielo abierto, provocando contaminación ecotóxica en el Guadalquivir, la minera “pretende ahora perpetuarse con un proyecto de minería subterránea en galería”.

Por ello, esta nueva fase contempla un vertido masivo de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en su punto de vertido en La Algaba, una situación que Greenpeace ha considerado “una temeridad inaceptable que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, ignorando la correlación directa ya demostrada entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario”.

“Efectos sinérgicos”

Greenpeace ha advertido que los dos vertidos dejarían “tocado de muerte al río Guadalquivir”, y que la Junta de Andalucía “no está teniendo en cuenta sus efectos sinérgicos”, ya que “ambos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían una nueva presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana”.

“Esto resulta especialmente preocupante cuando el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a restaurar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030; en España solo el 9% de los hábitats está en buen estado. Por ello, más que asumir nuevos impactos para restaurar después, debe aplicarse el principio de no deterioro y proteger la zona”, ha aseverado el colectivo ecologista.

En esta línea, estudios científicos llevados a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han constatado la presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la Unión Europea en albures, un pescado muy consumido en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha demostrado presencia de arsénico al límite de lo permitido por la Unión Europea en galeras, un crustáceo muy popular y que juega un papel importante en la gastronomía y la economía de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Estas investigaciones critican además que, de producirse los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir se multiplicaría por diez.

Greenpeace ha enmarcado así que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir.

Posible impacto en el arrozal

Por otro lado, y según los ecologistas, estos vertidos también podrían poner en peligro al sector agrario: el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir –el mayor arrozal de España, con una superficie de más de 36.000 hectáreas– se encontraría en grave peligro al estar utilizando agua con una alta cantidad de arsénico, un metal pesado que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace ha avisado que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía “ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de sustancias tóxicas”. “A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente”, ha asegurado.

Del mismo modo, Greenpeace ha subrayado que numerosos estudios científicos han avisado de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar, ya que la presa de Alcalá del Río actúa como un “fondo de saco”, frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo.

A esto se suma el llamado “tapón salino” en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores. Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico, sino que se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica.

“Debemos aprender de los errores del pasado”

Con los episodios de lluvia intensa o cuando se desembalsa agua de la presa de Alcalá del Río, se produce una salida de estos lodos decantados que terminan llegando al Golfo de Cádiz, e incluso al Mar de Alborán, afectando también allí a la red trófica marina.

Por todo ello, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona. Por otro lado, ha reclamado la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.

La organización ha incidido en que estos dos proyectos de vertidos mineros se asientan sobre uno de los mayores desastres ambientales de España: la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa en abril de 1998, que hace 28 años arrasó el corredor del Guadiamar con siete millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

El resultado fueron los lodos tóxicos retirados y almacenados en las cortas mineras, 80 kilómetros del río afectados, 4.600 hectáreas de cultivo envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación, 30 toneladas de animales muertos y acuíferos altamente contaminados. Unas 5.000 personas se quedaron sin empleo y las pérdidas económicas rondaron los once millones de euros.

“Debemos aprender de los errores del pasado: animamos a toda la sociedad civil, a los agentes sociales y a los sectores productivos que dependen del buen estado de la biodiversidad del río Guadalquivir a que se movilicen para parar este desastre. No más vertidos mineros al río”, concluye Luis Berraquero.

Un árbol puede limpiar el aire, pero su presencia depende de espacio, suelo y unas condiciones que no siempre se cumplen en una ciudad. Los árboles siguen siendo la principal referencia cuando se habla de entornos urbanos más verdes, aunque su papel encuentra límites claros cuando el asfalto ocupa cada rincón y la contaminación complica su crecimiento.

En muchas calles no hay tierra disponible, y en otras el nivel de gases hace difícil que un ejemplar joven llegue a desarrollarse con normalidad. Esa situación empuja a buscar soluciones que mantengan la función de limpiar el aire sin depender de raíces ni parques amplios. A partir de ahí aparecen sistemas que replican ese trabajo en formatos distintos, pensados para encajar justo donde un árbol no puede existir.

Serbia instaló en 2021 un sistema urbano con microalgas

Serbia instaló en Belgrado el primer sistema urbano de este tipo en 2021, un fotobiorreactor llamado LIQUID3, desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinar de la Universidad de Belgrado y recogido por United Nations Development Program (UNDP). Desde entonces, el dispositivo lleva años en funcionamiento como parte de las soluciones que la ciudad ha ido probando para mejorar la calidad del aire.

Este dispositivo utiliza agua y microalgas para capturar dióxido de carbono y generar oxígeno mediante fotosíntesis. Funciona como una unidad autónoma que se coloca en plena calle, sin necesidad de suelo natural, y responde a un problema concreto en ciudades donde el espacio verde escasea. El proyecto se concibió como una herramienta para mejorar la calidad del aire en zonas con alta concentración de emisiones.

El sistema se basa en un depósito transparente con unos 600 litros de agua donde viven microalgas de una sola célula. Estas algas absorben el dióxido de carbono del aire y, con la luz, lo transforman en oxígeno y biomasa, un proceso que replica la fotosíntesis vegetal pero en un entorno controlado.

El diseño incluye una estructura que permite captar la mayor cantidad posible de luz y, en algunos casos, un sistema de bombeo que introduce aire en el tanque para que el intercambio de gases sea continuo. Además, el dispositivo incorpora paneles solares que alimentan la iluminación nocturna y otros elementos integrados como cargadores para teléfonos.

El sistema se mantiene con ciclos periódicos de renovación

El funcionamiento no se detiene tras la primera fase de crecimiento. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada seis semanas, se retira la biomasa generada por la multiplicación de las algas, se añade agua y minerales, y el proceso continúa. Ese material extraído tiene uso como fertilizante, lo que añade una salida práctica al residuo generado. Las microalgas utilizadas proceden de entornos naturales del propio país y tienen la capacidad de crecer en agua corriente, además de soportar variaciones de temperatura sin perder actividad.

La necesidad de soluciones como esta se entiende al observar el contexto urbano. Según Francine Pickup, representante residente del UNDP en Serbia, “las ciudades son la fuente de hasta el 75% de las emisiones totales de CO2 en el mundo”. A esto se suma que el 59% de la población serbia vive en zonas urbanas, una cifra que sigue creciendo y que aumenta la densidad de tráfico, el uso de calefacción y refrigeración y, con ello, la cantidad de gases en el aire.

Los investigadores comparan su eficacia con árboles y césped

En ese entorno, plantar árboles no siempre resulta viable. Hay barrios sin espacio libre y zonas donde la contaminación dificulta que los árboles sobrevivan. En Belgrado, la presencia de grandes centrales de carbón cercanas y el tráfico urbano generan niveles elevados de partículas y gases, con cifras de contaminación que han situado al país entre los más afectados de Europa en varios informes. En estas condiciones, algunas especies vegetales no resisten, mientras que las microalgas mantienen su actividad.

La comparación entre ambos sistemas explica el interés por este tipo de tecnología. Ivan Spasojevic, investigador del proyecto, explicó que “las microalgas en LIQUID3 reemplazan dos árboles de 10 años o 200 metros cuadrados de césped”.

Esa capacidad se debe a su velocidad de crecimiento y a la intensidad de su proceso de fotosíntesis, que puede ser entre 10 y 50 veces más eficaz que el de las plantas terrestres. Aun así, el propio equipo insiste en que el objetivo no es sustituir los bosques, sino ocupar los huecos donde no es posible plantar.

El proyecto se integra en la ciudad con funciones para vecinos

El primer prototipo se instaló el 9 de septiembre de 2021 frente al Ayuntamiento de Stari Grad, en la calle Makedonska de Belgrado, una zona con tráfico intenso. El sistema se integró como un banco urbano con iluminación y puntos de carga, lo que permite que cumpla una función diaria para los ciudadanos mientras actúa sobre el aire. La estructura está pensada para operar durante todo el año, incluso en invierno, gracias a su sistema de regulación interna.

El proyecto recibió un reconocimiento dentro del programa Climate Smart Urban Development, impulsado por el UNDP junto al Ministerio de Protección Ambiental de Serbia y con apoyo del Global Environment Facility. Fue seleccionado como una de las 11 soluciones más destacadas en ese marco, mientras el municipio de Stari Grad facilitó la ubicación para su instalación.

Ese respaldo institucional confirma que estas propuestas se están incorporando como parte de una estrategia urbana más amplia, donde cada dispositivo ocupa un espacio que antes quedaba sin opción para plantar nada.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

Varios ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidas dos consejeras, no serán finalmente procesados por el caso de los gases tóxicos de la barriada del Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río, una contaminación que sufren unas 4.000 personas. El colectivo que las aglutina, la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río, denunció a altos responsables de Salud (entre ellas, las dos consejeras) por un presunto delito de “prevaricación omisiva”, es decir, por inacción ante lo que estaba ocurriendo. La resolución judicial no es firme y todavía puede ser recurrida.

La denuncia –que llevó al juez a incoar las diligencias previas que ahora se cierran– incluía a Catalina García, consejera hasta 2024 de Salud y actual titular de Medio Ambiente, y a Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Hernández cesó en el cargo el pasado mes de octubre arrastrada por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

La entidad denunciante apuntó en total contra seis altos cargos, entre ellos la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándoles de “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha decretado –en un auto al que ha tenido acceso este periódico– el sobreseimiento y archivo de la causa “por no quedar debidamente justificada la perpetración de delito alguno, quedar esclarecido el hecho y no ser necesario la práctica de diligencias de investigación”.

