La presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, se ha despedido este viernes en el plenario después de 14 años como concejala en el Ayuntamiento de la capital catalana. Sanz entró en el consistorio en 2011 como número 4 de la lista de ICV cuando tenía 27 años.

“Mucha gente se extraña, pero la anomalía es no querer dejar la política”, ha dicho en la despedida, durante su último pleno. Sanz se considera “satisfecha, plena y con la conciencia tranquila”, después de haber tenido el “privilegio de repensar y rehacer” la ciudad.

De hecho, durante los mandatos de Colau, ella fue la responsable del área de urbanismo, desde donde impulsó las super illes, las pacificaciones, la conexión del tranvía, la limitación de nuevos hoteles o la suspensión de las licencias para pisos turísticos.  “El urbanismo puede cambiarlo todo, puede construir derechos y deshacer los privilegios”, ha apuntado.

“He intentado incomodar porque si he incomodado es que he transformado”, ha dicho la presidenta de BComú, quien ha advertido de que hay que dar a los ciudadanos confianza en las instituciones porque “la gente está cansada de promesas”.

Sanz ha cerrado su paso por el Ayuntamiento recogiendo buenas palabras de representantes de otros partidos, como el alcalde Jaume Collboni, que ha reconocido su “valentía y coraje”. Asimismo, ha reconocido que Sanz “marcará una época, sin duda”.

También la ha elogiado la teniente de alcaldía Laia Bonet, con quien se conocen de hace años, desde que fueron profesora y alumna de derecho urbanístico. “Quien nos iba a decir que tendríamos debates intensos, por decirlo suavemente, en esta casa”, ha reflexionado Bonet.

Con quien también ha tenido discrepancias políticas es con Jordi Martí, presidente de Junts en Barcelona, que ha agradecido su labor pese a las discrepancias políticas. “Seguiremos colindando, estemos donde estemos”, ha concluido.

Desde ERC, Jordi Coronas ha destacado la importancia de Sanz y le ha agradecido “las horas de discusiones”, a la vez que le ha deseado “una buena travesía”. Por su parte, Daniel Sirera, del PP, le ha reconocido “la constancia y el compromiso de ciudad”. Por último, desde Vox, Gonzalo de Oro Pulido le ha deseado “lo peor en lo político y lo mejor en lo personal”.

Gemma Tarafa, al frente de los Comuns

En el momento en que Janet Sanz entregue el acta como concejala, la presidencia del grupo municipal de Barcelona en Comú pasará a manos de Gemma Tarafa. Hasta ahora, Tarafa había sido portavoz de Barcelona en Comú, un cargo que ahora asumirá Marc Serra. El concejal Pau González, por su parte, tomará el relevo de Serra y se convierte en portavoz adjunto del grupo municipal.

Por otra parte, con la marcha de Sanz, una nueva concejala entra en el grupo municipal: Tania Corrons. Nacida en Manresa, Bages (1978), es licenciada en Administración y Dirección de Empresas en ESADE y ha realizado un Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos en la UB.

Durante veinte años ha trabajado en la gestión económica financiera de empresas privadas y ONGs. Ha sido miembro de la Ejecutiva de BComú (2021-2023), donde fue responsable de Finanzas y portavoz del partido. Actualmente, es responsable de Organización y Territorio de Comunes y asesora a la Diputación de Barcelona.

A Josep Antoni Acebillo no se le puede afear pereza procesal. El exarquitecto jefe de Barcelona hasta 2003 (durante los mandatos del PSC) ha intentado reabrir la querella archivada hace dos años contra la exalcaldesa Ada Colau y la exteniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz por las peatonalizaciones impulsadas por los Comuns cuando gobernaban la capital catalana. Su intento ha fracasado porque la jueza ha desestimado su pretensión, tal y como ha podido saber elDiario.es.

Celebradas y premiadas en media Europa pero contestadas por comerciantes y grandes patronales locales, las conocidas como supermanzanas de Barcelona (la peatonalización de calles céntricas) también formaron parte del alud de querellas que recibieron la exalcaldesa y su equipo de gobierno. Todas se han archivado e incluso una magistrada dejó escrito que Colau sufrió una guerra judicial por parte de fondos buitre y otros rivales políticos.

Acebillo, además de criticar con contundencia las supermanzanas en prensa y actos públicos, se sumó a la vía judicial contra ellas. Recurrió a la penal y no a la contenciosa-administrativa, la habitual para discutir las decisiones de un Ayuntamiento. La querella tildó el proyecto de “atentado urbanístico” y, pese a incluir los delitos de prevaricación y malversación, dedicaba más páginas a desacreditar políticamente el proyecto que a enumerar indicios delictivos.

Primero lo intentó en la Fiscalía, donde obtuvo su primer revés, y después reiteró su querella ante una jueza, que abrió una causa pero descartó las otras peticiones del exarquitecto, como citar a declarar a Colau y a Sanz o parar cautelarmente las obras (en plena precampaña electoral de las municipales de 2023).

El caso no fue a más y, como el resto de querellas contra Colau, se terminó archivando a finales de 2023. Los jueces de la Audiencia de Barcelona le recordaron a Acebillo, representado por el abogado Francesc Jufresa, que el principio que debe regir la vía penal es el de intervención mínima, es decir, que no todo lo ilegal es delictivo.

Así ocurrió con las supermanzanas: los intereses de los contrarios al proyecto ya quedaron “amparados”, remarcaron los jueces, a través de los recursos en la jurisdicción contenciosa (que anularon los proyectos por errores en su tramitación), por lo que no era necesario añadir la vía penal. El gobierno del PSC y de Jaume Collboni ha rechazado por ahora proyectar más peatonalizaciones de este tipo en Barcelona.

Un año y medio después, Acebillo hizo acopio de cinco sentencias contenciosas que anularon las peatonalizaciones debido a que no fueron tramitadas a través de una modificación del plan general metropolitano, sino como una medida de gobierno municipal, y las aportó al juzgado de instrucción 26 de Barcelona para pedir que se reabriera la causa contra Colau y Sanz.

A juicio de Acebillo, esas sentencias que anulaban las peatonalizaciones eran “hechos nuevos” que, como en toda causa penal cuando aparecen, obligaban a reabrirla. Omitió el exarquitecto el hecho de que la Audiencia de Barcelona ya se basó, para archivar el caso, en una sentencia de lo contencioso que tumbó el proyecto de la supermanzana.

El exarquitecto también citó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que confirmó la anulación del proyecto, pero obvió que contenía un voto particular favorable al mismo de una magistrada, tal y como advirtieron a la jueza los letrados de Colau y Sanz, Olga Tubau y Àlex Solà. A nivel contencioso, las supermanzanas están a la espera de las sentencias definitivas del Tribunal Supremo.

En su escrito, Acebillo cargó contra la Audiencia de Barcelona por haber sobreseído la causa y situarle “en total indefensión”. Pidió además que el caso se reabriera sin tener que pagar fianza como todo querellante o que fuera una cantidad “simbólica”, ya que mantuvo no seguir “ningún interés particular sino únicamente el interés de la ciudad”.

El fiscal también se opuso a la pretensión de Acebillo al constatar que de su escrito “no se desprende ningún hecho fáctico nuevo” que haya cambiado la valoración jurídica que se hizo al archivar el caso en 2023, esta es, la inexistencia de delito.

“No se apreció en la actuación municipal una clara, manifiesta, contundente e indiscutible contravención de la normativa urbanística”, indicó el fiscal, una frase que la magistrada del juzgado hizo suya para denegar, en dos párrafos, la petición de Acebillo el pasado 30 de julio. El exarquitecto no ha dicho la última palabra y ha recurrido la negativa del juzgado a reabrir el caso de las 'superilles'.

Hace casi un año que Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, abandonó la política. Lo hizo dejando a los suyos el encargo de “volver a ganar en 2027”. Pero la tarea era, ya entonces, complicada: el partido se había quedado sin su cara más visible y mediática y, después de ocho años ostentando la alcaldía, una formación que solo sabía lo que era gobernar, se estrenaba en la oposición habiendo perdido casi 25.000 votos respecto a los últimos comicios. Y todavía sin tener clara qué relación querían establecer con el PSC.

El encargo cayó entonces en manos de Janet Sanz, pero no será ella quien acabe guiando a los Comuns hasta los comicios. Este lunes ha anunciado que deja su asiento en el Ayuntamiento de Barcelona y el liderazgo del partido. Abandona, en definitiva, la política. El timón de la formación en Barcelona lo tendrá Gemma Tarafa, portavoz del grupo municipal y también al frente de la Ejecutiva del partido.

Ahora, ante los Comuns se vuelve a abrir la incógnita sobre quién dirigirá a la formación. E, inevitablemente, Ada Colau ha vuelto a salir a colación. Si bien la exalcaldesa ha dicho por activa y por pasiva que no piensa volver, hay también voces del círculo de los Comuns que, no sólo no cierran la puerta a que pueda regresar, sino que lo ven como una opción más que posible. Pero todavía no hay nada cerrado y, de hecho, hay otras fuentes que apuntan al nombre de Gerardo Pisarello.

Aunque el aludido guarda silencio, algunas fuentes señalan al argentino como un posible relevo, a pesar de que no tiene un asiento designado en el Ayuntamiento desde la primera legislatura de Colau, entre 2015 y 2019. Entonces trasladó su actividad a Madrid, donde se convirtió en diputado en el Congreso. Sí es cierto que vuelve con frecuencia a la capital catalana, donde se deja ver en actos y mítines, remarcando su influencia como una de las caras más conocidas de la formación.

