Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) afrontó este martes uno de los días más importantes de su mandato como ministro de Derechos Sociales, el cargo que ocupa desde finales de 2023. El Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, la norma estrella del departamento esta legislatura, y la dejó lista para su puesta en marcha dentro de unas semanas, cuando pase por el Senado. El texto salió adelante gracias a la mayoría que suman el Gobierno y sus habituales socios parlamentarios, incluido Junts esta vez. Y lo hizo con la abstención por sorpresa del PP, una decisión que el ministro considera que demuestra que los populares no pueden “explicar su lógica del no a todo”.

Pero no es el único frente que tiene abierto el titular de Derechos Sociales. Aunque ha afirmado por activa y por pasiva que no quiere ser candidato a las próximas elecciones generales por el espacio político a la izquierda del PSOE, que por ahora se encuentra huérfano de líder y marca, lo cierto es que Bustinduy se perfila como uno de los protagonistas de la recta final de la legislatura. Y, este mismo mes, su papel será clave para definir el diseño final del decreto de vivienda que el Gobierno ha prometido aprobar y con el cual se reactivará la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027.

El ministro se muestra muy hermético en conversación con elDiario.es y no concreta cuál va a ser el contenido de ese paquete de medidas, que Sumar está negociando ahora con el PSOE, pero que tiene como principal obstáculo a Junts, que ya tumbó un decreto similar hace unos meses. Pero Bustinduy se muestra optimista con que, en esta ocasión, el resultado de la votación pueda ser diferente: “Esa es la obligación que tenemos”.

El Congreso acaba de dar luz verde a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Imagino que estará satisfecho.

Estoy bastante emocionado, porque llevamos mucho tiempo trabajando para llegar a este día y creo sinceramente que hoy se marca un antes y un después en la política social de este país. Se va a hacer posible la refundación del sistema de cuidados con una inversión histórica de 6.200 millones de euros y con una reforma ambiciosa de las leyes. Se trata de la mayor ampliación de la red de protección social en décadas.

¿Es funcional una ley que, básicamente, depende de las comunidades? La colaboración de la mayoría de las comunidades, que gobierna el PP, no parece estar garantizada.

Las leyes se cumplen, no dependen del grado de acuerdo que tenga la administración en materia de dependencia y de cuidados. El Gobierno tiene la facultad de establecer la legislación básica y de poner recursos, y hemos hecho las dos cosas: estamos diseñando un nuevo modelo de cuidados y estamos poniendo los recursos para hacerlo posible. La duda es: ¿cómo podemos garantizar que las administraciones del PP vayan a emplear esa mayor financiación para los fines para los que se ha diseñado? Hay precedentes de recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas y que luego no redundan en mejores servicios públicos, o que se desvían vía privatizaciones. Y la respuesta es que estamos aumentando las cuantías que el Estado paga por cada usuario que está en el sistema de dependencia, y, por tanto, los recursos que se entregan a las comunidades son finalistas al 100%. No se pueden utilizar para otra cosa.

Además, tenemos una herramienta para asegurarnos de que el aumento de financiación del Estado no se convierta en una merma de la contribución de las comunidades autónomas: por cada euro de menos que ponga una comunidad, recibirá un euro menos por parte del Estado. Por lo tanto, hay garantías para asegurar que el dinero va a donde tiene que ir, que es hacer posible un cambio del modelo de cuidados para pasar de macroresidencias y un modelo asistencialista y precario a conseguir que la gente pueda envejecer en su casa, en su barrio, en su ciudad.

El PP finalmente no se ha opuesto a la aprobación de la reforma, como sí hizo la semana pasada en comisión. ¿Qué ha cambiado?

Yo le doy mucha importancia a este cambio de posición, no porque hiciera falta para que saliera la ley adelante, pero sí porque a medio y largo plazo es importante. El PP representa a muchos millones de españoles y es importante que se haga copartícipe y corresponsable de esta transformación del modelo de cuidados, que no puede ser objeto del mercadeo político. No tenían ninguna razón para oponerse. El PP dijo que el contenido de la reforma no le parecía mal, pero que sin financiación era papel mojado, y hemos puesto 6.200 millones por delante. Y reclamaban que el Estado se hiciera cargo del 50% de la financiación del sistema, y lo hemos cumplido. Celebro que hayan cambiado de posición gracias a la presión social y a que no podían explicar esa lógica del no a todo.

¿La ley contempla alguna medida para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, que casi siempre son mujeres?

Hay un artículo en la ley que tiene que ver precisamente con la dignificación y la valorización de las condiciones de trabajo. Esta es una cuestión que trasciende con mucho lo que se puede hacer con una sola ley, es un proceso que concierne a la sociedad entera y que tiene que ver con poner el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados donde le corresponde. Pero ya hemos comenzado a trabajar en ello a través de la convocatoria del diálogo social con las patronales y los sindicatos. Gracias a la nueva financiación, por fin se va a acabar la excusa de que no se pueden pagar sueldos dignos porque los recursos son escasos.

Ahora la patronal y los sindicatos plantean un diálogo social para alcanzar un acuerdo tripartito que haga sostenible el modelo de cuidados, partiendo de la dignificación y la mejora de las condiciones laborales. Van a tener que renegociarse los convenios del sector. Tendrá que haber nuevas licitaciones, porque además la necesidad de trabajadoras en el sistema de dependencia se va a duplicar de aquí a 2030. Y el futuro solo podrá ser viable si tenemos condiciones dignas.

El compromiso de financiación extra es para este año y el siguiente. ¿Qué va a pasar después?

El compromiso de financiación está inscrito en la ley, porque hemos modificado las cuantías que la Administración General del Estado transfiere [a las comunidades] por cada persona usuaria que se dé de alta. Y según crezcan las necesidades del sistema, crecerá la financiación, eso está blindado en la ley.

¿Incluso si hubiera un cambio de Gobierno en las próximas elecciones?

La única forma en la que se podría afectar para mal esa financiación sería que un Gobierno decidiera recortarlo. Pero para eso hemos incluido en la ley una enmienda que blinda que el Estado se haga cargo del 50% del gasto certificado total en la dependencia. Es decir, el Estado tiene que poner el 50% del gasto certificado total: nosotros hemos garantizado alcanzar ese porcentaje en la práctica elevando las cuantías [que se pagan a las comunidades], pero también hemos generado la obligación legal de que el Estado financie la mitad de las necesidades del sistema.

Hoy, una persona tarda en torno a unos 11 meses en empezar a recibir una prestación por dependencia. ¿Por qué el ciudadano debería creer en esta ocasión con esta reforma que el sistema va a responderle más rápido?

Porque funciona poner recursos y mejorar el sistema, hacer que los trámites sean automáticos, aligerar la burocracia, que es parte de lo que hace la reforma de la ley. En el último año, antes de poner en marcha la nueva financiación y de aprobar esta reforma, las listas de espera han bajado un 21% y el tiempo de espera medio se ha reducido en 27 días, al mismo tiempo que atendíamos un 10% más de personas en el sistema. Falta mucho, el objetivo no puede ser otro que eliminar las listas de espera y reducir los tiempos de gestión a lo que marca la ley, pero vamos por buen camino.

Usted apuesta por un cambio de modelo para que las personas permanezcan en sus hogares siempre que sea posible. ¿Significa eso que el modelo de grandes residencias está agotado?

Debe ser superado, y creo que esta es una reflexión que hizo el país en su conjunto al salir de la pandemia. Es un sistema que depende de la gestión de grandes instituciones según sus necesidades organizativas y logísticas, con centros que normalmente están ubicados fuera de las ciudades, donde las personas apenas pueden tomar decisiones y donde se las aleja de su comunidad y de su arraigo. Queremos transitar hacia todo lo contrario, hacia un modelo que permita que la gente permanezca en su casa el tiempo que lo desee con los apoyos necesarios.

