La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este jueves que España no ha cedido al “empuje racista” que se enfrenta a la universalidad de los derechos.

Bustinduy ha hecho esta afirmación en el acto de apertura del XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón/Xixón.

El escenario geopolítico

El ministro ha expresado su reconocimiento y agradecimiento al trabajo cotidiano del sector del trabajo social y a la inteligencia democrática de este sector.

Esta labor es especialmente necesaria en un escenario geopolítico en el que se da una cronificación de la guerra, se cometen injusticias “gigantescas”, se padece una crisis climática y el auge de fuerzas antidemocráticas que pretenden desmantelar aquello que costó “muchísimo” construir.

Prácticas discriminatorias

También ha remarcado que estos factores empujan las sociedades a modelos cada vez más desiguales, asimétricos e injustos, así como a la expansión cada vez mayor de prácticas discriminatorias que se oponen a la universalidad de los derechos al amparo de postulados “racistas y discriminatorios”, que enfrentan a grupos sociales entre sí.

A su juicio, esos modelos ahondan en las desigualdades de una sociedad que hace recaer las consecuencias de la crisis en los grupos más vulnerables.

Repudio a la guerra

El ministro ha indicado que España “no ha cedido al empuje racista” que quiere quebrar la universalidad de los derechos, así como ante la oligarquía y el intento sistemático de criminalizar el trabajo de entidades sociales que hacen de red de protección.

Asimismo, ha insistido en que España no está a favor de la discriminación como principio de organización social, repudia la guerra y el desmantelamiento de lo público.

Las prioridades de la gente

Bustinduy también ha puesto en valor la labor del trabajo social en circunstancias “extraordinariamente difíciles” como las acaecidas tras la Dana de Valencia y ha recordado que la construcción del estado del bienestar surgió de una transformación de los valores y de las prioridades de la gente.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha valorado la dedicación del sector del trabajo social “para que nadie se quede atrás”.

El valor de la solidaridad

En este sentido, ha apuntado que Asturias es una tierra que conoce el valor de la solidaridad, que ha padecido reconversiones “dolorosas” y ha apostado por los servicios públicos como “pilares de la convivencia”.

Durante su intervención, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, ha celebrado la presencia en Gijón/Xixón de más de 1.300 congresistas de diferentes países, en el que ha definido como el acontecimiento más significativo para el sector y para una profesión que actúa con cercanía y “mirando a los ojos”.

Emiliana Vicente ha destacado que el congreso abordará cuestiones aspectos como la crisis eco-social, la práctica profesional, sus retos de presente y futuro, la soledad, la vulnerabilidad y la tecnología social para una sociedad más igualitaria, entre otros temas.

La visita a Langreo

Bustinduy se desplazó ayer a Langreo para anunciar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Gobierno del Principado firmarán este año un convenio que contará con una dotación económica de más de 22 millones para impulsar el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), ubicado en la localidad de Barros.

El ministro visitó el equipamiento para firmar una declaración institucional con el Ejecutivo asturiano y con el Ayuntamiento de Langreo.

Convenio para impulsar el Credine

La declaración contempla que, en los próximos meses, se firmará un convenio entre el Ministerio y el Principado de 22 millones que tendrá como objetivo mejorar e impulsar de este centro como recurso estratégico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que forma parte de la red del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Las tres administraciones se han comprometido a fomentar ese modelo de atención centrado en la autonomía personal, la atención especializada a personas con daño cerebral y otras afecciones neurológicas, especialmente tras un ictus, y el acompañamiento a las personas en el tránsito entre el alta hospitalaria y la recuperación de su vida cotidiana.

La colaboración

El acuerdo contempla, además, impulsar servicios vinculados a la atención residencial, las estancias temporales, los programas de respiro familiar y la promoción de la autonomía personal, con el objetivo de ampliar y mejorar la capacidad de respuesta del centro, y también permitirá incorporar programas de apoyo a las familias, personas cuidadoras y entidades del Tercer Sector.

Asimismo, el convenio va a establecer un marco estable de colaboración mediante el cual el Principado de Asturias asume, en el ámbito de sus competencias, la gestión y financiación de determinados servicios, mientras que Derechos Sociales continuará asumiendo la función estatal de referencia, innovación e investigación a través del Imserso.

La “joya de la corona”

Bustinduy ha dicho ser consciente de la “expectativa y demanda social” que existe para que el Credine funcione “al máximo de su potencial y capacidades”, punto en el que ha destacado la “tenacidad y esfuerzo” del alcalde de Langreo, Roberto García, y del Gobierno del Principado para “conseguir ese objetivo”.

El ministro ha asegurado que es una “buena noticia” la nueva fase en la que entra el centro “que tiene que llevarlo a completar al máximo su potencial y a que sea realmente un centro de referencia” a nivel estatal y europeo.

Bustinduy ha puesto en valor que equipamientos como el Credine, cuyo convenio se firmará antes de final de año, serán “puntales” en el nuevo modelo de cuidados. “Este centro va a ser la joya de la corona”, ha indicado al respecto.

