El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar falleció este lunes a los 88 años, según ha confirmado este miércoles su abogado, Javier Melero, en El Món a RAC-1. Con la muerte de Osàcar se va el guardián de los secretos más turbios del partido que gobernó Catalunya más de dos décadas.

Osàcar siempre fue fiel al partido hasta que le tocó entrar en prisión por el caso Palau, del que fue el único convergente condenado porque la investigación no logró demostrar que políticos y dirigentes participaran en la trama. A cambio de lograr más rápidamente el tercer grado, Osàcar rompió el silencio que mantuvo durante una década en el caso Palau y tiró parcialmente de la manta en el caso del 3%, la otra gran causa de corrupción de Convergència que todavía está pendiente de juicio diez años después de iniciarse.

Al igual que los mandamases del Palau, Osàcar mantuvo negociaciones con la Fiscalía para rebajar las penas del caso. Pero a diferencia de los exjefes del auditorio él no llegó a un acuerdo previo al juicio con el Ministerio Público. Tampoco optó por revelar la corrupción del partido al tribunal e intentar así beneficiarse de un atenuante de confesión en la sentencia. “A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio”, llegó a afirmar.

La Audiencia de Barcelona condenó a prisión a Osàcar por el caso Palau de la Música y ordenó decomisar 6,6 millones de euros a CDC por el cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obras públicas del último Govern de Jordi Pujol y de Ayuntamientos convergentes. En junio de 2020, Osàcar ingresó en la prisión barcelonesa de Brians-2, para cumplir su condena.

Durante todo el juicio del Palau, que confirmó por primera vez judicialmente la corrupción de Convergència y contribuyó a su desaparición como partido, dirigentes como Artur Mas o Francesc Homs apoyaron de forma pública a Osàcar. “Entre la palabra de Millet y la de Osàcar, me fío de la de Osàcar”, llegó a proclamar Francesc Homs en 2017. No obstante, los ánimos se convirtieron en silencio una vez Osàcar resultó condenado y tuvo que ingresar en prisión por el Palau.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergènia Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó ha desvinculado al expresident Artur Mas de la operativa de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales en la que les implicó el extesorero de la formación Daniel Osàcar. La declaración de Gordó ha sido la antítesis de la de Osàcar: cada uno ha responsabilizado al otro de la presunta trama para lavar el dinero del 3%.

Gordó, que está pendiente de juicio por las comisiones ilegales del 3%, ha comparecido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como imputado en la pieza separada del caso que investiga si el partido blanqueó las comisiones ilegales que le pagaron empresarios mediante ingresos en efectivo de sus dirigentes.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergència fue imputado a raíz de la declaración del extesorero de la formación Daniel Osàcar. Tras años de silencio sobre la corrupción del partido, Osàcar ha empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el caso del 3% a cambio de que el Ministerio Público no recurriera el tercer grado que obtuvo tras ser condenado por el caso Palau. El pasado 20 de octubre, Osàcar explicó que él se limitó a ejecutar el sistema de blanqueo ideado por Gordó, y también dijo que Artur Mas lo sabía porque despachaba “a diario” con su gerente, si bien no conectó las donaciones con las comisiones ilegales de los empresarios.

Gordó ha replicado este viernes la versión de Osàcar y ha negado conocer sistema alguno de donaciones, según fuentes presentes en la declaración. Ha alegado que como gerente le correspondía la gestión de los gastos y no de los ingresos del partido, que según su versión dependían de Osàcar, y por ello era el extesorero, a criterio de Gordó, quien debía conocer las donaciones.

Osàcar había dibujado un esquema en el que él recibía las donaciones por orden de Gordó, y luego éste lo comentaba con Mas. Gordó ha explicado una versión opuesta. Rebatiendo una vez más lo declarado por Osàcar, Gordó ha asegurado que en la época de los hechos él departía como máximo una vez a la semana con Mas y no cada día como dijo el extesorero, y en sus conversaciones con su jefe hablaban de política, no de la gestión del partido. Mas, según Gordó, no seguía el día a día de la economía del partido y la dejaba en sus manos y en las de Osàcar porque estaba muy ocupado como jefe de la oposición.

Gordó, según las mismas fuentes, se ha mostrado comprensivo con la tesis de Osàcar debido a la entrada en prisión del extesorero por el caso Palau, pero ha defendido que es una versión de los hechos que no se corresponde con la realidad porque él nunca ha hecho nada ilegal.

Según el juez, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales “donantes” de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.000 euros a CDC mediante un cheque bancario a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo “de procedencia ilícita” que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista –los once exconseller y altos cargos que también están imputados en la misma pieza. Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió “conforme a lo ordenado por Gordó”, destaca el juez, a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques de los que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, 3.000 euros en efectivo.

Dos extesoreros, dos estrategias distintas. El exresponsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca no ha secundado a su antecesor, Daniel Osàcar, y ha evitado tirar de la manta sobre el blanqueo de comisiones de empresarios a obra pública mediante donaciones que habría realizado el partido. Según fuentes presentes en la declaración, Viloca ha asegurado que no le consta “nada” sobre el presunto blanqueo y que en cualquier caso no se produjo en su etapa como tesorero, entre 2011 y 2016.

Viloca ha declarado durante una hora este lunes como imputado ante el titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el blanqueo de capitales del partido y antes del verano ya procesó al extesorero y a Osàcar por la pieza principal del caso del 3%, que juzgará las comisiones de empresarios al partido a cambio de obra pública.

En la pieza separada sobre blanqueo del caso del 3%, el juez investiga si los exresponsables y expolíticos de CDC afloraron dinero procedente de las comisiones ilegales mediante un sistema de 'pitufeo', es decir, donaciones en efectivo con apariencia altruista que los políticos hacían para cuadrar las cuentas pero que en realidad servían para blanquear las mordidas de empresarios a cambio de obra pública.

En el marco de sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, el antecesor de Viloca, Daniel Osàcar, ha tirado de la manta y ha admitido que existió un sistema de blanqueo de capitales en las finanzas del partido, si bien no lo ha llegado a vincular con las comisiones de empresarios, tal y como sospechan el juez y el fiscal.

Osàcar, que pasó dos meses en la cárcel por el caso Palau y evitó que la Fiscalía recurriera su tercer grado encendiendo el ventilador en el caso del 3%, señaló además como responsable del lavado de dinero al exgerente y exconseller Germà Gordó, que declarará el viernes, y dijo que Artur Mas tenía que conocer el sistema de blanqueo, algo que el expresident negó.

Viloca ha sido la otra cara de la moneda de Osàcar: el extesorero ha negado siquiera conocer el sistema de blanqueo, habida cuenta de que, según los propios investigadores, se produjo entre 2008 y 2010, fechas en las que las finanzas del partido estaban en manos de Osàcar, ha recordado Viloca. “Desconocía lo que pasaba antes de 2011”, ha expresado Viloca, según las mismas fuentes. Ha sido la primera vez en toda la causa que Viloca no se ha acogido a su derecho a no declarar.

Pese a que la declaración de Viloca no ha puesto mucha luz sobre el presunto sistema de blanqueo, a la espera de lo que pueda decir Gordó –está citado para el viernes aunque su defensa ha pedido cambiar la fecha– el extesorero sí ha desmentido uno de las tesis principales de Artur Mas sobre el caso, esta es, que la parte económica y política del partido no tenían nada que ver –una forma de los exdirigentes de Convergència de responsabilizar a los tesoreros de la corrupción del partido.

Así, Viloca ha explicado que en Convergència había una relación “muy jerárquica” entre la tesorería, la gerencia y la dirección política, y que en su etapa despachaba muy a menudo con el entonces secretario general adjunto, Oriol Pujol Ferrusola, y el gerente Carlos del Pozo (también procesado en la pieza principal del 3% y que sucedió a Gordó después de que lo nombraran secretario del Govern de Mas en 2010).

Primera consecuencia del ventilador de la corrupción de Convergència que encendió este martes el extesorero del partido Daniel Osàcar. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputado al exconseller de Justicia y exgerente de la formación Germà Gordó en la pieza del caso del 3% que investiga el blanqueo de capitales del partido.

En un auto, el magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía que citara a Gordó a declarar por un delito de blanqueo de capitales. El magistrado le cita después de que Osàcar señalara a Gordó ante el juez como “la persona que directa y personalmente ideó” la operativa de blanqueo. Extesorero y exgerente ya están procesados por la pieza principal del 3%, la que juzgará las comisiones de empresarios al partido a cambio de obra pública.

En la pieza separada sobre blanqueo se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas vías ilegales del partido para obtener recursos. En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona. En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

Para aflorar las cantidades de dinero procedente de las comisiones de empresarios a cambio de obra pública, señala de la Mata, directivos de CDC buscaron la colaboración de consellers y otros altos cargos y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de “pitufeo”. Aplicado a Convergència, el blanqueo consistiría en que cada una estas personas ingresaba a CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

“Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el instructor, que de momento no menciona el nombre del expresident Artur Mas, de quien Osàcar dijo que conocía la dinámica de blanqueo.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad” de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

A los elementos anteriores, subraya el instructor, se añade la declaración del martes de Osàcar, quien confirmó que la existencia de una “operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita”. Gracias a las “donaciones” conseguidas, indica el juez, el partido lograba cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos “con los realmente generados por el partido”.