Eso se hace con la teleasistencia, con la ayuda a domicilio, con los centros de día, implantando tecnología, creando un banco público de productos de apoyo como camas articulables o como andadores. Todo esto son cosas que se incorporan en la ley, y forman parte de una transición larga y que va a tardar tiempo, pero estamos señalando que ese es el horizonte deseable. No van a desaparecer las residencias, porque hay gente que desea ir a una residencia o hay situaciones en las que puede que no haya alternativa, pero queremos que el centro gravitacional del sistema sea un modelo en el que envejezcamos en casa y con autonomía.

El Gobierno ha prometido que este mes aprobará un decreto de vivienda que, entre otras medidas, incluirá la prórroga de los alquileres. ¿Para cuándo podemos esperarlo? Estamos a mitad de julio y no hay noticias.

Espero que lo antes posible. El acuerdo que se anunció desde la mesa del Consejo de Ministros es que antes de final de mes, y con ese marco estamos negociando. La negociación avanza de manera productiva, y en el decreto van a figurar algunas de nuestras banderas esenciales: la prórroga reforzada de los alquileres y la regulación del alquiler fraudulento de habitaciones y de temporada, así como una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

El pasado diciembre, Junts se abstuvo en el Parlament cuando se votó una ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones. ¿Por qué iba a apoyar esa medida ahora en el Congreso?

Junts, pero también el PNV y otros grupos, han hecho públicas cuáles son sus reclamaciones y cuáles son los aspectos que quieren ver reflejados en el decreto. Y nuestro esfuerzo de cara a la negociación en la que estamos inmersos, y que todavía tenemos por delante, consiste en poder recoger las aspiraciones de los diferentes grupos políticos y hacer viable su aprobación.

Junts ha pedido nuevas ayudas fiscales para apoyar el decreto, pero también otras medidas como el IVA franquiciado para los autónomos o la recuperación de la deducción por compra de vivienda. ¿Están dispuestos a ceder en todo ello?

Las condiciones que ha hecho públicas Junts incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos, además de modificaciones en el tratamiento fiscal a las hipotecas o el IVA franquiciado. Son cuestiones que pueden y deben ser objeto de negociación. Es evidente que Junts no va a defender el mismo modelo de vivienda que defendemos nosotros o que defiende el PSOE, que es diferente también al nuestro. Pero es perfectamente transitable un acuerdo en el que queden reflejadas algunas de las demandas que ha hecho Junts en aras de las medidas como la prórroga de los alquileres, la regulación del alquiler temporal y por habitaciones o la fiscalidad de los pisos turísticos.

Hace usted hincapié en que las exenciones fiscales que plantea Junts son para los inquilinos. ¿En esta ocasión no están pidiendo nuevas ayudas impositivas para los caseros?

Lo que Junts hizo público en el debate parlamentario sobre la prórroga de alquileres de mayo, cuando votaron en contra, y en reiteradas declaraciones e iniciativas parlamentarias posteriormente, es que pide bonificaciones fiscales a inquilinos. Ese planteamiento puede tener cierta consonancia con una prórroga reforzada de los alquileres que mantenga los precios controlados: la prórroga puede proteger a los inquilinos que tengan contratos que van a expirar en los próximos años y, simultáneamente, puede haber un sistema que ayude a reducir el coste de su alquiler a los nuevos inquilinos que no pueden beneficiarse de la prórroga. No es mi modelo, pero es un modelo con el que yo puedo negociar.

Se lo pregunto porque grupos como Podemos han dicho que no van a apoyar ningún decreto que incluya ayudas fiscales a propietarios de vivienda. ¿Cree usted posible encontrar una fórmula que conjugue el apoyo de Junts y de Podemos?

No solo lo creo, sino que esa es la obligación que tenemos. La vivienda ha sido el gran talón de Aquiles de esta legislatura y de la mayoría de investidura y del Gobierno progresista, y ha costado muchísimo poder intervenir de manera real para resolver el que es el primer problema de la clase trabajadora. Lo máximo que conseguimos fue forzar la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga del alquiler, que estuvo en vigor durante un mes y que benefició a decenas de miles de familias que pudieron prorrogar sus contratos, pero que fue tumbada por las tres derechas. Pero hay una demanda unánime entre la gente progresista para intervenir sobre el problema de la vivienda, y vamos a generar las condiciones para hacerlo posible. No va a ser fácil, pero la obligación es conseguirlo, y si lo conseguimos todo el mundo dentro del espectro progresista va a ver que supone un avance absolutamente imprescindible y necesario.

¿Y les está resultando difícil acordar el contenido exacto del decreto con el PSOE?

Hombre, fácil, fácil... [sonríe] La cuestión de la vivienda no ha sido fácil nunca. Tampoco en la legislatura pasada, cuando se tardó tres años en aprobar la ley de vivienda, que incluía los mecanismos de control de precios en zonas de mercado tensionado y también un esquema de bonificaciones fiscales que se activan al ponerse en marcha esos mecanismos en esas zonas tensionadas. Esa ley fue fruto de una negociación durísima, in extremis. Pero es muy positivo que estemos en un momento en el que, a pesar de esas diferencias [entre el PSOE y Sumar], o superándolas, se ha cerrado un acuerdo en el seno de la coalición y se ha puesto fecha límite y nombres y apellidos a los contenidos que debe incluir el decreto.

Se lo pregunto más directamente: ¿el PSOE les está planteando, por ejemplo, incluir en ese decreto ayudas fiscales a caseros, como planteó el presidente Pedro Sánchez hace unos meses?

El PSOE está planteando incluir muchas cosas, igual que nosotros, y no me corresponde a mí revelar lo que se está hablando. Ese decreto que se planteó se centraba en utilizar las bonificaciones fiscales como incentivo de mercado para no incrementar los precios, y nosotros a ese modelo nos opusimos porque no lo compartimos, exactamente igual que Podemos o que otros actores. Creemos que no funciona y que es injusto, porque la renta de los arrendadores cuadruplica la de los inquilinos. La clave es topar los precios y neutralizar la espiral alcista que hace que, en cada renovación de los contratos, aumenten los precios un 30%, un 40% o un 50%. Y debemos asegurarnos de que cualquier recurso público que se introduzca en un mercado de la vivienda que está secuestrado por una lógica rentista especulativa vaya a proteger a quien más lo necesita, no a quien se está lucrando con ello.

Usted alertaba este lunes de que existe una “campaña orquestada para desmoralizar” a la izquierda. ¿Por parte de quién?

En primer lugar, por parte de la propia izquierda. Es algo consustancial a la izquierda esta especie de pesimismo apocalíptico, y yo quise levantar la voz y decir que hemos cometido errores, que hay que hacer las cosas mejor y que ojalá venga gente que nos mejore a todos muchísimo, pero que también debemos mirar hacia el mundo. ¿Cuántos países están alzando la voz contra el genocidio en Gaza y la guerra ilegal en Irán, defendiendo el sistema multilateral, apostando por una transición ecosocial justa y por la soberanía energética y ampliando derechos sociales y la red de protección social? Querríamos ir más lejos y más rápido, pero el salario mínimo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ampliación de los permisos por nacimiento, la ley ELA, la refundación del sistema de cuidados o la regularización de más de un millón de personas no es poco para la que está cayendo y lo difícil que es esta legislatura.

Eso no sucede porque sí. Eso ha sucedido porque la izquierda social, parlamentaria, política y gubernamental ha empujado permanentemente, en la legislatura pasada y también en esta, para que mejoren las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Y lo hemos hecho siendo limpios, sin un solo caso de corrupción, y eso hay que decirlo con orgullo.

Pero las perspectivas de las encuestas son poco halagüeñas. ¿No cree que existen motivos para que la izquierda tenga baja la moral?

Sí, y también lo eran antes de las elecciones del 2023. No hubo una sola encuesta que pronosticara el resultado que sacó la izquierda y que pronosticara que se podía reeditar el Gobierno de coalición. No estoy diciendo que las cosas vayan fenomenal o sean de color de rosa: es un momento dificilísimo en España, en Europa, en América Latina y en el mundo entero. Pero cada vez que ha habido unas elecciones en las que se daba por descontada la victoria de la derecha y la alianza con la ultraderecha, el electorado de izquierdas ha salido a votar y ha sacado un resultado bastante importante cada vez que ha tenido una papeleta que le ha parecido bien. Sucedió en Extremadura, sucedió en Aragón y ha sucedido en Andalucía, donde las fuerzas de izquierda [conjuntamente] han superado a la ultraderecha.

