El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

Una práctica “sencillamente incompatible” con la cultura propia de Occidente que atenta contra mujeres y niñas. Así es como justifica Vox su ley para prohibir el burka y el niqab en el espacio público, con la que pretende vetar el uso de esta prenda a las mujeres, independientemente de que sea de forma voluntaria o impuesta, y que pese a contar con el apoyo del Partido Popular, ha decaído en el Congreso este martes. Pese a no salir adelante –por la oposición de Junts, que aun así admite compartir el fondo y presentará su propia iniciativa–, el texto es un paso más en el intento de la extrema derecha de hacer calar un relato excluyente utilizando como pretexto los derechos de las mujeres.

Lo apunta ya Vox desde el inicio de la propuesta, que lleva por título “la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público”. La ley justifica que “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” conduce a admitir costumbres “incompatibles con el modo de vida de nuestra civilización” y se refiere a la “eliminación” de la “identidad de las mujeres y las niñas”, el “sometimiento al varón” y una “posición netamente subordinada [de ellas]” que, asegura el texto, “sería considerada inaceptable” en “cualquier país occidental”.

Los mensajes reproducen la narrativa ultra que plantea una supuesta identidad nacional en crisis por la llegada de extranjeros y que coloca a las mujeres en el centro de esta amenaza. Es un discurso con ecos a nivel global. “Hay una clara tendencia internacional que intenta legitimar la restricción de derechos de las personas migrantes bajo motivos de seguridad y de protección de las mujeres”, esgrime Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior de Amnistía Internacional.

La organización condena la imposición y el uso obligatorio del velo, usado como instrumento de exclusión de las mujeres en algunas culturas con grupos que hacen una interpretación estricta del Islam, pero al mismo tiempo se opone a su prohibición. Tanto el burka como el niqab cubren el rostro entero, salvo los ojos –en el caso del burka, mediante una rejilla–. “Tanto obligar como prohibir vulnera derechos. Lejos de protegerlas, la prohibición puede ser contraproducente. Una cosa es que los Estados intervengan en situaciones concretas de violencia y amenaza, contando siempre con la mujer, pero decretar una prohibición general conlleva una restricción indiscriminada. Se sabe que puede incluso discriminarlas aún más y confinarlas a una mayor exclusión dentro y fuera de la comunidad musulmana”, señala Barroso en línea con la advertencia que hizo hace unos años el Tribunal Supremo, que consideró que no se puede asumir que todas las mujeres portan velo “como consecuencia de una coacción externa”.

Aunque el debate sobre el velo resurge de vez en cuando desde hace años –hay en la izquierda y en el movimiento feminista posiciones que también abogan por prohibirlo–, la propuesta de Vox es un intento de “posicionar la islamofobia en el espacio público”, apunta la investigadora Nuria Alabao, autora de Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. “Los derechos de las mujeres son un vehículo para plantear ideas racistas. En el fondo, no hay una preocupación real por su situación”, sostiene. El texto de la ultraderecha habla de un “inasumible incremento de la población extranjera” y advierte sobre la supuesta “imposición de ideología islamista”.

La periodista, que coincide con Amnistía Internacional en que el veto puede tener efectos indeseados en las propias mujeres, alude a que “la instrumentalización” de los derechos de las mujeres por parte de la ultraderecha no es nueva. “Sus dos grandes líneas estratégicas para defender una supuesta nación española y cultura europea frente al islam tienen precisamente que ver con este marco”, esgrime. Por un lado, las políticas contra el velo y, por otro, la asociación de inseguridad e inmigración, con el foco específicamente puesto en las agresiones sexuales. De hecho, Vox y el PP ya unieron sus votos en Baleares a principios de mes para aprobar una moción para exigir la prohibición del burka al estilo de lo que se ha votado en el Congreso.

Fátima Tahiri, doctora en Estudios Árabes e Islámicos y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, cree se trata de “una iniciativa vacía” para “distraer a la población de los problemas reales que tendrían que ocuparnos”, puesto que “el uso de esta prenda en España es mínimo”. La experta sostiene que el discurso de Vox “responde a una lógica islamófoba en la que la mujer musulmana es a la vez víctima y verdugo”: por un lado, víctima de una religión “considerada machista per se, anulando toda agencia de las mujeres e invisibilizando otros problemas de carácter sociopolítico” y, por otro, “verdugo”, al ser considerada “una amenaza a la cultura occidental”. 

La proposición de ley incorporaba como delito al Código Penal la imposición “mediante violencia, intimidación o coacción” del burka o el niqab y reformaba la 'ley mordaza' para permitir multas de hasta 600 euros a las propias mujeres por llevar la prenda y hasta 20.000 euros por reincidir, además de la expulsión del país.

Igualdad 'a la carta'

La defensa de las mujeres es una línea argumental habitual que convive con otras como la seguridad ciudadana en las iniciativas de Vox sobre inmigración y en sus propuestas de expulsión de extranjeros. “El Gobierno ha sacrificado a las mujeres y niñas de España en el altar del multiculturalismo”, dijo la diputada de Vox Rocío de Meer el pasado septiembre, cuando reclamó el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados. En junio, presentó una proposición no de ley para exigir que se declarara el velo contrario a los derechos de las mujeres y, unos meses más tarde, intentó acabar con la regularización por arraigo incorporando al texto motivos similares. A la propuesta también se sumó el PP, que ha endurecido progresivamente su posición en este tema.

En todas las iniciativas, los derechos de las mujeres emergen como argumento y se erigen como objetivo: “Que las mujeres puedan sentirse seguras en su propio país”, describen desde Vox. A las declaraciones y acciones legislativas, se une el uso de las redes sociales para amplificar casos de agresiones sexuales atribuidos a hombres extranjeros, algo que también hacen sistemáticamente las principales cuentas de agitadores ultra y de grupos de extrema derecha activos en España.

La investigadora Nuria Alabao cree que “la base del discurso es aprovecharse del feminismo y las luchas de las disidencias sexuales para afirmar que hay grupos que no se integran ni asumen los valores europeos. Estos valores son la igualdad y la equidad, pero paradójicamente y al mismo tiempo, son partidos que solo los mencionan cuando tienen que ver con extranjeros mientras rechazan cualquier otra medida que tenga que ver con desigualdad estructural”.

Se refiere a la posición negacionista de la violencia machista que Vox enarbola y que le ha llevado a ser la única formación política que votó en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a pesar de que en los últimos cinco años han sido asesinadas una media de 50 mujeres al año por sus parejas o exparejas hombres. Aun así, la ultraderecha apuesta por negar las diferencias cualitativas y cuantitativas que existen entre la violencia de género y la doméstica –aquella que se da en el ámbito familiar– e insiste en diluir sus raíces machistas.

Por eso se opone sistemáticamente a cualquier iniciativa que tenga que ver con igualdad de género, ha intentado derogar la ley de 2004 asegurando que “discrimina a los hombres” y forma parte a nivel global de una alianza que criminaliza el feminismo, busca tumbar derechos como el aborto y promueve el discurso del Gran Reemplazo, una teoría de ultraderecha según el cual se estaría intentando sustituir a la población blanca en Occidente por inmigrantes. Este martes, al tiempo que el Congreso tumbaba la iniciativa de Vox gracias al 'no' de Junts, en Baleares, las derechas escenificaban de nuevo su acuerdo en materia migratoria asumiendo la tesis de la “reemigración”, popularizada por la ultraderecha europea y las formaciones neonazis, en España y en el exterior.

“No importa el hecho de las violaciones, sino quién las comete. Si son españoles blancos, estos sectores hablan de denuncias falsas o de la presión de las feministas, pero si la violación es cometida por un no blanco, entonces recurren a legitimar el discurso de los derechos de las mujeres para validar políticas racistas”, resume Fátima Tahiri, que apunta a cómo Vox, al mismo tiempo que enarbola la seguridad y los derechos de las mujeres para proponer la prohibición del burka, sigue sin impulsar “políticas efectivas contra la violencia sexual y de género”.

Más allá del debate sobre el velo, las voces consultadas para el reportaje apuntan al fondo de la cuestión. “Hay que saber quién está instrumentalizando qué discurso”, sostiene la activista antirracista Miriam Hatibi. “La agenda de la ultraderecha es la islamofobia, no la protección de las mujeres. Hay que tener en cuenta que esta no es una medida que estén pidiendo las musulmanas, sino que es un veto impuesto por un partido que pretende eliminar cualquier presencia pública del islam en España”, añade.

Por eso Tahiri, que lamenta que el discurso de Vox “sea reproducido muchas veces por mujeres”, califica el intento de vetar el burka y el niqab como “una distracción y un espejismo de lo verdaderamente importante”: “La verdadera pregunta que debemos hacernos como sociedad en general y como mujeres en particular es cómo en pleno siglo XXI todavía seguimos debatiendo y legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Cómo puede ser que a día de hoy nuestro cuerpo sea indicativo de desarrollo o subdesarrollo mientras que nunca se ha hecho nada parecido con el cuerpo de los hombres”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots de PP i Vox, una proposició no de llei (PNL) dels populars per instar el Govern central a prohibir l'ús del burca i el nicab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant entre dures crítiques de l'esquerra: mentre el diputat d'Unides Podem ha recriminat que la proposta “no té cap intenció alliberadora”, el PSIB-PSOE ha retret que la proposta obeeix, més que a una preocupació real pels drets de les dones, a una “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”. No debades, la formació d'extrema dreta havia presentat esmenes per vetar el vel islàmic en la seva totalitat, no només l'integral, sota pretext que “la dignitat d'una dona no es pot mesurar amb centímetres de tela”.

Durant el debat de la PNL, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha carregat contra el contingut del text en considerar que la proposició ha estat “convenientment descafeïnada pel PP”, recordant que el seu grup va reclamar el passat mes de novembre vetar l'ús de tota vestimenta islàmica i establir un mecanisme de sanció i l'enduriment de les penes en aquest sentit, proposta a la qual es van oposar els conservadors. Tot i insistir en la defensa de la dignitat i els drets de les dones, Rodríguez ha articulat un discurs amb referències explícites a la seguretat al costat d'estereotips culturals i apel·lacions a la por: “Sota un burca pot anar un terrorista amb barba i no ens n'adonaríem”, ha asseverat, matisant a continuació que “l'important aquí no és només la qüestió de la seguretat”.

El parlamentari també ha rebutjat que l'ús del vel pugui considerar-se una elecció lliure, especialment en el cas de nenes, ironitzant que “el mes d'agost a Mallorca es tapen fins la gola perquè és un símbol de la seva llibertat”. “No estàn obligades ni pels seus pares, ni per la seva família. Ho fan lliurement”. A això ha sumat atacs directes als grups d'esquerres, als quals ha acusat d'“enmascarar” la discriminació de la dona per “aquesta xorrada de la multiculturalitat” i de ser “còmplices” de pràctiques que, al seu judici, no haurien de tenir cabuda en una societat democràtica. Així mateix, ha situat els populars en un “dilema” entre el seu discurs actual i posicions mantingudes anteriorment.

Per la seva banda, la diputada del PP Cristina Gil, encarregada de defensar la proposta, ha sostingut que “no es pot tolerar que hi hagi dones obligades a cobrir-se de peus a cap” i ha argumentat que un Estat democràtic “no pot mostrar-se indiferent davant models culturals, religiosos o tradicions contraris a principis innegociables com la igualtat, la dignitat i la llibertat”. La PNL també inclou una condemna explícita de pràctiques com el matrimoni forçat o la mutilació genital femenina, malgrat tractar-se, com ha subratllat el portaveu de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de pràctiques “ja incloses en el Codi Penal”, per la qual cosa ha considerat la iniciativa d'un mer exercici retòric sense contingut normatiu real.

“Posats a proposar obvietats, podríem proposar que el Parlament manifesti que els assassinats van contra la vida”, ha remarcat el diputat ecosobiranista, qui ha acusat PP i Vox de competir “per obtenir reditu electoral de la islamofòbia creixent que l'extrema dreta populista està fomentant”. Apesteguia ha incidit en que “sols els diferencia el grau, perquè la demagògia barata és exactament la mateixa”. “Entre la proposta del PP i la proposta de Vox no hi ha una òptica política diferent, sinó 15 gin-tònics de diferència. Un 'aguanta el cubata' de manual. Són vostès una còpia barata de Vox”, ha asseverat dirigint-se a la bancada popular.

Del mateix mode, ha subratllat que una prohibició generalitzada del vel islàmic no és una eina eficaç per abordar la seva imposició. “No es poden proposar solucions simplistes a problemes complexos”, ha recalcat el representant de Més per Mallorca, al·ludint a una sentència del Tribunal Suprem que adverteix que la prohibició del vel integral “pot acabar suposant una doble discriminació a les dones que el pateixen”. “Perquè si un home obliga la seva dona a posar-se un burca per anar al metge, què passarà si prohibim el burca al centre de salut? Que el seu marit segurament el que li prohibirà serà anar al metge”, ha conclós.

Per part seva, la diputada socialista Teresa Suárez ha qualificat el debat de “guerra per veure qui és més racista i qui genera més odi”, mentre que, des d'Unides Podem, José María García ha advertit que una decisió d'aquest calibre no s'hauria d'adoptar “sense tenir en compte les dones musulmanes”, recriminant que la iniciativa “no té una intenció alliberadora”, sinó que l'únic que busca és “atacar una religió”.

La proposta

Amb l'aprovació de la PNL, el Parlament balear insta el Govern d'Espanya a impulsar les reformes legislatives necessàries per prohibir l'ús del vel islàmic integral en tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública. Aquest punt del text, que sosté que el burca constitueix una forma d'opressió i submissió contrària als drets fonamentals, la igualtat i la dignitat de les dones, ha tirat endavant amb els vots favorables de PP i Vox, el vot en contra d'Unides Podem i l'abstenció de la resta de grups.

El ple també ha aprovat, amb 36 vots a favor -PP, Vox, Més per Menorca i Podem- i 22 abstencions -Més per Mallorca i PSIB-, una declaració que considera els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina pràctiques contràries als valors bàsics de la societat espanyola i greument lesives per als drets fonamentals i la integritat de dones i nenes.

Finalment, la Càmara sol·licita a l'Executiu central i a la Unió Europea que estableixin normes, mecanismes sancionadors i un enduriment de les penes per castigar la imposició del vel integral, així com pràctiques com els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. En aquest darrer punt, PP, Vox i Unides Podem han votat a favor, Més per Mallorca s'ha abstingut i el PSIB s'ha posicionat en contra.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) de los populares para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa ha salido adelante entre duras críticas de la izquierda: mientras el diputado de Unides Podem ha recriminado que la propuesta “no tiene ninguna intención liberadora”, el PSIB-PSOE ha reprochado que la propuesta obedece, más que a una preocupación real por los derechos de las mujeres, a una “guerra por ver quién es más racista y quién genera más odio”. No en vano, la formación de extrema derecha había presentado enmiendas para vetar el velo islámico en su totalidad, no solo el integral, so pretexto de que “la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela”.

