La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València jutja dimecres un home acusat d’un presumpte delicte d’odi per haver publicat en la xarxa social X (antic Twitter) missatges contra l’exconsellera de Justícia i Interior del Govern autonòmic del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo. 

La Fiscalia sol·licita per a l’acusat una pena d’un any i tres mesos de presó com a autor d’un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.

El ministeri públic al·ludeix a missatges en la xarxa social publicats “amb la intenció de menysprear-la i humiliar-la per la seua condició de dona”. 

Els missatges es van publicar el 27 d’abril de 2023, en l’última etapa de l’executiu valencià del Pacte del Botànic.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo miércoles a un hombre acusado de un presunto delito de odio por haber publicado en la red social X (antiguo Twitter) mensajes contra la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno autonómico del Pacte del Botànic, Gabriela Bravo.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de un año y tres meses de prisión como autor de un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

El Ministerio Público alude a mensajes en la red social publicados “con la intención de menospreciarla y humillarla por su condición de mujer”.

Los mensajes se publicaron el 27 de abril de 2023, en la última etapa del Ejecutivo valenciano del Pacte del Botànic.

Rosa Pérez Garijo, exconsellera de Transparencia del Gobierno del Pacte del Botànic, ha denunciado a un inspector de la Conselleria de Educación y a la concejal popular del Ayuntamiento de Massanassa María José Vázquez por un supuesto delito de prevaricación. La exconsellera considera que las trabas para escolarizar en Massanassa a sus dos hijas, vecinas de Catarroja (una de las localidades afectadas por la DANA) suponen una discriminación del derecho de las adolescentes a la escolarización.

La familia de Pérez Garijo, coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, vivió en la comarca de l'Horta Sud la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. El instituto de Catarroja en el que sus dos hijas, de 14 años, cursan tercero de la ESO, quedó totalmente arrasado por la barrancada; actualmente “no está en funcionamiento ni lo estará en mucho de tiempo”, recuerda Rosa Pérez Garijo. “El alumnado en la actualidad se limita a recibir una tutoría semanal por asignatura a través de videoconferencia, es decir, no tienen clases. Además, no pocas veces falla la conexión. Este trimestre ni tan siquiera han recibido calificaciones”, abunda la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

La exconsellera solicitó el pasado 26 de noviembre la acogida escolar provisional sus dos hijas en el IES de Massanassa, una localidad a tiro de piedra de Catarroja en la que su pareja mantiene el domicilio laboral. “Siendo que hay una imposibilidad de recibir docencia en el instituto correspondiente en el domicilio familiar, optamos por el instituto del domicilio laboral, puesto que ambos domicilios se encuentran al mismo nivel en el proceso de admisión”, explica. Sin embargo, no obtuvo “ninguna contestación”.

Dos días después, el 28 de noviembre, presentó por registro de entrada ante el Ayuntamiento de Massanassa, gobernado por el popular Paco Comes, una solicitud de matriculación estable a la comisión de escolarización del municipio, en el que “existen vacantes”, según la denuncia. El consistorio le respondió días después que estaba pendiente de la decisión del inspector educativo.

Así, el 3 de diciembre solicitó una cita con el inspector, que le telefoneó seis días después. “Me explicó con mucha amabilidad que él no podía aprobar la admisión porque no existe normativa sobre este tema y que vulneraría derechos de otras personas, aunque en aquel momento no existían más solicitudes de escolarización presentadas en tiempo y forma. Me dejó bastante claro que de ninguna forma iba a aceptar la matriculación de mis hijas en la IES de Massanassa”, relata la denuncia.

Pérez Garijo alega que la normativa autonómica reguladora del proceso de admisión incluye la escolarización fuera del procedimiento ordinario de admisión por razones urgentes o especiales. “Creo que es más que evidente que se dan sobradamente razones especiales y urgentes para proceder a la escolarización de las menores”, afirma la exconsellera, que también agrega: “Presenté la solicitud de acuerdo con la normativa y entiendo que la situación actual que estamos sufriendo no puede servir para fundamentar la no aplicación de la norma, tendría que ser más bien el contrario”. 

La denuncia recuerda que procesos similares se han realizado en “numerosos institutos que no han tenido ningún problema en aceptar al alumnado que no puede volver a su centro educativo por causas excepcionales imputables a la DANA”, en localidades como València, Mislata, Torrent, Silla o Sedaví, que “han admitido alumnado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja”. “No se comprende que no se conceda la admisión en el IES de Massanassa, que es un instituto, además, con existencia de vacantes, produciendo de este modo un agravio comparativo en un caso de dos menores que, en condiciones normales, accederían a este centro por ser el que está situado en el domicilio laboral paterno”, apostilla.

La exconsellera del Pacte del Botànic afirma que el derecho constitucional a la educación “no se está cumpliendo” en el caso de sus hijas, “que en estos momentos llevan más de dos meses en casa sin escolarizar, no teniendo en cuenta la conselleria el interés superior de las menores, realizando además una interpretación restrictiva de la norma en una zona concreta totalmente contraria al resto de zonas, lo cual supone una discrecionalidad injustificada”.

Rosa Pérez Garijo explica que, después de no haber obtenido “ninguna respuesta formal” del Ayuntamiento de Massanassa sobre la solicitud, envió sendos correos electrónicos a la inspección y a la dirección territorial de la conselleria que dirige el popular José Antonio Rovira, organismos de los que tampoco ha tenido contestación.

“Pero si dicha situación ya constituía una vulneración de la normativa, mayor gravedad tienen los hechos acontecidos con posterioridad”, advierte. El pasado 12 de diciembre, tras una reunión de la comisión municipal de escolarización, en un “encuentro casual”, Pérez Garijo preguntó sobre su solicitud a la concejala de Educación de Massanassa, María Jose Vázquez, quien le informó de que, junto con el inspector educativo, había decidido “ofrecer las plazas vacantes del IES de Massanassa, pero que habían buscado la manera legal de limitar esas plazas a los niños y niñas con domicilio familiar, ”lo que claramente constituye una decisión ad hoc que limita“ el derecho de sus hijas, ”además de no tener en cuenta la solicitud de escolarización realizada en tiempo y forma“.

“No existe ninguna norma ni en vigor ni derogada recientemente de la Conselleria de Educación que realice diferenciación del domicilio familiar y laboral, siempre están al mismo nivel jurídico”, recuerda la denuncia.

Con este panorama, la exconsellera de Transparencia envió una tanda de correos electrónicos al departamento de Educación del Ayuntamiento de Massanassa, al propio alcalde, a la inspección, a la dirección territorial y a la secretaría autonómica de la conselleria. La única respuesta, del pasado 19 de diciembre, fue de la Inspección General de Educación, que le informaba de que había notificado sus escritos a la Inspección Territorial de València.

También le notificaba el acuerdo del consistorio de Massanassa, del pasado 12 de diciembre, que abría un plazo de reserva para los alumnos residentes que necesiten realizar la escolarización en el municipio hasta al 15 de enero, fecha en la que la Comisión de Escolarización “se volverá a reunir y así decidir si da por finalizada la reserva de plazas para el alumnado local”. 

La decisión “vulnera claramente la normativa”

“Es obvio”, afirma Pérez Garijo, que la decisión de la Comisión de Escolarización de Massanassa “vulnera claramente la normativa y que dicha norma se realiza además sabiendo que he solicitado la escolarización de mis hijas”.

Rosa Pérez Garijo considera que la situación también se debe a su trayectoria política. “Dicha arbitrariedad se puede entender mejor si tenemos en cuenta mis responsabilidades en el anterior Gobierno valenciano, durante cuatro años fui la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, anteriormente había sido diputada provincial durante ocho años y concejala de Catarroja durante dieciséis”. Su currículum político y sus “discrepancias” con el actual Gobierno autonómico de Carlos Mazón “son públicos y notorios”, recuerda la exconsellera.

Pérez Garijo sostiene que se ha dado una “doble vulneración de la normativa”. “En primer lugar”, detalla, “porque presentada en tiempo y forma la solicitud de escolarización, hay una ausencia de respuesta, mientras que en el resto de institutos de la zona se ha facilitado la escolarización al alumnado del Instituto Berenguer Dalmau de Catarroja de forma rápida y sin problemas”. 

“Y en segundo lugar”, abunda la denuncia, “porque tras informar en la comisión de escolarización desde el departamento de Educación del Ayuntamiento de Massanassa que tan solo había una solicitud de escolarización presentada por registro de entrada, dos menores hermanas no residentes, pero con padre trabajador en Massanassa, es decir mi solicitud, y dos familias residentes de Massanassa que habían preguntado oralmente, el inspector educativo y la concejala de Educación, que presidía la reunión, deciden proponer la apertura de un plazo para únicamente el alumnado con residencia en Massanassa, acuerdo que, como he expuesto anteriormente, vulnera toda la normativa autonómica y estatal que sitúan de forma clara la prioridad de escolarización por domicilio familiar o laboral (que alguno de los progenitores trabaje en el municipio) sin distinguir ni priorizar entre ambos”.

El juez que imputó a la dirigente de Compromís, Mónica Oltra, cuando era vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por encubrir desde su puesto los abusos sexuales a una menor tutelada -por los que fue condenado su ex marido-, ha archivado el caso. No ha encontrado ninguna prueba contra ella ni contra los 15 funcionarios y miembros de su equipo que también estaban imputados en una causa impulsada por la extrema derecha. 

Pero la presión política, mediática y judicial que desató esta imputación obligó a Oltra, líder indiscutible de la izquierda valenciana, a dejar la política. Casi dos años después, la izquierda perdió el Gobierno de la Generalitat que ahora ocupan PP y VOX. Hablamos con Lucas Marco, periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, sobre los detalles de este proceso judicial y sus consecuencias políticas.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La empresa Mas Mut Produccions, vinculada a Francis Puig, recibió subvenciones por el fomento del valenciano con trabajos que los investigadores de la Guardia Civil han comprobado, en un análisis de videos y facturas, que fueron realizados en parte en castellano, según consta en un informe presentado al Juzgado de Instrucción número 4 de València por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del instituto armado.