Por tanto, no es verdad que haya desaparecido el espacio socioelectoral de la izquierda. Creo que es un espacio exigente, y la premisa para darle respuesta y que en el año 2027 haya una candidatura de izquierdas que esté a la altura es concluir las batallas que se han articulado social y políticamente y que se están dirimiendo ahora, que son bastante importantes. Hay muchos actores que están en clave electoral únicamente emitiendo consignas. Nosotros hoy refundamos el sistema de cuidados, estamos peleando la intervención del mercado de vivienda y la prórroga de los alquileres, vamos a llevar la prestación universal por crianza, estamos peleando la derogación de la ley mordaza. Centrémonos en conseguir eso y sobre esa base construyamos la fórmula del 2027.

Ha dejado ya muy claro que no quiere ser el candidato de la izquierda a las próximas elecciones generales, pese a que se lo han pedido. ¿Por qué no se ve?

Porque considero que para esa posición hacen falta una serie de cualidades que no creo que sean las mías. Yo soy consciente de las capacidades que tengo y también de mis limitaciones, y no creo que sea lo que yo deba hacer. Y puede parecer un postureo, pero no lo es: llevar un ministerio como este y conseguir cosas como las que se han conseguido hoy y las que nos faltan por conseguir es una responsabilidad abrumadora. La mejor contribución que yo puedo hacer es concluir estas batallas y ganarlas y que se conviertan en derechos. Voy a acompañar y a empujar a la izquierda en esa batalla electoral, por supuesto, pero desde esta posición.

La idea que tenían IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar era anunciar la nueva marca y el candidato antes del verano. Ese anuncio se ha retrasado hasta, al menos, septiembre. ¿Por qué les está costando tanto?

Las izquierdas son un ecosistema complejo…

Sí, pero queda un año, en el mejor de los casos, para las elecciones.

Yo veo lo que se está haciendo como una demostración de prudencia colectiva. En los últimos meses hemos tenido la propuesta de Gabriel Rufián, los conversatorios que ha tenido, el proceso de IU, Movimiento Sumar, los Comuns y Más Madrid para reconfigurar las bases de un frente amplio, conversaciones con fuerzas como Compromís o como Més, los procesos electorales en Aragón y en Andalucía… la izquierda es un ecosistema complejo, y hay una cierta prudencia para no dar pasos en falso. Y va a ser más creíble, más fácil y va a tener más fuerza generar esa candidatura sobre la base de una ampliación de la red de protección social como la que se aprueba hoy, la intervención del mercado de la vivienda y una prestación universal por crianza. Entiendo que hay una cierta urgencia, pero al mismo tiempo creo que hay que enviar un mensaje de calma, y cuando lleguen las elecciones la izquierda va a estar a la altura.

¿Cree usted viable que esa candidatura de la izquierda esté encabezada por Gabriel Rufián?

Pues habrá que verlo, lo tendrá que decir él. Yo soy muy cauto en esto, le elogio mucho siempre porque pienso de verdad que es un gran activo político, y creo que ha lanzado la pregunta correcta: cómo hacemos para que se produzca una sacudida. Se han ensayado distintas respuestas a esa pregunta, pero todavía no ha cuajado algo que convenza a todo el mundo. Pero ese empeño es compartido.

¿Pero para usted Rufián sería la opción favorita para ser candidato?

Yo no tengo candidato favorito porque estos no son los cromos [sonríe]. Mi candidato favorito es el que haga viable que saquemos el resultado electoral que permita que España siga siendo una excepción. Y a eso le voy a poner todo mi empeño.

¿Comparte su idea de una gran alianza entre las izquierdas de ámbito autonómico y las de ámbito estatal?

La idea más interesante que ha lanzado Gabriel Rufián, y no quiero rebajarla ni reducirla, es que hay que hacer lo que funcione, lo que haga falta. A lo mejor la izquierda tiene que asumir eso de que “quien pueda hacer, que haga”. Y eso tiene una clave de puro sistema electoral, porque todo el mundo es consciente de que, en unas elecciones como las que vamos a afrontar, no se puede perder un voto. Y es también necesario un cierto pragmatismo, responsabilidad y sentido común para que prime el fin que compartimos todos y no los intereses de parte.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.

Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.

En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.

La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este jueves que España no ha cedido al “empuje racista” que se enfrenta a la universalidad de los derechos.

Bustinduy ha hecho esta afirmación en el acto de apertura del XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón/Xixón.

El escenario geopolítico

El ministro ha expresado su reconocimiento y agradecimiento al trabajo cotidiano del sector del trabajo social y a la inteligencia democrática de este sector.

Esta labor es especialmente necesaria en un escenario geopolítico en el que se da una cronificación de la guerra, se cometen injusticias “gigantescas”, se padece una crisis climática y el auge de fuerzas antidemocráticas que pretenden desmantelar aquello que costó “muchísimo” construir.

Prácticas discriminatorias

También ha remarcado que estos factores empujan las sociedades a modelos cada vez más desiguales, asimétricos e injustos, así como a la expansión cada vez mayor de prácticas discriminatorias que se oponen a la universalidad de los derechos al amparo de postulados “racistas y discriminatorios”, que enfrentan a grupos sociales entre sí.

A su juicio, esos modelos ahondan en las desigualdades de una sociedad que hace recaer las consecuencias de la crisis en los grupos más vulnerables.

Repudio a la guerra

El ministro ha indicado que España “no ha cedido al empuje racista” que quiere quebrar la universalidad de los derechos, así como ante la oligarquía y el intento sistemático de criminalizar el trabajo de entidades sociales que hacen de red de protección.

Asimismo, ha insistido en que España no está a favor de la discriminación como principio de organización social, repudia la guerra y el desmantelamiento de lo público.

Las prioridades de la gente

Bustinduy también ha puesto en valor la labor del trabajo social en circunstancias “extraordinariamente difíciles” como las acaecidas tras la Dana de Valencia y ha recordado que la construcción del estado del bienestar surgió de una transformación de los valores y de las prioridades de la gente.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha valorado la dedicación del sector del trabajo social “para que nadie se quede atrás”.

El valor de la solidaridad

En este sentido, ha apuntado que Asturias es una tierra que conoce el valor de la solidaridad, que ha padecido reconversiones “dolorosas” y ha apostado por los servicios públicos como “pilares de la convivencia”.

Durante su intervención, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, ha celebrado la presencia en Gijón/Xixón de más de 1.300 congresistas de diferentes países, en el que ha definido como el acontecimiento más significativo para el sector y para una profesión que actúa con cercanía y “mirando a los ojos”.

Emiliana Vicente ha destacado que el congreso abordará cuestiones aspectos como la crisis eco-social, la práctica profesional, sus retos de presente y futuro, la soledad, la vulnerabilidad y la tecnología social para una sociedad más igualitaria, entre otros temas.

La visita a Langreo

Bustinduy se desplazó ayer a Langreo para anunciar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Gobierno del Principado firmarán este año un convenio que contará con una dotación económica de más de 22 millones para impulsar el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en la localidad de Barros.

El ministro visitó el equipamiento para firmar una declaración institucional con el Ejecutivo asturiano y con el Ayuntamiento de Langreo.

Convenio para impulsar el Credine

La declaración contempla que, en los próximos meses, se firmará un convenio entre el Ministerio y el Principado de 22 millones que tendrá como objetivo mejorar e impulsar de este centro como recurso estratégico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que forma parte de la red del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Las tres administraciones se han comprometido a fomentar ese modelo de atención centrado en la autonomía personal, la atención especializada a personas con daño cerebral y otras afecciones neurológicas, especialmente tras un ictus, y el acompañamiento a las personas en el tránsito entre el alta hospitalaria y la recuperación de su vida cotidiana.

La colaboración

El acuerdo contempla, además, impulsar servicios vinculados a la atención residencial, las estancias temporales, los programas de respiro familiar y la promoción de la autonomía personal, con el objetivo de ampliar y mejorar la capacidad de respuesta del centro, y también permitirá incorporar programas de apoyo a las familias, personas cuidadoras y entidades del Tercer Sector.