Durante el debate de la PNL, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha cargado contra el contenido del texto al considerar que la proposición ha sido “convenientemente descafeinada por el PP”, recordando que su grupo reclamó el pasado mes de noviembre vetar el uso de toda vestimenta islámica y establecer un mecanismo de sanción y el endurecimiento de las penas en este sentido, a lo que se opusieron los conservadores. Pese a insistir en la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres, Rodríguez ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Bajo un burka puede ir un terrorista con barba y no nos enteraríamos”, ha aseverado, matizando a continuación que “lo importante aquí no es solo la cuestión de la seguridad”.

El parlamentario también ha rechazado que el uso del velo pueda considerarse una elección libre, especialmente en el caso de niñas, ironizando que “en el mes de agosto en Mallorca se tapan hasta la gola porque es un símbolo de su libertad”. “No están obligadas ni por sus padres, ni por su familia. Lo hacen libremente”, ha continuado. A ello ha sumado ataques directos a los grupos de izquierdas, a los que ha acusado de “enmascarar” la discriminación de la mujer por “esa chorrada de la multiculturalidad” y de ser “cómplices” de prácticas que, a su juicio, no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Asimismo, ha situado a los populares en un “dilema” entre su discurso actual y posiciones mantenidas anteriormente.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Gil, encargada de defender la propuesta, ha sostenido que “no se puede tolerar que haya mujeres obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza” y ha argumentado que un Estado democrático “no puede mostrarse indiferente ante modelos culturales, religiosos o tradiciones contrarios a principios innegociables como la igualdad, la dignidad y la libertad”. La PNL también incluye una condena explícita de prácticas como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina, pese a tratarse, como ha subrayado el portavoz de Més per Mallorca Lluís Apesteguia, de prácticas “ya incluidas en el Código Penal”, por lo que ha considerado la iniciativa de un mero ejercicio retórico sin contenido normativo real.

“Puestos a proponer obviedades, podríamos proponer que el Parlament manifieste que los asesinatos van contra la vida”, ha remarcado el diputado ecosoberanista, quien ha acusado a PP y Vox de competir “por obtener rédito electoral de la islamofobia creciente que la extrema derecha populista está fomentando”. Apesteguia ha incidido en que “solo les diferencia el grado, porque la demagogia barata es exactamente la misma”. “Entre la propuesta del PP y la propuesta de Vox no hay una óptica política diferente, sino 15 gin-tonics de diferencia. Un 'aguanta el cubata' de manual. Son ustedes una copia barata de Vox”, ha aseverado dirigiéndose a la bancada popular.

Del mismo modo, ha subrayado que una prohibición generalizada del velo islámico no es una herramienta eficaz para abordar su imposición. “No se pueden proponer soluciones simplistas a problemas complejos”, ha recalcado el representante de Més per Mallorca, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo que advierte de que la prohibición del velo integral “puede acabar suponiendo una doble discriminación a las mujeres que lo sufren”. “Porque si un hombre obliga a su mujer a ponerse un burka para ir al médico, ¿qué pasará si prohibimos el burka en el centro de salud? Que su marido seguramente lo que le prohibirá será ir al médico”, ha concluido.

La diputada socialista Teresa Suárez ha calificado el debate de “guerra para ver quién es más racista y quién genera más odio”, mientras que, desde Unides Podem, José María García ha advertido de que una decisión de este calado no debería adoptarse “sin tener en cuenta a las mujeres musulmanas”, recriminando que la iniciativa “no tiene una intención liberadora”, sino que lo único que busca es “atacar una religión”.

La propuesta

Con la aprobación de la PNL, el Parlament balear insta al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública. Este punto del texto, que sostiene que el burka constituye una forma de opresión y sumisión contraria a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra de Unides Podem y la abstención del resto de grupos.

El pleno también ha aprobado, con 36 votos a favor -PP, Vox, Més per Menorca y Podem- y 22 abstenciones -Més per Mallorca y PSIB-, una declaración que considera los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina prácticas contrarias a los valores básicos de la sociedad española y gravemente lesivas para los derechos fundamentales y la integridad de mujeres y niñas.

Finalmente, la Cámara solicita al Ejecutivo central y a la Unión Europea que establezcan normas, mecanismos sancionadores y un endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. En este último punto, PP, Vox y Unides Podem han votado a favor, Més per Mallorca se ha abstenido y el PSIB se ha posicionado en contra.

Quan el nivell de l'aigua de l'embassament del Gorg Blau descendeix, el paisatge retorna fragments d'un passat que mai no va acabar de tancar-se. Entre vestigis de murs i ceràmiques han emergit diversos cossos enterrats fa més de vuit segles que, segons els investigadors que treballen sobre el terreny, pertanyerien a cinc dels més de 15.000 musulmans que van fugir a la Serra de Tramuntana després de la conquesta cristiana de Mallorca el 1229. La troballa, que ha motivat una intervenció d'urgència per rescatar les restes de l'erosió, torna a posar en primer pla una història incòmoda: la de l'èxode massiu d'homes, dones i nens que van cercar aixopluc a la muntanya per protegir-se de la repressió, el captiveri i la pèrdua de terres, repartides entre els conqueridors després de la caiguda de Madina Mayurqa. “Ha estat, sobretot, un tema de salvament”, emfatitza l'arqueòleg Jaume Deyà, un dels codirectors de les excavacions.

El descobriment que avança elDiario.es ha tingut lloc al jaciment d'Almallutx, núcli central des del qual es va articular aquell sistema de refugi i supervivència i, a l'actualitat, lloc clau per entendre l'últim episodi de la resistència musulmana a l'illa. El passat mes de novembre, i després de comprovar durant els últims anys com nombroses restes humanes han acabat desapareixent per l'impacte de l'aigua i l'arrossegament de sediments, els arqueòlegs van sol·licitar permís per realitzar una intervenció d'urgència amb l'objectiu d'evitar la pèrdua dels cinc cossos i procedir al seu rescat. “El jaciment es troba dins de l'embassament, cosa que provoca una forta erosió. Quan baixa el nivell de l'aigua, moltes zones queden exposades a la intempèrie, cosa que permet que les restes aflorin”, assenyala Deyà, qui afirma que “hi ha moltíssimes més” esperant a poder ser recuperades.

L'investigador assevera, tanmateix, que l'equip porta anys “esperant ajuda institucional” per poder dur a terme intervencions arqueològiques més profundes que permetin salvar i documentar “tot el que està desapareixent”. Juntament amb Pablo Galera, Deyà s'ha bolcat en els últims anys a desvetllar i documentar l'entramat urbà islàmic millor conservat de Balears.

Les noves troballes podrien donar llum sobre les condicions de vida, els patrons d'assentament i el col·lapse final de la població musulmana a la major de les Balears. I és que, com sostenen els investigadors, la presa de Madina Mayurqa no va suposar el final immediat de la comunitat islàmica assentada a les illes des de l'any 903, quan l'arxipèlag va passar a dependre del Califat de Còrdova. Sota la seva tutela, l'actual Palma va registrar un creixement poblacional sense precedents i es va convertir en una de les majors i més dinàmiques ciutats d'Europa, tan sols superada per Constantinoble, Palerm o Venècia. Durant aquell període, intrincats carrers de terra van començar a prendre forma més enllà de les antigues muralles romanes, així com edificacions com l'Alcàssar Reial i la Suda, una quarantena de mesquites, cases de tàpia, banys públics, abeuradors, forns i barbacanes.

El desembarcament de l'esquadra cristiana, tanmateix, ho va canviar tot. El 31 de desembre de 1229, l'exèrcit de Jaume I va travessar la desapareguda porta Bâl Al-Kofol l (posteriorment coneguda com a 'porta de la conquesta', 'porta de l'Esvaidor' i 'porta de Santa Margalida'), una de les entrades que aleshores donaven accés a l'interior de la emmurallada Madina Mayurqa. Les tropes, formades per uns mil homes, van irrompre a l'actual capital balear esborrant al seu pas tot vestigi islàmic: calia inventariar tota la riquesa de l'illa i distribuir-la entre els conqueridors, des de l'alta noblesa catalana passant per la prelatura eclesiàstica, les Òrdes Militars, la petita noblesa, els cavallers o la comunitat jueva.

Tanmateix, tal com destaquen Deyà i Galera en les seves investigacions, una part molt significativa de la població andalusí no es va sotmetre immediatament. Unes 15.000 persones van optar per fugir cap a l'únic espai que oferia una defensa natural enfront de l'exèrcit feudal: la Serra de Tramuntana, principalment entre Soller i Pollença, des d'on es va articular una àmplia xarxa de refugis, fortificacions i zones de pas que durant dos anys van permetre sostenir la resistència enfront d'un enemic numèricament superior. No va ser una fugida caòtica, sinó un desplaçament massiu i relativament organitzat encapçalat per líders locals com Xuaip, citat com a cap de la resistència musulmana en el Llibre dels fets que Jaume I va dictar als escrivans de la seva cort a l'última etapa de la seva vida. Es tracta, a més a més, d'una de les fonts per antonomàsia de la conquesta de Mallorca, els preparatius i la culminació de la qual apareixen relatats entre els capítols 47 i 116.

Després de la conquesta de Jaume I, uns 15.000 musulmans van fugir cap a l'únic espai que oferia una defensa natural enfront de l'exèrcit feudal: la Serra de Tramuntana

Les raons de la fugida van ser múltiples: la por a la violència, la deportació i l'esclavitud, la ruptura de l'ordre social, polític i religiós que havia estructurat l'illa durant segles i la pèrdua de terres i mitjans de subsistència a les zones planes, ràpidament repartides entre els conqueridors.

Les investigacions de tots dos arqueòlegs, plasmades en estudis com Almallutx: el último asentamiento musulmán de Mallorca i Refugiats musulmans a la Serra Nord de Tramuntana. Una aproximació arqueològica als esdeveniments del 1229-1232, indiquen que l'elecció d'aquest enclavament no va ser casual: l'orografia oferia accessos naturals molt limitats, com es Coll de sa Batalla, els Tossals Verds o la Vall d’en Marc, a més de cims escarpats i passos estrets, fàcilment defensables amb pocs mitjans, i una xarxa de coves, abrics i antics assentaments reutilitzables com a refugi immediat. Com subratllen les investigacions, els refugiats no es van limitar a ocultar-se, sinó que van controlar conscientment els accessos naturals a la Serra, com el Barranc de Biniaraix o els passos d'alta muntanya que connecten Sóller amb l'interior. Les fortificacions documentades responen a una arquitectura d'emergència pensada per vigilar, retardar l'avenç enemic i guanyar temps.

La Serra va actuar així com una autèntica muralla perimetral: incapaços de controlar el terreny muntanyós, les tropes de Jaume I van optar per consolidar el domini de la resta de l'illa mentre a la muntanya es perllongava una resistència basada en el replegament, la defensa dels passos naturals i la supervivència en condicions extremes.

Com es van ocultar: coves, abrics i fortificacions

Els arqueòlegs apunten que els fugitius van utilitzar cavitats naturals i balmes com a habitatge provisional i van aixecar petits murs per tancar l'espai, van realitzar nivelacions al terra i van crear rudimentàries estructures per recollir aigua i protegir-se del vent. Entre els refugis documentats es troben la balma del Morro d’en Joi, la Cova des Rovell, sa Tossa Alta, la Cova Mala, l'Avenç des Vidre i les coves de l'entorn de Tossals Verds, Massanella, Escorca o Femenia. El volum de ceràmica trobat en molts d'aquests espais indica que no van ser amagatalls temporals, sinó llocs on la població civil es va establir i va viure de forma perllongada.

El volum de ceràmica trobat en molts d'aquests espais indica que no van ser amagatalls temporals, sinó llocs on la població civil es va establir i va viure de forma perllongada

Així mateix, en punts estratègics com Es Pinetons (Escorca), el Puig de n’Escuder, el Puig des Castellot, el Pas de Moixarrins i el Puig des Castell de Binibona es van construir estructures defensives i fortificacions d'emergència amb tècniques poc cuidades, però eficaces per controlar els accessos naturals a la Serra i vigilar el territori.

Un dels descobriments més reveladors als quals Deyà fa referència en una de les seves investigacions són les grans àrees de dispersió ceràmica localitzades en cims molt agrestes, sense refugi natural ni arquitectura visible, en llocs com el Castell d’Alaró, s’Alcadena, ses Solanes, la Serra de ses Farines, el Puig Roig i el Puig Caragoler de Femenia, enclaus en els quals han aparegut restes d'olles, alfàbies, vaixelles de taula i fins i tot ceràmiques de cert luxe, cosa que suggeriria desplaçaments repetits, campaments temporals o espais de concentració humana en condicions extremes.

La investigació reforça, a més, la hipòtesi d'Almallutx com a núcli organitzador del refugi musulmà: més enllà de ser un assentament aísllat, el jaciment apareix com un espai on es va concentrar població de major rang social i des del qual s'hauria articulat algun tipus d'estructura de govern provisional, una lectura que es recolza tant en la densitat de restes arqueològiques trobades com en la complexitat de l'entramat urbà documentat a la vall.

Davant la imatge d'una resistència exclusivament armada, el treball posa l'accent en la dimensió civil del refugi: l'abundància i varietat de ceràmiques -de cuina, emmagatzematge i taula- en llocs extremadament agrestes indicaria la presència continuada no solament de combatents, sinó també de famílies senceres. Una evidència que, a parer de Deyà, reforça la idea d'un desplaçament forçat de població, amb dones, nens i gent gran integrats en el sistema de supervivència a la muntanya.

L'abundància i varietat de ceràmiques indicaria la presència continuada de famílies, cosa que reforça la idea d'un desplaçament forçat de població, amb dones, nens i gent gran integrats en el sistema de supervivència a la muntanya

Subsistència i fam

La població refugiada, tanmateix, va haver de subsistir en un entorn hostil, especialment quan, un any després de la irrupció de les tropes cristianes a Mallorca, l'ofensiva va assolir la Serra, forçant amb això un primer pacte amb Xuaip que va provocar la rendició de bona part de la població musulmana i dels castells d'Alaró, Pollença i Santueri. A partir d'aquell moment, es va imposar una estratègia deliberada de desgast: incapaces de derrotar els refugiats en combat directe, les autoritats van optar per una estratègia d'asfíxia, aïllant la Serra de forma progressiva mitjançant el tall de comunicacions i subministraments. La rendició, per tant, no va ser fruit d'una derrota militar, sinó del col·lapse material i humà d'una població sotmesa a la fam, la pressió constant i la impossibilitat de sostenir-se indefinidament en inhòspites condicions. Els assetjats van quedar així confinats, sense capacitat de cultivar ni abastir-se i sense accés a recursos bàsics, cosa que els va conduir a tal situació de fam extrema que es van veure abocats a alimentar-se d'herbes silvestres.