El informe, de 446 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, contiene un análisis y relación de las facturas relacionadas con la actividad de las empresas vinculadas al hermano del expresident de la Generalitat y exsecretario general del PSPV, Ximo Puig, un informe complementario solicitado en su día sobre los proveedores que las habían emitido al objeto de acreditar la realidad de los servicios prestados por las compañías.

En esta causa, el juzgado investiga, tras una querella interpuesta en su día por el PPCV, supuestas irregularidades en subvenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana entre 2015 y 2018 a empresas relacionadas con Francis Puig y sus socios, los Adell Bovell. Se trata de las mercantiles Comunicacions dels Ports; Mas Mut Producciones, Canal Maestrat o Kriol.

En la comprobación de la facturación de Mas Mut, a los investigadores les llama la atención, la existencia de una subcarpeta denominada 'Digitalització', con los ejemplares escaneados del 'Setmanari Noticies' de 1993 a 2012, y una factura con el concepto de “encuadernación y digitalización de contenidos”, que no coinciden con los archivos aportados, y que de los 1.119 elementos que contiene, 534 son en castellano “lo que no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán”.

En otro apartado, en facturas a Comunicacions dels Ports, los investigadores constatan que muchos de los archivos de reportajes son la totalidad en castellano, “lo que no sería objeto de subvención”; otros mezclan castellano y valenciano y otros son solo en valenciano.

El informe, que no presenta conclusiones al juzgado ni cuantifica económicamente las posibles irregularidades sino que realiza un análisis de las facturas, incluye otro apartado con el nombre de 'Seu Calaceit' y explica que se había requerido a las compañías telefónicas información sobre facturas y datos relativos a Comunciacions dels Ports.

El número de teléfono correspondiente a la sede figuraba entre 2010 y 2016, y los agentes desconocen la forma en la que en 2017 y 2018 pudo prestar servicio Mas Mut en esa ubicación sin línea telefónica ni conexión a internet.

Asimismo, señala, otros apartados, que no figura en el albarán la denominación de los archivos que incluyen por lo que no se puede comparar o se observa diferencias temporales entre la creación del archivo y el mes que figura en la figura.

Factura de alquiler

Los agentes también acudieron a comprobar la sede de Mas Mut en Penyarroya de Tastavins (Teruel), donde constararon la existencia de una vivienda unifamiliar de dos alturas, y a la que llamaron en varias ocasiones durante las dos visitas realizadas. Un vecino confirmó a los investigadores que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig --hermano de Francis--.

Como ya indicaron en un informe anterior, la casa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil sino que “presenta el aspecto de una vivienda particular”, además de no presentar más antenas que la habitual en una residencia normal. Por ello, los agentes no pueden acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil.

Y en otro apartado de facturas de Canal Maestrat, los agentes analizaron un disco duro entregado para determinar los archivos de imagen/video que guardan relación con cada una de las facturas presentadas para la subvención. En la carpeta 'Cuota aportación información territorial', los investigadores localizaron 145 archivos en diferentes formatos, creados entre enero y mato de 2017, con contenido relativo a localidades del delta del Ebro, Tortosa, Amposta o D'Eltebre.

“Esta instrucción desconoce su estos trabajos guardan relación con la justificación del gasto para subvención de la Generalitat de Cataluña o, si por el contrario, fueron presentados para la subvención de la Generalitat Valenciana”, al quedar fuera del territorio de la Comunitat.

Sobre facturas no abonadas de Canal Maestrat SL, indica el informe que en una cuña de radio sobre la comarca del Matarraña, los investigadores señalan como “llamativo” que el archivo publicitario de audio se incluya en la cuenta justificativa de la subvención estructural a emisoras de televisión de titularidad privada en catalán o aranés.

Del mismo modo, entre los servicios de contenidos para Comunicacions dels Ports también figura un reportaje sobre la boda de Enrique Adell Bover con Inés Aular con más de 20 archivos de vídeo con audio en castellano y únicamente siete en valenciano.

Y en el examen de facturas de Nova CB, señalan que aporta la cuenta justificativa de gastos para la subvención del fomento del valenciano en modalidad radio en la que no se “entiende” el suministro de imágenes, algunas de ellas sin audio, para este tipo de justificación.

En este sentido, el informe también hace referencia a micro-vídeos promocionales de la localidad de Xert (Castellón) y donde “en ninguno de estos” se habla en valenciano.

La reducción del plazo medio para operarse en la Comunitat Valenciana fue una de las principales promesas electorales del PP durante la pasada campaña electoral. Sin embargo, una vez en el ejecutivo autonómico junto a Vox, por el momento no se ha logrado el objetivo, si bien es cierto que tan solo lleva seis meses al frente de la gestión sanitaria.

En materia de listas de espera, la primera medida que adoptó el nuevo conseller, Marciano Gómez, fue ocultar los datos que con el Gobierno Botánico se publicaban cada tres meses. de forma que ahora tan solo se hará dos veces al año, en junio y en diciembre.

De esta forma, este viernes se hicieron públicas las estadísticas del pasado mes de diciembre, según las cuales, el plazo medio para operarse es de 88 días, el mismo que había en diciembre de 2022 con al anterior ejecutivo de izquierdas. En cuanto al número de pacientes, había 65.245 pendientes de intervención, un 2,7% menos que en el mismo mes de 2022, gracias al aumento de intervenciones a lo largo de 2023, un 6% más.

Según informaron este viernes fuentes de Sanidad, la actividad quirúrgica se ha centrado en los pacientes con mayor urgencia por sus patologías, es decir, con prioridad 1.

En concreto, mientras la cifra de pacientes con prioridad 1 en espera ascendía a 2.967 en junio del pasado ejercicio, en diciembre del mismo año este número ha bajado hasta los 1.411 enfermos, lo que supone un descenso del 52,44 % en estos seis meses.En este sentido, cabe destacar que los pacientes con prioridad 1 son aquellos que tienen que ser operados en un plazo máximo de 30 días por el riesgo vital que presenta su patología.

En el mismo periodo se ha reducido en un 29 % el número de pacientes con prioridad 2, que son los que deben ser intervenidos en plazo no superior a 90 días. La cifra de este grupo de pacientes en espera se ha reducido de los 17.214 de junio a 12.217 en diciembre.

Desde el pasado mes de junio, la lista de pacientes en espera quirúrgica se ha reducido en 7.459 personas (de los 72.704 de junio de 2023 a los 65.245 de diciembre de 2023).

De esta forma, se cumple el objetivo de esta Conselleria, tal como explicó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su primera intervención en Les Corts, de centrar los esfuerzos de manera prioritaria en aquellos pacientes cuyo pronóstico vital está comprometido.

“Desde el primer día nos comprometimos a priorizar las actuaciones en función de la gravedad y de indicadores sanitarios, puesto que la salud de los pacientes siempre está por encima de los números o las listas. Por tanto, nuestro criterio siempre será sanitario y nunca estadístico”, ha insistido el titular de Sanidad.

Por departamentos, se ha reducido la demora media de forma notable en el área sanitaria de Vinaròs (de los 95 días de diciembre de 2022 y los 78 de junio de 2023 a los 59 de diciembre de 2023), Sagunto (de los 67 días de diciembre de 2022 y los 64 de junio de 2023 a los 48 de diciembre de 2023), Requena (de los 83 días de diciembre de 2022 y los 80 de junio de 2023 a los 63 de diciembre de 2023), la Ribera (de los 64 días de diciembre de 2022 y los 57 de junio de 2023 a los 53 de diciembre de 2023), y Elx-Crevillent (de los 44 días de diciembre de 2022 y los 50 de junio de 2023 a los 42 de diciembre de 2023).

Por especialidades, en el último año se han reducido las esperas en Cirugía Cardiovascular (de 63 a 43 días de diciembre de 2022 a diciembre de 2023), Cirugía General (de 85 a 81), Cirugía Maxilofacial (de 110 a 69), Cirugía Ortopédica y Traumatología (de 104 a 97), Cirugía Plástica (de 152 a 147), Cirugía Torácica (de 132 a 120) y Neurocirugía (de 146 a 119).

En función de las patologías, la demora media ha disminuido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 en artroscopias (de 97 a 94 días), colecistectomías (de 67 a 58 días), hallux valgus (de 75 a 54 días), hernia inguinal/crural (de 62 a 61 días), prótesis de cadera (de 136 a 83 días), prótesis de rodilla (de 122 a 71), quiste pilonidal (de 67 a 66 días), túnel carpiano (de 61 a 44 días), y varices (de 52 a 46 días).

El conseller ha afirmado que es consciente de que queda mucho trabajo por hacer y ha destacado que la Conselleria “continuará destinando todos los esfuerzos necesarios para que el tiempo de espera para ser intervenido en la Comunitat Valenciana continúe en el ritmo de reducción deseable, con especial atención a los pacientes de prioridad 1 y 2, insistiendo en priorizar los indicadores de salud por encima de cualquier estadística”.

Los cambios de color político en las administraciones conllevan siempre que el Gobierno entrante, en este caso autonómico, trate de rentabilizar políticamente las actuaciones más positivas que vienen encarriladas del equipo saliente.

En este sentido, si hay un departamento en el nuevo ejecutivo bipartito del PP y de Vox en el que se dará esta situación en mayor medida será en la Conselleria de Sanidad, en la que el Gobierno del Botánico realizó una importante apuesta en materia de inversiones en nuevas infraestructuras y equipamientos, espoleado en parte por los fondos Next Generation.

De esta forma, el nuevo conseller, Marciano Gómez (PP), vivirá un auténtico maratón de inauguraciones y visitas de obras como consecuencia de los 483 millones de euros que hay en estos momentos puestos en marcha en una decena de nuevos centros de salud y en ampliaciones y mejoras de ocho hospitales repartidos por toda la Comunitat Valenciana.

Se trata de una cifra récord que se ha ido incrementando cada año desde 2015, último con del PP antes de la victoria electoral de la izquierda, en el que se invirtieron 11,9 millones de euros. Así, en los ocho años del Gobierno del Botánico se multiplicó por 36 el valor total de las obras en marcha y de 16 actuaciones se ha pasado a 129.