La de Pisarello es una apuesta nueva en las porras para decidir el futuro de los Comuns. No así la de Colau, sobre quien se ha especulado mucho desde su renuncia, sobre todo por la falta de nombres de la que adolece el partido para poner al frente de la formación. Su despedida de la política, hace ahora un año, puso en jaque a la Ejecutiva, que pasó de estar gobernada por un triunvirato (Colau, Jéssica Albiach y Candela López) a ser un dueto comandado por López, que repite, y Tarafa. La decisión se tomó en una Asamblea Nacional en la que, aprovechando el adiós de la exalcaldesa, se renovó el 43% de los cargos directivos. Todos los nombramientos resultaron del círculo de confianza de Colau.

Su nombre, a pesar de que hace casi un año que no está en ningún puesto de dirección, sigue apareciendo con frecuencia. La misma Janet Sanz la ha citado en diversas ocasiones en su discurso de despedida, refiriéndose a ella como su “madre política”.

Es cierto que la exalcaldesa siempre ha dicho que su marcha era definitiva. Y desde su adiós a la política ha aparecido en diversos podcast -sobre todo de temática cultural y LGTBIQ+- reforzando la idea de que no volverá. “Me supo mal, por tan pocos votos, no poder seguir haciendo viviendas y este tipo de políticas. Políticamente, me supo mal, pero personalmente... La cara que tengo responde a lo que siente mi alma”. Así lo dijo en el programa de la DJ Cora Novoa, con una sonrisa en la cara, respondiendo a la pregunta de si pensaba volver.

Sus declaraciones se han ido alejando de la arena política y estuvo sin apenas opinar sobre la cosa pública durante casi medio año. Pero eso empezó a cambiar a finales de primavera, cuando reapareció para criticar las políticas de vivienda de Collboni en una comparecencia de prensa junto a Sanz y el eurodiputado Jaume Asens.

A partir de ese momento, su presencia en los medios fue escalando gradualmente hasta llegar al punto álgido alcanzado el 31 de agosto, día en que se embarcó en la Global Summud Flotilla rumbo a Gaza.

El crecimiento de la exposición mediática de Colau es inversamente proporcional a la contundencia con la que personas cercanas al partido responden a la pregunta de si se la volverá a ver de candidata. Las mismas fuentes que hace meses eran tajantes y aseguraban que si se había ido era para no volver, hoy responden en condicional y con ambiguos “no lo creo”.

Es sabido que la influencia de Colau es notoria, como también lo es que sus relaciones con el PSC de Jaume Collboni no son nada buenas. Las negociaciones para fraguar un hipotético tripartito (con ERC) tras las elecciones fueron escalando de tono hasta que llegaron a un punto de no retorno cuando los Comuns dejaron caer los primeros presupuestos de Collboni. “Nunca había visto tanta irresponsabilidad política junta”, le espetó en el pleno el alcalde a Colau.

Buena parte de la órbita socialista e, incluso algunas voces de dentro de los Comuns, consideraban que las negociaciones con el PSC se facilitarían cuando Colau decidiera dejar su acta. Pero no fue así. De hecho, para mantenerse fiel a la dirección que estableció la exalcaldesa, la principal decisión que se tomó en el primer congreso del partido fue romper definitivamente cualquier vínculo -y oportunidad de pacto- con los socialistas barceloneses.

Desde entonces, Sanz endureció su discurso hacia el PSC y siguió la estela marcada por Colau de presentarse como una oposición dura. Pero durante su despedida, ha llegado a agradecer, no sólo a sus compañeros de partido, sino a “todas las personas con las que alguna vez he pactado”. Y eso incluye a los socialistas, con quienes los Comuns compartieron gobierno municipal durante seis años.

Barcelona sin candidatos

La decisión de Sanz de abandonar la política ha sido una sorpresa de puertas para afuera del partido. Pero, tal como ella misma ha reconocido, es algo que ya estaba planteándose desde antes de los comicios de 2023. “El resultado de las elecciones no ha influido en nada”, ha sostenido. Hace algo más de un año ya tenía claro que su futuro no estaba en la formación y quiso compartirlo con los suyos pero, justamente, Ada Colau decidió renunciar y Sanz tuvo que dar un paso al frente.

Todo el mundo daba por sentado que ella sería la candidata de los Comuns en 2027, pero este lunes ha cerrado a cal y canto esa puerta. De hecho, asegura, se irá antes de que acabe 2025. Eso impone la necesidad de encontrar un relevo rápido que, de momento, recaerá en Gemma Tarafa. En el partido no son contundentes al respecto, pero hoy nada indica que ella vaya a ser la cabeza de lista en las próximas elecciones.

A día de hoy, todavía ningún partido municipal ha hecho oficial quién será su candidato. El alcalde Collboni sí ha anunciado su intención de ser reelegido y algunos nombres, como el de Elisenda Alamany en ERC o Daniel Sirera en el PP, se dan por hechos. Pero hay dos grandes incógnitas todavía: la de los Comuns y la de Junts.

Esta legislatura se ha caracterizado por las sacudidas. Tres de los seis partidos con representación han llegado al ecuador con líderes diferentes a los que se presentaron a los comicios. El primero en renunciar fue Ernest Maragall, que se fue a los cuatro meses y dando paso al relevo esperado, lógico y afianzado de Alamany.

Luego, al año, fue el turno de Xavier Trias, ganador de las elecciones y que ya dijo que sólo se quedaría si gobernaba. No lo hizo, así que su salida de la política estaba más que anunciada sobre todo después del lacónico “que os zurzan” que profirió durante la investidura de Collboni.

Los de Junts, igual que los Comuns, tienen una brecha abierta para encontrar un líder de cara a 2027. Ya para los anteriores comicios tuvieron que recorrer al exalcalde Trias, que hacía años que había abandonado la política. También apostaron por el revival los de ERC, que escogieron al hermano de Pasqual Maragall, uno de los alcaldes que han generado más consenso de la historia de la ciudad.

Y ya, por último, se despidió Ada Colau y nada hace descartar del todo que ella pueda ser la próxima en apostar por una reválida. De hecho, no sería la primera vez que encabeza una lista que había asegurado que no lideraría. Ya pasó en las elecciones de 2023.

El código ético de los Comuns impide que un candidato repita en más de dos ocasiones, pero entonces el partido auguraba una pérdida de votos significativa y ya adolecía de falta de candidato. Así que Colau tuvo que recurrir a las bases para que avalaran su decisión de volverse a presentar. La situación se repite ahora. Según el barómetro municipal, el partido ha perdido tres puntos en intención de voto y tampoco tiene un representante claro a menos de dos años de las elecciones.

La respuesta se dará en los próximos meses. El partido tiene previsto convocar primarias en noviembre de este año para encontrar a un nuevo presidente de grupo municipal, cargo al que ni Colau ni Pisarello se podrán presentar por no ser concejales en el Ayuntamiento. Ahora bien, sí podrían optar a liderar la candidatura electoral en unas votaciones que la formación pretende celebrar en enero de 2026.

La presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, deja la política. Según ha adelantado Nació Digital y ha confirmado elDiario.es, la que fue teniente de Alcaldía de Ada Colau en el Gobierno municipal abandonará el acta de concejal en el Ayuntamiento en los próximos meses y también dejará los cargos que ostenta dentro del partido. 

El compromiso de Sanz es dejar sus cargos antes de que acabe el año y ha reiterado que no se presentará para encabezar la lista del grupo de cara a las elecciones de 2027. Precisamente fueron los últimos comicios el punto de inflexión en el que la concejala se empieza a plantear dejar la política. “Es un latido que tengo dentro desde hace muchos meses y una decisión que tomé hace tiempo”, ha dicho Sanz en rueda de prensa.

Ha explicado que hace cosa de un año que su equipo conoce su decisión, pero ha tardado algo más de lo esperado en comunicarla por la marcha de Ada Colau, que dejó la política hace cosa de un año. Esa decisión la llevó a sustituirla y a asumir el liderazgo de los Comuns en Barcelona. “No ha sido fácil, pero ahora es el momento. Dejo un grupo fuerte y valiente”, ha sostenido.

La rueda de prensa para anunciar su marcha ha sido en la Superilla de Consell de Cent, un lugar que, según Sanz, “representa y engloba todo lo que hemos hecho para que Barcelona sea una ciudad más justa”.

La todavía concejala ha admitido que se va “contenta, satisfecha y llena”, pero que necesita iniciar un nuevo camino -que no ha concretado- para “abrir un camino para construir la vida desde otro sitio. Para cuidarme y cerrar heridas”. En este sentido, ha destacado las fake news, las campañas de lawfare y “los ritmos” de la política institucional.

Sanz ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de partido, en especial para Ada Colau, una figura que tras su marcha, seguida de la de Sanz, deja a los Comuns sin liderazgo de cara a los comicios de 2027. Desde los Comuns reiteran que el partido sigue “fuerte”, aunque no se han querido posicionar sobre quién podría tomar ahora el relevo.

Como una de las figuras con mayor ascendencia en el grupo municipal de los Comuns, Sanz figuraba como uno de los posibles relevos de Colau en las elecciones municipales de 2027. Ahora su renuncia deja más incógnitas sobre la futura lista electoral de los comuns. En cuanto a su cargo en el partido, que también abandonará, Sanz era miembro de la Ejecutiva Nacional como representante del Ayuntamiento de Barcelona.

Su renuncia dejaría como figura de referencia para los Comuns en Barcelona a Gemma Tarafa, portavoz del grupo y al mismo tiempo coordinadora de los Comuns en el ámbito catalán. 