La rendició va ser fruit del col·lapse material i humà d'una població sotmesa a la fam, la pressió constant i la impossibilitat de sostenir-se indefinidament en inhòspites condicions

“només podien collir els blats en alguns llocs poc productius, que no els podien bastar, de forma que arribaren a una tan gran necessitat, que es menjaven les herbes per les muntanyes, a manera de bèsties”, relata entre les seves pàgines el Llibre dels Fets. L'arqueologia recolza aquest escenari de precarització perllongada. No en va, Deyà al·ludeix en aquest context a una “troballa sorprenent” que condensaria aquesta supervivència límit: un abric en el qual, encastat al terra, hi havia un antic ataifor islàmic (plat representatiu de la vaixella andalusí) que va quedar calcificat pel seu ús com a recipient per recollir l'aigua de la pluja.

El final: rendició, captiveri i esclavitud

La resistència va acabar el 1232. El desenllaç va suposar una repressió sistemàtica en la qual, com assenyalen les fonts documentals, gran part de la població musulmana va ser capturada, repartida entre els vencedors i reduïda a captiveri, convertida en esclava o serventa i obligada a treballar al territori conquerit. El Llibre dels fets ho relata sense ambigüitats: “Dels sarraïns de l’illa que s’havien alçat a la muntanya, en captivàrem per fer-ne el que volguéssim, i en donàrem a qui en volia, perquè els fessin habitar en el territori com a captius. I aquests dos fets duguérem a terme, en aquest viatge fet només amb tres galeres, perquè així ho volgué aquell Senyor que ens havia creat. I després ens en tornàrem a Catalunya i a Aragó; i des d’aleshores, per la gràcia de Déu, l’illa de Mallorca no ha necessitat la nostra ajuda, sinó que Déu l’ha feta prosperar de manera que val el doble que no valia en temps dels sarraïns”. L'arqueologia al·ludeix, així mateix, a l'abrupte col·lapse dels assentaments que durant dos anys van ser espai de refugi i supervivència a la Serra de Tramuntana.

La recent troballa dels cossos localitzats a Almallutx tornaria a aportar proves materials del que va suposar aquell episodi. L'orientació dels enterraments, la superposició d'habitatges construïts sobre cementiris anteriors i la necessitat d'intervenir d'urgència per rescatar restes amenaçades per l'erosió reforcen la imatge d'una comunitat desbordada per la por i la supervivència, obligada a reorganitzar la seva vida i els seus rituals funeraris en pèssimes condicions.

L'excepcional conservació del jaciment s'explica per la seva destrucció sobtada i el seu abrupte abandonament, que van congelar en el temps la vida quotidiana de la comunitat islàmica. Les destruccions per incendis, els aixovars domèstics trobats en posició original i l'absència de fases posteriors d'ocupació apunten a un final violent lligat directament als episodis de resistència documentats entre 1230 i 1232. Per a Deyà i Galera, Almallutx no solament confirma els relats de les fonts medievals, sinó que aporta una dimensió material clau: la d'un assentament que va funcionar com a núcli articulador del refugi musulmà a la Serra abans del seu col·lapse definitiu.

Fins al moment, juntament amb les restes humanes, les investigacions han tret a la llum peces ceràmiques de gran valor que ajuden a reconstruir la vida quotidiana de la població que va buscar protecció a les muntanyes. Entre elles, una alcolla que Deyà defineix com la “peça estrella” del jaciment, així com una jofaina que formava part de l'aixovar domèstic. Objectes que, més enllà del seu valor arqueològic, potser ajudin a entendre que en els recòndits paratges de la Serra de Tramuntana no solament van resistir combatents, sinó una població civil organitzada abocada a sobreviure en un paisatge implacable.

La Justicia ha reconocido que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

“Tal y como considerábamos, era una vulneración clarísima del derecho de libertad religiosa y es una buena noticia que se haya estimado. Es evidente que llevar hijab forma parte de ese derecho y, aunque cualquier derecho puede ser limitado, no por un reglamento de centro, sino por Ley Orgánica”, ha aplaudido la abogada de la causa, Henar Moreno, que advierte de que el hecho de no permitir su entrada al aula con velo también podría suponer “vulnerar el derecho a la educación”.

La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de la Administración, aunque, en su caso, la abogada ya ha anunciado que solicitarán la ejecución provisional de la sentencia para que Eman y el resto de compañeras que usan velo en el Instituto público Sagasta pueden volver a llevarlo en el centro docente.

Eman Akram fue la cara visible contra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC), que no permite acudir a clase “con la cabeza tapada”. Muchos alumnos del centro se movilizaron rápidamente para apoyarla, se presentaron quejas y empezaron una recogida de firmas que llevó 11.000 apoyos a la Consejería de Educación. La protesta llegó después a la Justicia, que ha dado la razón a Eman y ha admitido que el instituto en el que estudia está vulnerando su derecho a la libertad religiosa.

Jaén conserva uno de los conjuntos de baños árabes más extensos y completos de la península ibérica, ubicado bajo el Palacio de Villardompardo. Estas instalaciones, construidas en la época andalusí, permanecieron ocultas durante siglos hasta ser redescubiertas a principios del siglo XX. Su preservación ofrece una visión directa de la arquitectura y la planificación urbana de la ciudad en la Edad Media.

La integración de los baños en el entorno urbano evidencia la importancia de estos espacios para la vida cotidiana y la interacción social. Situados en el casco histórico, cerca de plazas y edificios relevantes, formaban parte de la rutina de la ciudad. Además de su función higiénica, cumplían un papel social, permitiendo a los habitantes encontrarse e intercambiar información. La recuperación de estos espacios proporciona hoy la oportunidad de comprender mejor la vida urbana durante el período andalusí.

El interés histórico y arqueológico de los baños se refleja en la atención dedicada a su conservación. La disposición de salas según funciones, los sistemas de calefacción y los conductos de agua muestran conocimientos avanzados de arquitectura e ingeniería. La visita al conjunto permite observar directamente estos elementos y entender cómo se organizaba el espacio, ofreciendo una lectura clara del uso y la funcionalidad de un hammam medieval en Jaén.

Los Baños Árabes de Jaén

Los Baños Árabes de Jaén se construyeron en el siglo XI, durante el periodo de Al-Ándalus, con la función de ofrecer un espacio de higiene, relajación y encuentro social. Originalmente aprovechaban las estructuras de un baño romano preexistente y se conocían como Hammam al-Walad. Además de su función higiénica, estos espacios cumplían un papel religioso y social, ya que los usuarios los utilizaban como preparación para la oración, combinando prácticas de purificación.

El conjunto se organiza en tres salas principales, distribuidas según su temperatura: frías, templadas y calientes. Esta disposición permitía realizar un ciclo completo de sudoración, exfoliación y descanso, que proporcionaba bienestar tanto físico como mental. Las salas no solo servían para el baño, sino también como puntos de encuentro donde se desarrollaban debates culturales y políticos, mostrando la relevancia del hammam en la vida urbana y comunitaria de la época.

Durante el siglo XVI, el conde de Villardompardo, Fernando de Torres y Portugal, construyó su palacio sobre parte de los baños, quedando algunos espacios ocultos bajo los sótanos y cimientos durante los siglos XVIII y XIX. En 1913 se descubrió una pequeña sección del conjunto, y en 1917 se propuso como Monumento Nacional, siendo finalmente declarado como tal en 1931. Actualmente, los baños ocupan aproximadamente 450 metros cuadrados bajo el Palacio de Villardompardo, lo que los convierte probablemente en los más grandes que se pueden visitar en España.

Las salas que componen los Baños Árabes

El recorrido por los baños comienza en el vestíbulo de ingreso, una sala transversal de unos 14 metros de longitud, cubierta por una bóveda de medio cañón. La iluminación natural se lograba a través de 18 luceras estrelladas que permitían la entrada de luz desde el exterior. Contigua a este espacio se encuentra la sala fría, de dimensiones menores pero similar en forma y estructura, también cubierta con bóveda de medio cañón y dotada de 12 luceras.

La sala templada constituye el núcleo de transición del conjunto. Su planta es cuadrada y alberga en el centro un segundo espacio cubierto por una cúpula de casquete semiesférico sobre pechinas, sostenida no por muros macizos sino por arcos de herradura apoyados en ocho columnas. En las esquinas del salón se ubican cuatro cúpulas menores, mientras que las zonas restantes están cubiertas por bóvedas de medio cañón que incluyen tres luceras cada una.

La sala caliente, con una longitud aproximada de 16 metros, conserva características constructivas similares a las anteriores. Está cubierta por bóveda de medio cañón con 15 luceras y cuenta con alcobas en los extremos, cada una con cinco luceras, y se encuentra junto a las calderas que calentaban el agua. Los muros incluyen chimeneas ocultas por las que circulaba el aire caliente, mientras que el suelo de piedra está elevado sobre pequeños pilares de ladrillo, permitiendo que el calor generado en el subsuelo se distribuya por toda la estancia.

Con el título 'Entierro digno', la asociación ciudadana del mismo nombre presenta este lunes un microdocumental que busca poner de manifiesto una realidad que se desconoce o se ignora en España: la falta de cementerios adaptados a los enterramientos según el rito islámico para más de dos millones de personas musulmanas.

Según la asociación Entierro Digno, en España hay 17.850 cementerios, pero solo dos de cada 1.000 están habilitados para enterrar a los musulmanes de acuerdo con sus rituales. El microdocumental contextualiza este problema estructural en nuestro país y, además, pone el foco en el impacto humano de esta situación que vulnera el derecho a la libertad religiosa, tal y como denuncia ese colectivo ciudadano.

El documental ha sido realizado con la colaboración de MOVEMENTS e Iberian Media y se estrena en el marco de la presentación oficial de MOVEMENTS, una nueva plataforma tecnológica que busca apoyar causas sociales y ayudar a que se sostengan en el tiempo.

Según el equipo fundador de MOVEMENTS, la herramienta es “un sistema operativo para agentes de cambio, que permite transformar una causa puntual en un movimiento autosostenible, integrando en un único entorno de activación ciudadana, comunidad, contenidos, eventos y financiación recurrente”. “El gran cuello de botella del cambio social ya no es la movilización inicial, sino la capacidad de sostener el impacto en el tiempo. MOVEMENTS nace para resolver ese problema desde la tecnología”, explica en un comunicado Francisco Polo, uno de los dos cofundadores.

Castilla-La Mancha, como comunidad autónoma, es apenas una franja milimétrica en la línea del tiempo de la humanidad. Alrededor de nueve grandes civilizaciones han marcado la vida, las costumbres e incluso el paisaje de esta comunidad autónoma hasta su conversión en comunidad autónoma en 1982 con la aprobación de su Estatuto de Autonomía.

Antes de la llegada del Estado autonómico, parte de la actual Castilla-La Mancha era Castilla La Nueva, que también incluía a Madrid. Sin embargo, con la reestructuración territorial de la transición democrática tras la dictadura franquista, esta antigua región desapareció, convirtiéndose en la comunidad autónoma que hoy es.

Al margen sus numerosos asentamientos prehistóricos, que la han dotado de yacimientos arqueológicos de enorme valor, por la tierra de lo que hoy conocemos como esta autonomía han pasado unas nueve civilizaciones.

Pero es importante destacar que unas no dieron paso a otras de un día para otro y que muchos de sus vestigios se entremezclan en el tiempo, dejando un crisol de razas, costumbres, oficios, paisajes y construcciones que no siempre pueden establecerse entre años concretos.

Lo cierto es que la mayoría de historiadores coinciden en que la primera de estas civilizaciones la constituyeron los celtas carpetanos quienes, según la publicación Céltica Hispana, se trata de uno de los pueblos celtas que más desapercibidos han pasado por la Península Ibérica. Uno de los motivos fue que no ofrecieron gran resistencia al imperio romano. Es decir, no hubo grandes gestas, aunque sí gran número de yacimientos.

Fue un pueblo celtibérico que habitó la meseta sur hasta aproximadamente el año 220 a.C., abarcando las actuales provincias de Madrid, Toledo y el norte de Ciudad Real. Sus límites eran el río Guadiana al sur, los celtíberos por el este, los vetones por el oeste y el Sistema Central por el norte.

Un pueblo desunido

Se dedicaban principalmente a la agricultura y al comercio y sufrieron ataques por parte de los lusitanos en forma de razzias (incursiones o ataques sorpresa para llevarse botines). Otro dato significativo es que nunca se mostraron unidos entre sí y no se han encontrado pruebas de que tuvieran una sociedad fuertemente jerarquizada como sí ocurre en otros pueblos celtas de la península ibérica.

Los carpetanos lucharon contra los cartagineses y cuando llegaron los romanos, se unieron con los vettones y celtíberos para enfrentarlos. Sin embargo, pronto se unieron a Roma. Las fuentes no aluden a rebeliones posteriores, por lo que es posible que se aliaran con los romanos evitando conflictos mayores.

Algunos vestigios carpetanos de lo que hoy es Castilla-La Mancha se encuentran principalmente en yacimientos de las provincias de Toledo y Ciudad Real. En el primer caso, 'El Cerrón', en Illescas, es un poblado de casi dos hectáreas en el que se han localizado dos santuarios elevados, además de un relieve en el que aparecen carros tirados por caballos y guiados por aurigas.

El segundo yacimiento más relevante es el de 'El Cerro del Gollino', en Corral de Almaguer, un poblado carpetano de 15 hectáreas que presenta un doble recinto amurallado; mientras que en Consuegra, se conoce como 'Consabura' (el antiguo nombre del municipio) al antiguo poblado de ocho hectáreas sobre el cerro Calderico (el de sus famosos molinos), que conserva parte de su muralla.

Según publicaciones como 'Castros carpetanos en época prerromana', de J. Hurtado, o 'Los últimos carpetanos', de G. Ruiz Zapatero, la propia ciudad de Toledo tiene también vestigios carpetanos, que por entonces tenía 50 hectáreas de extensión. Sus habitantes se dedicaban entonces a tareas agrícolas.

De los cartagineses al imperio romano

Los cartagineses fueron, por tanto, la segunda civilización que marcó la historia de Castilla-La Mancha, aunque no por mucho tiempo: del año 220 al 206 a.C. En esta región, hay varios yacimientos arqueológicos que podrían estar relacionados con la presencia cartaginesa, mucho menor que en otras regiones.

