20 años no es nada, decía el tango de Gardel. Antonio Brufau celebra este domingo su vigésimo aniversario como presidente de Repsol en un momento de alta tensión, con la primera petrolera española encabezando la ofensiva del sector para frenar la prórroga al impuesto extraordinario que el Gobierno puso en marcha durante la crisis energética junto con el de la banca y que expira en diciembre.

Tras el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, el Ejecutivo prometió convertir en permanente a partir del año que viene lo que en el sector se denomina “impuestazo”, reformulándolo y eximiendo a las inversiones en tecnologías limpias. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que hasta apenas hace una semana el Ejecutivo tenía negociada toda la reforma fiscal que debe presentar a Bruselas. De hecho, la incluyó en el plan fiscal remitido a la Comisión Europea la semana pasada. Pero esa negociación se ha torcido y el tiempo apremia para el Gobierno.

El Ministerio de Hacienda ha ganado unos días de margen, hasta el 30 de octubre, para negociar con los grupos enmiendas a un proyecto de ley que debe transponer el tipo mínimo global del Impuesto de Sociedades al 15% y que pretende utilizar para convertir en permanentes los impuestos a banca y energéticas. 

El Gobierno enfrenta las fuertes reticencias de dos de sus apoyos parlamentarios clave, el PNV y Junts, fundamentales en sendos territorios muy relevantes para Repsol por su peso industrial allí, Euskadi y Catalunya. En Tarragona, la multinacional tiene pendiente de confirmar una inversión de 1.100 millones de euros un proyecto pionero para convertir residuos urbanos en combustible que ha sugerido que puede acabar llevándose a Portugal. El futuro del tributo, en suma, está en el aire, reconocía el jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y es previsible que, aun en el caso de que continuara en vigor, se quede muy descafeinado. 

Repsol, consciente de que el Gobierno no tiene garantizados esos apoyos en el Congreso, ha redoblado en los últimos días su campaña de presión para tumbar el gravamen. En su concepción actual, ha tenido un coste de cerca de 800 millones para la petrolera: 444 millones en 2023 y 335 millones en 2024. La compañía vio como la explosión de precios del crudo que provocó la invasión rusa de Ucrania convertía a su filial de refino en la empresa con más facturación de España en 2022, por delante de Mercadona. Ha sido la más afectada por esta “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”, que se aplica sobre las ventas (no sobre el beneficio) y que tiene recurrida en la Audiencia Nacional como el resto del sector.

Y ha vuelto a desenterrar la amenaza de deslocalizar inversiones multimilllonarias. En una muy poco habitual tribuna publicada simultáneamente en varios medios, el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, arremetía hace unos días contra la “demagogia fiscal” del Ejecutivo. El viernes, se unía al coro Cepsa. La segunda petrolera en España, controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha paralizado 3.000 millones de inversión en el conocido como valle andaluz del hidrógeno hasta que el Gobierno aclare si va a mantener o no, y cómo, el impuesto. La víspera, la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que representa a todo el sector del refino, ponía en cuestión 16.000 millones de inversiones en España hasta 2030, un esfuerzo que “un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar”.

En esta guerra de mensajes y amenazas la voz cantante la ha llevado Josu Jon Imaz, con Brufau en segundo plano. El de Mollerusa, que en marzo cumplió 76 años, es uno de los ejecutivos más relevantes de la empresa española de los últimos 25 años. Dejó sus responsabilidades ejecutivas en la multinacional en abril de 2015, tras acceder un año antes a separar los cargos del presidente del consejo y el de primer ejecutivo, que quedó en manos del ex líder del PNV. Una maniobra similar la de otros colegas del Ibex como el presidente de Enagás, Antoni Llardén (nombrado en 2004, como Brufau, y que dejó de ser ejecutivo en marzo de 2022) o Josep Oliú (Banco Sabadell), que lo hizo en 2021. 

Brufau llegó a la presidencia de Repsol con 56 años. En aquel momento, España llevaba unos meses gobernada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras el shock del 11-M y las mentiras de José María Aznar sobre los atentados islamistas. El protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático estaba en su fase final de ratificación. Repsol finalizaba los trabajos de extracción del fuel que quedaba en el pecio del Prestige, hundido frente a la costa gallega en noviembre de 2002. Un desastre medioambiental con el que la petrolera no tuvo ninguna relación, y cuya carga contribuyó a sacar “por su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente” y a petición de la Administración española, como recogía su informe anual de aquel año.

Muy diferente

En 2004, Repsol era muy diferente a la actual. Su capitalización en Bolsa era de unos 31.800 millones. Era la energética más valiosa de España y una de las mayores compañías del Ibex. Hoy es la decimocuarta compañía del selectivo. Vale unos 14.000 millones, muy por detrás de Iberdrola (88.000 millones) y por debajo de Naturgy (22.500 millones) o Endesa (unos 20.700 millones).

Entonces la petrolera tenía como accionista de referencia a La Caixa, clave en la designación de Brufau, director general de esa entidad desde 1999 hasta 2004. Le nombró consejero de Repsol en julio de 1996 y le aupó a la presidencia de Gas Natural (actual Naturgy) entre 1997 y 2004. Brufau sustituyó en la gasista (que entonces tenía a Repsol como accionista de referencia) a Pere Duran Farell, el histórico empresario que tuvo la visión de diseñar y emprender el gasoducto entre Argelia y España.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Brufau había aterrizado en La Caixa procedente de la auditora Arthur Andersen, la antigua Deloitte, que se fue a pique con el escándalo de la eléctrica estadounidense Enron en 2002. En esta firma (que auditó las cuentas de Repsol hasta que desapareció) inició su trayectoria profesional y acabó siendo socio director de auditoría. Al ilerdense se le consideró un hombre cercano al Partido Socialista Catalán (PSC) cuando llegó a la presidencia de Repsol para sustituir a Alfonso Cortina, que había sido colocado como primer ejecutivo de la compañía por su amigo Aznar tras la privatización de la compañía.

El de Mollerusa es uno de los jefes del Ibex que el año pasado acudió a la fiesta privada que Aznar celebró en el Teatro Real de Madrid para celebrar su 70 cumpleaños. Las ha visto de todos los colores desde su nombramiento como presidente en la petrolera: sobrevivió al asalto de Sacyr al capital (en 2006), al frustrado intento de entrada de la rusa Lukoil (en 2008), a la pinza de la constructora con la mexicana Pemex (en 2011) y a la traumática expropiación de la argentina YPF en 2012. Ha permanecido en Repsol tras la salida de la petrolera de Naturgy en 2018 y tras abandonar Caixabank el accionariado de la petrolera en 2019. Hoy Repsol no tiene accionistas españoles de relevancia. Los únicos paquetes de cierto peso son los del gigante Blackrock (6%) y Norges Bank (5%).

Brufau también salió indemne de su imputación en 2021, junto al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en una de las piezas del caso Villarejo, por los servicios contratados al comisario jubilado para que espiara presuntamente en 2011 y 2012 a Luis del Rivero, entonces máximo responsable de Sacyr. Las diligencias contra los dos ejecutivos se archivaron en 2022. Durante el procedimiento, un informe del área de Compliance de la propia Repsol apuntó a “la intervención de Antonio Brufau en la contratación de Cenyt”, la empresa de Villarejo.

El presidente de Repsol fue reelegido por última vez en la junta de mayo de 2023, con un mandato que vencerá en 2027, cuando tendrá 79 años. En 2019 apuntó a 2023 como la fecha en la que dejaría la presidencia, pero acabó quedándose. En estas dos décadas, ha recibido de Repsol, por todos los conceptos (sueldo, acciones, plan de pensiones y bonus) unos 70 millones de euros. En 2023, su retribución fue de 2,8 millones, un 34% más. Esta cifra le convierte, con amplia diferencia, en el presidente no ejecutivo mejor pagado del Ibex, con una retribución superior a la de muchos ejecutivos. Su mejor año fue 2011, justo antes de la expropiación de YPF, cuando recibió 7 millones. 

Cifras que, en cualquier caso, palidecen en comparación con las de, por ejemplo, Ignacio Galán, primer ejecutivo de Iberdrola, que se ha embolsado cerca de 200 millones en sus 23 años al frente de la compañía vasca. Galán y Brufau están entre los primeros espadas del Ibex que más tiempo encadenan en sus puestos en el selectivo, junto al presidente de ACS, Florentino Pérez, Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona) y los ya citados Oliú y Llardén.

Repsol tiene un plan estratégico que fija una inversión de entre 16.000 y 19.000 millones netos en cuatro años, destinando más del 35% a iniciativas bajas en carbono. La empresa, con más de 25.000 empleados en 35 países, trata de exprimir su negocio de refino, el pulmón de su cuenta de resultados, aunque los márgenes en España se han desplomado en este tercer trimestre un 70% interanual por la caída del crudo. Todo esto, mientras crece en tecnologías verdes, con aliados de postín como Amancio Ortega, fundador de Inditex. 

El grupo cerró el primer semestre con 3.118 MW renovables instalados, un 54,6% más que un año antes. Prevé invertir entre 3.000 y 4.000 millones netos para desarrollar orgánicamente su cartera global de proyectos renovables y alcanzar entre 9.000 MW y 10.000 MW de capacidad instalada en 2027. Ya tiene 2,4 millones de clientes de electricidad y gas en España y Portugal. Es el cuarto operador de este mercado en España.

