Entidades ecologistas y ambientalistas han presentado alegaciones al proyecto de decreto de nitratos de la Xunta de Galicia para tratar de conseguir que se reformule y “sirva realmente para reducir y evitar la contaminación por nitratos generada por el sector agropecuario y, muy en particular, por la ganadería intensiva”. El Gobierno gallego abrió el proceso el 15 de julio del año pasado, sólo cuatro días después de la sentencia pionera que condenaba la “inacción” tanto de la administración gallega como de la estatal en la degradación ambiental provocada por las macrogranjas en el embalse de As Conchas (Ourense). La conselleira de Medio Rural pedía entonces que no se “culpabilizase” a la actividad ganadera.

Esa postura no parece haber cambiado en doce meses. En un comunicado conjunto emitido este lunes, Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) acusan a la Xunta de “enrocarse en el negacionismo” y en una “falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación”.

Las tres entidades aseguran que “más de la mitad del preámbulo y casi un tercio de la extensión total del borrador de decreto” se centran en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario en Galicia” lo que “retrasa de manera irresponsable la toma de decisión y la adopción de medidas correctoras, algo que se debería haber llevado a cabo hace años”.

El comunicado cita extractos del borrador en los que se asegura que en Galicia no hay declaradas zonas vulnerables pues “no existe acreditación del origen agrario de la contaminación” y a día de hoy “no se dispone de los datos definitivos y concluyentes aprobados por la autoridad competente sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, por lo que no cabe la designación de zonas vulnerables por parte de la comunidad autónoma, ya que la correcta designación de ellas exige la acreditación, mediante las pruebas pertinentes, del origen agrario de los compuestos nitrogenados detectados en los puntos de medición así como de su contribución de forma significativa a la referida contaminación”.

Sin embargo, los ecologistas replican que los planes hidrológicos vigentes ya incluyen los planos con la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” y con los excedentes de nitrógeno (kg/ha/año) de origen agrario debidos a cultivos de secano, cultivos de regadío, ganadería no estabulada y ganadería estabulada. En el caso concreto del embalse de As Conchas y la necesidad de declarar zona vulnerable la cuenca del Limia, “los datos no pueden ser más claros”.

Mientras la presión por “escorrentías urbanas y alcantarillado” es “muy baja” –apenas está urbanizado entre el 1% y el 4%–, el excedente de nitrógeno por los cultivos de secano y regadío está entre 1 y 10 kg/ha/año; de ganadería no estabulada se mueve entre 2,5 y 15 kg/ha/año, pero el de ganadería estabulada se dispara entre 20 y 102 kg/ha/año en la mayor parte de la cuenca, “por lo que es responsable de un 80-85% del excedente de origen agrario”.

“Por si dichas evidencias fueran insuficientes”, añaden las tres entidades, “las estadísticas oficiales de 2020 revelan que, en la cuenca del Limia hasta la presa de As Conchas, la carga ganadera era de 111.500 UGM (unidades de ganado mayor), que en producción de heces y orina equivalen a unos 2 millones de personas, cuando la población era de tan sólo 24.736 personas”. “Es decir, la generación de heces y orina por la ganadería era unas 80 veces mayor que la de la población humana”, concluyen.

Esa “desmesurada carga ganadera que soporta Galicia” ha sido confirmada, señalan, por el informe recién elaborado por la Comisión Europea en el que se analiza la aplicación de la Directiva de Nitratos durante el período 2020-23. En él, citan, se establece que “la carga ganadera de Galicia es de 2,3 UGM/ha, solo por detrás de Cataluña con 3 UGM/ha, y muy por encima de la media estatal y europea de 0,7 UGM/ha”.

“Leyendo el 'no-proyecto' de nitratos y las declaraciones del presidente Rueda da la sensación de que a la Xunta no le importa que las aguas de Galicia estén contaminadas por nitratos –que lo están, y el mejor ejemplo es el embalse de As Conchas– sino determinar el origen de la contaminación, cuando éste está más que claro: es la agricultura y muy principalmente la ganadería industrial”, manifiestan las organizaciones firmantes.

Por todo ello, reclaman que el futuro decreto de nitratos debe incluir como objetivo la reducción, “al menos en un 50%” de la cabaña ganadera en intensivo hasta el 2030. También la disminución del uso de fertilizantes sintéticos y, “especialmente”, la prohibición de nuevas granjas o ampliación de las existentes en municipios con balance de nitrógeno por encima del promedio de la comunidad –41 kg N/ha/año–; en aquellos en los que la concentración de nitratos en las aguas aumentase en más de 5 mg/l entre 2016 y 2024 o en las parcelas o parroquias donde el incremento de UGM por unidad de superficie agricola utilizada sobrepase los niveles de carga ganadera recomendados por la Unión Europea. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el jueves 3 de septiembre.

La Plataforma SOS Barrios Canarios ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la Autoridad Portuaria una actuación “inmediata” de limpieza en el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés, en la Playa de Las Teresitas, para retirar los residuos, escombros y materiales deteriorados acumulados en el inmueble.

En un comunicado, el colectivo denuncia que la zona presenta suciedad, restos abandonados y elementos en mal estado junto al litoral, una situación que, además de perjudicar la imagen de uno de los principales enclaves turísticos de la capital tinerfeña, podría suponer un “riesgo evidente” que parte de estos materiales terminen directamente en el mar, ante lluvias, viento, oleaje o temporales.

En este sentido, la petición reclama una inspección “inmediata” de toda el área, la retirada de los escombros y residuos, y una limpieza integral del entorno del inmueble deteriorado.

También se solicita que se adopten medidas para evitar nuevos vertidos, desprendimientos o el desplazamiento de materiales hacia el océano.

Aclarar competencias

Asimismo, el colectivo pide al Ayuntamiento santacrucero y a la Autoridad Portuaria que determinen públicamente cuál es el organismo responsable de cada actuación y que eviten trasladarse mutuamente la responsabilidad.

Además, reclama información sobre las medidas previstas, los responsables de ejecutarlas y los plazos concretos para completar los trabajos.

La plataforma considera “especialmente grave” que una de las zonas costeras más visitadas de Santa Cruz mantenga espacios abandonados y llenos de residuos.

A su juicio, Las Teresitas debería contar con un entorno “limpio, seguro y digno”, tanto para residentes como para visitantes.

Actuar antes de que los residuos terminen en el océano

La organización insiste en que “Las Teresitas no puede ser utilizada como escaparate turístico mientras se permite que determinadas zonas permanezcan abandonadas y llenas de residuos”, subraya.

“Las Teresitas no puede convertirse en el vertedero de lo que las instituciones no han querido limpiar”, señala el escrito, que reclama una intervención antes de que los residuos terminen en el mar.

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil investiga els abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines. Els agents han dut a terme aquest dimarts al matí una inspecció sobre el terreny i han pres mostres per analitzar-les i determinar les característiques de l’abocament, després que l’Aliança per l’Aigua denunciés el cas.

L’actuació de l’institut armat es produeix després que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia informés aquest dilluns la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern balear sobre l’abocament al torrent de sa Font. L’organisme autonòmic ha obert diligències prèvies i ha sol·licitat la col·laboració del Seprona. Fonts de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua assenyalen que, a partir dels resultats de la inspecció i de les anàlisis, es determinaran “les actuacions que corresponguin i, si cal, s’instruirà el corresponent expedient”.

Precisament, una setmana després que saltés l’alarma pels abocaments sistemàtics d’aigües fecals procedents de l’Aeroport d’Eivissa cap al Parc Natural de ses Salines, l’Aliança per l’Aigua ha dut aquest divendres el cas a la via penal en denunciar AENA per un presumpte delicte ambiental davant la Fiscalia de Medi Ambient aquest 14 d’agost. La denúncia encara està pendent de ser admesa a tràmit. AENA ha explicat a aquest diari que el Seprona està investigant el cas i que el gestor aeroportuari hi està col·laborant.

Aquesta acció judicial es produeix després que aquest dijous es formalitzés la denúncia i es lliurés al Seprona de la Guàrdia Civil un informe tècnic en què es detallen presumptes irregularitats mediambientals relacionades amb abocaments d’aigües residuals procedents de la depuradora de l’aeroport. L’Aliança per l’Aigua, que defensa la millora de la política hídrica de l’illa, reclama així una investigació del Seprona per verificar els possibles incompliments de la normativa mediambiental.

Cal assenyalar que els fets varen motivar el tancament parcial al bany de la platja des Codolar el divendres 7 d’agost, tot i que aquest dimarts es va tornar a obrir. L’Ajuntament de Sant Josep va informar que reobria la zona de la platja situada davant del torrent després que les analítiques realitzades aquest dilluns “confirmessin que la qualitat de l’aigua es troba dins els valors permesos”. “L’Ajuntament mantindrà durant les pròximes setmanes el control de la qualitat de les aigües de bany en aquesta zona amb l’objectiu de comprovar-ne l’evolució i detectar qualsevol possible incidència”, va remarcar.

Un laboratori independent

La contaminació dels abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al torrent de sa Font supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua en col·laboració amb un laboratori independent, com va informar aquest diari. L’entitat que defensa la millora de la política hídrica de l’illa va explicar que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva europea sobre el tractament de les aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora no va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments detectats són especialment greus”, varen sostenir les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesa en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent.

“La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, va explicar a aquest diari Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, va argumentar que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers a l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, va lamentar, i va afegir que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades. D’altra banda, va insistir que s’estan produint abocaments d’aigües insuficientment depurades al voltant d’un parc natural.

AENA defensa les seves actuacions

Fonts d’AENA varen respondre a aquest diari que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins els límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i el consum d’aigua, com també les analítiques i els informes que són aplicables, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent.

“Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “per utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Així mateix, varen afegir que la depuradora recull l’aigua de l’aeroport i, després d’un tractament previ, es reutilitza per al reg. D’aquesta manera, asseguren aquestes fonts, es pot “reduir notablement el consum d’aigua”. Tanmateix, a vegades d’alt consum o de tempestes, pot omplir-se “algun dels sobreeixidors de les successives etapes de depuració, cosa que provoca que surti una mica d’aigua ja tractada a l’exterior”.