Hasta cinco presuntos delitos

El caso que derivó en el señalamiento de las consejeras se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir denunciaron fuertes olores a gasolina incluso en el interior de sus viviendas, lo que habría derivado en problemas de salud de numerosos afectados. Los gases tóxicos provendrían presuntamente de una gasolinera cercana, lo que dio lugar a una investigación judicial por un posible delito contra el medio ambiente. El caso fue archivado a finales de 2024, pero se reactivó al confirmar la Fiscalía la existencia de “daño constatado en la salud y afección demostrada” a los vecinos.

En este contexto, la asociación vecinal decidió actuar también contra varios responsables sanitarios, a los que acusaban de no tomar cartas en el asunto para atajar el problema. En concreto, el año pasado les acusó de los delitos contra el medio ambiente, de prevaricación omisiva y prevaricación medioambiental omisiva, lesiones y tratos degradantes.

En cambio, el instructor considera que una querella “exige la existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal” y que, como en este caso, “cuando resulta la inexistencia de indicios de la perpetración de un ilícito penal, la instrucción agota su función”. La base de la denuncia es la inacción de los altos cargos de Salud, algo que el auto descarta porque en todo momento actuaron conforme a la información que tenían.

Informes de Salud descartando riesgos

En concreto, señala que reclamó un informe a la actual Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia para determinar los pasos dados por los querellados. “Los informes declaran que no hay riesgo significativo y que en el momento de emisión de los tóxicos no se puede concluir la existencia de un riesgo para la salud”, fue la respuesta obtenida.

Eso sí, el juez recuerda que esta conclusión “no es definitiva” y que están pendientes informes forenses para conocer el alcance de las lesiones en el marco de la causa que se sigue por un posible delito ambiental. Pero los ahora exculpados tomaron decisiones “basándose en dichos informes en el momento en que fueron emitidos”, de ahí que no accedieran a las peticiones que hacía la asociación, lo que “no supone automáticamente la comisión de un delito de prevaricación omisiva”.

En cuanto a la prevaricación administrativa o medioambiental, tanto activa como omisiva, “trata de castigar supuestos arbitrios, circunstancias que no han sido acreditadas en el presente procedimiento”. Si no se da este caso, argumenta el magistrado, “tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciadas”.

Tirón de orejas a los denunciantes

Asimismo, no aprecia pruebas del “trato degradante denunciado”, ya que no acceder a las peticiones del colectivo vecinal “no conlleva la comisión de un delito de trato degradante”. Y cierra su auto con un tirón de orejas a los denunciantes: “No se puede acudir a la jurisdicción penal para obtener lo que se ha rechazado en sede contencioso-administrativa, máxime cuando la vía penal es la última ratio”.

Así que su conclusión es que “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la causa”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de la misma. La decisión no es firme porque todavía los querellantes pueden interponer recurso de reforma o de apelación.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado este miércoles la negativa de PP y Vox en sede parlamentaria a hacer públicos los resultados del estudio sobre la contaminación por metales pesados del Campo de Cartagena que la Consejería de Agricultura encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 y que revelan altos niveles de metales pesados en las tierras de cultivo del arco sur de la comarca.

La coalición de izquierdas ha llevado al Hemiciclo una moción para exigir al Ejecutivo regional no solo la publicación inmediata del informe, sino también la puesta en marcha de medidas urgentes, como aplicar el principio de precaución y adoptar los controles necesarios de los productos agrarios en aras de proteger la salud de los consumidores y de los trabajadores del campo, y aprobar antes de finales de 2026 el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).

Sin embargo, los votos en contra de la derecha y la ultraderecha han rechazado la iniciativa, pese a los favorables de Podemos-IU-AV y PSOE, de modo que el informe, cuyos resultados certifican que los niveles de plomo y cadmio son, respectivamente, diez y cinco veces superiores a los límites legales en tierras agrícolas, no verá la luz. “El pasado 4 de febrero, la Consejería de Agricultura resolvió en documento oficial, ante una solicitud de información pública, que el informe no existía”, ha explicado Marín durante su intervención. Pero unos días después “cambió la versión y admitió que el estudio había sido entregado, pero que no cumplía con los objetivos y que iba a reclamar a la universidad el reintegro de la subvención, de 293.035 euros”.

“La consejera, Sara Rubira, ha mentido. Sí tenían el informe. Los han pillado con las manos en la masa, y mentir en documento público es un delito”, ha manifestado la diputada, antes de enunciar varias preguntas que no han obtenido respuesta. “¿Por qué han mentido? ¿Por qué no quieren hacer públicos los informes? ¿Qué pone en ese estudio que tanto miedo tienen?”.

“Existe un grave problema de contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena que proviene de la Sierra Minera. No pueden negar la evidencia. Frente a eso, la estrategia del PP ha quedado clara. Es mejor callarse, a ver si el problema se resuelve solo o se olvida. Es lo que llevan haciendo 30 años. Pero los problemas no se resuelven solos. Se agravan. Lo mismo que ha pasado con el Mar Menor”, ha proseguido.

La diputada ha acusado a la bancada popular y a los sucesivos ejecutivos autonómicos de “dañar a los agricultores por hacer caso omiso y no tomar ninguna medida para descontaminar la Sierra Minera”.

Por su parte, el diputado de Podemos-IU-AV José Luis Álvarez-Castellanos ha responsabilizado a Sara Rubira de “negar la evidencia” del informe, que fue entregado a la Consejería en mayo de 2025, y de no ofrecer ni una sola explicación al respecto en la Asamblea cuando se le interpeló por ello. “Se limitó a leer el decreto de concesión de la concesión del estudio, y a decir que no aporta los requisitos metodológicos exigidos”, ha evidenciado.

“Este tema necesita de una explicación coherente, necesita que la consejera dé la cara y ponga los documentos a la disposición pública de esta Cámara. Ella es la principal responsable de la mala imagen del Campo de Cartagena”, ha añadido Álvarez-Castellanos.

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha recalcado que la moción debería “haber obtenido la unanimidad” del Hemiciclo. “Rubira está atentando contra el derecho a la información pública de una situación que pone en riesgo la salud de todos”, ha concluido.

La Guardia Civil ha investigado al propietario de un desguace de Alcázar de San Juan por operar presuntamente de forma irregular al certificar “falsamente” la descontaminación de vehículos al final de su vida útil de los que no extraía ni reciclaba adecuadamente los aires fluorados de los aires acondicionados.

Dentro de la denominada operación 'Fulcat', el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real detectó estas prácticas e investigó al propietario por la comisión de unos supuestos delitos de falsificación continuada de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Se detectó en una inspección rutinaria del Seprona

Durante una inspección rutinaria en el mes de octubre, del pasado año 2025 agentes del Seprona detectaron graves irregularidades en las instalaciones de este desguace. Debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos depositados, se programó una segunda inspección, conjuntamente con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

En las instalaciones, se confirmaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de los vehículos al final de su vida útil. Por tales hechos, los agentes actuantes del Seprona iniciaron una investigación más profunda con el objetivo de aclarar la situación de los vehículos que se encontraban sin la adecuada descontaminación exigida por la normativa.

El titular de la empresa implicada se enfrenta a cargos por delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental. La trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando en realidad, los automóviles eran acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecían de autorización administrativa, la cual había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).

Esta actividad ilícita provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivaba en el vertido de residuos peligrosos directamente sobre la superficie del terreno.

Igualmente, se comprobó que los gases fluorados de los aires acondicionados de los vehículos no se extraían ni reciclaban de forma adecuada, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera.

Estas emisiones dañan gravemente la capa de ozono y potencian el calentamiento global. Por ello, la normativa actual exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero.

No obstante, no solo se vulnera de esta manera la legislación medioambiental, sino que también puede generar una competencia desleal con los gestores de residuos u otros desguaces dedicados a este tipo de gestión que si cumplen la normativa, advierte la Guardia Civil.

Un informe pericial para determinar el impacto ambiental

Para confirmar todos estos extremos, se está realizando un informe pericial por miembros de la Unidad Técnica de la Jefatura del Seprona, donde se va a estimar mejor las cantidades y el impacto ambiental que se podría estar ocasionando al medio ambiente, concretando las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.

Han pasado 10 años desde el Mar Menor se tornó verde en un desastre ecológico sin precedentes al que le siguió las devastadoras mortandades de peces del año 2019 y 2021. Lo ocurrido vino acompañado de una gran movilización social, un movimiento que acabó otorgando a la laguna salada unos derechos pioneros con el reconocimiento de su personalidad jurídica en el año 2022.

Ríos de tinta se han derramado sobre lo ocurrido desde entonces, pero aún no hay consenso entre los distintos grupos sociales -y mucho menos entre las formaciones políticas- sobre por qué el Mar Menor acabó en condiciones tan críticas.

Jose María Egea, codirector del documental 'El Mar no cesa' e investigador del CSIC, insiste en que no pretende señalar con el dedo a los causantes de la contaminación de la laguna. No porque no pueda ni quiera, sino porque le faltarían manos: “Es un problema muy complejo porque son muchos los sectores implicados. No hay dos bandos claros, sino que hay muchas convergencias y divergencias, posturas que se acercan y se alejan en función de quién las dice”, explica.