Los centros de salud de Malilla en València (5,1 millones de euros), Ernest Lluch-Campanar de València (25 millones), el complejo sanitario Roís de Corella en Gandia (15 millones) o el nuevo hospital de Ontinyent (43 millones) serán algunas de las dotaciones más importantes cuyas obras finalizarán entre este año y el que viene. Este último ya abrió el pasado mes de abril la parte de consultas externas y tras el parón de las obras que se dio el pasado mes de mayo ante la necesidad de modificar el proyecto para dar cabida a una máquina de resonancia magnética, estaba previsto que los trabajos se reanudaran este mes y que finalicen por completo en junio del año que viene.

Además, en lo que a hospitales se refiere, están ya en marcha o adjudicadas las obras de ampliación del Hospital Clínico de València (96 millones de euros); de la Vega Baja en Orihuela (62,5 millones); del hospital Marina Baixa (57 millones); hospital Militar Quart de Poblet, reforma y ampliación para HACLE y Salud Mental (21,5 millones); ampliación y reforma del bloque quirúrgico del hospital General de Elche (11,5 millones); ampliación de las urgencias del hospital Doctor Balmis de Alicante (7 millones); nuevo bloque quirúrgico de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital General Castellón (1,6 millones).

En cuanto a atención primaria o especializada, están también adjudicadas o en fase de ejecución las obras de los centros de salud de Rincón de Loix de Benidorm (4,5 millones de euros); Garbinet de Alicante (7 millones); reforma del centro de salud integrado de la calle de Gerona de Alicante (14 millones); ampliación y reforma del centro de salud de la Vall d’Uixó (2,5 millones); ampliación y reforma del centro de salud de Catarroja (4,9 millones); ampliación del centro de salud de Algemesí (1,8 millones); ampliación y reforma del centro de salud de Petrer II (3,3 millones de euros).

Licitados 92 millones en equipamiento

La Conselleria de Sanidad ha publicado en la plataforma de contratación del sector público la licitación del servicio de mantenimiento integral de los productos sanitarios, equipamiento de uso sanitario y otros accesorios de los centros dependientes de la Conselleria.

El contrato se divide en 21 lotes y el período de ejecución es de 24 meses, con posibilidad de prórroga de hasta 36 meses. El valor estimado del mismo asciende a más de 92 millones de euros, IVA excluido, incluyendo posibles prórrogas y modificados.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, destacó este martes la apuesta inequívoca del nuevo Consell por profesionalizar la gestión de la Sanidad en la Comunitat Valenciana, una gestión que, según ha indicado, “será moderna, rigurosa y con método”.

Gómez ha realizado estas declaraciones en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde asistió a la presentación del nuevo gerente, Francisco Soriano Cano. Un acto en el que también estuvo presente el secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce, y que contó con la asistencia de profesionales del departamento.

En esta visita, el conseller repasó el estado actual de las obras y el nuevo equipamiento de última generación con que se está dotando al centro. Así, en cuanto al estado actual de la obra de Urgencias Generales, Pediátricas y la Unidad de Corta Estancia del hospital, apuntó que en estos momentos “se encuentra en el desarrollo de la fase 3 de un total de 5 fases, que consiste en la reforma de las Urgencias Pediátricas”.

La finalización de esta fase está prevista entre octubre y diciembre de este año y, una vez reformado este espacio, el Servicio de Pediatría, que actualmente presta asistencia en el edificio de nueva planta construido en las fases previas, se trasladará a su espacio habitual. “En la siguiente fase se remodelarán las actuales urgencias generales”, indicó.

Alcaldes progresistas piden la reversión del hospital de Manises

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, celebró este martes una primera reunión con sus homólogos progresistas de diferentes municipios del Departamento de Salud de Manises a quienes ha propuesto la creación de una Xarxa d’Alcaldies que trabaje de manera conjunta para evitar que se paralice el proceso iniciado por el gobierno del Botànic de recuperación del departamento para la gestión pública.

“No conocemos cuáles son las intenciones del nuevo Consell. No sabemos nada en absoluto sobre la auditoría anunciada por el conseller, de manera que las alcaldesas y alcaldes de los municipios del Departamento de Salud de Manises vamos a solicitar información detallada al respecto. No podemos permitir que nuestras vecinas y vecinos sigan sufriendo las consecuencias de un modelo privatizador, a nuestro juicio, en claro retroceso”, afirmó la alcaldesa de Quart de Poblet.

Cristina Mora invitó a los alcaldes y alcaldesas de los 14 municipios de Departamento de Salud a sumarse a la Xarxa d’Alcaldies y les ha convocado el próximo 25 de septiembre en Quart de Poblet.

La alcaldesa anunció que solicitará al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, una reunión con los representantes de la Xarxa d’Alcaldies “para que nos facilite información detallada del grado de cumplimiento del cronograma presentado por la Conselleria junto con las Normas de Reversión y el resultado de la auditoría que anunció que haría sobre el Departamento de Salud de Manises”.

Las promesas electorales, como las palabras, se las lleva el viento. Al menos, en el caso de la recuperación pública del hospital de Dénia cuya tramitación inició el Gobierno del Botánico a principios del presente año al finalizar la concesión, el PP ha dejado en el aire el compromiso que tomó ante los empleados del departamento de salud y plantea una posible prórroga del contrato que ostenta Marina Salud de año en año.

Así se lo trasladó este jueves el conseller de Sanidad del Gobierno valenciano conformado por PP y Vox, Marciano Gómez (PP), a los representantes de los empleados de la empresa dependiente de Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del que fuera senador del PP Fernando de Rosa, en una reunión celebrada este jueves.

Tras el encuentro, los portavoces de los trabajadores afirmaron que el conseller les trasladó que “en estos momentos, aún no ene una decisión tomada al respecto de la finalización del contrato, pendiente del resultado de una auditoria global que esta llevando a cabo la propia conselleria sobre los departamentos de salud”. Y añadieron: “Nos ha remarcado que en todo caso, si la decisión fuese de prórroga de concesión, se realizaría año a año”.

Los miembros del comité de empresa añadieron que le manifestaron al conseller su preocupación por esta posible prórroga, y la no finalización de contrato, “tal y como prometieron a la población de la Marina Alta antes de las elecciones”. Según las mismas fuentes, tras recordarle la promesa electoral, Gómez comentó que debe tomar la decisión más responsable y que lo hará una vez tenga los resultados de la auditoría interna, pese a que la propia conselleria ya elaboró a principios de año un informe económico que avalaba la reversión.

Durante la reunión los representantes sindicales dieron a conocer al conseller la actual situación del departamento de salud de Dénia, en comparativa con las área de salud colindantes respecto: “Condiciones laborales que provocan que no seamos un departamento de salud atractivo para la contratación de personal; ratios de personal muy inferiores a departamentos de salud colindantes como Gandia o La Vila: plan de vacaciones no cubierto, provocando que la propia plantilla tenga que cubrir la falta de personal, provocando que a finales de verano la plantilla se encuentre agotada; problemas de cobertura por la falta de personal sanitario y cobertura de vacaciones; fuga de personal debido a la incertidumbre sobre la reversión y condiciones laborales”.

Todo ello, según el comité de empresa, “provocando una disminución de la calidad asistencial que se proporciona a la población de la Marina Alta que es responsabilidad de la empresa a la que se pretende prorrogar el contrato”.

Por otra parte se ha tratado el problema de la judicialización del II Convenio Colec1vo por parte de la conselleria, aspecto que van a estudiar si es posible su desbloqueo.

El líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, fue elegido presidente de la Generalitat Valenciana el pasado jueves 13 de julio con el apoyo del PP y de Vox, que ha entrado a formar parte de un gobierno de coalición.

Mazón se reincorporó a las listas del PP en 2019, pero sus andanzas comenzaron 20 años atrás. El nuevo jefe del Consell inició su trayectoria política en un sindicato estudiantil próximo a Nuevas Generaciones del PP en la Facultad de Derecho. Del campus saltó a la dirección general de Juventud en el Gobierno valenciano (1999-2003) en el equipo de Eduardo Zaplana, a quien se considera su padrino político.

Precisamente, Zaplana fue el precursor de multitud de externalizaciones de servicios públicos para la gestión privada. De todas ellas, destacan tres casos que han proporcionado negocios millonarios a las diferentes empresas adjudicatarias, siempre cercanas al partido. Es el caso de los departamentos de salud de Alzira y Torrevieja en primer término, de la inspección técnica de vehículos (ITV) y de las resonancias magnéticas.

Todos estos servicios se han recuperado para la gestión pública en los últimos ocho años, una vez han ido finalizando los contratos de cada concesión, por parte del Gobierno de izquierdas del Pacto del Botánico presidido por Ximo Puig.

Los departamentos de salud de Dénia y de Manises iban a ser los siguientes en revertirse en los primeros meses del año que viene, una decisión que queda ahora en manos de Mazón, como también la de volver a la política de privatizaciones para licitar de nuevo alguno de estos servicios.

Concesiones sanitarias

Mazón ha verbalizado en más de una ocasión que no descarta volver al sistema de concesiones sanitarias por el que se cede a empresas privadas la gestión de departamentos de salud, un modelo que impulsó Zaplana con el hospital de Alzira y que se extendió a otras cuatro áreas de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).

Del total de estas concesiones, Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, gestionaba las de los departamentos de Alzira, Torrevieja, Dénia (tras adquirir el accionariado de DKV) y Elche.

El Gobierno del Botànico presidido por Ximo Puig, sin embargo, se marcó como objetivo recuperar para la gestión pública todas aquellas concesiones cuyos contratos finalizaran durante su mandato ante el descontrol y la elevada conflictividad con las empresas gestoras, principalmente Ribera Salud. Así se hizo en 2018 con Alzira y en 2021 con Torrevieja. En el caso de Torrevieja, desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 15 de octubre de 2021, Ribera Salud recibió por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato, un total de 1.688 millones de euros.

Resonancias magnéticas

En diciembre de 2021, recuperó otro de los pelotazos propiciados por el expresidente Zaplana en el año 2000, cuando decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos. Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y en un segundo concierto, Ribera Salud, fueron los adjudicatarios, empresas todas ellas cercanas al PP.

El modelo impulsado por el que fuera también ministro de Trabajo ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas. Sobre el primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en enero de 2001, el diputado socialista Ignacio Subías denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60% respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas públicas privatizar las resonancias magnéticas.