“L’última analítica correspon al mes de juliol i encara no en tenim els resultats, però en les anteriors no s’hi han detectat anomalies”, va defensar AENA. L’organisme semipúblic va informar que estava prevista una inversió per ampliar la depuradora i que, addicionalment, des de l’aeroport “estan estudiant la possibilitat de dur a terme actuacions als lavabos que disminueixin el cabal d’aigua abocada”. Finalment, varen voler aclarir que “el torrent del qual parlen, al llarg del seu recorregut, està situat al costat de diferents instal·lacions, no només les aeroportuàries, que també poden estar originant abocaments ocasionals”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines. Los agentes realizaron la mañana del pasado martes una inspección sobre el terreno y tomaron muestras para analizarlas y determinar las características del vertido después de que la Alianza por el Agua denunciara el caso.

La actuación del instituto armado se produce después de que el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia informara el lunes a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear sobre el vertido en el torrente de sa Font. El organismo autonómico ha abierto diligencias previas y ha solicitado la colaboración del Seprona. Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua señalan que, a partir de los resultados de la inspección y de los análisis, se determinarán “las actuaciones que correspondan y, si es necesario, se instruirá el correspondiente expediente”.

Precisamente, una semana después de que saltara la alarma por los vertidos sistemáticos de aguas fecales procedentes del Aeropuerto de Eivissa hacia el Parc Natural de ses Salines, la Alianza por el Agua ha llevado este viernes el caso a la vía penal al denunciar por un presunto delito ambiental a AENA ante la Fiscalía de Medio Ambiente este 14 de agosto. La denuncia todavía está pendiente de ser admitida a trámite. AENA ha explicado a este diario que el Seprona está investigando el caso y que el gestor aeroportuario está colaborando.

Esta acción judicial se produce tras formalizarse este jueves la denuncia y entregar al Seprona de la Guardia Civil un informe técnico en el que se detallan presuntas irregularidades medioambientales relacionadas con vertidos de aguas residuales provenientes de la depuradora del aeropuerto. La Alianza por el Agua, que aboga por la mejora de la política hídrica en la isla, reclama así una investigación del Seprona para verificar los posibles incumplimientos de la normativa medioambiental.

Cabe señalar que los hechos motivaron el cierre parcial al baño en la playa de es Codolar el viernes 7 de agosto, aunque este martes volvió a ser reabierta. El Ayuntamiento de Sant Josep informó de que reabría la zona de la playa situada delante del torrente después de que las analíticas realizadas este lunes “confirmasen que la calidad del agua se encuentra dentro de los valores permitidos”. “El Ayuntamiento mantendrá durante las próximas semanas el control de la calidad de las aguas de baño en esta zona con el objetivo de comprobar la evolución y detectar cualquier posible incidencia”, resaltó.

Un laboratorio independiente

La contaminación de los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua en colaboración con un laboratorio independiente, como informó este diario. La entidad que aboga por mejorar la política hídrica de la isla explicó que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostuvieron las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente.

“La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explicó a este diario Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumentó que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamentó y añadió que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas. Por otro lado, insistió en que se están produciendo vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural.

AENA defiende sus actuaciones

Fuentes de AENA respondieron a este diario que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon.

“Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Asimismo, añadieron que la depuradora recoge el agua del aeropuerto y, tras un tratamiento previo, se reutiliza para riego. De esta manera, aseguraban estas fuentes, se puede “reducir notablemente el consumo de agua”. Sin embargo, en ocasiones de alto consumo o tormentas, puede llenarse “alguno de los aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración, lo que ocasiona que salga algo de agua ya tratada fuera”.

“La última analítica corresponde al mes de julio y no disponemos aún de los resultados, pero en las anteriores no se han detectado anomalías”, defendió AENA. El organismo semipúblico informó de que estaba prevista una inversión de ampliación de la depuradora y, adicionalmente, desde el aeropuerto “están viendo la posibilidad de hacer actuaciones en los aseos que disminuyan el caudal de agua vertida”. Finalmente, quisieron aclarar que “el torrente del que hablan, a lo largo de su recorrido, está junto a diferentes instalaciones, no solo las aeroportuarias que también pueden estar originando vertidos ocasionales”.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

Se trata del tercer texto legislativo en materia de agricultura que tramita el Parlamento francés en menos de tres años. Después de una ley de orientación agrícola, en febrero de 2025, y de una controvertida “ley sobre los obstáculos a la profesión de agricultor” hace un año, este martes el Senado ha aprobado de manera definitiva un nuevo texto de “urgencia agrícola”. Una nueva pieza de legislación que ha detonado una tormenta política y cuya aprobación va a llevar, según anuncian varios medios franceses, a la ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut —antigua directora de WWF en el país— a anunciar su dimisión este mismo miércoles.

Anunciado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, el pasado invierno, en plena movilización de protestas de los agricultores, la intención del Ejecutivo francés era elaborar una ley reducida para responder a peticiones concretas de los sindicatos agrarios. Pero el texto se ha ido ampliando en su tramitación hasta acumular cerca de 70 artículos en su última versión, incluidas disposiciones controvertidas sobre la gestión y el almacenamiento del agua, los ataques de lobos, los ingresos de los agricultores o la simplificación de los trámites administrativos para ampliar las explotaciones ganaderas.

No obstante, una medida ha centrado la mayor parte de los debates: la reintroducción, con carácter excepcional y bajo ciertas condiciones, del acetamiprid y la flupiradifurona, dos pesticidas prohibidos en Francia desde 2018 debido a su persistencia en el medio ambiente y los riesgos para la salud. Ambos están autorizados en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

La reintroducción del acetamiprid, un neonicotinoide, había sumido al Parlamento en una polémica explosiva hace un año, cuando se incluyó en la proposición de ley impulsada por un senador conservador, Laurent Duplomb, que provocó una petición con más de dos millones de firmas en contra, así como denuncias de parte de la comunidad científica y de diversas asociaciones.

Aquel texto fue finalmente aprobado —con los votos de la derecha, la extrema derecha y de una parte de los partidarios de Macron—, pero el Consejo Constitucional anuló esa medida y bloqueó temporalmente el camino para la reintroducción de los pesticidas.

En realidad, en esta nueva ley tampoco debía figurar esa cuestión. Pero el Senado —dónde la derecha tiene mayoría— modificó el texto inicial para añadir la reintroducción excepcional de los dos pesticidas, en contra de la opinión del Gobierno, que no quería reavivar la polémica y que temía que la Asamblea Nacional bloqueara el texto.

Pero los senadores impusieron su redacción, con la posibilidad de reintroducir los pesticidas, así como medidas favorables a los agricultores en la gestión de los depósitos de agua; medidas calificadas de “cortoplacistas” y “simplistas” por cinco exministros de Agricultura de diferentes partidos en una tribuna publicada en Le Figaro hace unos días.

La noche del lunes, en una sesión tensa en la Asamblea, los votos de la derecha, la extrema derecha y de una gran parte de los macronistas, fueron suficientes para aprobar el texto, que el Senado confirmó este martes.

Sin embargo, la medida seguirá siendo objeto de debate. La ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut, se había opuesto a la reintroducción del acetamiprid y diversos medios han ido deslizando su posible dimisión. Este martes estaba prevista una reunión de Babut con Sébastien Lecornu, según adelantó la Agencia France-Presse (AFP), confirmando una información publicada por Le Parisien.

De confirmarse su salida, no sería el primer titular de Medio Ambiente nombrado por Emmanuel Macron que abandona el Gobierno dando un portazo. En 2018, Nicolas Hulot comunicó en una entrevista en directo en la radio pública su decisión de dimitir por la continua presencia de lobistas del mundo de la caza en el Elíseo, a menudo recibidos por el presidente.

En cuanto Barbut, antigua directora de WWF en Francia, que lleva menos de un año en el cargo, aceptó ponerse al frente de un ministerio que había perdido gran parte de sus prerrogativas frente a otras carteras como agricultura o economía, reflejo de la pérdida de peso en las prioridades del Gobierno. “Acepté el cargo de ministra en un momento algo complicado”, reconocía Barbut hace unas semanas al diario Le Monde, en un artículo repasando sus múltiples problemas en el cargo.

Fractura entre los macronistas

Además, la tramitación de esta nueva ley ha puesto de manifiesto las divisiones entre el Ejecutivo y el partido macronista, que se supone que debe apoyarlo en la Asamblea. En particular entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el actual líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal, uno de sus predecesores en el cargo. Los diputados del partido presidencial habían pedido al Ejecutivo que retirara la reintroducción a través de una enmienda, a lo que el Gobierno se negó.

Bajo la presión de la derecha y de los sindicatos agrícolas, Lecornu evitó implicarse y remitió a los grupos parlamentarios la responsabilidad de “decidir o modificar” la proposición de ley, al tiempo que bloqueó las enmiendas contra los pesticidas. “No ha sido decisión del Gobierno reintroducir esta medida”, trató de subrayar el martes la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en relación con los dos pesticidas.

Los representantes de los grupos de derecha y de extrema derecha votaron unánimemente a favor, además de algo más de la mitad de los diputados del bloque de centro. No obstante, 16 centristas se abstuvieron —entre ellos varias figuras destacadas, como la ex primera ministra Élisabeth Borne y la exministra de Medio Ambiente Agnès Pannier-Runacher—, y otros 15 votaron en contra.

La redacción definitiva del texto prevé que sea la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES), a instancias del Ministerio de Agricultura, la encargada de decidir sobre las excepciones a la prohibición del acetamiprid. Una excepción que solo afectaría a la filial de la producción de avellanas, por un período de hasta tres años.

En el caso de los cultivos a mayor escala de remolacha, manzanas y cerezas, la ley allana el camino para el uso, en las mismas condiciones, de la flupiradifurona, sustancia que no pertenece a la familia de los neonicotinoides, pero que comparte con ellos muchas de sus propiedades.

“Un giro decisivo”

La FNSEA, uno de los principales sindicatos franceses del campo, se felicitó el lunes por la noche, tras la votación, por “un giro decisivo” y expresó su reconocimiento a los diputados que “han escuchado la realidad del día a día de los agricultores”. Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, elogió a “los diputados que han optado por la responsabilidad” al votar a favor de este texto “elaborado junto a los agricultores” y que, según ella, permite “protegerlos mejor frente a la competencia desleal” de países que sí permiten usar estos pesticidas.

“Si hay una ministra que debe dimitir hoy, es ella”, respondió la secretaria nacional de Los Ecologistas Marine Tondelier. “Este texto supone retrocesos enormes en materia de pesticidas, ganadería intensiva y gestión del agua”. Los partidos de izquierda, que votaron unánimemente en contra, han denunciado una “ley veneno”, en palabras de la diputada insumisa Aurélie Trouvé, y “un día triste para la salud pública, la naturaleza y la agricultura”, según la ecologista Delphine Batho. Las fuerzas progresistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional una vez finalizada la votación.