Las prioridades

Según el ministro, Asturias puede “estar muy orgullosa del trabajo que se está haciendo desde su gobierno” y desde su sociedad civil para conseguir una atención sociosanitaria “más humana, más cercana y más eficaz”.

El ministro ha manifestado también que la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad es una de las “prioridades” de su departamento y ha asegurado que esto se está demostrando “mejorando la financiación e impulsando una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia” que, ha confiado, “vea la luz lo antes posible”.

En la firma de la declaración han estado presentes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, quien ha puesto en valor el trabajo desempeñado para que hacer funcional “al cien por cien” un centro que venía siendo “infrautilizado”, con iniciativas como un alojamiento temporal. 

“Ni una lección del PP”

En su visita a Langreo también realizó declaraciones de índole política. Así, Bustinduy ha dejado claro que no acepta “ni media lección” sobre causas judiciales del expresidente del Gobierno José María Aznar, del actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o del Partido Popular porque “en esta materia no tienen ninguna lección que dar”.

En declaraciones a los periodistas en Langreo, el ministro de Sumar ha denunciado que el expresidente popular haya reiterado su llamamiento a que “todo el que pueda hacer que haga” y ha advertido de que “no va a ser el señor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española”.

Desafección, desapego y rabia

Bustinduy ha dicho compartir el estado de ánimo de la ciudadanía ante las informaciones judiciales de los últimos días, que “generan desafección, desapego y rabia”, y ha remarcado que “la única solución posible es transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta en las investigaciones para que se esclarezca toda la verdad de todas las causas y se aplique todo el peso de la ley para quien haya traicionado el mandato popular y democrático de servir a la gente desde la política”.

No obstante, el ministro ha exigido “la misma transparencia y el mismo rigor para quien intenta utilizar cualquier estructura, aparato o artimaña para instrumentalizarlo para perseguir un fin político”.

Ni una condena de su partido

Bustinduy ha dicho “con mucho orgullo, mucha dignidad y la cabeza muy alta” que su espacio político no ha tenido “ni una sola condena” en los quince años en los que lleva implicado en distintas tareas de gobierno, “desde el municipio más pequeño” hasta el Ejecutivo central, “a pesar de que ha habido decenas de causas judiciales intrumentalizadas por una policía política secreta” para intentar derribar gobiernos“.

“Con esa serenidad manifestamos siempre lo mismo: repugnancia absoluta a quien traiciona el mandato de la voluntad popular, transparencia absoluta y que cada cual acabe donde tiene que acabar”, ha manifestado. 

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños. 

1. ¿Esto va de resistir o va de ganar? Pueden parecer compatibles, pero son dos lógicas que se enfrentan. En diversas comunidades autónomas, el PSOE ha enviado una y otra vez a ministros-candidatos con una vocación sacrificial. Las elecciones, en esos casos, no se toman como una contienda a disputarle a la derecha, sino como el paso previo al control del partido y de sus grupos parlamentarios. Pilar Alegría no ganó en Aragón, pero ahora controla Aragón. María Jesús Montero no ganará en Andalucía, pero va a controlar Andalucía. Óscar López no es un candidato genial ni brillante para la Comunidad de Madrid, pero va a asegurar el control orgánico del PSOE de la Comunidad de Madrid. Es una lógica válida. Si la extendemos a las próximas elecciones generales, es una lógica preocupante. 

¿La izquierda está jugando a tener lo más atado posible su futuro grupo parlamentario, resistente desde la oposición frente a una mayoría de derechas, o a creerse que puede disputarlas? Un candidato puede ser el mejor para resistir, pero no para ganar. Álvaro Sánchez Cotrina, en Extremadura, es, por ejemplo, una apuesta para intentar disputar una victoria futura. Mónica Oltra es una apuesta para ganar el Ayuntamiento de València; Diana Morant es una apuesta para la resistencia orgánica en la Comunitat Valenciana. ¿Habrá más o nos apuntamos directamente a la imaginación de la catástrofe?

2. ¿Cómo maximizar la movilización de los electores de izquierdas? He aquí una cuestión importante: los últimos cambios en el Gobierno, con el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera y el nombramiento de Arcadi España en Hacienda, podían conducir a pensar en una parte final de la legislatura, al menos para el PSOE, donde copara más espacio lo técnico, lo económico, la gestión de la crisis provocada por la guerra. Esto, que tendría sentido si la intención fuera recuperar a parte de los votantes que al PSOE se le han ido desmovilizando, es incompatible con la otra tentación socialista, agravada por la incomparecencia de su flanco izquierdo: la de quedarse con todo el voto más de izquierdas. 

Esa absorción serviría para que el PSOE tuviera el grupo parlamentario más extenso posible en el próximo Congreso de los Diputados, pero el vaciamiento que supondría del espacio que en la última convocatoria se presentó como Sumar hace inviable aritméticamente una mayoría alternativa a la de las derechas. Repitiendo la primera pregunta: ¿prefiere el PSOE un grupo más nutrido o prefiere la posibilidad de poder volver a gobernar? ¿Está la izquierda haciendo los deberes para que el PSOE no le coma por completo la tostada?