La multinacional fue la primera gran petrolera que se fijó el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050. Lo hizo coincidiendo con la Cumbre del Clima que acogió Madrid a finales de 2019. Pero, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proclamaba hace unos días la llegada de la “era de la electricidad”, Brufau se encarga de dejar muy claro en todas sus intervenciones públicas, en las que hace gala de su “pragmatismo”, que los hidrocarburos van a seguir presentes, “nos guste o no nos guste, durante muchísimos años”. “En 2100, en la matriz energética, el petróleo y el gas -no el carbón- continuarán estando ahí”, decía en mayo. También ha negado que en Repsol sean “retardistas ni negacionistas”, en respuesta a las críticas de la todavía ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Muy crítico con la política energética de la UE, también ha arremetido contra los objetivos que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de España. Considera que son “tecnológicamente inviables”. Cree que “hay que aplaudir el liderazgo por reducir emisiones, pero no a cualquier precio”. Y ha cuestionado la prohibición en Europa del fracking, la denominada fractura hidráulica, mientras el continente importa hidrocarburos extraídos con esta técnica en Estados Unidos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado poner fin a la investigación sobre la contratación por parte de Repsol y CaixaBank del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero, y ha decidido exonerar a ambas empresas, al presidente de la primera, Antonio Brufau, y al expresidente de la segunda, Isidro Fainé.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado procesando como máximos responsables a los jefes de seguridad de sendas empresas en el momento de la contratación: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank).

Se trata de la segunda vez que el magistrado archiva la implicación de los dos directivos y las empresas de esta causa, tras el archivo provisional que decretó en julio de 2021 y que fue revocado por la sala de lo penal en febrero de este año.

El caso Villarejo vuelve a tomar impulso al considerar la Audiencia Nacional que el juez Manuel García Castellón se precipitó archivando las actuaciones contra dos de las grandes empresas del Ibex, Repsol y Caixabank, así como contra el actual presidente de la petrolera y el que lo fuera de La Caixa en 2011, Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente. Con aquella decisión, García Castellón establecía la máxima responsabilidad del encargo a Villarejo en los jefes de seguridad de las compañías al no encontrar indicios de que hubieran actuado por orden o con conocimiento de sus jefes. Anticorrupción recurrió y la Sala de lo Penal acaba de darle la razón.

El proyecto Wine consistía en un presunto espionaje a Luis del Rivero, por entonces presidente de la constructora Sacyr, y a personas de su entorno para boicotear el plan del empresario para ganar peso en la cúpula de Repsol a través de una operación con la mexicana Pemex. García Castellón dictó el auto del fin de la instrucción en los estertores de julio, al igual que hizo con la pieza Kitchen, que investiga el espionaje a Luis Bárcenas. En Wine, el juez dejaba fuera a los presidentes de las compañías; en Kitchen, a la secretaria general del PP y al director de la Policía Nacional sin siquiera llamar Mariano Rajoy como testigo.

Fue precisamente en su recurso contra el cierre de Kitchen cuando la Fiscalía utilizó el término “línea roja” para acusar al juez de negarse a seguir investigando más allá de los límites del Ministerio del Interior, esto es, a la cúpula del Partido Popular, en la que habitaban los mayores beneficiarios del espionaje a Bárcenas. Al corregir al juez en la pieza Wine, la Sala de lo Penal rompe otra línea roja, la que había dibujado García Castellón para no continuar el procedimiento contra Brufau y Fainé. Del Ibex, el juez mantiene imputado a Francisco González, presidente del BBVA ya jubilado, y recientemente hizo lo propio con Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, pero resta saber si cuando finalice la instrucción ambos mantendrán esa condición u ocurrirá como con Brufau y Fainé.  

Respecto a Antonio Brufau, García Castellón consideró que no había nada contra él más allá de las referencias que a él hacen Villarejo y sus interlocutores y que eso no son “pruebas directas”. La Sección Tercera, con el magistrado Alfonso Guevara, vuelve a hacer severas correcciones al juez, como ya ocurriera, por ejemplo en la pieza Dina y la insistencia del magistrado por imputar a Pablo Iglesias, al que la Sala de lo Penal tuvo que devolver la condición de perjudicado. En el caso de Brufau, la instancia superior recuerda a García Castellón que “no es la existencia de pruebas, y mucho menos de las de naturaleza directa, lo que determina el mantenimiento de una persona como investigada, son los indicios de la participación de dicha persona en la comisión de una infracción penal”.

Los magistrados le dan la razón al instructor en que no hay una grabación o un documento que implique a Brufau, pero sí hay indicios de que el presidente estuviera detrás de un encargo de esas características, con la preocupación reconocida por él mismo en sede judicial acerca del pacto Sacyr-Pemex, por el acaparamiento que supondría por parte de la mexicana de capital de la petrolera española.

Y si investigados y testigos han reconocido que la dirección de Repsol autorizó la contratación de Cenyt, así como el interés que Brufau tenía en conocer los resultados del encargo, los magistrados infieren que bien podría saber que eso supuso acceder a información confidencial y que ésta no la obtiene cualquiera, sino que requiere de la corrupción de funcionarios públicos, caso de Villarejo, que estaba en activo en el momento del encargo, en 2011. Todo ello por mucho que desconocieran en la cúpula de Repsol quién era Villarejo. El jefe de seguridad entonces era Rafael Araújo, un histórico de la Policía, Cuerpo del que procedían gran parte de los que ocupaban ese tipo de puestos en el Ibex, al menos hasta el estallido del caso Villarejo.

Por su parte, Isidro Fainé pactó con Brufau que los departamentos de seguridad de ambas compañías trabajaran juntos en contrarrestar la operación de Sacyr con Pemex. Fainé tenía una silla en el consejo de Repsol en representación de Caixabank y reconoció ante el juez que otro histórico comisario de Policía y, por entonces jefe de seguridad de La Caixa, Miguel Ángel Fernández Rancaño, le iba informando de lo que había averiguado Cenyt, la empresa de Villarejo.

Al igual que ocurre en el caso de Brufau, Villarejo habla con sus colegas del conocimiento que tienen de sus operaciones los máximos responsables de las compañías en los archivos sonoros incautados a Rafael Redondo, el colaborador del comisario. Se trata de un indicio, no de una prueba, que se suma al resto y que motiva que se siga investigando y no el “precipitado” cierre de la instrucción, según razonó Anticorrupción y acuerda ahora la Sala.

En los registros del caso Villarejo aparecieron datos reservados de llamadas telefónicas y otras comunicaciones de personas vinculadas a Sacyr. “Ello indica la posible intervención de un funcionario público, lo que constituye un indicio del conocimiento por quienes contratan los servicios, los abonan, ordenan contratarlos o abonarlos, y por quienes son informados de los resultados, de la condición de funcionarios de los prestadores, lo que nos lleva a estimar los recursos [de Anticorrupción, Podemos y Del Rivero] y revocar el sobreseimiento acordado respecto del señor Fainé”.

No basta con tener normativa interna; hay que aplicarla

El auto de la Sala de lo Penal alberga también una cuestión que podría trascender a la presente pieza: la protección respecto a posibles responsabilidades penales que las compañías hacen del compliance. En el caso de Repsol, el programa de cumplimiento normativo es de 2005; el que alega Caixabank es de 2011. Al juez le ha bastado que las compañías demuestren que habían implementado esa regulación interna para eximir a las personas jurídicas de responsabilidad. Sin embargo, la Sala de lo Penal da la razón a Anticorrupción, Podemos y Luis del Rivero cuando denuncian indicios de incumplimientos de su propia normativa por parte de las compañías.  

En ambos casos, Repsol y Caixabank argumentan que fueron sus jefes de seguridad, imputados y donde el juez frena la responsabilidad penal, quienes ejercieron su potestad para contratar a Cenyt. La Sala recuerda el argumento de la Fiscalía de que en el caso de Repsol se troceó la contratación en tres encargos de 100.000 euros para que la cantidad no excediera de lo que se podía atribuir como exclusiva responsabilidad de su jefe de seguridad, el excomisario Araújo.

Los recurrentes, sin embargo, reprochan que el juez haya dado todo eso por bueno sin ahondar. Por ejemplo, citan el caso de Enrique Hernández Pérez, quien pese a ser el responsable de cumplimiento normativo de la petrolera no ha declarado en la instrucción. Anticorrupción y el resto de recurrentes también quieren que vaya un responsable de KPMG a defender el informe de parte solicitado por Repsol y aportado por la consultora, del que no adjunta la documentación utilizada para su redacción, destaca la Sala. En el caso de Caixabank deberá declarar el representante de cumplimiento normativo quien no lo hizo antes de que el juez decretara el fin de la investigación. 

Extremadura recupera parte de uno de sus pulmones más importantes y de su patrimonio natural. La Junta y la Fundación Repsol han puesto en marcha el proyecto Motor Verde para reforestar el espacio de la comarca cacereña de La Hurdes afectado por el incendio del año 2012. En concreto, se creará un nuevo bosque de especies autóctonas con una superficie de 600 hectáreas.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Repsol y su Fundación, Antonio Brufau, han visitado este martes la zona de actuación en Caminomorisco (Cáceres) de esta iniciativa de la citada fundación y el Grupo Sylvestris para impulsar la compensación de emisiones a través de reforestaciones a gran escala con impacto social, medioambiental y económico.

Según ha indicado Antonio Brufau, Motor Verde es una iniciativa “clave” de Fundación Repsol, ya que se trata de “un proyecto de economía verde totalmente sostenible, con impacto social, local y medioambiental, que encaja plenamente con los objetivos de la transición energética en curso en la que todos estamos comprometidos”.

Brufau ha asegurado que este nuevo bosque “será un aliado natural en la acción contra el cambio climático”, ya que sus árboles permitirán compensar más de 179.000 toneladas de CO2 emitidas en la atmósfera. Además, ha hecho hincapié en que el proyecto, que se extenderá por toda España hasta llegar a las 70.000 hectáreas reforestadas, está concebido para generar un “importante beneficio social”, ya que se crearán cerca de un millar de oportunidades de empleo local e inclusivo, atendiendo a los colectivos más vulnerables.

Asimismo, se pondrán en marcha programas de formación que impulsarán la empleabilidad en el sector forestal, “contribuyendo a fijar población en este entorno”.

Por su parte, Fernández Vara ha destacado que Las Hurdes es “una comarca muy querida para nosotros por múltiples razones, pero probablemente por una especialmente, porque no hay ninguna otra experiencia que se pueda contar de transformación de un territorio como el que ha sucedido en Las Hurdes”.