De esa complejidad nace este largometraje de dos horas, que pretende, sin juicios de valor, contraponer las perspectivas de los distintos sectores implicados en el Mar Menor: los impactos del sector agrícola y ganadero, la red de saneamiento municipal, las estaciones depuradoras, el turismo, la minería, la influencia del nivel freático del acuífero, las consecuencias del sector pesquero y las consecuencias en las especies amenazadas.

“Hasta ahora todo lo que se había hecho en medios de comunicación o en documentales había sido muy sesgado y parcial, y dependía mucho de quien estuviera detrás de esa información”, observa Egea.

El documental se estrenará este domingo 25 de enero a las 17:00 en los cines de Centrofama en Murcia, y tendrá un segundo pase el lunes 26 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 19:00 horas. Ha sido premiado por la 'Mejor edición' en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) de Ciudad de México (México); y seleccionado en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET.Doc en Santa Catarnina (Brasil) y el Zuma International Film Festival en Abuya (Nigeria).

“Hemos hecho 40 entrevistas [Egea y Paco Portero, quien codirige el documental]. Recuerdo que, cuando empezamos a esbozar sobre el papel cómo queríamos que fuese el documental, hablábamos de diez imprescindibles. Diez personas que tuvieran una voz reconocida con autoridad y competencia. Pero cuando abrimos la puerta de este campo tan complejo y empezamos a tirar del hilo, decidimos que no queríamos dejar a nadie sin que pudiera dar su visión y su punto de vista”, ha explicado.

Todas estas voces, tan dispares entre sí, se conjugan en una especie de diálogo: “Quisimos hacerlo parecido a 'La pelota vasca, la piel contra la piedra', el documental de Julio Médem, en el que constantemente hay una réplica y contrarréplica en función de un tema concreto”, abunda.

Natalia Corbalán y Teresa Vicente

“Tenemos estas pugnas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo está Natalia Corbalán, que es la directora de la Fundación Ingenio; y Teresa Vicente, que es la promotora de la ILP y Premio Goldman, es como el Nobel del medio ambiente”, ejemplifica.

De entre las decenas de testimonios, muchos a primera vista irreconciliables, Egea ha asegurado que ha encontrado consenso: “Todos coinciden en que en este problema hay una sinergia, una influencia de todos los sectores. Quizás hasta ahora se ha perdido mucho el tiempo en intentar ver qué porcentaje de culpa tiene cada sector, cuando tal vez lo importante es el perjuicio que provoca la suma de todos ellos”, apunta.

“Lo que realmente está dañando y perjudicando al Mar Menor es lo que se llama efecto cóctel en salud humana. Cuando hablas de tóxicos en el cuerpo, muchas veces la clave no es la cantidad de cada uno de esos tóxicos, sino el cóctel que supone la presencia de todos juntos a la vez”, insiste el investigador.

“No se trata de ver quiénes son los culpables, sino de tomar medidas y de llegar esos acuerdos. Y sobre todo, yo creo que también hay un claro propósito de despolitizar el asunto y ver que esto no es una guerra entre administraciones locales o regionales o estatales, sino que es un problema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Creo que la gente se ha dado cuenta de que salvar al Mar Menor es un trabajo de todos”.

“Las administraciones son las encargadas de tomar medidas y cada uno barre para su casa. Y el cortoplacismo de la política, que dura un intervalo electoral de cuatro años, hace que cueste tomar medidas a largo plazo, ya que existe el sentimiento de que el mérito se lo va a llevar otro”, señala Egea.

Desde los años 70 hasta nuestros días

De la misma forma que las causas de la contaminación de la laguna son innumerables por su complejidad, también es difícil establecer una cronología: “El documental empieza con testimonios de distintas personas que vivieron las mortandades [de 2019 y 2021]. Nos relatan en primera persona como vivieron esa tragedia que expuso la problemática ambiental al resto del panorama nacional. Pero esos episodios son la punta del iceberg, detrás de ellos hay un proceso lento y de degradación”, expone Egea.

“Desde las mortandades vamos desenmarañando lo que ocurrió a partir de los años 70, que es cuando se cambia de paradigma con la regeneración de playa, el aumento del urbanismo, el agua del trasvase, el boom del sector agrícola. El cambio brusco fue en los años 70 y a partir de ahí vamos contando un poco con la perspectiva de cada sector qué es lo que ha ido pasando”, describe el codirector del documental.

En la actualidad, Egea subraya cómo “de esa sopa verde y de esas mortandades, el Mar Menor se ha convertido en el ecosistema más monitorizado de este país. Hay muchos grupos tomándole el pulso constantemente, como si fuera un triaje de urgencias”.

“Con la presencia de todos los nutrientes que siguen llegando a la laguna cualquier cambio brusco en el entorno puede en cualquier momento desembocar en otros episodios de anoxia y de mortandad. Es lo que podríamos considerar un equilibrio inestable”, ha descrito.

La ofensiva antiecológica también es química. En solo tres años, Europa (y España) ha pasado de tener encima de la mesa un plan para reducir el uso de pesticidas en un 50% a permitir la aplicación casi indefinida de muchos de estos tóxicos cuyo uso intensivo daña el medio ambiente terrestre y acuático.

El recorte, que en junio de 2022 se expresaba como una necesidad para evitar “la contaminación del suelo, el agua y el aire, la pérdida de biodiversidad y el daño” derivado de la “aplicación intensiva de pesticidas químicos”, se ha diluido hasta dar paso, en diciembre de 2025, a una denominada “simplificación de la normativa alimentaria” y un “empujón a la competitividad de los productores europeos”. Ambas posturas son palabras de la Comisión Europea dirigida siempre por la alemana Ursula von der Leyen.

Se trata de la misma política del PP europeo que, en febrero de 2024, anunció en un discurso en el Europarlamento que la norma “para el uso sostenible de los fitosanitarios químicos se ha convertido en un símbolo de polarización” así que, directamente, retiró la propuesta.

Un año después, con el argumento de simplificar la regulación y favorecer a la industria agrícola, Von der Leyen ha auspiciado que se eliminen las revisiones obligatorias de autorización de pesticidas cuando actualmente la ley exige evaluar los efectos del producto a los diez años y luego cada 15 para que pueda seguir comercializándose. Una extensión del permiso por tiempo ilimitado.

Las organizaciones agrarias europeas como Copa-Cogeca han defendido desde el principio que las reducciones de pesticidas –que llamó de “enfoque ideológico”– socavan la producción de su sector. Consideraban que la propuesta sobre rebajar la aplicación de fitosanitarios era “inasumible”. En España, por ejemplo, la patronal Asaja calificó de “inaceptable” el proyecto sobre uso sostenible de fitosanitios votada en 2023 en comisión del Parlamento Europeo “por las gravísimas consecuencias sobre la agricultura europea”.

Por otro lado, tras conocerse esta última decisión de Bruselas, más de 200 científicos redactaron un comunicado en el que explicaban que estas nuevas normas debilitan “drásticamente” las capacidades de la UE para “gestionar los riesgos derivados del uso de estas sustancias tóxicas tanto para el medio ambiente como para la seguridad alimentaria”.

“La evidencia científica documenta que el uso de plaguicidas es un motor reconocido del declive de la biodiversidad, afectando a insectos, aves, anfibios, organismos del suelo y mamíferos”, le recordaba a la Comisión Europea.

No se circunscriben a ensayos o trabajos teóricos: en este sentido, España, por ejemplo, arrastra un problema de contaminación de aguas subterráneas, especialmente por el filtrado de los restos de productos químicos aplicados en la agricultura a través del suelo hasta los acuíferos. La última evaluación del Ministerio de Transición Ecológica admitía que hay “un gran número de incumplimientos detectados por toda la geografía española” respecto de las concentraciones máximas permitidas por la ley.

Una investigación de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, de julio de 2024 arrojó “niveles inesperadamente altos” de residuos de pesticidas agrícolas en los suelos donde se utilizan intensivamente en diversos campos de cultivo estudiados (entre ellos el Campo de Cartagena de la Región de Murcia).

Cada vez se instrumentaliza más las preocupaciones de los agricultores para desmantelar la legislación ambiental. En lugar de afrontar los problemas estructurales del sector, se debilitan las normas de pesticidas lo que, en realidad, responde a los intereses de las corporaciones agroquímicas no a las comunidades rurales

Clara Bourgin — Encargada de agricultura, biodiversidad y alimentación de Amigas de la Tierra-Europa

“Lo que hemos visto no es solo la influencia de la extrema derecha, sino también el giro de la derecha tradicional que cada vez instrumentaliza más las preocupaciones de los agricultores para desmantelar la legislación ambiental”, cuenta desde Bruselas la encargada de agricultura, biodiversidad y alimentación de la organización Amigas de la Tierra-Europa, Clara Bourgin.

Bourgin explica que “mediante el pretexto de defender a los agricultores con la regulación de los pesticidas, la derecha está atacando las normas diseñadas para proteger la salud pública, la biodiversidad y a los propios agricultores”. Se trata de una especie de “caballo de Troya”, prosigue, por el que “en lugar de afrontar los problemas estructurales del sector como los bajos ingresos agrícolas, las condiciones injustas del mercado o la concentración corporativa, se debilitan las normas de pesticidas lo que, en realidad, responde a los intereses de las corporaciones agroquímicas no a las comunidades rurales”.

¿Cómo hemos llegado a esto?

Cuando a principios de 2024 estallaron las tractoradas de protesta general de agricultores contra las políticas europeas salió a relucir el Pacto Verde Europeo. Las caravanas de maquinaria agrícola se prolongaron tanto en las carreteras de España o Francia (las principales potencias agrícolas de la UE) como en las calles de Bruselas, a las puertas del despacho de Ursula von der Leyen, quien buscaba ya renovar su mandato como presidenta de la Comisión Europea tras las elecciones que tendrían lugar ese mismo año.