Así, se ha encontrado evidencia de interacción cultural entre los pueblos ibéricos y cartagineses en algunos yacimientos, y varios estudios sugieren una influencia cartaginesa en ciertos aspectos de la cultura ibérica. 

Los cartagineses tuvieron una presencia significativa en la península ibérica, incluyendo la zona de Castilla-La Mancha, especialmente durante las Guerras Púnicas. Aunque no se establecieron con una presencia dominante en la región como lo hicieron en el sur de la península, su influencia se puede sentir en algunos detalles históricos y culturales. 

Según el Portal de Turismo de esta comunidad autónoma, la presencia cartaginesa estuvo determinada por la segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago. La batalla de Salaria tuvo un gran impacto en el territorio que ahora es la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Esta civilización también dejó su influencia en el arte rupestre. Se han encontrado pinturas en algunas áreas de Castilla-La Mancha que, aunque no son directamente cartaginesas, pueden indicar una influencia cultural en la región durante la época prerromana, donde los cartagineses y los íberos también tenían presencia. 

Tras Cartago llegó la enorme impronta del Imperio Romano, desde el año 179 a.C. hasta el año 412 d.C. De esta época los vestigios son amplios y numerosos en territorio castellanomanchego.

La publicación ‘National Geographic’ analiza detalladamente la huella romana en los territorios que hoy conforman Castilla-La Mancha. La antigua ciudad romana de Segóbriga, ubicada en Saelices (Cuenca), es quizás el vestigio más monumental y visible. Fue el centro productor y exportador de Lapis Specularis (yeso especular), un tipo de piedra cuyo valor en la antigua Roma fue altísimo. Dos mil años después, se puede seguir paseando por la que fuera esta ciudad romana, descubrir su teatro y anfiteatro y hacerse una idea de cómo fue la vida cotidiana en la antigua Roma.

En esta provincia, destacan igualmente los yacimientos de la ciudad de Ercávica o la de Valeria, un ejemplo de ingenieríacon un entramado perfecto para la provisión de aguas. Y con las últimas décadas han ido conociéndose asimismo más detalles de la lujosa villa romana de Noheda, con sus espectaculares mosaicos figurativos.

En Toledo, los vestigios más importantes son las termas de Amador de los Ríos, así como las estribaciones del acueducto sobre el río Tajo, el circo romano o el parque arqueológico de Carranque. En esta última localidad toledana se encuentra un enclave que surgió como centro de explotación de los recursos agrícolas de la antigua Roma y ya en época tardorromana se configuró como un importante centro de poder.

Y en la provincia de Albacete, esta publicación resalta el Tolmo de Minateda. Se suman las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda, declaradas Patrimonio de la Humanidad. De hecho, el ámbito cronológico de esta área alcanzaría un periodo histórico de casi 8.000 años.

En territorio albaceteño se ubica igualmente la antigua ciudad romana de Libisosa, en Lezuza, un territorio que contaba con abundantes recursos hídricos, agrícolas y cinegéticos que favorecieron desde la prehistoria el asentamiento de humanos, favorecidos además por la existencia de salinas en su proximidad y de rutas ganaderas de trashumancia que le proporcionaron una gran riqueza.

Y más en el norte, se encuentra el reciente hallazgo, en 2017, de una ciudad cuya existencia se conocía por menciones de Plutarco y Ptolomeo, pero que nadie lograba encontrar: Caraca. Se encuentra en la localidad de Driebes, dentro de la comarca de la Alcarria Baja de la provincia de Guadalajara.

El área arqueológica de Caraca es un complejo de yacimientos conformados por un núcleo urbano, el Cerro Virgen de la Muela, donde se emplaza un asentamiento ocupado desde la Edad del Bronce hasta la época romana, una necrópolis tardoantigua a sus pies, los restos de un acueducto romano y el área periurbana de la civitas romana.

En época altoimperial, Caraca alcanzó una extensión de ocho hectáreas, teniendo su mayor esplendor entre los siglos I y II d. C. La ciudad se articula en 27 manzanas, de las que se conoce la existencia del Foro, el cardo, el decumano, termas públicas y viviendas. Contaba, además con un acueducto que le abastecía de agua.

Hasta aquí, ya puede apreciarse cómo la huella de algunas civilizaciones como la celta carpetana se fusionaron con los posteriores elementos romanos. Y, salvo alguna excepción, no dejaría de ser así en las posteriores épocas.

Desde el año 412 d.C hasta el 476 d.C., llegaría otra breve época hasta la caída del imperio romano. Muchos expertos mencionan a los alanos, de origen iranio (iraní). Aunque estos últimos no se asentaron específicamente en Castilla-La Mancha, su presencia en la región es mencionada en algunos textos históricos. Se cree que su presencia en la zona fue temporal y asociada a la invasión más amplia en la Península Ibérica. 

Después, la llegada de los visigodos fue una de las más significativas en la historia de las civilizaciones en Castilla-La Mancha. De origen germánico, eran una rama de los pueblos godos y dejaron una huella importante, siendo esta región parte del extenso territorio que dominaron desde el siglo V hasta el siglo VIII. 

Su llegada marcó el inicio de una nueva era, con Toledo como capital del reino y centro cultural, político y religioso. Aunque su influencia se extendió por toda la región, incluyendo ciudades como Orgaz, Sonseca y Mora, fue Toledo la que se convirtió en el epicentro de su reinado y cultura.

El Canal de Historia relata cómo tras un largo recorrido por toda Europa, representaron el primer intento de unidad política de la Península Ibérica, que se mantuvo hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII.

Lo curioso es que el número de visigodos que se establecieron en territorio hispánico no sobrepasó los 100.000, frente a los cinco o seis millones de hispanorromanos que entonces habitaban el país. Esta desproporción explica que, pese a controlar el gobierno, los visigodos terminaran asimilando la lengua, la cultura y la religión de la sociedad hispana.

El reino visigodo de Toledo alcanzó la plenitud en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII, durante los reinados de Leovigildo y su hijo Recaredo. Leovigildo consolidó la autoridad real, anexionó el reino de los suevos (de la actual Galicia) y estableció las mismas leyes para germanos e hispanorromanos. Por su parte, Recaredo impulsó la unidad religiosa del reino al convertirse al cristianismo junto con los nobles visigodos.

La enorme huella de los visigodos en Toledo

Durante esos siglos, su huella en Castilla-La Mancha es una de las más notables, comenzando por la propia ciudad de Toledo, capital del Reino. Debido a ese rol, conserva numerosos vestigios que se pueden encontrar tanto en la ciudad como en sus alrededores. 

A los pies del Casco Histórico de Toledo, extramuros y cerca del río Tajo que rodea la ciudad se extiende un amplísimo terreno con mucha tierra, matorrales y algunas zonas urbanizadas bajo las que se esconde la gran ciudad visigoda de nuestro país. Es la Vega Baja de Toledo, un yacimiento casi inédito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y anexo a otros terrenos en los que se asientan el Circo Romano y la ermita del Cristo de la Vega. Más de 2.000 años de historia de la que dejaron huella varias civilizaciones, entre ellas la visigoda.

Por otra parte, el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda en la Iglesia de San Román, en el Casco Histórico, alberga piezas materiales de esta época, y el yacimiento arqueológico de Los Hitos en Arisgotas es un ejemplo de la arquitectura visigoda.

En esta ciudad también podemos seguir su rastro en la Torre del Salvador, en la Iglesia del mismo nombre (con una pilastra visigoda única) o en las míticas Cuevas de Hércules, que aunque son de origen romano, han sido inspiración para leyendas de reyes visigodos.

En los alrededores de Toledo, además del mencionado yacimiento de Los Hitos, Arisgotas alberga también el Museo de Arte Visigido, con piezas de San Pedro de la Mata. Precisamente, en este último pueblo pueden observarse las ruinas de la iglesia visigoda, actualmente en estado muy deteriorado.

La iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán, es asimismo otras de las joyas de la cultura visigoda, aunque la más conocida en la provincia de Toledo es el denominado 'Tesoro de Guarrazar'.

Este último es un claro ejemplo de la orfebrería visigoda, compuesto por coronas y cruces que varios reyes visigodos ofrecieron en su día como exvoto (ofrenda). Fue hallado entre los años 1858 y 1861 en el yacimiento arqueológico denominado huerta de Guarrazar, situado en la localidad de Guadamur, muy cerca de Toledo. Actualmente, las piezas están repartidas entre el Musée Cluny de París, la Armada del Palacio Real, el Museo Arqueológico Nacional y la Galería de las Colecciones Reales, estos tres últimos en Madrid.

Tras el reinado de Wamba, que venció a los francos, las luchas entre la nobleza y la monarquía debilitaron el reino visigodo, que no pudo hacer frente a la invasión musulmana.

En el año 710 las tropas de Tarik, gobernador musulmán del Norte de África, desembarcaron en lo que hoy es Tarifa. En julio del año siguiente, aliados con una facción de la nobleza visigoda opuesta a don Rodrigo, los musulmanes vencieron a este último rey visigodo en la batalla de Guadalete. Muerto don Rodrigo, los musulmanes iniciaron la ocupación de la Península, con lo que llegó a su fin el reino visigodo.

Del reino musulmán a la cristiandad

Comenzó así la historia de una nueva civilización también en Castilla-La Mancha, que perduró desde comienzos del siglo VIII hasta finales del siglo XI d.C. El reino musulmán estuvo presente en esta región bajo el dominio de Al-Ándalus, primero bajo el Emirato y luego bajo el Califato de Córdoba. Posteriormente, existió la Taifa de Toledo, que comprendía gran parte de Castilla-La Mancha y Madrid, y que fue una de las más importantes y ricas de Al-Ándalus.

El dominio musulmán en la región se prolongó durante varios siglos, marcando una época de gran influencia cultural, económica y social. Por eso su legado sigue presente en la región, en la forma de monumentos, arquitectura, cultura y tradiciones. 

Es importante resaltar que el arte islámico tiene una cierta unidad estilística debido, por una parte, a que los artistas se movían continuamente y, por otra, a que todos ellos utilizaban la escritura islámica, lo que fortaleció también la idea de unión. Y debido a que el Islam prohíbe la representación de imágenes, su elemento más destacado es la arquitectura, mientras que la pintura y la escultura se usan como complemento para decorar los edificios.

Así puede verse también en Castilla-La Mancha: los musulmanes absorbieron algunos elementos artísticos de los pueblos que conquistaban: el arco de medio punto de los romanos, el de herradura de los visigodos o la cúpula de los bizantinos, y la base de muchos de sus monumentos son edificios anteriores. Los edificios más significativos eran las mezquitas, los palacios, los baños y las alhóndigas.

Y de nuevo, la ciudad de Toledo se convirtió en estos siglos en un referente clave en la arquitectura musulmana: desde la Mezquita del Cristo de la Luz (la que mejor se conserva de las diez que llegó a tener la ciudad), construida sobre una mezquita original, o los baños árabes de Tenerías. También abunda el arte mudéjar, cuando los musulmanes permanecieron viviendo en territorio cristiano, manteniendo su religión e identidad cultural, mientras que la cultura cristiana incorporó elementos del arte islámico.

Otras construcciones tienen elementos de origen musulmán: la Puerta de Bisagra (en el segundo cuerpo interior, además de su nombre, que deriva de Bab-Shagra); la Puerta de Bab al-Mardum o de Valmardón; la Puerta de Alcántara y la Puerta de los Doce Cantos, posteriormente remodeladas.

Fuera de Toledo, en 2019 un grupo de arqueólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha descubrió una necrópolis islámica de más de 1.000 años de antigüedad en el paraje de Piédrola, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en una excavación de sólo cuatro metros cuadrados. La prospección permitió localizar siete cuerpos enterrados según el rito islámico: de lado, sin ningún tipo de ajuar o enseres y mirando a La Meca.

Asimismo, la 'ciudad-isla' de los musulmanes en Calatrava La Vieja (Ciudad Real) es una de las más antiguas ciudades islámicas de la Península, citada ya en tiempos de Abderramán I, en el año 785, que alcanzó un gran esplendor en el siglo IX. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río Guadiana para constituir un sistema defensivo hidráulico.

En el siglo XII la ciudad pasaría a manos cristianas, fundándose en ella la Orden de Calatrava, constituida por monjes guerreros. Ellos serían los únicos en mantener una fortaleza en manos cristianas tras la derrota de la Batalla de Alarcos: el castillo de Salvatierra. Después contribuirían a la victoria de las Navas de Tolosa, jugando un papel fundamental en la reconquista, y llegando a constituir una de las órdenes más poderosas por su capacidad económica y militar.

Finalmente, como legado andalusí en el sur de Castilla-La Mancha, se encuentra la antigua alquería islámica de Higueruela, en Albacete, construida cuando el Califato de Córdoba se descomponía y surgieron las taifas. Documenta el tipo de vida de los campesinos musulmanes de Al-Andalus.

La conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 marcó el fin de la presencia musulmana en la ciudad y en gran parte de Castilla-La Mancha, aunque se realizó parcialmente durante muchos años mediante la reconquista hasta la unión de los reinos de Castilla y Aragón.

Arrancó así la monarquía hispánica, mediante la unión dinástica de sus monarcas, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, a través de su matrimonio en 1469. Esta unión no fue una fusión institucional inmediata, sino que cada reino mantuvo sus propias leyes, instituciones y fronteras. Es el motivo por el que los vestigios en lo que ahora conocemos como Castilla-La Mancha se fusionan unos con otros, como ya había ocurrido en el pasado.

La región fue un continuo campo de batalla, con frecuentes incursiones de ambos bandos, musulmanes y cristianos, y escaso poblamiento humano. El máximo dominio almorávide (los monjes-soldado procedentes del Sáhara) llegó tras la Batalla de Uclés, en el año 1108, que obligó a los castellanos a replegarse hasta el río Tajo.

En los años siguientes a la Batalla de las Navas de Tolosa, casi toda Castilla-La Mancha quedaría definitivamente bajo control castellano, así como el valle del Guadalquivir, a cuya repoblación se le otorgó prioridad frente a la de Castilla-La Mancha, buena parte de la cual quedó bajo el dominio de las órdenes militares como la mencionada Orden de Calatrava en lo que hoy es Ciudad Real; la Orden de San Juan, la Orden de Santiago, y dentro de esta última, la Mancha Alta y el Campo de Montiel.

Las guerras civiles propiciaron castillos y fortalezas

Como parte de los reinos de Toledo y de Murcia (en su parte suroriental), integrados ambos en la Corona de Castilla, La Mancha fue escenario y sufrió las consecuencias de las guerras civiles castellanas que tuvieron lugar en los siguientes siglos, y como zona fronteriza de Castilla con la Corona de Aragón, también fue escenario de las luchas entre ambas.