Por esta razón, ha afirmado, “nos sentimos enormemente orgullosos y vemos también cómo este nuevo mundo que se abre delante de nosotros está lleno de oportunidades de las que vienen de la mano del mundo verde, de la economía verde y circular”.

El presidente de la Junta ha explicado que no se puede “no hacer nada, tenemos que ser conscientes de que no se trata solo de compensar los excesos que, por otro lado, se puedan producir, se trata de definir y desarrollar un nuevo proyecto, como el que se está desarrollando en la zona”. En este sentido, ha asegurado que “de eso va este proyecto que desde el principio hemos abrazado y que desde el departamento de Política Forestal de la Junta de Extremadura estamos tan ilusionados con él”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño por el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, informa Europa Press. 

En el auto que pone fin a la instrucción, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 también procesa al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al policía Enrique García Castaño y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona. Del mismo modo, García Castellón acuerda el sobreseimiento para otros cuatro exdirectivos de Repsol y Caixa puesto que una vez practicadas todas las diligencias pertinentes concluye que no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados.

Todo ello en el marco de la pieza número 21 de 'Tándem', en la que se ha investigado el encargo al comisario para desarticular “una estrategia de sindicación” por parte de Luis Del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, “para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)” de cara a conseguir “casi un tercio” de las acciones de Repsol y acceder a su control, según consta en el sumario. 

El pasado julio, García Castellón eximió de responsabilidad en la contratación del policía corrupto  a las mercantiles Repsol y CaixaBank, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente de la entidad bancaria y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé, con el argumento de que los encargos a Villarejo —a pesar de que en este caso tenían como objetivo evitar que otra empresa se hiciese con el control de la energética— no recaían en su ámbito de control, sino en el de sus directores de seguridad. 

El Grupo Cenyt —la empresa con la que Villarejo recibía encargos de espionaje que realizaba sirviéndose de su condición de funcionario público— recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedad de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de Repsol y 194.700 a Caixabank.

Según el juez, ambas mercantiles recurrieron a los servicios de Cenyt, pero la responsabilidad de esa contratación fue de sus respectivos jefes de seguridad, que actuaron sin recibir “instrucciones”. El magistrados explica que, a la vista de las diligencias practicadas, los directores de seguridad disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual. En ese sentido, añade el juez, ambos investigados “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”.

El caso Villarejo, la trama de corrupción en torno al expolicia que lleva casi cuatro años sobresaltando a sectores de la clase política, el alto tejido empresarial e incluso la judicatura, ha entrado en una nueva fase. Una etapa quizá más amable para esas cúpulas que en los últimos meses han contenido la respiración ante los pasos de los investigadores y la ingente documentación en poder del comisario, acusado de una ristra de delitos y que ha pasado tres años en prisión provisional. Los últimos movimientos del instructor de esta macrocausa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, apuntalan la tesis de que esas élites no tenían por qué estar al tanto de las fechorías de Villarejo y el resto de mandos policiales investigados por mucho que ellos mismos —o las organizaciones políticas y empresariales que lideran— fueran directamente beneficiados por las mismas. 

Es lo que se deduce de la decisión del magistrado de cerrar inesperadamente la pieza del espionaje a Luis Bárcenas  para aplacar las pesquisas de la trama Gürtel y sus derivadas exonerando a María Dolores de Cospedal y sin citar siquiera como testigo a Mariano Rajoy, el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial y jefe directo del principal procesado, el exministro Jorge Fernández Díaz. Pero también del auto por el que exime de  responsabilidad en la contratación del policía corrupto a los responsables de la petrolera Repsol y el gigante bancario Caixabank con el argumento de que los encargos a Villarejo —a pesar de que en este caso tenían como objetivo evitar que otra empresa, Sacyr Vallehermoso, se hiciese con el control de la energética— no recaían en su ámbito de control, sino en el de sus directores de seguridad. 

En la pieza sobre la “operación parapolicial” para sabotear la instrucción judicial que amenazaba con sacar a la luz dos décadas de dinero negro en el Partido Popular, el instructor levantó la imputación a Cospedal —secretaria general del partido entre 2008 y 2018— a pesar de sus encuentros secretos con el comisario Villarejo, que el juez enmarca en el derecho de reunión. “El hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él debe responder penalmente por ello, en la medida que supone el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”, sostiene García Castellón.

Otro informe de Asuntos Internos del 23 de junio, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, da cuenta de la existencia de hasta 70 comunicaciones, entre llamadas y mensajes, entre el comisario Villarejo y Cospedal y su entorno durante los primeros meses de la operación de espionaje a Bárcenas, entre mayo y noviembre de 2013. Los agentes cruzan la información de esos contactos —extraída de uno de un teléfono Samsung intervenido a Villarejo tras su detención en 2017— con las anotaciones que el policía iba haciendo en sus agendas. Así, por ejemplo, consta que el 11 de julio de 2013, cuando se produjo el “nacimiento” de la operación Kitchen, Villarejo y Cospedal hablaron durante 19 segundos y el policía recogió en su diario el siguiente apunte: “Cospe. Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”, el apodo del número dos de Interior, Francisco Martínez, procesado en esta causa junto a su jefe, el exministro Fernández Díaz. 

Respecto a Rajoy, el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo, el magistrado acordó dar cerrojazo a la causa sin llamarlo a declarar siquiera como testigo. Y eso a pesar de las continuas referencias de Villarejo y otros investigados a “El Barbas” o “El Asturiano”, los motes con los que se referían al entonces presidente del Gobierno. 

Además, un informe de Asuntos Internos incorpora notas de Villarejo según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B. “Chisco. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK” y “Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio”, anotó el policía los días 6 y 27 de julio de 2013. Los agentes de Asuntos Internos relacionan ambas conversaciones entre Villarejo y Martínez con la oferta que Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado, Javier Iglesias, para que guardara silencio sobre el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes —hecha en nombre de aquel Ejecutivo— y las amenazas en el caso de que no lo hiciera. El letrado siempre ha negado estos hechos. 

El juez no ha considerado que estos indicios tengan la suficiente entidad como para citar como testigo a Rajoy, al que ni siquiera cita por su nombre en el auto en el que decide cerrar la instrucción descargando toda la responsabilidad de la trama en Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2012 y 2016. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, escribe García Castellón. No lo cree así la Fiscalía, que ya prepara su recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Según Anticorrupción, la operación de espionaje a Bárcenas tuvo como objetivo “proteger a dirigentes del Partido Popular” a quienes el contenido de la documentación en poder de Bárcenas y su mujer “podría llegar a involucrar penalmente”. 

Brufau y Fainé, también exonerados

Tampoco cree el magistrado que haya indicios para mantener la imputación en el caso Villarejo a las mercantiles Repsol y CaixaBank, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente de la entidad bancaria y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. El magistrado sí mantiene abierta la causa contra sus directores de seguridad: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), a los que responsabiliza de haber contratado a Cenyt, la empresa con la que Villarejo recibía encargos de espionaje que realizaba sirviéndose de su condición de funcionario público. 

La investigación trata de aclarar si ambas compañías acudieron al comisario para desarticular “una estrategia de sindicación” por parte de Luis Del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, “para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)” de cara a conseguir “casi un tercio” de las acciones de Repsol y acceder a su control, según consta en el sumario. Según el juez, ambas mercantiles recurrieron a los servicios de Cenyt, pero la responsabilidad de esa contratación fue de sus respectivos jefes de seguridad, que actuaron sin recibir “instrucciones”.

Tanto Araujo como Fernández Rancaño son antiguos altos mandos de la Policía que pasaron al sector privado en nómina de estas dos empresas del Ibex. ¿Desconocían ambos la condición de Villarejo de funcionario en activo y cómo accedía a datos confidenciales para sus trabajos? Lo que el juez tiene claro es que, lo supieran o no, nunca se lo trasladaron a los consejeros delegados de las empresas para las que trabajaban y que éstas tienen unos programas de prevención que aplicaron y que les protegen de cualquier responsabilidad penal. Es decir, según la tesis del magistrado, fueron Araujo y Fernández Rancaño los que, por su cuenta y riesgo, decidieron contratar a Villarejo —que recibió alrededor de 400.000 euros por estos trabajos, según la Fiscalía— para que espiara a Del Rivero y facilitara información sobre sus supuestos movimientos para hacerse con el control del Repsol. 

La Fiscalía había solicitado la imputación de Brufau y Fainé —acordada por el juez el pasado abril— basándose principalmente en dos hechos: la existencia de una conversación entre ambos y un acuerdo en “compartir los servicios de información contratados a Cenyt” y de un documento hallado en el domicilio del socio de Villarejo en el que se hacía una referencia genérica al despacho que Fernández Rancaño tenía que hacer “con su señorito”. También en las declaraciones efectuadas durante la instrucción, que se remonta a diciembre de 2019. Tres meses después, y tras tomarles declaración también a ambos, el juez sostiene que “no consta en la causa (...) documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos presidentes en la contratación de Cenyt”. 

“La contratación no recaía en el ámbito de control del presidente de la compañía, sino en el de sus directores de seguridad”, sostiene García Castellón, que recuerda que en el ordenamiento jurídico tampoco cabe la “responsabilidad objetiva por razón del cargo” y llama a no “perder de vista” la “situación” a la que se “somete” a una empresa cuando, “no solo se imputa responsabilidad a la persona jurídica, sino también a la figura de su presidente; máximo representante de la compañía interna y externamente”. 