Según el juez, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales “donantes” de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.00 euros a CDC mediante un cheque bancario a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo “de procedencia ilícita” que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista –los once exconseller y altos cargos que también están imputados en la misma pieza. Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió “conforme a lo ordenado por Gordó”, destaca el juez, a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques de los que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, 3.000 euros en efectivo.

“Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y, como es lógico, no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna”, zanja el instructor. Por último “Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó”, según el juez. El exconseller, que viene proclamando su inocencia, tendrá ocasión para responder el próximo viernes.

“Mi confianza es plena y total. Confío más en Osàcar que en Millet y los Montull, que han pactado con el fiscal para rebajar sus penas”. Así defendía en 2017 el expresident de la Generalitat Artur Mas al extesorero de Convergència frente a las confesiones de los saqueadores del Palau de la Música sobre las comisiones que el partido cobró a través del auditorio. Tres años después y tras una década de silencio oficial es Daniel Osàcar quien busca rebajar una eventual pena de prisión en el caso del 3% colaborando con la Justicia.

En este contexto hay que enmarcar la declaración de este martes de Osàcar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El extesorero ha confirmado las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de un sistema de blanqueo de capitales del partido mediante donaciones de exconsellers y altos cargos.

Si bien Osàcar ha confirmado el circuito para aflorar dinero negro y ha señalado como responsable del mismo al exdiputado y exgerente de CDC Germà Gordó, el extesorero ha evitado precisar si su origen correspondía a las comisiones de empresarios a cambio de obra pública. Pero ha dado por primera vez un nombre que Anticorrupción persigue desde hace tiempo en la causa del 3%: Artur Mas.

El expresident se había salvado de la imputación en la pieza principal de la causa –por la que ya están procesados desde el pasado verano Osàcar y Gordó, entre otros exresponsables de CDC y empresarios. Después de que Osàcar haya explicado ante el juez que cree que el expresidente conoció el sistema de 'pitufeo', la sombra del 3% vuelve a acechar a Mas.

La de este martes ha sido pues una voladura controlada por parte de Osàcar, aunque de hondo calado político al implicar a Mas. La gran confesión, que debería servir para una evitar su entrada en prisión por el 3%, se espera para dentro de unas semanas cuando fructifiquen sus conversaciones con la Fiscalía y Osàcar confirme el entramado de comisiones a cambio de obra pública dibujado por el juez instructor y el Ministerio Público.

Las razones de Osàcar se explican, en gran medida, por su pasado, presente y futuro penal. El extesorero entró en prisión el 25 de junio por el caso Palau, en el que resultó el único condenado de Convergència –no se pudo demostrar la implicación de los dirigentes políticos– por las comisiones ilegales que el partido cobró de Ferrovial a través del auditorio. Pagó el precio de su silencio durante el juicio.

Al igual que Millet y Montull, Osàcar mantuvo negociaciones con la Fiscalía para rebajar las penas del caso Palau. Pero a diferencia de los exjefes del auditorio él no llegó a un acuerdo previo al juicio con el Ministerio Público. Tampoco optó por revelar la corrupción del partido al tribunal e intentar así beneficiarse de un atenuante de confesión en la sentencia. “A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio”, llegó a afirmar.

El arrepentimiento tres años después y ya sentenciado le sirvió a Osàcar para obtener el tercer grado a principio de septiembre, de forma que puede cumplir la condena de cuatro años de cárcel por el Palau en un piso tutelado por la Generalitat en vez de en prisión. La colaboración con la Justicia es pues determinante para mantener esta situación y evitar tener que ingresar de nuevo en prisión en el futuro por el 3%.

Al margen de las razones estrictamente jurídicas, a nivel político las hemerotecas están llenas de muestras públicas de apoyo de los dirigentes convergentes al extesorero –“entre la palabra de Millet y la de Osàcar, me fío de la de Osàcar”, llegó a proclamar Francesc Homs en 2017. No obstante, los ánimos se convirtieron en silencio una vez Osàcar resultó condenado y tuvo que ingresar en prisión por el Palau.

Para muestra, dos imágenes: en 2011, cuando fue imputado por el Palau, dirigentes de CDC como Oriol Pujol o Jordi Turull llegaron a acompañarlo al juzgado. En 2020, Osàcar entró en la cárcel únicamente arropado por su abogado, Xavier Melero, que al representar también a CDC y al PDeCAT ha dejado la defensa del extesorero en el caso del 3%.

Tras su confesión este martes, el principal señalado por Osàcar, Germà Gordó, ha tuiteado una foto de un cielo azul precedido de este mensaje: “Nunca he hecho nada ilegal”. Artur Mas ha negado que diera instrucciones a Osàcar para blanquear dinero, al tiempo que mostraba comprensión con su extesorero y recordaba su condición de católico: “Creo que una persona así, por fuerte que sea espiritualmente, puede ser vulnerable cuando ha estado encarcelado y tiene amenazado el patrimonio”.

Por su lado Irene Rigau, a la que Osàcar ha excluido del sistema de blanqueo al asegurar que no le devolvió las donaciones que hizo al partido, ha sido la primera de los exconsellers imputados –están también Felip Puig y Pere Macías–en anunciar que pedirá el archivo del caso para ella en vista a la declaración del extesorero.

A la espera de más movimientos de los investigados, de cristalizar el acuerdo total entre Osàcar y Anticorrupción, no solo quedarían en una situación delicada exmandamases convergentes otrora intocables como Gordó. Cabe recordar que el PDeCAT está procesado como partido en la causa del 3% al igual que Convergència. Una condena podría dar la puntilla económica a la formación cuando todavía está por ver si el PDeCAT también deberá devolver el dinero del caso Palau en caso de que Convergència no pueda. El partido nacionalista hegemónico en Catalunya durante décadas y sus sucesores dependen de un tesorero que hasta ahora había sido fiel.

El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha proseguido con su estrategia de colaboración con la Justicia y ha detallado al juez del caso del 3% el sistema de blanqueo de capitales del partido a través de donaciones de sus dirigentes y ha considerado que Artur Mas conocía el sistema de financiación irregular.

Osàcar ha declarado este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, hasta donde se han desplazado el fiscal José Grinda y el juez instructor, José de la Mata, después de que el viernes la comparecencia telemática se tuviera que suspender por problemas técnicos.

La comparecencia se ha producido en el marco de la segunda pieza del caso del 3%, en la que Osàcar está imputado junto a 11 exconsellers y exaltos cargos por presuntamente crear un sistema de blanqueo de las comisiones de empresarios mediante donaciones en apariencia altruistas de jefes del partido entre 2008 y 2015. En la otra pieza del caso, la principal, Osàcar ya está procesado junto a una veintena de exresponsables del partido y empresarios.

Según fuentes presentes en la declaración, Osàcar ha contestado afirmativamente a la pregunta del fiscal sobre si Artur Mas, por entonces secretario general de Convergència, conocía el sistema de blanqueo. “Yo creo que lo debía conocer”, ha afirmado Osàcar, que también ha señalado como responsable del blanqueo al exconseller y exgerente del partido, Germà Gordó, también procesado en la pieza principal del 3%. Se ha basado Osàcar en que Gordó y Mas “despachaban” con frecuencia los asuntos del partido.

Osàcar, que tiene el tercer grado después de resultar condenado por el caso Palau, ha reconocido la existencia del método para hacer aflorar el dinero negro, aunque ha evitado confirmar la tesis del juez de que servía para blanquear las comisiones ilegales de empresario.

El extesorero ha detallado además al juez el sistema de blanqueo. Según ha explicado, a finales de año el partido pedía “aportaciones” de altos cargos –la cifra habitual eran 3.000 euros por dirigente– como método para blanquear el dinero negro de Convergència. Osàcar ha concretado además qué exconsellers y altos cargos investigados en la causa recuperaron el dinero y cuáles hicieron las donaciones de forma altruista sin reingresar los fondos.

Entre estos últimos, Osàcar ha citado a la exconsellera de Educación Irene Rigau; el exconseller de Medio Ambiente, Pere Macías; el extitular de Interior Felip Puig; y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Por contra, según el extesorero, el exconseller de Interior Jordi Jané; el exalcalde de Lloret Xavier Crespo y la actual primera edil de Calella, Montserrat Candini.

Mas niega las acusaciones

El expresidente de la Generalitat ha negado haber dado nunca “ninguna instrucción” para derivar a ex altos cargos de CDC las donaciones opacas de empresarios al partido. “No había instrucciones para este tipo de prácticas y, además, estoy 100% convencido de que todos los que aportábamos dinero a CDC lo hacíamos a cambio de nada”, ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia ACN.

Mas ha criticado que Osàcar haya hecho estas “suposiciones” sin aportar certezas: “Cuando estás en un proceso penal las cosas no pueden ser de creo que sí o creo que no. Los hechos deben ser hechos para que las consecuencias son muy graves”, subrayó. El expresidente catalán se ha mostrado “sorprendido” por las declaraciones de Osàcar, que también ha señalado al exconseller de Interior, Jordi Jané y al exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado Xavier Crespo. Según Mas, ni siquiera Gordó estaba jerárquicamente por encima del extesorero, por lo que él era el único que pudo darle una instrucción así. “Él mismo reconoce que no la di nunca”, ha añadido.