3. ¿Qué va a pasar con el vacío de liderazgo del espacio del cambio? La brillante intervención de Pablo Bustinduy en el debate a propósito de la prórroga de los alquileres —mención especial para su réplica a Carlos H. Quero, que lo desenmascaraba eficazmente: Quero no es un buen representante obrerista, sino el hijo de un juez— pierde parte de su potencial cuando se recuerdan las negativas, por activa y por pasiva, que el ministro ha dado a postularse como futuro candidato de ese espacio. Todos los partidos lo verían con buenos ojos, menos él; sus motivos son legítimos, pero impactan en el tablero. 

La hipótesis Rufián se ha desinflado tras su encuentro con Irene Montero y en medio de la polémica en el seno de Más Madrid. Sin Yolanda Díaz al frente, lo que era Sumar es ahora una estructura sin candidato; Rufián es, al contrario, un candidato sin estructura. Es una situación insostenible y hay que huir de la tentación de sostenerla demasiado tiempo. Los votantes de buena parte de la izquierda hoy están frustrados —por cosas como la vivienda— y, encima, huérfanos. Lo peor sería que esa orfandad pasara de circunstancial a existencial.

4. ¿Cuándo aprenderemos a convertir el conflicto en una oportunidad en vez de un psicodrama? Lo peor de la discusión a cielo abierto entre Mónica García y Emilio Delgado de la semana pasada fue la escenificación de una pelea a propósito de sillas, sembrada posteriormente de filtraciones interesadas y bilis supurando, embarrada entre una discusión a propósito de primarias y participación ininteligible para cualquiera que no se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. Y ahí afuera, ya lo siento, no hay nadie que se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. La vida interna de los partidos, de hecho, es un tema aburrido, cansino hasta para los más cafeteros. 

En vez de animar al ensanchamiento, las discrepancias se convierten en un concurso de puñaladas. En lugar de construir sistemas abiertos para la elección de candidaturas, se mezcla la disputa por la candidatura con la disputa por el poder orgánico. La ciudadanía no tiene ánimos para ayudar a los políticos en la gestión de sus traumas y trifulcas personales. Y los políticos siguen viendo el disenso, más veces que no, como un problema, cuando el disenso podría ser diversidad, polifonía, un coro de voces, capacidad de hablarle a más gente.

5. ¿De qué estamos hablando? En lo que llevamos de legislatura, ¿ha surgido algún discurso nuevo o suena la izquierda incluso más antigua que en 2023? ¿No había más creatividad en la campaña de Sumar de aquellas elecciones —la que habló de una herencia universal, la que inventaba propuestas, la que trataba de imaginar un proyecto de país— que en la cháchara infinita sobre construcción de coaliciones que hoy apresa a ese espacio? ¿Hay algo que decir sobre vivienda más allá de la queja por una aritmética parlamentaria imposible? ¿Tiene la izquierda un discurso definido sobre la inteligencia artificial? ¿Sabemos rebatir el relato racista y xenófobo de la derecha que ata la seguridad a la inmigración? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna propuesta?

Aunque las respuestas al resto de preguntas sean las apropiadas, si la izquierda no resuelve esta última, el ejercicio probablemente sea en vano. No se puede afrontar este escenario pensando que la retórica, la imagen y las respuestas de 2023 siguen siendo las mejores en 2026; pensando que nada ha cambiado, que vivimos en el mismo mundo de 2023, que nada afecta a este Gobierno. El Partido Popular de 2026 no es el mismo que el de 2023. En 2023, para algunos, pactar con Vox era un error, y lo fue, y les costó la mayoría en las generales; en 2026, eso se da por amortizado. ¿Podemos analizar por qué? ¿Hay alguna estrategia nueva para responder a eso? ¿Existe un relato bien articulado sobre qué se ha ganado, y qué se ha perdido, en la prórroga de gobierno que ha supuesto esta legislatura?

Todas estas preguntas las esbozo con una preocupación que, espero, comparta buena parte de mis lectores. Podemos discrepar en las respuestas. Podemos discrepar, también, en las formulaciones de las preguntas. Ojalá discrepemos. Pero lo urgente no es que nos las hagamos quienes observamos la situación o en otros momentos vitales llegamos a participar de ellas: lo urgente es que las aborden quienes están a los mandos, quienes tienen capacidad de decisión, quienes en ocasiones parecen querer evitar estas preguntas hasta que ya es demasiado tarde. Si es posible hacerse todas estas preguntas hoy, si ya era posible hace un mes, hace dos o hace medio año, ¿por qué la izquierda no parece sentir urgencia alguna por responderlas, y llegar con los deberes hechos?

Primera consideración: Junts se ha erigido en el partido que defiende los intereses de los propietarios. Eso no significa que no esté dispuesto a avalar algunas medidas que ayuden a los inquilinos, pero, si hay que escoger, antepondrá siempre las que no perjudiquen a los rentistas. Sumar también lo sabía cuando planteó el decreto de alquileres.

Segunda consideración: llamar “racista” y “clasista” a un partido cuando a la vez, se intenta convencerlo de que vote a favor de una propuesta no parece la estrategia más acertada. Yolanda Díaz consiguió enfadar, y mucho, a Junts, mientras en Sumar y en las filas socialistas intentaban calmar, sin éxito, a los de Puigdemont.