Con este precedente, las acusaciones están convencidas de que el siguiente en salir de la lista de imputados será el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que se apresuró el pasado lunes a presentar un escrito en la Audiencia Nacional solicitando que se archive la investigación abierta contra él y en el que alude al “elenco de acertadísimos planteamientos jurídicos” expuestos por el juez para archivar las pesquisas contra Brufau y Fainé. 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor de la causa 'Tándem' que impute al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el 'encargo' por parte de ambas empresas del Ibex 35 al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Según adelanta El Mundo, y ha podido confirmar Europa Press, el informe de los fiscales se ha enviado al magistrado Manuel García-Castellón este mismo viernes. Anticorrupción indica que existen indicios de que pudieron cometer un delito de cohecho activo, y ahora el magistrado debe decidir si les cita a declarar en calidad de imputados, algo que se conocerá, según fuentes jurídicas, la próxima semana.

La primera decisión de trascendencia en esta pieza fue adoptada en noviembre de 2020, cuando el juez acordó imputar al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño --ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado-- por esos encargos a Villarejo.

A ellos sumaba la citación como investigados del propio comisario, de su socio Rafael Redondo y del ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández por delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia como investigado de Fernández Rancaño en diciembre de 2020, éste afirmó ante el juez que en 2011 despachó con el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, sobre el encargo que, junto a Repsol, realizaron a la empresa del comisario José Manuel Villarejo.

'Proyecto Wine'

En esta pieza separada que versa sobre el denominado 'Proyecto Wine', y que se abrió a finales de 2019, se indaga en el trabajo ilícito que el comisario jubilado y en prisión provisional habría realizado a través del Grupo 'Cenyt' para la energética y la caja catalana.

“Los servicios contratados por los clientes citados al Sr. Villarejo y sus socios, tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en REPSOL YPF SA para tomar el control de la compañía”, señala el magistrado en el auto.

Así, se trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron al comisario en 2011 para evitar que mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes accionistas de Repsol, Sacyr Vallehermoso se hiciese con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau. De probarse, Villarejo habría investigado por encargo una vez más al expresidente de Sacyr, Luis Del Rivero, como hiciera para el BBVA --asunto que se investiga en otra pieza aparte, la 9--.

El juez explicaba que esa maniobra de Sacyr fue detectada por Repsol, y con la ayuda de CaixaBank, paralizaron de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero retirándolo de la presidencia de Sacyr Vallehermoso, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad. Tras la salida de Del Rivero de la presidencia en octubre de 2011, éste contraataca y maniobra contra el presidente de Repsol, del que trata de obtener información delicada.

Como en otras piezas separadas de la causa, las diligencias se iniciaron gracias a la documentación que atesoraban tanto el comisario como su socio Redondo en sus domicilios. Cabe recordar que Villarejo durante años estuvo registrando reuniones y conversaciones con terceros hasta su detención en noviembre de 2017.

Facturas del encargo

En ese contexto de pugnas por el control de la multinacional es cuando entra en juego Cenyt con el 'Proyecto Wine', en el que debe investigar a Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez (denominado Maza). Asimismo, en la contratación de los servicios de Villarejo se interesó recabar información de la petrolera mexicana Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

En los registros domiciliarios se encontraron además de abundante documentación sobre el proyecto cuatro facturas derivadas de este encargo por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por los clientes Repsol y CaixaBank en una cuenta que era de Cenyt. La policía hizo tras tener esas cuatro facturas un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y CaixaBank cuyo montante ascendería a 413.600 euros.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, realizó el pasado lunes unas polémicas declaraciones en las que avisaba de una burbuja de renovables, haciendo alusión a la situación vivida hace diez años y que todavía están pagando todos los usuarios a través de la factura de la luz. Llegó a calificar el gran volumen de proyectos como no necesarios para este país y sugirió que invirtiendo entre 3.000 y 4.000 millones al año en plantar árboles se eliminarían las emisiones de movilidad en 2050. Desde el diario.es nos hemos puesto en contacto con varias instituciones del sector, tanto privadas como públicas, y con la propia Repsol para analizar las palabras del presidente de la primera petrolera española.

Para Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, las declaraciones son un despropósito de alguien que ve como su cuenta de resultados se reduce. “Cuando alguien tan poderoso hace esta pataleta, es que la situación va mejor de lo que pensábamos y es que las renovables se están abriendo camino”. Más comedido se muestra José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UEF), al señalar que “las declaraciones son anacrónicas y responde a una realidad de otros tiempos”, y añade “es curioso, que los que están produciendo energía eléctrica más cara digan que no se necesita una energía barata”.

Para Repsol las palabras se han sacado de contexto, ya que de lo que advierte Brufau es un problema numérico, según fuentes de la compañía. Se refieren a las solicitudes para proyectos por más de 150.000 megavatios (MW), que triplican los objetivos de energía 'verde' recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEIC) a 2030.

“El plan al que ataca el señor Brufau puede resultar ambicioso, pero es coherente y necesario. Se olvida de lo pesada que es para la economía española la factura de las importaciones de combustibles fósiles que los consumidores tenemos que pagar todos los años”, comenta Donoso.

Aquí puedes ver el vídeo íntegro de las declaraciones de Brufau, desde el minuto 8 al 50 es la intervención del presidente de Repsol y en el minuto 37 es cuando se producen las polémicas declaraciones.

Consenso en la especulación de puntos de conexión

La especulación en torno a los puntos de acceso es el único punto en común entre el sector renovable y Repsol. “Nadie se cree que haya tantos proyectos detrás. Hay especulación, si tú desarrollas una planta y no tienes el punto de conexión no has hecho nada”, comentan desde la Fundación Renovables. Desde la UEF proponen una solución al problema, “queremos que todo el mundo que quiera obtener un punto de conexión tenga un proyecto real detrás. El mercado debe ser transparente y competitivo, con un árbitro independiente que sea Red Eléctrica Española y solo autorice proyectos reales, no a alguien con información privilegiada”. Donoso asegura estar preparando presentar alegaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia para pedir una normativa más estricta que expulse a los especuladores.

Brufau se preguntaba en la conferencia del Real Instituto Elcano cómo se iba a financiar la transición energética y se autocontestaba lo siguiente: “Pues con ruinas. O sea, con quiebras. Alguien si financia esto va a quebrar. Porque el país no aguanta esto. No hay necesidad de esta energía. Hoy, del parque actual, se consume en el momento pico el 40% de la capacidad actual instalada. Si ahora multiplicamos por un 50% más en renovables, pues imaginaros el exceso que habrá”.

Ante estas declaraciones, Ferrando se pregunta: “¿si es así por qué Repsol invierte en ellas? ¿Es que quiere quebrar también?”. Mientras que Donoso avisa, “sí quiere que su empresa tenga futuro no le queda más remedio, otra cosa es que él quiera retrasar ese futuro, pero España y el mundo no se puede permitir ese retraso tanto en cuestión ambiental como económica”.

Recientemente, el fondo soberano Noruego, con un volumen casi igual al de toda la economía española, retiró sus activos de grandes petroleras y los reinvirtió en renovables. Entre las compañías favorables se encuentra Repsol. La petrolera adquirió el pasado noviembre la comercializadora de electricidad y gas de Viesgo, con 2.352 MW de generación de bajas emisiones, y creó Repsol Electricidad y Gas, que actualmente cuenta con 870.000 clientes. “La electricidad comercializada está certificada como 100% de bajas emisiones”, aseguran desde Repsol.

En 2018, también compró el proyecto fotovoltaico Valdesolar, de 264 MW, que está en fase de tramitación administrativa. “Con esta incorporación, Repsol alcanzará más del 70% de su objetivo estratégico a 2020 de capacidad de generación baja en emisiones”, comentan. Otra de las grandes operaciones de la compañía es la participación en la construcción de un parque eólico flotante en la costa de Portugal y que dispondrá de una capacidad instalada de 25 MW. “Se prevé que empiece a generar electricidad para unos 60.000 hogares al año a partir de finales de 2019”, declaran.

Una situación muy diferente a la de hace diez años

Respecto a la situación que vivió el mercado de renovables hace 10 años, Donoso recuerda que “ahora no hay ninguna subvención y el boom se debe a que la tecnología es más barata y se puede producir energía eléctrica a un precio de mercado más barato que cualquier combustible fósil”. Ferrando se muestra en la misma línea y califica las declaraciones de falsas. “Hacer alusión a un problema creado por un tema regulatorio, cuando ahora no hay ayudas a la inversión y el precio de la energía renovable es más barato que la procedente de combustibles fósiles, no tiene sentido”, declara.

“Si yo fuese banquero, que lo fui, estoy convencido de que entre mis niveles de riesgo más alto estarían precisamente los proyectos de renovables”, comentó el presidente de Repsol. Unas declaraciones que para Ferrando “son de risa”. “Nadie le ha puesto una pistola en el pecho para obligarles a invertir”, comenta. Mientras que Donoso recuerda que los inversores acuden libremente al mercado, optan a contratos bilaterales y participan en procesos competitivos que van a ofrecer energía eléctrica a un precio muy alejado que la procedente de las energías fósiles. “Mas interés igual a un precio más bajo para los consumidores”, recalca.

Para Gerard Wynn, consultor del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), los altos niveles de rentabilidad y los préstamos respaldados por el Estado ponen de manifiesto la oportunidad del sector privado en el sector de las energías renovables en España y marcan la dirección hacia donde se mueve el mercado español y europeo. “En la actualidad, Endesa está invirtiendo 800 millones de euros, de los cuales 300 fueron financiados por el ICO, en dos grandes proyectos de energías renovables. El objetivo es construir 540 MW de nueva capacidad eólica y 339 MW de nueva energía solar. Cuando la compañía se adjudicó estos contratos, esperaba obtener una alta rentabilidad de dos dígitos”, comenta.

Reacciones Institucionales

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica no han querido hacer declaraciones. Mientras que el equipo de Miguel Arias Cañete, comisario Europeo de Energía y Acción, nos remite a las recomendaciones que la Comisión Europea realizó a España tras analizar el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el período 2021-2030, presentado el pasado 22 de febrero de 2019. De las ocho sugerencias, hay dos que contradicen las palabras del presidente de Repsol. “Recomendamos apoyar el gratificante nivel de ambición que supone una cuota de energías renovables del 42 % para 2030 como contribución de España al objetivo de la Unión en materia de energías renovables para ese año”, y también sugieren “enumerar todas las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles, así como las medidas emprendidas y los planes para su progresiva eliminación”.