Desde ese momento los proyectos y regulaciones relativas a los pesticidas han ido debilitándose progresivamente.

La postura representada por las macroorganizaciones agrarias como Cope-Cogeca es que necesitan los pesticidas químicos para mantener el nivel de producción que luego puedan comercializar. Que no disponen de sustitutos y que, además, imponen unos gastos imposibles para que sus explotaciones sean rentables.

“Prohibir diferentes productos sin tener suficientes alternativas efectivas no es un enfoque eficiente”, defendían poco antes de que la propuesta de reducción de uso desapareciera. “Es esencial que mantengamos nuestros rendimientos estables y produzcamos suficientes productos de alta calidad para contribuir a la seguridad alimentaria mundial”, añaden.

“La proclama de que debemos producir más para cubrir la demanda mundial es un reclamo habitual de la agroindustria, pero la realidad es que ya se produce suficiente y que el hambre no es consecuencia de una producción insuficiente, sino de un reparto desigual”, recuerda Bourgin.

Así que, según la ecologista, “echar para atrás décadas de protección frente a los pesticidas solo empeorará la biodiversidad lo que, a la larga, perjudica esa seguridad alimentaria, ya que el cultivo de alimentos depende de los ecosistemas que estamos dañando”.

El resultado político ha sido, hasta el momento, que, en Europa, se ha pasado de querer recortar el uso de pesticidas que contaminan el agua y el suelo a levantarles los controles.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) está desarrollando un nuevo instrumento electroquímico, único en España, para medir el potencial oxidativo de las partículas en suspensión. El equipo está concebido para evaluar de forma más precisa el impacto real de la contaminación del aire en la salud humana.

El proyecto está liderado por la profesora María Teresa Baeza y se enmarca en la iniciativa nacional titulada 'Un nuevo instrumento electroquímico en línea para medir las especies de oxígeno reactivo unidas a partículas en el aire interior y exterior', financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).

Según informa la Institución académica, el objetivo principal es “avanzar hacia una monitorización más completa y útil de la calidad del aire, alineada con los retos actuales de la salud pública y la normativa europea”.

Entender la toxicidad de las partículas en suspensión

El potencial oxidativo de las partículas se considera hoy un indicador clave para comprender su toxicidad. A diferencia de los sistemas tradicionales, centrados en medir únicamente la concentración o el tamaño de las partículas, este parámetro evalúa su capacidad para generar especies reactivas de oxígeno en el organismo. Estas especies son responsables del denominado estrés oxidativo, un proceso asociado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y a otros problemas graves de salud.

“El tamaño de la partícula es importante, pero su composición también lo es”, explica la profesora Baeza. “El potencial oxidativo permite integrar ambos factores y ofrece una medida más realista de la peligrosidad de las partículas para la salud”.

En este sentido, el nuevo instrumento en desarrollo permitirá medir este potencial en tiempo real, lo que supone un salto tecnológico significativo frente a los métodos actuales, basados en análisis de laboratorio más lentos y complejos.

“Un paso muy importante hacia un aire más limpio”

La relevancia de esta línea de investigación se ve reforzada por la nueva normativa europea sobre calidad del aire, que establece límites más estrictos para contaminantes como las partículas PM2.5 y PM10, el dióxido de nitrógeno o el dióxido de azufre. Además, la directiva incorpora parámetros más directamente relacionados con los efectos en la salud, como el potencial oxidativo, y fija como horizonte el objetivo de “contaminación cero” para el año 2050.

Según la investigadora de la UCLM, la nueva directiva representa “un paso muy importante hacia un aire más limpio”. Si se aplica de forma adecuada, permitirá que ya en 2030 se aprecie una mejora significativa en la calidad del aire en Europa y contribuirá a reducir las muertes prematuras y las enfermedades asociadas a la contaminación.

No obstante, también subraya la necesidad de acompañar estas exigencias normativas de una financiación suficiente que permita actualizar las estaciones de medición y facilitar la transición tecnológica requerida.

El instrumento que desarrolla el equipo de la profesora Baeza responde precisamente a esta demanda de monitorización avanzada. Al ofrecer datos en tiempo real sobre la toxicidad de las partículas, podrá convertirse en una herramienta clave para investigadores, responsables políticos y administraciones públicas, mejorando la evaluación del riesgo y la toma de decisiones en materia de calidad del aire.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sigue investigando la causa de la muerte masiva de las lubinas en las jaulas de cultivo ubicadas en el litoral de Telde (Gran Canaria) y el vertido marino en la costa este de la isla que obligó al cierre de playas de varios municipios. La Fiscalía de Medio Ambiente está a la espera de los informes que solicitó a los distintos ayuntamientos por el cierre de playas y de la remisión de las conclusiones de las analíticas que efectuaron algunas corporaciones locales. Sin embargo, las inspecciones continúan sobre estos vertidos, pero aún no se dispone de información sobre las causas y el origen, han recalcado las fuentes.

Según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente, que investiga la mortandad de los peces tras la denuncia que presentó el pasado 17 de octubre la empresa que cultiva las lubinas, se está pendiente de los resultados de una analítica remitida a un laboratorio especializado tóxicología por el Seprona para conocer la causa de la muerte de los peces.

El fiscal de Medio Ambiente, Miguel Hernández, reclamará de nuevo este jueves a los ayuntamientos que informen del estado de sus playas.

Solo el municipio de San Bartolomé de Tirajana ha comunicado que sus playas ya están todas abiertas.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas abrió diligencias de investigación por el vertido el pasado día 17 de octubre, tras recibir la comunicación de la empresa concesionaria de la explotación de acuicultura de la muerte masiva de peces en el litoral de Telde, según informó en un comunicado.

Además, acordó de manera inmediata encomendar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la práctica de las diligencias que fuesen necesarias para la averiguación del origen, causa y autoría del vertido.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha reclamado este miércoles que todas las administraciones implicadas “entren de una vez en el fondo del asunto” para esclarecer el episodio de mortandad de peces registrado en las piscifactorías de Salinetas.

Ha recordado que situación ha obligado al cierre preventivo de cinco playas del municipio.

Un grupo de al menos seis personas de origen estadounidense cruzó de forma irregular este lunes a primera hora de la mañana el Río Bravo que separa México de Estados Unidos a la altura de la playa Bagdad, en el municipio de Matamoros del Estado de Tamaulipas, para colocar al menos seis señales de advertencia que señalaban la zona como “Zona Restringida” y citando órdenes del Departamento de Defensa de EEUU.

Los carteles fueron instalados sobre las 10.00 (17.00h en la España peninsular) en territorio mexicano, en la zona de desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México, y algunos de ellos quedaron incluso colocados incluso dentro del mar, según la denuncia realizada en redes sociales por la ONG ambientalista mexicana Conibio Global A.C. este lunes.

La ONG quiso hacer público lo sucedido y notificó a las autoridades mexicanas, ya que, según informaron en la red social Facebook “esta zona forma parte de un espacio ecológicamente sensible” en el que ha sido documentada la presencia de diferentes especies, algunas de ellas protegidas, como aves migratorias, cocodrilos, tortugas marinas o manatíes.

Minutos después, soldados de la Marina de México se personaron en el lugar y retiraron los carteles de advertencia, como se puede apreciar en las imágenes hechas públicas por la ONG Conibio Global A.C. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial en la tarde del lunes en el que confirmó la retirada “de manera preventiva” de los seis letreros y señaló “dudas” sobre su instalación previa por parte del grupo no identificado de estadounidenses así como “su procedencia y su ubicación en el territorio nacional”.

En primer lugar, según informó el gobierno mexicano, se realizaron una serie de consultas preliminares por parte del Consulado de México en Brownsville y “no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense”.

También se informaba en ese comunicado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha establecido contactos con la Embajada de EEUU en el país acerca del incidente y de que se ha dado inicio a las consultas técnicas necesarias para esclarecerlo por parte de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho referencia al asunto este martes durante una de sus habituales ruedas de prensa “mañaneras” y ha reiterado que estos letreros se retiraron después de consultar con las distintas autoridades estadounidenses y tras comprobar que no existía una orden oficial para su colocación por parte de las autoridades del país vecino. Sin embargo, Sheinbaum también agregó que EEUU confirmaría después que sí había contratado a una empresa privada para la colocación de dichos carteles y enfatizó la necesidad, como ya establecía el comunicado oficial, de revisar la delimitación que establecen los tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países.

La ONG Conibio Global A.C., que tomó imágenes de las seis personas que cruzaron la frontera desde Estados Unidos a bordo de una lancha, señala que este área es “fundamental” para el seguimiento de la fauna silvestre en el corredor costero del Golfo de México, por lo que la instalación de estas señales en territorio mexicano “genera preocupación debido a las implicaciones ambientales y jurisdiccionales que representa”.

Los letreros colocados indican que dicha zona ha sido declarada como restringida “por autoridad del comandante, con base en una directiva del Secretario de Defensa estadounidense y en disposiciones de la Ley de Seguridad Interna de 1950, prohibiendo la entrada no autorizada”, según las imágenes publicadas por la organización en su cuenta oficial de Facebook.

Denuncias previas por contaminación ambiental

Precisamente este viernes se conocía que la ONG Conibio Global A.C. había presentado una denuncia ante la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente por una “incursión no autorizada” de la plataforma estadounidense 'L/B JILL' en aguas mexicanas donde habría realizado “maniobras de extracción de desechos espaciales” sin la autorización federal mexicana en junio de 2025.