Sanz es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona desde 2011, cuando entró en el consistorio como edil de Iniciativa per Catalunya (ICV). Tras las elecciones de 2015, ya dentro de la candidatura de Barcelona en Comú, accedió al Ejecutivo municipal, donde fue pieza clave para la alcaldesa Ada Colau durante sus dos mandatos al frente del Ayuntamiento.

Escudera de Colau durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento, Sanz ocupó el cargo de teniente de alcaldía siempre vinculada a la cartera de Urbanismo, desde donde encabezó el proyecto de las supermanzanas. Sanz era además la última representante de la primera candidatura que llevó a Colau a la alcaldía, como número 5 por detrás de Gerardo Pisarello, Laia Ortiz y Jaume Asens. 

Barcelona en Comú celebra este fin de semana su primer congreso, justo cuando se cumplen 11 años desde que se presentó públicamente como partido y quince desde que se empezó a idear la formación. Años después y habiendo dejado atrás la época en la que gobernaban el Ayuntamiento y el liderazgo de Ada Colau, se han propuesto refundar su ponencia política.

Una de las decisiones de los Comuns ha sido dar carpetazo a su relación con el PSC y este fin de semana han rubricado la ruptura con el partido con el que gobernaron durante casi dos legislaturas completas. “El funcionamiento de los grandes lobbies económicos en Barcelona encuentran en el gobierno municipal del PSC un perfecto aliado”.

Esta declaración forma parte de una ponencia política que ha presentado la líder de los Comuns en la ciudad, Janet Sanz durante el congreso y que ha sido aprobada por 142 votos a favor, 0 en contra y 2 en blanco.

La formación se ha planteado este primer congreso como “un cruce estratégico” para que “el despacho de la alcaldía no siga siendo una alfombra roja para los especuladores”. Por ello, apuestan por construir un “frente de izquierdas amplio”, sin dar nombres de ninguna formación, pero excluyendo explícitamente a los socialistas.

De esta manera, los Comuns destierran al PSC del “pacto de gobierno progresista” que habían intentado conseguir también con los republicanos desde las elecciones. Este gesto es el colofón de meses de reproches cruzados entre ambas formaciones.

Es una declaración de intenciones que sigue la línea del últimatum que lanzó el partido a Collboni después del intento de desalojo de dos edificios ocupados en Vallcarca, en los que viven 40 personas, 13 de las cuales menores. “Si no se para el macrodesahucio, no hablaremos de la modificación de crédito, ni de las ordenanzas fiscales ni de los presupuestos, como tampoco de planes urbanísticos”, aseguró Janet Sanz, pocas horas después de que el desalojo fuera suspendido y de que el consistorio comunicara que pediría una orden judicial para vaciar las fincas.

Los Comuns, pues, pretenden afianzar así una dinámica del ‘no a todo’ en esta legislatura que, en su primera mitad, ha estado caracterizada por enfrentamientos entre ambas formaciones, pero también por pactos significativos. Los Comuns facilitaron la aprobación de las ordenanzas fiscales -no así de los presupuestos, que están prorrogados-, pacto que se tradujo en un acuerdo en el Parlament para modificar, entre otras cosas, la tasa turística. También acordaron reducir dos terminales de cruceros -para enmendar la ampliación de dos terminales que se firmó bajo el último gobierno de Colau- y una regulación del alquiler de temporada en la ciudad a través del planteamiento urbanístico.

De hecho, fue la negociación de los presupuestos la que hizo saltar todo por los aires y lo que acabó de dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento. Desde entonces, todo han sido reproches. Sobre todo, centrados en las políticas de vivienda y de control del turismo del consistorio barcelonés.

La voluntad de Collboni de reformar el 30% -una de las normas que, aunque no llegó a funcionar nunca del todo fue insignia del gobierno de Colau- o lo que los comuns describen como “excesiva permisividad y complicidad” con Airbnb son los dos principales campos de batalla entre ambos.

“Es una política que, ante una grave crisis de inflación y vivienda regala el centro de la ciudad a la Formula 1, que perdona sanciones a Airbnb y quiere ampliar el aeropuerto en plena emergencia climática”, ha sentenciado Sanz. “Llevamos dos años perdidos para la gente, pero muy útiles para los lobbies”.

Igual de contundentes se han mostrado los Comuns con el PSOE, partido con quien mantienen un pacto de gobierno a través de Sumar. “Los casos de corrupción que les salpican vuelven a poner en evidencia la corrupción estructural del bipartidismo”, ha afirmado Sanz. “La corrupción es una subversión del sistema democrático, que pone intereses privados por encima del interés general y permite a los poderosos perpetuar el statu quo y los sistemas de impunidad”, ha remachado.

Estas afirmaciones se dan apenas tres días después de la reunión que mantuvieron Sumar y el PSOE tras el estallido del escándalo del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán. A pesar de que los de Yolanda Díaz aseguraron que no se habían producido avances, también mostraron la voluntad de no romper la coalición y conseguir que la legislatura llegara a su fin, en 2027.

Los Comuns han paralizado las ordenanzas fiscales de Barcelona y aseguran que el pacto al que habían llegado con el PSC está “roto”. El motivo de la disputa es un desacuerdo con la política municipal respecto a los cruceros que ha provocado que los Comuns reserven su voto durante la comisión de Economía y Hacienda de la tarde de este miércoles.

Como consecuencia, el grupo municipal de ERC -que también había acordado la votación favorable- igualmente se ha reservado el voto. “Los acuerdos requieren mayorías para que el trabajo que hemos hecho algunos no sea en vano. Reservamos el voto a la espera de que la situación sea distinta”, han apuntado.

Todavía queda camino para recorrer con las ordenanzas. Si bien la votación de esta tarde es una formalidad técnica que sirve para tomar el pulso de los diferentes grupos municipales, la votación definitiva se hará en el Pleno del próximo viernes. Tanto ERC como Comuns se abren a votar favorablemente. Eso sí, a cambio de condiciones. Los republicanos piden que haya una mayoría afianzada. Y los Comuns piden “coherencia”.

El desacuerdo que ha hecho saltar por los aires a última hora el acuerdo que tenían los de Janet Sanz con el PSC para aprobar las ordenanzas fiscales viene por otro pacto alcanzado entre ambos partidos, este para reducir las terminales de cruceros de siete a cinco.

Se trata de un acuerdo que se refrendó hace meses y que se está concretando en una mesa bilateral entre el consistorio y el Puerto de Barcelona. Pero este martes, el PSC trasladó a los Comuns un borrador en el que el Gobierno municipal “constata y valora positivamente que el Puerto plantea habilitar una miniterminal” que dé servicio a barcos de lujo, que tienen una capacidad sustancialmente menor -de 1.000 pasajeros.

Y aquí viene la discrepancia: Sanz considera que este apunte supone renunciar al acuerdo de reducir dos terminales de cruceros -lo que supondría restar 1,2 turistas anuales a la ciudad. Pero por su parte, Valls niega la mayor y asegura que si la terminal de lujo se llegara a hacer, “el Puerto deberá decidir cómo hacerla con las terminales que le quedan”. “Las matemáticas son claras. Hemos pactado pasar de cinco a siete. Si el Puerto pide una terminal más, serían seis. Y nosotros hemos pactado bajar a cinco”, ha reiterado Valls.

Según insiste el PSC, el consistorio “no ha propuesto esta terminal y no formaba parte el acuerdo con los Comuns”. Se refieren a un acuerdo -independientemente de las ordenanzas fiscales- en el que ambos partidos se comprometían a reducir las terminales del puerto y a rebajar el número de cruceristas. En esta misma línea, el alcalde llegó el pasado septiembre a un acuerdo con la Generalitat para aumentar “de forma sustanial” la tasa turística a los cruceros que hagan escalas de menos de 12 horas.

Pero esta respuesta no ha satisfecho a los Comuns, que piden “hechos y no palabras” antes de dar su voto favorable el viernes. Y afean al gobierno del PSC que, “con una mano hagan políticas progresistas y suban impuestos al turismo y con la otra planteen compensaciones para el sector”.

Janet Sanz considera que la nueva terminal “encalla” las negociaciones que, desde hace meses, PSC y Comuns mantienen para aprobar las ordenanzas fiscales, que son un ensayo general de cara a la negociación de los presupuestos de la ciudad, mientras que Valls afea a los Comuns que “conviertan una terminal fantasma que no existe en un nuevo Hard Rock para no aprobar las ordenanzas”.

Los presupuestos, pendientes de un hilo

Hasta esta semana, todo hacía pensar que las ordenanzas se aprobarían sin problemas, después de que el PSC hubiera adoptado gran parte de las demandas tanto de los Comuns como de ERC y se aviniera, entre otras cosas, a aumentar el IBI a hoteles de lujo e infraestructuras turísticas, así como a cobrar más caras las tasas a lo autocares de visitantes.

Pero en el último momento, las negociaciones se han torcido y esto no sólo pone en peligro las ordenanzas -Barcelona todavía tiene prorrogadas las de 2022-, sino también los presupuestos. En vista de que el resto de grupos de la oposicion ya han anunciado que votarán en contra, Collboni necesita de los votos de ERC -que ya tiene casi asegurados- y de los Comuns.

Si los de Albiach deciden votar en contra, como ya hicieron el año pasado, las cuentas municipales no saldrán adelante. El año pasado, Collboni se vio obigado a activar la baza de la moción de confianza, una medida por la cual un alcalde puede desatascar negociaciones encalladas.

Se trata de ligar la decisión a la misma continuidad del alcalde. Si la oposición no consigue ponerse de acuerdo y presentar un candidato alternativo, el mandato y la negociación en cuestión quedan automáticamente refrendadas.

