En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

Un intermediario del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, intentó invertir en importantes empresas de defensa en las semanas previas a la guerra de Irán, según ha revelado el Financial Times.

El diario británico cita a tres fuentes familiarizadas que indican que un corredor de bolsa vinculado al jefe del Pentágono trató de hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán y la consulta fue señalada internamente en el fondo BlackRock, que busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en empresas que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”.

Hegseth, que trabajó en la conservadora Fox News antes de asumir el cargo, es uno de los principales artífices de la guerra contra Irán, y también ha sido uno de los defensores más acérrimos del ataque dentro de la Administración Trump. Durante sus intervenciones, ha alardeado con frecuencia del poderío militar de Estados Unidos.

El Pentágono rechaza la información

El Pentágono ha rechazado este lunes que Hegseth haya intentado invertir en importantes empresas de defensa. El portavoz, Sean Parnell, ha calificado como “falsa e inventada” la información del Financial Times.

“Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata”, agrega Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática.

Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.

El paisaje agrícola del sur de España está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. En amplias zonas de Andalucía, especialmente en provincias tradicionalmente olivareras como Jaén, Córdoba y Sevilla, grandes fondos de inversión están adquiriendo fincas agrícolas a un ritmo creciente, alterando un modelo agrario basado durante siglos en la explotación familiar.

En amplias zonas de Andalucía, la tierra agrícola está cambiando de manos a una velocidad inédita. Lo que antes pasaba de padres a hijos ahora pasa de agricultores endeudados a sociedades limitadas con sede en Madrid, Luxemburgo o fondos internacionales cuya identidad última apenas trasciende.

La transformación no es solo paisajística. Es estructural. Y tiene nombre: concentración, financiarización y modelo superintensivo.

Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones

La tierra agrícola se ha convertido en un valor refugio para capitales internacionales en un contexto de incertidumbre económica y volatilidad financiera. Olivares, plantaciones de almendro y explotaciones de regadío son ahora vistos no solo como fuentes de alimentos, sino como activos capaces de generar rentabilidades estables a largo plazo.

Las operaciones suelen realizarse mediante sociedades interpuestas, lo que dificulta identificar a los propietarios finales. Agricultores y sindicatos denuncian que los precios de la tierra se han disparado, haciendo casi imposible que jóvenes del medio rural puedan comprar o ampliar explotaciones.

En provincias como Jaén, Córdoba y Sevilla, intermediarios llevan años cerrando operaciones discretas: fincas completas, cooperativas en dificultades, explotaciones familiares asfixiadas por deudas o por la volatilidad de precios.

Las compras rara vez se anuncian como adquisiciones de “fondos buitre”. Se ejecutan a través de vehículos de inversión o empresas agrícolas creadas ad hoc. El resultado: miles de hectáreas bajo control de grandes grupos cuya prioridad es la rentabilidad anual.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial

El agricultor deja de ser propietario para convertirse, en el mejor de los casos, en asalariado o proveedor.

Tras la adquisición llega la reconversión. El olivar tradicional —marcos amplios, recolección manual o semimecanizada, empleo estacional abundante— se sustituye por plantaciones en seto de alta densidad.

Este sistema:

En términos económicos es eficiente. En términos sociales, implica menos jornales y mayor dependencia de capital.

En zonas del valle del Guadalquivir y campiñas cordobesas, el paisaje se homogeneiza: líneas geométricas, monocultivo, infraestructuras de riego, maquinaria pesada. Agricultura gestionada como si fuera una planta industrial.

El punto más delicado no es la propiedad. Es el agua.

Andalucía atraviesa ciclos de sequía cada vez más frecuentes. Sin embargo, el modelo superintensivo depende del riego constante. La expansión de este sistema aumenta la presión sobre acuíferos y embalses.

El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala

En territorios de agricultura intensiva como partes de Almería o áreas cercanas a espacios protegidos como Doñana, la tensión hídrica se ha convertido en conflicto político y social. Pequeños agricultores denuncian que compiten en desigualdad: quien tiene más capital puede perforar más profundo, modernizar antes y resistir pérdidas durante más tiempo.

El sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) distribuye subvenciones en función de la superficie declarada. A mayor número de hectáreas, mayor volumen de ayuda. En un contexto de concentración, esto produce un efecto multiplicador: las grandes explotaciones captan más fondos públicos, refuerzan su posición y adquieren más tierra. El dinero europeo, diseñado para sostener el campo, termina consolidando estructuras empresariales de gran escala.

No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión

La paradoja es evidente: récord de exportaciones, facturación creciente del aceite y modernización tecnológica…, mientras muchos municipios rurales pierden población. En comarcas olivareras de Jaén, el número de explotaciones activas disminuye aunque la superficie cultivada se mantenga o aumente. Menos propietarios, menos empleo estable, menos tejido social.

Alcaldes y organizaciones agrarias advierten de un riesgo: campos productivos, pero pueblos vacíos.

¿Quién gana?

¿Quién pierde?

Los defensores del modelo sostienen que sin capital externo el campo andaluz perdería competitividad global. Argumentan que la mecanización y la eficiencia son inevitables. Sus críticos responden que no se trata solo de producir más, sino de decidir quién controla la tierra, el agua y las ayudas públicas. La cuestión ya no es únicamente agraria. Es política y territorial.

Andalucía ya fue históricamente tierra de grandes propiedades. Lo novedoso es que ahora los propietarios pueden ser fondos globales sin presencia local, cuya relación con el territorio es puramente financiera. La pregunta clave no es si el campo produce más —lo hace— sino quién decide sobre la tierra, el agua y el futuro rural.

Y, según los datos, esa decisión se está desplazando cada vez más lejos de los propios pueblos. No hay invasión visible. No hay tanques ni expropiaciones. Solo escrituras notariales, sociedades patrimoniales y decisiones de inversión.

Pilar Alonso ha pasado en los últimos meses varias noches en vela. Ha sido “la angustia” por perder su casa, a la que entró a vivir en régimen de alquiler en el año 2006, la que no la ha dejado dormir, reconoce. El próximo 6 de marzo, cuando se cumplen 20 años de la construcción del edificio de protección oficial, su vivienda perderá esa calificación que fija un precio máximo para el alquiler y pasará al mercado libre. Su 'casero' es el fondo buitre sueco Catella Group que, sin embargo, merced a la limitación de precios en aplicación de la Ley de Vivienda, no podrá subirle la mensualidad. Así se lo comunicó este jueves la propia consejera de Vivienda, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), quien además le avanzó que están negociando con el fondo para que pueda mantener la ayuda pública que recibe todos los meses para pagar el alquiler.

Pilar Alonso es una de las 168 inquilinas de los bloques del barrio de Sarriguren en el Valle de Egüés -municipio situado en la comarca de Pamplona, al este de la capital- que han perdido ya, o perderán el próximo mes, la protección. A ellas se sumarán otras 200 en la comunidad foral a lo largo del 2026. Son viviendas que se construyeron en 2006, cuando la Ley de Vivienda recogía una protección de 20 años para las VPO de alquiler. En junio de 2025 el Ejecutivo foral aprobó una modificación de la norma para que esa calificación en las viviendas de nueva construcción se prolongue hasta los 75 años.

El Departamento de Vivienda ha acordado ya con el fondo Catella Group prorrogar, al menos durante un año, la calificación protegida para mantener las ayudas al alquiler que reciben 28 de los 60 inquilinos que viven en un bloque que en agosto pasó al mercado libre. Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que el fondo, que podía haber solicitado que la ampliación fuese por cinco o diez años, lo ha pedido por un año, aunque confían en que se siga prorrogando. Las viviendas de los 32 inquilinos restantes que no reciben subvención al alquiler del Gobierno foral por no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad sí que han pasado al mercado libre, pero al ser Valle de Egüés una de las 21 localidades que el Ejecutivo navarro declaró como zonas de mercado residencial tensionado, el precio del alquiler está topado por ley.

El límite de precios no es fijo y depende de varios factores como el tamaño de la vivienda, la zona en la que está o la altura. Para calcularlo el Ministerio de Vivienda ha habilitado una herramienta que ofrece un índice de referencia de precios. Para una vivienda en una primera o segunda planta en uno de los edificios de Sarriguren propiedad del fondo Catella Group, el Ministerio calcula un precio máximo de entre 480 y 560 euros.

Las mismas condiciones pactadas para esos 60 inmuebles son las que el Departamento de Vivienda está negociando ahora con el fondo sueco para las 108 viviendas de Sarriguren que perderán la protección el 6 de marzo, según adelantó la consejera Alfaro este jueves en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta de EH Bildu, coalición que está asesorando a los vecinos afectados por la pérdida de la protección en el Valle de Egüés, municipio gobernado por UPN. “Vamos bien encaminadas”, apostilló.

“Estuvimos con la conejera y salimos más tranquilas”, apunta Pilar Alonso. “Es una relativa tranquilidad”, añaden Elisa Crespo y Encarna Hualde, vecinas de otro bloque propiedad del mismo fondo sueco y que pierde la calificación en 2028, que añaden que de no ser la zona de mercado tensionado estarían “desprotegidas”. Ellas mismas vieron como hace años, cuando aún no se había aplicado el tope a los alquileres, varios vecinos del entorno corrieron otra suerte y tuvieron que abandonar sus casas ante la imposibilidad de pagar el doble, e incluso el triple, de renta. Otros también se vieron obligados a irse al ser informados por el fondo propietario del inmueble de que iba a vender sus viviendas.

Ahora esperan que de cara al 2028 el Gobierno navarro pueda acordar una prórroga y por más tiempo. En el caso de estas 108 viviendas, son 81 los inquilinos que reciben subvención por parte del Ejecutivo foral. “Llevo ya casi 20 años en esta casa y estoy jubilada, ya no estoy en una situación en la que pueda ponerme a buscar otro sitio donde vivir”, explica Elisa Crespo.

“Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir”, destaca la consejera Begoña Alfaro, que critica que haya partidos que “discutan” que la calificación de vivienda protegida no deba de ser indefinida o que digan que regulación del mercado “no tiene ningún efecto”. “Estas vecinas se ven protegidas por las consecuencias de esta declaración que ustedes votaron en contra”, reprochó el jueves a UPN y PP en la Cámara foral.

¿Existe la posibilidad de una solución definitiva? Sí, pero esta pasaría porque el Gobierno de Navarra comprase al fondo Catella Group las viviendas, algo que desde el Ejecutivo ven imposible por falta de presupuesto. En los últimos años, Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda en la comunidad foral, ha ido adquiriendo varios inmuebles para destinarlos al alquiler social ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, pero para comprar 168 de golpe se requiere de un presupuesto muy elevado del que no se dispone. “Son situaciones envenenadas que nos dejaron las políticas de la derecha de hace 20 y 30 años”, lamenta la consejera Begoña Alfaro.

Fue en 2018 cuando el fondo sueco Catella Group adquirió estas viviendas a Adania, el principal tenedor de vivienda en la comunidad foral. Desde entonces la “preocupación” de los inquilinos ha ido en aumento, conocedores de la clase de fondo que había comprado sus casas. A ello se le sumaron problemas de interlocución con el nuevo propietario, cuya única sede en España está en Madrid. “Es todo online”, lamenta Pilar, que denuncia que en varias ocasiones le han girado dos mensualidades “de golpe”.

También han tenido estos problemas en otros bloques del barrio propiedad del mismo grupo. Elisa Crespo cuenta que en invierno estuvieron diez días sin agua caliente y calefacción por un fallo en la caldera. Por todo ello, han decidido impulsar una plataforma vecinal para hacer más fuerza en sus reivindicaciones y seguir luchando por sus casas.

El pasado 7 de noviembre, la vida de 18 vecinos y vecinas de la calle Valverde, en el barrio de Malasaña, dio un giro de 360 grados. Aquella mañana recibieron una notificación que rompía de golpe cualquier sensación de estabilidad: el edificio en el que viven, situado en el número 42 de la céntrica calle, había sido vendido a un fondo de inversión, Vencar Capital. Desde ese momento, la incertidumbre y la angustia se instalaron en un bloque que, para muchos de sus inquilinos, ha sido un hogar durante buena parte de su vida.

Para Marcos, el vecino más antiguo del edificio, la noticia fue toda una sorpresa. Para él, al igual que para el resto de sus vecinos, abandonar el bloque supone dejar atrás muchos recuerdos. Entró a Valverde 42 en 2005. En julio se cumplirán 21 años desde que cruzó por primera vez la puerta de su vivienda. “Esta casa me ha visto crecer, trabajar, reír, llorar y despedir a mi padre. Llegué con 26 años y ahora tengo 47. Es mi hogar”, cuenta.

La noticia supuso un shock porque entre los inquilinos no había sospechas de una posible maniobra de este tipo. Marcos asegura que tan solo un par de semanas antes habían preguntado al propietario si tenía alguna intención de vender, algo que negó rotundamente.

La operación se cerró el 6 de noviembre de 2025, pero los inquilinos no tuvieron conocimiento de ella hasta el día siguiente. Tan solo unos días después de recibir la carta en la que les informaban de la venta del edificio, la promotora inmobiliaria se puso en contacto con los vecinos para hacerles saber cuáles eran sus planes. “Nos dijeron que no nos iban a renovar los contratos y ahí entendimos que la idea era vaciar el edificio”, explica Marcos.

En la carta, a la que Somos Malasaña ha tenido acceso, la propiedad les comunicaba que una vez finalizado sus contratos de arrendamiento actuales, deberán “entregar la vivienda en buen estado de conservación con todos sus elementos y suministros al corriente, libre de personas y bienes, quedando el inmueble a disposición de la propiedad”. Del mismo modo, les recordaban que hasta la fecha de terminación permanecen vigentes todas las obligaciones contractuales, incluido el pago de la renta.

Desde aquel momento, los vecinos de Valverde 42 han intentado dialogar con Vencar Capital para poder continuar en sus viviendas o, en cualquier caso, conseguir una indemnización superior a la que les ofrecen: un mes de alquiler por cada mes que adelanten su salida. En el caso de Marcos, son cuatro meses y considera que “con los precios actuales de la vivienda en Madrid eso no te permite rehacer tu vida en ningún sitio”. Tampoco han tenido la oportunidad de negociar con el anterior propietario, que, aproximadamente dos semanas después de la venta, se quitó la vida.

Las presiones han ido en aumento desde la compra del edificio con la intención de ir “quitándose de en medio” a los vecinos. El primero en salir del edificio fue el conserje. Le despidieron después de llegar a un acuerdo con la propiedad. También se instalaron alarmas en los pisos vacíos y se comunicó la intención de colocar cámaras en las zonas comunes, algo que finalmente no se pudo hacer por la ley de protección de datos. En su lugar, contrataron a un empleado de la empresa de desokupación Desokupa KGB para mantener vigilados a los inquilinos las 24 horas del día.

“Dicen que es por seguridad, pero es una forma de recordarnos constantemente que quieren que nos vayamos”, relata Marcos. Los vecinos cuentan que a veces está de día y otras veces de noche. Se pasea por todo el edificio haciendo videollamada de madrugada, interrumpiendo el descanso de los vecinos. También aprovecha para fotografiar y grabar las puertas de los pisos en los que todavía quedan inquilinos. “No nos increpa directamente, pero la sensación de vigilancia es permanente”, señala.

A ello se suman visitas continuas al edificio. “Lo compraron por 5,3 millones de euros y lo están revendiendo”, explica Marcos. Los vecinos han llegado a escuchar conversaciones con posibles compradores en las que planteaban venderlo por 9,5 millones sin inquilinos y por 8,4 millones con ellos dentro. “En tres meses la rentabilidad sería descomunal”, asegura.

Actualmente, viven en el edificio 18 personas, además de dos locales comerciales. El contrato más próximo a caducar es el de una vecina que deberá abandonar su vivienda el 28 de febrero. Otros se extienden hasta 2028.

De los 18 vecinos, 16 han decidido movilizarse para frenar los planes del fondo de inversión. Sin embargo, la presión ya ha tenido consecuencias. La inquilina de uno de los locales se marcha este mismo fin de semana, pese a que su contrato vencía en 2027. “No ha podido soportarlo”, cuenta Marcos. No es la única. Otro de los vecinos se fue al poco de conocer la noticia. Pudo encontrar una alternativa habitacional y aceptó la compensación económica que le ofrecían.

Sin alternativa en su barrio

Desgraciadamente, el caso de este vecino no es extrapolable al resto. Todos los inquilinos han hecho el mismo ejercicio: buscar una alternativa en el mercado actual. El resultado es desolador. “En Malasaña, una habitación en un piso compartido cuesta ya cerca de 1.000 euros. Para pagar lo mismo que ahora, tienes que irte a pueblos como Navalcarnero y eso implica dos horas de transporte para llegar a tu trabajo. Te expulsan de la ciudad”, explica Marcos.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en viviendas de alquiler en el distrito Centro alcanzó en diciembre de 2025 su máximo histórico: 27,1 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 6,6 % respecto al mismo mes de 2024. No es la única cifra a tener en cuenta. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informó el pasado mes de diciembre de que a lo largo de 2026 vencerán en todo el país más de 630.000 contratos de alquiler, afectando a alrededor de un millón y medio de personas. Además, solo en Madrid se calcula que existen unos 30.000 edificios de propiedad vertical expuestos a este tipo de expulsiones masivas.

“Están desmantelando la ciudad”, denuncia Marcos. “Madrid no es solo monumentos, es la vida de sus barrios. Si nos echan a quienes vivimos y trabajamos aquí, esa vida desaparece. Se está construyendo una especie de Disneylandia para turistas. Y no es turismofobia, es una crítica al modelo”, apostilla.

La situación de Valverde 42 encaja en un patrón cada vez más común en barrio como Malasaña. Así lo explica Maribel Pizarroso, presidenta de la Asociación Vecinal Maravillas. “Llevamos tiempo detectando una expulsión masiva de personas de sus hogares. No es solo un problema urbanístico o inmobiliario, es un auténtico drama humano”, afirma.