Tercera consideración: por más que se logre reconducir más adelante, la votación del decreto de alquileres demuestra, una vez más, que ni existe una mayoría estable en el Congreso ni mucho menos podría calificarse de progresista, aunque se la bautizase así. Como mucho, es una coalición de intereses cada vez menos compartidos.

Con estas premisas, que sirven para cualquier debate sobre vivienda, y para intentar salvar el decreto, Sumar propuso bonificar a los propietarios afectados por la prórroga de contratos y bajar el IVA para los autónomos, tal y como reclama Junts. No era una mala transacción, pero aquí faltaba el apoyo de la parte socialista, esto es, del Ministerio de Hacienda. De momento, según lamenta Sumar, no lo ha habido.

El decreto obligaba a los caseros a aceptar la prórroga obligatoria sin subidas de precios más allá del 2% para los inquilinos durante los próximos dos años. Al menos eso es lo que Sumar había prometido, porque está por ver qué pasará en el caso de aquellos que habían enviado el burofax aunque su contrato no terminara ahora. Hay abogados que pronostican que la última palabra la tendrá un juzgado. Si algo hay que exigirle siempre al legislador es que las normas comporten la mayor seguridad jurídica para los ciudadanos, sean inquilinos o arrendadores. Es evidente que esta vez no ha sido así.

En Un metro cuadrado (Libros del Asteroide), la periodista y escritora Llucia Ramis recuerda que el 2 de mayo de 1959, el diario ABC titulaba: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Era una frase del entonces ministro de Vivienda, José Luis de Arrese. Se abogaba por un modelo en el que cada español se convirtiera en propietario. Y Arrese añadió: “No queremos, y lo consideramos un mal (aunque a veces sea un mal necesario), que la construcción derive de un modelo colectivo hacia el arrendamiento”. Debates como el de este martes en el Congreso parecen darle la razón. Por triste e indignante que sea, a estas alturas.

Los datos demuestran cómo la vida de la mayoría de inquilinos es la de unos nómadas obligados. Más del 60% de los de Madrid se mudaron al menos una vez en el último lustro. En Barcelona, el porcentaje es del 80%, según los datos que recoge Ramis en su documentado ensayo. Otra cifra a retener: tres de cada cuatro desahucios son por no pagar el alquiler. La extrema derecha, y ahora también la derecha, los denuesta con el calificativo de “inquiokupas”, cuando en realidad son desalojos que se explican por el alto porcentaje de arrendatarios en situación de pobreza.

En el decreto que este martes se tumbó no se desprotegía a los pequeños propietarios, como argumentó Junts. Gabriel Rufián se lo afeó mientras mostraba un billete de 50 euros: “Esta es su bandera”, les espetó el diputado republicano.

Pese a que ya sea habitual, y aunque coincidiera también con sesión en el Senado, ver los escaños del Gobierno vacíos, con solo la presencia de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, todos de Sumar, resume bien la importancia que se le daba a este decreto. Lo mínimo hubiese sido estar en el hemiciclo, por respeto a los miles de inquilinos que aspiran a una prórroga en su alquiler.

La guerra de la vivienda no cesa de tener escaramuzas en el Congreso sin que esos enfrentamientos sirvan para que se pongan en marcha soluciones viables. El último intento de Sumar de prorrogar los alquileres fracasó ante el muro que forma la mayoría de derechas que existe en el Congreso. Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra. El PNV se abstuvo. La izquierda se estrelló ante su propia impotencia, que proviene de los resultados de las elecciones de 2023. Para algunas cosas, no es lo mismo estar en el poder que gobernar.

Sumar se negó a rendirse ante la aritmética de los escaños mientras el PSOE no había ocultado su falta de interés en la negociación del decreto al no ver posibilidades de éxito. “Vivir de alquiler se ha convertido en un riesgo de exclusión social”, dijo Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales estimó que diez millones de personas viven de alquiler y por tanto sufren ese riesgo. Al otro lado, “un 5% de la población percibe rentas por contar con viviendas en alquiler”.

Son las grandes empresas inmobiliarias las que “se están lucrando”, dijo. “Las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en casinos financieros”. A los que dicen que la solución pasa exclusivamente por aumentar la construcción de viviendas, respondió que no servirá si caen “en manos de gigantes financieros”.

Quien subió a la tribuna con ganas de entrar en el cuerpo a cuerpo y de dar nombres, fue Gabriel Rufián. Sacó del bolsillo un billete de 50 euros y lo puso sobre el atril. “¿Saben cuál es su bandera? –dijo refiriéndose a Junts–. La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Cincuenta pavos. La (bandera) que comparten con PP y Vox”. El portavoz de Esquerra leyó dos veces los nombres de los diputados de Junts para señalarlos. Acabado el discurso, se acercó a sus escaños e intentó entregarles unos papeles con los comentarios de personas que rechazan la posición de su partido. Fueron los diputados del PP los que más protestaron por un gesto que los de Junts ignoraron.