En el escrito entregado por esta asociación a la titular de la Procuradoría, Mariana Boy Tamborrel, se aportan además pruebas de la llegada de restos de material plástico y metálico desde el año 2024 compatibles con el sistema contra incendios internos o de propulsión de los cohetes Starship, de la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk.

En una expedición científica realizada el pasado 5 de noviembre con un equipo de monitoreo de honda proporcionado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para analizar el fondo marino mediante imágenes tridimensionales, la asociación Conibio Global recabó pruebas de socavones de hasta 15 metros de diámetro y hasta 2 metros de profundidad en el lecho marino donde la plataforma se había situado y que habrían generado “un daño estructurale evidente en el sustrato y en sus hábitats bentónicos” en una zona de especial protección ambiental.

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha determinado que el episodio de contaminación que afectó al río Ayuda, que discurre por Álava, a comienzos de octubre y provocó una mortandad de medio millar de cangrejos señal fue “breve y muy localizado”. No tuvo “repercusiones significativas” a corto plazo y, más allá de las afecciones a la especie invasora, no se dejó notar entre el resto de la fauna piscícola del río, “muy abundante en ese tramo”, en las inmediaciones de la localidad alavesa de Urarte, perteneciente al municipio de Bernedo.

La información se desprende de la respuesta ofrecida ante el Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, tras una solicitud de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. El 3 de octubre se tuvo constancia de la muerte de cangrejos señal en la zona y personal de URA se movilizó ya ese día. Se tomaron muestras, se inspeccionó el río aguas arriba para verificar que no había aguas residuales y se dio parte a las administraciones (incluyendo la Diputación de Álava y la Confederación Hidrográfica del Ebro). Si bien no hubo problema para el consumo de agua corriente, sí se requirió a los ayuntamientos tanto de Bernedo como de Berantevilla que trasladasen a la población la recomendación de no llevar a cabo actividades acuáticas. El río Ayuda es afluente del Zadorra, que a su vez desemboca en el Ebro.

Al día siguiente, en otra inspección acometida por personal de URA, se constató que volvía a haber cangrejos vivos. A partir de nuevas muestras, se determinó que no había trazas de contaminación que pudiera ser perjudicial para la vida acuática de la zona. ¿Qué sustancias se detectaron? Según se indica en la información brindada por el consejero, se constató la presencia de “2,4-DTBP, xileno y etilbenceno, si bien en concentraciones inferiores a las normas de calidad ambiental existentes en las aguas continentales”. Asimismo, también había “cipermetina”, que se describe en la información como un “insecticida piretroide utilizado para el control de plagas en jardines, huertas y frutales, entre otros usos”.

“El episodio solo afectó a cangrejos y no a otras comunidades de invertebrados”, explica el consejero. La información que se recabó apunta, según dice, a “un episodio de contaminación de corta duración provocado por un compuesto de toxicidad diferenciada entre cangrejos y el resto de la biota acuática, ya que no se observaron peces ni otras especies afectadas”. “La ausencia de efectos residuales en las comunidades bentónicas sugiere que el evento de contaminación fue breve y muy localizado, sin repercusiones significativas a corto plazo sobre la calidad ecológica del tramo, tal y como muestra la presencia de cangrejos vivos el día después del aviso”, abunda.

El origen del episodio de contaminación, dice el consejero, no se ha podido determinar “fehacientemente”. “Sus características y los datos recabados apuntan como principal hipótesis a una mala práctica en la gestión de productos fitosanitarios (probablemente insecticidas) o sus residuos o sobrantes”, colige.

La Plataforma ciudadana “Pacto por el Mar Menor”, una de las entidades promotoras de la Iniciativa Legisla Popular que otorgó de personalidad jurídica a la laguna salada en el año 2022, cumple diez años: “El primer éxito de este movimiento es su propia existencia como movimiento, rompiendo con el fatalismo que siempre implica abanderar la causa de la naturaleza. Basándose en conceptos y saberes científicos fueron capaces de darle voz a una laguna que, de lo contrario, se hubiera quedado en silencio con los desechos”, ha explicado el sociólogo Andrés Pedreño durante el acto de celebración que ha tenido lugar este jueves. “Estas mujeres y estos hombres emprendieron un conjunto de acciones para que ni el Mar Menor ni la naturaleza de esta Región fueran excluidas de la participación democrática. Por supuesto esto no lo hizo solamente el Pacto, a su lado estaban montones de asociaciones ciudadanas, ecologistas y vecinales”, ha abundado.

Pedreño ha explicado que la democracia es “un proceso en continua construcción”, y que por ello es vital el papel de los movimientos sociales: “En nuestra época hemos descubierto la gran exclusión de la naturaleza y la gran exclusión del Mar Menor. Y esta es la contribución del Pacto a la democracia murciana: romper ese cierre y esa exclusión, devolver la naturaleza a la esfera de la participación, devolver el Mar Menor al ámbito del derecho”.

“Hemos de pensar como un milagro la emergencia que supone el Pacto del Mar Menor porque nace a contracorriente de la dinámica de ocultamiento de las destrucciones ecológicas y que fue propiciada por el Gobierno regional, pero también por otro montón de actores de diverso cuño”, ha recordado el sociólogo. El Pacto nació en 2015, poco antes de que tuviera lugar en la laguna salada el fenómeno conocido como sopa verde, tras años de vertidos agrícolas. “El Mar Menor, o para ser más precisos, el colapso medioambiental del Mar Menor, es el lado oscuro de la democracia regional. Representa lo que quedó excluido de la construcción democrática del territorio de la Región de Murcia. Sus desechos”, ha definido.

“El símbolo del caballito de mar, los abrazos al mar o aquel trabajo audiovisual con las historias de hombres y mujeres rememorando con imágenes familiares o infantiles sus vivencias originarias en el Mar Menor: fueron todas ellas acciones oportunas para generar energía emocional. Y este cemento emocional es el que posibilitó las grandes movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado todos estos años en torno al Mar Menor”, ha analizado Pedreño.

Todo movimiento social, ha subrayado, necesita de esa argamasa emocional y el Pacto del Mar Menor ha sido “especialmente hábil” en construir energía emocional para que circulara y revitalizara la democracia murciana.

El sociólogo ha alertado que “no es casualidad que, en el actual momento, cuando la crisis climática anuncia el final de la naturaleza barata, surjan fuerzas políticas autoritarias que nos dicen que ahora toca democracia autoritaria porque hay menos que repartir y somos demasiados”.

“La gran exclusión de la naturaleza, sobre las que se fundamentaron las democracias occidentales de posguerra, nos ha conducido a la actual crisis ecológica. Pero la salida a esta crisis no puede ser una democracia autoritaria”, ha señalado Pedreño. “Si algo nos ha enseñado el Pacto del Mar Menor, todos estos años, es que para romper exclusiones y cierres necesitamos de más y mejor democracia. Este es el desafío: profundizar la democracia para construir una salida a la crisis ecológica”.

El sociólogo ha argumentado que las democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se construyeron sobre “el petróleo barato, los alimentos baratos, los minerales baratos. La naturaleza quedó privada de derechos. La gran exclusión de la naturaleza implicó una guerra tanto no declarada como no limitada contra la naturaleza. Y es esto exactamente lo que ha habido en esta Región”.

Pedreño describe como, en primer lugar, la laguna salada recibió los desechos de la minería llegados a través de las ramblas de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena. Posteriormente, el boom turístico de los años 70 urbanizó la mayor parte de sus orillas y de ahí también recibió residuos de todo tipo. Pero lo que precipitó el colapso ambiental de esta laguna fue originado por los nitratos procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

“La Región de Murcia se pensó desde sus mismos orígenes como una utópica comunidad de regadío, en la que si hay ”agua para todos“ crecería un vergel en el desierto. Y así fue. El héroe de esta transformación del desierto en un vergel fue el agricultor, el regante. Su esfuerzo fue celebrado y consiguió aportar un enorme caudal de energía emocional a la democracia murciana. Pero esta comunidad de regadío implicaba un cierre, una gran exclusión respecto a la naturaleza”, ha abundado.

En primer lugar, una dinámica estructural de apropiación y explotación desvalorizadora de la naturaleza: “Toda la naturaleza murciana quedó fuera del ámbito del derecho y puesta al servicio del proyecto regional de la gran comunidad de regadío, para su explotación y apropiación. El Mar Menor quedó fuera del ámbito del derecho y de la participación democrática. A un lado de la frontera, crecían exitosamente los cultivos de la huerta de Europa. Al otro lado, se morían los peces y praderas marinas del Mar Menor. Ambas imágenes componen la cara y la cruz de la democracia murciana”, ha explicado.

En segundo lugar, junto con la dinámica de explotación de la naturaleza, se abrió otra segunda de externalización y ocultamiento: “Se hizo todo lo necesario, y fue mucho, para ocultar de manera duradera las destrucciones ecológicas que quedaban ahí fuera. Durante décadas el Gobierno Autonómico de la Región de Murcia propició esta dinámica de ocultamiento”, ha concluido.

El verano más cálido desde que se tienen registros ha traído consigo un nuevo repunte de la contaminación por ozono troposférico en Aragón. Según el informe “La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025”, elaborado por Ecologistas en Acción, las dos intensas olas de calor de junio-julio y agosto elevaron las concentraciones de este contaminante a su nivel más alto desde 2019, afectando de nuevo al conjunto de la población aragonesa.