Desde la asociación han identificado ya alrededor de veinte edificios vendidos en el barrio para su transformación en pisos de lujo o usos hoteleros. “Muchos vecinos se marcharon en silencio, sin apoyo alguno, afrontando el desarraigo completamente solos”, lamenta Pizarroso.

Cita ejemplos como Pez 3, en obras desde hace casi dos años o San Andrés 32, desalojado hace tres. También Pez 1, donde se cerró la única residencia de mayores del barrio. Incluso el edificio de enfrente de Valverde 42 se ha vendido para convertirse en un bloque de pisos turísticos.  “Otros edificios llevan años funcionando como hoteles. Esto no es nuevo, pero ahora se ha acelerado de forma alarmante”, alerta.

Ante esta amenaza, los vecinos de Valverde 42 han decidido organizarse y convertirse en el primer “bloque en lucha” del barrio. Lo han hecho con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Maravillas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Lo primero es el acompañamiento emocional. Después, el asesoramiento legal y la visibilización del conflicto”, explica Pizarroso.

Los vecinos reclaman a las administraciones medidas urgentes para frenar la especulación, proteger a los inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna. “No pedimos nada extraordinario, solo poder seguir viviendo en nuestras casas”, subrayan.

Este sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, el edificio desplegará pancartas en sus balcones para visibilizar su situación. “Queremos decir alto y claro que seguimos aquí”, afirman. Porque, como insiste Marcos, “esto no va solo de contratos. Va de vidas. Yo llevo 21 años aquí. Esta casa es mi hogar, y eso tiene un valor que no se puede medir en millones”.

Corporación Financiera Alba, de la familia March, ha separado su 5,01% del capital de Naturgy del vehículo luxemburgués Rioja, con el que participaban en la gasista junto al fondo británico de capital riesgo desde 2018. El movimiento da más “flexibilidad” a Alba y llega en plena reordenación accionarial en Naturgy, tras las ventas y compras de acciones que han llevado a cabo en los últimos días BlackRock y Criteria, respectivamente.

Corporación Financiera y Rioja Investments, indirectamente participada mayoritariamente por los fondos CVC, han acordado renovar sus compromisos con respecto a su inversión conjunta en Naturgy y modificar su estructura societaria. Ambos han decidido modificar la estructura de coinversión societaria (Grupo Rioja) a través de la que mantenían su 18,59% de la mayor gasista española, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Alba contará en la estructura resultante a partir de ahora con una participación directa del 5,01% a través de otro vehículo en Luxemburgo, Alba Europe, y Rioja Investments (de CVC, y también radicada en el Gran Ducado) mantendrá una participación del 13,8% a través de Grupo Rioja.

La participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja Luxembourg y un 0,23% que poseía de manera directa con anterioridad a dicha modificación.

“La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy”, han destacado en un comunicado en el que subrayan que ambos accionistas “siguen plenamente comprometidos y coordinados”.

Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en la energética. Ambos socios, que llevan años queriendo vender sus participaciones, acuerdan mantener los tres consejeros que les representan en el máximo órgano de gobierno de Naturgy, formado por quince miembros.

La participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa.

Esta reordenación, que los socios venían negociando desde mayo, ha cristalizado en un momento en el que dos de los principales accionistas de Naturgy han movido ficha en los últimos días: Criteria ha adquirido un 2% por 455 millones y ha elevado su participación en Naturgy al 26%, mientras que GIP (BlackRock) ha reducido su presencia al 12,62% tras colocar de forma acelerada la semana pasada un 7,1%, pasando de segundo a cuarto accionista.

La venta de acciones de BlackRock arrancó hace unos días la reordenación del capital de Naturgy, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa sondeó lanzar junto a Criteria Caixa en 2024. El bajo free float de Naturgy llevó a la compañía a lanzar el año pasado una auto opa por el 10% de su capital, lo que le permitió regresar a los principales índices de sostenibilidad hace unas semanas al situarse el porcentaje que cotiza libremente en bolsa por encima del 18%.

Con este nuevo movimiento, el accionariado de Naturgy se reparte entre Criteria (26%), el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), BlackRock (12,62%), Corporacion Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%), esta última sin presencia en el consejo de administración. En la actualidad, IFM solo tiene dos consejeros, frente a los tres que tienen BlackRock, CVC-Alba y Criteria, cuyo vicepresidente ejecutivo, Francisco Reynés, es también el primer ejecutivo de Naturgy.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange ha firmado este viernes un acuerdo vinculante para adquirir la participación del 50% de MasOrange que poseían aún los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, lo que refrenda el primer pacto alcanzado el pasado 31 de octubre.

En un comunicado, Orange ha destacado que la operación “confirma su compromiso industrial a largo plazo en España”, pues consigue así tomar el control del cien por cien de MasOrange, puesto que ya contaba con la otra mitad.

La empresa francesa asegura que tiene “confianza” en la capacidad de MasOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas una vez se consiga la plena integración del operador.

Según Orange, se espera que la transacción se complete durante el primer semestre de 2026, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales y otras condiciones de cierre.

Al cierre del mes de septiembre, MasOrange tenía más de 33 millones de líneas, de las que 26,2 millones eran de móvil y unas 7,2 millones de banda ancha fija, de las cuales casi 7 millones eran de fibra óptica, según explicó la propia firma al presentar sus resultados del tercer trimestre.

Durante los primeros nueve meses de 2025, MasOrange ingresó 5.664 millones de euros, el 3,7% más que el año anterior, mientras que su ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado se incrementó en más de un 8 %, al alcanzar los 2.195 millones de euros, lo que supuso el sexto trimestre consecutivo de crecimiento desde su creación.

Salida a bolsa

El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.

Otra de las cláusulas apuntaba que la salida a Bolsa de la compañía estaría bloqueada durante los dos años posteriores al cierre de la operación, es decir, hasta abril de 2026.

La mayor teleco por volumen de clientes

La fusión de MásMóvil y Orange supuso, además de la creación de la principal teleco en España por volumen de clientes, con 37 millones entre banda ancha y móvil (33 millones a cierre de septiembre), el refuerzo de Digi, que ya es la cuarta operadora en el país. Sobre esto último, la aprobación de la fusión por parte de Bruselas estuvo sometida a determinadas condiciones ('remedies') que beneficiaron a Digi.

En concreto, la operadora rumana cerró un acuerdo de 120 millones de euros con MásMóvil para la adquisición de un total de 60 megahercios (MHz) de espacio radioeléctrico en distintas bandas de frecuencia.

Además, Digi cerró otro acuerdo con Orange por el que esta última le concedía a la operadora rumana la opción de celebrar en el futuro un “acuerdo de servicio de itinerancia nacional” para la prestación por parte de Orange a Digi de un servicio mayorista.

Cabe señalar también que poco después del cierre de la fusión de Orange y MásMóvil se llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente se saldó con la salida de 609 trabajadores (473 salidas voluntarias y 136 despidos forzosos).

¿Cómo va todo? Si eres persona de otoño como yo estarás de enhorabuena, por fin tenemos algo medianamente parecido.

Si eres persona de educación pública estarás menos feliz. La privatización de la universidad avanza inexorable y desde hace unos años los fondos de inversión han entrado en los campus a calzón quitado. Tienen sus razones: es un sector en expansión, rentable, las administraciones públicas tienen bloqueadas a las universidades públicas a base de falta de inversión (y sin dinero no se pueden abrir plazas nuevas) y alguien tiene que satisfacer la creciente demanda que lo público no es capaz de atender.

El problema es que los fondos tienen una misión, que es ganar dinero. Y por su propia naturaleza tienen que hacerlo rápido y devolver la inversión a quienes han puesto sus euros sobre la mesa. Sus ciclos son de 5-7 años, nos cuenta una persona que conoce bien su funcionamiento. Esto lleva a que en los últimos 18 meses se han vendido dos universidades que sendos fondos compraron en 2019. Todo lo que os contaba en el primer párrafo explica que los dos fondos hayan sacado el doble o el triple de lo que invirtieron por la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea.

La UAX costó 1.000 millones y se ha vendido por unos 2.000. La Europea pasó de 700 a 2.000, más o menos. Más casualidades: ambos grupos acaban de abrir nuevos campus en Málaga. De Madrid a Andalucía, dos de las comunidades autónomas que más han favorecido la expansión de lo privado en los últimos años. A los fondos ya les ha ido bien. A las universidades y el estudiantado no está tan claro.

No serán las últimas en venderse. Los ciclos de los fondos auguran que el año que viene habrá otra remesa. Lo que está cada vez más difícil es mantener los niveles de rentabilidad. Fuentes conocedoras del sector explican que la educación superior española ha sido muy atractiva para estas empresas en los últimos años porque tenían precios muy bajos, pero cada vez esto pasa menos y la rentabilidad está bajando. El sector, dicen estas fuentes, se está asentando tras años golosos en los que entraron muchos actores. En unos años, auguran, solo quedarán los más fuertes. Qué pasará con el resto (de universidades, los fondos sabrán dónde se están metiendo) está por verse. Nosotros estaremos atentos para contároslo, en cualquier caso.

La Complutense pide un préstamo... ¿para condonarse o para cancelarse?

Hablar de privatización de la universidad es hablar de la Comunidad de Madrid, donde los centros públicos están en guerra abierta con la presidenta Ayuso. Especialmente en la Complutense, que se ha visto abocada a pedir un préstamo de 35 millones de euros (la Comunidad de Madrid ni está ni se la espera) para seguir funcionando ante el brutal déficit del centro, que ha perdido 140 millones de euros en dos años. El problema con el préstamo es que por sí mismo no va a arreglar nada, según explican Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García –dos de las personas que más saben de financiación universitaria en España, si no las que más– en este detallado análisis. Su tesis, apoyada en datos de todo tipo, es simple: de nada sirve tapar agujeros si tu situación financiera los vuelva a abrir más grandes cada vez.

La situación del centro es tan desesperada que el viernes los 26 decanos, cada uno de su padre y de su madre, se juntaron en la Puerta del Sol para exigirle a Ayuso, rogarle casi, más financiación. El Consejero de Universidades, Emilio Viciana, no les recibió aduciendo problemas de agenda y les mandó a su subordinada. La semana que viene hay huelga convocada en los seis centros públicos, la comunidad universitaria no tira la toalla.

Que, viendo lo que opinan los futuros cuadros del PP del estudiantado de la universidad pública, se entienden mejor muchas cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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Movimientos en el sector universitario privado madrileño. El fondo CVC ha vendido su participación mayoritaria en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), radicada en la Comunidad de Madrid y con otro campus en Málaga, por unos 2.000 millones de euros al fondo Cinven, según adelantó Expansión. La cifra es aproximadamente el doble de lo que pagó CVC por el centro en 2019. Este fondo se ha embolsado unos mil millones de euros en seis años con la compraventa de la UAX.

Esta operación se une a otras dos similares que han tenido lugar en la educación superior madrileña –la más privatizada de España– en el último año y medio. La pasada primavera, el fondo sueco EQT adquirió el 65% de la Universidad Europea –según publicó Expansión–, que cuenta con campus en cuatro comunidades autónomas. En este caso no han trascendido las cifras de la operación, pero los mercados valoran la universidad en unos 2.000 millones de euros, según han publicado varios medios. Esta cifra es casi tres veces superior a los 700 millones de euros que pagó Permira en 2019 por la universidad.

El tercer cambio de titularidad del último año y medio es el de la Universidad Villanueva, que desde agosto de este 2025 pertenece a la Fundación Universitaria Villanueva, según confirma una portavoz del centro. Fomento de Centros de Enseñanza, la anterior titular y que también tiene colegios por toda España, “sigue comprometida con el proyecto educativo de la Universidad a través de su patronato”, añade la portavoz.

La prensa especializada había dado por hecho el paso adelante en la propiedad del centro de Miguel Arrufat, dueño de la también privada Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Fuentes conocedoras de la situación de la Villanueva explican que esto se debe principalmente a que esta no estaba en una buena situación frente a sus competidoras. En el último ejercicio el centro ha empezado a dar beneficios, aunque pequeños, pero es un cambio de tendencia tras pasar sus primeros años como universidad independiente en pérdidas. La Universidad se limita a comentar que Arrufat “es uno de los seis patronos de la Fundación exclusivamente a título personal”, sin vinculación con la empresa que gestiona la UNIR.

Pocas decisiones de las administraciones generan tanto valor como dar una licencia de universidad

De esta última operación tampoco han trascendido cifras, pero las tres operaciones superan los 4.000 millones de euros. “Pocas decisiones de las administraciones generan tanto valor como dar una licencia de universidad”, explica una fuente que conoce los procesos universitarios. Y la Comunidad de Madrid es campeona nacional en dar licencias para universidades privadas. Con informes favorables del Ministerio de Universidades o sin ellos. En la región hay 14 centros privados y seis públicos.

Rafael Ramiro, profesor de Gestión Empresarial en ICADE Comillas y consultor independiente, explica que estas operaciones eran previsibles por la propia naturaleza del mundo private equity (empresas no cotizadas) del que forman parte estos fondos. “Por el propio concepto los fondos tienen que salir en como mucho cinco o seis años (desde que entran). Ellos no se quedan para gestionar, tienen que devolver el capital y la rentabilidad a los inversores”, explica. Y adelanta que habrá más operaciones. “Los que entraron en el año 2020 o 2021 saldrán quizá el año que viene”, augura.

Ramiro explica que “el mundo educativo es muy atractivo para los fondos, porque tiene precios muy bajos comparados con otros mercados. No es solo la universidad, también la FP o las etapas obligatorias”, observa. El experto explica que, cumplidos diez años del desembarco de estos grandes grupos, el mercado entra ahora en una fase de estabilización, con ganadores y perdedores, como toda guerra financiera. Y, como suele ocurrir en estos casos, los ganadores son habitualmente los grandes fondos.

Una tormenta perfecta

En los últimos años se ha generado una tormenta perfecta para el crecimiento de la universidad privada en España. El estancamiento de la oferta pública (hoy se ofrecen en los 50 centros estatales tres mil plazas menos que hace diez años), responsabilidad de todas las comunidades autónomas, y la necesidad o el deseo de formarse de la población, influido por un mercado laboral cada vez más competitivo y la certeza de que tener estudios significa tener mejores ingresos, alimenta a las universidades privadas por ahora en un ascenso sin fin. Este periódico estudió hace unos años las cuentas públicas de 23 centros (los que colgaban su información actualizada), que dejaban una rentabilidad media del 9,4%. La UAX era entonces la más rentable de todas.

El sector financiero es especialista en detectar oportunidades y aprovecharlas. Al calor de esta necesidad han desembarcado los grandes fondos de inversión en la educación universitaria. Desde el año 2000 los campus privados han pasado de 16 a 46, mientras las públicas eran 50 entonces y siguen siendo 50 hoy. Como consecuencia, los ingresos del sector privado crecen a ritmo de dobles dígitos cada año: aumentaron un 12% en 2023, alcanzando los 3.700 millones de euros, según el observatorio DBK. Si se amplía un poco más el foco, el crecimiento es del 68% desde 2017 en esos seis años, según informes de la misma compañía.

“La entrada de capital inversor en los últimos años ha permitido la implantación de nuevas entidades y el mayor desarrollo de las ya existentes, con la apertura de centros docentes, la incorporación de nuevas titulaciones de grado y máster, y la ampliación hacia otras áreas de formación en crecimiento”, explica DBK.

Tres maneras de rentabilizar

Los fondos, explica Ramiro, entran en una empresa, la mejoran y la revenden para obtener rentabilidad. Tienen tres maneras, ilustra: generando más ingresos, más ebitda (los beneficios antes de impuestos, un indicador que se utiliza para medir la rentabilidad operativa de una empresa) o mediante el múltiplo del ebitda que se paga. “Durante los últimos 10-15 años, ese múltiplo ha ido subiendo (eran 8, 10 o 12 y ahora se dice que EQT ha pagado 20 veces el ebitda de la Universidad Europea)”, cuenta. Esta deriva ilustra que el sector se está asentando y ya no tiene un crecimiento tan rápido o fácil, añade.

En el caso de la Universidad Europea, desde que los Fondos Permira la compraron en 2019 ha multiplicado sus ingresos y su ebitda por dos y dos y medios respectivamente (o lo que es lo mismo, los indicadores han tenido un crecimiento del 100% y del 150%), además de triplicar su matriculación de nuevos estudiantes. Desde el propio Permira se define la universidad como “un negocio excepcional con un largo camino de crecimiento por delante”, según valoró Pedro López, responsable en España del fondo, cuando se concretó la venta de parte de la empresa.

CVC no consiguió revalorizar tanto la UAX, según Ramiro. Pero el diario Expansión cifró su facturación en el entorno de los 250 millones de euros, con alrededor de 115 millones anuales de ebitda.

Pero tras años de expansión, el mercado da señales de estar cerca de su techo, según Ramiro. Entre unas y otras, explica, “este va a ser el cuarto año consecutivo –nunca había pasado– en el que los gestores han devuelto menos del 15% a los inversores. Eso supone que han tenido que mantener el activo casi siete años. Hay un tapón porque los inversores quieren recuperar su liquidez antes de reinvertir, cuenta, y auguro un problema a futuro para los actuales inversores. Habrá más operaciones porque los ciclos de los fondos se acaban, pero ”van a tener que vender con una rentabilidad menor“, aventura.

Grandes fondos de inversión preparan la venta en España de miles de viviendas en alquiler, que compraron en los últimos años y de las que ahora quieren deshacerse en un contexto de altos precios. Muchos de esos inmuebles, que se contabilizan en torno a los 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Entre los fondos que preparan la salida de grandes paquetes de sus activos estarían Cerberus, Ares, Azora y Blackstone, uno de los mayores caseros del país. Precisamente, a mediados de septiembre, Bloomberg adelantó la intención de esta compañía de deshacerse de 5.300 viviendas en alquiler, gestionadas por su filial Fidere, por unos 1.200 millones de euros.