Marta Madrenas, de Junts, calificó el decreto de prórroga de “operación propagandística de legalidad jurídica muy dudosa”. Reprochó que no se haya incluido la obligación de pagar el alquiler, como si eso fuera imprescindible, cuando lo que todo el mundo sabe es que la gente paga cada mes su alquiler por mucho que le cueste. Hasta que no puede asumir más subidas y debe buscar otra vivienda.

Los argumentos del PP y Vox fueron idénticos. Su opción es dejar que el mercado funcione por su cuenta sin limitaciones y aumentar la construcción de pisos. “Cada vez que intervienen en el mercado, hay menos oferta y pisos más caros”, dijo Daniel Pérez Osma, del PP. En opinión de Carlos Hernández Quero, de Vox, lo que se está viviendo es la consecuencia de “una oferta absolutamente pírrica y una demanda artificialmente inflada”. Lo segundo, como es de esperar en Vox, por culpa de la inmigración. No hizo ninguna mención a los fondos extranjeros que hacen negocio con sus inversiones en vivienda.

Quero repitió argumentos de pasados discursos en los que hace un diagnóstico en el que no faltan argumentos de peso, pero en los que, a la hora de plantear soluciones, se limita a repetir lo que siempre ha dicho el Partido Popular. El protagonista del supuesto y publicitado giro social de Vox, que admitió que su hermana se hubiera beneficiado del decreto de prórroga, no pasa de repetir el discurso habitual de la derecha en el Parlamento.

Frente a la acusación de Quero de que la culpa la tienen “las ideas de Belarra, de Rufián y de Matute”, Bustinduy le respondió en la réplica que Blackstone tiene más de 30.000 viviendas en España. Para demostrar que ahí es donde desaparece el nacionalismo español de Vox, el ministro le preguntó: “Entre un fondo extranjero y una familia española, ¿usted de qué lado está?”. La respuesta está clara, porque Quero se opone a cualquier regulación del mercado, incluidas las que afecten a una multinacional como Blackstone.

Como se comprobó en el discurso de la portavoz de Junts, sí hay una intervención en el mercado que aceptan los grupos opuestos al decreto, la que consiste en aprobar desgravaciones fiscales en favor de los propietarios. Y hay que decir que se llevan años aplicando con distintos gobiernos sin que nadie haya podido confirmar que sirven para reducir el precio de los alquileres.

Intervenir en el mercado reduciendo la oferta pública es también lo que hizo en 2013 el Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella cuando vendió 1.860 viviendas de protección pública y locales de la Empresa Municipal de Vivienda al fondo de inversión Blackstone por 128 millones de euros. Cinco años después, el propio fondo valoró esas viviendas en 662 millones. Los alquileres subieron en 5,5 millones, un 49%, con respecto a 2015.

En 2008 casi el 80% de los hogares era de propiedad. El porcentaje cayó hasta el 64% en 2022, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Tener un empleo y un sueldo estables era antes una garantía de que se podría comprar un piso, una realidad que empezó a venirse abajo en 2008 y que se ha agravado desde entonces. Se ha producido un cisma en la sociedad. Los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%. Los hogares que son además dueños de otras viviendas y las alquilan casi se han triplicado y han pasado del 3,4% al 9,8%.

Los dos millones de nuevas viviendas construidas desde entonces –una cifra claramente insuficiente– han profundizado una estructura en la que no deja de crecer la diferencia entre los que han aumentado el número de viviendas en propiedad y los que no tienen ninguna ni poder adquisitivo para comprar y para los que la única opción es el alquiler.

El de la vivienda es un problema que se ha convertido en estructural y en el que el sistema político está dejando tirados a millones de ciudadanos. En los últimos 25 años, el porcentaje de viviendas sociales en España se ha reducido a niveles ínfimos que son aún más escandalosos si se comparan con otros países de Europa Occidental. Nuestro país se ha convertido en un mercado muy rentable para los fondos de inversión extranjeros. Es también un mercado hostil y prohibitivo para los ciudadanos españoles.

Junts ha anunciado este lunes que votará en contra del decreto sobre vivienda que se somete a la convalidación del Congreso de los Diputados este martes. Fuentes de la formación independentista han confirmado a elDiario.es que su voto será 'no' y que no está “negociando nada” con el Gobierno, aunque también deslizan que el Ejecutivo “sabe qué plantea” Junts de cara a alcanzar un acuerdo en materia de vivienda: entre otras medidas, más descuentos fiscales para los propietarios de viviendas en alquiler o la puesta en marcha del “IVA franquiciado” para los autónomos.

Precisamente a primera hora el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había asegurado este lunes que “podrían darse las condiciones” para que se cerrara un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que los independentistas catalanes permitieran la convalidación del decreto de vivienda. En concreto, el dirigente de Sumar aseguró que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar algunas de las reclamaciones clásicas del partido de Carles Puigdemont en materia de vivienda a cambio de su voto a favor del texto.

En una entrevista en La hora de La 1, Bustinduy apeló a la “voluntad política” tanto de Junts como del PSOE —que hasta ahora ha dejado en manos de Sumar la negociación— para cerrar ese pacto “en el tiempo que queda”, que es corto, puesto que el paquete de medidas se debatirá y votará este martes por la tarde. “Junts, en las últimas semanas, ha puesto sobre la mesa algunas de las condiciones que piden para poder reconsiderar su voto: algunas son matizaciones sobre la prórroga de los alquileres, también alguna medida fiscal que no es nuestro modelo, pero que podría merecer la pena, y han planteado el IVA franquiciado de los autónomos”, que es “una transposición de una directiva europea” que el Gobierno está obligado a aceptar pero cuya aprobación podría acelerar, enumeró el ministro.