Esto fue lo que pasó en 2023, pero la moción de confianza es una carta que sólo se puede jugar dos veces por mandato y nunca dos años seguidos, así que Collboni depende del favor de lo Comuns para sacar adelante sus cuentas y también su mandato.

El turismo va a tener la llave de estas negociaciones presupuestarias en el Ayuntamiento de Barcelona. Tanto Comuns como ERC están presionando al Gobierno de Collboni para que apriete a este sector a cambio de sus votos. Unos votos que le son necesarios puesto que el alcalde sigue gobernando en solitario.

Ahora el debate se centra en las ordenanzas fiscales, que se empezarán a debatir este viernes en la Comisión de Economía y Hacienda y a los que ya se han puesto condiciones. Por su lado, la líder de los Comuns, Janet Sanz, ha apuntado que usarán cada oportunidad en que sus votos sean necesarios para “corregir la deriva elitista de Collboni”.

A tal efecto tienen tres peticiones. La primera es incrementar el IBI que pagan los hoteles de lujo. Sanz propone que cualquier edificio cuyo valor catastral sea de más de 5,2 millones de euros pase de pagar el 1% de IBI al 1,3%. De esta manera, abonarían el doble que un ciudadano con un piso en propiedad, que paga el 0,6%.

Los Comuns calculan que esta medida, que afectaría a 250 hoteles y a 224 inmuebles (centros comerciales, palacios de congresos...), supondría recaudar 10 millones extra.

Por otro lado, también exigen a Collboni que doble el precio de la entrada que los turistas pagan para entrar al Park Güell. Se trata de un parque de la discordia, que se convirtió en bandera de los Comuns desde que acogió la celebración de un desfile de moda privado de la marca Louis Vuitton en el marco de la Copa América de Vela.

“No podemos permitir la mercantilización de espacios públicos y menos los que están protegidos”, ha afirmado Sanz en rueda de prensa. El objetivo de esta medida es disuadir a una parte de los visitantes que acuden al parque, que puede acoger como máximo a 4,5 millones de personas al año. “Y, de esas, un porcentaje muy pequeño es de vecinos”, ha añadido.

Por último, los Comuns reclaman endurecer la normativa de terrazas. Según Sanz, la actual -aprobada por Ada Colau en 2021- “hace que salga más barato incumplir la norma que cumplirla”. A su parecer, es necesario que se incrementen las inspecciones y las sanciones. Y, para ello, propone modificar el texto, en el que si bien se establecen importes máximos de las multas, no hay un mínimo. “Eso provoca que las sanciones siempre sean bajísimas”.

Con todo, Sanz propone mínimos de 750 para las sanciones leves y de 1.500 para las graves. Y que con una acumulación de dos graves, se llegue a una muy grave que suponga retirar la licencia. “Es necesario enviar un mensaje porque se trata de un sector que puede llegar a interferir mucho con la vida de los vecinos”, ha resaltado Sanz.

Más impuestos por pernoctar en Barcelona

Así como los Comuns han presentado tres exigencias a Collboni, desde ERC sólo han planteado una. Requieren doblar el precio de la tasa turística que cada visitante paga por cada noche que pernocta en Barcelona. Los republicanos quieren que la cifra pase de 4 a 8 euros.

El PSC de Collboni se ha mostrado partidario de encarecer la tasa y, en principio, debería aceptar sin demasiados problemas la idea de los republicanos. Pero esta petición no estará en la primera propuesta de ordenanzas fiscales que el Gobierno presentará ante el pleno la semana que viene. La razón es que Barcelona ya cobra el máximo legal y si se quisiera incrementara el tope, sería necesario que el Parlament ampliara la ley que lo regula.

Así, todo parece indicar que el voto de los republicanos a las ordenanzas de Collboni está garantizado. Pero todavía requiere el sí de los Comuns. Janet Sanz ha asegurado que el PSC conoce sus propuestas, pero que todavía no han tenido ningú feedback.

Ordenanzas prorrogadas y presupuestos por la mínima

Las negociaciones fiscales se le atragantaron a Collboni durante su primer año al frente de la alcaldía. El año pasado, el pleno rechazó de forma frontal sus ordenanzas y le fue imposible negociar unas que contaran con el apoyo de suficientes concejales. A consecuencia de eso, Barcelona actualmente trabaja con las ordenanzas de 2023 prorrogadas.

Por otro lado, los presupuestos también fueron un viacrucis. Tras largas negociaciones y cambios de última hora, Collboni sólo contó con los votos de ERC, que eran insuficientes para sacar las cuentas adelante. Por ello, tuvo que echar mano de la moción de confianza, una carta que tienen los alcaldes para desencallar negociaciones vitales y difíciles.

El alcalde la superó al no haberse propuesto ningún candidato alternativo. De esta manera, revalidó su mandato y, con ello, aprobó sus cuentas. A pesar de ser una alternativa que ya usaron otros antes como Colau o Trias, Collboni fue el primero en usarla durante su primer año.

Así, al ser una carta que sólo puede sacarse dos veces por cada legisltaura, Collboni intentará atar los votos de los Comuns para las conversaciones de este otoño. La votación sobre las ordenanzas fiscales serán una primera toma de contacto antes de la negociación de los presupuestos.

Pero todavía hay tiempo. Las cuentas no empezarán a discutirse hasta que hayan pasado los congresos que tienen la mayoría de partidos en el Ayuntamiento (Junts en octubre y Comuns y ERC en noviembre). Esos congresos también son importantes porque una vez pasados, ERC previsiblemente celebrará la consulta a su militancia para refrendar el pacto de gobierno para entrar en el Ayuntamiento de Collboni. Una consulta que ya se celebró el pasado junio y que se debió suspender por exceso de aforo y que todavía no se ha vuelto a convocar.

Con todo, no se espera que Barcelona pueda tener presupuestos hasta antes del primer trimestre de 2025.

Barcelona en Comú facilitará el primer trámite del presupuesto municipal, pero ha dado la “última oportunidad” a Jaume Collboni para que les haga entrar en el gobierno de la capital catalana. Así lo ha anunciado la portavoz de los comuns en el consistorio, Janet Sanz, en una rueda de prensa este lunes.

El gobierno municipal del PSC en solitario llevará este martes a una comisión extraordinaria de Economía los presupuestos municipales. Es el primer trámite de las cuentas, que después todavía tendrán que pasar por el pleno. Los comuns han anunciado su intención de facilitar la primera votación, pero han advertido de que tumbarán la segunda si entre ambas no entran en el gobierno municipal.

Según ha expresado Sanz, Collboni tiene 30 días para incorporar a los comuns al gobierno municipal, o de lo contrario su grupo votará que 'no' a los presupuestos en el pleno. “Es la última oportunidad para que Collboni saque adelante un gobierno de izquierdas”, ha zanjado Sanz.

Desde que Jaume Collboni se convirtiera en alcalde de Barcelona gracias a los votos de los comuns y el PP, su gobierno ha estado en minoría, con solo 10 concejales de 41. La reversión en los primeros meses de mandato de diversas medidas icónicas del gobierno de Colau no ha hecho cesar el empeño de los comuns para volver al gobierno municipal.

Los de Colau siempre han apostado por la suma de socialistas, comuns y ERC, que alcanza la mayoría del pleno –no así la unión de Collboni y Colau, que asciende a 19 concejales, dos por debajo de la mayoría absoluta– y han reclamado al alcalde socialista que no pacte con Junts. Collboni, por su lado, viene insistiendo en reclamar “responsabilidad” a todos los grupos para que den luz verde a las cuentas.

Para que el proyecto de presupuestos se puede tramitar, es necesaria su aprobación en la comisión de Economía de este martes por mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra. Su ratificación definitiva no llegará hasta el pleno de marzo.

Los frentes judiciales de Ada Colau se siguen cerrando. La Audiencia de Barcelona ha archivado la denuncia del exarquitecto jefe de Barcelona durante los mandatos del PSC, Josep Antoni Acebillo, contra la exalcaldesa y la exteniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz por las peatonalizaciones impulsadas por los comuns.

El auto de la Audiencia de Barcelona, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone un nuevo posicionamiento de los tribunales en contra de usar la vía penal para dirimir conflictos políticos. Los jueces recuerdan que las peatonalizaciones ya fueron analizadas y anuladas por un juzgado de lo contencioso administrativo por defectos formales en su tramitación, por lo que no cabe ahora añadir la vía penal contra Colau y Sanz.

“Difícilmente puede justificarse la continuación de la persecución penal cuando la sentencia del juzgado contencioso dice que las infracciones urbanísticas no tienen la intensidad requerida”, remarca el auto, del que ha sido ponente el magistrado y presidente de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona, José Manuel del Amo.

Según los jueces, ni el delito de fraude en subvenciones ni la malversación que denunciaba Acebillo “pueden afirmarse simplemente a partir de conculcación de normas urbanísticas” en las obras de las denominadas 'superilles'. En suma, los jueces distinguen entre gastar mal el dinero público y la malversación, que descartan.

Solo las infracciones urbanísticas más graves, recuerdan los jueces, “justifican la respuesta penal”, algo que no se da en el caso de las peatonalizaciones ya que la jueza de lo contencioso que las tumbó descartó que los errores formales (como omitir algunos trámites urbanísticos) del Ayuntamiento fueran graves.

Recuerdan además los magistrados que el principio que debe regir la vía penal es el de intervención mínima, es decir, que no todo lo ilegal es delictivo, como ocurre con el caso de las 'superilles': los intereses de los contrarios al proyecto ya quedaron “amparados” en la jurisdicción contenciosa, por lo que no es necesario añadir la vía penal.