La operación estaría asesorada por JLL y el despacho Eastdil Secured, que también estarían al frente de la desinversión de otros 6.000 inmuebles de Ares, gestionados por Avalon. Desde la consultora, que también estaría involucrada en la venta de un gran paquete de viviendas de Cerberus, han declinado hacer declaraciones sobre estos procesos. Esta última operación, incluiría entre 3500 y 4000 inmuebles, por un valor aproximado de entre 750 y 900 millones de euros, según publicó Expansión en octubre.

La otra gran operación que completa el cuadrilátero sería la de la cartera de más de 9.000 viviendas, por unos 1.800 millones de euros, de Nestar. Este fondo, antes Lazora, cuenta con la participación de CREIM y Madison International Realty. Este movimiento, que avanzó Cinco Días en mayo, buscaría dar entrada a nuevos inversores que se hagan cargo de uno de los mayores paquetes de casas en alquiler en España.

Estos movimientos no sorprenden en un sector que se mueve por ciclos de inversión. Y estos fondos, que aumentaron su presencia en el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios de la vivienda y el trasvase de miles de familias de la propiedad al alquiler, los han cumplido ya. “Nunca tiene una duración eterna: invierten, se mantienen un tiempo y salen entre 7 y 9 años después”, explica el director general de residencial de la consultora Colliers, Antonio de la Fuente.

En este sentido, estos fondos adquirieron viviendas cuando los precios estaban en mínimos, rentabilizaron la gestión de los alquileres y planean colocarlas ahora que los precios están disparados. “Los institucionales exigen una rentabilidad tan alta que hace que las viviendas en alquiler pierdan atractivo frente a la alternativa de viviendas en venta”, explica el experto, sobre todo en un contexto en el que la rentabilidad del fondo soberano aleman, considerado libre de riesgo, está en una rentabilidad “infinitamente superior” que cuando estas empresas comenzaron a invertir.

La rentabilidad del bund alemán, que llegó a estar en negativo en 2020, se sitúa ahora en el entorno del 2,7%. Y eso arrastra hacia arriba la exigencia de otras inversiones. “Cuando el bono alemán estaba al 0%, se exigía [por el alquiler] una rentabilidad del 2,8 o el 3%, pero ahora se pide un 4,5%”, indica De la Fuente. Según los últimos indicadores del mercado inmobiliario, publicados por el Banco de España, la rentabilidad bruta por alquiler estaba en el tercer trimestre de 2025 en el 3,1%, mientras la rentabilidad total de la vivienda rondaba el 16% en el trimestre anterior, el último dato disponible.

"Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio"

“El precio de los alquileres sube por encima del 10%, pero también sube el precio de la venta”, razona el experto, que aclara que, pese a que la vivienda es una necesidad básica, el fin último de estos vehículos de inversión es obtener la mayor rentabilidad: “Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio”.

“Los fondos llevan anunciando la venta de su stock desde hace, al menos, siete años”, indica el investigador en vivienda Jaime Palomera, que señala “un espejo con los anuncios en materia legislativa”. “En 2019, cuando se cambia la duración de los contratos de tres a siete años, Blackstone dice que se va a ir de España. Ocurre algo similar en la negociación de la Ley de Vivienda. Ahora la impresión es que van más en serio, ante la posibilidad de que se aprueben nuevas normas”, sostiene este experto. Sobre la mesa están los cambios en la tributación de las Socimis planteados por el Gobierno o la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda, que Catalunya se ha abierto a explorar ante la demanda de los Comuns, ERC y la CUP.

Venta en bloque o vivienda a vivienda

Para que toda venta se produzca hay dos actores imprescindibles. Los vendedores están claros, pero el perfil del comprador plantea más dudas. Algunas de estas operaciones tendrían como objetivo prioritario el traspaso en bloque, pero el movimiento puede ser más complejo. “Aunque los fondos anuncien la venta, necesitan tener un actor similar a ellos, con capacidad de apalancamiento para poder endeudarse con esa compra en un momento en el que el precio ha subido”, sostiene Palomera. En este sentido, todos los motivos que llevan a la venta pueden acabar siendo un impedimento para que esta se haga efectiva.

El directivo de Colliers también ve complejo que estos paquetes de viviendas se vendan en bloque. “Puede haber algún fondo entre medias o que algún paquete acabe en manos de fondos de pensiones, que buscan rentabilidades bajas a largo plazo, o de algún family office, pero lo normal sería que el comprador habitual acabe siendo el usuario final”, explica De la Fuente. Entre los argumentos que sostienen esta hipótesis, que la mayoría de estas viviendas fueron construidas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, y no cuentan con los códigos técnicos relativos a la normativa ambiental. “Un fondo necesita que estas viviendas sean eficientes desde el punto de vista energético porque, a partir de 2030, será obligatorio que todas las casas que se alquilen cuenten con una calificación energética E”.

Muchas de esas viviendas provienen de trasvases de las entidades bancarias a estos fondos de inversión, para deshacerse de casas obtenidas tras desahucios, en una estrategia que ha llevado a estos grandes vehículos de inversión a hacerse con el 8,1% de todas las viviendas en alquiler en España, con picos del 10,3 y del 11,1% en Madrid y Catalunya, respectivamente, según el Banco de España, con datos de 2021, que les otorga un “modesto peso relativo” en el mercado del alquiler residencial. Al otro lado, estarían el otro 90%, en manos de personas físicas, una tasa que abarca desde quien tiene una vivienda alquilada hasta quien posee varias o decenas de ellas. Un perfil que Palomera cree que puede fijarse en estas ofertas.

Las viviendas de la EMVS

Al margen de estas, están los miles de alquileres que los fondos gestionan, sin tener la propiedad, como los de la Sareb, que lleva Aliseda, participada por Blackstone. “En general, les ha ido bien gestionando viviendas durante los últimos años, porque han obtenido una buena rentabilidad, muchas veces recibiendo contratos anteriores y celebrando nuevos con precios del doble o el triple de lo que venían cobrando”, señala Alejandra Jacinto, de la Cooperativa de Abogados de Madrid (CAES). Jacinto fue una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuando esta denunció el “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” en la Comunidad de Madrid, tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda (IVIMA) a empresas y fondos de inversión y de otros 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Precisamente, este último paquete fue transferido a Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, que ahora podrían volver al mercado a precio libre, tras haber sido vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella por unos 128,5 millones de euros, unos 68.000 euros por unidad. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar, de su propio bolsillo, 25,7 millones de euros, por una enajenación que se produjo, según este organismo, 23 millones por debajo de su valor real, sin una tasación fiable ni publicidad y obviando el interés público. Finalmente, la Sala de Enjuiciamiento revocó la sanción gracias a los votos de dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno del marido de Botella, José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

De vender ahora esas propiedades, el fondo estaría ante un “negocio redondo”. “Se obtendrían unas plusvalías millonarias, porque Fidere compró esas viviendas a un precio de saldo, en operaciones casi de regalo de las administraciones públicas”, desarrolla Jacinto, que considera que la salida al mercado de estos grandes lotes supone “una oportunidad enorme para adquirir y aumentar el parque de vivienda social del Estado y las comunidades autónomas”, con fórmulas de tanteo y retracto o mecanismos excepcionales de adquisición directa, como el de Casa Orsola en Barcelona.

El 80% de las denuncias en Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, según datos de la policía catalana recogidos por la ACN. La subjefe ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, admite que cuando el propietario es de ese perfil, hay “cierta dificultad” para localizarlo y que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según la agente, las ocupaciones han descendido en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados han crecido por “la acción policial” y porque los propietarios “cada vez son más conscientes”. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde más crecieron las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando tanto las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257 el pasado 2024, una media de 17 cada día. Se trata de un incremento del 8% respecto a 2023 y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los Mossos d'Esquadra y las policías locales han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024.

En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos en los que el propietario ha decidido ir directamente al juzgado o en los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas -de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los empleos, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde al menos 2019, el pasado año hubo 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo período que en 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

En cualquier caso, datos muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones y la práctica totalidad de éstas, unas 5.200 tanto en 2023 como en 2024, fueron pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Por otro lado, sólo medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fue violación de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, “la actuación policial”, y por otro “la sensibilidad de los vecinos”, que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar a un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la prevención de los propietarios, que “ponen más medidas físicas de protección”.

Por otra parte, cree que también ha afectado a la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de desórdenes públicos o actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que no denuncia, la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso contempla sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

“Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario”, explica la agente, que añade que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no les sea “financieramente interesante”.

Por todo ello, los Mossos han creado un “buscador de inmuebles” de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan Sareb y varias entidades financieras, a fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener “una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial” mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en “una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados” o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad.

En cuanto a los “empleos más sociales”, de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, estas no entran en el plan y Moriana asegura que “el abordaje policial es totalmente diferente” en estos casos.

Los datos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumó 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16 a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se denunció ninguna ocupación ni en 2023 ni en 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevados en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, Castelló d'Empúries, Platja d'Aro, Berga y Cunit también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona es sensiblemente menor (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta un ratio de 21,7 casos.

L'Indi s'arrulla als braços de Fernando mentre el fotògraf prem l'obturador. Està sent tractada per una peritonitis secundària. Al cap d'una estona, altres gossos apareixen a la consulta. “Com segueix la Luna? Ja menja millor?”, pregunta un dels veterinaris. En aquesta clínica de Palma, la confiança s'ha construït a base de tracte i proximitat més que amb marques o campanyes de màrqueting. Però aquest model de veterinari de barri, el de tota la vida, es trontolla des de fa alguns anys: multinacionals i fons d'inversió internacionals han posat els ulls al sector mitjançant l'adquisició de clíniques que, fins ara, eren refugi de professionals independents. “Ells et diuen que t'aporten moltes coses, però no per la salut dels animals ni pel bé dels veterinaris. Al final, el seu interès és econòmic: volen fer-se amb un negoci al qual consideren que li poden treure més rendibilitat que nosaltres”, comenta Fernando Mir, propietari de la clínica veterinària Sant Fernando, fundada el 1980. Mir ha escoltat les ofertes de diversos grups, però fins al moment les ha rebutjat.

La transformació és silenciosa, encara que profunda. I és que el sector veterinari s'ha convertit en un cobejat -i lucratiu- nínxol de negoci per a aquests conglomerats, atrets per unes xifres de facturació que, igual que el nombre de llars amb mascota, no aturen de créixer. El 2024, els ingressos del sector a Espanya van ascendir a 2.853 milions d'euros, un 9,2% més que l'any anterior (el que suposa un 0,18% del PIB), d'acord a les dades que gestionen l'Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia (AMVAC) i l'Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del sector de l'Animal de Companyia (AEDPAC). L'últim informe elaborat per ambdues entitats revela que hi ha 7.021 clíniques veterinàries registrades a tot el territori nacional, cadascuna de les quals ingressa una mitjana de 406.334 euros anuals. En total, aquests centres van generar uns 44.500 llocs de feina directes (un 1,2 % més respecte a 2023) i més de 356.000 indirectes.

Es tracta d'unes xifres que reflecteixen el pes econòmic i social de les mascotes en l'àmbit familiar: més del 45% de les llars espanyoles compta amb animals de companyia. Actualment, estan censats més de 9,3 milions de gossos i més de 6 milions de gats, als quals se sumen prop de 10,7 milions d'altres espècies. Sis mascotes per cada fill menor de quatre anys, segons el Registre d'Identificació d'Animals de Companyia (REIAC).

Més del 45% de les llars espanyoles compta amb animals de companyia. En l'actualitat, estan censats més de 9,3 milions de gossos i més de 6 milions de gats, als quals se sumen prop de 10,7 milions d'altres espècies. Sis mascotes per cada fill menor de quatre anys

L'atractiu per a aquests fons és, per tant, evident. No obstant això, encara que aquesta concentració permet dur a terme millores en equipament i gestió, també planteja reptes: què succeeix amb el professional veterinari? què passa amb la qualitat del servei? “Estem veient com es passa de la consulta familiar a estructures corporatives que responen a la lògica del capital privat”, resumeix una veterinària mallorquina que prefereix mantenir l'anonimat: “Això pot tenir avantatges, però també riscos per als qui treballem al sector”. Mentre alguns veuen en aquestes operacions una oportunitat de modernització i expansió de serveis, altres adverteixen sobre els riscos de concentració, pèrdua de control local i manca d'informació pública sobre el destí final dels beneficis i la propietat real de les clíniques.

No en va, l'impacte de les adquisicions per part de grans grups va més enllà de la propietat: Unavets, VetPartners, AniCura o Evidensia -que, al seu torn, conformen una complexa xarxa de societats interposades- controlen centenars de clíniques a Espanya, però, darrere d'elles, s'amaguen fons com Oaktree Capital Management, BC Partners o Meridia Private Equity, la transparència dels quals pel que fa a estructura societària, domicilis fiscals i destí de beneficis es caracteritza per una notable opacitat.

Unavets, VetPartners, AniCura o Evidensia -que, al seu torn, conformen una complexa teranyina de xarxes empresarials- ja controlen centenars de clíniques a Espanya. Darrere d'elles s'amaguen fons com Oaktree Capital Management, BC Partners o Meridia Private Equity, la transparència del qual pel que fa a estructura societària, domicilis fiscals i destí de beneficis es caracteritza per una notable opacitat

Segons l'informe sectorial elaborat per AMVAC el 2023, el 5% de les clíniques espanyoles pertanyien, a finals de 2022, a grans corporacions, que aportaven el 18% de la facturació total. Encara que el percentatge és encara minoritari, les previsions del sector apunten a què la tendència podria accelerar-se en els pròxims anys: el 2030, segons AMVAC, el 41% de consultes i hospitals estaran en mans de grans grups.

Els grans holdings presents a Espanya

elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb alguns dels veterinaris les clíniques dels quals han estat absorbides per aquests holdings per preguntar-los com ha estat el seu procés d'adaptació. No obstant això, lluny de decidir ells mateixos al respecte, deriven la possibilitat d'entrevistar-los o de sol·licitar-ne informació a la pròpia empresa que les ha comprat. És el cas de la clínica Aragó de Palma, un dels centres veterinaris de referència a Palma. El seu propietari respon a la petició d'aquest diari derivant-la a l'agència de comunicació que centralitza la relació entre els mitjans de comunicació i AniCura Espanya. Després de traslladar la consulta a aquesta agència, assenyalen el seu interès per conèixer, abans d'oferir una resposta, l'enfocament del reportatge i per les preguntes que se li formularan al propietari de la clínica. Finalment, responen que l'entrevista, “per tema d'horaris, no serà possible”. Asseguren, així mateix, que “la persona autoritzada com a portaveu” d'AniCura tampoc està disponible.

AniCura Spain Holding S.L.U és un dels grans grups que ha irromput amb força a Espanya. Amb el propòsit de brindar una “millor assistència veterinària” i “major tranquil·litat a milions de propietaris de mascotes”, va iniciar la seva marxa el 2011 mitjançant una primera fusió d'hospitals veterinaris als països nòrdics. A l'actualitat, compta amb gairebé 500 clíniques a 15 països europeus, 49 d'elles a Espanya i Portugal: Anicura Aitana Centres Veterinaris, Anicura Albea, Anicura Marina Alta, Anicura Mediterrani Hospital Veterinari, Anicura Hospital Veterinario Valencia Sur, S.L.U., Anicura Vetamic Veterinaris, Anicura Aragó Hospital Veterinari... La llista sembla interminable.

No obstant això, abans de culminar aquest procés d'expansió, ja s'havien produït moviments financers que ofereixen una idea del creixent flux internacional d'inversió cap al mercat veterinari europeu. D'acord a dades registrals consultades per aquest mitjà, el juliol de 2020 la socimi Meridia Capital Partners va invertir a la plataforma d'hospitals veterinaris Vetsum, que, dos anys després, l'abril de 2022, va vendre la seva participació majoritària a AniCura Group per 105 milions d'euros. AniCura és, al seu torn, filial de Mars Veterinary Health, divisió veterinària de la multinacional nord-americana Mars Incorporated. Aquesta arquitectura esglaonada, composta per una matriu internacional, societats holding i filials operatives, dilueix la traçabilitat pública sobre qui pren les decisions, com es fixen els preus, quins són els fluxos financers o cap a on es dirigeixen els beneficis.

“Ara visc molt més tranquil”

Una altra de les grans firmes que ha irromput al sector veterinari d'Espanya és IVC Evidensia, anunciada a la seva web com la companyia d'atenció veterinària més gran d'Europa -“Invertim en la nostra gent, instal·lacions i processos per oferir excel·lència clínica”, assenyalen-. Creada el 2012 a partir de la fusió d'una vintena de clíniques i hospitals veterinaris de Suècia, va ser adquirida el 2014 pel fons d'inversió EQT Private Equity -que el 2024 es va fer amb el 80% del portal immobiliari Idealista-. El 2017, Evidensia es va fusionar amb Independent Vetcare (IVC), que, al seu torn, havia estat impulsada el 2011 al Regne Unit i, igual que aquella, havia estat adquirida per EQT el 2016. El 2021, IVC Evidensia va rebre una inversió del fons sobirà d'Abu Dhabi Mubadala Investment Company de 497 milions de dòlars, tal com va informar Forbes Middle Est, dirigits a impulsar la seva expansió europea, convertint-se així en un dels actors principals de la transformació del mercat veterinari. Actualment, està present a 12 països i compta amb 1.600 clíniques.