Mas ha recordado que el extesorero convergente ha sido condenado y encarcelado y, además, “tiene amenazado todo su patrimonio”. “Creo que una persona así, por fuerte que sea espiritualmente, puede ser una persona vulnerable”, ha apuntado.

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado a la Audiencia de Barcelona un listado de 42 locales propiedad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), algunos de ellos sedes del PDeCAT o de las juventudes posconvergentes, con el objetivo de que sirvan para que el partido devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales en el caso Palau.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía argumenta que existe una “identidad sustancial” entre ambas formaciones habida cuenta de que una treintena de sedes del PDeCAT están ubicadas en locales de los que Convergència era titular en 2018, según el catastro. La defensa de Convergència ya ha presentado al tribunal un escrito de oposición a la petición de la Fiscalía.

La solicitud de Anticorrupción se produce en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Palau. Los tres principales condenados, los exdirigentes y saqueadores del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, permanecen en prisión desde finales de junio. Además de las penas de prisión, los condenados, entre ellos Convergència como responsable civil, tienen que pagar multas millonarias y devolver el dinero expoliado.

Millet y Montull, que tienen todos los bienes embargados, deben devolver conjuntamente al Palau 23 millones que saquearon. Al margen de los embargos, Montull ha propuesto abonar 500 euros al mes al Palau para resarcir su parte del saqueo. Por su lado, Millet ha solicitado al tribunal que le dé un plazo de un mes antes de ejecutar los embargos para acordar con el Palau un “plan de pagos consensuado”.

En el caso de Convergència, la sentencia estableció el decomiso al partido de los 6,6 millones de euros que, a través del Palau, cobró en comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. La situación del partido, en liquidación judicial tras presentar concurso de acreedores, podría no obstante dificultar el decomiso.

La Fiscalía no quiere esperar y por ello ha presentado ante el tribunal un escrito por el que pide “la localización y realización de todos los bienes, locales y sedes de Convergència Democràtica de Catalunya con la finalidad de hacer efectivo el decomiso total acordado” de 6,6 millones.

Se basa la Fiscalía en un listado de propiedades efectuado hace dos años por parte de la Guardia Civil en la causa del 3% de la Audiencia Nacional y que sirvió para que el juez imputara como partido al PDeCAT además de a Convergència en una causa en la que se investiga si el partido recibió comisiones a cambió de obra pública. El magistrado José de la Mata apuntó que que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

En su informe, la Guardia Civil concluyó que de los 42 locales propiedad de Convergència 37 “estaban siendo utilizados por el PDeCAT” o por las juventudes del partido y que en 21 de ellos CDC seguía figurando como titular de la línea de telefonía fija.

En la relación de locales que la Fiscalía ha aportado tribunal figuran las quince sedes que el partido ya tiene embargadas desde hace años para cubrir sus responsabilidades en el caso Palau. Se trata de los locales de Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró, Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa o Sant Feliu de Llobregat. La mayoría, indica el informe de la Guardia Civil, funcionan como sedes del PDeCAT.

El juez instructor del caso Palau embargó estas 15 sedes en 2015 después de que Convergència le comunicara que se disponía a vender su histórica sede de la calle Provença de Barcelona, que había depositado como garantía de su responsabilidad civil. El valor estimado de las 15 sedes fue de 3,6 millones, equivalente a la cifra a la que en aquel momento el juez pensaba que ascendían las comisiones. Faltarían pues tres millones para cubrir el importe total de las comisiones de Ferrovial, que son los 6,6 millones que la justicia ha ordenado decomisar.

Fuentes de la defensa de Convergència han informado que ya han presentado un escrito ante el tribunal oponiéndose a los planteamientos de la Fiscalía. Se basa la defensa en que en su sentencia el tribunal ya indicó que no podían reclamarse los 6,6 millones al PDeCAT porque no había sido parte del procedimiento y por lo tanto no se había podido defender.

No obstante, el tribunal agregó que “de haberse producido una sucesión” entre CDC y el PDeCAT, algo que niega la defensa de Convergència, se trataría de un asunto a plantear durante la ejecución de la sentencia, tal y como ahora ha hecho la Fiscalía. Además de a Convergència y a su extesorero, el tribunal ha pedido a Millet, Montull y a su hija Gemma que se posicionen respecto al escrito de Anticorrupción. Una vez lo hayan hecho todos, el tribunal tomará una decisión sobre la localización de los bienes de “ambas entidades”, en referencia al PDeCAT y a Convergència, para cumplir con el decomiso.

El exnúmero dos y saqueador del Palau de la Música, Jordi Montull, se ha convertido este lunes en el primer condenado por el caso que entra en la cárcel para cumplir la pena de prisión a la que fue sentenciado. Montull ha ingresado a las 18:30 en el centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Se desconoce en qué prisión entrarán el expresidente del auditorio y expoliador del mismo, Fèlix Millet, y el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, que tienen hasta este jueves para hacerlo.

Según ha informado la conselleria de Justicia, Montull ha quedado ingresado en la enfermería de la cárcel por decisión de los servicios médicos de Brians 2, a la espera de un primer control de temperatura y de que los funcionarios verifiquen su identidad y lo registren. Al permanecer las prisiones con su propio plan de desescalada por la pandemia, Montull permanecerá una semana en cuarentena en la enfermería.

A diferencia de los otros dos condenados, Montull no jugó la carta del indulto ni de su avanzada edad y deteriorado estado de salud para evitar el ingreso en prisión. La Audiencia de Barcelona rechazó los recursos de Millet y Osàcar para no entrar en la cárcel debido a que sus dolencias no entrañan, concluyeron los togados, un riesgo vital.

Millet además alegó ante la Audiencia de Barcelona la petición del indulto al Gobierno para suspender su entrada en prisión, pero los magistrados también lo desestimaron. Previsiblemente harán lo mismo cuando este martes resuelvan la petición de Osàcar, que ha seguido los pasos de Millet y ha solicitado el indulto para intentar eludir su ingreso en la cárcel. El jueves 25 finaliza el plazo para que Millet y Osàcar entren en la cárcel que ellos mismos escojan.

Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública. Por los mismos delitos fue condenado Millet a una pena de 9 años y 8 meses, mientras que Osàcar fue sentenciado por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable a tres años y medio de prisión.

La entrada en prisión de los tres principales condenados por el caso Palau supone el principio del punto y final para la mayor trama de la corrupción política en Catalunya hasta la fecha. Falta que los condenados devuelvan el dinero saqueado a lo largo de como mínimo una década, ya que hasta ahora el Palau solo ha recuperado un 20% de los 23 millones saqueados, 6,6 de los cuales fueron comisiones que Ferrovial pagó al partido a través del auditorio a cambio de contratos de obras públicas. Tanto Millet y Montull como Convergència Democràtica –en fase de liquidación judicial– tienen su patrimonio embargado para venderse y recuperar el expolio.

El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osacar se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso de corrupción conocido como el 3%, en una sesión en la que el que expresidente de la empresa de obras públicas de la Generalitat, Infraestructures.cat, Josep Luis Quer se ha desvinculado de las contrataciones bajo sospecha.

Ambos estaban citados junto al empresario Jordi Sumarroca, que ha optado asimismo por guardar silencio, y las representaciones de las empresas Teyco S.L –que él preside– y Costraula Enginyeria i Obras SAU, en relación al presunto pago de comisiones a la formación política a cambio de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Catalunya.

Según fuentes jurídicas, Quer, el único imputado que ha declarado, ha afirmado que no conocía la dinámica de adjudicaciones y no participaba en la mesa de contratación, como tampoco en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas.

A preguntas exclusivamente de su abogado, ha incidido además en que fue él quien promovió las medidas de transparencia en el departamento de infraestructuras, la mayor adjudicataria de la Generalitat, y quien propició en 2011 la puesta en marcha de la OTA para que ejerciese controles previos. No tenía, según ha dicho, ninguna relación con Convergència.

De acuerdo a las mismas fuentes, la comparecencia de Quer llega después de que se hayan tenido que tramitar dos comisiones rogatorias a Chile, donde trabajaba desde el año 2016 después de ser reemplazado en su cargo. El próximo 16 de julio afronta una nueva citación, también como investigado, por otra ramificación del caso 3%.

Se trata de la investigación abierta a finales del año pasado a partir de un informe de la Guardia Civil sobre empresas privadas de ingeniería que se presentaban a concursos de asesoría técnica y luego pactaban supuestamente entre sí para hacerse con los contratos.

Según los investigadores, las mercantiles acordaban entre ellas la cuantía de las ofertas que debían presentar para excluir a empresas competidoras que pudieran aspirar a las adjudicaciones. Las pesquisas determinaron la presunta participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en este mismo entramado corrupto.

Con las comparecencias de Quer y Osàcar arranca una nueva ronda de declaraciones en el caso que investiga el juez José de la Mata, que asumió las pesquisas después de una exhaustiva investigación por parte del juez de El Vendrell (Tarragona). La investigación abierta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, y además de sus extesoreros mantiene imputada a CDC y su heredero, el PDeCAT.

Además de las presuntas comisiones que servirían para financiar ilegalmente el partido, el juez De la Mata apunta otro objetivo de las donaciones de las empresas a fundaciones afines a CDC: mantener la relación con los “jerarcas” de Convergència para que las constructoras siguieran recibiendo contratos públicos en el futuro. En palabras del instructor, “mantener una buena relación con el partido y ser consideradas así elegibles y ser tomadas en cuenta” para nuevas adjudicaciones.