Asimismo, el convenio va a establecer un marco estable de colaboración mediante el cual el Principado de Asturias asume, en el ámbito de sus competencias, la gestión y financiación de determinados servicios, mientras que Derechos Sociales continuará asumiendo la función estatal de referencia, innovación e investigación a través del Imserso.

La “joya de la corona”

Bustinduy ha dicho ser consciente de la “expectativa y demanda social” que existe para que el Credine funcione “al máximo de su potencial y capacidades”, punto en el que ha destacado la “tenacidad y esfuerzo” del alcalde de Langreo, Roberto García, y del Gobierno del Principado para “conseguir ese objetivo”.

El ministro ha asegurado que es una “buena noticia” la nueva fase en la que entra el centro “que tiene que llevarlo a completar al máximo su potencial y a que sea realmente un centro de referencia” a nivel estatal y europeo.

Bustinduy ha puesto en valor que equipamientos como el Credine, cuyo convenio se firmará antes de final de año, serán “puntales” en el nuevo modelo de cuidados. “Este centro va a ser la joya de la corona”, ha indicado al respecto.

Las prioridades

Según el ministro, Asturias puede “estar muy orgullosa del trabajo que se está haciendo desde su gobierno” y desde su sociedad civil para conseguir una atención sociosanitaria “más humana, más cercana y más eficaz”.

El ministro ha manifestado también que la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad es una de las “prioridades” de su departamento y ha asegurado que esto se está demostrando “mejorando la financiación e impulsando una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia” que, ha confiado, “vea la luz lo antes posible”.

En la firma de la declaración han estado presentes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, quien ha puesto en valor el trabajo desempeñado para que hacer funcional “al cien por cien” un centro que venía siendo “infrautilizado”, con iniciativas como un alojamiento temporal. 

“Ni una lección del PP”

En su visita a Langreo también realizó declaraciones de índole política. Así, Bustinduy ha dejado claro que no acepta “ni media lección” sobre causas judiciales del expresidente del Gobierno José María Aznar, del actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o del Partido Popular porque “en esta materia no tienen ninguna lección que dar”.

En declaraciones a los periodistas en Langreo, el ministro de Sumar ha denunciado que el expresidente popular haya reiterado su llamamiento a que “todo el que pueda hacer que haga” y ha advertido de que “no va a ser el señor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española”.

Desafección, desapego y rabia

Bustinduy ha dicho compartir el estado de ánimo de la ciudadanía ante las informaciones judiciales de los últimos días, que “generan desafección, desapego y rabia”, y ha remarcado que “la única solución posible es transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta en las investigaciones para que se esclarezca toda la verdad de todas las causas y se aplique todo el peso de la ley para quien haya traicionado el mandato popular y democrático de servir a la gente desde la política”.

No obstante, el ministro ha exigido “la misma transparencia y el mismo rigor para quien intenta utilizar cualquier estructura, aparato o artimaña para instrumentalizarlo para perseguir un fin político”.

Ni una condena de su partido

Bustinduy ha dicho “con mucho orgullo, mucha dignidad y la cabeza muy alta” que su espacio político no ha tenido “ni una sola condena” en los quince años en los que lleva implicado en distintas tareas de gobierno, “desde el municipio más pequeño” hasta el Ejecutivo central, “a pesar de que ha habido decenas de causas judiciales intrumentalizadas por una policía política secreta” para intentar derribar gobiernos“.

“Con esa serenidad manifestamos siempre lo mismo: repugnancia absoluta a quien traiciona el mandato de la voluntad popular, transparencia absoluta y que cada cual acabe donde tiene que acabar”, ha manifestado. 

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños. 

1. ¿Esto va de resistir o va de ganar? Pueden parecer compatibles, pero son dos lógicas que se enfrentan. En diversas comunidades autónomas, el PSOE ha enviado una y otra vez a ministros-candidatos con una vocación sacrificial. Las elecciones, en esos casos, no se toman como una contienda a disputarle a la derecha, sino como el paso previo al control del partido y de sus grupos parlamentarios. Pilar Alegría no ganó en Aragón, pero ahora controla Aragón. María Jesús Montero no ganará en Andalucía, pero va a controlar Andalucía. Óscar López no es un candidato genial ni brillante para la Comunidad de Madrid, pero va a asegurar el control orgánico del PSOE de la Comunidad de Madrid. Es una lógica válida. Si la extendemos a las próximas elecciones generales, es una lógica preocupante. 

¿La izquierda está jugando a tener lo más atado posible su futuro grupo parlamentario, resistente desde la oposición frente a una mayoría de derechas, o a creerse que puede disputarlas? Un candidato puede ser el mejor para resistir, pero no para ganar. Álvaro Sánchez Cotrina, en Extremadura, es, por ejemplo, una apuesta para intentar disputar una victoria futura. Mónica Oltra es una apuesta para ganar el Ayuntamiento de València; Diana Morant es una apuesta para la resistencia orgánica en la Comunitat Valenciana. ¿Habrá más o nos apuntamos directamente a la imaginación de la catástrofe?

2. ¿Cómo maximizar la movilización de los electores de izquierdas? He aquí una cuestión importante: los últimos cambios en el Gobierno, con el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera y el nombramiento de Arcadi España en Hacienda, podían conducir a pensar en una parte final de la legislatura, al menos para el PSOE, donde copara más espacio lo técnico, lo económico, la gestión de la crisis provocada por la guerra. Esto, que tendría sentido si la intención fuera recuperar a parte de los votantes que al PSOE se le han ido desmovilizando, es incompatible con la otra tentación socialista, agravada por la incomparecencia de su flanco izquierdo: la de quedarse con todo el voto más de izquierdas. 

Esa absorción serviría para que el PSOE tuviera el grupo parlamentario más extenso posible en el próximo Congreso de los Diputados, pero el vaciamiento que supondría del espacio que en la última convocatoria se presentó como Sumar hace inviable aritméticamente una mayoría alternativa a la de las derechas. Repitiendo la primera pregunta: ¿prefiere el PSOE un grupo más nutrido o prefiere la posibilidad de poder volver a gobernar? ¿Está la izquierda haciendo los deberes para que el PSOE no le coma por completo la tostada?

3. ¿Qué va a pasar con el vacío de liderazgo del espacio del cambio? La brillante intervención de Pablo Bustinduy en el debate a propósito de la prórroga de los alquileres —mención especial para su réplica a Carlos H. Quero, que lo desenmascaraba eficazmente: Quero no es un buen representante obrerista, sino el hijo de un juez— pierde parte de su potencial cuando se recuerdan las negativas, por activa y por pasiva, que el ministro ha dado a postularse como futuro candidato de ese espacio. Todos los partidos lo verían con buenos ojos, menos él; sus motivos son legítimos, pero impactan en el tablero. 

La hipótesis Rufián se ha desinflado tras su encuentro con Irene Montero y en medio de la polémica en el seno de Más Madrid. Sin Yolanda Díaz al frente, lo que era Sumar es ahora una estructura sin candidato; Rufián es, al contrario, un candidato sin estructura. Es una situación insostenible y hay que huir de la tentación de sostenerla demasiado tiempo. Los votantes de buena parte de la izquierda hoy están frustrados —por cosas como la vivienda— y, encima, huérfanos. Lo peor sería que esa orfandad pasara de circunstancial a existencial.

4. ¿Cuándo aprenderemos a convertir el conflicto en una oportunidad en vez de un psicodrama? Lo peor de la discusión a cielo abierto entre Mónica García y Emilio Delgado de la semana pasada fue la escenificación de una pelea a propósito de sillas, sembrada posteriormente de filtraciones interesadas y bilis supurando, embarrada entre una discusión a propósito de primarias y participación ininteligible para cualquiera que no se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. Y ahí afuera, ya lo siento, no hay nadie que se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. La vida interna de los partidos, de hecho, es un tema aburrido, cansino hasta para los más cafeteros. 