El Portal de Cultura refleja que durante estos años algunos ejemplos de vestigios castellanos en la región son sus castillos y fortalezas como los de Belmonte, Almansa o Sigüenza. Lógicamente, también muchas iglesias, especialmente góticas, así como decenas de palacios, plazas como la de Almagro, arte rupestre y monumentos como el Monasterio de Uclés.

Si hablamos exclusivamente de civilizaciones, la mayoría de historiadores establecen el año 1492, con la expulsión de los judíos y la conquista de Granada, como el inicio de lo que hoy conocemos como España, entonces imperio español o “civilización española”. Sin embargo, otros investigadores hablan de la entidad o nación española partir de la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Y además hubo una breve temporada intermedia de ocupación francesa desde 1808 hasta 1813.

De cualquier forma, en Castilla-La Mancha, los vestigios de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se manifiestan en una variedad de monumentos, edificios y sitios arqueológicos. Destacan la arquitectura religiosa, como iglesias y conventos, y la arquitectura civil, incluyendo palacios, casas nobiliarias y edificios históricos.

En cuanto a iglesias y conventos, destacan la Catedral de Toledo y el Monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, o el Convento de la Merced en Ciudad Real. También se construyeron monumentos como el Palacio de los Condes de Cirat en Albacete, y casas nobiliarias que hoy son museos o edificios históricos. Igualmente, el Hospital de Tavera en Toledo es un ejemplo de la construcción de hospitales durante este periodo. 

Ya en el siglo XIX, se construyeron estaciones de ferrocarril como la de Cuenca (la de Toledo, de estilo neomudéjar, sería en el siglo XX), que son un símbolo del desarrollo industrial de la época, así como numerosos edificios civiles imitando los estilos de épocas pasadas.

Antes de todo ello, en 1833 ya ha se había realizado la división administrativa de España en provincias, con algunas variaciones respecto a la actualidad. Surgieron las provincias de Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, pero no eran todavía castellanomanchegas.

Se creó una región geográfica e histórica con el nombre de Castilla La Nueva, anterior a la actual división en comunidades autónomas, la cual abarcaba las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo. Es decir, como la actual Castilla-La Mancha, salvo por Madrid y por la provincia de Albacete, que pertenecía a la Región de Murcia.

Una tierra de emigrantes que después fue industrializada

Las décadas que siguieron a la Guerra Civil estuvieron marcadas por la masiva emigración de castellanomanchegos, tanto a las zonas más industrializadas del país, como al extranjero. Entre los años 1950 y 1960, más de medio millón de personas emigraron de la región.

Durante todo el siglo XX, destacan sobre todo estilos arquitectónicos como Art Decó, el racionalismo y regionalismo, pero sobre todo resultó relevante la industrialización, que trajo consigo la construcción de fábricas y plantas industriales. La evolución de la sociedad se reflejó igualmente en la transformación de las ciudades, con la creación de nuevos barrios, la ampliación de las infraestructuras y la construcción de edificios públicos.

Y años después de la llegada de la transición democrática, en 1982, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, con las cinco provincias que hoy conocemos. Ahora, este texto va a cambiarse. Y todavía hoy perduran algunos debates sobre los límites de la comunidad autónoma, como el que tiene en su centro al Rincón de Anchuras, una isla entre provincias que reclaman para sí desde las Tierras de Talavera, incluso demandando una sexta provincia. Porque la historia de la civilización humana, por ahora, continúa.

Ja és mitja tarda i la foscor comença a tenyir cada una de les làpides del cementiri de Palma. El silenci que a aquelles hores inunda la necròpolis es veu, de sobte, interromput pels plors i les pregàries. Provenen del Jardí de l'islam, un discret racó on les tombes miren cap a la Meca. Són només 39, a penes una illa dins del monumental recinte funerari, per a una comunitat de més de 30.000 fidels. En aquell instant, una família està donant sepultura a un dels seus. “Aquí no hi cap ningú més”, es lamenta un dels presents mentre assenyala una filera ja completa.

La comunitat musulmana porta anys reivindicant una ampliació que mai arriba tot i les promeses polítiques. Malgrat la senzillesa del ritu islàmic (o halal) -integrat pel ghusl (rentat ritual del cos), el kafan (la mortalla), la inhumació en terra i l'orientació cap a la qibla -, la manca d'instal·lacions adequades -diluïdes entre propostes tècniques i expedients que no avancen- provoca que nombroses famílies continuïn enfrontant-se a un dilema el ressò del qual s'estén a municipis i ciutats de tot el país: on enterrar els seus morts quan l'espai s'esgota o, directament, no existeix?

Espanya compta amb uns 2,5 milions de ciutadans musulmans, d'acord a les xifres de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). De tots ells, el 44% són espanyols (convertits o nacionalitzats), el 37%, marroquins i la resta, pakistanesos, senegalesos i algerians, principalment. No obstant això, la infraestructura funerària -igual que altres prestacions bàsiques- no ha acompanyat l'increment de persones que professen l'islam: el 95% de les comunitats islàmiques no compten amb cementiri o almacbara i cinc autonomies -Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Extremadura- no disposen de cap terreny per a això.

“L'Estat assumeix que els musulmans, igual que les altres confessions minoritàries amb arrelament a Espanya, tenen dret a ser enterrats als cementiris municipals i que els mateixos ajuntaments han d'adequar una part d'ells al ritu musulmà, però això no acaba de desenvolupar-se, assenyala el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez. En total, a penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme a la tradició musulmana entre els més de 17.800 repartits per tot el país. No obstant això, els espais existents estan saturats o les ordenances únicament permeten inhumar persones empadronades en aquest municipi, dificultant encara més l'accés als qui viuen a prop, però no estan inscrits oficialment allà.

A penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme al ritu islàmic entre els més de 17.800 repartits per tot el país

“Estem en uns llimbs”

En el cas de les Balears, encara que comparteix problemes comuns amb altres comunitats, el problema es viu de forma especialment dolorosa. Tan sols compta amb una parcel·la oficial, el Jardí de l'islam, per a tot el territori: no existeix cap terreny habilitat a Menorca, Eivissa o Formentera, la qual cosa, a la pràctica, situa l'arxipèlag en una posició similar a les regions en què no hi ha cap cementiri musulmà.

Des del seu impuls fa 16 anys, en aquest petit racó ubicat en un dels angles del cementiri de Palma, la saturació de l'espai és un problema recurrent. “Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou”, comenta Nur Bió, membre del centre cultural islàmic An-Nour. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per confirmar aquest i altres extrems, però des del Consistori eludeixen fer declaracions al respecte.

Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou

Nur Bió — Membre del centre cultural islàmic An-Nou

Bió no oculta la seva indignació: “Estem parlant de ciutadans que viuen, paguen impostos i moren aquí. Potser en aquests moments sigui una cosa antielectoral, però volem que se'ns concedeixi el que ens és un dret fonamental a la comunitat musulmana. Estem en uns llimbs en què la gent continua naixent i continua morint, però continuem sent ciutadans d'una ciutat on no se'ns enterra”, expressa.

Abderrahim, representant de la Lliga Musulmana de Balears, assenyala en aquesta mateixa línia que, a les illes, hi ha nombrosos ciutadans que, a causa de les dificultats que troben per enterrar els seus familiars, estan comprant espais a València o a Múrcia per poder donar-los sepultura “perquè allà hi ha més facilitats”. Explica, a més, que, davant la manca d'espai al Jardí de l'Islam i els elevats costos de repatriació, hi ha mesquites que supleixen amb xarxes de suport comunitari la manca de resposta institucional. Entre aquestes pràctiques, des de fa anys s'organitzen col·lectes entre els fidels per ajudar les famílies que no poden assumir les despeses d'un enterrament o un trasllat.

A nivell estatal, organitzacions com UCIDE i plataformes com Entierro Digno -nascuda l'octubre de 2024 per reclamar la creació de llocs de sepultura per a les persones musulmanes- coincideixen a subratllar que, més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, l'habilitació d'espais adequats per a aquests enterraments està reconeguda per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, però sense desenvolupament pràctic en molts territoris.

En aquest sentit, algunes de les reivindicacions específiques passen per modificar la normativa funerària perquè es puguin dur a terme enterraments sense fèretre, la rehabilitació dels cementiris musulmans construïts durant la Guerra Civil i l'habilitació de parcel·les en municipis en els quals, malgrat el volum de població musulmana existent, no compten amb un cementiri propi.

Es tracta d'un dèficit que obliga centenars de famílies a triar entre enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen -amb un cost que pot arribar a superar els 7.000 euros- o, en el pitjor dels casos, que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució adequada.

Les famílies tenen tres opcions: enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen o que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució

La necessitat d'aquest tipus d'espais es va fer més urgent amb la pandèmia de la COVID i l'increment del nombre de defuncions i encara més visible després de la mort del president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) i d'UCIDE Riay Tatary, el 6 d'abril de 2020, després de dues setmanes ingressat a l'hospital madrileny de La Paz. Unos dies després, es publicava un informe inèdit -i crucial- sobre la situació dels cementiris per als musulmans elaborat per Mohamed Ajana Elouafi, secretari de la CIE, en què abordava els desafiaments per donar sepultura conforme al ritu halal en un moment crític com el d'aleshores.

Bloqueig polític

A Mallorca, el Jardí de l'islam va ser impulsat el 2009 després d'anys de reivindicacions de la comunitat musulmana. Fins aquell moment no existia a tot l'arxipèlag cap parcel·la on realitzar enterraments d'acord a la tradició islàmica, però la mort d'Abdelhadi Chabli, un argelí resident a Mallorca que havia expressat el seu desig de ser enterrat a l'illa i que, per manca d'espai, finalment va a haber de ser repatriat, va suposar un punt d'inflexió. El malestar generat i la cobertura del cas -impulsada per un periodista amic del finat- van activar un moviment social que va pressionar per habilitar un espai específic dins del cementiri palmesà.

El Jardí de l'Islam va néixer així com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, 16 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana.

El Jardí de l'Islam va néixer com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, més de 15 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana

Jiménez reconeix la seva frustració pel bloqueig polític. Cada canvi de govern ha significat “començar de zero”, fins i tot quan les ampliacions ja estaven negociades, com va succeir la passada legislatura, quan l'Ajuntament estava governat per PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem. En aquest sentit, retreu que, en l'actual mandat, amb PP i Vox al capdavant del Consistori palmesà, les qüestions relatives a la llibertat religiosa es converteixin en una batalla partidista. “L'ultradreta ha creat un ambient que ja s'havia superat i el PP juga molt amb això. ¿Per què? Perquè veu que li dóna vots”, assevera.

Per la seva banda, Nur Bió, que també és secretari d'una de les mesquites de Palma, explica que la comunitat porta un any i mig reclamant a l'Ajuntament l'habilitació de, com a mínim, 22 noves tombes com a pas previ a una ampliació més consistent. Es tracta d'un compromís anunciat públicament, però, lamenta Bió, no materialitzat: “Ni les 22 tombes ni l'ampliació s'han vist per cap costat”. Segons els seus càlculs, serien necessàries unes 120 tombes per a la població musulmana de Palma. En aquesta línia, critica que no s'està oferint a les famílies la possibilitat de mantenir els seus difunts en la tomba original, tot i que la llei exigeix respectar un mínim de cinc anys abans de dur a terme qualsevol exhumació.

La realitat econòmica: repatriar o endeutar-se

Les famílies amb menys recursos pateixen especialment aquesta situació. Segons Bió, quan algú faleix “el posen dos dies a la nevera i comencen a buscar diners per tot arreu” per repatriar-lo i les assegurances privades, que “moltes vegades prometen cobrir repatriacions, tampoc els ajuden”, assenyala. El cost mínim per traslladar un cos depèn de factors com el país de destinació, el transport aeri, el ataüt homologat i els permisos sanitaris i administratius, la qual cosa, segons fonts del sector, pot ascendir a més de 7.000 euros, unes xifres inassumibles per a moltes famílies. Una situació que, com afirma Maissoun Alhalabi, ciutadana síria resident a Mallorca, provoca autèntics drames: cossos que romanen dies sense destí i famílies que no poden complir els ritus bàsics de la seva religió.

“Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners. No tothom pot fer-ho”, incideix Maissoun. En el seu cas, va contractar una assegurança “perquè hi havia moltes dificultats per entrar a Síria”. “Jo em quedo més tranquil·la”, afirma.

Tant Bió com Jiménez subratllen que el ritu funerari musulmà no exigeix infraestructures costoses: només requereix orientació cap a la Meca, enterrament en terra i, preferentment, sense fèretre. Encara que la normativa espanyola obliga a usar taüt, la comunitat ho accepta com a solució adaptada. “No necessitem res especial”, insisteix Bió. “Només és fer-ho d'una altra manera”, afegeix. Jiménez, per la seva banda, subratlla que fins i tot es podrien optimitzar alguns aspectes tècnics, com dividir les tombes per permetre dos enterraments per unitat i dissenyar fèretres verticals concordes al ritu. “Les tombes es desaprofiten. Tenim un problema d'espai, però tampoc ens deixen buscar solucions”, emfatitza.

El cost de traslladar un cos a un altre país pot ascendir a més de 7.000 euros. 'Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners', comenta Maissoun Alhalabi, ciutadana siriana resident a Mallorca

Cartagena, el precedent judicial

Mentre a Palma l'estancament continua, altres ciutats han experimentat certs avenços o afrontat conflictes que exemplifiquen la situació en què es troben els musulmans a Espanya. El cas més recent és el de Cartagena (Múrcia), on un jutjat, mitjançant una sentència dictada el passat mes de juny, va obligar l'Ajuntament a habilitar una àrea per a enterraments conforme al ritu islàmic i d'acord a la normativa sanitària vigent després d'anys de reclamacions ignorades. La resolució va marcar un precedent important en aquest sentit, en reconèixer que la inacció administrativa pot suposar una vulneració de drets fonamentals en matèria religiosa. La Justícia atenia així la demanda interposada per la comunitat local, que compta amb prop de 30.000 fidels. Un mes després, Madrid anunciava l'habilitació d'una parcel·la de 15.000 metres quadrats en el cementiri sud de Carabanchel, però amb límits i solucions intermèdies.

En paral·lel, l'associació Entierro Digno, una de les plataformes més actives en la denúncia de la manca d'espais funeraris per a la comunitat musulmana a Espanya, ha impulsat el documental Descansa en Paz, una peça que posa rostre i veu a les famílies que es veuen obligades a repatriar els seus éssers estimats o a enterrar-los a centenars de quilòmetres per l'absència de parcel·les adequades als seus municipis. La filmació recull testimonis que expliquen l'impacte emocional i econòmic d'aquestes situacions, així com l'angoixa afegida que suposa no poder complir els ritus funeraris islàmics en un moment de dol. “A Espanya, milers de famílies musulmanes no saben on podran acomiadar els seus”, subratllen des de l'entitat.