Prohibidos desde 2018

Los efectos de los neonicotinoides, incluido el acetamiprid, han sido establecidos por múltiples estudios, que además señalan su permanencia en el organismo, en los suelos y en las aguas subterráneas. Y recientes investigaciones están alertando sobre posibles efectos nocivos en el desarrollo neuronal de los niños. De hecho, Francia ha reclamado en dos ocasiones a las autoridades europeas —en 2020 y 2022— nuevas evaluaciones al respecto.

En 2018, la Comisión Europea aprobó la prohibición de tres de las siete sustancias que componen esta familia de pesticidas —clotianidina, tiametoxam e imidacloprid—, señalada por científicos y apicultores como responsable de diezmar a las poblaciones de abejas desde los años 90. Y Francia legisló para prohibir otras, además de sustancias similares como la flupiradifurona.

En un informe publicado en mayo de 2024, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconocía “grandes incertidumbres en el abanico de pruebas sobre la toxicidad para el neurodesarrollo [toxicidad para la formación del cerebro] del acetamiprid”. La agencia europea reconoció que los actuales límites máximos de residuos en frutas y hortalizas representan un riesgo para los consumidores y recomendó que estos límites se dividieran por cinco, una recomendación que fue posteriormente aceptada por la Comisión.

Disfrutar del mar en Canarias ya no es tan sencillo. A la sombra de las playas vírgenes de agua cristalina que copan los anuncios de las islas se esconden dos problemas crecientes que alejan a los isleños del litoral: la masificación y la contaminación fecal. Alba Domínguez tiene 27 años y es vecina de El Sauzal, un municipio rural de Tenerife. El pueblo en el que vive registró máximas de 36 grados en junio, pero encontrar en la isla un tramo de costa en el que refrescarse se ha convertido con los años en una odisea. ''Lo primero que tengo en cuenta antes de elegir la playa es que no haya avisos por contaminación y que no esté cerca de zonas que hayan estado cerradas por esto mismo'', cuenta.

Cuando era pequeña, Alba y su familia pasaban casi todo el verano en las playas de El Médano, en el sur de Tenerife. ''Ahora es una de las zonas a las que no voy a bañarme ni de broma, descartadísimo'', asevera. Precisamente, la última playa que ha cerrado en Canarias por contaminación fecal ha sido la Leocadio Machado, situada en esta localidad. El 6 de julio el Ayuntamiento restringió el baño por los altos niveles de E.coli detectados en el agua. Según los resultados de las muestras consultados por este periódico, se detectaron 800 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) de esta bacteria por cada 100 mL (mililitros) de agua.

Esta cifra supera con mucho los parámetros establecidos por la directiva europea para calificar como excelente la calidad del agua. En aguas costeras y de transición, los niveles de Escherichia coli no deben superar las 250 UFC por cada 100 mL. El 6 de julio, en esta playa de El Médano los índices de la bacteria ni siquiera cumplían con los mínimos establecidos por Europa para que la calidad del agua pueda considerarse buena o suficiente (500 UFC/100mL). Desde el Ayuntamiento responden a esta redacción que “se desconoce” por qué se contaminó la playa, que reabrió al baño el 9 de julio.

Un problema de salud pública

La presión urbanística y turística, así como los déficits históricos en infraestructuras de saneamiento y depuración han favorecido los vertidos al mar en Canarias. ''Se trata de un problema muy grave de salud pública'', advierte el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Rumeu. Esta asociación recibe cada mes denuncias de personas que van a la playa y acaban en urgencias con virus derivados de bacterias fecales. ''Ocurre con más frecuencia de lo que creemos'', asevera.

Además, critican que se intente eliminar la contaminación “cometiendo otra irregularidad”: desinfectando con hipocloritos que ''generan otros elementos perjudiciales para la salud'' por la reacción del cloro con la materia orgánica. AECCM ha pedido a la administración pública que explique en qué evidencias científicas se basan estos métodos de tratamiento.

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) también ha alertado ya de que ''bañarse en Canarias es un riesgo sanitario''. La asociación ha exigido transparencia, con avisos inmediatos y cierres preventivos. ''Hasta que el resultado de la analítica está, pasan días. ¿Qué pasa las 72 horas antes de que una playa cierre? ¿Qué pasa con toda esa gente que se ha bañado antes?'', cuestiona Rumeu.

Las aguas residuales sin tratar o insuficientemente tratadas son, según un informe consultado por este periódico, un ''vector de transmisión de agentes patógenos y contaminantes químicos'', con un potencial impacto en la salud humana. Por ello, la AECCM ha afeado en reiteradas ocasiones a las administraciones públicas la falta de transparencia en esta materia.

El presidente de la asociación señala que no solo la E.coli y los Enterococos impactan en la población, aunque estas sean las dos bacterias que se analizan en las muestras de acuerdo con la normativa europea. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una guía con directrices sobre la calidad del agua recreativa en la que cita diferentes virus y bacterias que pueden aparecer en aguas residuales brutas, como el Rotavirus, el Enterovirus, la Hepatitis A o la Salmonella. La exposición a estos microorganismos, tal y como recoge la OMS, puede provocar en las personas diarreas, fiebre, vómitos, enfermedades respiratorias e infecciones cutáneas, entre otras.

''Luto'' por la pérdida del mar

No poder disfrutar del mar con tranquilidad genera en la población canaria ''un sentimiento de pérdida'' y la lleva a vivir ''una especie de luto'', explica la profesora del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (ULL) Yurena González. ''El mar tiene connotaciones identitarias dentro de la memoria colectiva que se han traspasado de generación en generación. Es un espacio de desahogo, y cuando empezamos a perder todo esto se genera una sensación de frustración, malestar y rabia'', cuenta la experta.

También se transforman los hábitos y aparece, por ejemplo, la tendencia al uso de piscinas. Una vecina de Santa Cruz de Tenerife, que prefiere no dar su nombre, cuenta que ella y su familia han optado por ir a sitios con piscina privada. ''Así te garantizas aparcar y cierta tranquilidad y comodidad, sin masificaciones'', cuenta. En esta línea coincide Alba Domínguez, que baraja instalar una piscina en su casa. ''Da pena, porque vivir en una isla debería significar poder disfrutar de sus playas con tranquilidad y confianza, tenemos la ''ventaja'' de vivir rodeados de mar y tendríamos que poder aprovecharlo'', concluye.

En este punto, la docente y también miembro del Centro de Estudios Ecosociales de la ULL añade un elemento clave: los altos índices de pobreza que arrastra Canarias desde hace décadas, con más de un 30% de la población en riesgo de exclusión social. ''Esos espacios públicos de acceso gratuito nos son casi denegados, y frente a eso usamos espacios privados, donde hay que pagar para tener una piscina o agua en condiciones saludables'', incide.

El impacto de la contaminación de las aguas de baño también tiene una vertiente económica y perjudica a la economía local. Yurena González pone como ejemplo el caso de Playa Jardín (Puerto de la Cruz), una de las principales playas del norte de Tenerife que estuvo casi un año cerrada por bacterias fecales. El caso está en los tribunales y la justicia investiga a altos cargos públicos por un posible delito contra el medio ambiente.

El problema no es exclusivo de Tenerife. En Lanzarote, la principal playa de la capital estuvo cerrada seis meses por contaminación fecal. En el núcleo turístico de Playa Blanca, en el sur de la isla, otra playa cerró en junio por la misma causa. En Gran Canaria, los episodios de contaminación fecal se han enquistado en la playa de El Confital durante más de ocho años y el baño permane prohibido temporalmente, según los últimos muestreos publicados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no comparte las conclusiones de los expertos. Reconoce que la isla “tiene un problema en El Confital”, pero asegura que el resto de las playas “cumple con los parámetros sanitarios con holgura. Esa generalización nos hace un enorme daño”. Preguntado por los problemas detectados en las playas de Telde, admite que los ha habido pero que en ningún caso han afectado a la salubridad del agua de baño. Gran Canaria “no tiene los mismos problemas que Tenerife”.

La presión sobre el territorio y el cierre de playas son algunas de las razones por las que Canarias ha sido incluida este año en la Fodor 's No List, el listado de la prestigiosa guía de viajes estadounidense que recoge los destinos de viajes a ''reconsiderar''. La publicación subraya que 100 millones de litros de aguas residuales no tratadas o apenas tratadas se vierten al mar ''todos los días''.

Playas masificadas

La masificación turística de las costas también ha llevado a los residentes a renunciar a determinados enclaves. ''Muchas veces prefiero ir a la montaña en lugar de ir a una playa donde no sé si el agua está en buenas condiciones o que sé que va a estar llena'', añade Alba Domínguez. ''Hay más basura, más ruido y más presión sobre un espacio que tiene sus límites. Intento ir entre semana o buscar playas menos conocidas, aunque cada vez es más difícil encontrar sitios tranquilos por el aumento del turismo y del uso del territorio sin control'', continúa.

Por su parte, la vecina de Santa Cruz de Tenerife antes frecuentaba la playa urbana de Las Teresitas ''por cercanía y comodidad'' para ir con niños. ''Ya casi no vamos. Desde que el Ayuntamiento cambió los aparcamientos se ha vuelto insoportable ir, sobre todo, si vas a media mañana te toca un atasco importante y la playa suele estar muy llena'', apostilla.

Esta es una de las playas que ha recibido la bandera negra de Ecologistas en Acción este año por ''gestión negligente''. La asociación denuncia el ''abandono severo planificado'' que sufre Las Teresitas ''desde hace décadas'', en un escenario marcado por “vertidos incontrolados de residuos urbanos, privatización, invasión de espacios públicos y problemas de accesibilidad''.

Ecologistas en Acción también ha dado la bandera negra al macroproyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito de Adeje, uno de los últimos rincones que quedaban sin edificar en Tenerife; a la contaminación que provocan los cruceros en islas como Lanzarote; y a Telde, por los episodios de contaminación que provocaron la muerte de peces y el cierre temporal de más de una decena de playas.