Hasta ahora Junts había sido taxativo en su negativa a apoyar el decreto de prórroga de los alquileres y este lunes las fuentes consultadas han insistido en ese 'no'. Hace más de una semana, la portavoz del partido independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, confirmó que el decretó no iba a tener su voto a favor, e insistió en que el partido lo ha “dicho el primer día”. “Y lo sabían ellos también, yo creo que incluso antes de aprobarlo”, espetó.

Pese a ello, Bustinduy se ha mostrado optimista. “Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas medidas que pide Junts, que son de ámbito tributario y que tienen que ver con la situación de los autónomos”, ha asegurado el ministro, que ha afirmado que “conversaciones hay siempre abiertas con todos los grupos parlamentarios” al ser preguntado por si Sumar sigue teniendo abiertas negociaciones con los de Puigdemont. “Yo espero es que esas conversaciones se materialicen en las próximas horas en un acuerdo que pueda mandar un mensaje muy claro a las familias españolas: que el Gobierno y el Congreso van a proteger sus condiciones de vida frente a un mercado de la vivienda secuestrado por unas lógicas de especulación”, ha planteado.

En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de la cuota de Sumar, ha asegurado que ha sido Junts quien ha puesto las dos medidas —las bonificaciones fiscales para caseros y el IVA franquiciado para los autónomos— “sobre la mesa” y ha afirmado que esas iniciativas “no deben ser un obstáculo para la convalidación del decreto” de vivienda. La negociación “requiere de generosidad por parte de todo el mundo”, ha planteado Urtasun, que ha evitado confirmar que Sumar esté negociando directamente con Junts pero sí ha dicho que “conversaciones hay a todas horas” con todos los partidos.

Bustinduy y Urtasun, además, se han mostrado muy críticos con el PP no haber querido ni siquiera “sentarse” a discutir sobre el decreto de alquileres. “El 20% de los votantes del PP son inquilinos y el 20% de la población española son inquilinos, y se han negado siquiera a sentarse para hablar”, ha denunciado el titular de Derechos Sociales, que también ha confirmado que no ha recibido respuesta a la carta que entregó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para solicitarle que reconsiderase su postura. “No han expresado un solo argumento para oponerse” a una medida que “el sentido común, el interés general” y “la opinión de sus propios votantes” avalan, ha afirmado.

La futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, se muestra convencida de que habrá una candidatura unitaria de la izquierda plural. La exvicepresidenta del Consell ha participado en un encuentro con el ministro de Derechos Sociales y representante de Sumar, Pablo Bustinduy, su segundo acto público desde que manifestara su deseo de concurrir a las municipales.

Preguntada por si ve posible un pacto con formaciones “a la izquierda del PSOE”, Oltra ha afirmado: “A mí no me gusta definirme con respecto a otro partido, pero yo creo que va a haber un pacto de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie, y que queremos que la gente pueda tener una vida digna, y que queremos que las políticas faciliten la vida de la gente”.

La exdirigente, que ha sido recibida con entusiasmo por los vecinos de Orriols, en un encuentro para conocer proyectos sociales del barrio, ha recalcado que el cariño que ha recibido estos años al margen de la primera línea política la ha mantenido en pie.

El ministro de Sumar ha expresado “la ilusión y alegría” que ha sentido en las últimas semanas “gente de todo signo y condición” por que la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra haya decidido dar el paso de regresar a la política activa.

“Hay muchísima buena gente en todo el país que ha sentido en estas últimas semanas una profunda alegría y una sensación de justicia. Y desde luego, para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que València tenga en ella una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos y las vecinas por delante”, ha detallado el responsable de Derechos Sociales.

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra inicia su agenda como candidata a la alcaldía de València. La exdirigente de Compromís, que aspira a liderar la candidatura unitaria de izquierdas en la capital con la coalición valencianista, participa este jueves en una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el barrio de Orriols.

La cita, organizada y comunicada por el Ministerio de Derechos Sociales, consiste en un encuentro con diferentes entidades de desarrollo comunitario en la sede de Orriols Convive, una iniciativa del barrio, para abordar cuestiones relacionadas con vivienda y servicios sociales. Organizada a instancias del ministerio de Bustinduy, el dirigente de Sumar ha decidido invitar a la exvicepresidenta del Consell, que fue responsable de servicios sociales, igualdad e inclusión, según trasladan fuentes conocedoras de la reunión. Sumar trabaja mano a mano con el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, hasta hace un mes portavoz de Iniciativa, el partido que fundó Oltra, y una de las personas más próximas a la exvicepresidenta. En su etapa fuera de la primera política Oltra retomó la abogacía, especializándose en la mediación como “herramienta contra las injusticias”. Asistirán al encuentro la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y la concejala Lucía Beamud, acompañando a Oltra.