Descansa en Paz s'ha convertit en una eina clau que, a través d'entrevistes, imatges de cementiris saturats i dades sobre la desigual implantació d'espais musulmans al territori espanyol, evidencia una realitat que durant anys ha romàs invisible per a gran part de la societat. El documental es nodreix, així mateix, de “decisions municipals, encerts, obstacles i la realitat d'un procés que gairebé mai s'explica, però marca una família per sempre”, com assenyalen des d'Entierro Digno, liderada per Mayson Douas.

A Palma, el Jardí de l'Islam -un rectangle diminut en un colosal cementiri- revela la magnitud del problema: manca planificació i una política funerària que tingui en compte la diversitat real de la població espanyola. Les làpides, alineades en silenci, semblen reforçar aquest argument. Cadascuna d'elles explica una història i recorda una vida mentre, més enllà dels murs del cementiri, les associacions i les famílies busquen que la seva problemàtica formi part de l'agenda institucional. “No volem privilegis, volem igualtat”, sentencien.

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

La Comisión Islámica en Extremadura ha solicitado espacios para enterramientos para el colectivo musulmán en la comunidad autónoma, petición que se realiza “desde hace 25 años”.

Esta solicitud se efectuó inicialmente al Ayuntamiento de Badajoz, para después presentar peticiones también en Talayuela y Plasencia, ha expresado la Comisión Islámica en Extremadura en una nota.

La negativa a impulsar estos proyectos “impide un derecho reconocido por ley y vulnera la libertad religiosa”, sin olvidarse que “se cierra los ojos ante el sufrimiento de las familias musulmanas, obligadas a trasladar a sus fallecidos a otras provincias lejanas o a repatriarlos a sus países de origen”.

En mayo de 2019, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron actuaciones informativas dirigidas a las administraciones locales para dar a conocer la viabilidad de la práctica de la inhumación por el rito islámico, siempre firmando un protocolo de colaboración con la Comisión Islámica de España en Extremadura “con el fin de facilitar al máximo la aplicación de las reglas en este tipo de enterramientos”.

Durante este “largo tiempo de espera”, el colectivo ha optado por el diálogo “como única vía con la administración para conseguir el derecho establecido en la normativa”, pero se ha producido “el rechazo de las administraciones locales a cumplir y satisfacer esta demanda humana”.

“El derecho al enterramiento islámico es jurídicamente concluyente, claro y no da lugar a ambigüedades, no hay necesidad de buscar interpretaciones adicionales”, ha expresado.

En este sentido, ha añadido que, ante una demanda judicial de la comunidad musulmana de Algeciras, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de esta localidad “dictaminó en mayo pasado que el Ayuntamiento deberá proporcionar un espacio en el cementerio municipal destinado a la inhumación de personas de fe musulmana”. Decisión similar que también han tomado los juzgados de Cartagena, ha apuntado.

Sin embargo los municipios extremeños no han dado aún este paso pese a ser un territorio que “contó con enterramientos islámicos en 1936, en municipios como Cáceres, Villafranca de los Barros, Guareña y Zafra”.

Por todo ello, el colectivo también ha pedido a la Junta de Extremadura y a la Delegación del Gobierno que faciliten los canales de comunicación necesarios con las administraciones locales en este contexto.

El pequeño pueblo de Galisteo, en la provincia de Cáceres y cuenta con una peculiar muralla tanto por su estado de conservación cómo fue construida. Con alturas de hasta 12 metros en algunos puntos, la muralla almohade de Galisteo fue levantada con cantos rodados del río, una estructura excepcional entre las fortificaciones construidas en nuestro país.

Galisteo, a unos 90 kilómetros de la capital, en la orilla del río Jerte, cuenta con raíces históricas que se extienden desde la ocupación romana hasta la etapa musulmana, reflejando distintas etapas de asentamiento y desarrollo. Entre los años 1229 y 1837, la villa adquirió relevancia como centro del Señorío de Galisteo, una jurisdicción que comprendía varias aldeas cercanas, entre ellas Pozuelo de Zarzón, Guijo de Galisteo, Montehermoso y Carcaboso. Este papel administrativo consolidó su importancia dentro del Valle del Alagón y definió buena parte de su organización urbana.

El reconocimiento patrimonial de Galisteo llegó en 1991, cuando fue declarado Bien de Interés Cultural bajo la categoría de Conjunto Histórico, protegiendo tanto su trazado urbano como sus construcciones más representativas. Entre estas se encuentra la muralla de origen almohade, que rodea el casco antiguo y mantiene gran parte de su perímetro original. Esta protección permite apreciar la evolución del municipio a lo largo de los siglos y comprender cómo se integran sus elementos defensivos y civiles en la configuración actual del pueblo, ofreciendo un recorrido histórico y arquitectónico coherente para los visitantes.

La muralla de Galisteo, una estructura almohade singular

Galisteo conserva un recinto amurallado que envuelve por completo el núcleo histórico de la localidad. Su origen se remonta al siglo XIII, durante la etapa almohade, cuando se levantó empleando una técnica constructiva basada en cantos rodados del río, unidos con argamasa, un método adaptado a los recursos locales que ha permitido su permanencia a lo largo de los siglos.

El trazado se mantiene prácticamente intacto desde su construcción, configurando un perímetro de unos 1.200 metros que delimita el casco antiguo. Dentro de sus muros se encuentran la mayor parte de las viviendas y edificaciones del municipio, lo que explica que el conjunto urbano actual siga adaptándose al esquema defensivo original.

Las dimensiones de la muralla presentan variaciones según el terreno. En los tramos mejor conservados alcanza alturas próximas a los doce metros, mientras que en otras zonas desciende hasta los tres. Este desnivel responde tanto a la orografía del terreno como a las sucesivas fases de reconstrucción que ha experimentado. A lo largo del tiempo, el recinto ha sido restaurado en diversas ocasiones, siempre respetando el trazado original, lo que ha permitido mantener su aspecto general y su continuidad estructural.

El acceso al interior del recinto se realiza a través de tres puertas principales: la del Rey, la de la Villa y la de Santa María. Cada una cumplía una función específica dentro de la organización urbana medieval, y su disposición aún marca los puntos de entrada al casco histórico. Junto a la muralla se alza la torre del homenaje conocida como La Picota, un elemento añadido en época posterior que se ha convertido en el símbolo más reconocido del municipio.

Este conjunto, en el que muralla y torre mantienen una relación visual directa, resume la evolución del asentamiento desde su etapa islámica hasta la configuración que presenta en la actualidad. La conservación del perímetro original y su integración en la vida cotidiana del pueblo explican que Galisteo sea considerado un caso excepcional dentro del patrimonio fortificado de Extremadura.

El conjunto histórico y el entorno rural de Galisteo

El interior del recinto amurallado conserva algunos de los elementos más representativos del patrimonio arquitectónico de Galisteo. Entre ellos destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción se remonta al siglo XIII. El templo presenta un origen mudéjar y un ábside semicilíndrico formado por dos cuerpos superpuestos de arcos ciegos de ladrillo. En el siglo XVI se amplió la nave principal, incorporando rasgos góticos y renacentistas que evidencian la evolución del edificio a lo largo del tiempo.

Fuera del recinto, el visitante encuentra el puente de piedra que cruza el río Jerte. Fue construido en el siglo XVI y durante siglos facilitó la comunicación entre los municipios del Valle del Alagón. A poca distancia se levanta la ermita de San Isidro, rodeada de zonas de cultivo y regadío que mantienen la actividad agrícola tradicional de la comarca. El trazado urbano, de calles estrechas y pavimento empedrado, conserva la estructura típica de los núcleos medievales de la región.

Uno de los elementos más reconocibles del patrimonio galisteño es la torre del homenaje, ya mencionada como parte del conjunto amurallado. Se erigió en el siglo XIV sobre el antiguo alcázar almohade. Su planta octogonal y su remate en forma piramidal la distinguen dentro del perfil del pueblo.

Cubierta por un velo y con un pañuelo palestino sobre los hombros, Eman ha acudido este martes a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para entregar las 11.000 firmas que ha recogido en las últimas semanas a través de la plataforma change.org. Son para ella la muestra de que no está sola en esta lucha, la que inició hace ya un mes cuando fue expulsada del instituto Sagasta de Logroño por negarse a quitarse el velo islámico para entrar al centro.

Desde entonces ha presentado varias quejas tanto a la consejería como al instituto, pero aunque ambas instituciones le han respondido, ninguna le ofrece una solución: su continuidad en este centro educativo pasa por acudir a clase sin velo. Es lo que lleva haciendo semanas a pesar de sentirse “humillada” por ello. “Tuve una reunión con la directora y me explicó que con tres partes me abrirían expediente y me podría quedar fuera del Bachillerato Internacional”, explica, “así que no podía enfrentarme a ellos individualmente porque además aquí en La Rioja no hay ningún otro centro donde pueda cursarse esta modalidad de Bachillerato. He tenido que cumplir con la norma”.

Esto supone para esta joven un verdadero problema. “Es muy humillante porque no hay ningún fundamento ni razón, me siento fatal porque todo el mundo me mira muchísimo, hay comentarios que no están bien y es muy vergonzoso”, explica, “me he puesto el pañuelo como musulmana y es muy humillante que venga una persona y te lo haga quitar. Dicen algunos que nos obligan a ponernos pañuelo, pero es que son los mismos que nos obligan a quitármelo. Déjame a mí ponérmelo por mi voluntad y quitármelo por mi voluntad también”.

Muchos profesores y la mayor parte de sus compañeros están apoyando su lucha. También ex profesores del IES Sagasta se han dirigido a la organización del Bachillerato Internacional que, hasta ahora, no ha dado ninguna respuesta. Ahora, con esta recogida de firmas, trata de demostrar que no está sola y confrontar el discurso de la directora del IES Sagasta que señala que no se puede cambiar la norma por una única alumna. Lo que no tiene claro es cuál será el siguiente paso. “Voy viendo poco a poco porque igual todo esto puede perjudicarme en mis estudios. Intento que no afecte”, explica.

Eman desmonta uno a uno los argumentos de la directora del centro. “Dice que los alumnos no pueden llevar la cabeza cubierta, pero ella equipara las capuchas y gorras con el velo islámico aunque tienen diferentes usos. Dice además que es un sesgo de género. Alega también que en los exámenes podría copiar con auriculares ocultos, pero le di la solución prestándome a enseñar las orejas antes de entrar. También decía que en los pasillos si hay un conflicto o un robo, si vamos cubiertos no se puede identificar bien a los alumnos. No tiene ningún sentido”.

Tiene también respuesta para aquellas voces que exigen a la población musulmana que se adapte a las normas de España igual que un español debe adaptarse a las normas de un país árabe cuando lo visita. “Las normas... ¿Qué norma hay en la Constitución española que diga que no puedes expresarte libremente? Ni siquiera en la normativa de mi instituto hacen referencia al hiyab. Si me dices que en Afganistán prohíben algo, es porque está en su norma. Pero es que aquí esa norma no existe. Si España es democrática hay que cumplirlo, porque es un derecho de cada persona”, insiste esta joven logroñesa que tiene hasta ahora brillantes resultados académicos.

Pide a la consejería de Educación que se pronuncie claramente sobre este asunto y recuerda que si prohíben el velo estarán “limitando la educación de las personas musulmanas” porque “obligan a elegir entre religión y educación, dos cosas fundamentales para una persona”.

De hecho, Eman no fue la única alumna que vio limitado este derecho. Como ella, la prohibición del uso del velo en este centro público de Logroño afectó a otras alumnas. Ellas decidieron quitárselo pero Eman en un principio se negó y por eso fue expulsada. Desde entonces ha habido numerosas movilizaciones y varias asociaciones de personas migrantes han denunciado que esta prohibición “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH. y obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013”.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja se han lavado las manos alegando que la prohibición “se ajusta a derecho” y apelando a la “autonomía de los centros y sus reglamentos de funcionamiento”. Sin embargo, desde la Universidad de La Rioja, la Clínica Jurídica y de Intervención Social ha elaborado un informe a la consulta del AMPA del instituto sobre la prohibición del velo islámico. Concluye que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro no tiene cobertura legal suficiente y “no puede limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin respaldo legal superior”. Además, recuerda que toda restricción a derechos fundamentales debe ser aprobada por ley orgánica, responder a un fin legítimo y ser proporcional, requisitos que, según recoge el informe, este reglamento “no cumple”.

En cualquier caso, Eman sabe que tiene por delante dos años en el instituto más antiguo de Logroño, el IES Sagasta. Es la única opción que tiene si quiere cursar en La Rioja el Bachillerato Internacional, al que se accede con excelentes calificaciones y nivel alto de inglés. Después, estudiará Derecho. Lo tiene claro. “Esto que me está pasando no tiene ningún fundamento legal y eso me avergüenza todavía más”, concluye.

La Abogacía del Estado ha recurrido ante los tribunales el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Jumilla que impide, desde el pasado 28 de julio, los rezos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales. En el recurso, presentando este lunes, se solicita la suspensión cautelar de dicho acuerdo al entender que su única finalidad es “limitar injustificadamente el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana”, en contra del artículo 16 de la Constitución española. Además, dicha prohibición infringe, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, el principio de neutralidad confesional de la Administración.

La controvertida moción de Jumilla fue propuesta por el único concejal de Vox en el Ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, pero salió adelante tras aprobarse una enmienda del Partido Popular, que gobierna este municipio murciano de 27.000 habitantes. La moción de Vox proponía prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos, y convirtió a Jumilla en el primer Consistorio en pasar de esta amenaza de la ultraderecha a un veto real en un municipio con una población –según datos del INE– de unas 1.500 personas procedentes de países donde se profesa el islam.

Vox y PP proponían modificar el Reglamento de funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales para excluir en las mismas cualquier uso religioso, cultural o social. Sin embargo, como señalan desde la Abogacía del Estado, el efecto inmediato sería la exclusión, “en particular, de las celebraciones religiosas promovidas por la comunidad musulmana en Jumilla, puesto que no hay constancia de que otras confesiones religiosas hayan celebrado actos religiosos en instalaciones deportivas de dicha localidad”.

“Identidad nacional”

Según ha considerado la Abogacía del Estado, dicho acuerdo, “solo responde a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”. Y recuerda que los impulsores del veto reconocieron “expresamente que se fundamentaba en la necesidad de limitar la práctica de ritos y celebraciones 'importadas', como la fiesta del cordero, que a juicio del Ayuntamiento resultaba completamente ajena a los usos y costumbres que de la identidad nacional”.