Según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó por segunda vez, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

Las ITV, un negocio que ha llevado a Zaplana al banquillo

La Sociedad Valenciana de ITV SA es la empresa pública creada por el Gobierno valenciano del Pacto del Botánico que el pasado 23 de febrero asumió la gestión del servicio 25 años después de la externalización impulsada por el expresidente Eduardo Zaplana (PP), por la que está a un paso de sentarse en el banquillo por blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

La privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos que autorizó Zaplana y que ha investigado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el juzgado en el 'caso Erial' provocó un aumento de tarifas que situó a la Comunitat Valenciana como líder de España en cuanto al precio de la inspección.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La privatización del servicio, en 1998, llegó a triplicar el precio a pagar por una inspección obligatoria, que pasó de una media de 18 euros hasta los 46, siempre en función de las características del turismo. Según informes internos de Consell, las ITV facturaron entre 1998, año de la privatización, y 2009 cerca de 317 millones de euros más de los previsto en los cálculos iniciales.

“Estamos muy contentos, cuando nos llamaron desde la administración para decirnos que ya se había firmado la compra del edificio nos pusimos a llorar de alegría mi pareja y yo, como si nos hubiera tocado la lotería. Enseguida lo comunicamos al resto de familias afectadas y todos se emocionaron mucho, hay familias con bebés o personas discapacitadas que no sabían qué iban a hacer si los echaban de sus casas”.

Raquel Gallego, de 49 años, junto a su marido, ha explicado así de emocionada el alivio que ha sentido al recibir la comunicación oficial de que el Gobierno valenciano del Pacto del Botánico ha adquirido el edificio Ática de Sociópolis en La Torre, pedanía de València, por el mecanismo de derecho de tanteo y retracto, con lo que ha evitado el desahucio de un centenar de familias.

En concreto, la Conselleria de Vivienda, que gestiona en funciones el vicepresidente Héctor Illueca, firmó in extremis este martes 11 de julio la compra de un edificio de 124 viviendas protegidas por 18,4 millones de euros a cuyos inquilinos la promotora pretendía desalojar para vender el inmueble a un tercero.

Fuentes de la mencionada conselleria han explicado que la compra se ha hecho efectiva con los correspondientes informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención, que han dado el visto bueno a la operación a pesar de estar en funciones.

Tal y como ha comentado Raquel Gallego, “hace 10 años firmamos un contrato de alquiler con opción de compra para una vivienda que en nuestro caso tiene 52 metros cuadrados y valía 190.000 euros”. De esta forma, empezaron pagando 356 euros de alquiler, un precio que fue subiendo hasta los 550 que pagan actualmente.

“Si queríamos adquirir la casa, seis meses antes de que pasaran los 10 años teníamos que notificarlo y se suponía que nos actualizaban el precio del inmueble y nos descontaban el 50% de lo abonado de alquiler. Pero nos dijeron que el precio seguía siendo de 190.000 euros, cuando está tasado en 92.000 euros, y que solo nos descontaban 19.000 euros del alquiler, cuando según mi banco serían 25.000 euros”, ha asegurado.

Por este motivo, no ejerció la opción de compra, lo que motivó que el pasado mes de diciembre, junto al resto de familias, recibieran una carta de la mercantil Grupo Valenciano de Vivienda S.L., sociedad perteneciente al Grupo Atica, informándoles de que debían abonar las viviendas en marzo. Al trasladar la situación al alcalde pedáneo, al Ayuntamiento y a la Conselleria de Vivienda, se puso en marcha el procedimiento de derecho de tanteo por el cual la administración en estos casos tiene preferencia para adquirir los inmuebles.

De esta forma, las 124 viviendas pasarán al parque público de la Generalitat Valenciana y las familias que residen actualmente en ellas podrán seguir haciéndolo pagando un alquiler social.

Los partidos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) no consiguen revalidar la mayoría en las Corts Valencianes. Los resultados arrojan una mayoría clara para la derecha, con el PP de Carlos Mazón como primera fuerza política, que logra 40 asientos en el Parlamento autonómico. Los populares mejoran notablemente su resultado, absorbiendo el voto de Ciudadanos, que se queda fuera de la cámara autonómica; pasan de 19 a 40 diputados.

Los socialistas mejoran el resultado de 2019 pero no consiguen la mayoría suficiente para gobernar. El PSPV que encabeza Ximo Puig suma cuatro escaños, situándose en 31 asientos. En un hemiciclo en el que la mayoría absoluta se consigue con 50 diputados, la coalición del Botànic solo suma 46; pierden seis escaños en su conjunto. Compromís, que había sido la segunda fuerza del Ejecutivo progresista y la cuarta en las Corts Valencianes queda ahora con Joan Baldoví en tercera posición, bajando a 15 diputados -pierde dos-, pero la debacle de Unidas Podemos hace inviable reeditar el acuerdo de Gobierno.

Con el 96% de los votos escrutados, Unides Podem no logra entrar en el Parlamento autonómico. La formación que encabeza Héctor Illueca se queda con un 3,5% de los votos y pierde su representación en las Corts Valencianes. La pérdida de escaños de este partido, que contó con 8 en los pasados comicios, hace que las tres izquierdas del Pacto del Botánico no puedan revalidar el Gobierno autonómico. La formación pierde más de la mitad de los apoyos en términos porcentuales.

Por su parte, Vox obtiene 13 escaños, tres más que los que logró en las pasadas elecciones autonómicas, y sube al 12,5% de los apoyos totales, frente al 10% con el que contaba. Con los 40 escaños del PP, la derecha suma mayoría absoluta. Ciudadanos se queda sin representación en el Parlamento Valenciano: sus 18 diputados se esfuman. Los comicios se han saldado con una participación del 68,8%, una de las más bajas en la serie histórica.

El PP gana las grandes alcaldías

Los populares consiguen arrebatar a la izquierda las dos alcaldías en las capitales de provincia y consolidan su liderazgo en Alicante. En la ciudad de València, que había sido el feudo de la izquierda, los conservadores liderados por Maria José Catalá obtienen 13 concejales, siendo la lista más votada, y el partido de ultraderecha Vox otros cuatro. Compromís, que ostentaba la alcaldía con Joan Ribó al frente, pierde un concejal y se queda con 9 asientos, mientras que el PSPV de Sandra Gómez mantiene unos resultados similares a los de 2019, repitiendo con 7 concejales. Catalá podrá ser alcaldesa pero necesitará al partido de ultraderecha para gobernar. Gana la derecha por un asiento, revirtiendo el resultado de 2019.

En Castelló, la alcaldesa socialista Amparo Marco pierde la vara de mando, que pasará al PP. Con la candidata Begoña Carrasco a la cabeza, los populares obtienen 11 ediles, que sumarán a los 4 de Vox. Compromís se queda con tres concejales en este ayuntamiento.

Por su parte, en Alicante, bastión de la derecha, los populares amplían su mayoría. El partido que encabeza Luis Barcala se hace con 13 concejales, aumentando así en cuatro ediles su resultado, mientras que Vox duplica su representación pasando de dos a cuatro ediles.

Resultados de 2019

En las pasadas elecciones autonómicas, los socialistas de Ximo Puig fueron la primera fuerza política con un 23,8% de los votos y sumaron 27 escaños, con 637.673 votos. La segunda fuerza política fue el PP, con 19 escaños y un 18,8% escrutado, un total de 504.403 votos. Ciudadanos, que fue tercera fuerza, obtuvo el 17,45% de los votos, 18 escaños para un total de 470.676 votos. En cuarta posición se situó Compromís, que con un 16,44% de los votos (443.640 en total), obtuvo 17 escaños. En quinta posición entró Vox, con 10 escaños para 281.608 papeletas, un 10% del total de los votos. Por último, Unides Podem, el tercer socio del Pacto del Botánico, obtuvo 8 escaños con el 7,98% de los votos, un total de 215.392 votos papeletas.

Hoy damos una vuelta por España para hablar de ciudades importantes a las que prestar atención en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M. Ciudades donde tan solo un puñado de votos marcarán la diferencia entre si gobierna o si pierde un bloque u otro. Y de ahí sacaremos muchas conclusiones en cuanto a la pugna entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.   

Hablamos con los periodistas de elDiario.es Fátima Caballero, Sandra Vicente y José Enrique Monrosi, además de la directora de elDiario.es en Andalucía, Lucrecia Hevia.

***

Te invitamos a la grabación en directo de ‘Un tema Al Día’ en el festival Estación Podcast en Madrid

 ***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Mireia Mollà (Elche, 1982) fue destituida hace dos días de su puesto de consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a petición de la vicepresidenta de Compromís, Aitana Mas. Mollà, una de las piezas clave de la andadura de Compromís, cree que su cese “es inédito en el Gobierno del Pacte del Botànic y las justificaciones más inéditas todavía”. En esta entrevista con elDiario.es, desmiente que su sonada salida del Ejecutivo autonómico, a poco más de seis meses de las próximas elecciones autonómicas, sea una consecuencia de la polémica sobre las energías renovables o de la negociación de los presupuestos y apunta a cuestiones internas de Iniciativa, una de las formaciones que integran Compromís en la que Mas, Mollà y Mónica Oltra comparten militancia. 

¿Cómo han sido las últimas 48 horas?

Aterrizando a esta situación sobrevenida y creo que claramente injusta. Lo estoy procesando. También estoy recibiendo muchísimo cariño de muchísima gente, organizaciones y funcionarios. Este proceso, que parte de una decisión dolorosa y que no comparto, también ha tenido una parte dulce en el reconocimiento de mucha gente.

¿Cómo se enteró de la destitución?

Salí de las Corts Valencianes en una jornada de cuatro horas de comparecencia. Quince minutos después, recibí una llamada de Aitana Mas en la que me comunicó que había propuesto mi cese desde ese mismo día. Fue muy breve. Intenté preguntarle las razones, no me las dio y ahí terminó la conversación.

Intenté preguntarle [a Aitana Mas] las razones [de la destitución], no me las dio y ahí terminó la conversación

¿Cómo era la relación con Aitana Mas?

A ella le han preguntado varias veces y ha dicho públicamente que eran normales. Y han sido normales. Desde la cordialidad y el respeto institucional. No creo que hayan distado de las del resto de compañeros. Somos compañeras de partido y compañeras en el Gobierno y así han sido.