El estudio, basado en los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en 20 estaciones de medición de la comunidad, constata que todas las zonas de Aragón han respirado aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS, aunque sin superar los más laxos límites legales vigentes ni el nuevo objetivo europeo para 2030. El informe identifica la aglomeración de Zaragoza como el principal foco de contaminación por ozono, con el tráfico motorizado como la causa más determinante. Los óxidos de nitrógeno emitidos en el área metropolitana, las emisiones industriales de Figueruelas y, en menor medida, las actividades ganaderas intensivas y las emisiones naturales de los bosques en zonas pirenaicas, contribuyen a la formación de este contaminante secundario.

Durante 2025, la ciudad de Zaragoza ha experimentado un aumento del 139 % en los días que superaron el objetivo legal respecto a la media del periodo 2012-2019, con picos destacados en las estaciones urbanas de Actur, Las Fuentes y Jaime Ferrán. En estas áreas se han registrado entre 60 y 75 días por encima del valor recomendado por la OMS. Por el contrario, el informe destaca una mejora significativa en el Bajo Aragón y el Valle del Ebro, donde las superaciones se han reducido hasta un 77 % respecto a los niveles previos al cierre de la central térmica de Andorra. También se ha registrado una mejora del 38 % en los Pirineos y del 19 % en la Cordillera Ibérica.

“Deficiencias” en la red de medición

Ecologistas en Acción advierte de que la “cobertura de control del ozono en Aragón sigue siendo insuficiente”, tras el cierre de cuatro estaciones vinculadas a la central térmica de Andorra entre 2021 y 2023. El documento señala que “al menos cinco estaciones no alcanzan los mínimos de calidad de datos exigidos” y que la web autonómica de calidad del aire “no publica información completa ni actualizada” sobre algunas estaciones, como la de la Central Térmica de Caspe.

En este contexto, la organización ecologista reclama al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza “una mayor transparencia y accesibilidad en los datos”, así como “una mejora de los sistemas de vigilancia y aviso a la población”. El informe recuerda, además, que “la estación de Calatayud en la Cordillera Ibérica habría excedido en una ocasión el umbral de información, el 28 de agosto, sin que el Gobierno de Aragón advirtiera a la población afectada del riesgo para su salud, como es preceptivo”.

La exposición al ozono troposférico constituye, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, “un problema sanitario de primer orden” que causa cada año entre 2.500 y 10.000 muertes en el Estado español, de las cuales unas 300 corresponderían a Aragón, de acuerdo con las estimaciones del propio informe. El Instituto de Salud Carlos III ha calculado “125 muertes adicionales en Aragón durante el verano de 2025” atribuibles al calor extremo y al ozono.

A pesar de ello, “el Gobierno de Aragón sigue sin aprobar el plan autonómico de mejora de la calidad del aire en cuanto a ozono troposférico pendiente desde hace años”, incumpliendo la legislación ambiental y las sentencias judiciales que obligan a su elaboración. Desde 2014, el Ejecutivo autonómico se ha limitado a remitir al futuro Plan Nacional, todavía sin aprobar, alegando que la complejidad del problema exige “una actuación coordinada a nivel estatal y europeo”.

Ecologistas en Acción considera esta situación “inaceptable” y recuerda que Aragón “sigue siendo una de las siete comunidades autónomas” —junto a Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco— “que continúan sin disponer de un plan propio para reducir la contaminación por ozono”, pese a estar obligadas por el Tribunal Supremo desde 2020.

La organización propone un conjunto de medidas estructurales para reducir los precursores del ozono, como disminuir el tráfico motorizado, sustituir disolventes industriales por agua, ordenar el despliegue de energías renovables, desincentivar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación y declarar una moratoria a las nuevas macrogranjas en territorios saturados como Aragón. “El repunte del ozono en 2025 demuestra que el cambio climático está agravando la contaminación atmosférica. Sin medidas contundentes, Aragón seguirá respirando un aire dañino para la salud”, concluye Ecologistas en Acción.

En palabras de la activista de derechos humanos Dalila Argueta un defensor del medio ambiente es alguien que “mira con ternura la tierra que la parió”. Alguien con conciencia, que respeta, que asume ese compromiso. Alguien que no hace lo que hace para que le reconozcan por la calle, sino alguien que atiende el llamado de sus ancestros, de sus abuelos, cuando les decían que solo quien defiende la tierra, quien la cuida, tiene derecho a comer de ella. Alguien como ella que por esa defensa de su tierra tuvo que dejarla atrás y exiliarse en Euskadi para evitar que su vida corriera peligro.

Dalila Argueta tuvo que marcharse de Honduras hace casi siete años porque trató de defender con uñas y dientes el río que recorría su comunidad y que, a raíz de que el Gobierno concedió la ejecución de una mina a una empresa para que pudiera extraer minerales, estaba siendo contaminado. Las protestas que llevaron a cabo desde su comunidad hicieron que Argueta fuera señalada, insultada y amenazada. Cuando su vida empezó a correr peligro, sintió la necesidad de escapar.

A pesar del exilio, Dalila ha podido ver con sus propios ojos cómo está Honduras a día de hoy, gracias al documental 'Acuerpadas. Hasta que se haga justicia', que narra el viaje de periodistas vascas que de la mano de la ONG Alboan visitan territorios campesinos de Honduras y entrevistan a mujeres tanto de la comunidad de Dalila, como de otras que sufren problemas similares. En el documental se recoge el viaje, pero también el regreso de las periodistas que una vez en Euskadi conversan con Dalila y reflexionan acerca de lo aprendido.

“Todo comenzó con un viaje que hicimos Alboan, ERIC Radio Progreso de Honduras, nuestra organización aliada de Honduras, y tres comunicadoras vascas a Honduras movidas por el deseo de encontrar historias de resistencia y dignidad. Lo que encontramos fue mucho más que eso: en un país marcado por el extractivismo, el despojo y la violencia estructural, se cruzaron con mujeres que, pese a todo, alzan la voz, protegen sus cuerpos y defienden su tierra con una valentía conmovedora. La realidad hondureña es mucho más compleja de lo que podíamos imaginar y durante ese viaje, durante esos días fuimos descubriendo y fuimos profundizando en esa realidad. Un país sumido en una violencia bestial, un país con muchísima corrupción, muchísima impunidad, una desigualdad social y de género y económica muy grande. Todo ello es lo que contamos en la película”, explica una de las protagonistas del documental, Sara Diego, Técnica de Incidencia Política de Alboan.

A Diego le acompañaron en el viaje la ingeniera y comunicadora Lorena Fernández y las periodistas Gessamí Forner y África Baeta. “Lo que ocurre en Honduras parece que ocurre demasiado lejos, pero una vez que lo ves te das cuenta de que somos responsables directos. Que este sistema en el que vivimos no es posible sin explotar territorios para cubrir nuestras necesidades. Aquí somos tan individualistas que nos provoca un vacío tremendo que solo llenamos comprando. Allí el vacío individualista se llena con la comunidad”, sostiene Baeta tras la proyección de la película que ha tenido lugar este miércoles en la sala Bilborock de Bilbao.

Según han comprobado tras su viaje, en Honduras “hay un sistema que sostiene la violencia, en el que en primer lugar están las maras, después el ejército, los políticos y por último los sistemas capitalistas como el estadounidense o el europeo. Hay asesinatos que quedan impunes y todo se tapa. Eso crea mucha desesperanza”, lamentan.

El documental muestra como eje central la vida de las mujeres hondureñas que, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medioambiente y los derechos humanos, acuerpan la lucha como acto político, estrategia de supervivencia y forma de amar. De ahí el título del documental, 'Acuerpadas'. “Acuerpar es más que abrazar, es tejer, es sentir, es la resistencia de los pueblos. Somos descendientes de las tribus que no lograron asesinar. Por nuestras venas llevamos la rebeldía y seguimos acuerpando y construyendo camino para nuestras generaciones. No hay un yo, hay un nosotros constantemente”, defiende Dalila.

Sin embargo, pese a la resistencia de los pueblos, los ataques contra defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras documentó 453 casos de defensores de derechos humanos y periodistas que sufrieron acoso, amenazas o intimidación en 2023, y registró el asesinato de 17 de ellos. Entre enero y septiembre de 2024, al menos otros cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados, entre ellos Juan López, una de las personas cuyo testimonio se recoge en el documental. López era un defensor del medioambiente que fue asesinado hace un año en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Al igual que Dalila, Juan era defensor de los territorios ante la imposición del proyecto minero en el río Guapinol. Luchaba contra el 'Monstruo de Siete Cabezas', que es como llaman en Tocoa a este megaproyecto que incluye dos minas de óxido de hierro construidas en espacio protegido; la termoeléctrica que menguará de manera dramática el caudal del río Guapinol y sus afluentes; una planta peletizadora; y tres pozos de agua que resecarán la tierra. Otros tres activistas que trabajaban para la misma organización ambiental también fueron asesinados en 2023.

La lucha de Guapinol es una de las muchas que se libran a lo largo y ancho de la república de Honduras; un Estado fallido donde las comunidades son objeto de los atropellos sociales y medioambientales de ciertos conglomerados empresariales. Se trata, en su mayor parte, de proyectos extractivistas depredadores que pueden adoptar vías violentas ante la resistencia de la población. Y todo ello con la complicidad o -al menos, la omisión de obra- de instituciones corruptas. Una compleja trama de intereses empresariales beneficiarios del tráfico de influencias, que recurre a redes criminales, y se ve amparada en la impunidad.

