García Castellón pone la X de Kitchen a Fernández Díaz y tapona la investigación a Rajoy, la cúpula del PP y el CNI

El juez Manuel García Castellón ha asignado la X de Kitchen a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2012 y 2016. El caso más grave de corrupción en el departamento de la seguridad del Estado desde los GAL se salda, a falta de los previsibles recursos ante la Sala de lo Penal, con el procesamiento del máximo responsable de la cartera cuando se produjo el espionaje del tesorero del PP con cargo a los fondos reservados.

Como ya ocurriera con el terrorismo de Estado en la época de Felipe González, el presidente del Gobierno, en este caso Mariano Rajoy, queda al margen de la actuación judicial por la “operación parapolicial” para recuperar documentos que pudieran comprometerle a él mismo y a otros dirigentes del PP, entre ellos María Dolores de Cospedal, a quien García Castellón ha levantado la imputación. 

El magistrado de la Audiencia Nacional decidió este jueves no prorrogar la investigación, como le habían solicitado todas las acusaciones y, muy vivamente, la Fiscalía Anticorrupción, proponiendo recientemente una batería de diligencias que García Castellón ha rechazado en su totalidad. 

García Castellón defiende en su auto de pase a procedimiento abreviado la tesis de que la operación para sabotear la causa judicial sobre corrupción más grave en la historia del PP fue un asunto cuya “planificación, dirección, desarrollo y ejecución” corresponden al Ministerio del Interior, con su titular, Fernández Díaz, uno de los ministros más próximos a Rajoy, como máximo responsable. El actual líder del PP, Pablo Casado, se apresuró a destacar que Fernández Díaz está cesado de militancia y que el auto del juez deja claro que Cospedal, cuyo apoyo en las primeras resultó vital para su elección como presidente de la formación, “es inocente”. 

Junto a Fernández Díaz, el juez García Castellón propone juzgar al que fuera el número dos del Ministerio Francisco Martínez y a todos los mandos que integraban la primera línea de la brigada política del PP, con el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo, a la cabeza. En ese descenso jerárquico, el juez salta a Ignacio Cosidó, director general de la Policía, al que varios mandos investigados han señalado como conocedor de la operación. 

Estas son las líneas de investigación en las que, a falta de que la Sala de lo Penal corrija magistrado, ya no profundizará en el caso Kitchen, así como los sospechosos cuya responsabilidad quedará sin dilucidar.

Mariano Rajoy, “El Asturiano” o “El Barbas”

El presidente del Gobierno durante la Operación Kitchen era 'El Asturiano' o 'El Barbas', según le denominan Villarejo y sus colaboradores en los audios incorporados a la causa y también escribe el comisario en su diario. Así lo corroboraron los agentes de la Unidad de Asuntos Internos en sus informes al juez. 

Para no mencionar a Rajoy en las 70 páginas del auto, García Castellón llega a mencionar la figura del “primer ministro”, inexistente en España, y en tres ocasiones habla del “presidente del Gobierno”. La Fiscalía había pedido que el PP identificara al titular de un número de móvil facilitado por Villarejo después de que este asegurara que se intercambiaba mensajes sobre el espionaje a Bárcenas con el jefe del Ejecutivo. El teléfono, en realidad, corresponde a Rajoy, pero el juez considera la petición de Anticorrupción “una diligencia impertinente, innecesaria e inútil”. El comisario también ofreció varios números que él utilizó para que se comprobara si había comunicación entre ambos, algo imposible pasado más de un año. 

Los comisarios Villarejo y García Castaño explicaron al juez en sede judicial que el primero trasladaba información al presidente del Gobierno a través del presidente de La Razón y presidente de Atresmedia, Mauricio Casals, al que el magistrado no ha preguntado por ello. Las anotaciones del policía, que son frecuentemente utilizadas por el juez para apoyar sus argumentos, señalan al abogado Javier Iglesias Redondo como el nexo de Villarejo y su banda con el presidente del Gobierno. El cierre de la instrucción ha impedido también que Iglesias, quien aparece en las maniobras más oscuras del PP en el ámbito judicial, preste declaración siquiera como testigo. 

María Dolores de Cospedal y su “derecho de reunión” con Villarejo

Las acusaciones del caso Villarejo barruntaban el archivo de la causa contra Cospedal desde el mismo momento en que leyeron el auto de imputación del juez. Anticorrupción había pedido su citación ocho meses antes, pero el magistrado resolvió que eso dependería de lo que dijera sobre ella el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Cuando este fue a declarar se negó a contestar a la Fiscalía, al resto de las acusaciones y a las defensas de otros imputados. Así las cosas, el interrogatorio estuvo protagonizado por García Castellón. Ni una sola de las preguntas que el juez le formuló durante hora y media aludieron a Cospedal. 

En su auto, el juez alude varias veces al derecho de reunión para no criminalizar los encuentros entre la secretaria general del PP y Villarejo. “El hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”, escribe el magistrado. 

A Cospedal le asiste, según el juez, que las grabaciones en su despacho encargando “trabajos puntuales” a Villarejo, junto a su marido, “son audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad”. “En ningún momento –añade– se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión; se trata de una reunión que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran”.