¿Cree que el hecho de compartir dentro del partido un espacio de influencia en Alicante ha tenido algo que ver en este movimiento?

Me cuesta verlo. Creo que todos hemos entendido desde hace tiempo en Compromís que la política de Alicante había que reforzarla, que nuestro proyecto tenía ciertas debilidades allí y teníamos que hacer un sobreesfuerzo y más aquellos que estamos en cargos de representación. Ella tenía presencia en Alicante con su agenda, como Raquel Tamarit [la consellera de Educación] y yo, que no han sido incompatibles en ningún caso.

Se ha hablado mucho de cohesión estos días, en los discursos sobre su cese. ¿No estaba el Gobierno valenciano cohesionado?

Estaba cohesionado. Si alguien había entendido que no, no lo había expresado en ningún momento. Además, cuando una cosa no está cohesionada y genera algún tipo de malestar, lo lógico entre compañeros es tratar de ver qué genera esa falta de coordinación, ese choque o discrepancia. Entiendo que en la forma cómo se debe tratar a las personas, que se traslada también a la política, uno se sienta y habla como si hablara con un familiar para resolver los temas. Nunca hemos tratado este tema; nunca se ha dicho que faltaba cohesión, ni por parte de ningún compañero del Gobierno.

¿Tampoco de otros partidos?

Tampoco. Ni Podemos, ni Esquerra Unida, ni el PSPV, ni Compromís en los foros del partido. En el Gobierno además, con los últimos cambios, habíamos constituido una cohesión incluso mucho mayor que en otros momentos.

¿Ha hablado con Ximo Puig?

Sí. El president me llamó ese mismo día. Es una conversación privada y forma parte de las llamadas que han sido un ánimo estos días, reconfortante a nivel político y personal.

Comentaba que en la llamada de Aitana Mas no le dio explicaciones. ¿A qué achaca esta decisión?

Creo que todo el mundo está aterrizando sobre esas supuestas razones que se pusieron sobre la mesa, que han resultado incomprensibles. 48 horas después van aflorando otras explicaciones que parece ser que cuadran más, que se circunscriben a un ámbito estrictamente partidista y personal que no es el mío. Ya me cuesta entender por qué se apela tanto a personalismos cuando se toman decisiones desde esa vertiente.

Hablando de las razones que se han ido argumentando. ¿Negoció usted directamente con Hacienda los presupuestos?

No. Lo que suele pasar, al menos desde que estoy en el Gobierno, porque antes he sido la negociadora en las Corts Valencianes, donde las cuentas tenían que salir negociando con Podemos y las he defendido con uñas y dientes..., es que se hacen negociaciones bilaterales con la Conselleria de Hacienda para explicar la propuesta que se ha mandado, por qué se quieren más recursos en una línea o cuáles son los proyectos nuevos, para defenderlos y explicar cuál es la motivación. Así lo he hecho porque en Compromís me dijeron que estábamos haciendo esa ronda y porque lo hacían mis compañeros. Hacienda ha desmentido que yo condicionara o exigiera nada. Me parece ridículo hablar de esto.

Siempre se dice que el tiempo da a uno la razón, no esperaba yo que fuera tan pronto

Volviendo a las razones de la destitución. Aitana Mas toma la decisión pocos meses después de entrar en el cargo. ¿Cree que Mónica Oltra está detrás?

No lo sé y no lo creo. Como al principio no se ha ofrecido ninguna explicación y las que han salido han caído como un castillo de naipes, ahora se ofrecen explicaciones que no llevan nombre propio...

Algunas sí. Se ha pronunciado el exjefe de gabinete de Oltra [Escribió en Twitter: “Siempre me ha resultado curioso que cuando alguien es nombrado para una responsabilidad no pregunta el motivo y agradece el nombramiento. En cambio, cuando es cesado, muchas veces exige toda clase de explicaciones].

Sé que eso lo ha escrito Miquel Real, no lo ha escrito Mónica Oltra. Así que no sé si representa la opinión de Mónica Oltra. Lo que sé es que no es cierto. A mí se me dieron explicaciones sobre por qué querían que fuera consellera: estás haciendo un papel en Elche, tienes un proyecto de capital verde europea, queremos que hagas eso para cinco millones de valencianos y valencianas. Y cuando sales, no es cierto que no se deban dar explicaciones. Lo haces por decisión de compañeros. Si somos el partido de la sonrisa, de construir matria [el lema de Iniciativa-Compromís, el partido de Oltra, en su congreso], creo que hay que trabajarlo con los compañeros. Y en segundo lugar: cuando la gente no entiende la decisión ya estamos cometiendo un error. Y esto no lo ha entendido nadie. Estamos cometiendo un error político. Cuando no sabes cómo explicárselo a a la gente y la gente quiere que se lo expliques es un error político de primer orden.

Cuando la gente no entiende la decisión ya estamos cometiendo un error. Y esto no lo ha entendido nadie

¿Ha hablado con Oltra?

No. Creo que está centrada en un momento delicado, en un proceso judicial muy difícil. Nadie me ha dicho que ella esté detrás. No sé si alguien la quiere reivindicar como propia; si nadie quiere hacerse cargo de la decisión, da cuenta de que no era muy buena.

¿Cómo cree que influyó en Iniciativa y Compromís la dimisión de Mónica Oltra?

En la vertiente política ha sido muy dura para Iniciativa y para Compromís. En la vertiente personal, también. Hemos caminado durante estos 15 años por un camino muy duro y que ha generado sinergias personales muy fuertes. Porque, si no, ese camino tan duro no se podría haber hecho. Lo personal y lo humano también entran ahí. Decíamos que íbamos a transitar por los afectos y lo hemos hecho. En lo político es un golpe muy grande, claro que sí. Nadie discute, y eso es inapelable, que Mónica Oltra ha sido un valor político impagable, inmejorable de la política valenciana. 

Ha dicho “ha sido”. ¿Cree que ya no lo es?

Es la manera de expresar que ahora ha tenido que apartarse de la política por una circunstancia que tiene que resolver. Mónica siempre será un animal político. 

¿Cree que su pronunciamiento público sobre la conveniencia de que Mónica Oltra dimitiera al ser imputada le ha colocado en el disparadero?

Mónica dimitió, con lo cual hubo elementos que llevaron a esa decisión y, por tanto, no creo que mi opinión se desviara mucho de lo que sucedió. A lo mejor habría que preguntarle a la gente que dijo lo contrario si de verdad estaban pensándolo o era un ejercicio de hipocresía. Porque yo, desde lo político y desde lo humano, creo que fue una buena decisión. Y lo creía días antes de suceder, lo creí en el momento y lo sigo creyendo ahora. Por tanto, he sido completamente honesta con ella, conmigo y con la situación política en la que estaba Compromís. ¿Sinceramente, el problema es que si tu honestidad te lleva a pensar diferente de tus compañeros tienes que callarte lo que piensas? Eso no es Compromís y eso no se llama democracia, se llama otra cosa. Es más de regímenes autoritarios. 

Otra de las razones es la polémica de las energías renovables. Se habla de deslealtad...

Llevo casi cuatro años como consellera apelando a dar un salto a la transición energética, que debe ser justa, sin impactos territoriales, favoreciendo la instalación de pequeñas y medianas plantas. Durante estos cuatro años no ha habido una velocidad adecuada y lo reconoce todo el mundo en el Gobierno, hasta el punto de que se han hecho cambios en los decretos. Públicamente he dicho que hay que hacerlo bien y hacerlo ágil y además semanas antes el propio president lo ponía de manifiesto. No he dicho nada que no haya dicho antes, no he dicho nada que no sea verdad y hoy mismo el president ha dicho que va a haber una cascada de expedientes para instalar plantas fotovoltaicas. Siempre se dice que el tiempo da a uno la razón, no esperaba yo que fuera tan pronto.

Esta decisión no responde a unos criterios ni de gestión ni de política, no está a la altura de las circunstancias. La gente lo percibe

¿En un año en el que ha habido varios cambios en el Gobierno valenciano, cómo afecta esto a conseguir una mayoría de izquierdas?

Estamos en una legislatura muy complicada. Una pandemia, incertidumbre económica, guerra energética, el cambio climático cada vez más palpable... Ante eso, hemos sido un Gobierno a la altura de las circunstancias. Pero las circunstancias de hoy son para estar bien a la altura. Esta decisión no responde a unos criterios ni de gestión ni de política, no está a la altura de las circunstancias. La gente lo percibe. No sé si se estarán preguntando: ¿Qué está haciendo mi Gobierno? Cuando la gente se pregunta eso tensionas un nuevo Pacte del Botànic y a tu formación, que no está en un momento dulce.

¿Cómo ve el rumbo de Compromís a seis meses de las elecciones?

Había dos formas de afrontar esta situación difícil para Compromís: siendo más auténticos, reforzar la fórmula de éxito o mirarnos el ombligo. La primera significaba reforzar los liderazgos plurales. Eso da la sensación de apertura, de ampliar y sumar, que era la fórmula de éxito de Compromís. Las últimas decisiones que se están tomando consisten en mirarse el ombligo y nos alejan de la política.

¿Va a continuar en primera línea?

No es seguir o no seguir. Es que nunca he dejado de estar ni dejaré de estar al entender que la política forma parte de nuestra manera de ver el mundo. Eso tiene fórmulas partidistas, institucionales, asociativas, activismo… Tiene fórmulas muy diversas, no lo sé. Entendedme, sinceramente, hace dos días que estaba completamente centrada en la actividad de la conselleria y mi cabeza estaba en ello. Todavía tengo en mi cabeza la agenda política de la conselleria, no me ha dado tiempo a pensar en primarias ni en nada parecido. 

¿Ha tenido usted algo que ver en la dimisión de la secretaria autonómica Paula Tuzón y del subsecretario Alfons Puncel?

No. Hemos perdido una secretaria autonómica excelente e inmejorable, estoy orgullosa de lo que hemos hecho en la conselleria y de las políticas y proyectos que hemos conseguido poner encima de la mesa. Paula Tuzón es una de las protagonistas indiscutibles de todo eso, así que me duele muchísimo. También entiendo que cuando uno quiere ser coherente y cuando entiende que la colectividad está por encima de las decisiones partidistas, personalistas e injustas, si tiene decencia, hace lo que siente. Entonces la puedo entender, y a Alfons Puncel igual. 