El cierre de la causa de les 'superilles' se suma al archivo la semana pasada de otra causa en la que estaba imputada Colau por la denuncia del fondo Vauras por un conflicto inmobiliario durante el mandato de los comuns al frente del consistorio. La jueza consideró que esta denuncia solo buscaba el “efecto mediático” de hacer declarar a Colau en los tribunales.

A la exalcaldesa le quedan dos causas abiertas que, según fuentes jurídicas, tienen visos de archivarse en los próximos meses: la relativa a las subvenciones que el consistorio dio a entidades sociales y una denuncia calcada a la de Vauras pero de otra empresa por otro conflicto inmobiliario. De la quincena de querellas contra el equipo de gobierno de los comuns, ninguna ha llegado a juicio.

La teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha vuelto a declarar este lunes como imputada ante un juez. Pero no por ningún caso de corrupción, sino por una nueva querella de un fondo buitre, a la que en esta ocasión se ha sumado la Congregación de los Padres Paúles. El pleito versa sobre la casa modernista Buenos Aires, que el consistorio protegió y destinó a equipamientos sociales frustrando así su derribo para construir un hotel de lujo como pretendía el fondo London Private Company. Fuentes judiciales han informado que en su declaración ante el juez Sanz ha defendido el interés público de la actuación municipal.

El fondo buitre y la congregación religiosa atribuyen a Sanz varios delitos, como la prevaricación, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos, en concreto la okupación de La Buenos Aires en marzo de 2019 por parte de jóvenes del barrio de Vallvidrera cuando trascendieron las intenciones hoteleras de London Private, que por aquellas fechas negociaba una opción de compra de la casa con los Padres Paúles. Según los querellantes, el Ayuntamiento permitió la okupación para frustrar el derribo de la finca, algo que niegan Sanz y el consistorio.

Tras un año de conversaciones entre el fondo, los Paúles y el consistorio, no se llegó a un acuerdo debido al precio desorbitado que pedían los primeros al Ayuntamiento para no derribar la casa modernista y construir el hotel. Según fuentes conocedoras de la operación, religiosos y el fondo reclamaron al consistorio alrededor de 12 millones de euros, casi cuatro veces más que la valoración municipal del edificio.

Finalmente el consistorio aprobó la modificación del plan urbanístico en julio de 2020 para proteger la Buenos Aires y salvarla del derribo solicitado un año antes por London Private (fondo comandado por un exalumno de los Paúles). Tanto el pleno municipal como la comisión de Urbanismo de la Generalitat han dado el visto bueno a la modificación del plan para destinar la Buenos Aires a viviendas para la tercera edad y equipamientos para el barrio.

“Hemos explicado con normalidad todo el procedimiento para proteger y catalogar la finca Buenos Aires, que estuvo guiado por el interés público”, ha explicado Sanz, defendida por los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, a la salida del juzgado. La teniente de alcaldía ha estado arropada por los concejales Albert Batlle, Jordi Martí y Marc Serra así como por la cúpula de los servicios jurídicos municipales

No es la primera vez que Sanz, como máxima responsable de Urbanismo de Barcelona, tiene que enfrentarse a una querella de unos promotores hoteleros. La cadena Praktic se querelló contra Sanz por denegar la licencia para un hotel de lujo en el Raval, pero terminó desistiendo de la acusación penal y el caso terminó archivado. A la causa de la Buenos Aires todavía le quedan varias declaraciones que celebrar en los próximos días, entre ellas las de los representantes del fondo, los Padres Paúles y los responsables de Urbanismo municipales.

El Ayuntamiento de Barcelona quiere prohibir el alquiler de habitaciones turísticas en todos los barrios de la ciudad, según ha explicado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz. Esta es una de las principales novedades de la actualización del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), aprobado inicialmente este viernes. La prohibición entraría en vigor en agosto, cuando está previsto que lo haga la normativa de la Generalitat para regular este tipo de alquiler de menos de 31 días.

Sanz ha defendido que la oferta turística en la ciudad es “más que suficiente” y que esta tipología podría llevar a una saturación y a prácticas “irregulares”. Por otra parte, se ha decidido que no se podrá incrementar la oferta turística en el sector norte del distrito 22@.

La Generalitat ha cedido al Ayuntamiento de Barcelona las competencias para regular el alquiler de habitaciones de uso turístico, una vez su regulación entre en vigor en agosto y se permita esta actividad. Sanz ha señalado que tras analizar la situación, la decisión es directamente no permitirlo en la capital catalana porque supondría un “aumento desorbitado” de la oferta.

El consistorio tiene detectados actualmente 7.600 anuncios de habitaciones en alquiler turístico de forma “alegal”, que se traducen en 14.000 plazas, y ha añadido que con el decreto de la Generalitat podría haber hasta 670.000 plazas susceptibles de ser alquiladas, que se añadirían a las 154.000 plazas turísticas que tiene a día de hoy la ciudad. Además, ha apuntado que la mayoría de anuncios se concentran en el centro de Barcelona. Con todo, Sanz ha precisado que la regulación no afectará al alquiler de habitaciones por períodos de más de 31 días, que ya se puede hacer y que tiene su propia regulación.

Más allá del incremento de plazas, la teniente de alcalde ha explicado que de esta manera se quiere evitar también la actuación de grupos y bandas con prácticas irregulares y “mafiosas”, como las que actúan con los pisos turísticos. Sanz ha asegurado que han detectado que muchas de las viviendas de uso turístico ilegal cuyos anuncios se retiran en las plataformas se convierten después en anuncios de habitaciones.

Sin más plazas en el 22@

Sanz también ha explicado que la actualización del PEUAT adecua el plan de 2017 en base a sentencias en esta materia e introduce novedades. Desde la puesta en marcha del mismo, la oferta turística ha crecido en 1.460 plazas al pasar de 152.801 en enero de 2017 a 154.261 en agosto de 2020. Esto equivale a un crecimiento “sostenido” del 1% y que la teniente ha contrapuesto con el 20% del año en que llegaron al gobierno municipal. En las zonas más céntricas se han reducido la oferta en 940 las plazas, mientras que en el 22@ norte, Nou Barris, Sant Andreu y Sants se han abierto 2.400 nuevas. “Hemos puesto orden y queremos continuar poniendo orden”, ha afirmado.

Sanz ha apuntado que se ha observado un crecimiento de plazas muy destacado en el norte del 22@ -800 nuevas plazas desde el 2017- y por ello esta zona pasa a considerarse de mantenimiento. Esto significa que no podrá tener más plazas turísticas de las que ya hay y si se implanta un nuevo alojamiento, porque hay una baja previa, deberá adecuarse a las condiciones de densidad. Tampoco podrán ampliar las plazas los establecimientos ya existentes y no se aceptarán viviendas de uso turístico ni hogares compartidos.

Por otra parte, se introduce una nueva regulación para las residencias de estudiantes que se ubiquen en solares que no estén calificados de equipamiento. En concreto, no se permite la apertura de nuevas residencias en las zonas de decrecimiento y de mantenimiento, excepto si se reconvierte un alojamiento turístico o albergue de juventud. En el resto de zonas sí estará permitido pero con una limitación de densidad por distancia radial entre residencias.

Otros cambios que introduce la actualización son la eliminación de la posibilidad de implantar nuevos alojamientos en calles de entre seis y ocho metros de ancho. También se elimina la obligatoriedad de eliminar el 20% de las plazas existentes de la zona de decrecimiento cuando se realicen rehabilitaciones globales. Por otra parte, la regulación de viviendas de uso turístico de Ciutat Vella se asimila a la de toda la ciudad y no se deberán agrupar los pisos turísticos en un mismo edificio. Además, se ha incorporado un estudio económico y financiero al plan que, según Sanz, demuestra que eliminar el uso hotelero en la implantación de actividad en algunas zonas no tiene una relevancia importante desde el punto de vista económico.

El documento entra ahora en un período de exposición pública de tres meses durante el cual se debatirá con los grupos políticos y los agentes vecinales, económicos y sociales mediante un proceso de participación. La aprobación definitiva se hará en el pleno pero Sanz ha apuntado que las medidas, a excepción de la de los alquileres de habitaciones turísticas que está vinculada a la normativa de la Generalitat, ya están vigentes desde esta aprobación inicial.

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado 600 licencias de pisos turísticos de la ciudad porque sus propietarios engañaron al consistorio al solicitarlas. La mitad de las licencias retiradas se otorgaron en las 72 horas previas a la entrada en vigor de la suspensión de estos permisos en mayo de 2014 y corresponden a pisos que aseguraban tener cédula de habitabilidad cuando en realidad no disponían de la misma.

La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha explicado que la retirada se debe a que los solicitantes engañaron al consistorio para poder obtener esas licencias, asegurando que los pisos tenían la necesaria célula de habitabilidad y, en algún caso, incluso que las viviendas estaban construidas, cuando no era así.

El consistorio hará llegar estos casos a la Fiscalía, ya que considera que los propietarios incurrieron en falsedad documental para lograr las licencias. Los otros 300 pisos turísticos dados de baja corresponden a viviendas que incumplían la normativa, bien porque los propietarios dividieron la vivienda de forma ilegal o bien porque su titular no coincidía con el de la actividad.

Sanz ha anunciado también que se harán llegar los casos a Fiscalía porque hubo falsedad documental y además, se sancionará a los solicitantes de 143 de estas licencias, ya que no disponen de célula de habitabilidad. Con estas 300 nuevas retiradas, el consistorio ha dejado sin efecto en los últimos cinco años un total de 597 licencias de viviendas turísticas por anomalías.