El espacio, el tema y el momento resultan especialmente relevantes. Orriols es uno de los barrios con mayor multiculturalidad de la ciudad, a menudo señalado y estigmatizado. Es también uno de los sectores con menor renta y con movimientos vecinales más activos, especialmente en materia de vivienda y convivencia. La iniciativa Orriols Convive, en cuya sede se aloja el encuentro, forma parte de Orriols en Lluita, un espacio que agrupa a asociaciones del barrio, que luchan contra el estigma y en favor de la convivencia mediante proyectos comunitarios. Entre ellos, están los huertos comunitarios autogestionados, un espacio educativo, una emisora de radio o clases de castellano para personas migrantes, con profesorado voluntario que apoya en cuestiones como documentación, salud y vida cotidiana.

La reunión será el segundo acto público de Oltra tras anunciar su regreso a la política en el congreso de Iniciativa-Compromís el pasado 28 de marzo. Oltra está retomando la agenda poco a poco, en espacios de confianza y adaptándose a los ritmos. También va configurando poco a poco su equipo y ha de aterrizar la decisión en el seno de Compromís, configurando el artefacto electoral.

La exdirigente, pendiente de juicio acusada por la extrema derecha, ya saltó al ruedo en el acto contra la guerra y el lawfare organizado por los socialdemócratas portugueses, con la ministra Sira Rego (Izquierda Unida, integrada en Sumar), la eurodiputada Irene Montero (Podemos) y la primera dama brasileña, Janja da Silva. El cartel sirvió no solo para marcar públicamente su regreso, sino como imagen para ilustrar la vocación de las izquierdas por plantar la batalla electoral mediante una alianza. Tras este evento, en el que se mostró en plena forma, concedió una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, la primera en años, en la que relató sus intenciones respecto a la alcaldía de València: “Me hace especial ilusión. Es una ciudad que adoro, que vivo todos los días”.

La exvicepresidenta del Consell trasladó en el congreso de Iniciativa, el pasado 28 de marzo, su deseo de concurrir a las elecciones municipales como cabeza de lista por Compromís. Lo hizo ante la atenta mirada y el aplauso de dirigentes de otras formaciones de izquierdas, como Esquerra Unida y Podemos, además de los partidos que componen la coalición, Més y Els Verds. La idea que trabajan estas formaciones es buscar una candidatura conjunta también abierta a movimientos sociales. Un asunto que está por concretar en el seno de cada formación. Desde entonces, la futura candidata de Compromís va dando pasos que aterricen esta cuestión, pasos que serán claves en la alianza y el devenir electoral de las izquierdas en la Comunitat Valenciana.

L’ex-vicepresidenta del Consell Mónica Oltra inicia la seua agenda com a candidata a l’alcaldia de València. L’exdirigent de Compromís, que aspira a liderar la candidatura unitària d’esquerres en la capital amb la coalició valencianista, participa dijous en una reunió amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, en el barri d’Orriols.

La cita, organitzada i comunicada pel Ministeri de Drets Socials, consisteix en una trobada amb diferents entitats de desenvolupament comunitari en la seu d’Orriols Conviu, una iniciativa comunitària del barri. Organitzada a instàncies del ministeri de Bustinduy, el dirigent de Sumar ha decidit convidar l’ex-vicepresidenta del Consell, que va ser responsable de serveis socials, igualtat i inclusió, segons traslladen fonts coneixedores de la reunió. En la seua etapa fora de la primera línia política Oltra va reprendre l’advocacia, especialitzant-se en la mediació com a “eina contra les injustícies”. Assistiran a la trobada amb les entitats la representant de Compromís per València, Papi Robles, i la regidora Lucía Beamud, a qui han convidat a participar des del ministeri i l’entorn d’Oltra.

L’espai i el tema resulten especialment rellevants. Orriols és un dels barris amb més multiculturalitat de la ciutat, sovint assenyalat i estigmatitzat. És també un dels sectors amb menys renda i amb moviments veïnals més actius, especialment en matèria d’habitatge i convivència. La iniciativa Orriols Conviu, en la seu de la qual s’allotja la trobada, forma part d’Orriols en Lluita, un espai que agrupa associacions del barri, que lluiten contra l’estigma i en favor de la convivència mitjançant projectes comunitaris. Entre aquests, estan els horts comunitaris autogestionats, un espai educatiu, una emissora de ràdio o classes de castellà per a persones migrants, amb professorat voluntari que dona suport en qüestions com ara documentació, salut i vida quotidiana.

La reunió serà el segon acte públic d’Oltra després d’anunciar el seu retorn a la política en el congrés d’Iniciativa-Compromís el 28 de març passat. Oltra va reprenent l’agenda a poc a poc, en espais controlats i adaptant-se als ritmes. L’exdirigent, pendent de judici acusada per l’extrema dreta, ja va saltar a l’arena en l’acte contra la guerra i el lawfare organitzat pels socialdemòcrates portuguesos, amb la ministra Sira Rego (Esquerra Unida), l’eurodiputada Irene Montero (Podem) i la primera dama brasilera, Janja da Silva. El cartell va servir no sols per a marcar públicament el seu retorn, sinó com a imatge per a il·lustrar la vocació de les esquerres per plantar la batalla electoral mitjançant una aliança. Després d’aquest esdeveniment, en què es va mostrar en plena forma, va concedir una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, la primera en anys.