El cese que se ha producido es inédito en el Gobierno del Botànic y las justificaciones más inéditas todavía

¿Cree que va a haber más dimisiones estos días?

Creo que es un momento complicado. Yo sé lo que les he dicho. El consejo que he dado a todo el mundo es que quedan muchas cosas que culminar y rematar esta legislatura; es verdad que para garantizarlo tiene que seguir el equipo. Si no sigue el equipo, a mi eso sí que me dolería muchísimo, que se fueran por la borda algunos proyectos.

¿Con su sucesora, Isaura Navarro, ha hablado?

No, no he hablado con ella. 

¿Por qué no fue al intercambio de carteras?

Porque quiero ser honesta. Con ella, conmigo y con todos. Creo que hubiera sido una situación incómoda para ella, para mí y para todos. Además, el cese que se ha producido es inédito en el Gobierno del Pacte del Botànic y las justificaciones, más inéditas todavía, porque son invisibles. Creo que a la gente los ejercicios de hipocresía en política la saturan un poco. 

¿Qué le aconsejaría a su sucesora?

Que escuche al equipo, que pueda hablar con ellos sobre los temas que están encima de la mesa. De los que hemos culminado, de los que están a las puertas de culminarse y de los que habíamos empezado y, por tanto, hay que rodarlos. Que confíe en que el equipo va y ha ido en la buena dirección. Y, por tanto, que pueda liderar esa conselleria y alterar lo mínimo las políticas que se estaban haciendo que creo que, sin lugar a dudas, estaban a la altura de las circunstancias. Si las políticas y la gestión estaban a la altura de las circunstancias, ella lo que tiene que hacer es capitanearlas. 

La abrupta salida del Ejecutivo valenciano de Mireia Mollà i Herrera (Elche, 1982) supone la caída de una pieza clave para Compromís y para los socios del PSPV-PSOE y Unides Podem. Su incorporación al Gobierno autonómico como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en la segunda legislatura del Pacte del Botànic, inaugurada tras un adelanto electoral unilateral decidido por el presidente Ximo Puig y que ahondó aún más la desconfianza entre los socios, pretendía encarrilar una conselleria que fue una jaula de grillos durante los primeros cuatro años. Mollà, con su osado estilo de cara al público, esconde un perfil serio que permitió, sin ir más lejos, la aprobación de los Presupuestos autonómicos durante la primera legislatura del Botànic, cuando ella era diputada del grupo parlamentario en las Corts Valencianes.

El puesto de consellera culminaba una carrera política iniciada con su incorporación como diputada autonómica en 2007, bajo la marca del originario Compromís pel País Valencià, con apenas 25 años. Tras la ruptura del sector liderado por su padre, Pasqual Mollà, y por Mónica Oltra y la creación del Compromís definitivo —una nueva marca que consolidaba una suerte de valencianismo progresista con una potencia electoral impensable hasta hacía cuatro días—, Mireia Mollà lideró junto con la diputada socialista Clara Tirado la denuncia de las corruptelas de Rafael Blasco, entonces conseller del PP. Una denuncia que propició la entrada en prisión del longevo político valenciano.

Si durante la última legislatura de los populares valencianos en el Palau de la Generalitat Mollà se centró en la batalla contra la corrupción de Blasco, en la primera del Botànic a partir de 2015 se encargó prácticamente en exclusiva de pilotar las complicadas negociaciones de los presupuestos autonómicos. Una misión casi imposible en la que tuvo que bregar con los socios del PSPV-PSOE y, especialmente, con Podem, que no estaba integrado en el Ejecutivo valenciano pero daba apoyo parlamentario desde la barrera.

El papel central de Mollà en la negociación presupuestaria, con interlocutores en la parte socialista como Manolo Mata, José Muñoz o Ana Barceló sucesivamente, le valió un cierto reconocimiento por parte del presidente Ximo Puig, por su capacidad de que las cosas no se desmadraran demasiado y su hondo conocimiento de los números ejercicio tras ejercicio. 

Su aterrizaje en el Gobierno valenciano en 2019 propició la pacificación de una conselleria, controlada durante la primera legislatura por la pata verde de Compromís, que acabó como el rosario de la aurora. Sin embargo, el peso de Mireia Mollà en el seno de Iniciativa se ha ido deshinchando en los últimos tiempos, a pesar del histórico papel de la familia en la formación. Sin ir más lejos, los Mollà fueron barridos en el último congreso de la formación ecosocialista.

Si bien una de las explicaciones que se han manejado tras el cese ha sido la supuesta negociación unilateral de los presupuestos, las desavenencias en el seno de la pata valencianista del Botànic vienen de (más) lejos. Mireia Mollà empujó, junto con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, a la dimisión de Mónica Oltra en un contexto insostenible tras su imputación a cuenta de la gestión de la Conselleria de Igualdad de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La postura de Mollà quedó anotada en el seno de una formación que cuenta con una lejana, leve y muy difuminada tradición bolchevique. La minoritaria vanguardia había quedado descabezada con la dimisión de su histórica y carismática líder, una situación que en esa tradición suele ir acompañada de purgas.

En sustitución de Oltra, entró como vicepresidenta la joven Aitana Mas, uno de los puntales de Iniciativa en las comarcas del sur del País Valenciano, un terreno electoralmente controlado por la derecha. Mas se ha encargado de negociar con sus socios del PSPV-PSOE las cuestiones más espinosas de la acción de gobierno y encara el siempre complejo debate del reparto presupuestario. En paralelo, el diputado en el Congreso Joan Baldoví se ha postulado como candidato a las primarias para encabezar la lista de Compromís a las próximas elecciones autonómicas y llenar el vacío que deja Oltra en el liderazgo de la formación.

Paradójicamente, la salida de Oltra (percibida por los socialistas como un foco de inestabilidad y tensiones) no ha traído paz. La última refriega en el seno de las conselleries controladas por Compromís a cuenta de la lentitud de las autorizaciones para las plantas fotovoltaicas colocó a Mollà en el disparadero. La vicepresidenta Aitana Mas le pidió a Mollà en la última rueda de prensa posterior al pleno del Consell que huyera de los personalismos e instó a “remar todos en la misma dirección”.

Apenas cuatro días después de estas declaraciones, Aitana Mas ha pedido a Ximo Puig la destitución de Mollà en una conversación celebrada en el Palau de la Generalitat. El comunicado de Presidencia alude al agradecimiento por parte de Mas a su “esfuerzo” y “dedicación” de los últimos años. También destaca el “perfil político” y de “gestión de primera línea” de la sustituta, la hasta ahora secretaria autonómica de Salud Pública Isaura Navarro, con quien Mollà ha mantenido a lo largo del tiempo sonados enfrentamientos.

En Compromís, más allá de Iniciativa, no sabían nada de la decisión que se traía entre manos Aitana Mas. El cese, del que Mollà se ha enterado poco antes de que Presidencia lo comunicara, ha causado cierta perplejidad entre las filas socialistas. A nadie se le escapa que apenas quedan seis meses para las próximas elecciones autonómicas.

Ni la política ni el periodismo están para determinar inocentes o culpables. Solo para decidir u opinar sobre la idoneidad de los que están en la vida pública. Hasta que la Justicia no dicte lo contrario, Mónica Oltra será inocente de los delitos por los que la investiga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que son los de abandono de un menor, prevaricación y encubrimiento de un delito de abusos sexuales cometido por su exmarido a una menor tutelada de 17 años. Sin embargo, claramente no era apta para seguir al frente de la vicepresidencia del Consell ni el departamento de Igualdad. 

El listón de exigencia ante la imputación judicial de un político lo estableció ella misma en los años en que hizo de azote del gobierno valenciano que presidía el infausto Francisco Camps. Por eso su atrincheramiento de los últimos días era aún mas inexplicable. La presión política y mediática ha provocado finalmente su dimisión. Tarde y mal, con un alegato contra lo que considera “la mayor infamia política y mediática del país” y “con la cabeza alta y los dientes apretados”. 

Más que víctima de una conspiración, que también se cree, Oltra cayó en una actitud muy habitual, pero nada saludable en la política y en la vida, como es la negación de la realidad. Un mecanismo de defensa en la búsqueda de autoprotección que suele acabar en la destrucción de uno mismo. Antes o después, si uno no afronta los problemas se convierten en carcoma. Los síntomas son muy evidentes: no se reconoce una situación adversa, se evita afrontar el problema, se minimizan las consecuencias. Nada de ello hace que la adversidad desaparezca por más que se ignoren los hechos, el afectado se transforme en bicho bola, se revuelva o niegue la evidencia. Tampoco ayuda que los amigos organicen una fiesta para bailar y reír al son de la música y provoquen el bochorno incluso de los más partidarios. 

Mónica Oltra era un dolor de cabeza para Compromís, para su amiga Yolanda Díaz  y para el gobierno de la Generalitat valenciana. Su terquedad en proclamar una teórica verdad no desmiente la realidad y además la ha convertido en una caricatura de sí misma, de lo que fue y de lo que se espera sobre la dignidad política. Las excusas, las teorías de la conspiración, la autocomplacencia o la irresponsabilidad son mecanismos bien conocidos entre quienes antes que ella, como hicieron Cifuentes o Camps, se atrincheraron para no asumir responsabilidades políticas cuando correspondía.

La vicepresidenta, consellera de Igualdad y portavoz del Consell valenciano, ha sido citada a declarar el 6 de julio en calidad de investigada por la gestión de su departamento en el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado a 5 años de prisión su exmarido, que ha recurrido ante el Supremo. La fiscal del TSJV y los tres jueces designados por la Sala de lo Civil y Penal para llevar la causa investigan si pudieron producirse los tres delitos antes citados. 

Oltra era la responsable máxima de la conselleria que debía velar por los intereses de la menor tutelada por la Generalitat. Así que más que la política valenciana, aquí la única víctima y por tres veces, fue la joven de 17 años. Porque abusaron de ella, porque no se le dio por parte de la Administración la protección debida y porque algunos ahora tratan de instrumentalizarla para sacar rédito político. Esto por no entrar en aquello de “hermana, yo sí te creo”. A ella, quienes la tutelaban no la creyeron.