Impacto ambiental

Según el censo de vertidos actualizado por el Gobierno de Canarias, las islas cuentan con 403 puntos de vertido de tierra a mar. De ellos, 361 están en activo y 216 no tienen autorización para su funcionamiento. Tenerife es la isla con más puntos de vertidos, con 180, seguida de Gran Canaria, con 115. Esto significa que las dos islas capitalinas concentran 295 emisarios de tierra a mar (un 81,72% del total). Muchos de estos puntos afectan a aguas marinas protegidas, según ha alertado el informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

En el caso de Tenerife, el área más afectada es la Franja Marina Teno-Rasca, donde se encuentran 39 puntos de vertidos. En Gran Canaria, otros 39 emisarios inciden de forma directa en las aguas de la Red Natura 2000 y, en concreto, sobre la ZEC Franja Marina de Mogán. En su mayoría, según este estudio, se trata de aguas residuales urbanas y salmueras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia, emitida este 18 de diciembre, concluye que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife, antes de verterse al mar.

En concreto, los doce enclaves de Tenerife a los que hace referencia el TJUE en su sentencia son Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.

Para revertir el problema, son necesarias ''políticas valientes'', plantea Yurena González. ''Lo que se está observando son las consecuencias más manifiestas de este modelo de desarrollo que se ha ejecutado sin planificación. Las islas son islas, son limitadas. Cuando tú creces más de lo que el espacio te da, se producen todos estos desastres, y los sufre la población local, que se queda aquí, no se va'', concluye.

“No inventem les festes a la piscina, simplement les perfeccionam”, és el lema d'O Beach, que es promociona així a la seva pàgina web. L'afirmació va acompanyada d'una seqüència de vídeos on apareixen purpurina, gogós, inflables i gent ballant al límit de l'èxtasi musical en una presa aèria que mostra gran part del beach club. Just al costat, hi ha la principal platja d'un municipi que, molt a desgrat seu, no aconsegueix deixar enrere el turisme d'excessos: Sant Antoni.

A escassos metres de la mar, aquest centaure —meitat hotel, meitat discoteca— passa els dies, un cop iniciada la temporada, llançant amb potents canons serpentines, confeti i altres materials que acaben durant les seves festes dispersos en aquest punt del Mediterrani —que encara alberga un petit nucli de tradicionals casetes de pescadors—. Col·lectius ecologistes han presentat ara una denúncia davant l'Ajuntament de Sant Antoni per aquest presumpte perjudici a l'entorn natural, sense haver rebut encara resposta institucional.

No només això, la contradicció de les accions de l'empresa, que organitza juntament amb l'Ajuntament neteges a la platja, ha portat l'associació Salvem sa Badia (que lluita per mantenir sana la biodiversitat de s'Arenal i els voltants) a acusar de greenwashing l'hotel-discoteca. Els ecologistes consideren que el discurs ambiental corporatiu xoca amb l'impacte real dels seus esdeveniments a la badia de Portmany.

El greenwashing (o ecoblanqueig, en català) és una pràctica de màrqueting en què una empresa, organització o producte sembla molt més respectuós amb el medi ambient del que realment és. És a dir, s'exageren, es maquillen o fins i tot s'utilitzen credencials ambientals sense posseir-les per millorar la imatge pública o augmentar les vendes.

“El problema [respecte a les actuacions de l’O Beach] és més gran: és la impunitat, la falta de transparència i la falta de rendició de comptes de les seves actuacions”, expressa Léa Leuzinger, coordinadora de l'entitat ecologista Salvem sa Badia. elDiario.es ha contactat amb O Beach per conèixer la seva versió dels fets, però l'empresa ha declinat fer declaracions al respecte.

L'associació ha denunciat el cas en forma de registre d'entrada amb l'objectiu que aquesta administració actuï contra la contaminació reiterada de la platja de s'Arenal i el seu entorn que perpetra l'hotel-discoteca, a peu del passeig marítim, al litoral.

Inaugurat sota la Llei Turística de 2012

Wayne Lineker va fundar O Beach —THB OCEAN BEACH, segons el seu nom comercial— l'any 2012, quan es va modificar la llei turística que permet activitats complementàries als hotels, com festes i espectacles. El britànic, propietari fins ara d'un bar esportiu del passeig que rep el seu propi nom, l'ha hagut de clausurar lamentant a les xarxes socials la “fi d'una era”. El local era una referència del turisme hooligan del Regne Unit que durant dècades ha copat el terme municipal.

Al portal de registres turístics del Consell d'Eivissa, O Beach apareix com un establiment hoteler del subtipus hotel apartament i amb la categoria de quatre estrelles. El complex alberga un total de 146 places turístiques, però a la pràctica funciona, a més, com una discoteca a l'aire lliure amb tota mena de performances, inclosos espectacles amb trapezistes.

La seva pàgina web, de fet, inclou un calendari de festes al qual precedeix una contundent declaració d'intencions promocionals: “Hi ha una raó per la qual Eivissa és la capital mundial de la festa: deixa'ns demostrar-t'ho qualsevol dia de la setmana aquest estiu amb el nostre calendari de festes a Eivissa”.

“Hi ha una raó per la qual Eivissa és la capital mundial de la festa: deixa'ns demostrar-t'ho qualsevol dia de la setmana aquest estiu amb el nostre calendari de festes a l'illa", comenta l'establiment a la seva web

A continuació, es desplega una organització d'esdeveniments per a cada dia de la setmana al llarg de tota la jornada. En realitat, O Beach va començar organitzant pool parties (festes a la piscina) que cada vegada s'han anat professionalitzant i fent més sofisticades.

Des de l'empresa especifiquen que l'horari d'obertura és la una del migdia, tanmateix, mantenen difusa l'hora de tancament: “Fins tard”. Els veïns de la zona han lamentat en diverses ocasions l'estrès hídric que pateixen, fins al punt de quedar-se sense aigua en moments punta de la temporada.

Independentment del tipus d'esdeveniment, el preu aproximat es manté: el més baix és assequible, entre quinze euros i vint per accedir-hi amb limitacions horàries, normalment abans de les dues del migdia. A partir d'aquest import, pugen estrepitosament fins als 1.850 euros que costa un lloc privilegiat per a deu persones al costat del dj al capvespre.

Els preus oscil·len entre els quinze i els vint euros per accedir-hi amb limitacions horàries fins als 1.850 euros que costa un lloc privilegiat per a deu persones al costat del dj al capvespre

La posta de sol és el principal atractiu del municipi —el més situat al sud-oest de l'illa— i també de l’O Beach, que desplega al seu catàleg d'oferta diverses opcions per veure aquest moment de postal en condicions: el preu d'entrada per a un ‘sunset sofa’ per a sis persones (o una balinesa a la zona enjardinada) és de cent euros, als quals cal afegir una despesa mínima de 625 euros.

És a dir, 725 euros en total que es converteixen en 875 si el servei és per a vuit persones o en 1.125 si el que es vol és una ‘caseta’ al jardí. Tot això, a més, amb el requisit indispensable d'ocupar els llits abans de les tres del migdia.

Tentacles a Dubai

L'any d'inauguració del negoci [2012] no sorprèn, va ser quan el Govern de José Ramón Bauzá (PP) va aprovar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, que va derogar la Llei 2/1999, General Turística de les Illes Balears, i va establir un nou marc normatiu per al sector turístic balear, introduint una filosofia molt més flexible respecte de l'activitat turística.

Des d'aquell moment es van permetre, entre altres coses, activitats complementàries als hotels, com festes i espectacles. Un dels propòsits era impulsar la reconversió de zones turístiques madures, entre aquestes, Platja de Palma i Magaluf, a la veïna Mallorca, o Sant Antoni, a Eivissa.

El model havia crescut simultàniament a la zona de Platja d'en Bossa amb Hard Rock o Ushuaïa. Locals l'activitat dels quals ja no es limita a Eivissa, sinó que el concepte ha fet el salt a Dubai —en el cas de l’O Beach ho va fer el 2024— amb la finalitat d'obrir-se les portes a la clientela als Emirats Àrabs. Pel que fa a The Night League —el grup empresarial encapçalat per Yann Pissenem, promotor del megaclub UNVRS i també d'Ushuaïa i Hï Ibiza— es va aliar per a això amb un grup hoteler i va fundar The Ushuaïa Dubai Harbour Experience, ubicada a la Marina de Dubai.

La mateixa estratègia corporativa van seguir l'exclusiu restaurant Tatel —un projecte creat el 2014 per l'empresari Manuel Campos Guallar juntament amb Abel Matutes Prats, Rafa Nadal i Cristiano Ronaldo, entre d'altres— i que també va aterrar a la capital emiratí.

Matutes s'ha desvinculat fa poc d'aquest projecte, però la rastellera d'empreses amb nínxol a Eivissa que continuen expandint-se al golf Pèrsic continua. Així ho demostra que Lío —el club cabaret situat a Marina Botafoch, la Milla d'Or d'Eivissa que té previst traslladar-se a l'hotel Corso de cara al 2027— tingués l'any passat la mateixa intenció, tot i que l'operació finalment va acabar en no res. En el moment en què es publica aquest reportatge, Lío no ha respost a la consulta d'aquest mitjà per especificar-ne el motiu.

L'empresa de Lineker es promociona ara als Emirats com un «nou paradís davant la mar», amb una varietat de llits VIP, ‘casitas’ privades, luxoses cabanes i gandules ideals per socialitzar, que ofereixen “vistes perfectes” de la “posta de sol sobre el golf”. Al seu torn, a l'illa se celebra ‘La fiesta!’, una pool party amb reminiscències de Dubai, de la mà de dos dj's de renom, Darrel Privett i Dave Hodges.

Contaminació perpetua a la badia

Segons la denúncia presentada per Salvem sa Badia, durant les festes es llancen a l'aire dos tipus de serpentines de plàstic –unes d'uns tres metres de longitud i unes altres d'uns deu metres aproximadament— des de la zona de piscines i la pista de ball de l'establiment.

Com que es tracta d'un recinte a l'aire lliure situat al costat de la costa —on sobrevola la baldriga balear, un ocell protegit que només cria a les illes—, el col·lectiu sosté que el vent arrossega part d'aquests materials cap a la mar, la vegetació i l'entorn de sa Punta des Molí.

Les restes romanen, segons els ecologistes, durant mesos a les palmeres del passeig marítim, al fons marí i a finques situades a més de cent metres de l'hotel. Un cop arriben a l'aigua —continuen els ecologistes— molts d'aquests plàstics resulten difícils de retirar perquè es fragmenten, s'enfonsen i perden el revestiment platejat que els fa visibles, cosa que afavoreix la seva dispersió al medi marí.

Els abocaments de material contaminant no són nous, sinó que es repeteixen temporada rere temporada, segons els ecologistes. En aquest sentit, l'associació acusa l'establiment de projectar una imatge de compromís ambiental incompatible amb la seva activitat. “Mentre organitzen campanyes de neteja del litoral i difonen missatges de conscienciació sobre la contaminació, continuen actuant contra el medi ambient”, assenyala Leuzinger.

