Suspendido el desalojo de dos edificios del Ayuntamiento de Barcelona tras una protesta vecinal: “Los desahucios matan”

El desalojo de las dos fincas municipales que el Ayuntamiento quiere recuperar en el barrio de Vallcarca de Barcelona ha quedado aplazado. Centenares de personas han acudido a primera hora de la mañana, antes de las 7 horas, frente a la finca situada en la Avinguda Vallcarca 83. Bombos, pistolas de agua y carteles en mano, se han concentrado para frenar la expulsión de 40 personas, 13 de ellas menores de edad.

La jornada ha empezado pronto y amenizada con música en directo, parlamentos y recitales de poesía que han sonado desde los balcones de estos edificios. Todos sienten la sombra de la expulsión desde hace meses y, viendo que la fecha se acercaba, han intentado buscar alguna alternativa. Algunos han conseguido techo con amigos o familiares, otros han ocupado otra vivienda. Pero los hay que no han tenido esta suerte. “No tenemos a dónde ir”, resumen, lacónicos.

El Ayuntamiento inció en marzo la vía administrativa para recuperar los inmuebles, que son de titularidad municipal y que están afectados por una reforma urbanística. El objetivo es derruirlos y substituirlos por lo que será una Rambla Verde.

El consistorio ya calificó las fincas como infravivienda y emitió una orden de desalojo para requerir a los ocupantes que se fueran. En vista de que eso no ha sucedido, la mañana de este miércoles ha enviado una comitiva de la Guàrdia Urbana que, tal como marca el protocolo, debía informar de la situación a los ocupantes y pedirles que desalojaran voluntariamente los inmuebles. Pero hoy tampoco se han ido.

Y, ahora ¿Qué?. “Para llevar a cabo el desalojo forzado el Ayuntamiento deberá pedir una autorización judicial”, explican fuentes del consistorio.

A pesar de que, sobre las 9.15 de la mañana ya ha quedado claro que el Ayuntamiento no iba a hacer más movimientos durante esta jornada, los vecinos han seguido con el programa cultural que tenían planeado. La música, la poesía y los parlamentos han seguido, de la mano de nombres propios que, desde las 7:30 de la mañana han ido subiendo al escenario. Ha habido pequeños conciertos de la Elèctrica Dharma o Rodrigo Laviña y reflexiones con el sociólogo Ivan Miró o la periodista Ana Pacheco. Y hasta una fiesta de la espuma.

Los primeros en tomar el micrófono han sido representantes del colectivo de Docentes 080, un grupo de maestros que luchan contra los desahucios entre el alumnado y que se ha posicionado al lado de los vecinos de Vallcarca, denunciando “las graves consecuencias” que el desalojo podría tener en los 13 niños que hoy podrían perder el techo.

Como guiño a la “esperanza”, también ha hablado Josep, el vecino de la Casa Orsola que evitó el desalojo in extremis gracias a la presión popular, que desde horas antes y amenizados con un programa cultural como el de este miércoles, consiguieron impedir la entrada de la comitiva judicial y presionaron hasta que el consistorio compró la finca.

Esto último no pasará en esta ocasión porque los edificios que se van a desalojar ya son de titularidad municipal. El Ayuntamiento justifica el desalojo porque las fincas están afectadas por el proyecto urbanístico y porque, aseguran, las fincas no son seguras. A mediados de mayo, fueron calificadas como infraviviendas. “Hay un riesgo grave para las personas [que están ocupando] y legalmente las fincas no admiten ningún uso”, sostienen desde el Ayubtamiento.

Las entidades niegan la mayor y aseguran que, si bien el edificio tiene deficiencias, las viviendas, en las que los ocupantes y activistas han realizado obras de mantenimiento, están “en perfecto estado”. “Este desalojo no responde a la seguridad, es una operación que responde a otros intereses”, sostienen desde Som Barri. “Los desahucios matan”, remachan.

Estos edificios, que acogen una decena de viviendas y un centro social ocupado, llevan casi seis añis ocupados y vacíos desde 2015, año en que el Ayuntamiento los expropió con la intención de derruirlos para dejar espacio a la Rambla Verde. El proyecto, aprobado desde 2002, lleva años en el cajón y todavía no ha empezado.

También se proyectan pacificaciones, espacios deportivos al aire libre y una promoción de viviendas, de las cuales 500 serán sociales.

En vista de que los edificios permanecían vacíos, las entidades por el derecho a la vivienda del barrio decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de los que este miércoles serán desalojados venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas.

Una de estas familias es la de Floriana y Mario, que tienen cuatro hijos y que llegaron hace un lustro a esta finca. Les expulsaron de un piso realquilado y nadie les dio una alternativa mejor. “Servicios Sociales sólo nos ofreció techo por un mes ¿Qué íbamos a hacer?”, se excusa este matrimonio.

Llevan años intentando conseguir un alquiler, pero no logran un piso. Tampoco trabajo. “Hago más de 30 llamadas al día, pero como somos rumanos, nadie nos quiere”, se lamenta Mario. Como su familia, la mayoría de personas que viven en estos edificios son de etnia gitana rumana. Igual que lo eran los habitantes de las chabolas que fueron desalojadas a mediados de abril en una operación que dejó sin casa y sin lugar de trabajo a principios de mayo.

Desde el consistorio aseguran que cada caso está siendo estudiado por Servicios Sociales y que ofrecerán a cada unidad familiar “una alternativa en función de sus necesidades”. Pero Floriana y Mario afirman que nadie les ha ofrecido nada. “Como mucho alguna noche en un albergue, pero ¿de qué me sirve eso con cuatro niños?”, apunta.

El plan urbanístico de la discordia

Jaume Collboni ha sido el alcalde que le ha quitado el polvo a la reforma urbanística de Vallcarca y la ha sacado del cajón. Es un movimiento que no ha estado exento de polémicas porque ha generando bastante división en el barrio. Finalmente, Collboni decidió reiniciar los trámites en marzo y lo primero que había que hacer era expropiar las fincas afectadas por la rambla verde; eso incluía el asentamiento de chabolas y los tres edificios que se desalojarán este miércoles.

Para recuperar estos terrenos -que son propiedad del Ayuntamiento y de Núñez y Navarro- el consistorio ha recurrido al procedimiento administrativo. Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento ha seguido su curso habitual y, después de una inspección, han sido calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo han hecho, para evitar problemas. Pero muchos otros se han negado a irse.

Las entidades ven esta reforma urbanística como un “sin sentido”. No critican que el barrio necesite de más espacios verdes ni promociones de vivienda asequible, pero lo que no comparten es que esto se tenga que hacer a costa de dejar a vecinos sin hogar. “Además, siendo que las obras no empezarán hasta dentro de muchos años”, lamentan desde la entidad Som Barri, que recuerdan que todavía hay permisos y contratos que no están siquiera licitados.

Los vecinos han celebrado el aplazamiento del desalojo, pero son conscientes de que, en breve, habrá otta convocatoria. La próxima tendrá presencia de los Mossos, que tendrán la orden de desalojar por la fuerza. Por ello afean al consistorio la “falta de diálogo y de escucha” y sostienen que no ha dado “ninguna alternativa”.