Esta decisión llega después de que el Ayuntamiento de Jumilla no respondiera al requerimiento presentado por el Gobierno en el mes de agosto para que anulase el acuerdo adoptado en el pleno del 28 de julio, por el que se prohibían los actos religiosos en centros deportivos de la localidad.

Por otra parte, en el recurso de la Abogacía se constata que la comunidad musulmana de Jumilla “ha utilizado el pabellón deportivo para celebrar estas festividades desde hace décadas, siempre previa solicitud y tras el pago de las tasas correspondientes, sin que, hasta la fecha, haya existido problema de orden público alguno”.

Fuentes del Gobierno han mostrado su preocupación por “la deriva autoritaria de la derecha y la ultraderecha” y han reafirmado su “compromiso” en recurrir cualquier medida de ayuntamientos y comunidades autónomas que limiten derechos fundamentales, “como ya sucedió en los casos de la censura educativa en Murcia a través del conocido como veto parental, el chantaje institucionalizado a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León o Madrid o la derogación de las leyes de memoria de la mano de defensores de la dictadura”.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha tornat a marcar les pautes de l’agenda ultradretana en matèria migratòria a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), en la segona jornada del debat de política general. “No permetrem que els nostres barris tranquils es converteixin en guetos d’okupes, narcos i delinqüents”, ha manifestat Cañadas, tornant a equiparar immigració amb delinqüència. Les dades diuen el contrari: Espanya té el doble d’estrangers que el 2005 i una taxa de delinqüència més baixa.

Tanmateix, la líder ultradretana ha tornat a fer gala de tots els tòpics de l’agenda xenòfoba. “No permetrem que els nostres menors corrin perill de ser segrestats o violats ni que les dones tinguem por d’arribar tard a casa”, ha dit en referència a cultures que, segons la seva opinió, són “incompatibles amb el respecte, la llibertat i la democràcia”. Cañadas ha instat el PP a votar a favor de propostes com prohibir la festa del xai —una festivitat important de l’islam— o el hijab —el vel que utilitzen les dones musulmanes per cobrir-se els cabells— perquè els ultres puguin creure’s l’adopció dels conservadors a les seves propostes.

“Mentrestant, com la nadala, ‘fum, fum, fum’. No és només una qüestió de diners o d’espai, senyora Prohens, és una qüestió de principis, de defensa de la nostra identitat nacional, de les nostres arrels, de la nostra història i del nostre futur col·lectiu com a poble”, ha argumentat, obviant la tradició àrab i musulmana que va existir durant més de set segles a la península Ibèrica i el llegat de la qual continua impregnant bona part de la cultura espanyola.

L’aparent oposició de Vox al Govern de Marga Prohens s’ha d’emmarcar en la necessitat que tenen els conservadors que els ultres donin el seu vot favorable a l’aprovació dels pressupostos autonòmics de 2026. Una altra opció —molt més improbable— és que Prohens, que governa en solitari, aconsegueixi tirar-los endavant amb alguns dels partits de l’oposició d’esquerres. En l’aprovació dels comptes de 2025, Vox ja va aconseguir doblegar els populars en matèries clau per a l’extrema dreta, com la llengua, la memòria democràtica i la mateixa política migratòria. Aquestes àrees són importants per a Vox perquè representen el que ells defineixen com donar la batalla cultural a l’esquerra. L’altra alternativa és que es prorroguin els pressupostos.

“Les seves proclames contra la immigració il·legal manquen de credibilitat, de base i de fonament i, per això, davant les marques blanques, la gent tria l’original”, ha conclòs Cañadas sobre la qüestió migratòria, i ha afegit que el PP roba el discurs en aquesta matèria a Vox “per simple càlcul polític electoral”. En la mateixa línia, ha acusat el PP de defensar a Espanya i a Europa les polítiques migratòries del PSOE. “Els vots de Vox es respecten i el seu programa, també”, ha advertit.

El portaveu del PP al Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha respost a Cañadas insistint que l’arribada cada cop més gran de migrants a través de la ruta balear és culpa de “la incompetència del senyor [Pedro] Sánchez, provocada per les seves males relacions amb Algèria, el seu canvi de postura amb el Sàhara i la seva falta de diplomàcia”. “És una xacra social i un drama humanitari.” “En els darrers temps, les Illes Balears s’han convertit en una ruta preferent d’immigració il·legal, consolidada des del nord d’Àfrica”, ha argumentat. En aquest sentit, Sagreras ha insinuat que el Govern de Sánchez té por del règim autoritari del Marroc.

Sagreras ha insistit en la narrativa que el Govern balear ha defensat els darrers mesos: que l’arribada irregular de migrants a les costes de l’arxipèlag balear “sobrepassa la capacitat de resposta de les instal·lacions” que tenen les institucions autonòmiques i que cal reivindicar davant Moncloa que augmenti els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, a més de reforçar el control fronterer, promoure canvis en la seva política exterior i fer “polítiques a l’origen”, és a dir, que evitin que els nordsaharians vulguin emigrar. “Ho tenen massa fàcil vostès per dir que som uns racistes, però aquí ja no es tracta d’una qüestió de solidaritat, sinó de capacitat”, ha defensat.

“La conseqüència és el deteriorament dels serveis públics”

Iago Negueruela, portaveu del PSIB-PSOE, ha intervingut en la segona jornada del debat de política general per criticar la política social que, a parer seu, està duent a terme l’Executiu conservador. “La conseqüència de tot això és el deteriorament dels serveis públics, la pèrdua de drets, l’augment de la desigualtat, més dificultats per trobar habitatge o per arribar a final de mes”, ha afirmat. El portaveu socialista també ha opinat que ara hi ha “més malestar” per la “saturació turística” a les Balears, tant als espais naturals com a les carreteres.

Segons Negueruela, la presidenta del Govern canvia de versió cada any pel que fa al diagnòstic que ha d’oferir un full de ruta per millorar la situació. Així, ha dit que Prohens primer va situar el problema en l’habitatge, la mobilitat i el funcionament dels serveis públics. En una segona versió, va tornar a parlar d’habitatge, però també de saturació turística. I en la tercera, l’actual, “va descobrir la demografia”, ha dit Negueruela. “Ja no és que sobrin turistes, és que ha crescut la població i sobra gent. Ho descobreix 25 anys tard.” “Ens parla de demografia per no reconèixer que no ha estat ni és capaç de generar habitatge, com va prometre, ni ha estat capaç de prendre ni una sola mesura contra la saturació turística”, ha incidit Negueruela.

En aquest sentit, els socialistes critiquen que la gestió del Govern aprofundeix, precisament, en el problema demogràfic, perquè “més turisme i més totxo suposen més pressió humana”. Cal recordar que el PP, amb el suport de Vox, va donar llum verda a una norma que flexibilitza les restriccions urbanístiques i permet recalificar sòls rústics en determinades condicions. Pel que fa a les propostes, el PSOE s’ha ofert a sumar els seus vots amb el PP per augmentar l’impost de turisme sostenible (ITS) i crear un impost per als vehicles que no estan matriculats a les Balears.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respost a Negueruela: “Què han estat fent vostès, que han governat durant la major part d’aquest temps?” Així, Prohens s’ha demanat per què no van evitar la saturació dels serveis públics durant les dues legislatures de Francina Armengol si ja tenien a la seva disposició les dades, o per què no van fer una política d’habitatge, social, d’infraestructures educatives i hídrica més adequada.

Aprofundint en aquesta qüestió, Prohens ha defensat que els socialistes, quan governaven, no van fer “polítiques d’habitatge per a les famílies”, és a dir, construir més edificis plurifamiliars. “Proposen com a solució la limitació dels preus (del lloguer). Si jo sabés que aquesta limitació funciona, ja l’hauria aprovada”, ha afirmat. Tanmateix, segons la seva opinió, la mesura no funciona i, per això, ha posat com a exemple Catalunya. No obstant això, els preus del lloguer van baixar en el primer trimestre de 2024 a Catalunya amb l’aplicació de la llei d’habitatge, segons les dades analitzades per elDiario.es. Pel que fa a les propostes, ha mantingut que cal seguir la línia anunciada aquest dimarts pel president de la Generalitat, Salvador Illa (PSOE), que ha promès convertir tot el sòl urbanitzable en edificable.

L’esquerra insisteix a limitar els preus del lloguer

Pel que fa a la resta dels partits de l’oposició, Lluís Apesteguia, portaveu de Més per Mallorca, ha tornat a defensar la necessitat de limitar la compra d’habitatge a la població no resident, així com de fixar topalls en els preus dels lloguers. Apesteguia ha lamentat que la política d’habitatge del Govern beneficia els “rendistes” mentre perjudica la ciutadania, atès que “milers de persones no arriben a final de mes i famílies conviuen amb d’altres” a conseqüència de la bombolla especulativa.

En una línia similar s’ha expressat Josep Castells, portaveu de Més per Menorca, qui ha lamentat que a Prohens li preocupin els menors no acompanyats, mentre que el 30% dels habitatges els compren estrangers amb un poder adquisitiu molt elevat. “Als rics, catifa vermella”, ha assegurat. A més, ha defensat que, per abordar el repte demogràfic, cal centrar-se en polítiques de decreixement turístic i deixar de construir en zones inundables. “No hi ha hagut cap estratègia, no han proposat res amb un mínim d’ambició. Ni apujar l’impost de turisme sostenible ni el cànon de l’aigua, coses que ja havia promès”, ha argumentat.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha vuelto a marcar las pautas de la agenda ultraderechista en materia migratoria a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), en la segunda jornada del debate de política general. “No vamos a permitir que nuestros barrios tranquilos se conviertan en guetos de okupas, narcos y delincuentes”, ha manifestado Cañadas, volviendo a equiparar inmigración con delincuencia. Los datos dicen lo contrario: España tiene el doble de extranjeros que en 2005 y una tasa de delincuencia más baja.

Sin embargo, la líder ultraderechista ha vuelto a hacer gala de todos los tópicos de la agenda xenófoba. “No vamos a permitir que nuestros menores corran peligro de ser secuestrados o violados y que las mujeres tengamos miedo de llegar tarde a casa”, ha dicho en referencia a culturas que, en su opinión, son “incompatibles con el respeto, la libertad y la democracia”. Cañadas ha emplazado al PP a votar a favor de propuestas como prohibir la fiesta del cordero —una festividad importante del Islam— o el hiyab —el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse el pelo— para que los ultraderechistas puedan creerse la adopción de los conservadores a sus propuestas.

“Mientras tanto, como el villancico, ‘fum, fum, fum’. No es solo cuestión de dinero o de espacio, señora Prohens, es una cuestión de principios, de defensa de nuestra identidad nacional, de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestro futuro colectivo como pueblo”, ha argumentado, obviando la tradición árabe y musulmana que hubo durante más de siete siglos en la península ibérica y cuyo legado sigue impregnando en buena parte la cultura española.

La aparente oposición de Vox al Govern de Marga Prohens hay que enmarcarla en la necesidad que tienen los conservadores de que los ultraderechistas den su voto favorable a la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026. Otra opción —mucho más improbable— es que Prohens, que gobierna en solitario, consiga sacarlos adelante con algunos de los partidos de la oposición de izquierdas. En la aprobación de las cuentas de 2025 Vox ya consiguió doblegar a los populares en materias clave para los ultraderechistas como la lengua, la memoria democrática y la propia política migratoria. Estas áreas son importantes para Vox porque representan lo que ellos definen como dar la batalla cultural a la izquierda. La otra alternativa es que prorrogue presupuestos.

“Sus proclamas contra la inmigración ilegal carecen de credibilidad, de base y de fundamento y, por eso, frente a las marcas blancas, la gente elige el original”, ha zanjado Cañadas sobre la cuestión migratoria y ha añadido el PP le roba el discurso en esta materia a Vox “por simple cálculo político electoral”. En la misma línea, ha acusado al PP de defender en España y Europa las políticas migratorias del PSOE. “Los votos de Vox se respetan y su programa, también”, ha advertido.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha respondido a Cañadas insistiendo en que la cada vez mayor llegada de migrantes a través de la ruta balear es culpa de “la incompetencia del señor [Pedro] Sánchez, promovida por sus malas relaciones con Argelia y su cambio de postura con el Sáhara y su falta de diplomacia”. “Es una lacra social y un drama humanitario”. “En los últimos tiempos, las Illes Balears se han convertido en una ruta de inmigración ilegal preferente, consolidada desde el norte de África”, ha argumentado. En este sentido, Sagreras ha insinuado que el Gobierno de Sánchez tiene miedo al régimen autoritario de Marruecos.

Sagreras ha insistido en la narrativa que viene defendiendo el Govern balear en los últimos meses: que la llegada irregular de migrantes a las costas del archipiélago balear “sobrepasa la capacidad de respuesta de las instalaciones” que tienen las instituciones autonómicas y que hay que reivindicar ante el Gobierno que aumenten los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además de reforzar el control fronterizo, promover cambios en su política exterior y que se hagan “políticas en origen”, es decir, que eviten que los norsaharianos quieran emigrar. “Lo tienen demasiado fácil ustedes para decir que somos unos racistas, pero aquí ya no se trata de una cuestión de solidaridad, sino de capacidad”, ha defendido.

“La consecuencia es el deterioro de los servicios públicos”

Iago Negueruela, portavoz del PSIB-PSOE, ha intervenido en la segunda jornada del debate de política general para criticar la política social que, a su juicio, está haciendo el Ejecutivo conservador. “La consecuencia de todo es el deterioro de los servicios públicos, pérdida de derechos, aumento de la desigualdad, más dificultades para encontrar vivienda o para llegar a fin de mes”, ha afirmado. El portavoz socialista ha opinado también que ahora hay “más malestar” por la “saturación turística” en Balears, tanto en los espacios naturales como en las carreteras.

Según Negueruela, la presidenta del Govern cambia de versión cada año en cuanto al diagnóstico que debe ofrecer una hoja de ruta para mejorar la situación. Así, ha dicho que Prohens primero situó el problema en la vivienda, la movilidad y el funcionamiento de los servicios públicos. En una segunda versión, volvió a hablar de vivienda, pero también de saturación turística. Y en la tercera, la actual, “descubrió la demografía”, ha dicho Negueruela. “Ya no es que sobren turistas, es que ha crecido la población y sobra gente. Lo descubre 25 años tarde”. “Nos habla de demografía para no reconocer que no ha sido ni es capaz de generar vivienda, como prometió, ni ha sido capaz de tomar una sola medida contra la saturación turística”, ha incidido Negueruela.