A la denúncia, presentada el 7 de juliol, el col·lectiu sol·licita a l'Ajuntament de Sant Antoni que inspeccioni l'establiment durant la celebració d'una d'aquestes festes per comprovar quins materials s'utilitzen, si són reutilitzables o d'un sol ús, quines mesures existeixen per evitar-ne la dispersió i si l'activitat compta amb les autoritzacions i condicions ambientals exigibles. També sol·liciten que, en cas de detectar-se incompliments, s'adoptin les mesures correctores i sancionadores que corresponguin.

L'Ajuntament de Sant Antoni assegura a elDiario.es que ja ha incorporat la denúncia a les actuacions que manté obertes sobre aquest assumpte i que està recollint informació per intervenir, evitar que aquests materials continuïn arribant a la platja i adoptar les mesures necessàries per impedir que la situació es repeteixi.

El Consistori explica que les inspeccions ordinàries de la Regidoria de Medi Ambient se centren en la gestió dels residus dels establiments i no solen revisar els elements d'ambientació utilitzats durant les activitats. En aquest sentit, ha precisat que aquest cas s'està tramitant des de l'àrea de Neteja Viària, en considerar que és l'àmbit competencial que correspon d'acord amb l'ordenança municipal.

“No inventamos las fiestas en la piscina, simplemente las perfeccionamos”, es el lema de O Beach, que se promociona así en su página web. La afirmación viene acompañada de una secuencia de vídeos donde aparecen purpurina, gogós, hinchables y gente bailando al borde del éxtasis musical a vista de pájaro en un plano aéreo que muestra gran parte del beach club. Justo al lado, está la principal playa de un municipio que, muy a su pesar, no consigue dejar atrás el turismo de excesos: Sant Antoni.

A escasos metros del mar, este centauro -mitad hotel, mitad discoteca- pasa los días, una vez arrancada la temporada, lanzando con potentes cañones serpentinas, confeti y otros materiales que acaban durante sus fiestas dispersos en este punto del Mediterráneo -que aún alberga un pequeño núcleo de tradicionales casetas de pescadores-. Colectivos ecologistas han presentado ahora una denuncia frente al Ayuntamiento de Sant Antoni por este presunto perjuicio al entorno natural, sin haber recibido aún respuesta institucional.

No solo eso, la contradicción de las acciones de la empresa, que organiza junto al limpiezas en la playa junto al Consistorio, ha llevado a la asociación Salvem sa Badia (que lucha por mantener sana la biodiversidad de s’Arenal y alrededores) a acusar de greenwashing al hotel-discoteca. Los ecologistas consideran que el discurso ambiental corporativo choca con el impacto real de sus eventos en la bahía de Portmany.

El greenwashing (o eco blanqueo, en español) es una práctica de marketing en la que una empresa, organización o producto parece mucho más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es. Es decir, se exageran, maquillan o incluso utilizan credenciales ambientales sin poseerlas para mejorar la imagen pública o aumentar las ventas.

“El problema [respecto a las actuaciones del O Beach] es mayor: es la impunidad, falta de transparencia y falta de rendición de cuentas de sus actuaciones”, expresa Léa Leuzinger, coordinadora de la entidad ecologista Salvem sa Badia. elDiario.es ha contactado con O Beach para conocer su versión de los hechos, pero la empresa ha declinado hacer declaraciones al respecto.

La asociación ha denunciado el caso en forma de registro de entrada con el objetivo de que esta administración actúe contra la contaminación reiterada de la playa de s’Arenal y su entorno que perpetra el hotel-discoteca, a pie del paseo marítimo, en el litoral.

Inaugurado bajo la Ley Turística de 2012

Wayne Lineker fundó O Beach -THB OCEAN BEACH, según su nombre comercial- en el año 2012, cuando se modificó la ley turística que permite actividades complementarias en los hoteles, como fiestas y espectáculos. El británico, dueño hasta ahora de un bar deportivo del paseo que recibe su propio nombre, ha tenido que clausurarlo lamentando en redes sociales el “fin de una era”. El local era una referencia del turismo hooligan de Reino Unido que durante décadas ha copado el término municipal.

En el portal de registros turísticos del Consell de Eivissa el O Beach aparece como un establecimiento hotelero del subtipo hotel apartamento y con la categoría de cuatro estrellas. El complejo alberga un total de 146 plazas turísticas, pero en la práctica funciona además como una discoteca al aire libre con todo tipo de performances, incluidos shows con trapecistas.

Su página web, de hecho, incluye un calendario de fiestas al que precede una contundente declaración de intenciones promocionales: “Hay una razón por la que Ibiza es la capital mundial de la fiesta: déjanos demostrártelo cualquier día de la semana este verano con nuestro calendario de fiestas en Ibiza”.

'Hay una razón por la que Ibiza es la capital mundial de la fiesta: déjanos demostrártelo cualquier día de la semana este verano con nuestro calendario de fiestas en la isla', comenta el establecimiento en su web

A continuación, se despliega una organización de eventos para cada día de la semana a lo largo de toda la jornada. En realidad, el O Beach empezó organizando pool parties (fiestas en la piscina) que cada vez se han ido profesionalizando y haciendo más sofisticadas.

Desde la empresa especifican que el horario de apertura es la una del mediodía, sin embargo, mantienen difusa la hora de cierre: “Hasta tarde”. Los vecinos de la zona han lamentado en varias ocasiones el estrés hídrico que sufren, hasta el punto de quedarse sin agua en momentos pico de la temporada.

Independientemente del tipo de evento, el precio aproximado se mantiene: el más bajo es asequible, entre quince euros y veinte para acceder con limitaciones horarias, normalmente antes de las dos del mediodía. A partir de este importe, suben estrepitosamente hasta los 1.850 euros que cuesta un lugar privilegiado para diez personas al lado del dj's al atardecer.

Los precios oscilan entre los quince euros y veinte para acceder con limitaciones horarias hasta los .850 euros que cuesta un lugar privilegiado para diez personas al lado del dj's al atardecer

La puesta de sol es el mayor atractivo del municipio -el más ubicado al sudoeste de la isla- y también del O Beach, que despliega en su catálogo de oferta varias opciones para ver el momento de postal en condiciones: el precio de entrada por un ‘sunset sofa’ para seis personas (o una balinesa en la zona ajardinada) es de cien euros, a los hay que añadir un gasto mínimo de 625 euros.

Es decir, 725 euros en total que se convierten en 875 si el servicio es para ocho personas o en 1.125 si lo que se quiere es una ‘casita’ en el jardín. Todo esto, además, con el requisito indispensable de ocupar las camas antes de las tres del mediodía.

Tentáculos en Dubai

El año de inauguración del negocio [2012] no sorprende, fue cuando el Govern de José Ramón Bauzá (PP) aprobó la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, que derogó la Ley 2/1999, General Turística de las Illes Balears, y estableció un nuevo marco normativo para el sector turístico balear, introduciendo una filosofía mucho más flexible respecto a la actividad turística.

Desde ese momento se permitieron, entre otras cosas, actividades complementarias en los hoteles, como fiestas y espectáculos. Uno de los propósitos era impulsar la reconversión de zonas turísticas maduras, entre ellas, Platja de Palma y Magaluf, en la vecina Mallorca, o de Sant Antoni, en Eivissa.

El modelo había crecido simultáneamente en la zona de Platja d’en Bossa con Hard Rock o Ushuaïa. Locales cuya actividad ya no se limita a Eivissa, sino que el concepto ha saltado a Dubai -en caso de O Beach lo hizo en 2024- con el fin de abrirse las puertas a la clientela en Emiratos Árabes. En cuanto a The Night League -el grupo empresarial encabezado por Yann Pissemen, promotor del megaclub UNVRS y también de Ushuaïa y HÏ Ibiza- se alió para ello con un grupo hotelero y fundó The Ushuaïa Dubai Harbour Experience, ubicada en La Marina dubaití.

La misma estrategia corporativa siguieron el exclusivo restaurante Tatel -un proyecto creado en 2014 por el empresario Manuel Campos Guallar junto a Abel Matutes Prats, Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo, entre otros- y que también aterrizó en la capital emiratí.

Matutes se ha desvinculado hace poco de este proyecto, pero la retahíla de empresas con nicho en Eivissa que siguen expandiéndose al Golfo Pérsico continúa. Así lo demuestra que Lío -el club cabaret ubicado en Marina Botafoch, la Milla de Oro de Eivissa que tiene previsto trasladarse al hotel Corso de cara a 2027- tuviera el año pasado la misma intención, aunque la operación finalmente terminó en saco roto. En el momento en que se publica este reportaje Lío no ha respondido a la consulta de este medio para especificar el motivo.

La empresa de Lineker se promociona ahora en Emiratos como un “nuevo paraíso frente al mar”, con una variedad de camas VIP, casitas privadas, lujosas cabañas y tumbonas ideales para socializar, que ofrecen “vistas perfectas” de la “puesta de sol sobre el golfo”. A su vez, en la isla se celebra ‘La fiesta!’, una pool party con reminiscencias a Dubái, de la mano de dos dj’s de renombre, Darrel Privett y Dave Hodges.

Contaminación perpetúa en la bahía

Según la denuncia presentada por Salvem sa Badia, durante las fiestas se lanzan al aire dos tipos de serpentinas de plástico -unas de unos tres metros de longitud y otras de alrededor de diez metros- desde la zona de piscinas y la pista de baile del establecimiento.

Al tratarse de un recinto al aire libre situado junto a la costa -en ella sobrevuela la pardela balear, un ave protegida que sólo cría en las islas-, el colectivo sostiene que el viento arrastra parte de estos materiales hacia el mar, la vegetación y el entorno de sa Punta des Molí.

Los restos permanecen, según los ecologistas, durante meses en las palmeras del paseo marítimo, en el fondo marino y en fincas situadas a más de cien metros del hotel. Una vez llegan al agua -continúan los ecologistas- muchos de estos plásticos resultan difíciles de retirar porque se fragmentan, se hunden y pierden el revestimiento plateado que los hace visibles, lo que favorece su dispersión en el medio marino.

Los vertidos de material contaminante no son nuevos, sino que se repiten temporada tras temporada, según los ecologistas. En ese sentido, la asociación acusa al establecimiento de proyectar una imagen de compromiso ambiental incompatible con su actividad. “Mientras organizan campañas de limpieza del litoral y difunden mensajes de concienciación sobre la contaminación, siguen actuando contra el medio ambiente”, señala Leuzinger.