En vez de animar al ensanchamiento, las discrepancias se convierten en un concurso de puñaladas. En lugar de construir sistemas abiertos para la elección de candidaturas, se mezcla la disputa por la candidatura con la disputa por el poder orgánico. La ciudadanía no tiene ánimos para ayudar a los políticos en la gestión de sus traumas y trifulcas personales. Y los políticos siguen viendo el disenso, más veces que no, como un problema, cuando el disenso podría ser diversidad, polifonía, un coro de voces, capacidad de hablarle a más gente.

5. ¿De qué estamos hablando? En lo que llevamos de legislatura, ¿ha surgido algún discurso nuevo o suena la izquierda incluso más antigua que en 2023? ¿No había más creatividad en la campaña de Sumar de aquellas elecciones —la que habló de una herencia universal, la que inventaba propuestas, la que trataba de imaginar un proyecto de país— que en la cháchara infinita sobre construcción de coaliciones que hoy apresa a ese espacio? ¿Hay algo que decir sobre vivienda más allá de la queja por una aritmética parlamentaria imposible? ¿Tiene la izquierda un discurso definido sobre la inteligencia artificial? ¿Sabemos rebatir el relato racista y xenófobo de la derecha que ata la seguridad a la inmigración? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna propuesta?

Aunque las respuestas al resto de preguntas sean las apropiadas, si la izquierda no resuelve esta última, el ejercicio probablemente sea en vano. No se puede afrontar este escenario pensando que la retórica, la imagen y las respuestas de 2023 siguen siendo las mejores en 2026; pensando que nada ha cambiado, que vivimos en el mismo mundo de 2023, que nada afecta a este Gobierno. El Partido Popular de 2026 no es el mismo que el de 2023. En 2023, para algunos, pactar con Vox era un error, y lo fue, y les costó la mayoría en las generales; en 2026, eso se da por amortizado. ¿Podemos analizar por qué? ¿Hay alguna estrategia nueva para responder a eso? ¿Existe un relato bien articulado sobre qué se ha ganado, y qué se ha perdido, en la prórroga de gobierno que ha supuesto esta legislatura?

Todas estas preguntas las esbozo con una preocupación que, espero, comparta buena parte de mis lectores. Podemos discrepar en las respuestas. Podemos discrepar, también, en las formulaciones de las preguntas. Ojalá discrepemos. Pero lo urgente no es que nos las hagamos quienes observamos la situación o en otros momentos vitales llegamos a participar de ellas: lo urgente es que las aborden quienes están a los mandos, quienes tienen capacidad de decisión, quienes en ocasiones parecen querer evitar estas preguntas hasta que ya es demasiado tarde. Si es posible hacerse todas estas preguntas hoy, si ya era posible hace un mes, hace dos o hace medio año, ¿por qué la izquierda no parece sentir urgencia alguna por responderlas, y llegar con los deberes hechos?

Primera consideración: Junts se ha erigido en el partido que defiende los intereses de los propietarios. Eso no significa que no esté dispuesto a avalar algunas medidas que ayuden a los inquilinos, pero, si hay que escoger, antepondrá siempre las que no perjudiquen a los rentistas. Sumar también lo sabía cuando planteó el decreto de alquileres.

Segunda consideración: llamar “racista” y “clasista” a un partido cuando a la vez, se intenta convencerlo de que vote a favor de una propuesta no parece la estrategia más acertada. Yolanda Díaz consiguió enfadar, y mucho, a Junts, mientras en Sumar y en las filas socialistas intentaban calmar, sin éxito, a los de Puigdemont.

Tercera consideración: por más que se logre reconducir más adelante, la votación del decreto de alquileres demuestra, una vez más, que ni existe una mayoría estable en el Congreso ni mucho menos podría calificarse de progresista, aunque se la bautizase así. Como mucho, es una coalición de intereses cada vez menos compartidos.

Con estas premisas, que sirven para cualquier debate sobre vivienda, y para intentar salvar el decreto, Sumar propuso bonificar a los propietarios afectados por la prórroga de contratos y bajar el IVA para los autónomos, tal y como reclama Junts. No era una mala transacción, pero aquí faltaba el apoyo de la parte socialista, esto es, del Ministerio de Hacienda. De momento, según lamenta Sumar, no lo ha habido.

El decreto obligaba a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subidas de precios más allá del 2% para los inquilinos durante los próximos dos años. Al menos eso es lo que Sumar había prometido, porque está por ver qué pasará en el caso de aquellos que habían enviado el burofax aunque su contrato no terminara ahora. Hay abogados que pronostican que la última palabra la tendrá un juzgado. Si algo hay que exigirle siempre al legislador es que las normas comporten la mayor seguridad jurídica para los ciudadanos, sean inquilinos o arrendadores. Es evidente que esta vez no ha sido así.

En Un metro cuadrado (Libros del Asteroide), la periodista y escritora Llucia Ramis recuerda que el 2 de mayo de 1959, el diario ABC titulaba: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Era una frase del entonces ministro de Vivienda, José Luis de Arrese. Se abogaba por un modelo en el que cada español se convirtiera en propietario. Y Arrese añadió: “No queremos, y lo consideramos un mal (aunque a veces sea un mal necesario), que la construcción derive de un modelo colectivo hacia el arrendamiento”. Debates como el de este martes en el Congreso parecen darle la razón. Por triste e indignante que sea, a estas alturas.

Los datos demuestran cómo la vida de la mayoría de inquilinos es la de unos nómadas obligados. Más del 60% de los de Madrid se mudaron al menos una vez en el último lustro. En Barcelona, el porcentaje es del 80%, según los datos que recoge Ramis en su documentado ensayo. Otra cifra a retener: tres de cada cuatro desahucios son por no pagar el alquiler. La extrema derecha, y ahora también la derecha, los denuesta con el calificativo de “inquiokupas”, cuando en realidad son desalojos que se explican por el alto porcentaje de arrendatarios en situación de pobreza.

En el decreto que este martes se tumbó no se desprotegía a los pequeños propietarios, como argumentó Junts. Gabriel Rufián se lo afeó mientras mostraba un billete de 50 euros: “Esta es su bandera”, les espetó el diputado republicano.

Pese a que ya sea habitual, y aunque coincidiera también con sesión en el Senado, ver los escaños del Gobierno vacíos, con solo la presencia de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, todos de Sumar, resume bien la importancia que se le daba a este decreto. Lo mínimo hubiese sido estar en el hemiciclo, por respeto a los miles de inquilinos que aspiran a una prórroga en su alquiler.

La guerra de la vivienda no cesa de tener escaramuzas en el Congreso sin que esos enfrentamientos sirvan para que se pongan en marcha soluciones viables. El último intento de Sumar de prorrogar los alquileres fracasó ante el muro que forma la mayoría de derechas que existe en el Congreso. Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra. El PNV se abstuvo. La izquierda se estrelló ante su propia impotencia, que proviene de los resultados de las elecciones de 2023. Para algunas cosas, no es lo mismo estar en el poder que gobernar.

Sumar se negó a rendirse ante la aritmética de los escaños mientras el PSOE no había ocultado su falta de interés en la negociación del decreto al no ver posibilidades de éxito. “Vivir de alquiler se ha convertido en un riesgo de exclusión social”, dijo Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales estimó que diez millones de personas viven de alquiler y por tanto sufren ese riesgo. Al otro lado, “un 5% de la población percibe rentas por contar con viviendas en alquiler”.

Son las grandes empresas inmobiliarias las que “se están lucrando”, dijo. “Las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en casinos financieros”. A los que dicen que la solución pasa exclusivamente por aumentar la construcción de viviendas, respondió que no servirá si caen “en manos de gigantes financieros”.

Quien subió a la tribuna con ganas de entrar en el cuerpo a cuerpo y de dar nombres, fue Gabriel Rufián. Sacó del bolsillo un billete de 50 euros y lo puso sobre el atril. “¿Saben cuál es su bandera? –dijo refiriéndose a Junts–. La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Cincuenta pavos. La (bandera) que comparten con PP y Vox”. El portavoz de Esquerra leyó dos veces los nombres de los diputados de Junts para señalarlos. Acabado el discurso, se acercó a sus escaños e intentó entregarles unos papeles con los comentarios de personas que rechazan la posición de su partido. Fueron los diputados del PP los que más protestaron por un gesto que los de Junts ignoraron.