Cabe recordad que el Gobierno está suscrito a una serie de compromisos comunitarios. Para 2020, el 20% del total debe proceder de energías renovables y se debe reducir un 20% la emisión de gases efecto invernadero. Mientras que para 2030, al menos debe haber una cuota de energías renovables del 27% y se tienen que reducir un 40% la emisión de gases efecto invernadero. Sin olvidar, que también se busca mejorar la eficiencia energética en torno a un 30% mediante el ahorro energético y un mejor uso de la energía derivado de un cambio de hábitos y una mejora de la tecnología.

Presión de las petroleras a nivel internacional

Esta misma semana, Bloomberg se hacía eco de unas informaciones que aseguraban que la industria fósil está socavando silenciosamente las conversaciones sobre el clima mundial. El Centro de Investigaciones sobre el Clima (CIC) afirma haber contabilizado a más de 6.400 delegados en las conversaciones sobre el clima desde 1995. Su presencia es necesaria para acometer la transición energética, pero según el director de la CIC “los intereses de los combustibles fósiles han intentado desde el principio socavar e infiltrarse en este difícil acuerdo global para asegurarse de que fallara en cada paso. A medida que ganan, el planeta pierde ”. Las acusaciones del director van dirigidas principalmente a los miembros del Global Climate Coalition (GCC), un grupo industrial financiado con combustibles fósiles, que ha sido culpado de trabajar para desacreditar al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU y descarrilar el Protocolo de Kyoto. El GCC se disolvió oficialmente en 2001 pero sus miembros han seguido asistiendo a eventos que representan a diferentes organizaciones, según el CIC.

El Cabildo de Gran Canaria expresará a los accionistas de referencia de Repsol, Sacyr y La Caixa, su rechazo a las declaraciones que hizo el presidente de la compañía, Antonio Brufau, al tildar de “tercermundista” la oposición del archipiélago a las prospecciones petrolíferas.

El pleno del Cabildo ha tomado esta decisión a propuesta del grupo de gobierno (Nueva Canarias-PSOE), con el voto a favor de la mayor parte de los consejeros que lo conforman, salvo los del PP y Unidos por Gran Canaria, que han preferido abstenerse.

En una reciente entrevista radiofónica, Brufau contrapuso la colaboración que su empresa ha encontrado en Alaska (EEUU), donde ha descubierto un importante yacimiento de hidrocarburos, con la oposición casi unánime con la que se topó Repsol cuando realizó prospecciones a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.

Brufau dijo que ese rechazo de las instituciones canarias (Gobierno, Parlamento y los cabildos) le había parecido “tercermundista” y que el asunto fue para él “un dolor de muelas”.

Sus declaraciones han provocado en las últimas semanas que tanto el Parlamento de Canarias como el Cabildo de Lanzarote le hayan declarado persona non grata y le hayan exigido una disculpa.

El Cabildo de Gran Canaria se ha sumado a esas críticas, en un pleno en el que los consejeros del PP han precisado que también censuran esas palabras del presidente de Repsol, aunque no pueden apoyar la resolución debido al tono que perciben en ella.

El consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), ha reconocido durante el debate que el deseo de su grupo sería declarar a Brufau persona non grata en isla, como han hecho el Parlamento autonómico y el Cabildo de Lanzarote.

Sin embargo, el secretario de la corporación, Antonio Muñecas, ha advertido de que, a su juicio, “existen limitaciones legales” para que el Cabildo adopte una declaración en esos términos.

El Parlamento de Canarias ha declarado este jueves “persona non grata a Antonio Brufau”, presidente de la compañía petrolífera Repsol, por sus recientes manifestaciones calificando de “tercermundista” el rechazo social e institucional que cosecharon las prospecciones que se llevaron a cabo en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote.

Según la resolución, acordada al término del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria a propuesta de Nueva Canarias (NC), que solamente contó con la abstención del Grupo Popular, la Cámara regional además insta al Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo “a que renuncie” a contar con la “presencia” de Brufau “en sus actos oficiales por haber faltado al respeto del pueblo y de las instituciones públicas canarias en su rechazo masivo, pacífico y unitario a las prospecciones petrolíferas”.

Aparte de esta resolución, también se ha aprobado la presentada por el Grupo Socialista, cuyo portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera calificó de “personaje” a Brufau, consistente en condenar las declaraciones del presidente de Repsol y pedir al Gobierno canario que desarrolle políticas “que hagan del Archipiélago canario y las aguas que lo rodean zonas libres de prospecciones de petróleo y gas”.

“Condenamos las declaraciones de Brufau porque nos sentimos orgullosos de la madurez de una sociedad canaria solidaria que dijo no al petróleo en plena crisis”, afirmó Lavandera en la defensa de su propuesta.

Quienes toman las decisiones importantes no son los políticos elegidos democráticamente, sino los grandes empresarios que dictan el camino que debemos seguir. Existen empresarios capaces de toser y asustar a presidentes regionales o a ministros. Existen empresarios capaces de decidir pactos políticos y controlar lo que puedes o no leer. La mejor forma de hacer política en España no es afiliarse a un partido sino pertenecer a ese grupo tan exclusivo.

Cada cierto tiempo, los representantes del poder se pasean por los medios de comunicación y dan entrevistas donde sueltan perlas y nos dignan con su presencia al resto de los mortales. Estos señores que toman las decisiones que luego acatan nuestros gobiernos se creen tan poderosos como para ridiculizar las decisiones de la opinión pública, las de la mayoría social. Se creen tan poderosos porque en la mayoría de los casos lo son. Empresarios como el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que dijo en la Cope que el rechazo a las prospecciones en Canarias fue una decisión “tercermundista” y un “dolor de muelas”. Por sus palabras, le ha caído la crítica de Patricia Hernández, que ahora vuelve a ser socialista, o el zasca del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Pero la respuesta más certera se la dio el representante de Ben Magec, que señaló que “lo retrógrado” es “vivir en el siglo XXI y no querer ver que la sociedad tiene información y no es manipulable”, punto y minipunto para Ben Magec.

Retrospectiva

Debatir sobre lo que hubiera pasado en el caso de que se hubieran producido las extracciones o sobre si eran correctas las críticas hacia Repsol no tiene sentido, pues sobre este asunto la mayoría social llegó a una conclusión. Los canarios se opusieron a las prospecciones barajando todas las posibilidades, consecuencias y posibles beneficios económicos, que no estaban demostrados. Creer lo contrario es paternalista. Hay que recordar al señor Brufau que no solo estaban en contra de las prospecciones los ciudadanos que se manifestaron bajo el lema Canarias no se vende. La negativa no solo era cosa de ecologistas contrarios al progreso económico. El que era en ese momento presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también se negó. Aunque todos sabemos que el presidente de Repsol es más cercano a políticos como José Manuel Soria, canario que será recordado por sus cuentas en Bahamas y no por ser un “cacique”, que decía Rivero de Soria en 2013.

El interés de algunos para que Canarias sea una tierra dirigida y gestionada por empresarios de altos vuelos no es noticia. Es insultante la cancha que se le ha dado en Canarias a empresas como Repsol o Cepsa, que controla la refinería de Santa Cruz y que, en caso de volver a refinar, se encontraría también con la opinión pública en contra (otro calmante para el dolor de muelas). Hay quien señala que en Canarias hubo una época en la que los medios tinerfeños no podían hablar de Cepsa, sus responsables “no podían ser nombrados”. Mientras el lobby empresarial y político toma decisiones sobre nuestro futuro, el resto de los mortales seguiremos tolerando los quejidos de Brufau y aplaudiendo al señor Soria, que ahora se ha convertido en un emprendedor que confía en las renovables.

La portavoz de Ciudadanos en Canarias, la diputada nacional Melisa Rodríguez, ha pedido este viernes al presidente de Repsol, Antonio Brufau, que “se retracte” de su “ataque a la sociedad canaria” por su oposición a las prospecciones petrolíferas que realizó su compañía.

C's se suma así a las críticas que Brufau ha recibido en las últimas horas en las islas por haber manifestado que el rechazo con el que Repsol se encontró en Canarias por parte de las instituciones de numerosos colectivos sociales cuando quiso buscar petróleo a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura fue “tercermundista”.

En un comunicado, Rodríguez denuncia que la polémica de las prospecciones fue “politizada” en función “de unos intereses determinados”, cuando su resultado fue que Repsol encontró indicios de existencia de hidrocarburos, pero sin la calidad ni la cantidad suficientes para que le resultara rentable su explotación.

“Por lo tanto, las declaraciones (de Antonio Brufau) no solo son desafortunadas, sino que suponen un ataque a la sociedad canaria”, asegura la diputada de Ciudadanos en el Congreso.

¿Existen o han existido “relaciones oscuras” entre Repsol y José Manuel Soria mientras fue ministro de Industria, Energía y Turismo? El coordinador de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, así lo ha defendido. A lo que ha respondido el presidente de la multinacional, Antonio Brufau con la amenaza de tomar “actuaciones legales” si vuelve a hacer afirmaciones similares.

Izquierda Unida ha hecho una recopilación de “relaciones entre Repsol y José Manuel Soria” para “denunciar los vínculos, que existen y vienen de lejos” y que definen como “representación oligárquica”: “Se define porque el representante político establece vínculos más estrechos con las oligarquías económicas que con la ciudadanía. Estas relaciones son ”oscuras“, no transparentes, y únicamente se pueden conocer a partir de las acciones gubernamentales efectivas”.