Una de les clíniques que aquest grup ha absorbit a Balears és l'Hospital Canis, fundat el 2014, més de 50 anys després que comencés a funcionar com a clínica veterinària. El 2023 va ser adquirida per IVC Evidensia Espanya a través d'Evidensia Assets S.L. elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb els propietaris del centre, però no ha obtingut resposta. Tampoc per part d'Evidensia, amb la qual aquest mitjà s'ha posat en contacte per poder contrastar amb algun dels seus responsables les informacions sobre els pros i contres d'aquest tipus d'adquisicions. Sí que ha accedit a comentar el seu cas Manu Ruiz, qui el 2008 va fundar La Ribera Veterinaris. Quinze anys després, el 2021, el centre clínic va ser absorbit per Evidensia. A la Platja de Palma, on té la seva consulta, Ruiz es mostra satisfet d'haver venut la seva clínica perquè “volia fer de veterinari”: “Estava cansat de la part administrativa, m'estressava, m'avorria. Ara visc molt més tranquil en aquest sentit”.

Encara que reconeix que “no hi ha situació perfecta”, aquest veterinari assenyala que, després de 15 anys al capdavant de la clínica, no volia veure's “lligat a ella per a tota la vida”. Són quatre veterinaris els qui treballen a la consulta i assegura que, en el seu cas, els serveis que ofereix i els preus s'han mantingut “exactament igual que abans”: “A nivell clínic, aquests grups no s'hi fiquen. Són gestors, cadascú està en el seu camp”.

Sobre el procés d'adaptació, assenyala que s'ha dut a terme de forma gradual: “L'adaptació no és senzilla perquè la clínica és el teu nadó i has seguit els teus propis criteris. El sistema és diferent, però no te'l posen complex”. Pel que fa a canvis, assenyala que a l'hora de comprar medicaments, “si abans els adquiries on fos, ara és en un lloc concret”. A més, destaca que el fet de pertànyer a un grup permet que hi hagi col·laboracions i interaccions entre els diferents centres per poder intercanviar experiències. Ruiz reconeix que ara treballa “amb més tranquil·litat”: “Sé que tots cobraran a final de mes, i, si agafes una baixa, la cobres. No me'n penedeixo, era el que volia. Nosaltres no som empresaris, som veterinaris”.

Unavets Group és un altre dels grans grups presents al sector veterinari a Espanya. Es troba recolzat pel megafons nord-americà Oaktree Capital Management, que compta amb múltiples branques, bona part d'elles a les Illes Caiman -entre altres àmbits, gestiona, segons Infolibre, gairebé la meitat dels habitatges del pla de lloguer d'Isabel Díaz Ayuso-. El 2023 va adquirir vuit noves clíniques a Espanya, assolint així les 57. També compta amb 49 a Portugal i una a Gibraltar. Un any abans, Unavets havia anunciat l'obtenció de 116 milions d'euros procedents dels fons d'Ares Management Credit amb l'objectiu de destinar-los al finançament de futures adquisicions i despeses de capital, continuar amb les compres i inversions de negocis adjacent i, en menor mesura, refinançar els seus deutes. L'operació va comptar amb l'assessorament de Houlihan Lokey, banc d'inversió especialitzat en reestructuracions de deutes d'entitats en dificultats.

Vedivet, VetPartners, Mivet... La llista de corporacions que, juntament amb AniCura, IVC Evidensia i Unavets, han irromput al mercat veterinari espanyol reflecteix, en el fons, una tendència global, la de la financiarització de sectors professionals tradicionals on fons d'inversió i capital privat es converteixen en actors determinants. No només això. També mostra com els interessos de grans inversors internacionals poden modificar el funcionament d'un mercat fins aleshores eminentment local i familiar. Per a això, les grans empreses han anat creant estructures centralitzades dirigides a implementar polítiques corporatives i uniformar la gestió de tots els seus centres, externalitzant al seu torn les seves polítiques de màrqueting.

Sé que tots cobraran a final de mes, i si agafes una baixa, la cobres. Estava cansat de la part administrativa, m'estressava, m'avorria. Ara visc molt més tranquil en aquest sentit

Manu Ruiz — Propietari de La Ribera Veterinaris

“Prefereixo mantenir la clientela contenta”

A Balears, amb el seu creixement de la renda per càpita, el seu elevat percentatge de població estrangera i les seves altes taxes de tinença de mascotes, el desembarcament d'aquests grups no es va fer esperar. Amb tot, Fernando Mir és un dels veterinaris que resisteixen als tentacles d'aquestes multinacionals. Des de la seva clínica ubicada a l'Avinguda Sant Fernando, a Palma, explica que li han “tantejat”, però que no ha arribat a “parlar de diners” perquè “ja des d'un principi” no li “ha interessat”. Encara que assegura no tancar les portes a ningú, assenyala que, en aquests moments, no és una opció “interessant”: “És una cosa que depèn de la política i la visió de cadascú. Per a mi, el fet de ser independents i no pertànyer a un grup em permet més mobilitat pel que fa a decisions, fer el que jo consideri i créixer una miqueta a poc a poc el que hagi de créixer. Amb més de 40 anys, hi ha força gent que coneix la clínica i sap com funcionem”, subratlla.

Mir lamenta que, mitjançant aquestes adquisicions, també s'estiguin perdent les petites empreses destinades a la veterinària, alhora que reflexiona sobre el que suposa que un gran grup absorbeixi una clínica. “Tu ets un empleat més. Et premien pels teus beneficis, però no és el mateix. Ells mateixos [els grups] fan rànquings del que has facturat, del que no, o sigui, que és purament monetari. Potser per a certs hospitals no serà un problema”, afirma, assenyalant que, si el grup comprador estableix la necessitat d'assolir uns mínims de benefici, “el que haurà de fer la clínica és augmentar els preus per intentar arribar-hi”. “La raó principal per la qual molts propietaris venen és perquè volen deixar anar responsabilitats amb totes les conseqüències que suposa per a la clínica. Però a mi m'interessa més mantenir la clientela contenta”, conclou.

Per a mi, el fet de ser independents i no pertànyer a un grup em permet més mobilitat pel que fa a decisions, fer el que jo consideri i créixer una miqueta a poc a poc el que hagi de créixer. Amb més de 40 anys, hi ha força gent que coneix la clínica i sap com funcionem

Fernando Mir — Propietari de la clínica veterinària de Sant Fernando (Palma)

A l'arxipèlag hi ha registrades 193 clíniques veterinàries, segons dades del Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears (Covib). De totes elles, 20 clíniques, consultoris i hospitals han estat adquirits per grans empreses. “Els fons busquen territoris on el tiquet mitjà sigui alt, els costos laborals, assumibles, i la demanda, estable. Balears compleix amb tots aquests requisits”, explica una font del sector a les illes. La vicesecretària del Covib, Ana Sancha, assenyala per part seva a elDiario.es que, normalment, “el que fan aquests grups és comprar un hospital veterinari i, en paral·lel, clíniques o centres perifèrics que abasten de productes a aquest hospital”. Es tracta d'un model que, subratlla, va començar a implantar-se a Anglaterra fa 20 anys: “Això ja ve d'anys enrere, van irrompre a Espanya i ara estan començant a expandir-se a Sud-Amèrica”. Sobre les raons, assenyala que s'interessen per un mercat en què “els animals petits estan en auge”. “Cada vegada hi ha més i veuen en això una inversió assegurada”, abunda.

Els fons busquen territoris on el tiquet mitjà sigui alt, els costos laborals, assumibles, i la demanda, estable. Cada vegada hi ha més animals petits i veuen en això una inversió assegurada

Ana Sancha — Vicesecretària del Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears

Deixar de ser 'gestor', però assumir certes condicions

Sancha subratlla que la societat ha canviat, igual que la normativa i el propi treball dels veterinaris: “Ara hi ha noves especialitats. Tenim molta càrrega burocràtica i hi ha molta pressió administrativa. Llavors, si algú s'ofereix a comprar-te la clínica, tu pots dedicar-te a ser veterinari. De fet, recordo que a la carrera feia economia, però no t'ensenyaven a gestionar”. En aquesta línia, recalca que es tracta d'un sector en el qual “es generen molts diners, però no saps com manejar aquesta rendibilitat”: “La societat ara busca que estiguis constantment a Instagram, a les xarxes socials. Això és una cosa que alguns propietaris prefereixen deixar en mans de grups perquè ho gestionin mentre a ells els deixen ser veterinaris. Som un col·lectiu molt vocacional i molt poc de gestió”, conclou.

La societat ara busca que estiguis constantment a Instagram, a les xarxes socials. Això és una cosa que alguns propietaris prefereixen deixar en mans de grups perquè ho gestionin mentre a ells els deixen ser veterinaris. Som un col·lectiu molt vocacional i molt poc de gestió

Ana Sancha — Vicesecretària del Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears

Centrar-se en el treball clínic sense haver d'assumir la gestió del negoci, el control de despeses o la negociació amb proveïdors, a més de l'estabilitat laboral i econòmica, és de fet un dels components amb què molts veterinaris somien a l'hora de decidir integrar-se en una xarxa d'aquestes característiques, que, a més, els permet accedir a equipaments diagnòstics avançats, laboratoris propis o sistemes digitals compartits. No obstant això, molts propietaris decideixen fer-se enrere degut a les condicions que, a canvi, han d'assumir. En alguns casos, tal com ha comprovat aquest diari, l'adquisició es condiciona al fet que l'antic propietari continuï a la clínica durant dos o tres anys com a empleat o director clínic, el que garanteix al grup comprador la continuïtat del negoci i del personal. Durant aquest temps, han de complir, a més, objectius de rendiment -vendes, nombre de consultes, ràtios de facturació per pacient-. En algunes compravendes s'inclouen també clàusules de no competència que, durant diversos anys, els impedeix obrir una altra clínica a la mateixa zona per evitar el 'robatori' de clients.

Molts propietaris decideixen fer-se enrere en la venda de les seves clíniques degut a les condicions que han d'assumir: han de complir certs objectius de facturació, continuar com a empleats o directors clínics durant un determinat període de temps i fins i tot acceptar clàusules de no competència que, durant diversos anys, els impedeix obrir una altra clínica a la mateixa zona per evitar el 'robatori' de clients

Altres professionals que prefereixen mantenir-se en l'anonimat assenyalen que, un cop integrada, la clínica pot patir canvis en l'estructura de preus, com en el cas de les proves diagnòstiques o els serveis complementaris, o ha d'acceptar plans de fidelització i assegurances lligats a la xarxa del grup. En molts dels casos, el comprador imposa estàndards de marca, software de gestió, política de preus i proveïdors. En alguns casos, el nom de la clínica continua sent el mateix, per raons comercials, però el control operatiu acaba passant al grup.

Fernando, com altres veterinaris, prefereix seguir al capdavant de la Clínica Sant Fernando, conscient de la dificultat de competir amb la capacitat de màrqueting o d'inversió d'un grup, però tranquil a l'hora de treballar i continuar tractant els seus pacients amb la proximitat de sempre, com l'Indi, que dorm sobre la manta que li ha preparat. La gosseta a penes s'immuta quan el veterinari torna a entrar per revisar el seu sèrum. No hi ha rastre d'inversors, holdings ni fons de capital risc: només el pols tranquil d'una clínica que encara funciona amb noms propis. Un model que, a poc a poc, va cedint terreny sense fer soroll, impulsat per un capital que veu en cada mascota un client potencial, i en cada clínica, una oportunitat de negoci.

Indi se arrulla en los brazos de Fernando mientras el fotógrafo aprieta el obturador. Está siendo tratada por una peritonitis secundaria. Al cabo de un rato, otros perros aparecen en la consulta. “¿Cómo sigue Luna? ¿Ya come mejor?”, pregunta uno de los veterinarios. En esta clínica de Palma, la confianza se ha construido a base de trato y proximidad más que con marcas o campañas de marketing. Pero ese modelo de veterinario de barrio, el de toda la vida, se tambalea desde hace algunos años: multinacionales y fondos de inversión internacionales han puesto sus ojos en el sector mediante la adquisición de clínicas que, hasta ahora, eran refugio de profesionales independientes. “Ellos te dicen que te aportan muchas cosas, pero no por la salud de los animales ni por el bien de los veterinarios. Al final, su interés es económico: quieren hacerse con un negocio al que consideran que pueden sacarle más rentabilidad que nosotros”, comenta Fernando Mir, propietario de la clínica veterinaria San Fernando, fundada en 1980. Mir ha escuchado las ofertas de varios estos grupos, pero hasta el momento las ha rechazado.

La transformación es silenciosa, aunque profunda. Y es que el sector veterinario se ha convertido en un codiciado -y lucrativo- nicho de negocio para estos conglomerados, atraídos por unas cifras de facturación que, al igual que el número de hogares con mascota, no paran de crecer. En 2024, los ingresos del sector en España ascendieron a 2.853 millones de euros, un 9,2% más que el año anterior (lo que supone un 0,18% del PIB), de acuerdo a los datos que manejan la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía (AEDPAC). El último informe elaborado por ambas entidades revela que hay 7.021 clínicas veterinarias registradas en todo el territorio nacional, cada una de las cuales ingresa una media de 406.334 euros anuales. En total, estos centros generaron unos 44.500 empleos directos (un 1,2 % más respecto a 2023) y más de 356.000 indirectos.

Se trata de unas cifras que reflejan el peso económico y social de las mascotas en el ámbito familiar: más del 45% de los hogares españoles cuenta con animales de compañía. En la actualidad, están censados más de 9,3 millones de perros y más de 6 millones de gatos, a los que se suman cerca de 10,7 millones de otras especies. Seis mascotas por cada hijo menor de cuatro años, según el Registro de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Más del 45% de los hogares españoles cuenta con animales de compañía. En la actualidad, están censados más de 9,3 millones de perros y más de 6 millones de gatos, a los que se suman cerca de 10,7 millones de otras especies. Seis mascotas por cada hijo menor de cuatro años

El atractivo para estos fondos es, por tanto, evidente. Sin embargo, aunque esta concentración permite llevar a cabo mejoras en equipamiento y gestión, también plantea desafíos: ¿qué sucede con el profesional veterinario? ¿qué ocurre con la calidad del servicio? “Estamos viendo cómo se pasa de la consulta familiar a estructuras corporativas que responden a la lógica del capital privado”, resume una veterinaria mallorquina que prefiere mantener el anonimato: “Eso puede tener ventajas, pero también riesgos para quienes trabajamos en el sector”. Mientras algunos ven en estas operaciones una oportunidad de modernización y expansión de servicios, otros advierten sobre los riesgos de concentración, pérdida de control local y falta de información pública sobre el destino final de los beneficios y la propiedad real de las clínicas.

No en vano, el impacto de las adquisiciones por parte de grandes grupos va más allá de la propiedad: Unavets, VetPartners, AniCura o IVC Evidensia -que, a su vez, conforman una compleja red de sociedades interpuestas- controlan centenares de clínicas en España, pero, tras ellas, se ocultan fondos como Oaktree Capital Management, BC Partners o Meridia Private Equity, cuya transparencia en cuanto a estructura societaria, domicilios fiscales y destino de beneficios se caracteriza por una notable opacidad.

Unavets, VetPartners, AniCura o Evidensia -que, a su vez, conforman una compleja maraña de redes empresariales- ya controlan centenares de clínicas en España. Tras ellas se ocultan fondos como Oaktree Capital Management, BC Partners o Meridia Private Equity, cuya transparencia en cuanto a estructura societaria, domicilios fiscales y destino de beneficios se caracteriza por una notable opacidad

Según el informe sectorial elaborado por AMVAC en 2023, el 5% de las clínicas españolas pertenecían, a finales de 2022, a grandes corporaciones, que aportaban el 18% de la facturación. Aunque el porcentaje es aún minoritario, las previsiones del sector apuntan a que la tendencia podría acelerarse en los próximos años: en 2030, según AMVAC, el 41% de consultas y hospitales estarán en manos de grandes grupos.

Se trata de una práctica que, sin embargo, lleva décadas extendida en países como Reino Unido. Una reciente investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del país británico ha detectado que los dueños de mascotas pagan, en promedio, un 16,6 % más en grandes grupos veterinarios que en clínicas independientes. Las investigaciones también apuntan a que el precio medio de los servicios veterinarios se ha incrementado en un 63 % entre 2016 y 2023, muy por encima de la inflación. Entre otras medidas, la CMA exige a las clínicas que publiquen listas completas de precios y que indiquen claramente si forman parte de un gran grupo. Con ello busca garantizar que sus políticas y procedimientos velen “por el mejor interés de las mascotas y sus dueños” y que estos puedan disponer de la información necesaria para elegir la clínica y las opciones de tratamiento más adecuadas.

Los grandes holdings presentes en España

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con algunos de los veterinarios cuyas clínicas han sido absorbidas por estos holdings para preguntarles cómo ha sido su proceso de adaptación. Sin embargo, lejos de decidir ellos mismos al respecto, derivan la posibilidad de entrevistarles o de solicitar información a la propia empresa que las ha comprado. Es el caso de la clínica Aragó de Palma, uno de los centros veterinarios de referencia en Palma. Tras 15 años de trayectoria, en 2021 la consulta fue absorbida por AniCura AB, socia única de AniCura Spain Holding S.L.U.  El dueño de la clínica -reconvertido, al igual que otros propietarios, en practice manager integrado en la multinacional, lo que le permite a ésta asegurarse que la consulta conserve su 'esencia' a ojos de los clientes- responde a la petición de este periódico derivándola a la agencia de comunicación que centraliza la relación entre los medios de comunicación y AniCura España. Tras trasladar la consulta a esa agencia, señalan su interés por conocer, antes de ofrecer una respuesta, el enfoque del reportaje y las preguntas que se le formularían al dueño de la clínica. Finalmente, responden que la entrevista, “por tema de horarios, no va ser posible”. Aseguran, asimismo, que “la persona autorizada como portavoz” de AniCura tampoco está disponible.