En la denuncia, presentada el 7 de julio, el colectivo solicita al Ayuntamiento de Sant Antoni que inspeccione el establecimiento durante la celebración de una de estas fiestas para comprobar qué materiales se emplean, si son reutilizables o de un solo uso, qué medidas existen para evitar su dispersión y si la actividad cuenta con las autorizaciones y condiciones ambientales exigibles. También solicitan que, en caso de detectarse incumplimientos, se adopten las medidas correctoras y sancionadoras que correspondan.

El Ayuntamiento de Sant Antoni asegura a elDiario.es que ya ha incorporado la denuncia a las actuaciones que mantiene abiertas sobre este asunto y que está recabando información para intervenir, evitar que sigan llegando estos materiales a la playa y adoptar las medidas necesarias para impedir que la situación se repita.

El Consistorio explica que las inspecciones ordinarias de la Concejalía de Medio Ambiente se centran en la gestión de los residuos de los establecimientos y no suelen revisar los elementos de ambientación utilizados durante las actividades. En ese sentido, ha precisado que este caso se está tramitando desde el área de Limpieza Viaria, al considerar que es el ámbito competencial que corresponde de acuerdo con la ordenanza municipal.

España vierte un 20% más de contaminantes de nitrógeno a sus aguas que en 2010. Solo Portugal y Dinamarca presentan unos datos similares en la Unión Europea. De hecho, al menos 13 estados miembro han reducido este tipo de polución derivada de la ganadería y la agricultura intensivas, según el último informe sobre vertidos industriales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés).

El análisis de la Agencia muestra que, en la Unión Europea, estos vertidos que provienen básicamente de los desechos del sector primario han caído un 16% en esos 14 años, mientras que en España han crecido un quinto.

Detrás de esta contaminación está en buena parte la sobrefertilización de los cultivos “íntimamente relacionada con la intensificación de la agricultura”, explica la ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Estela Romero. Los desechos ganaderos también contribuyen al problema.

La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos

Estela Romero — Ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

“La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos”, resume la investigadora a elDiario.es.

Sobrefertilizar es, en palabras llanas, echar más nutrientes de los que las plantas son capaces de absorber con el objetivo de obtener cosechas más copiosas. “Los cultivos son frecuentemente sobrefertilizados y sobrerregados para conseguir más rendimiento, lo que conlleva un alto riesgo de filtraciones”, según describe este análisis sobre la dinámica del nitrógeno en los cultivos del mediterráneo.

“Estamos pagando una política de apoyo al uso de nitratos porque la producción es la única manera de que a los agricultores les salgan las cuentas”, analiza el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernando Llop. “Como les pagan muy poco por kilo, tienen que producir mucha cantidad para compensar”.

En las cuencas de España y Turquía se constata una alta entrada de nitrógeno y fósforo para fertilización al tiempo que bajas tasas de exportación, es decir, salida de esos compuestos por el mar. Romero ha calculado que se aplican unos 3.500 kg de nitrógeno por km² al año y que el 75% de lo añadido queda retenido en suelos y aguas.

El nitrógeno que entra y no sale hacia el mar se queda en los ecosistemas ya sea acumulado en los suelos o infiltrado en los acuíferos (más una parte que se elimina). En zonas áridas o semiáridas (como el 75% del territorio español) donde hay menos escorrentía y mucha regulación hidrológica, es decir, muchos embalses, se retiene más nitrógeno.

De esta manera, los embalses actúan como “trampas de nutrientes”, explica la investigadora del CREAF. Y eso se ve en cuencas como la del Ebro, el Júcar o el Segura.

Más fertilizante no asegura más producción

Y lo peor es que esta sobrefertilización, en realidad, es muchas veces inútil desde el punto de vista agrícola. “En regiones con escasez de agua, los cultivos se saturan de nitrógeno rápidamente”, explica el estudio encabezado por el investigador del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Lasaletta. Y el exceso de este compuesto y los vertidos contaminantes “pueden ocurrir incluso con tasas de fertilización bajas”.

Esto rompe la idea de que a más fertilizante mejor cosecha. Hay un punto de saturación a partir del cual no se produce más, pero sí se acumula el excedente de nitrógeno.

En las últimas seis décadas el cultivo de arroz, soja, maíz y trigo a nivel mundial ha sobrefertilizado los campos: una parte importante del nitrógeno, fósforo y potasio aportados no lo han absorbido las plantas y se han quedado en los ecosistemas generando “un importante impacto en el medio ambiente”, según ha calculado un reciente estudio del CREAF y el CSIC publicado en Nature Communications.

Este trabajo muestra que hay zonas del planeta, como Asia, donde el uso de fertilizantes “puede ser descontrolado y excesivo”, mientras en Europa, tras mucha sobrefertilización, “se gestionan mejor aunque aún se aplican en exceso”. De hecho, Estela Romero explica que, en Francia, los suelos han acumulado tanto fósforo extra que ahora “no es necesario aplicarlo”.

Bomba ambiental a largo plazo

La sobrefertilización es una bomba ambiental. Su principal daño es que causa la denominada eutrofización, un tipo de “contaminación grave del agua”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica.

El ciclo mortal es el siguiente: el exceso de nutrientes provoca estallidos de algas. La capa espesa y oscura de estas algas que cubre el agua impide que la luz penetre. Eso causa que la vegetación del fondo de un río o un lago muera. Las bacterias descomponen toda esa materia orgánica muerta y consumen gran cantidad de oxígeno. Sin oxígeno (anoxia), la zona se convierte en una zona muerta donde peces, moluscos o crustáceos no pueden vivir más.

Reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. Dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministro, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario

Josep Peñuelas — Investigador del CSIC en el CREAF

Además, la contaminación por nitrógeno en el suelo supone un peligro de legado tóxico a largo plazo. El riesgo de los daños que causa se prolonga en el tiempo aunque se reduzcan los inputs de nitrógeno. La investigación de Estela Romero dice: “Podemos estar posponiendo y extendiendo en el tiempo los problemas de contaminación como se constata en muchos países europeos que actualmente tienen bajos niveles de calidad de agua debido a las prácticas agrícolas del pasado. Puede dificultar la consecución del buen estado de las masas acuáticas durante décadas”.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF y coautor del estudio de Nature, concluye que “reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. En el caso de Europa dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministros vinculadas a conflictos geopolíticos, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario”.

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

La organización ecologista Greenpeace ha presentado nuevas imágenes de cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar, que contiene los lodos tóxicos del desastre ocurrido en 1998, se está filtrando y contaminando el río Agrio y el río Guadiamar, llegando así al Guadalquivir, una situación que no es la primera vez que ocurre. Tal y como ha denunciado en un comunicado, este drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados, una situación que se produce cuando este sábado se cumplen 28 años del vertido minero de Boliden en Aznalcóllar.

Una situación que, además, se ha visto agravada tras el pasado tren de borrascas que azotó la geografía andaluza con especial virulencia. La organización ha avisado así de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México a través de Minera Los Frailes. La empresa asegura que su proyecto acabará con este problema, al incluir la regeneración de los pasivos mineros que provocan este problema.

“Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera alcantarilla minera. Es una irresponsabilidad por parte de la Junta que no podemos permitir”, ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

“Atropello ambiental”

Hace ahora casi un año, la Junta de Andalucía dio luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que según los ecologistas supondría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados a través de una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir, durante más de 18 años.

Así, una parte de esas aguas procederían del vaciado de las cortas donde están almacenados los lodos tóxicos del desastre minero de 1998. Ante este “atropello ambiental”, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada exigiendo la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, la cual tachan de “nula de pleno derecho”.

Según han subrayado, a esto se suma la amenaza de la mina de Cobre Las Cruces, donde tras operar desde 2009 como explotación a cielo abierto, provocando contaminación ecotóxica en el Guadalquivir, la minera “pretende ahora perpetuarse con un proyecto de minería subterránea en galería”.

Por ello, esta nueva fase contempla un vertido masivo de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en su punto de vertido en La Algaba, una situación que Greenpeace ha considerado “una temeridad inaceptable que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, ignorando la correlación directa ya demostrada entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario”.

“Efectos sinérgicos”

Greenpeace ha advertido que los dos vertidos dejarían “tocado de muerte al río Guadalquivir”, y que la Junta de Andalucía “no está teniendo en cuenta sus efectos sinérgicos”, ya que “ambos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían una nueva presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana”.

“Esto resulta especialmente preocupante cuando el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a restaurar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030; en España solo el 9% de los hábitats está en buen estado. Por ello, más que asumir nuevos impactos para restaurar después, debe aplicarse el principio de no deterioro y proteger la zona”, ha aseverado el colectivo ecologista.

En esta línea, estudios científicos llevados a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han constatado la presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la Unión Europea en albures, un pescado muy consumido en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha demostrado presencia de arsénico al límite de lo permitido por la Unión Europea en galeras, un crustáceo muy popular y que juega un papel importante en la gastronomía y la economía de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Estas investigaciones critican además que, de producirse los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir se multiplicaría por diez.

Greenpeace ha enmarcado así que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir.

Posible impacto en el arrozal

Por otro lado, y según los ecologistas, estos vertidos también podrían poner en peligro al sector agrario: el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir –el mayor arrozal de España, con una superficie de más de 36.000 hectáreas– se encontraría en grave peligro al estar utilizando agua con una alta cantidad de arsénico, un metal pesado que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace ha avisado que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía “ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de sustancias tóxicas”. “A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente”, ha asegurado.

Del mismo modo, Greenpeace ha subrayado que numerosos estudios científicos han avisado de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar, ya que la presa de Alcalá del Río actúa como un “fondo de saco”, frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo.

A esto se suma el llamado “tapón salino” en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores. Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico, sino que se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica.

“Debemos aprender de los errores del pasado”

Con los episodios de lluvia intensa o cuando se desembalsa agua de la presa de Alcalá del Río, se produce una salida de estos lodos decantados que terminan llegando al Golfo de Cádiz, e incluso al Mar de Alborán, afectando también allí a la red trófica marina.

Por todo ello, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona. Por otro lado, ha reclamado la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.

La organización ha incidido en que estos dos proyectos de vertidos mineros se asientan sobre uno de los mayores desastres ambientales de España: la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa en abril de 1998, que hace 28 años arrasó el corredor del Guadiamar con siete millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

El resultado fueron los lodos tóxicos retirados y almacenados en las cortas mineras, 80 kilómetros del río afectados, 4.600 hectáreas de cultivo envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación, 30 toneladas de animales muertos y acuíferos altamente contaminados. Unas 5.000 personas se quedaron sin empleo y las pérdidas económicas rondaron los once millones de euros.