Según reconocen, el mecanismo nacional de protección de Honduras, creado en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia presenta graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores.

En este sentido, Dalila pide que desde el mundo Occidental no se deje de enviar solidaridad y apoyo a esos territorios, para que sepan que “no están solos”. Aun así, lamenta que en esta parte del mundo también puede llegar “una ola que arrase con todo” y, por ello, alerta a la ciudadanía vasca. “Hay que pensar qué compramos, qué comemos. Vamos a sufrir si no nos queda tierra que sembrar. Debemos identificar a las empresas que allá explotan y después lo traen aquí. Estamos a tiempo de evitar que aquí hagan lo mismo que hicieron allá. Nosotros nos perdimos, no pierdan su montaña, no pierdan sus ríos, no pierdan sus territorios. Hay que volver a las raíces, nunca es tarde para sentir la tierra”, concluye la activista.

El Ayuntamiento de Cartagena adquirió el 8 de junio de 2023, con el objetivo de construir en él 40 viviendas sociales y aprovechar así una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha sido devuelta, un terreno que sabía de antemano contaminado por altos niveles de metales pesados.

La corporación municipal, dirigida entonces y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra. En marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, baremos de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, a los Niveles Genéricos de Referencia fijados en 2007 por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En las conclusiones del informe, el edafólogo de la UPCT Ángel Faz recomienda la descontaminación urgente del suelo, dada la peligrosidad de los residuos, y apunta a la causa principal de su presencia ahí: la poca distancia que separa la parcela, poco más de 50 metros, de los terrenos de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie también propiedad del consistorio, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Si las 40 casas de Los Mateos se acabasen construyendo estarían, con el tiempo, igualmente salpicadas de metales pesados por la cercanía de dichas balsas.

En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. 

A fecha de publicación de este reportaje, más de dos años y tres meses después de la compra de la parcela, no se ha acometido en ella ningún trabajo de descontaminación. Sí se ha licitado dos veces, en cambio, la construcción de los 40 inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.

Una quita inferior al precio real de descontaminación

Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el consistorio siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Había antecedentes: un proyecto inmobiliario de la familia Roca, en este caso de 370 pisos, fue paralizado en 2021 en un solar cercano, igual de próximo a El Hondón, por la existencia masiva de metales pesados en él. 

La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación, en base a un cálculo llevado a cabo por los técnicos municipales. Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la rúbrica definitiva de la transacción, advirtió que el montante aproximado —aunque siempre “a la baja”, detalla una fuente solvente del sector— necesario para la remediación del suelo sería de 540.000 euros. En el contrato, el Ayuntamiento eximió a la empresa propietaria de su obligación legal de reparar el daño ambiental del terreno, según ha podido constatar documentalmente este diario.

En los pliegos de las dos licitaciones del proyecto de 40 viviendas, la limpieza del terreno tóxico aparecía como el primer lote de los trabajos de promoción urbanística. Ésta figuraba por poco más de 300.000 euros, un precio muy inferior al estimado por Hera, aunque ya un 50% por encima de la quita. Ninguna empresa concursó.

“Han querido hacer casas aquí, en Los Mateos, para gente pobre, en este barrio de gente pobre, porque a los que gobiernan les da igual que los pobres vivan en sitios contaminados y enfermen. No es solo el tema medioambiental, sino sobre todo el humano. No les importamos nada”, lamenta María Ángeles Vila. Su casa está pegada a la parcela.

Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa pública que se encarga de promover edificaciones en la ciudad, incluida ésta.

Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena), que abandonó la vida pública y política el pasado 15 de septiembre aduciendo “motivos personales”. La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).

Denuncia admitida en el Juzgado

El pasado agosto, el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad portuaria admitió a trámite una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos. Los acusa de presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas, prevaricación y malversación.

En el escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este periódico, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.

“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto.

Solo cuando el proyecto de las 40 viviendas fracasó tras las dos licitaciones desiertas, el Ayuntamiento abrió para septiembre de 2025 un nuevo concurso, esta vez solo centrado en la descontaminación, a razón de 538.450 euros. Un precio ahora sí cercano al estimado por Hera, y mucho más del doble que la quita de la compra. “Con pleno conocimiento del coste real del saneamiento, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.

“Lo más grave es que hay personas que están expuestas a la contaminación, con conocimiento de las administraciones, con datos objetivos, con una alerta objetiva, y aun así no han actuado para remediarlo”, recalca Fulgencio Sánchez, portavoz de la Plataforma.

El pasado 8 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento, los votos en contra de PP, Vox y Sí Cartagena tumbaron una comisión de investigación para esclarecer los hechos que motivaron la compra del solar.

“Todo lo que está enfrente de El Hondón está y estará contaminado”

El estudio de caracterización del suelo entregado por la UPCT al Ayuntamiento en marzo de 2023 calcula que deberán retirarse de la parcela 4.473 metros cúbicos de residuos contaminados. A simple vista, hay restos muy visibles de cenizas de pirita, de color granate oscuro, con gran concentración de arsénico, y acopios como si fueran cenizas que deterioran todo lo que hay debajo y se dispersan con el viento.

“Cuando acudimos a la parcela ya sabíamos que iba a estar contaminada. Todo lo que hay enfrente de El Hondón lo está y lo estará mientras no se actúe primero ahí. Encontramos concentraciones de metales pesados tan altas que necesitan un tratamiento previo para que puedan almacenarse en un vertedero de residuos peligrosos. Esa parte, junto con el consiguiente traslado al vertedero, es la más cara de todo el proceso”, explica el edafólogo Ángel Faz.

Hera Holding alertó en mayo de 2023 de un “riesgo potencial y tóxico por inhalación de partículas en suspensión para los residentes de las viviendas en el entorno inmediato” a la finca, y de “un riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable por contacto dérmico e ingestión de suelo para potenciales receptores que accedan a la parcela desde el exterior”. El estudio detalla que el riesgo tóxico en el interior de las casas colindantes supera en un 40% el máximo tolerable para la salud. En el exterior de las mismas, la cifra crece hasta un 80%.

“—El Ayuntamiento— podía haber planeado la vivienda social en otro solar de la ciudad que no tuviese problemas. Pero fueron a comprar el contaminado. Y lo sobrepagaron con dinero público. Hemos hecho hasta 17 requerimientos de documentación relativa a la compra, al proyecto urbanístico, a los informes que avalan el precio final de la quita, pero nunca hemos tenido respuesta. En esta ciudad no hay transparencia. Por eso acudimos a la justicia”, manifiesta Fulgencio Sánchez. “Los más perjudicados, al final, acabamos siendo los de siempre”, añade. “Los vecinos”.

“Los ricos no pueden vivir entre contaminación, los pobres sí”

Junto a la parcela, conviviendo ahora, a apenas diez metros de su casa, con un cartel de ‘residuos peligrosos’ que prohíbe el paso y que fue colocado, puntualiza, a primeros de septiembre, María Ángeles Vila, de 70 años, dice que un miedo nunca antes visto se ha apoderado de todos ellos. “Temen que alguien venga, haga pruebas en su salón o en las habitaciones y les diga: ustedes no pueden vivir aquí, es peligroso, se tienen que ir”. “Por eso no denuncian”.

A Vila le detectaron, hace casi una década, cuenta, mercurio en sangre. Dos semanas atrás, continúa, un hombre de 61 años que también vivía en una de las casas adyacentes a la parcela falleció horas después de sufrir un ictus. “Cuando lo llevaron al hospital y le hicieron pruebas se dieron cuenta de que estaba invadido de cáncer. Es uno de esos casos de cáncer que entre nosotros llamamos invisible, porque cuando te quieres dar cuenta ya es tarde”.

Explica la vecina que son numerosos los diagnósticos de esta enfermedad en un barrio que solo tiene 2.000 habitantes. “Pero las estadísticas oficiales no se hacen por barrios, sino que se suavizan contando los casos de la ciudad entera”, denuncia. “Es una vergüenza que jueguen así con la vida de las personas”.

Fuentes de la Consejería de Salud murciana confirman a este periódico que no han recibido “ninguna notificación” de parte del Ayuntamiento de Cartagena alertando sobre la situación sanitaria existente en los aledaños de la finca contaminada.

Un barrio salpicado por balsas de químicos

 “Lo que más me duele es que esas 40 casas que quieren hacer en un terreno lleno de metales no son chalets para la clase alta. Los ricos no pueden vivir rodeados de contaminación, pero nosotros sí”, concluye Vila.

Los Mateos es uno de los núcleos de Cartagena más precarios. Entre sus calles desordenadas no se llega a perder de vista, en ningún momento, primero, el solar y las fachadas desconchadas que lo rodean, y más al fondo, al otro lado de la carretera general, las balsas de residuos de El Hondón, también propiedad del consistorio, que dispersan metales pesados a los cuatro costados y siguen sin descontaminarse más de 20 años después de su adquisición, cuando el Ayuntamiento, en conjunción con la Comunidad Autónoma, ideó ahí un residencial de 5.000 viviendas que nunca fue viable.

“En Cartagena, la salud de los vecinos nunca ha sido tratada como una prioridad, sino como un vehículo para conseguir un pelotazo”, asegura Fulgencio Sánchez. “Si no llegamos a denunciar, si no intervenimos esta vez, aquí nos hacen los edificios y no nos enteramos de nada”.