AniCura Spain Holding S.L.U es uno de los grandes grupos que ha irrumpido con fuerza en España. Con el propósito de brindar una “mejor asistencia veterinaria” y “mayor tranquilidad a millones de dueños de mascotas”, inició su andadura en 2011 mediante una primera fusión de hospitales veterinarios en los países nórdicos. En la actualidad, cuenta con casi 500 clínicas en 15 países europeos, 49 de ellas en España y Portugal: Anicura Aitana Centres Veterinaris, Anicura Albea, Anicura Marina Alta, Anicura Mediterrani Hospital Veterinari, Anicura Hospital Veterinario Valencia Sur, S.L.U., Anicura Vetamic Veterinaris, Anicura Aragó Hospital Veterinari... La lista parece interminable.

Sin embargo, antes de culminar este proceso de expansión, ya se habían producido movimientos financieros que ofrecen una idea del creciente flujo internacional de inversión hacia el mercado veterinario europeo. De acuerdo a datos registrales consultados por este medio, en julio de 2020 la socimi Meridia Capital Partners invirtió en la plataforma de hospitales veterinarios Vetsum, que, dos años después, en abril de 2022, vendió su participación mayoritaria a AniCura Group por 105 millones de euros. AniCura forma parte, a su vez, de Mars Petcare, división global de Mars Veterinary Health, vinculada, asimismo, a la multinacional estadounidense Mars Incorporated, que en los últimos años ha sido objeto de investigaciones por presunta explotación infantil en plantaciones africanas de cacao (el grupo es uno de los principales productores de chocolate del mundo).

Este tipo de arquitectura escalonada, compuesta por una matriz internacional, sociedades holding y filiales operativas, diluye la trazabilidad pública acerca de quién toma las decisiones, cómo se fijan los precios, cuáles son los flujos financieros o a dónde se dirigen los beneficios.

“Ahora vivo mucho más tranquilo”

Otra de las grandes firmas que se ha introducido en el sector veterinario de España es IVC Evidensia, anunciada en su web como la compañía de atención veterinaria más grande de Europa -“Invertimos en nuestra gente, instalaciones y procesos para ofrecer excelencia clínica”, señalan-. Creada en 2012 a partir de la fusión de una veintena de clínicas y hospitales veterinarios de Suecia, Evidensia fue adquirida en 2014 por el fondo de inversión EQT Private Equity -que en 2024 se hizo con el 80% del portal inmobiliario Idealista-. Tal como consta en portales empresariales, publicaciones especializadas y en su propia página web, en 2017 el grupo se fusionó con Independent Vetcare (IVC), que, a su vez, había sido impulsada en 2011 en Reino Unido y, al igual que aquella, había sido adquirida por EQT en 2016.

En 2021, IVC Evidensia recibió una inversión del fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala Investment Company de 497 millones de dólares, tal como informó Forbes Middle Est, dirigidos a impulsar su expansión europea, convirtiéndose así en uno de los actores principales de la transformación del mercado veterinario. En la actualidad, está presente en 12 países y cuenta con 1.600 clínicas.

Uno de los centros que este grupo ha absorbido en Balears es el Hospital Canis, fundado en 2014, aunque en funcionamiento como clínica veterinaria desde 1960. En 2023 fue adquirido por IVC Evidensia España a través de Evidensia Assets S.L. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con los propietarios del centro, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco por parte de Evidensia, con la que este medio se ha puesto en contacto para poder contrastar con alguno de sus responsables las informaciones sobre los pros y contras de este tipo de adquisiciones.

Sí ha accedido a comentar su caso Manu Ruiz, quien en 2008 fundó La Ribera Veterinaris. En 2021, el centro clínico fue absorbido por IVC Evidensia. En la Platja de Palma, donde tiene su consulta, Ruiz se muestra satisfecho de haber vendido su clínica porque “quería hacer de veterinario” -: “Estaba cansado de la parte administrativa, me estresaba, me aburría. Ahora vivo mucho más tranquilo en ese sentido”. Aunque reconoce que “no hay situación perfecta”, este veterinario señala que, tras 15 años al frente de la clínica, no quería verse “atado a ella de por vida”. Son cuatro veterinarios quienes trabajan en la consulta y asegura que, en su caso, los servicios que ofrece y los precios se han mantenido “exactamente igual que antes”: “A nivel clínico, estos grupos no se meten. Son gestores, cada uno está en su campo”.

Sobre el proceso de adaptación, señala que se ha llevado a cabo de forma paulatina: “La adaptación no es sencilla porque la clínica es tu bebé y has seguido tus propios criterios. El sistema es diferente, pero no te lo ponen complejo”. En cuanto a cambios, señala que a la hora de comprar medicamentos, “si antes los adquirías donde fuese, ahora es en un sitio concreto”. Además, destaca que el hecho de pertenecer a un grupo permite que haya colaboraciones e interacciones entre los distintos centros para poder intercambiar experiencias. Ruiz reconoce que ahora trabaja “con más tranquilidad”: “Sé que todos van a cobrar a final de mes, y, si coges una baja, la cobras. No me arrepiento, era lo que quería. Nosotros no somos empresarios, somos veterinarios”.

Unavets Group es otro de los grandes grupos presentes en el sector veterinario en España. Se encuentra respaldado por el megafondo estadounidense Oaktree Capital Management, que cuenta con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Islas Caimán -entre otros ámbitos, gestiona, según Infolibre, casi la mitad de las viviendas del plan de alquiler de Isabel Díaz Ayuso-. En 2023 adquirió ocho nuevas clínicas en España, alcanzando así las 57. También cuenta con 49 en Portugal y una en Gibraltar. Un año antes, Unavets había anunciado la obtención de 116 millones de euros procedentes de los fondos de Ares Management Credit con el objetivo de destinarlos a la financiación de futuras adquisiciones y gastos de capital, continuar con las compras e inversiones de negocios adyacentes y, en menor medida, refinanciar sus deudas. La operación contó con el asesoramiento de Houlihan Lokey, banco de inversión especializado en reestructuraciones de deudas de entidades en apuros.

Vedivet, VetPartners, Mivet... La lista de corporaciones que, junto a AniCura, IVC Evidensia y Unavets, han irrumpido en el mercado veterinario español refleja, en el fondo, una tendencia global, la de la financiarización de sectores profesionales tradicionales donde fondos de inversión y capital privado se convierten en actores determinantes. No solo eso. También muestra cómo los intereses de grandes inversores internacionales pueden modificar el funcionamiento de un mercado hasta entonces eminentemente local y familiar. Para ello, las grandes empresas han ido creando estructuras centralizadas dirigidas a implementar políticas corporativas y uniformar la gestión de todos sus centros, externalizando a su vez sus políticas de marketing.

Sé que todos van a cobrar a final de mes, y si coges una baja, la cobras. Estaba cansado de la parte administrativa, me estresaba, me aburría. Ahora vivo mucho más tranquilo en ese sentido

Manu Ruiz — Propietario de La Ribera Veterinaris

“Prefiero mantener a la clientela contenta”

En Balears, con su crecimiento de la renta per cápita, su elevado porcentaje de población extranjera y sus altas tasas de tenencia de mascotas, el desembarco de estos grupos no se hizo esperar. Con todo, Fernando Mir es uno de los veterinarios que resisten a los tentáculos de estas multinacionales. Desde su clínica ubicada en la Avenida San Fernando, en Palma, explica que le han “tanteado”, pero que no ha llegado a “hablar de dinero” porque “ya desde un principio” no le “ha interesado”. Aunque asegura no cerrar las puertas a nadie, señala que, en estos momentos, no le es una opción “interesante”: “Es algo que depende de la política y la visión de cada uno. Para mí, el hecho de ser independientes y no pertenecer a un grupo me permite más movilidad en cuanto a decisiones, hacer lo que yo considere y crecer poquito a poco lo que tenga que crecer. Con 40 y tantos años, hay bastante gente que conoce la clínica y sabe cómo funcionamos”, subraya.

Mir lamenta que, mediante estas adquisiciones, también se estén perdiendo las pequeñas empresas destinadas a la veterinaria, al tiempo que reflexiona sobre lo que supone que un gran grupo absorba una clínica. “Tú eres un empleado más. Te premian por tus beneficios, pero no es lo mismo. Ellos mismos [los grupos] hacen rankings de lo que has facturado, lo que no, osea, que es puramente monetario. Quizás para ciertos hospitales no va a ser un problema”, afirma, señalando que, si el grupo comprador establece la necesidad de alcanzar unos mínimos de beneficio, “lo que va a tener que hacer la clínica es aumentar los precios para intentar llegar a ellos”. “La razón principal por la cual muchos propietarios venden es porque quieren soltar responsabilidades con todas las consecuencias que supone para la clínica. Pero a mí lo que me interesa más es mantener a la clientela contenta”, concluye.

Para mí, el hecho de ser independientes y no pertenecer a un grupo me permite más movilidad en cuanto a decisiones, hacer lo que yo considere y crecer poquito a poco lo que tenga que crecer. Con 40 y tantos años, hay bastante gente que conoce la clínica y sabe cómo funcionamos

Fernando Mir — Dueño de la clínica veterinaria de San Fernando (Palma)

En el archipiélago hay registradas 193 clínicas, hospitales y consultorios veterinarios, según datos del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears (Covib). De todos ellos, 20 han sido adquiridos por grandes empresas. “Los fondos buscan territorios donde el ticket medio sea alto, los costes laborales, asumibles, y la demanda, estable. Balears cumple con todos estos requisitos”, explica una fuente del sector en las islas. La vicesecretaria del Covib, Ana Sancha, señala por su parte a elDiario.es que, normalmente, “lo que hacen estos grupos es comprar un hospital veterinario y, en paralelo, clínicas o centros periféricos que abastecen de productos a ese hospital”. Se trata de un modelo que, subraya, comenzó a implantarse en Inglaterra hace 20 años: “Esto ya viene de años atrás, irrumpieron en España y ahora están comenzando a expandirse en Sudamérica”. Sobre las razones, señala que se interesan por un mercado en el que “los pequeños animales van en auge”. “Cada vez hay más y ven en ello una inversión asegurada”, abunda.

Los fondos buscan territorios donde el ticket medio sea alto, los costes laborales, asumibles, y la demanda, estable. Cada vez hay más pequeños animales y ven en ello una inversión asegurada

Ana Sancha — Vicesecretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears

Dejar de ser 'gestor', pero asumir ciertas condiciones

Sancha subraya que la sociedad ha cambiado, al igual que la normativa y el propio trabajo de los veterinarios: “Ahora hay nuevas especialidades. Tenemos mucha carga burocrática y hay mucha presión administrativa. Entonces, si alguien se ofrece comprarte la clínica, tú puedes dedicarte a ser veterinario. De hecho, recuerdo que en la carrera hacía economía, pero no te enseñaban a gestionar”. En esta línea, recalca que se trata de un sector en el que “se genera mucho dinero, pero no sabes cómo manejar esa rentabilidad”: “La sociedad ahora busca que estés constantemente en Instagram, en redes sociales. Esto es algo que algunos propietarios prefieren dejar en manos de grupos para que lo gestionen mientras a ellos les dejan ser veterinarios. Somos un colectivo muy vocacional y muy poco de gestión”, concluye.

La sociedad ahora busca que estés constantemente en Instagram, en redes sociales. Esto es algo que algunos propietarios prefieren dejar en manos de grupos para que lo gestionen mientras a ellos les dejan ser veterinarios. Somos un colectivo muy vocacional y muy poco de gestión

Ana Sancha — Vicesecretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears

Centrarse en el trabajo clínico sin tener que asumir la gestión del negocio, el control de gastos o la negociación con proveedores, además de la estabilidad laboral y económica, es de hecho uno de los componentes con los muchos veterinarios sueñan a la hora de decidir integrarse en una red de estas características, que, además, les permite acceder a equipamientos diagnósticos avanzados, laboratorios propios o sistemas digitales compartidos. Sin embargo, muchos propietarios deciden echarse para atrás debido a las condiciones que, a cambio, deben aceptar. En la mayoría de los casos, tal como ha comprobado este periódico, la adquisición se condiciona a que el antiguo dueño continúe en la clínica durante dos o tres años como practice manager dependiente del grupo comprador, lo que le conmina a ajustarse a los protocolos de éste y a pedir su autorización para realizar gastos o cambios relevantes. La empresa, por su parte, se garantiza la continuidad del negocio, que los riesgos de la integración sean mínimos y que se mantengan intactas, al menos en apariencia, el alma de la clínica y la sensación de cercanía, otorgando así al proceso de compra una imagen de continuidad y estabilidad mientras, de fondo, la gestión y los objetivos se reconfiguran bajo la lógica corporativa del grupo empresarial.

Durante ese tiempo, el antiguo propietario debe cumplir, además, objetivos de rendimiento en cuanto a ventas, número de consultas o ratios de facturación por paciente. En algunas compraventas se incluyen también cláusulas de no competencia que, durante varios años, les impide abrir otra clínica en la misma zona para evitar el 'robo' de clientes y que estos permanezcan bajo el paraguas del grupo.

Muchos propietarios deciden echarse hacia atrás en la venta de sus clínicas debido a las condiciones que deben asumir: deben cumplir ciertos objetivos de facturación, continuar como empleados o directores clínicos durante un determinado periodo de tiempo e incluso aceptar cláusulas de no competencia que, durante varios años, les impide abrir otra clínica en la misma zona para evitar el 'robo' de clientes

Otros profesionales que prefieren mantenerse en el anonimato señalan que, una vez integrada, la clínica puede sufrir cambios en la estructura de precios, como en el caso de las pruebas diagnósticas o los servicios complementarios, o tiene que aceptar planes de fidelización y seguros ligados a la red del grupo. En muchos de los casos, el comprador impone estándares de marca, software de gestión, política de precios y proveedores. En otros, el nombre de la clínica puede continuar siendo el mismo por razones comerciales, pero el control operativo acaba pasando al grupo.

Fernando, como otros veterinarios, prefiere seguir al frente de la Clínica San Fernando, consciente de la dificultad de competir con la capacidad de marketing o de inversión de un grupo, pero tranquilo a la hora de trabajar y continuar tratando a sus pacientes con la cercanía de siempre, como Indi, que duerme sobre la manta que le ha preparado. La perrita apenas se inmuta cuando el veterinario vuelve a entrar para revisar su suero. No hay rastro de inversores, holdings ni fondos de capital riesgo: solo el pulso tranquilo de una clínica que aún funciona con nombres propios. Un modelo que, poco a poco, va cediendo terreno sin hacer ruido, impulsado por un capital que ve en cada mascota un cliente potencial, y en cada clínica, una oportunidad de negocio.

La promotora del centro de proceso de datos Altamira inició la compra de la mitad de los terrenos públicos donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse públicamente el proyecto. Cuando en febrero de 2025 el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto. Un documento que el Gobierno de Cantabria prevé aprobar para que las obras de la primera fase empiecen en menos de un año, en enero de 2026.

Tres meses después, la promotora privada registró oficialmente la solicitud de proyecto estratégico con un informe de 15 hojas que llegó censurado al Parlamento de Cantabria, con posterioridad a la comparecencia informativa del consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP). El resto de suelo industrial que necesita tiene previsto adquirirlo dentro de tres años, en julio de 2028, cuando ya haya avanzado las primeras fases del proyecto.

El proyecto se va a ubicar en una parcela de 636.432 metros cuadrados en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) para desarrollar y comercializar este suelo industrial, que lleva sin actividad alguna desde hace 18 años, en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Una ubicación que la empresa considera “estratégica” en torno a un nudo de autovías: la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67, además de su proximidad a dos infraestructuras: el puerto y el aeropuerto.

El 25 de noviembre de 2024, cuando aún no se conocía el proyecto, VIPAR sacó a la venta la denominada parcela Altamira 1, de 374.572 metros cuadrados, el 60% del terreno previsto para el centro de datos, con un precio mínimo de 7,8 millones (sin IVA). Ese mismo día se abrió el proceso en la Plataforma de Contratación del Estado y en la web de SEPIDES al que únicamente se presentó el grupo Stoneshield Capital. Lo hizo a través de otra sociedad, Tavira, que el pasado 23 de junio cambió de nombre a XDC North Coast, S.L.

Tres meses después, en mayo de este año, la empresa pública autorizó la venta definitiva de los terrenos del polígono industrial por el importe de salida, aunque al añadir el IVA el desembolso para la promotora asciende a 9.492.450 euros (7.845.000 euros más IVA). Sin embargo, la compra no se ha formalizado hasta el pasado 4 de julio a nombre de la última empresa.

12 módulos de centros de datos

La promotora ya dispone en este momento de más de la mitad del suelo que necesita para desarrollar una iniciativa empresarial que promete 3.600 milllones de euros de inversión y la creación de casi 1.500 empleos directos e indirectos. La previsión es instalar 12 módulos de centros de datos de 40 megavatios con 75.000 metros cuadrados de paneles fotovoltáicos. Pero, por ahora, es solo un proyecto de papel.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), explicó en su día que la apuesta del grupo Stoneshield Capital por Cantabria “no ha sido una casualidad o una cuestión de suerte”, sino que es “el resultado de muchos meses de trabajo serio, riguroso y también discreto; de la buena gestión para encontrar la mejorar ubicación estratégica, localizar el suelo y de las medidas que hemos adoptado para sembrar las condiciones para que Altamira pudiera instalarse aquí”.

Siguientes fases

La tramitación del proyecto continúa con un calendario de plazos con el horizonte de que el campus tecnológico de centros de datos Altamira esté terminado y a pleno rendimiento en 2032, dentro de siete años, aunque en un principio se puso como fecha el 2030. Previamente deberá resolverse otro problema que ahora preocupa el Ejecutivo autonómico y a los promotores: el suministro eléctrico necesario cuyo impacto previamente se había minimizado.

Las obras de las fases dos y tres también se desarrollarán a través de la figura de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para acelerar la tramitación urbanística, cuya aprobación inicialmente se anunció para julio de 2027 con la idea de que las obras comiencen en 2028, fecha en la que se comprarán los terrenos que faltan para completar la propiedad de los más de 600.0000 metros cuadrados de suelo industrial necesarios.