“Debemos aprender de los errores del pasado: animamos a toda la sociedad civil, a los agentes sociales y a los sectores productivos que dependen del buen estado de la biodiversidad del río Guadalquivir a que se movilicen para parar este desastre. No más vertidos mineros al río”, concluye Luis Berraquero.

Un árbol puede limpiar el aire, pero su presencia depende de espacio, suelo y unas condiciones que no siempre se cumplen en una ciudad. Los árboles siguen siendo la principal referencia cuando se habla de entornos urbanos más verdes, aunque su papel encuentra límites claros cuando el asfalto ocupa cada rincón y la contaminación complica su crecimiento.

En muchas calles no hay tierra disponible, y en otras el nivel de gases hace difícil que un ejemplar joven llegue a desarrollarse con normalidad. Esa situación empuja a buscar soluciones que mantengan la función de limpiar el aire sin depender de raíces ni parques amplios. A partir de ahí aparecen sistemas que replican ese trabajo en formatos distintos, pensados para encajar justo donde un árbol no puede existir.

Serbia instaló en 2021 un sistema urbano con microalgas

Serbia instaló en Belgrado el primer sistema urbano de este tipo en 2021, un fotobiorreactor llamado LIQUID3, desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinar de la Universidad de Belgrado y recogido por United Nations Development Program (UNDP). Desde entonces, el dispositivo lleva años en funcionamiento como parte de las soluciones que la ciudad ha ido probando para mejorar la calidad del aire.

Este dispositivo utiliza agua y microalgas para capturar dióxido de carbono y generar oxígeno mediante fotosíntesis. Funciona como una unidad autónoma que se coloca en plena calle, sin necesidad de suelo natural, y responde a un problema concreto en ciudades donde el espacio verde escasea. El proyecto se concibió como una herramienta para mejorar la calidad del aire en zonas con alta concentración de emisiones.

El sistema se basa en un depósito transparente con unos 600 litros de agua donde viven microalgas de una sola célula. Estas algas absorben el dióxido de carbono del aire y, con la luz, lo transforman en oxígeno y biomasa, un proceso que replica la fotosíntesis vegetal pero en un entorno controlado.

El diseño incluye una estructura que permite captar la mayor cantidad posible de luz y, en algunos casos, un sistema de bombeo que introduce aire en el tanque para que el intercambio de gases sea continuo. Además, el dispositivo incorpora paneles solares que alimentan la iluminación nocturna y otros elementos integrados como cargadores para teléfonos.

El sistema se mantiene con ciclos periódicos de renovación

El funcionamiento no se detiene tras la primera fase de crecimiento. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada seis semanas, se retira la biomasa generada por la multiplicación de las algas, se añade agua y minerales, y el proceso continúa. Ese material extraído tiene uso como fertilizante, lo que añade una salida práctica al residuo generado. Las microalgas utilizadas proceden de entornos naturales del propio país y tienen la capacidad de crecer en agua corriente, además de soportar variaciones de temperatura sin perder actividad.

La necesidad de soluciones como esta se entiende al observar el contexto urbano. Según Francine Pickup, representante residente del UNDP en Serbia, “las ciudades son la fuente de hasta el 75% de las emisiones totales de CO2 en el mundo”. A esto se suma que el 59% de la población serbia vive en zonas urbanas, una cifra que sigue creciendo y que aumenta la densidad de tráfico, el uso de calefacción y refrigeración y, con ello, la cantidad de gases en el aire.

Los investigadores comparan su eficacia con árboles y césped

En ese entorno, plantar árboles no siempre resulta viable. Hay barrios sin espacio libre y zonas donde la contaminación dificulta que los árboles sobrevivan. En Belgrado, la presencia de grandes centrales de carbón cercanas y el tráfico urbano generan niveles elevados de partículas y gases, con cifras de contaminación que han situado al país entre los más afectados de Europa en varios informes. En estas condiciones, algunas especies vegetales no resisten, mientras que las microalgas mantienen su actividad.

La comparación entre ambos sistemas explica el interés por este tipo de tecnología. Ivan Spasojevic, investigador del proyecto, explicó que “las microalgas en LIQUID3 reemplazan dos árboles de 10 años o 200 metros cuadrados de césped”.

Esa capacidad se debe a su velocidad de crecimiento y a la intensidad de su proceso de fotosíntesis, que puede ser entre 10 y 50 veces más eficaz que el de las plantas terrestres. Aun así, el propio equipo insiste en que el objetivo no es sustituir los bosques, sino ocupar los huecos donde no es posible plantar.

El proyecto se integra en la ciudad con funciones para vecinos

El primer prototipo se instaló el 9 de septiembre de 2021 frente al Ayuntamiento de Stari Grad, en la calle Makedonska de Belgrado, una zona con tráfico intenso. El sistema se integró como un banco urbano con iluminación y puntos de carga, lo que permite que cumpla una función diaria para los ciudadanos mientras actúa sobre el aire. La estructura está pensada para operar durante todo el año, incluso en invierno, gracias a su sistema de regulación interna.

El proyecto recibió un reconocimiento dentro del programa Climate Smart Urban Development, impulsado por el UNDP junto al Ministerio de Protección Ambiental de Serbia y con apoyo del Global Environment Facility. Fue seleccionado como una de las 11 soluciones más destacadas en ese marco, mientras el municipio de Stari Grad facilitó la ubicación para su instalación.

Ese respaldo institucional confirma que estas propuestas se están incorporando como parte de una estrategia urbana más amplia, donde cada dispositivo ocupa un espacio que antes quedaba sin opción para plantar nada.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

Varios ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidas dos consejeras, no serán finalmente procesados por el caso de los gases tóxicos de la barriada del Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río, una contaminación que sufren unas 4.000 personas. El colectivo que las aglutina, la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río, denunció a altos responsables de Salud (entre ellas, las dos consejeras) por un presunto delito de “prevaricación omisiva”, es decir, por inacción ante lo que estaba ocurriendo. La resolución judicial no es firme y todavía puede ser recurrida.

La denuncia –que llevó al juez a incoar las diligencias previas que ahora se cierran– incluía a Catalina García, consejera hasta 2024 de Salud y actual titular de Medio Ambiente, y a Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Hernández cesó en el cargo el pasado mes de octubre arrastrada por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

La entidad denunciante apuntó en total contra seis altos cargos, entre ellos la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándoles de “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha decretado –en un auto al que ha tenido acceso este periódico– el sobreseimiento y archivo de la causa “por no quedar debidamente justificada la perpetración de delito alguno, quedar esclarecido el hecho y no ser necesario la práctica de diligencias de investigación”.

Hasta cinco presuntos delitos

El caso que derivó en el señalamiento de las consejeras se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir denunciaron fuertes olores a gasolina incluso en el interior de sus viviendas, lo que habría derivado en problemas de salud de numerosos afectados. Los gases tóxicos provendrían presuntamente de una gasolinera cercana, lo que dio lugar a una investigación judicial por un posible delito contra el medio ambiente. El caso fue archivado a finales de 2024, pero se reactivó al confirmar la Fiscalía la existencia de “daño constatado en la salud y afección demostrada” a los vecinos.

En este contexto, la asociación vecinal decidió actuar también contra varios responsables sanitarios, a los que acusaban de no tomar cartas en el asunto para atajar el problema. En concreto, el año pasado les acusó de los delitos contra el medio ambiente, de prevaricación omisiva y prevaricación medioambiental omisiva, lesiones y tratos degradantes.

En cambio, el instructor considera que una querella “exige la existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal” y que, como en este caso, “cuando resulta la inexistencia de indicios de la perpetración de un ilícito penal, la instrucción agota su función”. La base de la denuncia es la inacción de los altos cargos de Salud, algo que el auto descarta porque en todo momento actuaron conforme a la información que tenían.

Informes de Salud descartando riesgos

En concreto, señala que reclamó un informe a la actual Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia para determinar los pasos dados por los querellados. “Los informes declaran que no hay riesgo significativo y que en el momento de emisión de los tóxicos no se puede concluir la existencia de un riesgo para la salud”, fue la respuesta obtenida.

Eso sí, el juez recuerda que esta conclusión “no es definitiva” y que están pendientes informes forenses para conocer el alcance de las lesiones en el marco de la causa que se sigue por un posible delito ambiental. Pero los ahora exculpados tomaron decisiones “basándose en dichos informes en el momento en que fueron emitidos”, de ahí que no accedieran a las peticiones que hacía la asociación, lo que “no supone automáticamente la comisión de un delito de prevaricación omisiva”.

En cuanto a la prevaricación administrativa o medioambiental, tanto activa como omisiva, “trata de castigar supuestos arbitrios, circunstancias que no han sido acreditadas en el presente procedimiento”. Si no se da este caso, argumenta el magistrado, “tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciadas”.

Tirón de orejas a los denunciantes

Asimismo, no aprecia pruebas del “trato degradante denunciado”, ya que no acceder a las peticiones del colectivo vecinal “no conlleva la comisión de un delito de trato degradante”. Y cierra su auto con un tirón de orejas a los denunciantes: “No se puede acudir a la jurisdicción penal para obtener lo que se ha rechazado en sede contencioso-administrativa, máxime cuando la vía penal es la última ratio”.

Así que su conclusión es que “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la causa”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de la misma. La decisión no es firme porque todavía los querellantes pueden interponer recurso de reforma o de apelación.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado este miércoles la negativa de PP y Vox en sede parlamentaria a hacer públicos los resultados del estudio sobre la contaminación por metales pesados del Campo de Cartagena que la Consejería de Agricultura encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 y que revelan altos niveles de metales pesados en las tierras de cultivo del arco sur de la comarca.

La coalición de izquierdas ha llevado al Hemiciclo una moción para exigir al Ejecutivo regional no solo la publicación inmediata del informe, sino también la puesta en marcha de medidas urgentes, como aplicar el principio de precaución y adoptar los controles necesarios de los productos agrarios en aras de proteger la salud de los consumidores y de los trabajadores del campo, y aprobar antes de finales de 2026 el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).