Cada día que seguía en el cargo era un día más de desgaste para su partido y para todo el gobierno valenciano, además de un ejercicio clamoroso de falta de generosidad y de coherencia básica con lo defendido ante otros casos judicializados en los que se han visto inmersos diferentes políticos. Ya no se trataba de que Oltra no hubiera digerido los hechos ya juzgados y sentenciados de quien fue su pareja al distinguir entre “realidad judicial” y “verdad”, es que con su comportamiento se hubiera llevado por delante el Consell.

Se aferraba a la no existencia de “pruebas directas” que reconoce el tribunal, pero obviaba la consideración de “los indicios plurales” de una conducta concertada de los funcionarios que podría delatar una estrategia de protección de la misma Oltra o de abandono de los derechos de la víctima, cuya denuncia fue desatendida por la conselleria.

Ni siquiera en Compromís confían en el archivo de la causa tras la declaración de Oltra, a tenor de la contundencia de los escritos de la fiscal y de los jueces, pero en un concepto de lealtad mal entendida, habían cerrado filas con su correligionaria. Por eso, el president, Ximo Puig, les había dado un ultimátum hasta el fin de semana: si no la convencían para que se fuera, sería él mismo quien la destituiría. El barón socialista no quería que el asunto contaminase a todo el gabinete. Y, aunque en público no lo decían, en Unidas Podemos, tercer socio del Botánic, opinaban lo mismo que el president. 

Pues aun así hay políticos que todavía no saben irse cuando les llega el momento. O se resisten o se van cinco minutos antes de que les echen. Se llama dignidad, que es algo que ni se compra ni se vende. Simplemente, se tiene o no se tiene y es una condición mínima para ejercer la política. 

En Japón existe una modalidad de funeral en el que el finado está vivo. Se llama seizenso y es una forma de mostrar agradecimiento a los seres queridos antes del óbito, por ejemplo para los enfermos terminales. Mónica Oltra Jarque (Neuss, República Federal de Alemania, 1969) no ha querido asistir a sus propias exequias (políticas). En una jugada muy característica, se ha adelantado a propios y extraños, y antes de la ejecutiva de Compromís que debía debatir la situación del Pacte del Botànic tras la imputación de su vicepresidenta, Oltra ha aparecido en la sede de la formación valencianista y ha anunciado que se va para no poner en peligro el Gobierno progresista a menos de un año para las próximas elecciones autonómicas. La dirigente de Compromís ha comparecido arropada por sus más estrechos colaboradores en la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige desde que en 2015, tras dos décadas de hegemonía absoluta del PP, las fuerzas de izquierda se ponían de acuerdo para gobernar.

Oltra afronta el horizonte judicial sin el doble aforamiento del que disfrutaba, como parlamentaria autonómica y miembro del Ejecutivo valenciano. La delicada situación también trastoca las posibles alianzas con Yolanda Díaz de cara a las próximas elecciones generales. La imputación y posterior dimisión de Oltra afecta, por tanto, a los cimientos de la izquierda valenciana. Porque Oltra ha sido la líder política artífice de las mayorías de izquierdas en el País Valenciano. 

Nacida en Alemania, país al que su familia emigró durante el franquismo, Mónica Oltra se crió en un ambiente de militancia en la izquierda comunista. Su padre Juan Oltra, metalúrgico, y su madre Angelita Jarque, trabajadora en una fábrica, formaron “una familia obrera, de estirpe comunista, algo que desde el principio de la existencia consciente de Mónica comportó la asunción de los valores que esa izquierda exigía y practicaba”, escribe el autor de su biografía.

El regreso a España supuso su ingreso en las Juventudes Comunistas y, posteriormente, en Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). La larga década de 1990, tras la caída del Muro de Berlin y la hegemonía absoluta de las tesis neoliberales, forjó una travesía en el desierto de una joven estudiante de Derecho que ya apuntaba maneras. Sin embargo, no fue hasta 2007, cuando accedió al escaño de parlamentaria autonómica en una candidatura de unidad entre el Bloc Nacionalista Valencià y EUPV que acabó, en la mejor tradición cainita de la izquierda, como el rosario de la aurora.

Mónica Oltra, junto con la actual consellera Mireia Mollà, fue expulsada de Esquerra Unida uniéndose al incipiente Compromís, una marca que haría fortuna. Su propuesta, un valencianismo de izquierdas con un cierto componente ecofeminista, contaba con una ventaja de importancia capital: el instinto político de Oltra amén de su capacidad dialéctica para poner en apuros a un PP gobernante hasta el cuello de casos de corrupción.

La fórmula tuvo éxito y en 2015, tras un último y agónico mandato de los populares, las elecciones dieron un excepcional resultado a Compromís que se situó como la segunda fuerza política de la izquierda con más votos. En la ciudad de Valencia, la formación valencianista se hizo con la alcaldía, algo impensable pocos años antes. 

Oltra, tras una tensa negociación con los socialistas valencianos, asumió el área de políticas sociales, que renombró como inclusivas, además de la vicepresidencia y la portavocía del Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. Entre sus competencias figuraban los centros de menores. Un ámbito de gestión amplio y complicado que durante las casi dos legislaturas del Pacte del Botànic le ha dificultado ejercer en todo su esplendor el papel político de contrapeso al PSPV-PSOE.

La relación con Puig, especialmente después del adelanto electoral de 2019 forzado por el presidente –para hacerlo coincidir con las generales–y que ella no consideraba justificado, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo a velocidad de vértigo. Ni siquiera se hablaban por teléfono. Rodeada de un equipo de fieles, por momentos casi adoradores oltristas, la vicepresidencia primera se convirtió en un antagonista institucional del Palau de la Generalitat aunque con menos recursos en su mano para la batalla.

La condena de su exmarido por abusar de una menor tutelada y las acusaciones contra la gestión del caso en su departamento han desencadenado en la imputación de Oltra. Un largo camino que ha supuesto un notable desgaste político y personal de la ex vicepresidenta y que Oltra ha afrontado con poca destreza. El argumento de la persecución de la extrema derecha, que ejerce la acusación particular y popular en el caso, ha alargado la agonía de las últimas jornadas, tras su imputación por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Oltra se marcha para “no comprometer el proyecto de cambio” del Pacte del Botànic. La líder de Compromís no ha querido asistir a su seizenso.

La imputación de la vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión en su conselleria de los abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana ha tensado la relación entre el PSPV-PSOE y Compromís en el seno del Ejecutivo autonómico a un año de las elecciones autonómicas. Como trasfondo, la conveniencia de que un cargo público dimita o no cuando es imputado. La formación valencianista ha avalado sin fisuras a Oltra —aunque con significativos silencios, como el del exconseller y peso pesado de Compromís Vicent Marzà— mientras que el presidente Ximo Puig ha planteado a las tres fuerzas que conforman el Pacte del Botànic (el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) abrir una “reflexión colectiva” tras el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ve “indicios plurales” de una supuesta maniobra de Mónica Oltra para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido, condenado por abusos a la menor tutelada, o para “proteger” su propia carrera política. Los socialistas no han ocultado su perplejidad por la inquietante deriva judicial de la número dos del Gobierno valenciano, a la que solo el presidente Ximo Puig podría apartar del puesto.

Sin embargo, el PSPV-PSOE cuenta con un antecedente que cuestiona la dimisión de un aforado tras su imputación por el TSJ-CV. El entonces portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, fue investigado en 2010, procesado, llevado a juicio ante la Sala de lo Civil y Penal tras una denuncia del PP y finalmente absuelto en 2011 por un supuesto delito de encubrimiento al haber exhibido en sede parlamentaria un informe policial del 'caso Gürtel' que estaba bajo secreto de sumario.

La sentencia de la Sala, formada por la presidenta del TSJ-CV, Pilar de la Oliva y los magistrados José Flors y Juan Climent, consideraba que existían elementos probatorios que permitieran afirmar la “concreta finalidad de impedir el descubrimiento del delito que el tipo penal por el que se acusa exige”. 

Si bien el informe policial, bajo secreto de sumario, ya había sido publicado en varios medios de comunicación, el socialista Ángel Luna lo exhibió en la cámara autonómica durante un debate parlamentario celebrado el 24 de marzo del 2010, con Francisco Camps aún de presidente. Luna alegó que desconocía quién le hizo llegar el documento. El PSPV-PSOE, en el contexto de la instrucción del 'caso Gürtel', que afectaba de lleno al PP valenciano, apoyó a su portavoz parlamentario, que acabó sentándose en el banquillo de los acusados.

La petición de la Fiscalía

En el caso de Ángel Luna, la Fiscalía pedía la libre absolución mientras que en la causa que afecta a Mónica Oltra el Ministerio Público considera, en un contundente escrito, que los hechos atribuidos a la vicepresidenta podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Luna, que en la actualidad es Síndic de Greuges, institución que equivale a un Defensor del Pueblo valenciano, también se libró de una querella del PP a cuenta de las obras de reforma en su vivienda por parte del constructor Enrique Ortiz, uno de los principales protagonistas del 'caso Brugal' del que el portavoz socialista había sido abogado. Una semana después de que el político socialista declarara ante el juez Juan Climent, el TSJ-CV dictó un auto de sobreseimiento libre y archivo de la causa en el que asumía la tesis de la Fiscalía de que el supuesto cohecho estaba, en todo caso, prescrito.

Para lograr el impulso al Gobierno valenciano, sus corredores no han ido demasiado lejos a coger carrerilla. Salvo por el titular de Sanidad, el único independiente que entra al Ejecutivo autonómico, todas las caras que se incorporan a la primera línea ya conocen las estructuras y los entresijos del Acuerdo de Botánico.

El presidente del Consell, Ximo Puig, ha acometido este sábado la primera fase de la reforma del Ejecutivo valenciano, cambiando las personas titulares de las principales carteras de gestión. La segunda fase, que complete las vacantes del llamado segundo escalón, se afrontará en las próximas semanas. Con esta remodelación, que afecta a cinco de doce departamentos, dos secretarias autonómicas y una exdirectora general pasan a ser conselleras, la última de ellas tras pasar la legislatura en el Senado, una consellera pasa a ser portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, un médico entra en el Gobierno y el conseller más próximo a Puig se acerca aún más al presidente con la cartera más relevante: la que reparte los recursos.