Así, la coalición de izquierdas señala que esa relación trasciende lo personal: “El hermano menor del ministro de Industria, Turismo y Energía en funciones, Luis Alberto Soria López, constituyó y administró durante un año una empresa dedicada al comercio internacional de petróleo mientras su hermano apostaba decididamente desde el ministerio por la polémica fractura hidráulica ('fracking') y por las prospecciones de Repsol en Canarias. [...] Mientras el hermano del ministro se dedicaba a estos negocios, José Manuel Soria promovía activamente el desarrollo de las prospecciones de hidrocarburos en España y dinamitaba el sector de las energías renovables. Lo hizo sin inhibirse en ningún momento ni tener en cuenta La Ley de conflicto de intereses de 2006”.

La formación que lidera Garzón también señala “la acción política en defensa del sector petrolero frente al de las energías renovables. [Soria] Llegó a identificar los intereses particulares de la multinacional con los de España”. En este punto, IU recuerda la defensa de Repsol-YPF que hizo el entonces ministro cuando el Gobierno argentino de Cristina Kirchner expropió YPF en abril de 2012. “Soria declaró que la medida de Kirchner era un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno de España”, reza el texto.

Otro apartado que destaca IU es “el ataque a las renovables y la defensa de los hidrocarburos”. En este sentido, se enumeran “las prospecciones petrolíferas en franjas marítimas protegidas de Canarias y Baleares, en el fracking en espacios naturales de la cornisa cantábrica y en el veto al autoconsumo con el impuesto al sol”.

Con respecto al real decreto aprobado al poco de llegar al Gobierno para las prospecciones en Canarias, IU relata “que fue otorgado sin concurso público a la multinacional Repsol, a la multinacional alemana RWE Dea Energy y a la multinacional australiana Woodside Petroleum”.

Además, IU detalla una veintena de iniciativas parlamentarias desde 2012 –tanto del grupo parlamentario de Izquierda Plural como de Podemos– en relación con Repsol, sus actividades empresariales y sus relaciones con el Gobierno.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha afirmado este miércoles que la preocupación que ha mostrado el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ante el nuevo impuesto para la exploración de hidrocarburos no son más que “lágrimas de cocodrilo” para “distraer la atención”.

En declaraciones a los medios, el presidente canario señaló que Brufau pretende distraer la atención del “gran regalo de Navidad” que le ha hecho el ministro Soria: “la bonificación del impuesto de sociedades a la petrolera”.

“Lo demás son lágrimas de cocodrilo para mostrarse afligido por ese impuesto que intentan ponerle para cuando vayan a sacar petróleo, (si lo encuentran y si los dejamos dentro de seis o siete años), añadió.

Sobre su advertencia a Repsol de que si halla petróleo en Canarias, “no se lo va a llevar pacíficamente”, quiso dejar claro que las aguas donde se están llevando las prospecciones “son aguas canarias”, tal y como recoge la Ley de Aguas Canarias aprobada por el Congreso en el año 2010.

Para que la Comunidad Autónoma tenga competencias sobre esas aguas, Paulino Rivero explicó que dicha ley tiene que recogerse en la futura reforma de la Constitución o en la reforma del Estatuto de Autonomía, que será cuando tendrá “plena vigencia”.

“En Canarias tenemos que decidir los que vivimos en esta tierra. Queremos reivindicar la titularidad de esas aguas para que los canarios tengamos la última decisión, que es que no queremos que se hagan prospecciones”, remarcó.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, lamentó este jueves por la noche en Nueva York las críticas que están recibiendo las prospecciones petrolíferas que realiza desde hace unas semanas su compañía en aguas cercanas a Canarias, porque “una cosa es proteger el medio ambiente y otra cosa es no hacer nada”.

Brufau precisó que en Repsol comparten que “hay que proteger el medio ambiente”, pero también recordó que estos sondeos se hacen “a 60 kilómetros de las islas” y contrapuso la polémica que han generado con la explotación intensa de yacimientos de hidrocarburos que tiene lugar en las costas del Golfo de México.

El presidente de Repsol fue premiado en Nueva York como líder empresarial del año de la Cámara de Comercio de España en EE.UU, en una gala en la que hizo una reflexión sobre los desafíos presentes y futuros de la energía.

Brufau, al frente de Repsol desde 2004, recibió el galardón en un acto que se desarrolló en la sede central de la Biblioteca Pública de Nueva York, en el corazón de Manhattan, uno de los edificios centenarios más emblemáticos de la ciudad.

Diplomáticos, empresarios y personalidades de la comunidad española en Nueva York participaron en la gala de la Cámara, creada en 1959 y ahora presidida por el exembajador de Estados Unidos en Madrid Alan Solomont.

Brufau, en su discurso, destacó que Repsol tiene en la ciudad estadounidense de Houston su segunda sede mundial, después de la de Madrid, y dijo que la compañía ha invertido en este país 6.600 millones de dólares y ahora cuenta con unos 700 empleados.

Anunció que el grupo Repsol produce desde Estados Unidos cerca de 35.000 barriles diarios de hidrocarburos y confía en que a fines de 2016 se puedan alcanzar los 65.000 barriles, y mantener una “presencia más profunda de la que tiene ahora” en este país.

Brufau, en su discurso, de 25 minutos, que pronunció a los postres de la gala de honor, pidió también que la energía “sea justa” para que accedan a ella todas las personas que actualmente no pueden disponer de algún tipo de uso comercial de energía.

Sobre las tendencias del sector, dijo que actualmente existen recursos suficientes para cubrir la demanda de energía por más de 200 años. “Pero tenemos que hacer muchas cosas para que la producción siga creciendo”, insistió.

Sí, Repsol ya encontró en Canarias el petróleo que buscaba. Y no ha sido en el fondo del mar en cualquiera de las cuadrículas-frutero que el ministro José Manuel Soria le ha autorizado. Ha sido en los despachos, al modo y manera de los veteranos especuladores, como ocurriera también en aquel cochino esperpento del caso Tebeto, sin mover una puñetera máquina. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 recogen la fórmula elegida por el ministro canario y por su compadre Brufau para que la petrolera pueda sacar tajada de inmediato, sin esperar si quiera a comprobar si hay hidrocarburos en las aguas canarias. La rebaja del impuesto de sociedades en 20 puntos, del 35 al 15%, va a suponer para Repsol una mordida anual de no menos de 370 millones de euros, aplicando los resultados netos de la compañía en 2013, mucho más de los 250 millones de dólares que dice que le van a costar los sondeos que tiene previsto iniciar este mismo mes de noviembre. La orgía fiscal en favor del compadre Brufau empezará en 2015, haya o no haya petróleo, y aunque va encaminada a todas las petroleras que operan en España, es evidente que la única que ahora mismo extrae crudo es Repsol. Negro y en barril ya se sabe lo que es. Si no aparecieran hidrocarburos, da lo mismo, el beneficio fiscal aliviará cualquier frustración. Pero, es más, si apareciera, la rebaja comenzaría en 2015 y se mantendría, salvo derogación, hasta que culminaran los trámites administrativos necesarios para las autorizaciones de explotación: échenle otros cinco años más. Sólo a partir de entonces empezaría a operar esa fantasmagórica y opaca regalía del 8% sobe la producción con la que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende apaciguar los ánimos canarios. Una auténtica cortina de humo, no sólo por lo largo que fían ese engodo, sino por su engañosa cuantía.

300 millones: 35 pocos produciendo

Veamos. Si con ese 8% se pretende recaudar unos 300 millones de euros, sólo el 60% iría a parar a las arcas de las instituciones canarias, es decir, 180 millones de euros. Los 120 restantes irían al Ministerio de Hacienda, es decir, a la caja única. Esos 300 millones, además, supondrían para Repsol una bagatela si se los compara con lo que se va a ahorrar en impuesto de sociedades gracias a la rebaja anteriormente comentada del impuesto de sociedades. Porque un 8%, como dicen las autoridades ministeriales, es el modelo italiano, que casualmente viene a ser el más bajo que se aplica en nuestro entorno a las petroleras. Hay imposiciones en otros lares de hasta el 40%, pero éstas, como supondrán, no son de aplicación al compadre Brufau. Pero es que esas cifras todavía encierran una trampa peor. El escenario de recaudación de 300 millones de euros al año aplicando ese escuálido 8% sólo se daría en el caso de que Repsol encontrara petróleo a espuertas, es decir, con el cien por cien de expectativas, 4.000 barriles al día, lo que equivaldría a la explotación de unos 35 pozos en aguas canarias. El riesgo, multiplicado por 35, estupenda limosna.

Un consuelo: Repsol cotizará en España

Lo único bueno que tiene esta brutal rebaja fiscal concedida a Repsol por el Gobierno de España es que ahora es más probable que la compañía cotice en suelo patrio por sus beneficios. Ese raquítico 15% que, con la ingeniería contable que todas las grandes empresas aplican magistralmente, puede quedarse en un 2 o un 3% es un atractivo indudable. Siempre será más para las arcas públicas hispanas que el destino aún por desvelar de los beneficios que la petrolera obtuvo, por ejemplo, por la venta del 50% de sus derechos sobre las expectativas en los sondeos de Canarias a la alemana RWE y a la australiana Woodside. Una operación de la que, pese a los constantes requerimientos, nunca ha habido explicación. Lo que sí queda explicado desde hoy es el motivo por el que la compañía del compadre Brufau ha decidido asumir en solitario el coste de las prospecciones canarias: ya tenía pactada esta mordida fiscal con el Gobierno y enjugaría la inversión con un solo ejercicio fiscal. Un negocio redondo que también sirve para que todos comprendamos el alcance de la componenda y la invocación del presidente de la petrolera a lo que él llama “el empeño del operador”. Como intentó hacer Soria con el empresario canario Rafael Bittini en el caso Tebeto, y salvando las lógicas distancias económicas y de poderío, se trata de que Repsol gane una millonada sin mover una plataforma. Se le puede dar a esto cualquier nombre, que lo ponga cada cual.