Marta Madrenas, de Junts, calificó el decreto de prórroga de “operación propagandística de legalidad jurídica muy dudosa”. Reprochó que no se haya incluido la obligación de pagar el alquiler, como si eso fuera imprescindible, cuando lo que todo el mundo sabe es que la gente paga cada mes su alquiler por mucho que le cueste. Hasta que no puede asumir más subidas y debe buscar otra vivienda.

Los argumentos del PP y Vox fueron idénticos. Su opción es dejar que el mercado funcione por su cuenta sin limitaciones y aumentar la construcción de pisos. “Cada vez que intervienen en el mercado, hay menos oferta y pisos más caros”, dijo Daniel Pérez Osma, del PP. En opinión de Carlos Hernández Quero, de Vox, lo que se está viviendo es la consecuencia de “una oferta absolutamente pírrica y una demanda artificialmente inflada”. Lo segundo, como es de esperar en Vox, por culpa de la inmigración. No hizo ninguna mención a los fondos extranjeros que hacen negocio con sus inversiones en vivienda.

Quero repitió argumentos de pasados discursos en los que hace un diagnóstico en el que no faltan argumentos de peso, pero en los que, a la hora de plantear soluciones, se limita a repetir lo que siempre ha dicho el Partido Popular. El protagonista del supuesto y publicitado giro social de Vox, que admitió que su hermana se hubiera beneficiado del decreto de prórroga, no pasa de repetir el discurso habitual de la derecha en el Parlamento.

Frente a la acusación de Quero de que la culpa la tienen “las ideas de Belarra, de Rufián y de Matute”, Bustinduy le respondió en la réplica que Blackstone tiene más de 30.000 viviendas en España. Para demostrar que ahí es donde desaparece el nacionalismo español de Vox, el ministro le preguntó: “Entre un fondo extranjero y una familia española, ¿usted de qué lado está?”. La respuesta está clara, porque Quero se opone a cualquier regulación del mercado, incluidas las que afecten a una multinacional como Blackstone.

Como se comprobó en el discurso de la portavoz de Junts, sí hay una intervención en el mercado que aceptan los grupos opuestos al decreto, la que consiste en aprobar desgravaciones fiscales en favor de los propietarios. Y hay que decir que se llevan años aplicando con distintos gobiernos sin que nadie haya podido confirmar que sirven para reducir el precio de los alquileres.

Intervenir en el mercado reduciendo la oferta pública es también lo que hizo en 2013 el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella cuando vendió 1.860 viviendas de protección pública y locales de la Empresa Municipal de Vivienda al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros. Cinco años después, el propio fondo valoró esas viviendas en 662 millones. Los alquileres subieron en 5,5 millones, un 49%, con respecto a 2015.

En 2008 casi el 80% de los hogares era de propiedad. El porcentaje cayó hasta el 64% en 2022, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Tener un empleo y un sueldo estables era antes una garantía de que se podría comprar un piso, una realidad que empezó a venirse abajo en 2008 y que se ha agravado desde entonces. Se ha producido un cisma en la sociedad. Los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%. Los hogares que son además dueños de otras viviendas y las alquilan casi se han triplicado y han pasado del 3,4% al 9,8%.

Los dos millones de nuevas viviendas construidas desde entonces –una cifra claramente insuficiente– han profundizado una estructura en la que no deja de crecer la diferencia entre los que han aumentado el número de viviendas en propiedad y los que no tienen ninguna ni poder adquisitivo para comprar y para los que la única opción es el alquiler.

El de la vivienda es un problema que se ha convertido en estructural y en el que el sistema político está dejando tirados a millones de ciudadanos. En los últimos 25 años, el porcentaje de viviendas sociales en España se ha reducido a niveles ínfimos que son aún más escandalosos si se comparan con otros países de Europa Occidental. Nuestro país se ha convertido en un mercado muy rentable para los fondos de inversión extranjeros. Es también un mercado hostil y prohibitivo para los ciudadanos españoles.

Junts ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto sobre vivienda que se somete a la convalidación del Congreso de los Diputados este martes. Fuentes de la formación independentista han confirmado a elDiario.es que su voto será 'no' y que no está “negociando nada” con el Gobierno, aunque también deslizan que el Ejecutivo “sabe qué plantea” Junts de cara a alcanzar un acuerdo en materia de vivienda: entre otras medidas, más descuentos fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler o la puesta en marcha del “IVA franquiciado” para los autónomos.

Precisamente a primera hora el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que se cerrara un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitieran la convalidación del decreto de vivienda. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del partido de Carles Puigdemont en materia de vivienda a cambio de su voto a favor del texto.

En una entrevista en La hora de La 1, Bustinduy apeló a la “voluntad política” tanto de Junts como del PSOE —que hasta ahora ha dejado en manos de Sumar la negociación— para cerrar ese pacto “en el tiempo que queda”, que es corto, puesto que el paquete de medidas se debatirá y votará este martes por la tarde. “Junts, en las últimas semanas, ha puesto sobre la mesa algunas de las condiciones que piden para poder reconsiderar su voto: algunas son matizaciones sobre la prórroga de los alquileres, también alguna medida fiscal que no es nuestro modelo, pero que podría merecer la pena, y han planteado el IVA franquiciado de los autónomos”, que es “una transposición de una directiva europea” que el Gobierno está obligado a aceptar pero cuya aprobación podría acelerar, enumeró el ministro.

Hasta ahora Junts había sido taxativo en su negativa a apoyar el decreto de prórroga de los alquileres y este lunes las fuentes consultadas han insistido en ese 'no'. Hace más de una semana, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que el decretó no iba a tener su voto a favor, e insistió en que el partido lo ha “dicho el primer día”. “Y lo sabían ellos también, yo creo que incluso antes de aprobarlo”, espetó.

Pese a ello, Bustinduy se ha mostrado optimista. “Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas medidas que pide Junts, que son de ámbito tributario y que tienen que ver con la situación de los autónomos”, ha asegurado el ministro, que ha afirmado que “conversaciones hay siempre abiertas con todos los grupos parlamentarios” al ser preguntado por si Sumar sigue teniendo abiertas negociaciones con los de Puigdemont. “Yo espero es que esas conversaciones se materialicen en las próximas horas en un acuerdo que pueda mandar un mensaje muy claro a las familias españolas: que el Gobierno y el Congreso van a proteger sus condiciones de vida frente a un mercado de la vivienda secuestrado por unas lógicas de especulación”, ha planteado.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de la cuota de Sumar, ha asegurado que ha sido Junts quien ha puesto las dos medidas —las bonificaciones fiscales para caseros y el IVA franquiciado para los autónomos— “sobre la mesa” y ha afirmado que esas iniciativas “no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto” de vivienda. La negociación “requiere de generosidad por parte de todo el mundo”, ha planteado Urtasun, que ha evitado confirmar que Sumar esté negociando directamente con Junts pero sí ha dicho que “conversaciones hay a todas horas” con todos los partidos.

Bustinduy y Urtasun, además, se han mostrado muy críticos con el PP no haber querido ni siquiera “sentarse” a discutir sobre el decreto de alquileres. “El 20% de los votantes del PP son inquilinos y el 20% de la población española son inquilinos, y se han negado siquiera a sentarse para hablar”, ha denunciado el titular de Derechos Sociales, que también ha confirmado que no ha recibido respuesta a la carta que entregó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para solicitarle que reconsiderase su postura. “No han expresado un solo argumento para oponerse” a una medida que “el sentido común, el interés general” y “la opinión de sus propios votantes” avalan, ha afirmado.

La futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, se muestra convencida de que habrá una candidatura unitaria de la izquierda plural. La exvicepresidenta del Consell ha participado en un encuentro con el ministro de Derechos Sociales y representante de Sumar, Pablo Bustinduy, su segundo acto público desde que manifestara su deseo de concurrir a las municipales.