El Gobierno sigue adelante con la venta de las viviendas públicas que formaron parte del programa de alquiler asequible impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que se quedaron en un limbo jurídico tras la eliminación del Servicio Público del Alquiler (SPA), siete años más tarde, por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El pasado mes de julio, las 34 familias que continuaban viviendo en estos inmuebles recibieron una carta por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, organismo que asumió su gestión, de que no iban a renovar de nuevo los contratos de arrendamiento y que procedían a la venta de las viviendas. A pesar de que no hay impagos, la Administración no ofrece alternativas a los vecinos más allá de la compra, por un precio que alcanza en muchos casos el medio millón de euros. Tampoco han accedido a la negociación colectiva que reclama el Sindicato de Inquilinas.

Un grupo de una docena de afectados y miembros del sindicato han irrumpido este jueves en la subasta de dos edificios de esta naturaleza, localizados en el madrileño barrio de San Cristóbal, el cuarto barrio más pobre de España. Óscar, uno de los afectados que vive en Lavapiés, asegura que muchos vecinos de la calle San Dalmacio 1, la mayoría familias en situación administrativa irregular que residen en estos pisos abandonados por el Estado, no sabían ni que se iba a vender el edificio al mejor postor: “Estuvimos hace una semana diciendoles '¿Sabéis que se va a subastar este edificio?', y nos dijeron '¿En serio?' (...) Les dijimos que veníamos a preguntarles si lo sabían y a ofrecerles nuestro apoyo, a decirles que estamos en la misma situación”. Aunque este jueves no se subaste su edificio, Óscar sabe que puede ocurrir en cualquier momento y está decidido a quedarse en la casa en la que lleva 14 años viviendo con su pareja.

“Se está vendiendo vivienda pública cuando nos hace falta un millón de viviendas en España para que las personas como yo, que no pueden comprarse una vivienda de 400.000 euros, tengan un alquiler normal dentro de un estándar y completamente topado”, denuncia.

A. es una vecina del bloque de pisos que se ha subastado este jueves. Vive ahí desde hace tres años junto a su familia. A pesar de estar algo resignada a que les van a expulsar del edificio, ha acudido a las puertas de la Tesorería a mostrar su apoyo al sindicato y a los compañeros que han tratado de boicotear la venta. “Es una vergüenza, viven más de 30 niños”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Otro de los manifestantes, en este caso de una vivienda del SPA en la calle Fernando el Católico (Chamberí), renunció a su contrato tras la primera amenaza de la Administración y se marchó a vivir a Burgos. En la calle de Chamartín donde se ha celebrado la subasta, este afectado lamenta que Madrid lo haya expulsado por la falta de vivienda asequible. Ha acudido para apoyar a su amigo que se quedó en el piso y que ha participado en la protesta.

El Sindicato de Inquilinas considera que esta situación es un “desahucio invisible” impulsado por el propio Estado y ha apoyado a estas familias con acciones como la de esta primera subasta. “Vosotros os dedicáis a especular y nosotros a defender lo público”, respondía uno de los manifestantes al inversor que lo increpaba con gritos de “¡Fuera!” y “¡Desokupa!”. El intento de boicot ha terminado con el desalojo del grupo de manifestantes de la sala por parte de los servicios de seguridad y con la finalización de la venta.

La Seguridad Social considera que estos contratos de arrendamiento están “vencidos” y quiere venderlos porque, según sostienen, no tienen “competencias en vivienda” y, por lo tanto, “carecen de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa”. En ese sentido, desde el departamento que dirige Elma Saiz, indican que sus servicios jurídicos “concluyeron que tanto los contratos como las posibles prórrogas estaban vencidos”.

Además, Seguridad Social basa su decisión en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso de sus inmuebles, de 2022. “Informaba de que se debía proceder a la enajenación y corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener inquilinos en situación jurídica irregular”. En concreto, el organismo público afeaba a la Tesorería General que, de los 4.115 inmuebles dados de alta en la Gerencia de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social a la elaboración del análisis, 874 se encontraban vacíos, aunque más de la mitad eran fincas rústicas, y 179 parcialmente vacíos o sin uso, lo que suponía “importantes gastos e inversiones”, que ascendían a 143 millones de euros.

El fondo israelí Keystone, con fuertes vínculos sionistas y dueño de una empresa señalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) por lucrarse con la ocupación israelí, prevé reforzarse en España, donde en la actualidad es el mayor accionista (49%) de Eranovum. Esta energética madrileña está en la lista de empresas más subvencionadas en 2024 y es socia de un magnate israelí de las renovables que compara a España con Hamás.

Eranovum opera infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y proyectos de renovables en España, Francia y Bélgica. Tres de sus filiales figuran en el último listado de grandes beneficiarios de subvenciones del Ministerio de Hacienda, publicado este verano, con 4.409.867,76 euros con cargo al Plan de Recuperación.

Destacan 3,43 millones que recibió en 2024 Eranovum E-Mobility SL, que figura en el puesto 364 del listado de sociedades más subvencionadas el pasado ejercicio en España. En ella son consejeros el fundador y CEO de Keystone, Navot Bar, y su adjunta, Rachel Segal, y fue una de las grandes beneficiarias de la segunda convocatoria de proyectos singulares del plan MOVES del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para infraestructuras innovadoras de recarga.

En ese listado también están Eranovum E-Mobility 4, SLU (607.686,78 euros), y Eranovum E-Mobility 101, SL (364.968,33 euros), en las que es consejera la adjunta al CEO de Keystone.

El fondo israelí entró en 2022 en Eranovum, que ese año empezó a figurar en la lista de grandes beneficiarios de Hacienda. Desde entonces, cinco de sus filiales han recibido al menos 14,6 millones en ayudas públicas de Administraciones españolas. El portal de Hacienda solo detalla subvenciones a esas empresas hasta diciembre de 2023.

Preguntada por el total de subsidios obtenidos, Eranovum dice por correo electrónico que “toda la información está disponible en el Ministerio de Hacienda”. La ley solo obliga a publicar la de los últimos cuatro años desde que se concede la ayuda.

“En igualdad de condiciones”

“Eranovum accede a estas convocatorias en igualdad de condiciones que el resto de compañías del sector. La mayoría de estas ayudas se enmarcan en programas como el Plan MOVES, destinados a fomentar la movilidad eléctrica y siempre asociados a inversiones significativas que realiza la empresa”, indica Eranovum, “una empresa española con sede en Madrid, gestionada por sus tres socios fundadores”.

Fundada en 2019 por el español José Luis Aguirre y el israelí Guy Shahar, Eranovum subraya que la participación del 49% de Keystone es “minoritaria”. “No existe ninguna relación personal entre Guy Shahar y Keystone más allá de la condición de este fondo como inversor financiero”. “Eranovum no realiza comentarios sobre cuestiones políticas o geopolíticas”.

Al calor de las subvenciones y un Decreto-Ley que obligó a instalar puntos de recarga en edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento, la firma cerró junio con 1.038 puntos de recarga operativos en 293 ubicaciones, y otros 199 ya ejecutados y pendientes de conexión por parte de las distribuidoras. Los ha instalado en grandes superficies y supermercados (Bauhaus, Brico Depot, BM, Consum…), en el parking del complejo de ultralujo Centro Canalejas de Madrid o para ayuntamientos como el de Sevilla.

La entrada de Keystone en su capital, con una inyección de 26,5 millones, se anunció en junio de 2022. Entonces Eranovum tenía 60 puntos de recarga. Espera alcanzar los 5.500 en Europa en 2026, con una inversión de 55 millones en cuatro años.

Su mayor accionista cotiza en la bolsa de Tel Aviv, con activos valorados a 30 de junio en libros en 4.040 millones de séquel (unos 1.023 millones de euros, al cambio actual). Experto en energía e infraestructuras, la principal inversión de Keystone es la antigua cooperativa de transporte en autobús Egged, que compró en 2022. Con unos 10.500 empleados, líder en Israel y presente en Polonia y Países Bajos, esta empresa ha sido señalada en varios informes por lucrarse con la ocupación ilegal israelí.

Informes de la ONU

La ONU, que acaba de concluir que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y ha instado a los Estados a “actuar para pararlo”, incluyó en febrero de 2020 a Egged en una base de datos de compañías relacionadas con los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania por “la prestación de servicios y suministros que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte”. En junio de 2023, cuando Keystone ya la controlaba, volvió a incluirla en otra lista similar.

El think tank independiente Who Profits, que investiga desde hace años la presencia de empresas israelíes y extranjeras en territorios ocupados, recoge que una filial de Egged opera líneas “a los asentamientos en Cisjordania, en las zonas de Gush Etzion, Giva'at Ze'ev, Binyamin, Monte Hebrón y Kiryat Arba, incluidos los asentamientos en el Valle del Jordán y los asentamientos de Shiloh, Otniel y Ma'ale Adumim”. Hasta 2017 operó líneas a los asentamientos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén con “vehículos blindados que, según la compañía, les permitían atravesar zonas pobladas por árabes”.

También “ofrece tours y paquetes de viajes a la Ciudad Vieja de Jerusalén y al complejo de colonos de la Ciudad de David, ubicado en el barrio palestino de Silwan en Jerusalén Oriental ocupada”, y “organiza excursiones a Belén, Jericó y el Golán sirio ocupado”. En 2018, “organizó una campaña de donaciones para el ejército israelí en la zona que rodea la Gaza sitiada”. 

El presidente del fondo Keystone, el mayor accionista de Egged y de la española Eranovum, es Roni Biram, principal accionista de la inmobiliaria Kardan Israel, que en 2023 fichó como presidenta a Ayelet Shaked, exministra israelí de Justicia (2015-2019) e Interior (2021-2022). En julio de 2014, meses antes de que el aún hoy primer ministro, Benjamín Netanyahu, le encargara la cartera de Interior, Shaked abogó por asesinar a todas las mujeres palestinas porque eran las madres de “potenciales terroristas”.

“Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos”, escribió en su Facebook la entonces diputada del partido ultranacionalista Hogar Judío.

En Keystone también es consejero externo Oded Setter, directivo de The Israel Land Development Company, la inmobiliaria más antigua de Israel, que presume en su web de “más de 110 años de actividad sionista y de negocios”. Privatizada en 1987 (cuando la compró la familia Nimrodi), la fundó en Inglaterra en 1909 la Federación Sionista para empezar a adquirir tierras para los primeros asentamientos en territorio palestino.

En su web Keystone promete “llevar a Israel adelante” produciendo “más del 10% de la electricidad” del país con algunas de sus mayores centrales de ciclo combinado (gas natural), “servicios de transporte público sirviendo a cerca de un millón de pasajeros diarios”, miles de kilómetros de autopistas y una de las mayores desalinizadoras del mundo (Ashkelon), que aporta “un 20% de las necesidades de agua potable” de Israel.

Con negocios en fibra óptica, tienen el 53% de Sunflower, presidida por el CEO de Keystone y que en 2021 logró una condena contra el Reino de España por los recortes a las renovables de Mariano Rajoy. La denuncia en el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) la presentaron Sunflower y un cofundador de Keystone, Aharon Naftali Biram.

Keystone prevé ampliar en breve su presencia en España. Su participada Sunflower ha anunciado este verano su fusión con la israelí Afcon Renewable Energy, con intereses en fotovoltaica en nuestro país y cuya actual propietaria, Afcon Holdings, también figura en la base de datos de Who Profits.

Afcon pertenece al conglomerado Shlomo, entre los mayores de Israel y con negocios comunes con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que quiere convertir a Gaza en una “Riviera” previo desplazamiento forzoso de los más de dos millones de habitantes de la franja para la fase posterior a la masacre israelí.

“Hemos derrotado a Hamás”

Eranovum y Afcon son dos piezas del puzzle de empresas de capital israelí que han tomado posiciones en el pujante sector español de las renovables en los últimos años, con una cartera equivalente a más de tres centrales nucleares. Otra es Nofar Energy, socia en España de Eranovum y del fondo israelí Noy Fund y cuyo fundador, presidente y máximo accionista, Ofer Yannay, está muy alineado con las políticas de Netanyahu.

Definido como “nuevo embajador del sionismo” y “un multimillonario obsesionado con los ataques del 7 de octubre que está a favor de atacar a Irán”, Yannay opina que “los enemigos de Israel nos calumnian e intentan difamar a los valientes soldados de las Fuerzas Armadas”. Considera a Trump “el mejor presidente desde Harry S. Truman”. “Bajo mi punto de vista hemos derrotado a Hamás”, dijo en abril, tras vencer su equipo de baloncesto, el Hapoel de Tel Aviv, al Gran Canaria en la final de la Eurocup y eliminar en semifinales al Valencia Basket.

Jerusalem Post incluyó a Yannay en el ranking de las 40 personalidades más influyentes del país en 2023, cuando se convirtió en máximo accionista del Hapoel. Hace unas semanas el multimillonario desató la ira de los aficionados del club (tradicionalmente identificados con la izquierda política israelí) al ordenar borrar un post en X del Hapoel que apoyaba las protestas a favor de un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza y poner fin a la guerra, como recogió Haaretz.

Con unos 200 empleados, un valor bursátil de cerca de 1.000 millones de euros y operaciones en 10 países, Nofar Energy tiene en España 407 megavatios (MW) instalados y 40 en desarrollo. En Olmedilla de Alarcón, Valverdejo y Alarcón (Cuenca) tiene junto a a Eranovum y Noy Fund los parques solares Olmedilla (169 MW) y Sabinar I y II, “uno de los más importantes del grupo”, según su web, con 238 MW, unos 370 millones invertidos y financiación de Caixabank.

En 2022 firmaron un contrato de suministro de energía a largo plazo (conocido como PPA) con El Corte Inglés para cubrir casi la mitad del consumo anual del gigante de los grandes almacenes. Se presentó como uno de los mayores acuerdos de este tipo hasta entonces.

Según los registros de Red Eléctrica de España (REE), dos minutos antes del histórico apagón del 28 de abril, a las 12.32 horas, las plantas de Nofar, Noy Fund y Eranovum en Cuenca sufrieron dos “indisponibilidades” por fallos. Se desconoce si están entre las que se desconectaron de forma “indebida”, según el Gobierno, en la secuencia de errores que propició el gravísimo incidente. El informe del Ejecutivo censuró los nombres de las instalaciones a petición de las empresas.

Durante la pandemia, el capital riesgo sufrió su particular fiebre del oro con los negocios digitales. Esto generó una oleada de liquidez que disparó la capitalización de las grandes tecnológicas y, al mismo tiempo, alimentó a miles de startups con rondas de financiación que impulsaron su expansión. En 2022, hasta once compañías españolas alcanzaron la categoría de “unicornio”, un título reservado a las startups valoradas en más de 1.000 millones de euros. Hoy, apenas cinco podrían seguir reclamando ese estatus y, si se aplica la definición a rajatabla, solo dos.

Una es Factorial, que ofrece una plataforma en la nube para automatizar nóminas, bajas, vacaciones y otros procesos de recursos humanos en pymes. La otra es Recover, una empresa dedicada a la producción de algodón reciclado. Las demás han caído por diferentes motivos: algunas no han podido consolidar su negocio, como Devo o Domestika, que han tenido que despedir a la mayoría de la plantilla y afrontan un futuro incierto; o bien se han hecho mayores, superando el umbral de los 10 años que suele definir a las startups.

De momento, no hay relevo generacional para ellas. Una tendencia que no es exclusiva del mercado español, sino que coincide con el retraimiento del capital riesgo hacia otras inversiones. De los 634 nuevos unicornios creados en el mundo en 2021, se pasó a la mitad un año después y a solo 110 en lo que llevamos de 2025, según datos de la plataforma PitchBook.

¿Qué es lo que ha hecho despegar a Recover y Factorial? ¿Dónde están hoy el resto de empresas españolas que fueron unicornios o llegaron a serlo? Esta es su situación actual:

Factorial

Fundada en 2016 en Barcelona por Jordi Romero, Pau Ramon y Bernat Farrero, Factorial nació como una plataforma para digitalizar la gestión de recursos humanos en pequeñas y medianas empresas. Los tres fundadores ya habían coincidido en Redbooth, un proyecto previo de software colaborativo que ahora tiene su sede en Silicon Valley. Con esa experiencia crearon Factorial, apostando por un producto universal: una herramienta para gestionar nóminas, vacaciones, fichajes y otros procesos de personal en un software en la nube, fácil de usar y pensado para compañías sin grandes departamentos dedicados a este fin.

Hoy Factorial tiene unos 13.000 clientes en 95 países y unos 1.300 empleados repartidos por su sede central de Barcelona, Berlín, Ciudad de México, São Paulo y Miami. Es uno de los casos de éxito más sólidos del ecosistema español, convirtiéndose en unicornio en 2022 tras una ronda de inversión que la valoró en algo más de 1.000 millones. Sus principales retos para seguir creciendo: ser capaz de diferenciarse del resto de opciones del mercado con productos similares y demostrar que puede mantener márgenes y rentabilidad en esta fase de crecimiento internacional.

Recover

Un caso especial dentro del panorama de startups. Un unicornio que nació de Hilaturas Ferre, una empresa familiar textil fundada en 1914 en Banyeres de Mariola (Alicante). La cuarta generación de hilanderos, encabezada por Alfredo Ferre, decidió priorizar el reciclaje textil y las fibras sostenibles a través del proyecto Recover y empezó a trabajar con marcas como Inditex o H&M. En 2020 Hilaturas Ferre vende ese proyecto al fondo STORY3 Capital. Así nace Recover como empresa independiente, permaneciendo Alfredo Ferre como CEO y la sede central en Banyeres de Mariola.