Sin embargo, los votos en contra de la derecha y la ultraderecha han rechazado la iniciativa, pese a los favorables de Podemos-IU-AV y PSOE, de modo que el informe, cuyos resultados certifican que los niveles de plomo y cadmio son, respectivamente, diez y cinco veces superiores a los límites legales en tierras agrícolas, no verá la luz. “El pasado 4 de febrero, la Consejería de Agricultura resolvió en documento oficial, ante una solicitud de información pública, que el informe no existía”, ha explicado Marín durante su intervención. Pero unos días después “cambió la versión y admitió que el estudio había sido entregado, pero que no cumplía con los objetivos y que iba a reclamar a la universidad el reintegro de la subvención, de 293.035 euros”.

“La consejera, Sara Rubira, ha mentido. Sí tenían el informe. Los han pillado con las manos en la masa, y mentir en documento público es un delito”, ha manifestado la diputada, antes de enunciar varias preguntas que no han obtenido respuesta. “¿Por qué han mentido? ¿Por qué no quieren hacer públicos los informes? ¿Qué pone en ese estudio que tanto miedo tienen?”.

“Existe un grave problema de contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena que proviene de la Sierra Minera. No pueden negar la evidencia. Frente a eso, la estrategia del PP ha quedado clara. Es mejor callarse, a ver si el problema se resuelve solo o se olvida. Es lo que llevan haciendo 30 años. Pero los problemas no se resuelven solos. Se agravan. Lo mismo que ha pasado con el Mar Menor”, ha proseguido.

La diputada ha acusado a la bancada popular y a los sucesivos ejecutivos autonómicos de “dañar a los agricultores por hacer caso omiso y no tomar ninguna medida para descontaminar la Sierra Minera”.

Por su parte, el diputado de Podemos-IU-AV José Luis Álvarez-Castellanos ha responsabilizado a Sara Rubira de “negar la evidencia” del informe, que fue entregado a la Consejería en mayo de 2025, y de no ofrecer ni una sola explicación al respecto en la Asamblea cuando se le interpeló por ello. “Se limitó a leer el decreto de concesión de la concesión del estudio, y a decir que no aporta los requisitos metodológicos exigidos”, ha evidenciado.

“Este tema necesita de una explicación coherente, necesita que la consejera dé la cara y ponga los documentos a la disposición pública de esta Cámara. Ella es la principal responsable de la mala imagen del Campo de Cartagena”, ha añadido Álvarez-Castellanos.

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha recalcado que la moción debería “haber obtenido la unanimidad” del Hemiciclo. “Rubira está atentando contra el derecho a la información pública de una situación que pone en riesgo la salud de todos”, ha concluido.

La Guardia Civil ha investigado al propietario de un desguace de Alcázar de San Juan por operar presuntamente de forma irregular al certificar “falsamente” la descontaminación de vehículos al final de su vida útil de los que no extraía ni reciclaba adecuadamente los aires fluorados de los aires acondicionados.

Dentro de la denominada operación 'Fulcat', el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real detectó estas prácticas e investigó al propietario por la comisión de unos supuestos delitos de falsificación continuada de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Se detectó en una inspección rutinaria del Seprona

Durante una inspección rutinaria en el mes de octubre, del pasado año 2025 agentes del Seprona detectaron graves irregularidades en las instalaciones de este desguace. Debido a la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos depositados, se programó una segunda inspección, conjuntamente con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

En las instalaciones, se confirmaron numerosas y graves irregularidades en la gestión de los vehículos al final de su vida útil. Por tales hechos, los agentes actuantes del Seprona iniciaron una investigación más profunda con el objetivo de aclarar la situación de los vehículos que se encontraban sin la adecuada descontaminación exigida por la normativa.

El titular de la empresa implicada se enfrenta a cargos por delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental. La trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando en realidad, los automóviles eran acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecían de autorización administrativa, la cual había sido denegada por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).

Esta actividad ilícita provocaba el deterioro de los vehículos almacenados a la intemperie, lo que derivaba en el vertido de residuos peligrosos directamente sobre la superficie del terreno.

Igualmente, se comprobó que los gases fluorados de los aires acondicionados de los vehículos no se extraían ni reciclaban de forma adecuada, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera.

Estas emisiones dañan gravemente la capa de ozono y potencian el calentamiento global. Por ello, la normativa actual exige un protocolo estricto para su recuperación y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos debido a su alto potencial de efecto invernadero.

No obstante, no solo se vulnera de esta manera la legislación medioambiental, sino que también puede generar una competencia desleal con los gestores de residuos u otros desguaces dedicados a este tipo de gestión que si cumplen la normativa, advierte la Guardia Civil.

Un informe pericial para determinar el impacto ambiental

Para confirmar todos estos extremos, se está realizando un informe pericial por miembros de la Unidad Técnica de la Jefatura del Seprona, donde se va a estimar mejor las cantidades y el impacto ambiental que se podría estar ocasionando al medio ambiente, concretando las toneladas de emisiones directas de gases a la atmósfera.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.

Han pasado 10 años desde el Mar Menor se tornó verde en un desastre ecológico sin precedentes al que le siguió las devastadoras mortandades de peces del año 2019 y 2021. Lo ocurrido vino acompañado de una gran movilización social, un movimiento que acabó otorgando a la laguna salada unos derechos pioneros con el reconocimiento de su personalidad jurídica en el año 2022.

Ríos de tinta se han derramado sobre lo ocurrido desde entonces, pero aún no hay consenso entre los distintos grupos sociales -y mucho menos entre las formaciones políticas- sobre por qué el Mar Menor acabó en condiciones tan críticas.

Jose María Egea, codirector del documental 'El Mar no cesa' e investigador del CSIC, insiste en que no pretende señalar con el dedo a los causantes de la contaminación de la laguna. No porque no pueda ni quiera, sino porque le faltarían manos: “Es un problema muy complejo porque son muchos los sectores implicados. No hay dos bandos claros, sino que hay muchas convergencias y divergencias, posturas que se acercan y se alejan en función de quién las dice”, explica.

De esa complejidad nace este largometraje de dos horas, que pretende, sin juicios de valor, contraponer las perspectivas de los distintos sectores implicados en el Mar Menor: los impactos del sector agrícola y ganadero, la red de saneamiento municipal, las estaciones depuradoras, el turismo, la minería, la influencia del nivel freático del acuífero, las consecuencias del sector pesquero y las consecuencias en las especies amenazadas.

“Hasta ahora todo lo que se había hecho en medios de comunicación o en documentales había sido muy sesgado y parcial, y dependía mucho de quien estuviera detrás de esa información”, observa Egea.

El documental se estrenará este domingo 25 de enero a las 17:00 en los cines de Centrofama en Murcia, y tendrá un segundo pase el lunes 26 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 19:00 horas. Ha sido premiado por la 'Mejor edición' en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) de Ciudad de México (México); y seleccionado en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET.Doc en Santa Catarnina (Brasil) y el Zuma International Film Festival en Abuya (Nigeria).

“Hemos hecho 40 entrevistas [Egea y Paco Portero, quien codirige el documental]. Recuerdo que, cuando empezamos a esbozar sobre el papel cómo queríamos que fuese el documental, hablábamos de diez imprescindibles. Diez personas que tuvieran una voz reconocida con autoridad y competencia. Pero cuando abrimos la puerta de este campo tan complejo y empezamos a tirar del hilo, decidimos que no queríamos dejar a nadie sin que pudiera dar su visión y su punto de vista”, ha explicado.

Todas estas voces, tan dispares entre sí, se conjugan en una especie de diálogo: “Quisimos hacerlo parecido a 'La pelota vasca, la piel contra la piedra', el documental de Julio Médem, en el que constantemente hay una réplica y contrarréplica en función de un tema concreto”, abunda.

Natalia Corbalán y Teresa Vicente

“Tenemos estas pugnas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo está Natalia Corbalán, que es la directora de la Fundación Ingenio; y Teresa Vicente, que es la promotora de la ILP y Premio Goldman, es como el Nobel del medio ambiente”, ejemplifica.

De entre las decenas de testimonios, muchos a primera vista irreconciliables, Egea ha asegurado que ha encontrado consenso: “Todos coinciden en que en este problema hay una sinergia, una influencia de todos los sectores. Quizás hasta ahora se ha perdido mucho el tiempo en intentar ver qué porcentaje de culpa tiene cada sector, cuando tal vez lo importante es el perjuicio que provoca la suma de todos ellos”, apunta.

“Lo que realmente está dañando y perjudicando al Mar Menor es lo que se llama efecto cóctel en salud humana. Cuando hablas de tóxicos en el cuerpo, muchas veces la clave no es la cantidad de cada uno de esos tóxicos, sino el cóctel que supone la presencia de todos juntos a la vez”, insiste el investigador.

“No se trata de ver quiénes son los culpables, sino de tomar medidas y de llegar esos acuerdos. Y sobre todo, yo creo que también hay un claro propósito de despolitizar el asunto y ver que esto no es una guerra entre administraciones locales o regionales o estatales, sino que es un problema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Creo que la gente se ha dado cuenta de que salvar al Mar Menor es un trabajo de todos”.

“Las administraciones son las encargadas de tomar medidas y cada uno barre para su casa. Y el cortoplacismo de la política, que dura un intervalo electoral de cuatro años, hace que cueste tomar medidas a largo plazo, ya que existe el sentimiento de que el mérito se lo va a llevar otro”, señala Egea.

Desde los años 70 hasta nuestros días

De la misma forma que las causas de la contaminación de la laguna son innumerables por su complejidad, también es difícil establecer una cronología: “El documental empieza con testimonios de distintas personas que vivieron las mortandades [de 2019 y 2021]. Nos relatan en primera persona como vivieron esa tragedia que expuso la problemática ambiental al resto del panorama nacional. Pero esos episodios son la punta del iceberg, detrás de ellos hay un proceso lento y de degradación”, expone Egea.

“Desde las mortandades vamos desenmarañando lo que ocurrió a partir de los años 70, que es cuando se cambia de paradigma con la regeneración de playa, el aumento del urbanismo, el agua del trasvase, el boom del sector agrícola. El cambio brusco fue en los años 70 y a partir de ahí vamos contando un poco con la perspectiva de cada sector qué es lo que ha ido pasando”, describe el codirector del documental.

En la actualidad, Egea subraya cómo “de esa sopa verde y de esas mortandades, el Mar Menor se ha convertido en el ecosistema más monitorizado de este país. Hay muchos grupos tomándole el pulso constantemente, como si fuera un triaje de urgencias”.

“Con la presencia de todos los nutrientes que siguen llegando a la laguna cualquier cambio brusco en el entorno puede en cualquier momento desembocar en otros episodios de anoxia y de mortandad. Es lo que podríamos considerar un equilibrio inestable”, ha descrito.