Nuevo impulso al caso del 3%. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputados al extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar y a los representantes legales de 15 empresas y fundaciones por el presunto pago de comisiones al partido a cambio de obras públicas.

En un auto, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso este diario, el instructor expone que las las empresas y los responsables de la extinta CDC conformaron “una estructura para financiar ilegalmente” al partido a través de las donaciones a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, vinculadas a la formación nacionalista. La investigación del caso, que arrancó hace tres años en un juzgado de El Vendrell (Tarragona), ha arrojado que Convergència habría recibido un millón de euros en comisiones entre 2008 y 2013.

El magistrado, que asumió las pesquisas después de una exhaustiva investigación por parte del juez de El Vendrell que inició el caso, ha citado a todos los investigados para la primera semana de julio, en una investigación abierta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Además de las presuntas comisiones que servirían para financiar ilegalmente el partido, el juez De la Mata apunta otro objetivo de las donaciones: mantener la relación con los “jerarcas” de Convergència para que las constructoras siguieran recibiendo contratos en el futuro. En palabras del instructor, “mantener una buena relación con el partido y ser consideradas así elegibles y ser tomadas en cuenta” para nuevas adjudicaciones. “Simplemente conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de los contratos”, apostilla el magistrado.

El día 3 de julio están citados Osàcar (condenado por el caso Palau) y el constructor con el que se inició el caso, Jordi Sumarroca (familia vinculada a Convergència desde su fundación). La Guardia Civil ha detectado “operaciones fiscalmente opacas” en las cuentas en Andorra de Sumarroca tras ser tras ser detenido por el 3%.

Para el mismo día está citado el exdirector de la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat, Josep Lluís Quer; así como los representantes de la constructora Teyco (propiedad de los Sumarroca) y Costraula Enginyeria. Para el 4 de julio, De la Mata ha citado como investigados a los representantes de Urbaser, la fundación ACS, y las constructoras Grupo Soler, Copisa, Tec Cuatro y Oproler.

La ronda de declaraciones la cerrarán el 5 de julio los representantes de las constructoras Romero Gamero, Benito Arnos, Pasquina, Ayesa, Deco, Certis e Impulsa. Los jefes de estas empresas fueron arrestados y puestos en libertad en las sucesivas operaciones que llevó a cabo el juez del Vendrell en la investigación del caso.

Mònica Osàcar, la hija del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) condenado por recaudar el 3% (y el 4%) en el caso Palau, Daniel Osàcar, volverá a trabajar desde el próximo lunes como cargo de confianza de la Generalitat. La Generalitat ha fichado de nuevo a Osàcar, que en esta ocasión será asesora del departamento de la Presidencia que comanda la consellera Elsa Artadi (Junts per Catalunya).

De esta forma, Mònica Osàcar habrá ocupado cargos eventuales –es decir, designados a dedo– en todos los gobiernos de las distintas marcas convergentes de los últimos años, bajo las presidencias tanto de Jordi Pujol como de Artur Mas, Carles Puigdemont y ahora Quim Torra.

Osàcar fue adjunta al gabinete de publicidad institucional entre 2002 y 2003 en el último gobierno de Pujol. Tras el tripartito de izquierdas, volvió a la Generalitat que presidía Artur Mas y fue la responsable de la misma área entre 2011 y 2016. Con la llegada de Carles Puigdemont, pasó a dirigir la publicidad institucional del consejo catalán del deporte, pero fue cesada en octubre de 2017 en aplicación del artículo 155, al igual que decenas de altos cargos y eventuales.

Su nueva ocupación será asesorar a la conselleria de Artadi “en el ámbito de las políticas de comunicación digital para mejorar la visibilidad en las redes sociales”, según consta en la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), del que ha informado en primer lugar el diario El Mundo. Su salario superará los 55.650 euros anuales, en base a las tablas salariales de la Generalitat, a los que podría sumar un complemento específico de 31.236,60 euros.

Osàcar también se dedicará a “fomentar el uso de las redes sociales como medio de interacción del Govern con la ciudadanía”, “velar por la corrección de los contenidos de las webs” gubernamentales, “elaborar contenidos digitales relativos a las políticas de comunicación digital” y “promover las nuevas tecnologías en la estrategia de comunicación digital”.

El padre de Osàcar fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y cinco meses de cárcel y a pagar una multa de 3,7 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad documental y contable. Los jueces consideraron probado que Osàcar recogió sobres en el Palau de la Música con mordidas de 3,7 millones de euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de obras públicas otorgadas a la constructora Ferrovial.

Asimismo, los magistrados concluyeron que Osàcar y su antecesor en la tesorería del partido, Carles Torrent (fallecido en 2005), “garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados” ejercieran la influencia necesaria “a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones” de obras públicas pretendido por Ferrovial a cambio de las comisiones.

Según la sentencia, Osàcar, Torrent y los dirigentes que no pudieron ser identificados fueron “la clave de bóveda en CDC que permitía el funcionamiento del entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública”. En la época de los hechos (1999-2009) el secretario general de CDC era Artur Mas, que siempre ha negado tener conocimiento de cómo se financiaba el partido y ha puesto la mano en el fuego por Osàcar, que sigue defendiendo su inocencia tras ser condenado en primera instancia –la sentencia se ha recurrido ante el Tribunal Supremo– y también está imputado en la Audiencia Nacional en el caso del 3%.

El tribunal del caso Palau ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull. Anticorrupción ha argumentado que los dos condenados debían cumplir de forma inmediata un máximo de la mitad de las penas de nueve y siete años de prisión a las que fueron condenados en primera instancia.

Según la fiscal Marta Marquina, existe riesgo de fuga debido a los “elevados medios” económicos de los que disponen Millet y Montull. La fiscal no ha mencionado los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional mientras el Supremo resuelve los recursos planteados por las partes –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– porque son inexistentes: ni Millet ni Montull tienen responsabilidades en el auditorio.

La decisión del tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, presidido por la magistrada Montserrat Comas, acepta el riesgo de fuga y rechaza los argumentos de las defensas, que se habían opuesto con vehemencia a las cautelares planteadas por Anticorrupción. Las defensas habían alegado que el riesgo de fuga no existe debido al arraigo, a la avanzada edad y a los problemas de salud de Millet y Montull.

En sendos autos, los magistrados consideran que sí existe riesgo de fuga. En el caso de Millet, porque sus dos hijas viven en el extranjero, una situación que, para la Audiencia de Barcelona, “podría facilitar la huida” de Millet. Asimismo, dan un portazo a otro de los motivos esgrimidos por Millet para evitar la cárcel demostrando su arraigo, como es que tiene un hijo con una minusvalía psíquica: “No parece que el hijo dependa de los cuidados del penado [Millet], hijo que ya existía cuando cometió los hechos por los que ha sido condenado sin que ello le disuadieran de su comisión, pese a conocer las posibles consecuencias penales de sus actos”.

La otra razón de los magistrados para apreciar riesgo de fuga es económica. Señalan los togados que los bienes que han puesto a disposición de la justicia “no alcanzan” a cubrir el importe de más de 20 millones que deben pagar en concepto de multas a indemnizaciones para devolver el saqueo. En consecuencia, sus propiedades “no comportarían un verdadero arraigo” en Catalunya en caso de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

“Parte del patrimonio embargado en la causa a Fèlix Millet fue localizado en el extranjero, por lo que no podemos descartar que disponga de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida”, añaden los magistrados. Sobre Montull, dicen que “no se puede descartar” que tenga dinero disponible para la huida en el extranjero o en cuentas a nombre de terceros y que no se han podido localizar.

Tras la vista sobre las medidas cautelares para los cuatro principales condenados del caso Palau que se ha celebrado este lunes en la Audiencia de Barcelona, el tribunal ha acordado la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes para Gemma Montull y Daniel Osàcar, que habían sido condenados a cuatro años y medio de cárcel. En su caso, la Fiscalía había solicitado que las comparecencias fueran cada 20 y 10 días, respectivamente.

Los argumentos de las defensas

Las defensas ham recordado además que ambos ya han puesto a disposición de la justicia todos sus bienes para devolver el saqueo que perpetraron en el Palau. El abogado de Millet, Abraham Castro, ha sido el más gráfico: “Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé como Fèlix Millet va a pretender fugarse”. No le ha servido para convencer el tribunal.

Castro también ha recordado que la Audiencia de Palma dejó en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarin tras la primera sentencia del Caso Nóos, lo que permitió al cuñado del rey seguir viviendo en Suiza. La letrada de Osàcar, Judit Gené, ha recordado que el juez de El Vendrell, con el beneplácito de la Fiscalía, levantó el año pasado la medida cautelar de comparecencia mensual en el juzgado que el extesorero tenía desde 2015 como imputado en el caso del 3%.

Por su lado, el abogado de Montull, Jorge Navarro, ha solicitado al tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre el hecho de que el mismo tribunal que ha juzgado el caso sea el que decida sobre las medidas cautelares, algo que, a su juicio, podría vulnerar los derechos de defensa de los condenados.

Las defensas han recordado que en nueve años de instrucción, Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull y Daniel Osàcar nunca pisaron la cárcel y han estado “siempre” a disposición de la Justicia. El juez, en contra del criterio de la Fiscalía, dejó libres a Millet y Montull en 2009. En el caso de Osàcar, la Fiscalía ni llegó a pedir prisión provisional. “La edad y la merma física no impiden estar en prisión provisional”, ha aseverado la fiscal Marquina este lunes.