Un año después una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs la convirtió en unicornio al elevar su valoración cerca de los 1.000 millones. Su modelo de negocio es producir fibras recicladas a partir de residuos textiles (ropa usada, recortes industriales), que luego vende a fabricantes de ropa, que las usan para producir tejidos más sostenibles. Inditex, Primark o C&A están entre sus clientes habituales. Su tecnología permite, por ejemplo, producir fibras recicladas con color, evitando el proceso de teñido convencional, uno de los de más impacto medioambiental de esta industria.

Recover tiene plantas en España, así como en Bangladés, Pakistán y Vietnam, los grandes polos de fabricación textil mundial. Además, planea expandirse a Brasil, México, Turquía o India. Este crecimiento plantea su mayor examen de cara al futuro, puesto que implica pasar a una producción masiva global y las consiguientes dificultades logísticas, de calidad y suministro. La competencia en su sector también es creciente, con los gigantes de la moda rápida presionados social y legalmente por sus prácticas poco sostenibles. Un sector que, a su vez, ha recibido críticas por greenwashing.

TravelPerk

La mayoría de listados de unicornios no son demasiado estrictos con la variable de la edad de las empresas. Más allá de esos 10 años de referencia, los analistas se fijan más en si las empresas siguen en fase de expansión acelerada, reinvirtiendo todos sus ingresos en crecer, y sobre todo, dependiendo de las rondas de financiación para mantenerse a flote. Fundada en 2015 y con un bache forzado por la pandemia, TravelPerk entra de lleno en esta categoría.

Esta compañía con sede central en Barcelona y oficinas en Berlín, Londres, Edimburgo, Birmingham, Miami, Boston y Chicago desarrolla una plataforma para facilitar los viajes de empresa. La idea era llevar la experiencia de Airbnb o Booking a los viajes por motivos de trabajo, centralizando la reserva de vuelos, trenes, hoteles y alquiler de coches para empleados, integrando además la gestión de gastos.

TravelPerk tuvo un crecimiento rápido en sus primeros años y tras sobrevivir a la pandemia, logró el status de unicornio en 2022. A principios de este año, otra ronda de financiación de 200 millones de dólares elevó su valoración hasta los 2.700 millones, convirtiéndola en la startup más valorada de España. Ha superado los 200 millones de dólares de ingresos anuales y según las últimas cifras que ha comunicado, en 2024 dejó de perder dinero. Tiene unos 1.500 empleados y maneja un volumen de reservas superior a los 2.500 millones.

Cabify

No es fácil convertirse en unicornio, y menos aún mantenerse. Sin embargo, es aún más extraño que una empresa que llegó a serlo reconozca abiertamente que se ha caído de la lista. Hacerlo implica reconocer que los inversores han perdido mucho dinero y complica la negociación de partida de una posible venta. No obstante, eso es lo que ha pasado con Cabify, a quien el fondo Seaya, que posee el 10% de la empresa, valoró en unos 620 millones de dólares hace un par de años.

En 2018, la empresa de alquiler de coches con conductor fue la primera startup española que superó los 1.000 millones de valoración a partir de rondas de capital riesgo (técnicamente el primer unicornio español fue eDreams, con su salida a bolsa en 2014). Su valoración fue exactamente de 1.800 millones. Siete años después, la empresa ya empieza alejarse de esa clasificación tanto por tiempo (14 años desde su fundación) como por perspectiva actual de negocio.

Cabify se mueve en márgenes positivos (unos 34 millones de dólares de beneficio operativo con una facturación global de 858 millones en 2024), aunque sigue en pérdidas, invirtiéndo por encima de sus posibilidades orgánicas para hacer crecer su negocio. En 2023, se dejó un total de 9,3 millones, casi el doble que en el ejercicio anterior, en el que registró unaos números rojos de 4,9 millones. La empresa aún no ha hecho públicas las pérdidas netas de 2024. Emplea unas 1.000 personas entre sus oficinas de España y América Latina. Su futuro está condicionado, además, por la regulación de las VTC y las protestas del sector del taxi contra el aumento de este tipo de licencias.

Job&Talent

Pese a que fue fundada en 2009, Job&Talent es otra de las empresas españolas que aparece en la mayoría de ránkings de unicornios actuales. Su llegada a esta etapa fue tardía, cuando la compañía tenía ya 12 años, y actualmente sigue en esa etapa de crecimiento dependiente del capital riesgo, después de atravesar varios cambios de modelo de negocio y consolidarse como una plataforma de contratación para empleos temporales.

Antes de apostar por ser una opción totalmente digital que sustituyera a las ETT tradicionales, Job&Talent intentó ser un portal de empleo general y una red social laboral. Este 2025 la compañía ha cerrado otra ronda de financiación, dando entrada a BlackRock en su accionariado con una valoración total de 1.300 millones de dólares, incluyendo deuda. EEUU es ahora su principal mercado, pero asegura que España sigue siendo “clave para la empresa”. Según sus últimos datos publicados, Job&Talent tiene más de 3.000 trabajadores en todo el mundo y una facturación superior a los 2.000 millones de dólares.

Glovo

Fundada en 2015 en Barcelona por Oscar Pierre y Sacha Michaud, Glovo se convirtió en pocos años en una de las aplicaciones de reparto a domicilio más reconocibles en España y buena parte de Europa. Su modelo de negocio, basado en la inmediatez de entregas de restaurantes, supermercados y farmacias, atrajo desde el inicio grandes cantidades de fondos de firmas de capital riesgo y le permitió expandirse rápidamente a más de 20 países. En 2019 alcanzó el estatus de unicornio tras una ronda de 150 millones de euros liderada por Mubadala, el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos.

La trayectoria de Glovo, sin embargo, ha estado marcada por polémicas laborales y márgenes muy estrechos. En 2022 fue adquirida por la alemana Delivery Hero, que ya era su principal accionista, en una operación que la valoró en unos 2.300 millones de euros, abandonando así el estatus de unicornio. Desde entonces, la compañía ha reducido mercados y afrontado multas millonarias en España y la UE por su modelo de riders, que los tribunales han considerado falsos autónomos. Hoy Glovo mantiene su sede en Barcelona, emplea a unas 1.700 personas en plantilla y sigue siendo uno de los grandes nombres del ecosistema digital español, aunque con un futuro cercado por su polémico modelo de negocio y una competencia extrema.

Wallbox

Wallbox se erigió como una de las grandes promesas de la nueva industria de la electrificación y la sostenibilidad. Sin embargo, su trayectoria ha chocado con un mercado que no ha crecido al ritmo esperado. Aunque llegó a unicornio en 2021 tras alcanzar una capitalización de unos 1.500 millones de dólares en su salida a bolsa, sus acciones, que debutaron a 9,49 dólares en Wall Street, cotizan hoy a poco más de 4. La empresa ha entrado en una fase de repliegue forzado: cerró su planta en Barcelona, despidió a más de un tercio de su plantilla en un solo año y ha renegociado una deuda que se acerca a los 200 millones de euros. Sus pérdidas en el primer semestre de 2025 fueron de 34,5 millones.

En un intento por estabilizarse, Wallbox ha recurrido al mercado y a una importante inyección de capital público. Ha completado hasta 12 ampliaciones de capital desde 2021 y, más recientemente, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) le inyectó 8,35 millones. A pesar de la complicada situación, Wallbox mantiene la esperanza de que la demanda de vehículos eléctricos se reactive. Aunque sus pérdidas se han reducido en los últimos trimestres y el mercado norteamericano sigue creciendo, la compañía se enfrenta a la paradoja de un sector en el que los cargadores no pueden prosperar sin una adopción masiva de coches eléctricos.

Tras los recortes aplicados tiene unos 800 trabajadores, repartidos entre el centro de la Zona Franca de Barcelona, su fábrica de Texas y las empresas que ha adquirido (como ABL en Alemania y Coil en EEUU).

Wallapop

Uno de los casos más particulares de la lista. Pese a ser una de las apps más conocidas de España para la compraventa de artículos de segunda mano y acumular 19 millones de usuarios activos mensuales contando con Italia y Portugal —una cifra nada desdeñable para su modelo de negocio—, Wallapop nunca ha llegado a alcanzar la valoración de unicornio. La empresa no llegó a subirse al trasatlántico de las inversiones de 2021 y 2022, aunque llegó a cerrar una ronda de financiación que la valoró en 806 millones de euros en 2024 en la que entró el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 20 millones.

Este agosto la plataforma ha vivido un sorprendente movimiento: ha sido adquirida por la multinacional coreana Naver, que ya poseía parte de la compañía, por solo 600 millones de euros. Es la cifra que Wallapop había conseguido sumando todas sus rondas de financiación anteriores, lo que implica que la app se ha vendido por lo mismo que costó crearla, sin beneficio para sus inversores tempranos. La operación, no obstante, está impugnada por el fondo 14W y otros socios minoritarios, que consideran que la valoración es demasiado baja.

La venta se ha dado además en un contexto en el que Wallapop está mejorando sus resultados, superando por primera vez la cifra de 100 millones en ingresos en 2024 y recortando sus pérdidas a 25 millones, un 50% menos que hace dos años. Tiene unos 300 trabajadores, la mayoría en su sede central de Barcelona. Naver, que posee el principal buscador de Corea del Sur y la app de mensajería más usada de Japón (Line) será quien decida ahora el futuro de la compañía.

Idealista

El caso de Idealista es singular, no solo por su longevidad en el panorama digital español (se fundó en 2000), sino por el profundo impacto social que ha ejercido. Convertida en el portal inmobiliario de referencia en España, su dominio del mercado la ha situado en una posición de poder que no está exenta de críticas. De manera similar a lo que ocurre con Glovo y su efecto en el mercado laboral, Idealista ha sido señalada por contribuir a la gentrificación y a la subida de los precios del alquiler y la compra de vivienda en las grandes ciudades.

Idealista alcanzó una valoración de 1.321 millones de euros en 2020 tras la inversión del fondo sueco EQT. En 2024, EQT vendió su participación mayoritaria a Cinven por 2.900 millones, más del doble de su inversión inicial. Esta operación marcó la mayor venta de una startup digital española en la historia.

La empresa cerró 2024 alcanzando los 300 millones de facturación en España, Italia y Portugal, y con una rentabilidad operativa de 85 millones. Sin embargo, la compañía mantuvo pérdidas netas de casi 52 millones, principalmente por efectos contables derivados de la amortización del fondo de comercio y activos intangibles tras la compra por EQT. Su plantilla es de unos 1.300 trabajadores.

Fever

Aunque arrancó en Madrid en 2011, su sede central se trasladó a Nueva York tres años después. Su aplicación permite comprar entradas para conciertos, exposiciones o espectáculos inmersivos, y ha logrado popularizar un modelo en el que mezcla la organización propia de eventos con la distribución de terceros. Durante sus primeros años se expandió con discreción, pero en 2022 dio un salto de escala al cerrar una ronda de 227 millones de dólares liderada por Goldman Sachs que la situó por encima de los 1.000 millones de valoración.

Hoy Fever es uno de los principales promotores globales de espectáculos de entretenimiento, con presencia en más de 40 países y una plantilla de más de 1.500 empleados. En el ejercicio 2024 comunicó 400 millones de ingresos y aseguró que su resultado de explotación ya es positivo, aunque sigue en pérdidas (no declaradas) por su expansión internacional.

Domestika

Domestika, una plataforma de cursos online, fue otro más de los unicornios españoles de la generación de 2022, cuando elevó su valoración a 1.300 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 experimentó una caída del 30% en sus ingresos y redujo su plantilla en más del 60%, quedando con poco más de 100 empleados. A pesar de estos desafíos, la empresa ha logrado reducir sus pérdidas en las dos sociedades con las que opera en España. Su sede principal está en California, y mantiene estudios de producción en 12 países de Europa y América.

Devo

El caso de Devo es un recordatorio de la volatilidad del ecosistema de las startups de alto crecimiento. Especializada en ciberseguridad y análisis de datos en la nube, esta compañía de origen español con sede en Boston llegó a ser valorada en unos 2.000 millones de dólares en 2022. Apenas tres años después, acaba de despedir a la mayoría de la plantilla y ha reducido al mínimo su presencia en España.

Era la perla de la ciberseguridad española. Al menos, así lo creían los fondos de inversión que elevaron su valoración hasta los 1.900 millones de euros en 2022. Un año antes, Devo ya se había convertido en el primer “unicornio” español de la ciberseguridad, una clasificación reservada para las startups que logran valer más de 1.000 millones. Parecía destinada a convertirse en un puntal de la industria tecnológica española en una de las especialidades donde el panorama nacional acumula más talento, pero fue un espejismo: tres años después, Devo tiene serios problemas para consolidar su negocio y acaba de desmantelar gran parte de su infraestructura en España.

El recorte ha afectado a 85 empleados de los 135 que aún permanecían en su delegación española, según ha podido saber elDiario.es. La empresa, que trasladó hace años su sede a EEUU para volcarse en ese mercado, se ha negado a dar cifras oficiales ante los requerimientos de información de este medio. En su comunicación a los trabajadores, la dirección ha argumentado que la paciencia de los fondos se agota debido a la falta de beneficios y la pérdida de clientes.

En un comentario remitido a elDiario.es, Ingo Bednarz, consejero general de Devo, ha encuadrado los despidos en una fase de “inversión” para centrarse en la IA. “Devo ha realizado algunos cambios internos a nivel global para asegurarse de que está alineando los recursos de la compañía de la manera más eficaz posible. Se trata de una inversión empresarial en el futuro de la compañía, concretamente para acelerar su desarrollo en inteligencia artificial, de modo que Devo pueda ofrecer aún más valor a sus clientes”.

El movimiento confirma el desarraigo definitivo de la empresa con el país que la vio nacer, desde donde consiguió atraer el interés internacional gracias a su plataforma de gestión de ciberseguridad en la nube. Su tecnología actúa como una torre de control digital que vigila todo lo que ocurre en los sistemas de una organización: desde ordenadores y móviles hasta redes internas o aplicaciones. Con ello permite anticipar ciberataques y descartar falsos positivos, es decir, alertas de seguridad que generan ruido y consumen recursos de manera innecesaria.

“Se hizo muy famosa porque fue capaz de quitarle clientes muy importantes a las empresas referentes del sector con productos similares. Esto era gracias a que el motor de datos que utilizaban, que fue desarrollado internamente, hacía que la ingesta de información y la consulta en tiempo real fuera muy, muy rápida”, explica a elDiario.es un extrabajador de Devo que pide no ser identificado.

Entre esos clientes estaba incluso la Fuerza Aérea de EEUU, que le adjudicó un contrato en 2019. También la Liga Nacional de Hockey estadounidense y grandes empresas como Telefónica o CaixaBank.

El capital riesgo y la salida del equipo fundador

Esos éxitos fueron los que atrajeron la atención de los grandes fondos. Devo se convirtió en unicornio en octubre de 2021 tras una ronda Serie E de 250 millones de dólares liderada por TCV e Insight Partners, dos de los fondos de capital riesgo más activos a nivel global, conocidos por apostar por empresas tecnológicas en crecimiento y escalables, que la situó en torno a los 1.500 millones de valoración. Apenas un año después, la cifra se infló hasta los 2.000 millones. Entonces la compañía estaba en su apogeo y llegó a figurar en informes internacionales de referencia como Gartner o IDC, que la situaban entre los actores con más proyección en ciberseguridad a nivel mundial.

Pero el capital riesgo llegó con condiciones e impuso cambio. Incluso para el propio Pedro Castillo, fundador de Devo y hasta entonces director ejecutivo, que ese mismo 2021 pasó a ocuparse solo de la división de tecnología. El año siguiente, Castillo salió definitivamente de la dirección de la empresa que había creado 11 años antes. “Devo se ha convertido en una empresa de más de 500 personas, con una tecnología inigualable, un equipo humano de primer nivel (profesional y personalmente), un negocio que va viento en popa, donde vamos duplicando el negocio año tras año, y con una valoración de 2.000 millones de dólares que es consecuencia de todo lo anterior”, afirmó en su despedida.

El fundador de Devo salió de la empresa para fundar una nueva, Onum, enfocada a un área de negocio similar a su antecesora. Buena parte del equipo fundador de la compañía dejó Devo junto a Castillo o en los meses siguientes. Una parte lo siguió a Onum, con el resto emigrando a otras empresas del sector. Mientras, la nueva dirección, encabezada por fichajes internacionales como el exjefe del equipo de seguridad de IBM, se disponía a cambiar el rumbo de la empresa.

Según las fuentes consultadas, este fue uno de los puntos de inflexión en la trayectoria de Devo. “La empresa hasta ese momento funcionaba bastante bien. Pero entonces empezaron a contratar a mucha gente en Estados Unidos. Llegaban cobrando mucho dinero y, desde mi punto de vista, no tenían el nivel ni el conocimiento suficiente de la materia. El resultado fue que se quemó muchísimo dinero de manera totalmente innecesaria”, expone el citado exempleado, que abandonó Devo en aquellas fechas.

“Los clientes buscaban estabilidad y rapidez, pero los americanos querían introducir cosas nuevas simplemente porque era la moda en el marketing de aquel momento. En vez de arreglar las ineficiencias del producto, intentaron introducir cosas con calzador, creando un Frankenstein y generando mucha ficción alrededor de la plataforma”, continúa. Como ejemplo, pone las dos adquisiciones de empresas que Devo llevó a cabo durante aquellos meses, LogicHub y Kognos, cuyo precio de venta no fue revelado. “No aportaron nada a lo que ya se estaba haciendo”.

Antes de terminar el año 2022, Devo ya estaba llevando a cabo despidos. El primero afectó al 15% de la plantilla. “Fueron los trabajadores españoles los que pagaron esta mala gestión”, afea este exempleado. Un proceso que, al contrario de los focos que atrajo su ascenso a unicornio, la empresa llevó a cabo en silencio.