“A la ciudad no se la puede engañar, el Ayuntamiento estará siempre vigilante y atento para que no se cometan actividades ilegales”, ha aseverado Sanz, que ha defendido que la medida ayudará a rebajar la subida de los alquileres en la ciudad provocada por la oferta turística.

Los promotores del hotel de lujo que se debía levantar en las Drassanes de Barcelona, en el Raval sur, han tirado la toalla en su particular batalla penal contra la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, que les denegó la licencia hace dos años. La empresa Inversiones Hoteleras Atir, propietaria del solar, recurrió ante la Audiencia Provincial el archivo de la querella por prevaricación que acordó la jueza de instrucción, pero al final ha desistido de ello.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es., los magistrados de la Audiencia de Barcelona declaran desierto el recurso, y devuelven el caso a la jueza. El caso llegará así a su fin, ya que los promotores eran los únicos que querían continuar con la acusación –el fiscal, al igual que Sanz, apoyó el archivo de la causa.

El carpetazo definitivo a la querella, que mantuvo imputada a Sanz durante meses, supone una nueva derrota para la empresa, cuya intención era construir un hotel de cinco estrellas de la cadena Praktik con unas 200 camas repartidas en dos edificios. Con esta idea adquirieron el solar por 22 millones de euros, pero se encontraron en 2015 con el rechazo frontal de los vecinos y de un gobierno municipal de los 'comuns' que consideró que el Raval ya sufría demasiada presión turística.

Más allá del proceso penal fallido contra la concejala, el principal revés que sufrió la cadena de hoteles fue que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó el Plan de Usos del distrito de Ciutat Vella aprobado por Xavier Trias, el argumento que adujo Sanz para denegar la licencia. Aquella normativa permitía incrementar las plazas hoteleras en un 345%, pero su anulación dejó vigente el plan de 2010, que impedía el crecimiento de alojamientos. El Supremo confirmó hace unos meses la sentencia del TSJC, desestimando el recurso de la empresa.

Con todo, el serial del Hotel Praktik no ha llegado a su fin, puesto que la empresa mantiene abierto un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y pide una indemnización de 78 millones por la denegación de la licencia. En la actualidad, el solar permanece vacío, salvo cuatro mesas de tenis de mesa.

Sanz se ha mostrado satisfecha con que la causa contra ella por prevaricación haya quedado finalmente en nada. La teniente de alcaldía de Ecología, Movilidad y Urbanismo ha enmarcado la querella interpuesta por la empresa como una “querella catalana”, concepto que describe la actuación de grupos empresariales que recurren a querellas sin fundamento como medida de presión para cobrar de parte de sus deudores o de la administración.

“El Ayuntamiento se ha mantenido firme frente a un proyecto que era contrario al bien común”, ha insistido la concejala en declaraciones a eldiario.es. Los promotores de Praktik fueron algunos de los empresarios que esquivaron la moratoria hotelera implantada por Colau nada más acceder al poder en 2015, pero chocaron a la vez con un consistorio que trató primero de impedir la tramitación de la licencia declarando la Muralla de Drassanes como Bien de Interés Cultural, y que luego lo consiguió gracias a la sentencia que anulaba el plan de usos de Xavier Trias.

Desde Inversiones Hoteleras Atir aseguran que el desistimiento de la querella no significa que acaten un comportamiento municipal que siguen considerando “arbitrario e ilegítimo”. Fuentes de la firma confían en que el contencioso les de la razón y obligue al consistorio a concederles las licencias.

La intención del consistorio siempre ha sido que el solar se destine a su uso inicial para viviendas. El sindicato UGT adquirió el terreno en 1986 para hacer vivienda social por medio millón de euros, pero lo vendió en 2003 sin haber hecho nada y con un beneficio de 1,4 millones. En los años sucesivos, el solar paso por varias manos hasta que lo compraron los promotores de Praktik por 22 millones de euros, en un proceso que los vecinos no dudan de poner como ejemplo de especulación.

Janet Sanz no cometió un delito de prevaricación administrativa cuando suspendió la licencia para construir un hotel de lujo que la cadena Praktik proyectó en Les Drassanes. Así lo ha decretado la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, que exculpa a la concejal de Urbanismo de BComú y archiva la causa iniciada a raíz de una querella de los promotores hoteleros.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza considera que la actuación de Sanz al no otorgar las licencias “tiene un fundamento jurídico técnico aceptable”. En consecuencia, insta a los promotores a acudir a la vía contencioso administrativa en vez de la penal para solucionar su discrepancia con el consistorio. De hecho, la cadena esta pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contencioso contra la denegación de la licencia. La decisión de la jueza es recurrible.

La jueza avala así la actuación municipal sobre uno de los proyectos hoteleros a los que el consistorio de Ada Colau y los vecinos de Ciutat Vella se oponían con más firmeza. Sanz encontró una vía para frenar el proyecto hotelero fruto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó el plan de usos de Ciutat Vella aprobado por el anterior gobierno de CiU.

Informes jurídicos y técnicos municipales respaldaron la paralización del proyecto hotelero tras la sentencia del TSJC. Sanz los alegó durante su comparecencia como imputada –investigada, según la nueva denominación– el pasado mes de enero.

La sentencia del TSJC dejó la modificación del plan de usos de Ciutat Vella del convergente Xavier Trias a la altura de una chapuza administrativa pensada en exclusiva para fomentar nuevos hoteles en el barrio. El alto tribunal catalán anuló el plan de Trias por ser arbitrario e ir en contra de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en la actuación de la administración.

Al anularse el plan de 2013, el consistorio consideró que la norma a tener en cuenta para atorgar o no la licencia del hotel de Drassanes era el plan de usos de Ciutat Vella de 2010. Esta normativa, más restrictiva que la de Trias, especifica que no se podrán autorizar nuevas plazas hoteleras si antes no disminuyen. Esto implica mantener el número de camas de hotel en el barrio y supone un frenazo al proyecto de Praktik, que sumaría 200 camas a uno de los barrios que más sufre la saturación turística de la ciudad.

La del hotel de Drassanes es una historia de pelotazos. El sindicato UGT compró en 1986, uno de los dos solares, donde proyectó pisos sociales que finalmente nunca construyó. El sindicato vendió el terreno en 2003 con un beneficio de 1,4 millones de euros tras un cambio de planeamiento urbanístico. A la venta de los terrenos por parte de UGT le sucedieron otras tres operaciones hasta la última, a principios de 2015, por la que una filial de Praktik compró los terrenos por 22 millones de euros para construir sus dos hoteles de cinco estrellas.

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han contestado este miércoles a la ministra de Medio Ambiente, Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, que culpó a estas ciudades de ser las únicas responsables de incumplir con Bruselas en materia medioambiental. Las responsables de Medio ambiente de ambas ciudades, Inés Sabanés y Janet Sanz, han exigido que el Gobierno de Mariano Rajoy comience a implementar medidas atendiendo a sus competencias para luchar contra la contaminación que causa en España 24.000 muertes prematuras al año.

“Le cuesta pactar y enfrentarse a la industria automovilística”, ha espetado Sabanés contra la ministra Tejerina. Además, la edil ha recortado que “hay cuestiones que las ciudades no podemos resolver” y ha reclamado junto con su homóloga de Barcelona medidas concretas a favor de los coches menos contaminantes o más inversión al transporte público e infraestructuras en este sentido. Este mismo miércoles en la sesión de Control del Congreso de los Diputados la ministra ha cargado contra las alcaldías de Manuela Carmena y Ada Colau y les ha culpado de la mala calidad del aire de las ciudades.

“El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables”, ha declarado Tejerina en la sesión de control. “Duelen las declaraciones altisonantes en estos momentos donde nos jugamos los compromisos con Europa”, ha lamentado la edil de Ahora Madrid.

Las concejalas han exigido “lealtad” al Estado frente a la “oposición” que está haciendo en materia medioambiental. Como han explicado tanto Sabanés como Sanz, el Gobierno de Rajoy tiene competencias para “unirse en la lucha contra la contaminación”. Entre ellas, la revisión del impuesto especial sobre carburantes eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad “alcanzando como mínimo los niveles de 2010”.

“La contaminación es una cuestión de Estado”, ha asegurado la delegada de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona que se ha mostrado sorprendida de no estar invitada a la reunión que el Ministerio de Tejerina ha convocado para el próximo 22 de febrero y a la que sí acudirá Inés Sabanés por el Ayuntamiento de Madrid y a la que también está invitada la Generalitat de Catalunya.

Las ediles han tildado a la ministra Tejerina de “incompetente” por haber culpado a las ciudades de ser las responsables de la contaminación. “Primero rigor y luego prudencia, la que no se ha enterado de sus propias competencias es la ministra”, ha espetado Sabanés. La edil de Barcelona, además, la ha acusado de no querer “sumar” y le ha emplazado a entregarle “todas las competencias” en materia medioambiental “si no quiere enfrentarse a ciertos lobbys”.

Inés Sabanés ha recordado que los expedientes sancionadores de Bruselas contra España por incumplir las medias ambientales se abrieron durante el periodo de 2010-2015 y entonces en la capital gobernaba el PP. La media de todas las estaciones medidoras de España no llega al umbral máximo general de 40 microgramos de NO anuales, pero las de Madrid y dos de Barcelona, sí. Y empezaron a rebasar el límite nada más entrar en vigor la obligación, en 2010, con, por ejemplo, Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Botella solicitó una prórroga y remitió un plan de choque considerado inválido por la Comisión Europea.