La FAVB rechaza la prisión provisional

En el bando de las acusaciones, la Abogacía del Estado se ha adherido a la solicitud de prisión provisional, al igual que la Fundación del Palau de la Música. El abogado de la Generalitat, que representa al Consorcio del Palau, donde están representadas las administraciones públicas, ha manifestado que no se oponía pero tampoco se adhería a la pretensión de la Fiscalía, algo inusual en un trámite de medidas cautelares.

Más contundente se ha mostrado la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que se ha opuesto con vehemencia a la prisión provisional. “Por muy bajas sensaciones que tengamos hacia los condenados, no podemos extender una medida tan excepcional como la prisión provisional”, ha argumentado el letrado Àlex Solà.

Los recursos al Supremo

El tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona condenó el pasado 15 de enero a Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

Los magistrados confirmaron el saqueo de más de 20 millones que Millet y los Montull perpetraron en el Palau y las comisiones de 6,6 millones que cobró CDC a cambio de adjudicar a Ferrovial obras públicas en el último gobierno de Jordi Pujol. Los cuatro condenados y la Fiscalía recurrieron, por motivos distintos, la sentencia ante el Tribunal Supremo, que deberá emitir en los próximos meses el fallo definitivo.

Anticorrupción ha recurrido la absolución de los exdirectivos de Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, exculpados por prescripción del delito. Millet y los Montull, Osàcar y también CDC, formación a la que la sala ordenó decomisar los 6,6 millones de euros cobrados en comisiones ilegales, han acudido al Supremo para intentar rebajar sus penas.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona que juzgó el desfalco del Palau de la Música y las comisiones cobradas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha citado para el 5 de febrero a los principales condenados, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y Daniel Osàcar, para abordar la petición de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha convocado a los condenados a una vista en el que se dirimirán las medidas cautelares del ministerio Fiscal ante las elevadas penas, que podrían incluir el ingreso en prisión de los cuatro condenados mientras el Tribunal Supremo decide sobre los recursos planteados a la sentencia de este lunes.

El tribunal convoca a las acusaciones y a las defensas para una vista, en la que la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ya ha avisado que no apoyará la posible petición de cárcel de la Fiscalía para los cuatro condenados.

De finalmente producirse, recuerdan fuentes jurídicas, la petición fiscal de prisión provisional tiene pocos números de prosperar, porque debido a su edad avanzada y delicado estado de salud es poco probable que el tribunal aprecie riesgo de fuga en los condenados. Y los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– son inexistentes.

El tribunal condenó al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

El caso Palau es también una historia de patricios y plebeyos. Los primeros, con Fèlix Millet a la cabeza, se sentaron en el banquillo de los acusados y han sido condenados este lunes. Los segundos estuvieron representados por las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

A diferencia del Palau de la Música, estas dos acusaciones vieron claro desde el inicio de la investigación el vínculo entre el auditorio y las comisiones a Convergència por las que el partido ha terminado condenado. En conversación telefónica con este diario, el abogado de la FAVB en este caso, Àlex Solà, se muestra satisfecho por la sentencia, y considera que, junto a todo el caso, “tiene una función catártica para la sociedad catalana y barcelonesa”.

¿Está satisfecho con la sentencia?

Estamos satisfechos porque la sentencia reconoce tanto nuestra tesis de acusación como los delitos y el alcance del saqueo de Fèlix Millet y Jordi Montull y el decomiso de 6,6 millones a Convergència.

¿Considera que la sentencia marca un antes y un después en la política catalana?

El caso Palau tiene una función catártica para la sociedad catalana y barcelonesa. La sentencia de este lunes es el penúltimo episodio de esta catarsis. El último episodio será cuando el Tribunal Supremo dicte la condena en firme y la entrada en prisión de los que queden por entonces. Como toda catarsis, antes y después han cambiado cosas.

Este mismo lunes el PDeCAT y Artur se han desvinculado del fallo diciendo que el nuevo partido no tiene ninguna relación con CDC.

Las dudas que todavía mantienen algunos negacionistas se tienen que disipar ante la fuerza de la verdad judicial declarada este lunes. En este sentido, estamos en el penúltimo episodio, el último será a finales de año o a principios del que viene.

¿Se podrán recuperar los más de 23 millones en los que se ha cifrado el expolio al Palau de Millet y Montull?

Si no todos, sí una gran parte, más de la que habitualmente se recupera en este tipo de casos. El motivo es que Fèlix Millet y los Montull se creían tan impunes que no llevaron a cabo ningún tipo de ingeniería para ocultar sus bienes ni su patrimonio. Podemos decir que muchos millones están ya asegurados, dependiendo del valor que se termine dando a algunas fincas embargadas, que se sitúa entre 21 y 26 millones.

Respecto a los 6,6 millones de Convergència, el partido tiene 15 sedes embargadas que está por ver si valdrán esta cantidad, pero ahí están. Y de los millones que no se puedan recuperar directamente de Millet y Montull, cabe recordar que Marta Vallès [la esposa de Millet] está declarada responsable civil subsidiaria y deberá abonar más de cinco millones, que los tiene.

¿Si CDC no puede afrontar todo el pago, reclamarán al PDeCAT?

Se tendrá que mirar, pero es evidente que pese a que son dos entidades diferentes hay bastantes subrogaciones de derechos y obligaciones entre el PDeCAT y CDC. Si alguna parte de las subvenciones electorales de CDC han pasado al PDeCAT hay un motivo para que las obligaciones legales de CDC también se subroguen al PDeCAT.

La Fiscalía pedirá una vista para decidir si Millet, los Montull y Osàcar deben entrar en prisión antes del fallo definitivo del Supremo. ¿Cómo lo ve?

Esperaremos a ver si la Fiscalía pide que entren en prisión y cómo lo fundamenta. La Fiscalía tiene tres motivos para pedir que entren en prisión antes de la sentencia definitiva del Supremo, que son riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. Este último sería pintoresco. Lo que no haremos es dar carta de naturaleza a una extensión salvaje de la prisión preventiva.

¿La sentencia contribuye a acabar con la impunidad?

Ojalá, aunque queda mucho trabajo por hacer. El propio estallido, la instrucción y el juicio del caso son un paso de gigante para terminar con la impunidad, pero no está todo hecho.

El judici del cas Palau, que després de més de 30 sessions bé es podria anomenar cas Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha quedat vist per a sentència aquest divendres. L'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, ha volgut fer servir el seu dret a l'última paraula per negar que hagués canalitzat les comissions que Ferrovial hauria pagat al partit a través de l'auditori. La seva intervenció ha combinat passatges bíblics amb crítiques al fiscal, Emilio Sánchez Ulled.

Visiblement emocionat, Osàcar s'ha definit com un home “íntegre, honest i honrat”. “Porto el Palau al cor, com poden pensar que l'he saquejat?”, ha apel·lat al tribunal, al que ha demanat que no el jutgi “per narracions més o menys brillants però tendencioses i allunyades de la realitat i sense proves”.

Es referia així l'extresorer a l'acusació del fiscal Sánchez Ulled, que demana per a ell vuit anys de presó per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. No ha estat l'únic dard. “El fiscal ha intentat involucrar-me en el cas amb resultats molt negatius”, ha sostingut Osàcar, que ha estat assenyalat com la persona a la qual es referia la columna d'un document d'Excel confiscat al Palau anomenada “pagaments a Daniel”. La columna del costat es titulava “Ferrovial”.

Desafiant, l'extresorer ha indicat que podria haver aportat al judici “70 o 80” testimonis que haurien assegurat al fiscal “que Osàcar no és ni corrupte ni lladre ni un delinqüent, sinó un home de bé, senzill i humil que durant anys ha dedicat el seu temps a ajudar els altres en el camp moral, educatiu, religiós, polític i social, escoltant a qui necessita ser escoltat i acompanyant a qui està sol”.

En el tram final de la seva última paraula, Osàcar s'ha referit a la seva condició de creient: “Sóc catòlic practicant i un home d'església que procura seguir el camí de l'Evangeli, que ens demana asserenar els nostres cors i no tenir por”. També ha citat un passatge de la Bíblia -Isaies, capítol 50- on es proclama que “viure a prop de qui em declara innocent em dóna força, coratge i serenitat”.

CDC rebaixa la seva lucre de 6,6 a 2,4 milions

Abans de l'última paraula, la defensa de CDC, que seu a la banqueta com a responsable a títol lucratiu de l'espoli del Palau, ha xifrat en 2,4 milions d'euros, com a màxim, la quantitat que se li podria reclamar per presumptes comissions rebudes de la constructora Ferrovial, en el cas que es consideri provat el seu finançament irregular.

L'advocat de CDC, Xavier Melero, ha sostingut que, si l'Audiència acaba declarant la responsabilitat lucrativa del partit en l'espoli, aquest hauria de pagar un màxim de 2,4 milions, enfront dels 6,6 milions que li exigeix la Fiscalia. D'altra banda, l'advocat ha considerat que la refundació de CDC al PDECat per la seva possible implicació en el cas Palau és un “acte de contrició i d'examen de consciència únic en la democràcia espanyola”.