En este sentido, los socialistas critican que la gestión del Govern ahonda, precisamente, en el problema demográfico porque “más turismo y más ladrillo suponen más presión humana”. Cabe recordar que el PP, con el apoyo de Vox, dio luz verde a una norma que flexibiliza las restricciones urbanísticas y permite recalificar suelos rústicos en determinadas condiciones. En cuanto a las propuestas, el PSOE se ha ofrecido a sumar sus votos con el PP para subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) y crear un impuesto para los vehículos que no están matriculados en Balears.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido a Negueruela: “¿Qué han estado haciendo ustedes que han gobernado durante la mayor parte de este tiempo?”. Así, Prohens se ha preguntado por qué no evitaron la saturación en los servicios públicos durante las dos legislaturas de Francina Armengol si ya tenían a su disposición los datos o por qué no hicieron una política de vivienda, social, de infraestructuras educativas e hídrica más adecuada.

Ahondando en esta materia, Prohens ha defendido que los socialistas cuando gobernaban no hicieron “políticas de vivienda para las familias”, es decir, construir más edificios plurifamiliares. “Proponen como solución la limitación de los precios (del alquiler). Si yo supiera que esa limitación funciona, ya la habría aprobado”, ha afirmado. Sin embargo, en su opinión, la medida no funciona y para ello ha puesto como ejemplo Catalunya. Sin embargo, los precios del alquiler bajaron en el primer trimestre de 2024 en Catalunya en aplicación de la ley de vivienda, según los datos analizados por elDiario.es. En cuanto a las propuestas ha mantenido que hay que seguir la línea anunciada este martes por el president de la Generalitat, Salvador Illa (PSOE), que ha prometido convertir todo el suelo urbanizable en edificable.

La izquierda insiste en limitar los precios del alquiler

En cuanto al resto de los partidos de la oposición, Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, ha vuelto a defender la necesidad de limitar la compra de vivienda a la población no residente, así como marcar topes en los precios de los alquileres. Apesteguia ha lamentado que la política de vivienda del Govern beneficia a los “rentistas” mientras que perjudican a la ciudadanía, dado que “miles de personas no llegan a final de mes y familias conviven con otras” como consecuencia de la burbuja especulativa.

En una línea similar se ha manifestado Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, quien ha lamentado que a Prohens le preocupen los menores no acompañados, mientras que el 30% de las viviendas las compran extranjeros con un poder adquisitivo muy elevado. “A los ricos, alfombra roja”, ha asegurado. Además, ha defendido que, para abordar el reto demográfico, hay que centrarse en políticas de decrecimiento turístico y dejar de construir en zonas inundables. “No ha habido ninguna estrategia, no han propuesto nada con un mínimo de ambición. Ni subir el impuesto de turismo sostenible ni el canon del agua, cosas que ya había prometido”, ha argumentado.

La recogida de firmas contra la prohibición del velo en el Instituto Sagasta ha superado los 8.000 apoyos en change.org en una semana. La joven que fue expulsada por negarse a retirárselo, Eman Ekram, ha reclamado la intervención de la Consejería de Educación de la Rioja para que el centro rectifique: “Me llamo Eman, tengo 17 años, vivo en Logroño y llevo hiyab. Me han echado del instituto por llevarlo y me han amenazado con no dejarme entrar si me lo vuelvo a poner”.

“Esto no responde a ninguna ley autonómica ni nacional”, recuerda la joven. “Ha sido una norma que el IES Sagasta se ha sacado de la manga de un día para otro y que es absolutamente discriminatoria”. En la petición que lanzó el pasado 18 de septiembre Eman asegura que no se trata de una normativa de obligado cumplimiento puesto que le consta que en otros institutos no sucede: “Se permite a las estudiantes llevar el hiyab sin restricciones, promoviendo un entorno que fomenta la diversidad y la tolerancia. La prohibición en mi instituto ha sido una decisión nueva y unilateral”.

La estudiante denuncia que la decisión “atenta contra nuestra Constitución española”, y cita el artículo 16, en el que se reconoce la “libertad ideológica, religiosa y de culto” como un derecho fundamental. “Para mí el hiyab no es solo una prenda de vestir, es una parte integral de mi identidad y un reflejo de mis creencias y mis valores. Que me prohíban llevarlo afecta no solo a mi educación, sino también a mi dignidad y libertad personal. ¿Por qué tengo que elegir entre mi fe y mi educación si no hago daño a nadie? Esta prohibición, además, crea un ambiente hostil que margina a estudiantes como yo, y extiende un mensaje de exclusión hacia nuestra diversidad cultural.”

Eman espera que la situación se resuelva pero asegura que si nada cambia antes de finalizar la próxima semana acudirá presencialmente a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para hacer entrega de sus firmas. “Mi sueño es estudiar derecho internacional y en mi propio instituto me están diciendo que, si quiero conseguirlo, debo renunciar a lo que soy. Por favor, que ninguna chica más tenga que pasar por esto ni este curso ni los que vendrán.”

Las protestas del alumnado contra la prohibición del velo en el IES Práxedes Mateo Sagasta han continuado este jueves y se han trasladado hoy a la puerta principal, donde han estado apoyados por muchas personas adultas, muchas de ellas mujeres vistiendo el velo. Tres agentes de Policía Nacional han intervenido y en un primer momento han blindado las puertas de entrada, a pesar de que en la primera concentración no se produjo ningún altercado. También hoy, Eman, la alumna que fue expulsada el lunes por negarse a retirarse la prenda, ha decidido ponerse en primera fila y alzar la voz.

La joven ha optado por continuar con su movilización así, con protestas pacíficas: “Somos estudiantes menores de edad, esto es lo único que podemos hacer. Necesitamos hacer todo de forma pacífica y legal porque si me retiro el velo, me tengo que enfrentar al centro y mi educación está en peligro, me podrían echar del Bachillerato Internacional”. Así, esta joven ha tenido que quitarse el velo para asistir a clase, pero quiere seguir reivindicando poder llevarlo.

Mientras, sus compañeros han iniciado una recogida de firmas (también de forma online) para denunciar que la prohibición implantada por el instituto es, según consideran, “desproporcionada y nada tienen que ver con la intención de la norma al hablar de la vestimenta adecuada”. El documento que presentarán a la dirección del centro para que reconsidere su decisión considera que esta “medida atenta contra los derechos fundamentales a la educación y a la libertad religiosa” y pide que se permita la entrada al centro “con elementos que cubran la cabeza por motivos médicos, religiosos o culturales”. “Esta legislación crea un problema de convivencia donde nunca lo hubo y trunca la diversidad cultural del alumnado”, ha dicho Daniela Romero, como portavoz de los alumnos y alumnas.

Debate en el Parlamento de La Rioja

La situación en el IES Sagasta también se ha abordado también en el pleno del Parlamento, donde la diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, ha lamentado que el Gobierno de La Rioja, y en concreto Educación, “aplasta algo tan importante como la libertad religiosa a golpe de interpretación” tras la prohibición de un centro educativo riojano de denegar el acceso a las aulas a una alumna con velo islámico y pide “que no se escude en la falsa autonomía de los centros para mirar hacia otro lado”.

Por su parte, el propio consejero de Educación, Alberto Galiana, ha defendido la postura del Ejecutivo en este asunto porque, como ha dicho, “esto no va de si estamos a favor del velo islámico o no, sino de saber si un centro actúa dentro de la Ley o no. Nosotros estamos a favor del cumplimiento de la Ley y la autonomía del centro”. Tras mostrar su “profundo respeto” a todas las religiones, Galiana ha querido dejar claro que este es “un debate que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y respeto. Esa será la posición de la Consejería”.

En su defensa de la Interpelación registrada por su grupo en el Parlamento de La Rioja sobre Educación, Henar Moreno (IU) ha pedido al consejero que “proteja a las alumnas frente a decisiones arbitrarias” y ha reclamado “libertad” para que cada persona pueda “defender sus propias creencias” frente “a la imposición y el castigo”. Además, ha pedido a Educación que “avance en su objetivo” que no debería ser otro que “la formación en el espíritu crítico y hacer ciudadanos que tengan la potestad de definir su propio destino y elegir sus propios ritos e imágenes”.

Para Henar Moreno, lo que está pasando en el instituto Sagasta de Logroño es una “prohibición” que deriva de una “interpretación de una norma. Hemos aplastado algo tan importante como es la libertad religiosa a golpe de interpretación” y se pregunta: “¿Desde cuándo se votan las interpretaciones?”. Al respecto de la autonomía de los centros, la diputada de IU ha querido destacar que “con esta posición, la Consejería deja abandonados y tirados a los alumnos del centro público” a la vez que le ha querido lanzar una pregunta al consejero: “¿Qué diría si el Consejo Escolar del instituto decidiera que no se imparta Religión en sus aulas?. Seguramente que ahí usted no sería tan flexible con la autonomía de los centros”. Lo que ocurre en el Sagasta -ha creído- “es exclusión, islamofobia y racismo”.

Ante esta situación, ha pedido a Educación “que no mire hacia otro lado” y si se ampara en que es “decisión del propio centro”, Moreno le ha indicado que, como se vio ayer en una concentración en las puertas del centro educativo, “el alumnado no está a favor de prohibir el velo en el centro educativo, ni muchos padres o madres y ni tan siquiera todo el profesorado”.

En su turno de réplica en el pleno, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha destacado que éste es un asunto “que hay que abordar con sosiego, profundidad, rigor jurídico y, sobre todo, con respeto” porque “es un tema controvertido pero que no es nuevo en los centros educativos de La Rioja”. Ante esta situación le ha recriminado a Henar Moreno que “parece que antes -en otras legislaturas en las que su grupo ha actuado como socio de Gobierno- no les importaba la libertad religiosa de estas niñas”.

El consejero ha explicado además que ésta es “una cuestión jurídica” y, es más, “hace aproximadamente un año en la Inspección Educativa se pidió un informe jurídico para valorar esta situación”. “Y en ese sentido, ante esa realidad debemos recalcar que el asunto no versa sobre lo que quiere o no la Consejería sino lo que debe respetar o no esta Consejería. Nadie puede decir que no se ha hecho un análisis con rigor”.

Además, ha asegurado que en los centros educativos de La Rioja “se garantiza la libertad religiosa y los derechos fundamentales de todos los alumnos pero el cómo se lleva a cabo permite diferentes enfoques, tal y como ocurre en otros países de Europa”. Por tanto, “quiero recalcar que o respetamos la autonomía de los centros o no la respetamos. Respetamos la democracia interna de los centros o no... pero esto no es un asunto de la Consejería. En el Sagasta se votó por mayoría contundente que esta interpretación se estableciera”.

“Este es un debate jurídico” por tanto -insiste- “no me pueden pedir que traspase ciertos límites porque no puedo ignorar esa realidad. Yo defiendo la libertad religiosa, por supuesto, pero tampoco deja de ser llamativo que, por ejemplo, IU la defienda y cuando puede promueve la limitación de las horas lectivas de Religión”: “Este Gobierno poco tiene de islamófobo pero creo en la Ley y es lo que tengo que defender. No busco la confrontación, busco la Ley”, ha sentenciado.

Las asociaciones ATIM (Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes), Asociación paquistaní de La Rioja, AMIN (Asociación Mundo Inmigrante), Arabella (Asociación de mujeres árabes en La Rioja), Asociación Faizan e Madina de Logroño y Asociación Gulzare Madina Logroño, han lamentado que la directora del IES Sagasta de Logroño ha prohibido la entrada al centro de las alumnas que portaran el velo islámico.

A través de un comunicado, estas entidades han recordado que “esta prenda que, si bien no es obligatoria constituye un elemento de identificación religiosa muy importante sin el que algunas mujeres se sienten violentas”. “Durante años, hasta el día de hoy, las alumnas que habían decidido incorporarlo a su indumentaria escolar en dicho IES lo habían hecho con total libertad”, han recordado.

La dirección del centro se acoge a que su ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro) que dictamina que “no se podrá acudir a clase con la cabeza tapada”. “Ciertamente, el hiyab no tapa la cabeza, tan sólo el pelo y las orejas”, han apostillado.

Sea por esta razón o entendiendo que “toda norma tiene sus excepciones cuando estas están justificadas se ha permitido ejercer el derecho a la educación en dicho IES portando el hiyab”. A juicio de las asociaciones, “llevar el pelo rapado por sufrir cáncer o haber sido operada de la cabeza o por razones religiosas, como es el caso de las chicas musulmanas o de las monjas cristianas son razones de peso suficiente para justificar esas excepciones”. Además, han dicho “no entender cuál puede ser la finalidad que busca el ROF con esa prohibición general”.

La decisión del IES Sagasta “atenta contra el derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, la Declaración Universal de DD.HH., el Convenio Europeo de DD. HH., obvia una sentencia del tribunal supremo en de 2013, y pervierte la Ley Orgánica de Educación pero nada de eso parece haber supuesto límite alguno a esa decisión ni ha impedido que la Consejería de Educación se llame andana ante semejante desafuero que también se produce en los dos IES de Calahorra impidiendo el ejercicio de su derecho a portarlo o teniendo que trasladarse a otra localidad para ejercer sus derechos”.

Las asociaciones han señalado que “nadie advirtió a los padres de que tal decisión había sido tomada por parte de la dirección del centro a finales del curso pasado impidiendo así que las alumnas pudieran haberse matriculado en otro centro, lo que les obliga ahora a buscar plazas en los centros que pudieran tener alguna disponible, con el problema de desarraigo escolar que se genera y las dificultades que impone a los padres que podrían tener hijos hasta en tres centros distintos forzándoles por hecho, no por derecho, a llevar el velo”.

Finalmente, han manifestado que defienden “el derecho a llevar el velo como defendemos cualquier otro derecho, hoy son las mujeres musulmanas, mañana será otro colectivo”. Los derechos son de todos y es responsabilidad de todos defenderlos. “Debemos defender la democracia frente a quienes pretenden destruirla. Debemos defender la constitución española frente al fascismo como debemos defender el derecho del pueblo palestino frente al nazismo sionista”, han concluido.

Educación dice que el reglamento “se ajusta al derecho”

La Consejería de Educación ha respondido que el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del IES Sagasta, aprobado por el claustro del Instituto, que prohíbe el uso de cualquier prenda que cubra la cabeza, “se ajusta a derecho”, al tiempo que el departamento educativo ha dicho respetar “la autonomía de los centros y elaborar sus reglamentos de funcionamiento”.

Educación ha añadido a Europa Press que para que el ROF “tiene que estar aprobado por el Consejo Escolar del centro”. En este caso, “no obstante, la Consejería, antes de su aprobación, solicitó un informe a servicios jurídicos para comprobar que la normativa se ajusta a derecho, como así es”, ha añadido. Finalmente, ha insistido en que “respetan” la autonomía de los centros a tomar sus decisiones y elaborar sus reglamentos de funcionamiento.