El conflicto entre la cadena hotelera Praktik y el Ayuntamiento de Barcelona a raíz del hotel de lujo de Les Drassanes ha vivido este martes un nuevo capítulo. La concejala de Urbanismo, Janet Sanz (BComú), ha declarado como imputada (investigada, según la nueva denominación) por prevaricación ante la titular del juzgado de instrucción 10 tras una querella de los promotores hoteleros. El motivo, la licencia que el consistorio no otorgó para construir un hotel que mantiene con las espadas en alto a los vecinos del barrio.

Fuentes judiciales han informado que Sanz ha defendido ante la jueza la legalidad de no otorgar la licencia hotelera a Praktik el pasado mes de julio. Lo hizo a partir de los informes jurídicos y técnicos municipales que defendían la paralización del proyecto hotelero fruto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó el plan de usos de Ciutat Vella aprobado por el anterior gobierno de CiU.

“Estamos satisfechos por haber contestado a las preguntas de todas las partes y por haber trasladado a la jueza la confianza y la tranquilidad por el trabajo hecho por los técnicos. Todo se ha hecho correctamente”, ha aseverado Sanz a la salida de los juzgados. La defensa pedirá ahora el archivo de la causa porque, a su juicio, la concejala no ha cometido ningún delito.

Además de la vía penal contra Sanz, Praktik también ha emprendido la vía administrativa para construir el hotel con un contencioso en contra de la decisión municipal de no otorgar la licencia y una reclamación patrimonial al consistorio (que todavía no han concretado en una cifra), a día de hoy pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo, han informado las mismas fuentes.

La sentencia del TSJC dejó la modificación del plan de usos de Ciutat Vella del convergente Xavier Trias a la altura de una chapuza administrativa pensada en exclusiva para fomentar nuevos hoteles en el barrio. El alto tribunal catalán anuló el plan de Trias por ser arbitrario e ir en contra de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en la actuación de la administración.

Al anularse el plan de 2013, el consistorio consideró que la norma a tener en cuenta para atorgar o no la licencia del hotel de Drassanes era el plan de usos de Ciutat Vella de 2010. Esta normativa, más restrictiva que la de Trias, especifica que no se podrán autorizar nuevas plazas hoteleras si antes no disminuyen. Esto implica mantener el número de camas de hotel en el barrio y supone un frenazo al proyecto de Praktik, que sumaría 200 camas a uno de los barrios que más sufre la saturación turística de la ciudad.

La del hotel de Drassanes es una historia de pelotazos. El sindicato UGT compró en 1986, uno de los dos solares, donde proyectó pisos sociales que finalmente nunca construyó. El sindicato vendió el terreno en 2003 con un beneficio de 1,4 millones de euros tras un cambio de planeamiento urbanístico. A la venta de los terrenos por parte de UGT le sucedieron otras tres operaciones hasta la última, a principios de 2015, por la que una filial de Praktik compró los terrenos por 22 millones de euros para construir sus dos hoteles de cinco estrellas.

El 'día de partido' para unos es 'día de pesadilla' para otros. Los vecinos que viven en el barrio de Les Corts de Barcelona, donde se sitúa el Camp Nou, hace años que denuncian sentirse parte del segundo grupo, por los problemas acústicos y de tráfico que supone un encuentro cualquiera del FC Barcelona.

Con el objetivo de hacer la zona más habitable, el Ayuntamiento de Barcelona ha trabajado los últimos meses con el club azulgrana un proyecto de remodelación por nombre 'Espai Barça' que debería enjuagar parte de esos problemas. Pero lejos de alegrar al vecindario, la propuesta les ha enfurecido. Los vecinos de Les Corts están en pie de guerra contra el proyecto, pues alegan que éste “no demuestra el interés público por encima del privado” e incluso podría incurrir en la ilegalidad.

Así lo han denunciado dichos vecinos, además de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), destacando este miércoles que el proyecto “no cumple la legalidad urbanística” y presentando una batería de alegaciones a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que requiere la operación. “Una enmienda a la totalidad”, han tildado los vecinos y la FAVB las alegaciones al proyecto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona –en palabras de la teniente de alcaldía de urbanismo, Janet Sanz– ha defendido, minutos después de las críticas vecinales, la legalidad del 'Espai Barça'. La responsable de BComú se ha mostrado además contrariada ante los ataques y ha explicado que los vecinos han participado estos meses en “múltiples reuniones” para la elaboración de la propuesta. “Este es un proyecto en el que llevamos meses trabajando y desde el principio hemos ofrecido toda la información”, ha dicho Sanz.

La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, ha negado que la propuesta actual beneficie a la zona. “El proyecto aprovecha para colocar 30.000 m² nuevos para oficinas y un hotel bajo el pretexto de la ampliación del equipamiento deportivo”, ha destacado Menéndez. Las asociaciones de vecinos han recalcado que la iniciativa del Barça avalada por el consistorio “no es beneficiosa para la ciudad”, ni tiene compensación, ya que parte de la zona verde que se propone ya es pública.

El proyecto prevé la construcción de un hotel de 150 plazas, dos edificios de oficinas, locales de restauración, un aparcamiento subterráneo con capacidad para autocares y otro al aire libre para autocares en días de partido. La modificación del Plan Metropolitano también propone cambiar la ordenación de todo el sistema viario, reordenar el acceso rodado y peatonal en todo el ámbito. “Había una cosa en la que estábamos todos de acuerdo, que el Barça se quede en Barcelona y que dignifique esa zona: estamos hablando de un gran parque que nos conecte”, ha defendido Sanz.

Una modificación “insultante”

La FAVB cree que “en absoluto” es necesaria la modificación del Plan General y que si se hace es, simplemente, para facilitar la creación de los 30.000 m² que desea el Barça. Según el asesor urbanístico de la asociación, Ferran Navarro, el proyecto “no cumple la legalidad urbanística” porque “cualquier modificación del Plan General tiene que justificar que da respuesta a los intereses públicos”.

Según Navarro, la compensación, en este caso no es tal porque “no se hace con los terrenos del mismo promotor, sino con terrenos públicos”. “Es un engaño urbanístico calificar como zonas verdes unas áreas que no lo son”, ha criticado Navarro, que cree que la modificación es “insultante para el ciudadano”.

El proyecto tendrá que afrontar la aprobación provisional en los plenos municipales de este otoño y, si la supera, se procederá a la ratificación de éste en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, órgano dependiente de la Generalitat de Catalunya. Pese a las alegaciones de los vecinos, el consistorio no está obligado ni a responder ni a incluir las reclamaciones de éstos en el proyecto.

Sabíem que no seria fàcil. Sabíem que no seria immediat. Però sabíem que si es volia, es podia fer més i es podia fer diferent.

Fa dos anys, commoguts per haver fet possible l'impossible, ens preparàvem per agafar les regnes de la ciutat de Barcelona des d'una candidatura formada per persones diferents, amb experiències diferents, amb trajectòries diferents, però amb un objectiu comú: construir una ciutat, la nostra Barcelona, per la seva gent.

Veníem d'una situació de descontrol. Barcelona estava en venda al millor postor i el principal promotor era el govern de la ciutat. Turisme sense límits; en 5 anys les llicències d'allotjaments turístics van créixer un 20% i els pisos turístics il·legals s'estenien per la ciutat sense cap tipus de resposta municipal. No hi havia cap política d’habitatge, més enllà de la permissivitat per als grans promotors. La gent era expulsada de casa seva davant de la passivitat del govern. S'aprovaven ampliacions de centres comercials per la porta de darrere, sense debat ni control públic. Això sí, hi va haver algunes grans inversions centrades en la Barcelona d'aparador com la reforma de l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia.

Mentrestant, la desigualtat s'estenia i s'accentuava en aquells barris que pitjor ho estaven passant, producte d'una crisi injusta. La ciutadania exigia un govern disposat a lluitar per acabar amb situacions de dolor insuportables, com els centenars de desnonaments que succeïen.

Ho vam tenir clar des del primer moment. Barcelona necessitava un viratge en la seva agenda: la lluita contra la desigualtat havia de ser la prioritat. Hem multiplicat les ajudes i generat nous projectes per reduir aquesta desigualtat i garantir els drets bàsics. Hem recuperat les polítiques actives d'ocupació i estem impulsant un nou model productiu. També hem posat la inversió al servei de la gent i hem creat nous equipaments de barri per fer efectius aquests drets bàsics. A més, estem construint habitatge públic per a lloguer com mai s'ha fet, invertint en la rehabilitació de les nostres cases i lluitant contra la pobresa energètica, i hem creat una unitat específica per acompanyar i assessorar famílies amenaçades pels desnonaments.

La recuperació dels barris per a la seva gent ha estat una prioritat per a l'àrea municipal d'Ecologia Urbana. El primer objectiu ha estat evitar l'expulsió de veïns i veïnes a causa de la massificació turística. Per això, hem impulsat una regulació (el PEUAT) que evita que l'habitatge sigui substituït per allotjaments turístics i estem lluitant contra els pisos turístics il·legals, tancant-los i multant les plataformes que els donen publicitat.

No obstant això, som molt conscients que seguim tenint un problema amb l'habitatge. Els fons d'inversió estan comprant edificis com a valor refugi. Els preus del lloguer pugen acceleradament. Els instruments amb què comptem són insuficients i el repte, majúscul. Necessitem que totes les administracions unim esforços davant aquest important objectiu, augmentant la capacitat de regulació i d'intervenció dels municipis, allargant els contractes de lloguer i fixant uns preus de referència.