Melero ha invocat la jurisprudència per a al·legar que els milions d'euros que l'extresorer de CDC, Carles Torrent, va rebre suposadament en efectiu del Palau de la Música en comissions il·lícites de Ferrovial no es poden reclamar al partit, ja que el desviament hauria estat materialitzat per Torrent, que va morir sense ni tan sols haver estat investigat.

Gemma Montull denuncia una persecució

Ni els exresponsables del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, ni dos exdirectius de Ferrovial acusats han fet ús del seu dret a l'última paraula. Sí que l'ha exercit l'exdirectora financera del Palau, Gemma Montull, que ha dit ser víctima d'una persecució des de l'inici del procés.

Així, ha explicat que ha rebut insults pel carrer com ara “lladre” o “filla de ...”. “Vaig obrir una botiga i cada dia fins que la vaig tancar vaig tenir escopinades a la porta, la gent feia les seves necessitats ... Em deien 'nena jo de tu tancaria perquè socialment estàs morta'”, ha relatat. També ha explicat que quan estava en un supermercat un home la va aturar i li va retreure que comprés “si en dos dies estaria a la presó”.

La sentència, a la tardor

Escoltats els arguments d'acusacions i defenses, ara el tribunal de la secció 10 de l'Audiència de Barcelona, que ha presidit la magistrada Montserrat Comas, haurà de dictar sentència, el ponent de la qual serà el magistrat Julio Hernández. Comas, al final del judici, ha agraït a les parts el seu comportament en el judici i ha avançat que la sentència es coneixerà després de l'estiu.

El presumpte finançament irregular de CDC amb comissions de Ferrovial ha eclipsat l'espoli de 25 milions d'euros –confessat en part– que van perpetrar els excaps del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull. Tots dos van fer servir fons del Palau per pagar obres a casa seva i altres despeses “festives”, en paraules del fiscal Emilio Sánchez Ulled, com lingots d'or i viatges a la Polinèsia.

I és que Millet i Montull van delatar CDC a la seva declaració com a acusats del mes de març en confessar el que havien callat durant vuit anys d'instrucció. Van confirmar la tesi del fiscal, és a dir, que el Palau va ser “la canonada” per la qual Ferrovial va pagar 6,6 milions al partit a canvi d'obra pública. Les seves paraules han servit perquè el fiscal demani rebaixar les seves penes, i també la de la filla de Montull, Gemma. La petició fiscal per a ella ha passat de 25 anys de presó a només tres, l'últim substituïble per una multa.

La resta d'acusacions, per contra, ha mantingut les elevades penes de presó per als exresponsables del Palau, que en el cas de la Fundació –la part més privada de l'auditori– arriba als 81 anys per a Millet i els Montull. Ni la Fundació ni el Consorci –la part pública del Palau– acusen CDC ni al seu extresorer, Daniel Osàcar.

Sí que ho fan l'acusació popular, exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i la Fiscalia, que demana per a Osàcar vuit anys de presó i cinc pels dos directius de Ferrovial acusats, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga. Les dues acusacions també reclamen el decomís de 6,6 milions a CDC i, en el cas del fiscal, “o a la formació que l'hagi succeït”, en referència al PDECat.

Entre el jutjat i la política

La recta final dels tres mesos de judici no ha estat exempta de polèmica política. L'Ajuntament de Barcelona, una de les tres administracions públiques representades al Consorci del Palau, volia que l'ens acusés CDC de cobrar comissions de Ferrovial. En un primer moment, la Generalitat, tal com va revelar aquest diari, ho va evitar, però després d'una segona votació Consorci sí que va acordar assenyalar a CDC.

No obstant això, l'acusació final va arribar fora de termini per formular-se. La qüestió no va acabar aquí, ja que l'informe final de l'advocat del Consorci, que ni va esmentar a CDC i va criticar la Fiscalia per la rebaixa de penes, va fer enfadar a BComú i la CUP. El diputat cupaire, Benet Salellas, el va titllar d'“acte d'arrogància convergent” i d'“instrumentalització de les institucions”.

El juicio del caso Palau, que tras más de 30 sesiones bien se podría llamar caso Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha quedado visto para sentencia este viernes. El extesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha querido usar su derecho a la última palabra para negar que hubiera canalizado las comisiones que Ferrovial habría pagado al partido a través del auditorio. Su intervención ha combinado pasajes bíblicos con críticas al fiscal, Emilio Sánchez Ulled.

Visiblemente emocionado, Osàcar se ha definido como un hombre “íntegro, honesto y honrado”. “¿Llevo al Palau en el corazón, cómo pueden pensar que lo he saqueado?”, ha apelado al tribunal, al que ha pedido que no le juzgue “por narraciones más o menos brillantes pero tendenciosas y alejadas de la realidad y sin pruebas”.

Se refería así el extesorero a la acusación del fiscal Sánchez Ulled, que pide para él ocho años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. No ha sido el único dardo. “El fiscal ha intentado involucrarme en el caso con resultados muy negativos”, ha sostenido Osàcar, que ha sido señalado como la persona a la que se refería la columna de un documento de Excel incautado en el Palau llamada “pagos a Daniel”. La columna de al lado era la de “Ferrovial”.

Desafiante, el extesorero ha indicado que podría haber aportado al juicio “70 u 80” testigos que habrían asegurado al fiscal “que Osàcar no es ni corrupto ni ladrón ni un delincuente, sino un hombre de bien, sencillo y humilde que durante años ha dedicado su tiempo a ayudar a los otros en el campo moral, educativo, religiosa, político y social, escuchando a quien necesita ser escuchado y acompañando a quien está solo”

En el tramo final de su última palabra, Osàcar se ha referido a su condición de creyente: “Soy católico practicante y un hombre de iglesia que procura seguir el camino del Evangelio, que nos pide serenar nuestros corazones y no tener miedo”. También ha citado un pasaje de la Biblia –Isaías, capítulo 50– en el que se proclama que “vivir cerca de quien me declara inocente me da fuerza, coraje y serenidad”.

CDC rebaja su lucro de 6,6 a 2,4 millones

Antes de la última palabra, la defensa de CDC, que se sienta en el banquillo como responsable a título lucrativo del expolio del Palau, ha cifrado en 2,4 millones de euros, como máximo, la cantidad que se le podría reclamar por presuntas comisiones recibidas de la constructora Ferrovial, en el caso de que se considere probada su financiación irregular.

El abogado de CDC, Xavier Melero, ha sostenido que, si la Audiencia acaba declarando la responsabilidad lucrativa del partido en el expolio, éste debería ser obligado a pagar un máximo de 2,4 millones, frente a los 6,6 millones que le exige la Fiscalía. Por otro lado, el abogado ha considerado que la refundación de CDC en el PDECat por su posible implicación en el caso Palau es un “acto de contrición y de examen de conciencia único en la democracia española”

Melero ha invocado la jurisprudencia para alegar que los millones de euros que el extesorero de CDC Carles Torrent recibió supuestamente en efectivo del Palau de la Música en comisiones ilícitas de Ferrovial no se pueden reclamar al partido, puesto que el desvío habría sido materializado por Torrent, que murió sin ni si quiera haber sido investigada

Gemma Montull denuncia una persecución

Ni los exresponsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, ni dos exdirectivos de Ferrovial acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra. Sí lo ha ejercido la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, que ha dicho ser víctima de una persecución desde el inicio del proceso.

Así, ha explicado que ha recibido insultos por la calle como “ladrona” o “hija de...”. “Abrí una tienda y cada día hasta que la cerré tuve escupitajos en la puerta, la gente hacía sus necesidades... Me decían 'niña yo de tú cerraría porque socialmente estás muerta'”, ha relatado. También ha explicado que cuando estaba en un supermercado un hombre la paró y le reprochó que comprara “si en dos días estaría en la cárcel”.

La sentencia, en otoño

Escuchados los argumentos de acusaciones y defensas, ahora el tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que ha presidido la magistrada Montserrat Comas, deberá dictar sentencia, cuyo ponente será el magistrado Julio Hernández. Comas, al final del juicio, ha agradecido a las partes su comportamiento en el juicio y ha avanzado que la sentencia se conocerá después del verano.

La presunta financiación irregular de CDC con comisiones de Ferrovial ha eclipsado el expolio de 25 millones de euros –confesado en parte– que perpetraron Millet y Montull. Ambos usaron fondos del Palau para pagar obras en sus casas y otros gastos “festivos”, en palabras del fiscal Emilio Sánchez Ulled, como lingotes de oro y viajes a la Polinesia.

Y es que Millet y los Montull delataron a CDC en su declaración como acusados del mes de marzo al confesar lo que habían callado durante ocho años de instrucción. Confirmaron la tesis del fiscal, esto es, que el Palau fue “la cañería” por la que Ferrovial pagó 6,6 millones al partido a cambio de obra pública. Sus palabras han servido para que el fiscal pida rebajar sus penas, y también la de la hija de Montull, Gemma. La petición fiscal para ella ha pasado de 25 años de cárcel a solo tres, el último sustituible por una multa.

El resto de acusaciones, por contra, ha mantenido las elevadas penas de prisión para los exresponsables del Palau, que en el caso de la Fundación –la parte más privada del auditorio– llegan a los 81 años para Millet y los Montull. Ni la Fundación ni el Consorcio –la parte pública del Palau– acusan a CDC ni a Osàcar.