Preguntada por si ve posible un pacto con formaciones “a la izquierda del PSOE”, Oltra ha afirmado: “A mí no me gusta definirme con respecto a otro partido, pero yo creo que va a haber un pacto de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie, y que queremos que la gente pueda tener una vida digna, y que queremos que las políticas faciliten la vida de la gente”.

La exdirigente, que ha sido recibida con entusiasmo por los vecinos de Orriols, en un encuentro para conocer proyectos sociales del barrio, ha recalcado que el cariño que ha recibido estos años al margen de la primera línea política la ha mantenido en pie.

El ministro de Sumar ha expresado “la ilusión y alegría” que ha sentido en las últimas semanas “gente de todo signo y condición” por que la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra haya decidido dar el paso de regresar a la política activa.

“Hay muchísima buena gente en todo el país que ha sentido en estas últimas semanas una profunda alegría y una sensación de justicia. Y desde luego, para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que València tenga en ella una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos y las vecinas por delante”, ha detallado el responsable de Derechos Sociales.

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra inicia su agenda como candidata a la alcaldía de València. La exdirigente de Compromís, que aspira a liderar la candidatura unitaria de izquierdas en la capital con la coalición valencianista, participa este jueves en una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el barrio de Orriols.

La cita, organizada y comunicada por el Ministerio de Derechos Sociales, consiste en un encuentro con diferentes entidades de desarrollo comunitario en la sede de Orriols Convive, una iniciativa del barrio, para abordar cuestiones relacionadas con vivienda y servicios sociales. Organizada a instancias del ministerio de Bustinduy, el dirigente de Sumar ha decidido invitar a la exvicepresidenta del Consell, que fue responsable de servicios sociales, igualdad e inclusión, según trasladan fuentes conocedoras de la reunión. Sumar trabaja mano a mano con el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, hasta hace un mes portavoz de Iniciativa, el partido que fundó Oltra, y una de las personas más próximas a la exvicepresidenta. En su etapa fuera de la primera política Oltra retomó la abogacía, especializándose en la mediación como “herramienta contra las injusticias”. Asistirán al encuentro la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y la concejala Lucía Beamud, acompañando a Oltra.

El espacio, el tema y el momento resultan especialmente relevantes. Orriols es uno de los barrios con mayor multiculturalidad de la ciudad, a menudo señalado y estigmatizado. Es también uno de los sectores con menor renta y con movimientos vecinales más activos, especialmente en materia de vivienda y convivencia. La iniciativa Orriols Convive, en cuya sede se aloja el encuentro, forma parte de Orriols en Lluita, un espacio que agrupa a asociaciones del barrio, que luchan contra el estigma y en favor de la convivencia mediante proyectos comunitarios. Entre ellos, están los huertos comunitarios autogestionados, un espacio educativo, una emisora de radio o clases de castellano para personas migrantes, con profesorado voluntario que apoya en cuestiones como documentación, salud y vida cotidiana.

La reunión será el segundo acto público de Oltra tras anunciar su regreso a la política en el congreso de Iniciativa-Compromís el pasado 28 de marzo. Oltra está retomando la agenda poco a poco, en espacios de confianza y adaptándose a los ritmos. También va configurando poco a poco su equipo y ha de aterrizar la decisión en el seno de Compromís, configurando el artefacto electoral.

La exdirigente, pendiente de juicio acusada por la extrema derecha, ya saltó al ruedo en el acto contra la guerra y el lawfare organizado por los socialdemócratas portugueses, con la ministra Sira Rego (Izquierda Unida, integrada en Sumar), la eurodiputada Irene Montero (Podemos) y la primera dama brasileña, Janja da Silva. El cartel sirvió no solo para marcar públicamente su regreso, sino como imagen para ilustrar la vocación de las izquierdas por plantar la batalla electoral mediante una alianza. Tras este evento, en el que se mostró en plena forma, concedió una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, la primera en años, en la que relató sus intenciones respecto a la alcaldía de València: “Me hace especial ilusión. Es una ciudad que adoro, que vivo todos los días”.

La exvicepresidenta del Consell trasladó en el congreso de Iniciativa, el pasado 28 de marzo, su deseo de concurrir a las elecciones municipales como cabeza de lista por Compromís. Lo hizo ante la atenta mirada y el aplauso de dirigentes de otras formaciones de izquierdas, como Esquerra Unida y Podemos, además de los partidos que componen la coalición, Més y Els Verds. La idea que trabajan estas formaciones es buscar una candidatura conjunta también abierta a movimientos sociales. Un asunto que está por concretar en el seno de cada formación. Desde entonces, la futura candidata de Compromís va dando pasos que aterricen esta cuestión, pasos que serán claves en la alianza y el devenir electoral de las izquierdas en la Comunitat Valenciana.

L’ex-vicepresidenta del Consell Mónica Oltra inicia la seua agenda com a candidata a l’alcaldia de València. L’exdirigent de Compromís, que aspira a liderar la candidatura unitària d’esquerres en la capital amb la coalició valencianista, participa dijous en una reunió amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, en el barri d’Orriols.

La cita, organitzada i comunicada pel Ministeri de Drets Socials, consisteix en una trobada amb diferents entitats de desenvolupament comunitari en la seu d’Orriols Conviu, una iniciativa comunitària del barri. Organitzada a instàncies del ministeri de Bustinduy, el dirigent de Sumar ha decidit convidar l’ex-vicepresidenta del Consell, que va ser responsable de serveis socials, igualtat i inclusió, segons traslladen fonts coneixedores de la reunió. En la seua etapa fora de la primera línia política Oltra va reprendre l’advocacia, especialitzant-se en la mediació com a “eina contra les injustícies”. Assistiran a la trobada amb les entitats la representant de Compromís per València, Papi Robles, i la regidora Lucía Beamud, a qui han convidat a participar des del ministeri i l’entorn d’Oltra.

L’espai i el tema resulten especialment rellevants. Orriols és un dels barris amb més multiculturalitat de la ciutat, sovint assenyalat i estigmatitzat. És també un dels sectors amb menys renda i amb moviments veïnals més actius, especialment en matèria d’habitatge i convivència. La iniciativa Orriols Conviu, en la seu de la qual s’allotja la trobada, forma part d’Orriols en Lluita, un espai que agrupa associacions del barri, que lluiten contra l’estigma i en favor de la convivència mitjançant projectes comunitaris. Entre aquests, estan els horts comunitaris autogestionats, un espai educatiu, una emissora de ràdio o classes de castellà per a persones migrants, amb professorat voluntari que dona suport en qüestions com ara documentació, salut i vida quotidiana.

La reunió serà el segon acte públic d’Oltra després d’anunciar el seu retorn a la política en el congrés d’Iniciativa-Compromís el 28 de març passat. Oltra va reprenent l’agenda a poc a poc, en espais controlats i adaptant-se als ritmes. L’exdirigent, pendent de judici acusada per l’extrema dreta, ja va saltar a l’arena en l’acte contra la guerra i el lawfare organitzat pels socialdemòcrates portuguesos, amb la ministra Sira Rego (Esquerra Unida), l’eurodiputada Irene Montero (Podem) i la primera dama brasilera, Janja da Silva. El cartell va servir no sols per a marcar públicament el seu retorn, sinó com a imatge per a il·lustrar la vocació de les esquerres per plantar la batalla electoral mitjançant una aliança. Després d’aquest esdeveniment, en què es va mostrar en plena forma, va concedir una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, la primera en anys.

L’ex-vicepresidenta del Consell va traslladar en el congrés d’Iniciativa, el 28 de març passat, el desig de concórrer a les eleccions municipals com a cap de llista per Compromís. Ho va fer davant l’atenta mirada i l’aplaudiment de dirigents d’altres formacions d’esquerres, com Esquerra Unida i Podem, a més dels partits que componen la coalició. La idea que treballen aquests partits és buscar una candidatura conjunta també oberta a moviments socials. Un assumpte que està per concretar en el si de cada formació. Des de llavors, la futura candidata de Compromís va fent passos que aterren aquesta qüestió, passos que seran claus en l’aliança i l’esdevenir electoral de les esquerres a la Comunitat Valenciana.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no tira la toalla con el real decreto de prórrogas al alquiler que se vota el próximo 28 de abril. Y eso que todos los partidos de derecha, incluido Junts, ya han dicho que no votarán a favor. Después de difundir una encuesta que muestra que la mayoría de votantes, de izquierda y derecha, apoyan este decreto, este lunes ha augurado en una atención a los medios de comunicación “un gran coste político” a la derecha si vota en contra.