Però si hi ha una forma de sintetitzar el model de ciutat per al qual treballem i que estem impulsant és la idea de la ciutat per viure-hi. Volem que la gent visqui a la ciutat, que no se senti expulsada i que ho faci amb qualitat i sense les desigualtats existents entre els barris. Per aconseguir-ho estem repensant la ciutat, regenerant i rehabilitant habitatges, edificis, carrers i places a un ritme com mai, focalitzant en les famílies, els barris i els entorns urbans oblidats per governs anteriors.

La ciutat per viure-hi també és la que té cura de la seva gent. És la ciutat en la qual es respira aire net. És la ciutat que passa del gris al verd. Barcelona té un repte importantíssim en relació a la contaminació. Patim unes 660 morts prematures anuals per aquesta causa. Necessitem espai públic per a la gent, guanyar espai al cotxe, guanyar qualitat de vida. Per això estem accelerant la transformació urbana necessària, impulsant l'espai verd, apostant per un nou model de mobilitat que reforci el transport públic i doni pas a una ciutat passejable i ciclable.

En dos anys, el canvi de model de ciutat es pot veure en molts exemples, però sobretot ens hem preparat per a un canvi més profund que es veurà en els anys que venen. Ara la ciutat es pensa diferent, es pensa saludable, verd, quotidiana, participativa i comunitària. Barcelona està canviant per a la seva gent. Segueixen havent-hi molts reptes, però el canvi no ha fet més que començar.

Sabíamos que no sería fácil. Sabíamos que no sería inmediato. Pero sabíamos que si se quería, se podía hacer más y se podía hacer diferente.

Hace dos años, conmovidos por haber hecho posible lo imposible, nos preparábamos para coger las riendas de la ciudad de Barcelona desde una candidatura formada por personas diferentes, con experiencias diferentes, con trayectorias diferentes, pero con un objetivo común: construir una ciudad, nuestra Barcelona, para su gente.

Veníamos de una situación de descontrol. Barcelona estaba en venta al mejor postor y el principal promotor era el gobierno de la ciudad. Turismo sin límites; en 5 años las licencias de alojamientos turísticos crecieron un 20% y los pisos turísticos ilegales se extendían por la ciudad sin ningún tipo de respuesta municipal. No había política de vivienda alguna, más allá de la permisividad para los grandes promotores. La gente era expulsada de sus casas frente a la pasividad del gobierno. Se aprobaban ampliaciones de centros comerciales por la puerta de atrás, sin debate ni control público. Eso sí, hubo algunas grandes inversiones centradas en la Barcelona de escaparate como la reforma de la avenida Diagonal y del paseo de Gràcia.

Mientras, la desigualdad se extendía y se acentuaba en aquellos barrios que peor lo estaban pasando producto de una crisis injusta. La ciudadanía exigía un gobierno dispuesto a pelear para acabar con situaciones de dolor insoportables, como los centenares de desahucios que sucedían.

Lo tuvimos claro desde el primer momento. Barcelona necesitaba un viraje en su agenda: la lucha contra la desigualdad debía ser la prioridad. Hemos multiplicado las ayudas y generado nuevos proyectos para reducir esta desigualdad y garantizar los derechos básicos. Hemos recuperado las políticas activas de ocupación y estamos impulsando un nuevo modelo productivo. También hemos puesto la inversión al servicio de la gente y hemos creado nuevos equipamientos de barrio para hacer efectivos estos derechos básicos. Además, estamos construyendo vivienda pública para alquiler como nunca se ha hecho, invirtiendo en la rehabilitación de nuestras casas, luchando contra la pobreza energética, y hemos creado una unidad específica para acompañar y asesorar familias amenazadas por los desahucios.

La recuperación de los barrios para su gente ha sido una prioridad para el área municipal de Ecología Urbana. El primer objetivo ha sido evitar la expulsión de vecinos y vecinas por causa de la masificación turística. Para ello, hemos impulsado una regulación (el PEUAT) que evita que la vivienda sea sustituida por alojamientos turísticos y estamos luchando contra los pisos turísticos ilegales, cerrándolos y multando a las plataformas que les dan publicidad.

No obstante, somos muy conscientes de que seguimos teniendo un problema con la vivienda. Los fondos de inversión están comprando edificios como valor refugio. Los precios del alquiler suben aceleradamente. Los instrumentos con los que contamos son insuficientes y el reto, mayúsculo. Necesitamos que todas las administraciones aunemos esfuerzos ante este importante objetivo, aumentando la capacidad de regulación y de intervención de los municipios, alargando los contratos de alquiler y fijando unos precios de referencia.

Pero si hay una forma de sintetizar el modelo de ciudad para el que trabajamos y que estamos impulsando es la idea de la ciudad para vivir. Queremos que la gente viva en la ciudad, que no se sienta expulsada y que lo haga con calidad y sin las desigualdades existentes entre los barrios. Para conseguirlo estamos repensando la ciudad, regenerándola y rehabilitando viviendas, edificios, calles y plazas a un ritmo como nunca, focalizando en las familias, los barrios y los entornos urbanos olvidados por gobiernos anteriores.

La ciudad para vivir también es la que cuida de su gente. Es la ciudad en la que se respira aire limpio. Es la ciudad que pasa del gris al verde. Barcelona tiene un reto importantísimo en relación a la contaminación. Sufrimos unas 660 muertes prematuras anuales por esta causa. Necesitamos espacio público para la gente, ganar espacio al coche, ganar calidad de vida. Por eso estamos acelerando la transformación urbana necesaria, impulsando el espacio verde, apostando por un nuevo modelo de movilidad reforzando el transporte público y construyendo una ciudad paseable y ciclable.

En dos años, el cambio de modelo de ciudad se puede ver en muchos ejemplos, pero sobre todo nos hemos preparado para un cambio más profundo que se verá en los años que vienen. Ahora la ciudad se piensa diferente: se piensa saludable, verde, cuotidiana, participativa y comunitaria. Barcelona está cambiando por y para su gente, siguen habiendo muchos retos, pero el cambio no ha hecho más que empezar.

Estamos ante un acuerdo técnico que la mayoría de participantes no ha dudado en considerar como “corto e insuficiente”, en el que ni tan siquiera se han clarificado en todos los casos qué grupos de trabajo deberían afrontar qué temas

El pasado viernes finalizó la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) que se ha llevado a cabo en Marrakech. Era la primera COP tras la firma del acuerdo de París el año 2015, y tras la entrada en vigor del nuevo acuerdo a inicios de este mes.

Los negociadores llegaron con la voluntad, tal como decía el eslogan de la COP, de “convertir en acción los acuerdos de París”, a través del establecimiento de las normas de funcionamiento en algunas herramientas claves en la lucha contra el cambio climático. Estas incluían ámbitos como las medidas de adaptación, la transparencia, la transferencia de tecnología, la atenuación, la creación de capacidades, la toma de decisiones, y las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Destacaba entre ellos la necesidad de dar continuidad al Fondo Verde.

Tras diez días de trabajo los resultados han sido demasiado limitados. Esta COP debía servir para pasar a la acción tras la entrada en vigor del Tratado. La buena noticia es que tras la victoria de Donald Trump en EEUU todos los participantes han reafirmado sus compromisos. Sin embargo, la declaración final política no vinculante de una página no aporta nada nuevo.

Estamos ante un acuerdo técnico que la mayoría de participantes no ha dudado en considerar como “corto e insuficiente”, en el que ni tan siquiera se han clarificado en todos los casos qué grupos de trabajo deberían afrontar qué temas. Las decisiones de peso han sido postergadas hasta el año 2018.

Irrelevancia de España

El encuentro se ha caracterizado por la ausencia de los líderes de los principales emisores de gases contaminantes, entre ellos Barack Obama y Xi Jinping, y la falta de liderazgo de quienes sí asistieron, entre ellos el presidente de España, Mariano Rajoy, quien de manera sorprendente renunció a participar en los discursos protocolarios de la COP. Quizás renunció a participar porque no tuviera nada que ofrecer más allá de una nefasta política energética en los últimos cuatro años, y de una incoherencia total entre los compromisos puestos encima de la mesa en nombre de España y las medidas tomadas y los resultados de reducción conseguidos (un aumento del 3,5% en las emisiones de CO2 en el año 2015 respecto al año anterior según los datos del Ministerio de Medio Ambiente). En cualquier caso hace años que España no tiene ningún tipo de liderazgo en estas reuniones y por lo tanto su posicionamiento es considerablemente irrelevante, y más si le falla la credibilidad. Un elemento que deberá ser sin duda central en la acción de oposición parlamentaria de Unidos Podemos y En Comú Podem.

El último informe del IPCC lo dice claro, los compromisos voluntarios de reducción de emisiones adquiridos en el contexto del nuevo Acuerdo de París son insuficientes para conseguir los objetivos que el mismo acuerdo propone. Y Marrakech nos ha mostrado de nuevo las dificultades para mover la lenta maquinaria de los necesarios acuerdos globales. No hay soluciones mágicas, pero sin duda los Estados están mostrando su incapacidad para actuar suficientemente rápido por sí mismos.

Es más necesario que nunca que hoy Europa salga de su parálisis también en este campo, asumiendo objetivos mucho más ambiciosos para 2020 y 2030. Una ambición que sólo será posible si los municipios y regiones toman el liderazgo y construyen de abajo arriba una acción contra el clima que no puede dilatarse.

Janet Sanz es quinta teniente de alcalde de Barcelona para la ecología, el urbanismo y la movilidad. Ernest Urtasun es eurodiputado y portavoz de ICV.