Ahora es en Canarias y hay riesgo

Atendiendo a unas elocuentes (como siempre) declaraciones a Canarias7 del subsecretario de Estado de Industria, el también canario Enrique Hernández Bento, estamos ante un sainete que parece no tener fin. Soria ha elegido a este estrecho colaborador suyo para que se luzca con noticias aparentemente benefactoras como la regalía del 8% o los duros trámites que habría de realizar Repsol para unas explotaciones futuras, en el caso de encontrar crudo en sus sondeos de ahora. Este Hernández Bento suena insistentemente como uno de los posibles candidatos a suceder al señor ministro en la carrera presidencial canaria, una vez confirmado que sus horizontes personales, empresariales y políticos son otros. Pero metido en su locuacidad y además de las abultadas mentiras ya relatadas aquí, don Enrique tuvo un par de lapsus que lo delatan. Uno de ellos, sin duda, es afirmar que “las regiones que soportan riesgos, aunque sean mínimos, también tienen que disfrutar de los beneficios”. La afirmación, pese al leve matiz, tiene su enjundia porque, si no nos equivocamos esta es la primera vez que el señor subsecretario admite la existencia de riesgos, aunque sean mínimos. Y ante esos riesgos, lo mejor es, atención, compensar a “las regiones” que los soportan. Esa afirmación echa por tierra la majadería tantas veces cacareada por él y por su señor ministro de que las prospecciones no están en Canarias, sino en España. Pero posturitas aparte, nada mejor que ser generoso con el populacho para que, entretenido en valorar el gesto, no repare en el auténtico beneficiario de la medida. Como siempre, el factor más poderoso de la operación.

La consulta, en manos de los colectivos

El Gobierno de Canarias ha acogido con una mezcla de resignación y desdén el acuerdo del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno de España y suspender la consulta canaria sobre las prospecciones petrolíferas. Estaba cantado, y no sólo por los titánicos esfuerzos de José Manuel Soria por reventarla, ni por la natural cerrazón del PP a todo lo que huela democracia más allá de las convocatorias que le son propicias, sino porque con la crisis catalana por medio, a ver cómo explica Rajoy una excepción así. No pasa nada, viene a ser el mensaje desde el Gobierno canario. Su posición no se debilita en absoluto ante esta negativa, más bien al contrario: le va a bastar con dejar hacer a los colectivos sociales para que ese recurso y esa suspensión tan mediatizada haga crecer la indignación ciudadana y, con ella, la brecha que separará en las urnas al PP del resto de las fuerzas políticas. No habrá, por lo tanto, consulta alternativa, ni remedo de consulta, salvo que alguna de esas fórmulas sea promovida por los colectivos que han estado en esta batalla. Ya anuncian movilizaciones desde ahora hasta el día 23, fecha prevista de la frustrada consulta, y a ellas se sumarán las instituciones y los partidos políticos como han hecho hasta ahora. Otro gallo hubiera cantado si entre los principales partidos políticos –particularmente los dos gubernamentales- hubiera ganas de marcha, pero ese no parece ser ahora mismo el ambiente que se respira. Quedan pendientes, eso sí, las acciones judiciales y las políticas -mayormente en Bruselas-. Respecto a las primeras, en cuestión de semanas se sabrá algo de la suspensión cautelar solicitada ante el Supremo. Lo de la UE, con Cañete haciendo de las suyas, tendrá un recorrido mucho más incierto, si cabe.

El presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, ha considerado este lunes que la oposición del Gobierno canario a las prospecciones para la búsqueda de petróleo en sus aguas “solo responde a razones políticas”, ya que la seguridad técnica estará completamente garantizada y no afectará al turismo.

Brufau ha hecho esas declaraciones en una conferencia en el foro Nueva Murcia, en Cartagena, donde se ha preguntado “en qué cabeza cabe” la oposición a “disponer de la posibilidad de conocer si hay recursos” energéticos en las costas españolas.

El presidente de la petrolera ha recordado que en las costas de Tarragona, “que recibe más turistas que toda Canarias”, se producen cinco millones de barriles, y Repsol responde de todas las medidas de seguridad técnica, como lo hace en otras zonas de prospecciones, como Alaska (EEUU), México o Brasil.

En su opinión, nadie cuestiona el atractivo turístico que mantienen las costas de Río de Janeiro o de Malibú (EEUU) a pesar de tener prospecciones cercanas, y la propia costa de Lanzarote tiene prospecciones a solo unos 60 kilómetros de distancia, en aguas de Marruecos.

“Estoy muy decepcionado de la actitud político-social que se ha generado sobre este asunto”, ha lamentado.

También se ha referido al método de extracción de gas y petróleo por fractura hidráulica (“fracking”), que ha suscitado gran polémica ante la posibilidad de generar contaminación de acuíferos o microseísmos.

Según ha defendido, “el fracking no tiene ningún problema”, se trata de “un paradigma de producción” que consigue anticipar en “millones de años la llegada del gas y el petróleo a la superficie terrestre”.

Ese modelo, ha subrayado, se está aplicando con gran éxito en Estados Unidos, que ha pasado de ser un importador neto de gas natural y dependiente del resto del mundo a tener gas para exportar, por lo que ese país ha dejado de ser “el guardián del orden establecido” en el mundo, un papel que actualmente le toca asumir a Europa.

En ese sentido, ha subrayado que “Europa tiene que hacer una política energética de unidad”, ya que se trata de una de las pocas materias en la que no hay una política común, sino que es diferente en cada país.

“Hay que pensar en las interconexiones”, ha insistido, y ha considerado “de otro mundo” que los gasoductos españoles, por ejemplo, no estén conectados con Francia, a pesar de que si le va bien al conjunto de Europa, le irá bien a sus países.

Además, se ha referido a la actual crisis entre Rusia y Ucrania y ha advertido de que Europa no puede tener un solo proveedor de energía, como ocurre con Rusia, ya que eso pone en peligro la seguridad energética cuando se da este tipo de crisis.

El caso de España, ha dicho, es diferente, ya que cuenta con un modelo de plantas de regasificación que le proporcionan gas natural desde siete países diferentes, lo que hace mucho más seguro el sistema al no depender de un solo proveedor, y ha instado a Europa a ir en esa dirección.

En su opinión, “España es un referente energéticamente hablando”, pero no ha sido tenido en cuenta porque no forma parte del problema con Rusia.

“Hoy España puede ser parte de la solución” y el nuevo cargo de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Cambio Climático puede ayudar a impulsar que nuestro país sea tenido en cuenta en ese sector.

Por último, se ha referido al problema del calentamiento global del planeta y a las emisiones de dióxido de carbono y ha recordado que los combustibles fósiles son los mayores emisores de esas sustancias, por lo que son necesarias políticas “agresivas” de contención.

No obstante, ha destacado que el 70 por ciento de las emisiones mundiales proceden de los ciudadanos, no de las empresas, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en los hábitos de consumo y a la racionalización del consumo de energía de los particulares.

Repsol espera empezar en el último trimestre del año las prospecciones que el Gobierno central le ha autorizado a realizar al este de Fuerteventura y Lanzarote para buscar posibles reservas de hidrocarburos en esa zona del Atlántico, según ha anunciado este martes su presidente, Antonio Brufau, que ha indicado que en caso de que se descubrieran hidrocarburos, las inversiones y el negocio generado sería mucho mayor y podrían crearse entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo.

El presidente de Repsol ha precisado, además, que los trabajos comenzarán en el emplazamiento conocido como Sandía, un punto del océano situado a aproximadamente 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura, donde su barco perforador, “de séptima generación”, deberá atravesar 885 metros de agua antes de llegar al lecho marino.

Brufau ha dado a conocer a la prensa la fecha estimada de inicio de los trabajos antes de reunirse en Gran Canaria con la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal mayoritaria en la provincia de Las Palmas, y después de haber mantenido también un encuentro con los agentes sociales para explicarles su proyecto.

El presidente de la compañía ha precisado que, en estos momentos, están a la espera de que el Ministerio de Industria y Energía conceda la licencia definitiva, una vez superado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Según Brufau, en Canarias habría “un antes y un después” si se demuestra que existen esas fuentes de energía “porque la riqueza que se podría derivar, como consecuencia de todo un sector de servicios y de la colaboración con compañías internacionales para desarrollar este proyecto, sería de primerísima magnitud y de miles de millones de dólares”.

El presidente de Repsol sostiene que todo ello aporta para Canarias “buenas señales”, a pesar de la controversia que los planes de la compañía han generado entre quienes se oponen a que se realicen proyectos petrolíferos en el archipiélago.

Brufau ha asegurado que Repsol es una compañía “bandera” en tecnología y que lleva “en su ADN” garantizar la seguridad de los trabajos que realiza, por lo que no contempla que puedan producirse derrames o accidentes como consecuencia de su actividad. “Todo lo que está haciendo la compañía lo hace de forma muy responsable”.

Asimismo, ha informado de que Repsol perfora en estos momentos en el mar en otros cuatro o cinco puntos “más complejos” que los que pretende explorar entre Canarias y Marruecos, en cuanto a profundidad y características de las rocas.

A su juicio, el debate no centrarse tanto en la seguridad de estos proyectos exploratorios como en la manera en que Canarias se debe preparar para “dar respuesta a una industria naciente que puede ser de enorme interés”.

También ha recordado que España no dispone de yacimientos energéticos importantes y que cada día importa hidrocarburos por valor de 100 millones de euros, por lo que si se determinara la existencia de gas o petróleo en esa zona del Atlántico, se reduciría la factura energética del país en una “cifra importante”.

Antonio Brufau ha defendido que, para Canarias, un posible descubrimiento de hidrocarburos no solo representa ingresos fiscales, sino el desarrollo de una industria “muy potente” vinculada al sector del petróleo.

Ha recordado que la tasa de paro de Canarias es alta y su economía está basada en la industria turística, que ha dado y está dando “sus frutos”, pero, a su juicio, puede complementarse con otro sector que “no compite con el turismo”.