“Entre los votantes de derechas, hay el doble de inquilinos que de caseros”, ha dicho Bustinduy, que en contra de lo manifestado por los partidos se muestra “convencido” de que el decreto extraordinario va a salir adelante “no porque sea prioridad de Sumar, sino porque es de interés general”.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y obliga a los propietarios a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. Pero ante la posibilidad más que elevada de que el decreto decaiga en el Congreso, voces de la patronal ya han advertido de que los contratos que venzan una vez decaiga, no serán prorrogados. Los inquilinos, en cambio, así como Consumo, aseguran que todo burofax que se envíe antes de que el decreto decaiga da derecho a esta prórroga.

“No hay ninguna duda. Todas las prórrogas solicitadas al amparo de un decreto en vigencia serán válidos”, ha dicho Bustinduy, que ha dado por buenos los comunicados de sindicatos de inquilinos de que está habiendo un “clamor” y una “avalancha” de comunicados para solicitar la prórroga, si bien no existen cifras oficiales o estimadas de cuántos comunicados se han enviado.

Las declaraciones de Bustinduy coinciden con un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo The Left, al que pertenece Sumar, que cifra en un 74% el apoyo de los ciudadanos españoles al decreto de la prórroga a los alquileres, que también cuenta con un 65% de apoyo entre los votantes del PP y un 60% entre los de Vox.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox. Es por ello que Bustinduy plantea que los partidos de derecha y ultraderecha pagarán un coste político en caso de que no se apruebe.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

Pasado, presente y, sobre todo, futuro, se han fundido este 14 de abril en la plaza Unzaga de Eibar. Hace 95 años el balcón del Ayuntamiento que preside esta plaza fue el primero de España en proclamar la II República y ondear la bandera roja, amarilla y morada que daba paso a una nueva era. Era martes, como este 14 de abril de 2026 en el que la localidad guipuzcoana ha sido proclamada lugar de memoria para que se recuerde, o para que no se olvide. Porque “la memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente”, sobre todo cuando “la sombra gris” del fascismo y el totalitarismo se extienden por el mundo, según ha apuntado el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.

Bustinduy comparte apellido con Gregorio, uno de los concejales de Eibar que firmaron aquella primera acta republicana hace 95 años. Era primo de su bisuabuelo. El ministro ha presidido un emotivo acto, sólo deslucido por la lluvia intermitente, presidido por una bandera republicana y en el que no han faltado la música ni las alusiones a poetas clave en la República como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Se ha descubierto la placa en la fachada del ayuntamiento que certifica el reconocimiento a esta localidad como lugar de memoria. Junto al ministro Bustinduy, han participado en el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez,la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Arritxu Marañón, y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, todos ellos socialistas.

Bustinduy ha resaltado la importancia del mensaje que se lanzó aquel 14 de abril de hace 95 años desde el balcón del Ayuntamiento. “Hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero: un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Un mensaje que decía que nadie es menos que nadie, que el pueblo tiene todo el derecho y todo el saber para gobernarse a sí mismo”, ha dicho. El ministro ha señalado que “el destino de los países no lo han forjado nunca ni los reyes ni los terratenientes, sino los trabajadores que han levantado la vida de cada uno de nuestros países”. En este sentido, ha considerado que es un mensaje que es hoy es “particularmente importante” porque en el mundo “vuelven a campar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles”. “Es obligación democrática hacer ese mensaje nuestro” y, tal y como “está haciendo el Gobierno”, decir “alto y claro” que “la solución a los problemas del mundo nunca puede pasar por la guerra, por la violencia y por el conflicto”.

Ha recordado que sobre Eibar se lanzaron 7.000 kilos de bombas en la guerra civil, “que quisieron acabar con toda la historia a base de bombas, de fusilamientos, de exilio y de hambre”. “Esta ciudad lo lleva grabado en su seno. Pero han de saber con certeza los imitadores de aquellos verdugos que ni 7.000 kilos de bombas pudieron apagar la llama que prendió aquí, no han podido borrar su memoria. Seguimos siendo ese pasado que está vivo y en este 14 de abril, en el que las negras tormentas vuelven a ensombrecer el futuro de Europa y del mundo, nuestra voz debe alzarse de nuevo con la misma determinación que hace 95 años contra los imperios y contra sus guerras”, ha señalado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ya el año pasado visitó el 14 de abril Eibar para anunciar que sería proclamada lugar de memoria, ha destacado también los bombardeos que sufrió la localidad y sobre todo la represión posterior del franquismo contra este pueblo por haber sido precisamente la vanguardia de la declaración de la República. “La memoria contempla el pasado para aprender de él, para que los hechos traumáticos de ese pasado no vuelvan a repartirse nunca más, pero también es una apuesta de presente y es una apuesta de futuro. Nos permite estar alerta de los peligros que tiene la democracia en estos momentos ante los avances de las extremas derechas y de la derecha extrema en España en Europa y en el mundo”, ha señalado.

Martínez ha recordado que “costó muchísimo conquistar la democracia que hoy felizmente se disfruta” y que “se puede perder en cualquier momento”. Por eso, ha señalado que la memoria alerta de los peligros y por eso es “uno de los principales antídotos contra el avance del populismo y el avance del neofascismo de las extremas derechas”. “Por eso, las derechas de este país se oponen a la memoria democrática”, ha añadido.

Por su parte, Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivenci,a ha agradecido desde Euskadi al Gobierno central su reconocimiento hacia Eibar y por el trabajo de recuperación que se está haciendo a lo largo de toda España. “Gracias por abrir esas cunetas, por desenterrar a tantas personas asesinadas y desaparecidas durante tantos y tantos años y sacar esa dignidad que nunca han perdido a respirar de nuevo, y a que sus familiares vuelvan otra vez a llevarles flores”, ha indicado.

También ha habido agradecimientos por parte del alcalde de Eibar, el socialista Jon Iraola. “Es muy importante que se reconozca la valentía de Eibar con ese reconocimiento como lugar de memoria, democrática. Es una cuestión de dignidad y muy merecida que tengamos ese título”, ha señalado. Iraola ha agradecido al ministro Bustinduy su presencia, al que ha adoptado como vecino de la localidad obsequiándole con una camiseta del Eibar con su apellido en la espalda. El mismo de Gregorio, aquel concejal de Izquierda Republicana que formó parte del pleno de Eibar que aquel 14 de abril de 1931 se adelantó y fue el primer consistorio que proclamó la II República.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

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En plena crisis por los efectos económicos de la guerra en Irán en carburantes y bienes básicos, y pocos días después de un difícil acuerdo entre las izquierdas en Andalucía, entrevistamos a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y uno de los principales rostros de Sumar.

Le preguntamos por la situación de la vivienda después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto para prorrogar de forma automática los alquileres que vencen antes de 2027, por la carta de Consumo a 13 grandes tenedores para que lo cumplan, y por las multas que su cartera ha puesto a gigantes como Airbnb o Alquiler Seguro por ilegalidades relacionadas con la vivienda. 

Puedes ver el programa completo aquí:

Hablamos de si es posible la unidad en la izquierda estatal después del acuerdo alcanzado para las autonómicas en Andalucía tras los malos resultados en Aragón y Castilla y León, y de quién debería liderar ese espacio. Y le preguntamos cómo nos afecta como consumidores que el mundo esté en llamas, incendiado por dos pirómanos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Terminamos abordando la crisis de la vivienda desde otra perspectiva con Llucia Ramis, autora de “Un metro cuadrado” (IV premio de No Ficción de Libros del Asteroide), una crónica del encarecimiento de la vivienda y de la gentrificación de ciudades como Barcelona a través de todos los pisos en los que ha vivido en los últimos 30 años.