Sí lo hacen la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, y la Fiscalía, que pide para Osàcar ocho años de cárcel y cinco para los dos directivos de Ferrovial acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. Ambas acusaciones también reclaman el decomiso de 6,6 millones a CDC y, en el caso del fiscal, “o a la formación que la haya sucedido”, en referencia al PDECat.

Entre el juzgado y la política

La recta final de los tres meses de juicio no ha estado exenta de polémica política. El Ayuntamiento de Barcelona, una de las tres administraciones públicas representadas en el Consorcio del Palau, quería que el ente acusara a CDC de cobrar comisiones de Ferrovial. En un primer momento, la Generalitat, tal y como reveló este diario, lo evitó, pero tras una segunda votación el Consorcio sí acordó señalar a CDC.

Sin embargo, la acusación final llegó fuera de plazo para formularse. La cuestión no terminó aquí, pues el informe final del abogado del Consorcio, en el que ni mencionó a CDC y criticó a la Fiscalía por la rebaja de penas, enfadó a BComú y la CUP. El diputado cupaire, Benet Salellas, lo tildó de “acto de arrogancia convergente” y de “instrumentalización de las instituciones”.

L'advocat de Convergència i del seu extresorer en el judici del cas Palau ha defensat que “si alguna bandera cal invocar” en el saqueig de la institució és “la de la pirateria”, i no la catalana, en resposta al fiscal Emilio Sánchez Ulled, que va afirmar que en l'espoli del Palau “la bandera” va justificar l'“atropellament amb la cartera”. El lletrat Xavier Melero, que ha tingut aquest dimecres el seu torn per a l'exposició final en el judici, ha insistit que les relacions de Fèlix Millet no van tenir res a veure amb cap particularitat catalana, sinó que van ser “de classe” i “transversals” pel que fa a ideologies polítiques.

“Em pregunto si hi ha alguna cosa específicament catalana en el cas Palau, si Millet era catalanista, o sobiranista o independentista i si aquesta adhesió va tenir alguna cosa a veure” amb el saqueig, ha continuat Melero, que ha argumentat que tampoc el cas Gürtel o el Palma-Arena van tenir res “específicament” madrileny o balear, respectivament. Ha recordat a més que l'expresident del Palau va ser fotografiat “amb Aznar, amb altres membres del poder, amb l'establishment en tota la seva dimensió”.

Convergència Democràtica de Catalunya s'asseu al banc del cas Palau per, presumptament, haver-se beneficiat del saqueig que van perpetrar els exresponsables de l'auditori, Fèlix Millet i Jordi Montull. En concret, el fiscal Emilio Sánchez Ulled considera la formació responsable a títol lucratiu de l'espoli per haver cobrat a través del Palau 6,6 milions d'euros de Ferrovial en comissions a canvi d'obra pública en l'últim govern de Pujol.

Les comissions haurien arribat al partit mitjançant lliuraments d'efectiu de fins a 3,7 milions als extresorers convergents Carles Torrent (mort el 2005) i Daniel Osàcar (per a qui el fiscal demana vuit anys de presó); factures falses de 2,3 milions emeses pel Palau a empreses que en realitat van prestar serveis a CDC, tal com van admetre alguns empresaris acusats; i convenis falsos del Palau amb la fundació Trias Fargas, afí al partit, per valor de 600.000 euros.

Davant aquestes acusacions, el lletrat ha defensat l'extresorer de Convergència com “un home honrat”. “És una persona irreprotxable des del punt de vista social i econòmic”, ha reiterat, i ha recordat que la seva ha estat una figura que mai ha ostentat un càrrec públic, sinó que s'ha circumscrit a l'activitat administrativa i financera del partit.

L'advocat ha iniciat precisament els seus informes insistint que l'extresorer de la formació “no té res a veure amb la despatrimonialització del Palau de la Música” i ha aclarit que Convergència és una formació que “segueix constituïda i és titular de tots els actius de què disposava ”quan el jutge la va enviar a judici com a responsable civil a títol lucratiu de l'espoli.

Melero, a més de respondre al fiscal Sánchez Ulled –que va considerar també que el “tinglado criminal” que van formar CDC amb el Palau i Ferrovial va ser fruit d'un “esquema mental” pel qual el partit es va apropiar de la Generalitat–, també s'ha referit a les delacions dels exresponsables del Palau acusats, que van assegurar que les comissions van passar “del 3 al 4% perquè Convergència volia més diners”. Ha afirmat que les confessions de Millet i Montull són “invàlides”, en part perquè es van negar a respondre a les seves preguntes.

El abogado de Convergència y de su extesorero en el juicio del caso Palau ha defendido que “si alguna bandera hay que invocar” en el saqueo de la institución es “la de la piratería”, y no la catalana, en respuesta al fiscal Emilio Sánchez Ulled, que afirmó que en el expolio “la bandera” justificó el “atropello con la cartera”. El letrado Xavier Melero, que ha tenido este miércoles su turno para la exposición final en el juicio, ha insistido en que las relaciones de Fèlix Millet no fueron el resultado de ninguna particularidad catalana, sinó que fueron “de clase” y “transversales” en lo que a ideologías políticas se refiere.

“Me pregunto si hay algo específicamente catalán en el caso Palau, si Millet era catalanista, o soberanista o independentista y si esa adhesión tuvo algo que ver” con el saqueo, ha continuado Melero, que ha argumentado que tampoco el caso Gürtel o el Palma-Arema tuvieron nada “específicamente” madrileño o balear, respectivamente. Ha recordado además que el expresidente del Palau fue fotografiado “con Aznar, con otros miembros del poder, con el establishment en toda su dimensión”.

Convergència Democràtica de Catalunya se sienta en el banquillo del caso Palau por, presuntamente, haberse beneficiado del saqueo que perpetraron los exresponsables del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull. En concreto, el fiscal Emilio Sánchez Ulled considera a la formación responsable a título lucrativo del expolio por haber cobrado a través del Palau 6,6 millones de euros de Ferrovial en comisiones a cambio de obra pública en el último gobierno de Pujol.

Las comisiones habrían llegado al partido mediante entregas de efectivo de hasta 3,7 millones a los extesoreros convergentes Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar (para quien el fiscal pide ocho años de cárcel); facturas falsas de 2,3 millones emitidas por el Palau a empresas que en realidad prestaron servicios a CDC, tal y como admitieron algunos empresarios acusados; y convenios falsos del Palau con la fundación Trias Fargas, afín al partido, por valor de 600.000 euros.

Ante estas acusaciones, el letrado ha defendido al extesorero de Convergència como “un hombre honrado”. “Es una persona intachable desde el punto de vista social y económico”, ha reiterado, y ha recordado que la suya ha sido una figura que nunca ha ostentado un cargo público, sino que se ha circunscrito a la actividad administrativa y financiera del partido.

El abogado ha iniciado precisamente sus informes insistiendo en que el extesorero de la formación “no tiene nada que ver con la despatrimonialización del Palau de la Música” y ha aclarado que Convergència es una formación que “sigue constituida y es titular de todos los activos de que disponía” cuando el juez la envió a juicio como responsable civil a título lucrativo del expolio.

Melero, además de responder al fiscal Sánchez Ulled –que consideró también que el “tinglado criminal” que formaron CDC con el Palau y Ferrovial fue fruto de un “esquema mental” por el que el partido se apropió de la Generalita–, también se ha referido a las delaciones de los exresponsables del Palau acusados, que aseguraron que las comisiones pasaron “del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”. Ha afirmado que las confesiones de Millet y Montull son “inválidas”, en parte porque se negaron a responder a sus preguntas.

La part pública i la privada Palau de la Música han evitat definitivament assenyalar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per cobrar comissions de Ferrovial a través de l'auditori. En la lectura del seu informe final aquest dimecres, el lletrat de la Generalitat que representa al Consorci del Palau, Francesc Claverol, no ha fet ni un sol esment al partit. Per la seva banda, l'advocat de la Fundació, Javier Zuloaga, ha dit que seria “terrible” que es demostrés, tal com sí que sosté la Fiscalia, que CDC es va finançar irregularment a través del Palau.

El tribunal va impedir el passat divendres al Consorci adherir-se a l'acusació que realitza la Fiscalia contra CDC ja que el termini per fer-ho s'havia tancat el 17 de maig, quan les acusacions van elevar a definitives les seves conclusions. No obstant això, el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled va obrir la porta a Claverol a adherir-se a la seva acusació contra CDC (tal i com, de fet, havia aprovat l'última reunió del Consorci del Palau) durant el tràmit d'informes finals que ha tingut lloc aquest setmana.

Claverol no només no ha agafat el guant del fiscal sinó que ha carregat contra la rebaixa de penes que ha proposat Sánchez Ulled als exresponsables del Palau de la Música després de les seves confessions sobre el finançament irregular del partit. El lletrat ha estat especialment vehement a l'hora de criticar la rebaixa que el fiscal ha proposat per Gemma Montull (de 25 a 3 anys de presó, l'últim substituïble per una multa).

“En aquest procediment hi ha hagut molts errors. Per dignitat i coherència demanem que no se'n cometi un altre”, ha demanat Claverol. El lletrat ha negat que la delació de Montull sobre les comissions de CDC fos una “confessió”, i ho ha titllat d'“exculpació”.