A diferencia de otras anotaciones de Villarejo que son tenidas en cuenta, la que alude a pagos al comisario a través del jefe de gabinete de Cospedal –contra el que también se archiva la causa– no son tenidas en cuenta. El juez valora el hecho de que la entonces imputada Cospedal negara las entregas de dinero y lo hiciera “con contundencia”.

Ayuda a Cospedal, según el juez, que el comisario imputado Andrés Gómez Gordo, procesado por corrupción en el caso Ciudad de la Justicia, y que trabajaba a las órdenes directas de Cospedal cuando comenzó su participación en la operación Kitchen, afirmara en su declaración como investigado que “ni Cospedal ni López del Hierro le dijeron que hablara con Sergio Ríos (el chófer, confidente del policía)”. López del Hierro, el marido de Cospedal, quien conoce a Villarejo desde los años noventa, también queda fuera de la causa por decisión de García Castellón. 

El magistrado destaca en su auto que Cospedal le contó que los documentos que supuestamente querían robarse en la Kitchen habían estado a su disposición en la sede del PP durante meses, cuando Bárcenas salió del edificio, por lo que “resulta contradictorio pretender sostener su liderazgo ideológico”. La acusación contra ella, culmina el juez, “no deja de ser el resultado de una inferencia voluntarista”.

Ignacio Cosidó, el director general de la Policía que no sabía nada

A través del auto de García Castellón ha trascendido que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación del máximo responsable de la Policía en la época del espionaje a Bárcenas con fondos reservados. El juez ha propuesto llevar a juicio a sus inmediatos superiores y subordinados, pero no a Cosidó. Se da la circunstancia de que uno de los indicios que el juez carga a uno de los mandos policiales, José Ángel Fuentes Gago, para mantener su imputación es que era la “mano derecha” de Pino, circunstancia que no pesa en Cosidó con el cargo que ostentaba.

La Fiscalía aludía a que había sido señalado por los comisarios Villarejo y Pino y el juez dice que le “llama la atención la generalidad de los términos en los que se formula la petición, sin referencia a dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona”.

En el caso de Cosidó, el juez valora las anotaciones de Villarejo cuando escribe: “Chisco [Francisco Martínez]. Cosi habla con todos y dice que no tienen que hacer algo que en conciencia no proceda”.

El CNI, el falso cura y el espionaje en la cárcel

El cierre de la investigación ha segado los indicios que comenzaban a aparecer en la causa y que apuntaban a la posible participación o conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia cuando este dependía de la vicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. 

El primero en apuntar esos indicios fue el considerado por el juez “coordinador” de la operación, Francisco Martínez. Lo hizo de forma voluntaria, cuando incluyó en su registro ante notario un mensaje con Fernández Díaz en el que aludían al “contacto cecilio”, expresión policial para referirse a los agentes del Centro. Y de forma involuntaria, cuando escribió una reflexión en su teléfono, sin saber que luego sería incautado, en la que aludía a la implicación de otros “servicios del Estado”.

Luego, como ocurriría con sus amenazas a Rajoy, Fernández Díaz o Cospedal, Martínez se retractó. Del CNI dijo al juez que habló con su entonces director general, Félix Sanz Roldán, porque Interior buscaba dinero de Bárcenas en el extranjero y el servicio de Inteligencia siempre tiene mucha información. El general le respondió que no era su competencia pero que si les llegaba algún dato se lo comunicaría, aseguró Martínez en su última declaración como investigado ante el juez.

Entre los episodios sin aclarar que deja el cierre decretado por García Castellón está el de los motoristas con cámaras en los cascos que no eran policías y que seguían a Rosalía Iglesias. Sergio Rios, el chófer, asegura que Villarejo y García Castaño le hablaron con naturalidad de la implicación del CNI en el operativo. 

La investigación tampoco ha permitido aclarar si el asalto del 'falso cura' a la casa de los Bárcenas es un episodio de Kitchen. Y no porque Anticorrupción no lo haya intentado. Una de las diligencias rechazadas por el juez va en ese sentido y también desliza la posible implicación del CNI. La Fiscalía quiere que la médico forense que visitó a Enrique Olivares en prisión emita un informe sobre su estado para declarar. La facultativa ha estado de baja por una enfermedad grave y en ese lapso García Castellón ordenó trasladar a Olivares a la Audiencia Nacional y que un forense ajeno hasta ese momento dictaminara si era capaz de declarar. 

El fiscal ha escrito recientemente: “Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares García en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado”. Anticorrupción quería saber igualmente quiénes eran y por qué visitaron a Olivares en prisión después de que elDiario.es revelara que había sufrido un ictus.

La última línea de investigación en aparecer fue una segunda Kitchen perpetrada dentro de la cárcel. Bárcenas denunció al juez la existencia de un preso con identidad falsa que le espiaba y habló de las instrucciones que dio a otro recluso para que, cuando saliera de permiso, destruyera la grabación que guardaba en la nube y que implicaba a Rajoy. El fiscal sospecha que el preso “hacker”, Isidro Sánchez, pudo ser otro de los colaboradores captados por la brigada política, como apuntan las anotaciones de Villarejo. Anticorrupción quería que se citara a los policías que consultaron en los ficheros policiales los datos de Sánchez y su hermana, pero el juez considera que eso no aportaría “nada nuevo”.