Ni el consistorio de la ciudad portuaria ni la concejal de Urbanismo en el momento de la adquisición de la finca, Ana Belén Castejón, han respondido a peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

Els aeroports de Palma i Eivissa han registrat enguany, fins al mes d’agost, 12.227 i 11.439 operacions amb jets privats, respectivament, la qual cosa suposa un descens de l’1% —en el cas del primer— i un increment del 5% —en el cas del segon—, segons les darreres dades de l’Associació Europea d’Aviació Empresarial (EBAA, per les seves sigles en anglès). Aquestes dades impliquen que ambdós aeroports es mantenen entre els onze europeus amb més moviments de jets privats, només per davall de París (Le Bourget), Niça, Ginebra, Farnborough (Hampshire, Regne Unit), Londres (Luton i Biggin Hill), Milà, Zurich i Istanbul (Atatürk). Durant els mesos de juliol i agost, Eivissa s’ha situat en setena i cinquena posició amb més sortides d’avions privats, mentre que Palma ocupa la desena posició del mes de juliol. AENA no ha respost a la consulta d’elDiario.es en relació amb la política que seguirà en els pròxims anys l’empresa semipública, i si continuarà l’actual tendència del trànsit de jets privats.

“Els megarrics són els principals causants de la crisi climàtica, els efectes de la qual colpegen de manera desproporcionada els països més empobrits”, afirma Karen Killeen, portaveu d’Extinction Rebellion Eivissa. Segons dades de Transport & Environment, organització sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les, l’1% de la població és responsable del 50% de les emissions globals. L’ONG, que estudia les repercussions del transport sobre el medi ambient i el clima, considera que els multimilionaris que viatgen en jet privat exerceixen “un paper desmesurat” pel que fa a les emissions contaminants.

Entre 2005 i 2019, les emissions de CO2 a l’atmosfera a conseqüència del trànsit de jets privats varen augmentar un 31%. En una hora de vol es poden emetre fins a dues tones de gasos de diòxid de carboni. “Són la cúspide de la injustícia climàtica”, assenyala Killen. De fet, els jets privats són entre 5 i 14 vegades més contaminants que els avions comercials, si tenim en compte la proporcionalitat (és a dir, els passatgers), i 50 vegades més que els trens, segons els informes de Transport & Environment.

Els jets privats són entre 5 i 14 vegades més contaminants que els avions comercials, si tenim en compte la proporcionalitat (és a dir, els passatgers), i 50 vegades més que els trens

Les ONG proposen gravar els jets privats

Aquesta diferència augmentarà a mesura que els usuaris de jets privats es decantin per avions més grans i més contaminants que les seves alternatives comercials, assenyala l’estudi. Aquesta organització promou un acord per prohibir els jets privats que utilitzin combustibles fòssils a partir de 2030 i, fins llavors, que s’incrementin els impostos al sector per destinar-los a l’adaptació de la indústria de l’aviació de cara al futur. Així, proposen gravar amb un impost sobre els bitllets de tots els vols privats que surtin d’Europa amb almenys 3.000 euros, cosa que permetria recaptar, segons les estimacions de l’organització, “diversos centenars de milions d’euros, que s’haurien de destinar exclusivament a finançar el desenvolupament de les noves tecnologies d’aviació”.

“Hi ha empreses que ofereixen serveis de transport de luxe per portar els seus clients a l’hotel o a determinats esdeveniments”, afirma Pere Joan Femenia, portaveu de Fridays for Future Mallorca. Transport & Environment ha xifrat el patrimoni dels propietaris de jets privats en uns 1.300 milions d’euros. No obstant això, segons Femenia, els doblers que gasta aquest tipus de turisme no repercuteixen realment en la major part de la població local.

“És veritat que aquest tipus de turista gasta més doblers, però no arriben a tota la població, sinó que es concentren en determinades empreses i hotels que acaben acumulant-ne més, cosa que aprofundeix en les dinàmiques de desigualtat social”, analitza. Segons els activistes climàtics, sovint es tracta “d’empreses estrangeres que operen a les Balears, però que no generen riquesa per a la població local”.

És cert que aquest tipus de turista gasta més doblers, però no arriben a tota la població, sinó que es concentren en determinades empreses i hotels que acaben acumulant-ne més, cosa que aprofundeix en les dinàmiques de desigualtat social

Pere Joan Femenia — Portaveu de Fridays for Future Mallorca

Una anàlisi més recent d’Oxfam va revelar que els jets dels 23 “superrics” mundials van deixar el 2023 una empremta de carboni equivalent a la que qualsevol ciutadà mitjà deixaria en 300 anys de vida, o en 2.000 anys en el cas d’una persona de les més pobres del planeta. Segons aquesta anàlisi, van volar de mitjana 184 vegades, és a dir, 424 hores a l’aire. “Això equival a què cadascun d’ells hauria donat la volta al globus deu vegades”.

L’organització posa com a exemple Elon Musk, propietari de dos jets privats, que va emetre 5.497 tones de CO2, cosa que una persona mitjana consumiria en 834 anys, o 5.437 anys en el cas d’algú pertanyent al 50% de la població més pobre. Els seus avions estan estacionats a l’aeroport de Van Nuys, a Los Angeles, el tercer més contaminant del món, on també tenen els seus jets privats Kim Kardashian i Jay-Z.

Oxfam va revelar que els jets dels 23 ‘superrics’ mundials van deixar el 2023 una empremta de carboni equivalent a la que qualsevol ciutadà mitjà deixaria en 300 anys de vida, o en 2.000 anys en el cas d’una persona de les més pobres del planeta

El 2023, els jets privats van produir fins a 19,5 milions de tones d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, cosa que va suposar un augment del 25% en l’última dècada, segons un altre estudi recent del International Council on Clean Transportation (ICCT). Per exemplificar el que suposa aquesta xifra, l’ICCT explica que la quantitat equival a més emissions que tots els vols que van enlairar-se de l’aeroport de Londres Heathrow aquell any, incloent-hi els vols comercials.

Eivissa va ampliar la capacitat per acollir jets privats

En el cas d’Eivissa, un dels punts d’inflexió va arribar el març de 2016, quan es va aprovar la reforma de la zona de l’aeroport on estacionen els jets privats. “Aquesta ampliació va permetre acollir fins a 58 aeronaus i es va aprovar amb el vistiplau del Consell d’Eivissa quan aquest era governat per la coalició PSOE-Podemos, partits (sobretot l’últim) que sempre han estat crítics amb la massificació i el superlucre”, detalla el periodista i escriptor Joan Lluís Ferrer a Ibiza masificada. Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella (Balàfia Postals, 2025).

En un context en què a Palma s’estan fent obres a l’aeroport de Son Sant Joan que acabaran el 2026, des de les organitzacions ecologistes i climàtiques hi ha temor que en un futur pròxim es plantegin projectes d’ampliació de les infraestructures d’Eivissa. Cal tenir en compte, a més, que l’aeroport eivissenc s’ubica al voltant del Parc Natural de ses Salines, de manera que aquest espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals podria veure’s afectat per nous impactes.

“Hi ha un interès a continuar atraient, des de les institucions, aquesta clientela de luxe”, insisteix Femenia, qui creu que existeix una “complicitat” per part de les institucions públiques “a l’hora de promocionar i fomentar aquest turisme d’elit, que inclou els jets privats”. Així, l’activista climàtic mallorquí recorda que els més de 12.000 jets privats que han aterrat a l’aeroport de Palma aquest 2025 contaminen “com la població total de Felanitx —gairebé 19.000 habitants— durant un any”. Afirma, a més, que encara que en el còmput global no és molt significatiu, s’està consolidant la ruta Palma-Menorca entre els jets privats. “Menorca és un lloc discret i atractiu, cosa que atrau el turisme de luxe”, opina.

“Les nostres illes són extremadament vulnerables al canvi climàtic; malgrat això, els nostres governants no fan res per prescindir del que més contamina”, coincideix Killeen, qui reivindica el “dret a protestar”, així com la urgència de “mesures contundents davant un desastre climàtic que ja és aquí”. Cal assenyalar que activistes de Futuro Vegetal i Extinction Rebellion Eivissa van ser detinguts, l’estiu del 2023, per a ruixar amb pintura biodegradable un jet privat a l’aeroport d’Eivissa. Per aquests motius, s’enfronten a una pena de presó d’un a tres anys i a una multa econòmica de 12 a 24 mesos, segons va informar aquest diari.

Les nostres illes són extremadament vulnerables al canvi climàtic; malgrat això, els nostres governants no fan res per prescindir del que més contamina

Karen Killeen — Portaveu d’Extinction Rebellion Eivissa

PP, PSOE i Vox van rebutjar un impost especial

El Congrés va rebutjar el 14 de maig una proposició no de llei (PNL) impulsada per Sumar per instar el Govern a imposar un impost especial als jets privats i als iots de luxe. PP, Vox i el PSOE van impedir que la iniciativa prosperés.

El text instava a “aprovar un nou impost que gravés les emissions ocasionades per l’ús de mitjans de transport de luxe, en concret els vols en jets privats i els viatges en iots de luxe”, amb l’objectiu d’ajudar a disminuir l’impacte ambiental que provoca el seu ús “abusiu” i finançar el “cost de mesures de democratització del transport com el bitllet únic i la millora de la xarxa ferroviària”.

La iniciativa només va comptar amb el suport de les formacions d’esquerra de l’hemicicle. PNV i Junts es van abstenir, i tant les dretes com el PSOE van rebutjar la PNL, que va obtenir 43 vots a favor, 290 en contra i 13 abstencions.