Aquesta última argumentació de Claverol va en línia amb les tesis que s'han repetit en les últimes setmanes els polítics del PDECat, que han vinculat les confessions de Millet i els Montull al judici únicament amb un intent d'aconseguir una rebaixa en les seves penes.

El Consorci, on estan representades la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de Cultura i l'Orfeó Català, s'ha reafirmat en demanar 21 anys de presó per Millet i els Montull. Claverol ha demanat al tribunal que no contempli a la sentència els atenuants que sí que sol·liciten el ministeri públic i les defenses, que són la confessió de Millet i Montull sobre el saqueig, la reparació del dany i les dilacions indegudes en el procés.

El Consorci, el dia 12 de maig, va rebutjar acusar CDC pels vots de la Generalitat, decisió que va ser ratificada per Claverol quan va elevar a definitives les seves conclusions el passat 17 de maig. “El Consorci em va confirmar les directrius rebudes”, ha assenyalat Claverol, que ha assegurat que no podia demanar un ajornament del judici abans d'elevar a definitives les seves conclusions.

I és que l'Ajuntament de Barcelona va forçar una nova reunió del Consorci per al 23 de maig, que, finalment, sí que va decidir acusar CDC. No obstant, el tribunal va rebutjar aquest canvi en l'acusació, ja que el Consorci el va presentar el 26 de maig, nou dies després que es tanqués el termini per fer-ho.

La Fundació del Palau també critica el fiscal

La Fundació del Palau –la part privada de l'auditori– s'ha sumat a les crítiques del Consorci contra Sánchez Ulled per la seva rebaixa de penes. “Els delictes de coll blanc no tenen per què rebre ajustos més grans que un altre tipus de delictes”, ha dit el seu lletrat, Javier Zuloaga, que ha instat el tribunal a imposar una pena “exemplaritzant” que no sigui un “vestit a mida” perquè si no “el poble del qual emana la justícia no ho entendria”.

Malgrat que, igual que el Consorci, la Fundació no acusa CDC ni el seu extresorer, Zuloaga ha volgut pronunciar un “descàrrec ètic moral” en el cas que el tribunal acabi condemnant al partit, tal com sí que demanen la Fiscalia i l'acusació popular exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). “En cas de condemna es demostrarà alguna cosa terrible, que el Palau va ser un niu de corruptes”, ha al·legat Zuloaga, que demana 81 anys de presó per a Millet i els Montull.

La FAVB titlla Millet de “patrici pocavergonya”

Més contundent ha estat l'advocat de la FAVB, Àlex Solà, que ha titllat Millet de “patrici pocavergonya” i ha considerat “obscè” el saqueig. Així mateix, ha carregat contra les institucions públiques per no haver vigilat al Palau i haver permès “l'entramat de Millet i els seus sequaços”. En aquest sentit, ha recordat que l'actual presidenta del Palau, l'empresària Mariona Carulla, va ser la vicepresidenta de l'auditori en l'època de Millet.

Pel que fa a Convergència, Solà ha recordat que el seu extresorer acusat, Daniel Osàcar, no es va endur ni un euro a la butxaca tot i que, al seu parer, va canalitzar part dels 6,6 milions de comissions de Ferrovial cap al parit. “Osàcar no és Bárcenas, però portar diners de comissions per obra pública a un partit de forma il·lícita falseja les condicions de la democràcia”, ha asseverat.

Així mateix, Solà ha recordat totes les vegades que Convergència ha fet servir el seu poder institucional, des de la Generalitat o la Diputació de Barcelona, per no ser acusada en el cas Palau. La FAVB demana 37 anys de presó per a Millet, 25 per als Montull i dos anys i tres mesos per a Osàcar.

Per la seva banda, l'advocat de l'Estat, que representa l'Agència Tributària, ha argumentat que els exresponsables del Palau van cometre un delicte de frau fiscal de gairebé 685.000 euros en les deduccions de l'IVA. Per això ha reclamat cinc anys i tres mesos de presó per a Millet, els Montull i Edmundo Quintana, exassessor fiscal del Palau.

La parte pública y la privada Palau de la Música han evitado definitivamente señalar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar comisiones de Ferrovial a través del auditorio. En la lectura de su informe final este miércoles, el letrado de la Generalitat que representa al Consorcio del Palau, Francesc Claverol, no ha hecho ni una sola mención al partido. Por su lado, el abogado de la Fundación, Javier Zuloaga, ha dicho que sería “terrible” que se demostrara, tal y como sí sostiene la Fiscalía, que CDC se financió irregularmente a través del Palau.

El tribunal impidió el pasado viernes al Consorcio adherirse a la acusación que realiza la Fiscalía contra CDC ya que el plazo para hacerlo se había cerrado el 17 de mayo, cuando las acusaciones elevaron a definitivas sus conclusiones. No obstante, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled abrió la puerta a Claverol a adherirse a su acusación contra CDC (tal y como, de hecho, había aprobado la última reunión del Consorcio del Palau) durante el trámite de informes finales que ha tenido lugar esta semana.

Claverol no solo no ha cogido el guante del fiscal sino que ha cargado contra la rebaja de penas que ha propuesto Sánchez Ulled a los exresponsables del Palau de la Música tras sus confesiones sobre la financiación irregular del partido. El letrado ha sido especialmente vehemente en criticar la rebaja que el fiscal ha propuesto para Gemma Montull (de 25 a 3 años de cárcel, el último sustituible por una multa).

“En este procedimiento ha habido muchos fallos. Por dignidad y coherencia pedimos que no se cometa otro”, ha pedido Claverol. El letrado ha negado que la delación de Montull sobre las comisiones de CDC fuera una “confesión”, y lo ha tildado de “exculpación”.

Esta última argumentación de Claverol va en línea con las tesis que han repetido en las últimas semanas los políticos del PDECat, que han vinculado las confesiones de Millet y los Montull en el juicio únicamente con un intento de lograr una rebaja en sus penas.

El Consorcio, donde están representadas la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y el Orfeó Català, se ha reafirmado en pedir 21 años de cárcel para Millet y los Montull. Claverol ha pedido al tribunal que no contemple en la sentencia las atenuantes que sí solicitan el ministerio público y las defensas, que son la confesión de Millet y Montull sobre su saqueo, la reparación del daño y las dilaciones indebidas en el proceso.

El Consorcio, el día 12 de mayo, rechazó acusar a CDC por los votos de la Generalitat, decisión que fue ratificada por Claverol cuando elevó a definitivas sus conclusiones el pasado 17 de mayo. “El Consorcio me confirmó las directrices recibidas”, ha señalado Claverol, que ha asegurado que no podía solicitar un aplazamiento del juicio antes de elevar a definitivas sus conclusiones.

Y es que el Ayuntamiento de Barcelona forzó una nuevo reunión del Consorcio para el 23 de mayo, que, finalmente, sí decidió acusar a CDC. No obstante, el tribunal rechazó ese cambio en la acusación, pues el Consorcio lo presentó el 26 de mayo, nueve días después de que se cerrara el plazo para hacerlo.

La Fundación del Palau también critica al fiscal

La Fundación del Palau –la parte privada del auditorio– se ha sumado a las críticas del Consorcio contra Sánchez Ulled por su rebaja de penas. “Los delitos de cuello blanco no tienen porque recibir ajustes mayores que otro tipo de delitos”, ha dicho su letrado, Javier Zuloaga, que ha instado al tribunal a imponer una pena “ejemplarizante” que no sea un “traje a medida” porque si no “el pueblo del que emana la justicia no lo entendería”.

Pese a que, igual que el Consorcio, la Fundación no acusa a CDC ni a su extesorero, Zuloaga ha querido pronunciar un “descargo ético moral” en el caso de que el tribunal termine condenando al partido, tal y como sí piden la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). “En caso de condena se demostrará algo terrible, que el Palau fue un nido de corruptos”, ha alegado Zuloaga, que pide 81 años de cárcel para Millet y los Montull.

La FAVB tilda a Millet de “patricio sinvergüenza”

Más contundente ha sido el abogado de la FAVB, Àlex Solà, que ha tildado a Millet de “patricio sinvergüenza” y ha considerado “obsceno” el saqueo. Asimismo, ha cargado contra las instituciones públicas por no haber vigilado el Palau y haber permitido “el entramado de Millet y sus secuaces”. En este sentido, ha recordado que la actual presidenta del Palau, la empresaria Mariona Carulla, fue la vicepresidenta del auditorio en la época de Millet.

Respecto a Convergència, Solà ha recordado que su extesorero acusado, Daniel Osàcar, no se llevó ni un euro al bolsillo pese a que, a su juicio, canalizó parte de los 6,6 millones de comisiones de Ferrovial hacia el parido. “Osàcar no es Bárcenas, pero llevar dinero de comisiones por obra pública a un partido de forma ilícita falsea las condiciones de la democracia”, ha aseverado.

Asimismo, Solà ha recordado todas las veces que Convergència ha usado su poder institucional, desde la Generalitat o la Diputación de Barcelona, para no ser acusada en el caso Palau La FAVB pide 37 años de cárcel para Millet, 25 para los Montull y dos años y tres meses para Osàcar.

Por su lado, el abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, ha argumentado que los exresponsables del Palau cometieron un delito de fraude fiscal de casi 685.000 euros en las deducciones del IVA. Por ello ha reclamado cinco años y tres meses de cárcel para Millet, los Montull y Edmundo Quintana, exasesor fiscal del Palau.