Despidos en España, contrataciones en India y EEUU

Poco a poco, Devo fue disminuyendo su plantilla y perdiendo relevancia en el sector. Tres años después de acaparar titulares por su valoración de unicornio, se ha convertido en la gran olvidada de la ciberseguridad española. Varias fuentes especializadas consultas por elDiario.es exponen que su impacto e influencia son mínimos. “Ser un unicornio solo indica que hay mucha gente dispuesta e invertir en ti, no que tengas un modelo sostenible. Muchas veces son empresas con lacitos preparadas para ser vendidas, no con la idea de que duren 100 años”, dice uno de ellos.

Finalmente, la empresa declaró su intención de llevar a cabo un ERE en julio. De los más de 300 trabajadores que había llegado a tener en España, solo quedaban 135. Tras el recorte, han sobrevivido 50. “Se ha quedado la gente con un conocimiento clave de la plataforma. No sabemos si para mantener parte del servicio que se daba desde aquí o para ser liquidadores de lo demás”, explica uno de los afectados por el ERE a elDiario.es, que también pide que no se revele su nombre en esta información.

Este exempleado apunta que el movimiento ha sido “una sorpresa para todos, y especialmente para la gente que es fundadora de esto y que llevaba aquí 14 años. Hay que tener en cuenta que Devo nació aquí y una de las cosas que nosotros teníamos en la cabeza es que era imposible que liquidaran la delegación de Madrid, pese a que la sede central esté en Boston y que hubiera algún rumor de que podía pasar. Pensábamos que la compañía iba a caerse sin nosotros”, revela.

Devo nació aquí y una de las cosas que nosotros teníamos en la cabeza es que era imposible que liquidaran la delegación de Madrid

Exempleado de Devo

Según informan fuentes internas de la compañía, en los últimos meses esta había perdido clientes importantes, como Nike, que se llevó consigo una parte sustancial de la facturación anual. Sin embargo, los trabajadores sospechan que el ERE obedece a la intención de sacar los equipos de ingeniería de España y cortar definitivamente los vínculos de Devo con el país, y no tanto a una reducción de los beneficios.

Meses antes de los despidos, el que fuera primer unicornio español de la ciberseguridad empezó a dar más soporte al equipo que tenía en la India (consecuencia de la compra de LogicHub). Esto le permitió crecer en influencia y capacidad de decisión. “Poco a poco se fueron haciendo con las riendas de ciertos procesos. Cuando vieron que más o menos podían tirar ellos, han decidido cortar por aquí”, opina este exempleado, refiriéndose a la sucursal de Madrid que un día fue el pilar de la compañía.

En este momento, Devo tiene puestos abiertos tanto en EEUU como en la India, tal y como aparece en su perfil oficial de LinkedIn. Todas las vacantes en el país asiático corresponden a puestos de ingeniería.

Mientras el antiguo unicornio español corta sus lazos con su país de origen, Pedro Castillo, su fundador original, acaba de vender Onum, la empresa que creó en 2023. El comprador es Crowdstrike, uno de los gigantes del sector de la ciberseguridad, y el precio acordado se acerca a los 250 millones de euros. Castillo también ha rechazado el ofrecimiento de elDiario.es de participar en esta información alegando que no quiere interferir en los procesos internos de su antigua empresa.

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Esta información se ha actualizado el 11 de septiembre con el comentario oficial de Devo, enviado tras la publicación original.

“La Iglesia de los pobres” está inmersa en un negocio millonario. Esta expresión popular se atribuye a un mensaje radiofónico del Papa Juan XXIII y reivindica la institución católica como un lugar que pretende ser, ante todo, para los humildes. Más allá del ideal, todas las entidades –religiosas incluidas– necesitan dinero para mantenerse a flote. Según el Arzobispado de Madrid, el 25% se cubre a través de donaciones voluntarias en la declaración de la renta. El otro 75% surge de donativos mayores o colectas, así que para generar solvencia también se saca partido a estas propiedades. Precisamente la archidiócesis madrileña lleva años inmersa en una pugna a tres bandas: con un fondo inmobiliario, con el propio Vaticano y con más de 200 familias que residen como inquilinas en alguno de los pisos que gestiona. Ahora temen ser expulsadas, más después de un último acuerdo en verano.

Algunos pagan entre 900 y 1.000 de media por pisos de unos 70 metros cuadrados en el centro de Madrid. Son precios bajos si se comparan con la situación actual del mercado en la zona, donde para un tamaño similar el alquiler mensual oscila entre los 1.500 y 3.000 euros de media según el portal inmobiliario Idealista. Los vecinos consultados explican que esto se debe principalmente a la antigüedad de los inmuebles y a la finalidad de los edificios, que fueron donados con idea de destinarse a uso social. Es uno de los principales argumentos que esgrimen las familias e inquilinos: muchos afirman haber invertido miles de euros en reformas y haber sido advertidos antes de firmar de los edificios eran “invendibles”, pues eran bienes gestionados por la Iglesia. Sin embargo, hace años todo dio un giro de 180 grados.

El llamado caso Fundaciones, que involucra a varias entidades dependientes del Arzobispado de Madrid y ha sentado en el banquillo a algunos de sus cargos, suma nuevos capítulos. El pasado mes de julio, la sociedad privada Tapiamar accedió a pagar un 65% más de lo acordado inicialmente para oficializar sin perjuicios la compra de 14 edificios residenciales a una fundación de la Iglesia, Fusara, que los obtuvo a través de donaciones con fines benéficos. Finalmente, según publicó El Confidencial, Fusara recibirá 99 millones de euros en efectivo y la empresa recibirá un inmueble menos, el edificio de la calle del Barquillo. Recuperarlo era parte del acuerdo al encontrarse ahí su sede.

Tapiamar adquirió en 2019 más de una decena de bloques en el centro de la capital por 74 millones de euros, que gestionaba esta fundación católica. La denuncia de los inquilinos, más de 200 familias afectadas por la compra, cuestionó el acuerdo y abrió el debate sobre una supuesta trama que hacía negocio a costa de fundaciones religiosas como Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), o Molina Padilla. Los edificios de Fusara reúnen 188 viviendas cuyo gobierno ejercía la entidad católica.

Sin embargo, la querella presentada por los residentes después de recibir la noticia de la venta por burofax –afirman no haber recibido aviso alguno durante la negociación y les notificaron directamente con el cambio de propiedad– paralizó la transacción con Tapiamar. El caso se vinculó a la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por otra fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, una de las zonas más cotizadas de la capital, y ambos procesos acabaron judicializados.

Ocurrió mientras el Juzgado número 51 de Madrid investigaba posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal con la venta de Fusara y se presentó una segunda querella, impulsada por los parroquianos del Bernabéu al cederse otro terreno de la Iglesia a la Universidad de Nebrija. Anticorrupción detectó algunos nexos entre ambas operaciones y, en noviembre de 2020, envió a la Fiscalía de Madrid sus sospechas sobre la existencia de una única trama inmobiliaria vinculada a operaciones en fundaciones religiosas. El periplo en los tribunales sigue hasta hoy día, y el reciente acuerdo sellado este verano entre Fusara y Tapiamar ya ha revuelto las aguas.

Los vecinos piensan impugnar el acuerdo entre Fusara y Tapiamar

“Ese pacto lo impugnaremos”, adelanta Mónica Sevil, abogada de los vecinos de los 14 edificios del centro que, además, es inquilina desde 2014. Se mudó con sus hijas en uno de los inmuebles gestionados por el Arzobispado de Madrid después de contactar con la fundación. Buscaba un sitio de alquiler a larga duración porque las niñas tenían el colegio cerca y necesitaba un apartamento donde establecer su despacho. Según su relato, había mirado otra opción que le ofrecía un plazo de 15 años pero, como en sus conversaciones con los religiosos le indicaron directamente que esos bienes eran “invendibles”, tal y como ella reproduce, decidió que esa opción le ofrecería más estabilidad.

En octubre de 2019 recibieron el aviso de que habían vendido su domicilio. “Alegaron que teníamos contratos a bajo coste y las casas no estaban lo suficientemente bien explotadas en esas condiciones, pero se están saltando las normas”, advierte la vecina y letrada. Según la Ley de Fundaciones en su quinto capítulo, que regula entre otras cosas las actividades económicas de estas entidades, se establece que las transacciones deberán estar “relacionadas con los fines fundacionales” o ser “complementarias o accesorias de las mismas”. Se prevén algunas excepciones, pero Sevil defiende que su caso no es una de ellas.

Destaca la inversión de muchos vecinos en remodelar de su bolsillo las viviendas alquiladas, con una inversión que para su casa cifra en 35.000 dada la antigüedad de los pisos. “Era parte del acuerdo: el precio sería más bajo, pero nosotros contribuiríamos al mantenimiento de cada inmueble”, asegura, señalando con esto que el precio medio de los bloques ha subido con las obras de reforma y “es el Arzobispado quien se lucra de ello pese no ser su dueño de facto, sino el gestor de unas donaciones que se cedieron pensando en causas benéficas o sociales”. Y en este sentido, considera que “la venta de edificios a un fondo inmobiliario en el Madrid que tenemos no lo es”.

En 2020, ante la tormenta mediática que se avecinaba con el caso, el entonces arzobispo Carlos Osoro movió ficha e intentó abortar los dos pelotazos urbanísticos impulsados por la fundación católica, negociando directamente con los compradores con tal de revertir las ventas. Años después, el pulso continúa. En estos momentos la abogada de los vecinos prepara un escrito contra el acuerdo de finales de julio entre Fusara y la sociedad Tapiamar para expresar, en nombre de los vecinos, que este último movimiento “ratifica una estafa a la propia fundación” al sellar, a su parecer, un “un expolio de su patrimonio a menos de la mitad de lo que vale”. Eso aún está por comprobarse, pero en un auto del juzgado que investiga el caso se determinaron “sólidos indicios” de estafa.

Uno de los vecinos en los edificios de Fusara, visto el panorama, envió un escrito al Papa advirtiendo del acuerdo al que había llegado la fundación. El Vaticano envió como emisario a Javier Belda, abogado canónico, para supervisar los hechos y conocer al denunciante. El inquilino en cuestión es Jesús, que alquila desde hace 14 años uno de los inmuebles en la zona. “Ha sido una lucha y, a mi parecer, necesaria: una casa no es un lugar cualquiera, sino aquel en el que amas, piensas, meditas o haces toda tu vida. Sentí una fuerte injusticia cuando me enteré de la venta y, por qué no decirlo, cierta rabia por la desvergüenza de la Iglesia”, señala en una conversación con Somos Madrid. En estos momentos prepara otro escrito para enviarlo al nuevo Papa, León XIV, informando del último acuerdo “a espaldas de la Justicia”.

Comprador, intermediarios y otros investigados en el banquillo

En el momento de la compra a Fusara, Tapiamar era una sociedad recién creada administrada únicamente por Roberto de Juan a través de un intermediario, el despacho de Chávarri Abogados. El primero acabó imputado en 2024 durante la investigación del caso Fundaciones por un posible delito de estafa, después de admitir a trámite los recursos desde la acusación que pedían levantar medidas cautelares e incluir a compradores como De Juan, que se sumó a otros imputados relacionados o bien con el bufete de abogados o con las fundaciones del Arzobispado.

El Registro de la Propiedad ya frenó inicialmente la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso, ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.

Fusara tampoco subsanó la situación en el plazo establecido: diez días después, el órgano de control seguía sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes.

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Según el medio especializado Billboard, el fondo de inversión HarbourView Equity Partners está a punto de firmar un acuerdo con la banda de heavy metal Slipknot para comprar todo su catálogo musical, sin incluir las composiciones futuras. La adquisición, valorada en 120 millones de dólares y una de las más grandes realizadas por la firma en lo que va de año, subraya una tendencia creciente en la industria: la venta de derechos de autor a empresas financieras. “En el campo del capitalismo actual, que tiene reglas en las que nos estamos moviendo desde la pandemia con la digitalización, el streaming y la globalización, estos fondos tienen claro que la música es un activo financiero”, apunta Marta C. Dehesa, abogada, consultora y gestora cultural especializada en propiedad intelectual.

Para lograr hacerse con la música de Slipknot, el grupo de capital riesgo acaba de obtener 500 millones de dólares que le ayudan a expandir su dominio en música, deportes y cine recaudados por el fondo de inversión proisrraelí KKR. Esta compañía ha sido objeto de polémica durante todo el verano dada su vinculación a los principales festivales de música de España, como el Sónar, el Viña Rock o el FIB, provocando que Judeline o Residente cancelaran sus actuaciones y apoyaran públicamente a Palestina ante el genocidio en Gaza. Ya en marzo de 2024, KKR lideró una primera inyección de otros 500 millones de dólares a HarbourView.

Desde su creación, HarbourView ha acumulado más de 70 catálogos musicales y más de 35.000 canciones, incluyendo el repertorio del legendario grupo Fleetwood Mac, parcialmente el de la artista estadounidense Kelly Clarkson, el del rapero T-Pain o el del cantante de reguetón Luis Fonsi. Con sede en Nueva Jersey, HarbourView fue fundada en 2021 por personas afroamericanas y se encuentra dirigida por Sherrese Clarke, quien la ha posicionado como una empresa clave en la compra de activos musicales.

La estrategia de inversión de Clarke se basa en la adquisición de lo que la propia directiva describe como “propiedad intelectual atemporal”; es decir, canciones que mantienen su popularidad y capacidad para generar ingresos a lo largo del tiempo, independientemente de la volatilidad del mercado. Con la incorporación de Slipknot, una banda con una gran base de fans y mucha influencia en el género del metal desde que publicara su álbum homónimo en 1999, el fondo logra todavía más variedad de derechos musicales. La rentabilidad de esta estrategia se percibe en el valor que ha alcanzado la plataforma de inversión, alcanzando los 2.670 millones de dólares. Las canciones, a diferencia de las acciones de empresas tecnológicas que pueden fluctuar drásticamente, generan un flujo de ingresos constante a través de plataformas de streaming, radio, licencias para películas y publicidad.

Este no es un fenómeno aislado de HarbourView. De hecho, el gigante inversor Hipgnosis Songs Fund ha sido un fondo pionero en esta estrategia, comprando participaciones mayoritarias en los catálogos de Neil Young o Shakira. Su compra más sonada fue la de las canciones de Justin Bieber por 200 millones de dólares en 2023. También intentó adquirir el catálogo de Bob Dylan por una suma de 400 millones, aunque el artista finalmente lo vendió a Universal Music. “Esto tiene mucho menos riesgos que otros productos financieros”, afirma Marta C. Dehesa, “porque genera periódicamente ingresos y porque, al tener grandes catálogos musicales, pueden diversificar la apuesta por los artistas que estén de moda en un momento determinado, permitiéndoles generar nuevas oportunidades de negocio”.

El amplio repertorio que poseen distribuye el riesgo entre multitud de canciones. “Cada fondo de inversión tiene sus propios flujos de ingresos en un determinado momento y unas canciones compensarán otras hasta que los rendimientos netos anuales sean muy superiores a un tipo de interés normal, mucho más alto”, destaca Marta C. Dehesa. “Estas grandes compañías musicales no van a arriesgar apostando por formatos más innovadores o rompedores, sino que van a apostar exclusivamente por aquello más comercial que moneticen rápido”, agrega.

Otra firma relevante es Primary Wave, que se especializa en música de “leyendas” y ha adquirido derechos de artistas como Def Leppard, y de la legendaria discográfica Sun Records, cuna de Elvis Presley. Su modelo, con el apoyo de compañías financieras como Brookfield Asset Management y Oaktree Capital Management, va más allá de la simple compra, buscando revitalizar las marcas de los artistas a través de nuevos proyectos, licencias y promociones. “Aunque los cantantes conserven los derechos morales, hay una pérdida increíble con todo lo que tiene que ver con el control creativo”, comenta la abogada Marta C. Dehesa. “Al venderlo todo en bloque, incluidos los derechos de transformación, van a controlar qué se escucha más o menos y las distintas formas de explotación”, explica.

De la cuna del reggae al mayor fondo de inversión

HarbourView comunicó que había ganado 630 millones de dólares en regalías. Su rápido crecimiento también se debe a las recientes inyecciones de capital de KKR, una de las mayores firmas de inversión del mundo, que entre 2024 y 2025 ha proporcionado 1.000 millones a HarbourView para financiar la compra de más activos. “Este capital adicional nos ayudará a acelerar nuestra estrategia para adaptarnos a la dirección que está tomando el mercado de los medios de comunicación, los deportes y el entretenimiento”, ha afirmado Sherrese Clarke Soares, fundadora y directora ejecutiva de HarbourView, en un comunicado que recoge Billboard.

La fundadora de HarbourView, Sherrese Clarke, tiene un profundo vínculo con Jamaica. Su fondo de inversión lleva el nombre de barrio de Kingston, HarbourView, construido un año después de la independencia del país en 1963. Desmond Clarke, el padre de la fundadora, creció allí junto a sus hermanos en las décadas de 1950 y 1960. Fue precisamente en ese momento y lugar cuando la música ska y el reggae, géneros musicales originarios de Jamaica, empezaron a popularizarse y a expandirse por el mundo. Aunque los hermanos emigraron al extranjero, la ambición que les inspiró Harbour View se quedaron con ellos. La creación de la compañía es, de hecho, un homenaje a ese legado familiar y a las “innumerables comunidades que se atreven a soñar”.

Sin embargo, el alcance de HarbourView va más allá de la música. La compañía ha comenzado a diversificar sus inversiones en otras formas de propiedad intelectual. Un ejemplo es su reciente acuerdo con la empresa Westbrook Studios de Will Smith, Flavor Unit y Jesse Collins Entertainment para financiar una serie de películas biográficas centradas en el hip-hop, comenzando con una sobre la vida de la rapera Queen Latifah. Además, el grupo también se ha hecho con la película del concierto de Usher, Rendezvous in Paris (2024), y ha invertido en Animaj, la compañía que adquirió los derechos de la serie de animación española Pocoyó.