“Quien diga eso falta a la verdad”, ha señalado Brufau, antes de citar varios destinos turísticos de otros países donde esas actividades “convive sin problemas” con plataformas petrolíferas.

El presidente de Repsol ha señalado que la base logística de las operaciones que se desarrollarán en esta zona del Atlántico estará situada en el puerto de La Luz y de Las Palmas, donde en esta primera fase de exploración se crearán pocos puestos de trabajo.

Brufau ha insistido en que a Repsol le preocupa que algo que puede ser “tan positivo” para Canarias sea objeto de un debate en el que se “coarte el análisis de las bondades del proyecto”.

“Lo razonable sería determinar primero si hay hidrocarburos y, de haberlos, discutir cómo generar valor en Canarias protegiendo el medio ambiente”, ha indicado el presidente de Repsol, quien ha dicho que este año en el mundo se han hecho 900 pozos en el mar y no ha habido ningún accidente.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reúne este lunes en Madrid con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, con el objetivo de conseguir la “sensibilidad” que dice no haber encontrado en el Gobierno de España para tratar de parar las prospecciones que la compañía podrá realizar a partir de octubre en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

El presidente canario trasladará al máximo responsable de Repsol los últimos acontecimientos relacionados con las prospecciones, así como la posibilidad de retrasar los sondeos hasta tanto no se celebre la consulta popular que ha solicitado la Comunidad Autónoma.

En intervenciones pasadas, Paulino Rivero ha dejado claro que el Ejecutivo canario va a seguir “firme” en su objetivo de que los sondeos petrolíferos autorizados por el Gobierno del PP no se lleven a cabo, y que va a seguir tomando “todas las decisiones” que estén en su mano, ya sea en el terreno jurídico, político o social, para lograr este fin.

El martes, tal y como ya anunciase en rueda de prensa, Paulino Rivero se reunirá con el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, principal accionista de Repsol junto con Sacyr, con cuyo responsable, Manuel Manrique, ya se encontró a principios de mes. En esta ocasión el objetivo será el mismo: lograr su apoyo para que las prospecciones no se lleven a cabo.

Ese mismo día, el presidente de Repsol visitará Canarias, jornada en la que se reunirá con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) para explicar el proyecto exploratorio que la compañía petrolífera pretende realizar en los próximos meses en aguas cercanas al archipiélago.

Semana movidita la que se avecina en frentes bien distintos pero que, como las tablas de Moisés, se concentran en dos: el petróleo y el Oasis de Maspalomas. O en uno, dicho sea por economía procesal: el respeto al medio ambiente de Canarias. Si, como ya anunció días antes de la ponencia técnica, Paulino Rivero se ciñe exclusivamente al dictamen de “los técnicos” -que evidentemente ya conocía-, Gran Canaria podrá decirle a la cara tranquilamente de ahora en adelante que él es el responsable político de que un día esa isla perdiera de vista para siempre el Oasis de Maspalomas. Parece mentira que a un político al que desde ya mismo, y sea cual sea el resultado final de su cruzada, habría que reconocerle y agradecerle su férrea oposición al petróleo en Canarias haya que empezar a colgarle en la otra solapa de su chaqueta el sambenito de cómplice de un atropello colosal a un emblema de la isla de Gran Canaria. Se debe ser ecologista para lo que deja evidentes réditos electorales, porque ése será sin duda uno de los beneficios que cosechará Rivero gracias a su justificado pulso a Repsol. Pero también audaz donde se aprecie cualquier riesgo. Porque si el peligro de enfrentarse a Riu es la reclamación de indemnizaciones por la discutible pérdida de sus derechos urbanísticos en el Oasis, ¿acaso cree el presidente del Gobierno de Canarias que Repsol no las exigiría en caso de que sus permisos se vieran ahora frustrados? ¿O es que, por ser otra la administración responsable de indemnizar ha de importarnos menos? Estamos con el Gobierno y con su presidente en la rotunda negativa a que Canarias sea escenario de explotaciones petrolíferas, por economía y por ecología. Precisamente las dos mismas razones por las que estamos en su contra si no logra proteger el Oasis de Maspalomas, necesario por ser un elemento natural sin parangón y porque, estando como está en el centro de la mejor urbanización turística de Canarias, es un polo de riqueza necesario para potenciar la misma imagen de destino natural que con el petróleo se frustraría. A la hora de redactar estas líneas, la petición en Charge para detener ese latrocinio de la mallorquina Riu, con la complicidad del Gobierno canario, ya superaba las 1.500 firmas. Hay que llegar al menos a 5.000.

Viene Brufau

El segundo asunto de interés semanal, como decíamos, es el petróleo. Y se producirá este mismo lunes, día en el que está previsto que el presidente de Repsol se entreviste con Paulino Rivero exactamente para nada. La compañía petrolífera está sufriendo un tremendo desgaste en su imagen corporativa como consecuencia de la contestación que las prospecciones en Canarias han generado no solamente en la prensa local, sino también en la nacional y en las redes sociales. La amplificación que internet supone para cualquier conflicto con repercusión social llega inevitablemente a los foros de decisión económica donde se toman decisiones y donde se fija el valor de una cotización o de una marca. Ya no hay entrevista que le hagan a Soria o a Antonio Brufau en la que no salga a relucir la cuestión canaria, precisamente por la respuesta ciudadana y política que se ha hecho sentir en otros muchos lugares gracias a la repercusión de las redes y la implicación de muchas entidades, asociaciones y personalidades de notoriedad internacional. Toda esa información, más o menos filtrada o analizada, termina llegando a los accionistas, nada insensibles a cualquier catarro que pudiera afectar a sus inversiones bursátiles. Ni siquiera el poder del petróleo y todo el dinero que se genera a su alrededor es capaz de detener un desgaste así. A ver si no por qué iba a preocuparle a Repsol Canarias como para que su presidente tenga que venir por segunda vez a intentar apaciguar el ambiente y a negar, como hizo en su primera visita, cualquier conchabo con José Manuel Soria. Repsol tiene un problema en Canarias, y a Canarias viene Brufau tras haber preparado el terreno con una campaña publicitaria en los diarios impresos que en las próximas semanas se trasladará también a los digitales.

La visita del hombre de El Monte

Pero no. La división de opiniones que desde el primer momento generó el anuncio de que podría haber petróleo en Canarias y que alguien quería que se investigara se mantiene. Cierto es que ahora hay más información y que, producto de la misma, es más que probable que haya más detractores que defensores. A ello ha contribuido sin duda la chulería con la que ha conducido este proceso el ministro canario y sus mariachis, y también la primera y hasta ahora única rueda de prensa de Brufau en las Islas. Vino exactamente a provocar. Otra cosa no fue aquel anuncio al más puro sabor colonialista del hombre de El Monte en el que engodaba a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura para que les pidieran audiencia y le rogaran ser base logística de Repsol para las prospecciones. A aquellas alturas ya Brufau sabía que el único puerto preparado por logística e infraestructuras es el de La Luz, y por entonces ya había habido algún contacto preliminar en tal sentido. Este martes volverá a verse con la prensa el presidente Brufau, pero lo hará solo con periodistas escogidos por su departamento de comunicación, entre directores de medios y profesionales influyentes, a los que tratará de convencer a partir de una sucesión de sutiles matices que, sin embargo, no negarán la mayor porque no se puede, pero que irán particularmente destinados a mejorar la imagen de Repsol ante los líderes de opinión.

La connivencia de Soria

Porque la connivencia con Soria que insistentemente negó en su última visita a Canarias Antonio Brufau ha vuelto a ponerse descaradamente de manifiesto con la tramitación del expediente de autorización de las prospecciones. El último hito, la milagrosa aparición de nuevos documentos vitales para la seguridad ambiental que no fueron sometidos a información pública en agosto del año pasado y que ahora solo se muestran a la consideración de las administraciones canarias por el breve espacio de diez días. O esa exigua indemnización de 20 millones de euros en caso de desastre ambiental, ampliable, mira tú qué cosas, a criterio del Ministerio de Industria. Por no mencionar la amplia manga ancha del ministerio hermano de Agricultura y Medio Ambiente, donde un europeizado Arias Cañete dejó todo atado y bien atado para que la petrolera y su benefactor no tuvieran que fajarse con los duros informes de algunos técnicos del departamento, justo aquellos que no tendrán que enfrentarse a las acciones penales que desde algunos ámbitos se estudian con mucho detenimiento.

No cuela, no cuela

La visita de Brufau, como decíamos, viene precedida de una campaña de publicidad de dudoso gusto y más dudosa eficacia. De momento ha tenido su mayor reflejo en la prensa impresa, donde ya han aparecido, que hayamos visto, tres páginas completas a todo color con el mismo leitmotiv pero cada una de ellas con un enfoque diferente, cada cual más polémico. Si ya cabreó al personal en las redes sociales que el primer anuncio viniera a decir que los barcos de las prospecciones no se van a ver desde la costa, más cabreó la segunda, que insinuaba que Canarias recibirá del petróleo lo que Noruega recibe a través del fondo soberano que gestiona todas sus explotaciones a través de una empresa de mayoría pública, Statoil. El creativo se ha superado sin embargo con la tercera al vecino marroquí: si lo hace Marruecos, por qué no lo íbamos a hacer nosotros. Es evidente que estamos ante la plasmación de pago de tres de los argumentos más cascados por Soria y los suyos durante estos últimos meses, argumentos que no han contribuido mucho, sin embargo, a que se baje la presión contra el petróleo, sino más bien al contrario. Porque fue el mismísimo Antonio Brufau el que se mofó en su última visita a Canarias de ese argumento marroquí negando cualquier relación entre la veta geológica que su compañía quiere testar y la que, de momento sin éxito, ha testado el vecino país. Por lo tanto, estamos ante una campaña destinada al consumo del converso y, naturalmente, a ablandar con importantes inversiones publicitarias el corazoncito de las empresas propietarias de los medios informativos. Permanezcan atentos a sus pantallas a ver en qué medida lo logra.