El tablero queda de la siguiente forma: el conseller de Política Territorial, Arcadi España, pasa a ser titular de Hacienda; la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró, se encargará de la gestión de Política Territorial; la senadora y exdirectora general de Universidades, Josefina Bueno, será consellera de Innovación, y el médico Miguel Mínguez, conseller de Sanidad; mientras que por parte de Compromís, la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, pasa a consellera de Educación. El Ejecutivo del Botánico deja de ser el primer Consell paritario para convertirse en el primero con mayoría de mujeres, y las Corts Valencianes una cámara de representación femenina: todos los grupos parlamentarios tienen a una mujer como portavoz.

Así, tras dos semanas de incertidumbre, el presidente acomete una reforma conservadora, en línea con el diseño de sus anteriores Ejecutivos. Ubica a cargos con experiencia en la gestión en la primera línea y opta por un 'fichaje': el médico e investigador Miguel Mínguez, jefe de servicio en el Hospital Clínico, como responsable de Sanidad, como en su día hizo con la consellera de Universidades, la ingeniera Carolina Pascual, que ha mantenido un perfil bajo esta legislatura. El presidente alinea los cambios con Compromís, que calificó su único movimiento como “responsable”, al sustituir al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà por la secretaria autonómica de la misma cartera, Raquel Tamarit, evitando que alguien tenga que aprender de cero sus responsabilidades.

El barón socialista reforma su Gobierno con la vista puesta en reforzar la imagen de su gestión en el año preelectoral. El presidente justificaba la decisión este sábado con una doble necesidad: “Este nuevo Gobierno se ha diseñado para relanzar la Comunitat Valenciana en un año decisivo porque llega en un punto de inflexión doble, primero por la superación progresiva de la pandemia y segundo por la activación de los fondos europeos”. En esta línea, sitúa a Torró, pilar en la negociación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt, el proyecto con mayor impacto en la economía autonómica esta legislatura, como responsable de uno de los departamentos más vistosos: el que ejecuta las inversiones en infraestructuras. Puig hacía especial mención a este logro, que aún debe materializarse con los mecanismos del Gobierno central para canalizar las ayudas europeas, como un acotencimiento. “La llegada de Volkswagen simboliza la transformación que se ha iniciado en la Comunitat Valenciana porque, a pesar de las dificultades, de la pandemia y de la guerra, la Comunitat avanza”, señaló Puig, poniendo como ejemplo el aumento en la contratación indefinida o de la inversión empresarial.

En aras de este impulso sitúa a su mano derecha en Hacienda, de quien dependerán los últimos presupuestos de la segunda legislatura botánica y la gestión del grueso de los fondos europeos de recuperación; a una catedrática alicantina -espacio a conquistar, el de Alicante- en la conselleria de Universidades, con varias tareas pendientes respecto a las instituciones académicas, y a un profesional independiente para mediar con el sector sanitario, muy quemado tras la crisis pandémica.

El presidente socialista, y el Gobierno del Botánico en su conjunto, necesitan llegar a las próximas elecciones con sus compromisos cumplidos. Pero también con la percepción social de que un gobierno progresista ha mejorado la vida de las personas, material y socialmente, aunque hayan estallado varias crisis a nivel global. Las nuevas titulares del Consell tendrán el reto de que ese impulso, anunciado durante dos semanas, sea evidente.

La salida del portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, para defender al investigado como corruptor de la trama Azud, ha derivado en una escalada de cambios en el Gobierno Valenciano. El relevo en la portavocia del principal partido del Consell, interpretado como una oportunidad para remodelar la primera línea del Ejecutivo autonómico, se ha hecho tanto de rogar que los socios de coalición han movido ficha primero.

Este miércoles, el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, comunicaba al presidente Ximo Puig su decisión de salir del Ejecutivo del Pacto del Botánico. Horas antes hacía lo propio con Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, una de las primeras en conocer una idea que enmarca en el ámbito personal y que no había sido consensuada con el resto de la coalición. El dirigente de Compromís, uno de los principales activos del Gobierno tanto por su gestión como por su buena relación con el resto de miembros, se avanza así a la reforma que Ximo Puig lleva semanas pensando, en una acción que ha cogido por sorpresa a sus compañeros en la conselleria y en el resto del Botánico.

Marzà deja la conselleria en manos de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, la exalcaldesa de Sueca Raquel Tamarit. Compromís defiende con el cambio, una sustitución natural, una remodelación “responsable” a un año de finalizar la legislatura. La coportavoz y dirigente de Iniciativa, Mónica Oltra, apuntaba al concluir la reunión que ha ratificado la propuesta que la coalición aboga por un perfil con experiencia en la gestión, “no una persona que viene de nuevas” o tiene que aterrizar. Tamarit conoce el equipo y lleva tres años en este departamento: “Nos aseguramos una continuidad en el trabajo”, remarcó.

La decisión de Marzà precipita los cambios que medita el presidente de la Generalitat desde hace varias semanas. Puig prepara una remodelación del Ejecutivo para impulsar la acción de Gobierno de una forma más ambiciosa en la recta final de la legislatura, aunque en ocasiones parece querer prorrogar la incertidumbre hasta el próximo pleno de las Corts Valencianes. En Presidencia apuntan que el dirigente valenciano está terminando de cuadrar los nuevos rostros y responsabilidades de la rama socialista del Gobierno y aseguran que no tienen prisa ni urgencia. “Antes de la acción tiene que haber reflexión”, indicaba Ximo Puig este miércoles en un acto en la Universitat Politécnica de València, donde ha agradecido a Marzà su trabajo: “En cualquier indicador educativo estamos mejor”, ha apuntado.

Las palabras del presidente no parecen el sentir mayoritario en el Ejecutivo. Las crisis hay que abordarlas del tirón, comentaban dirigentes de la coalición valencianista tras su encuentro este miércoles, asegurando que la salida será acordada con las nuevas incorporaciones que decida el presidente. En los departamentos que aparecen en las quinielas -Hacienda, Sanidad e Innovación- comienzan a inquietarse ante la inconcreción de los cambios. En el momento de cerrar esta edición, los consellers desconocen con quién se sentarán en el pleno del viernes. La decisión está en manos de Puig.

Los partidos que suscriben el Pacto del Botánico, el acuerdo por el que gobierna la izquierda en la Comunitat Valenciana, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, respaldan a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, ante la petición de imputación de un juzgado por la investigación de la acción de su departamento ante una denuncia de abusos a una menor tutelada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València considera que la titular de Igualdad “debe ser oída como investigada”, dado que “se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos”. El juez eleva al Tribunal Superior de Justicia la exposición razonada de las actuaciones para que decida si procede a integrarla en la investigación derivada de la condena por abusos de su exmarido, dada la condición de aforada de la vicepresidenta y diputada de Compromís en las Corts Valencianes.

Los socios de Gobierno dan margen a la vicepresidenta para que sitúe su posición ante la petición, trasladada este viernes al TSJ. Desde Presidencia de la Generalitat abogan por esperar a la decisión del tribunal y, especialmente, a la que tome la propia vicepresidenta, de la que, aseguran, nadie conoce nada.

El presidente Ximo Puig ha salido en defensa de la titular de Igualdad en varias ocasiones en las Corts Valencianes ante las peticiones de dimisión de la derecha, recalcando que no baraja su cese. Desde la vicepresidencia segunda que ostenta Unides Podem subrayan la “confianza en las actuaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas mientras no se demuestre lo contrario”, al tiempo que manifiestan su “respeto” a las decisiones judiciales.

Iré a explicar lo mismo que llevo explicando mucho tiempo porque la verdad solo tiene un camino

Mónica Oltra — Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

En su formación, los dirigentes enmarcan la decisión en una campaña de acoso hacia la vicepresidenta. “Humanamente no se lo merece”, recalcan cargos de Compromís, que consideran su situación “una injusticia” y abogan por dejar que sea Oltra quien se explique. La coalición ha emitido un comunicado en el que reafirma su apoyo y reitera que la vicepresidenta “ha dado explicaciones en numerosas ocasiones” y ha facilitado a la oposición la documentación requerida. Todos los actores del Pacto del Botánico dejan en manos de la vicepresidenta la decisión sobre su futuro. “Nadie le pedirá que se vaya”, afirman.

Pese a que ni en la instrucción inicial ni en la repetición del juicio sobre los abusos fueron citados cargos de la conselleria que dirige Oltra, la segunda querella impulsada por la extrema derecha ha conseguido arrastrar a la vicepresidenta del Consell. El juez investiga si se produjo una instrucción paralela desde Igualdad, unas acusaciones que este departamento siempre ha rechazado. La titular de Igualdad afirmó el pasado 7 de marzo, en un encuentro con medios de comunicación, que pidió abrir un expediente interno para conocer qué falló en el procedimiento de la denuncia de abusos que hizo la menor tutelada. En aras de proteger a las 13 funcionarias de su conselleria, retó a la formación de extrema derecha: “Que vengan a por mí” si quieren. Una expresión que, sacada de contexto, no sentó bien en los tribunales.

El 'lawfare' como arma política

Ante la petición de imputación trasladada al TSJ, la derecha parlamentaria jalea la querella del líder de España 2000 y una exrepresentante de Vox en una muestra de lo que los angloparlantes denominan lawfare: el uso del sistema judicial como arma política de desgaste. PP, Ciudadanos y Vox han reiterado las peticiones de dimisión y solicitan una comparecencia urgente de la vicepresidenta valenciana en el Parlamento autonómico.

La titular de Igualdad, a quien la comunicación del tribunal pilló de viaje a Madrid, defendió su gestión a la llegada a su destino: “Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad. No ha habido ni órdenes ni instrucciones. No hay ni un solo indicio de lo que no existe. Donde no hay delito ni indecencia no puede haber una consecuencia jurídica”. La vicepresidenta valenciana aseguró que si el TSJ acuerda su imputación acudirá con la normalidad de cualquier procedimiento: “Iré a explicar lo mismo que llevo explicando mucho tiempo porque la verdad solo tiene un camino”.