L’ex-vicepresidenta del Consell va traslladar en el congrés d’Iniciativa, el 28 de març passat, el desig de concórrer a les eleccions municipals com a cap de llista per Compromís. Ho va fer davant l’atenta mirada i l’aplaudiment de dirigents d’altres formacions d’esquerres, com Esquerra Unida i Podem, a més dels partits que componen la coalició. La idea que treballen aquests partits és buscar una candidatura conjunta també oberta a moviments socials. Un assumpte que està per concretar en el si de cada formació. Des de llavors, la futura candidata de Compromís va fent passos que aterren aquesta qüestió, passos que seran claus en l’aliança i l’esdevenir electoral de les esquerres a la Comunitat Valenciana.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no tira la toalla con el real decreto de prórrogas al alquiler que se vota el próximo 28 de abril. Y eso que todos los partidos de derecha, incluido Junts, ya han dicho que no votarán a favor. Después de difundir una encuesta que muestra que la mayoría de votantes, de izquierda y derecha, apoyan este decreto, este lunes ha augurado en una atención a los medios de comunicación “un gran coste político” a la derecha si vota en contra.

“Entre los votantes de derechas, hay el doble de inquilinos que de caseros”, ha dicho Bustinduy, que en contra de lo manifestado por los partidos se muestra “convencido” de que el decreto extraordinario va a salir adelante “no porque sea prioridad de Sumar, sino porque es de interés general”.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y obliga a los propietarios a prorrogar los contratos de alquiler que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. Pero ante la posibilidad más que elevada de que el decreto decaiga en el Congreso, voces de la patronal ya han advertido de que los contratos que venzan una vez decaiga, no serán prorrogados. Los inquilinos, en cambio, así como Consumo, aseguran que todo burofax que se envíe antes de que el decreto decaiga da derecho a esta prórroga.

“No hay ninguna duda. Todas las prórrogas solicitadas al amparo de un decreto en vigencia serán válidos”, ha dicho Bustinduy, que ha dado por buenos los comunicados de sindicatos de inquilinos de que está habiendo un “clamor” y una “avalancha” de comunicados para solicitar la prórroga, si bien no existen cifras oficiales o estimadas de cuántos comunicados se han enviado.

Las declaraciones de Bustinduy coinciden con un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo The Left, al que pertenece Sumar, que cifra en un 74% el apoyo de los ciudadanos españoles al decreto de la prórroga a los alquileres, que también cuenta con un 65% de apoyo entre los votantes del PP y un 60% entre los de Vox.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox. Es por ello que Bustinduy plantea que los partidos de derecha y ultraderecha pagarán un coste político en caso de que no se apruebe.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

Pasado, presente y, sobre todo, futuro, se han fundido este 14 de abril en la plaza Unzaga de Eibar. Hace 95 años el balcón del Ayuntamiento que preside esta plaza fue el primero de España en proclamar la II República y ondear la bandera roja, amarilla y morada que daba paso a una nueva era. Era martes, como este 14 de abril de 2026 en el que la localidad guipuzcoana ha sido proclamada lugar de memoria para que se recuerde, o para que no se olvide. Porque “la memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente”, sobre todo cuando “la sombra gris” del fascismo y el totalitarismo se extienden por el mundo, según ha apuntado el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.

Bustinduy comparte apellido con Gregorio, uno de los concejales de Eibar que firmaron aquella primera acta republicana hace 95 años. Era primo de su bisuabuelo. El ministro ha presidido un emotivo acto, sólo deslucido por la lluvia intermitente, presidido por una bandera republicana y en el que no han faltado la música ni las alusiones a poetas clave en la República como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Se ha descubierto la placa en la fachada del ayuntamiento que certifica el reconocimiento a esta localidad como lugar de memoria. Junto al ministro Bustinduy, han participado en el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez,la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Arritxu Marañón, y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, todos ellos socialistas.

Bustinduy ha resaltado la importancia del mensaje que se lanzó aquel 14 de abril de hace 95 años desde el balcón del Ayuntamiento. “Hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero: un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Un mensaje que decía que nadie es menos que nadie, que el pueblo tiene todo el derecho y todo el saber para gobernarse a sí mismo”, ha dicho. El ministro ha señalado que “el destino de los países no lo han forjado nunca ni los reyes ni los terratenientes, sino los trabajadores que han levantado la vida de cada uno de nuestros países”. En este sentido, ha considerado que es un mensaje que es hoy es “particularmente importante” porque en el mundo “vuelven a campar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles”. “Es obligación democrática hacer ese mensaje nuestro” y, tal y como “está haciendo el Gobierno”, decir “alto y claro” que “la solución a los problemas del mundo nunca puede pasar por la guerra, por la violencia y por el conflicto”.

Ha recordado que sobre Eibar se lanzaron 7.000 kilos de bombas en la guerra civil, “que quisieron acabar con toda la historia a base de bombas, de fusilamientos, de exilio y de hambre”. “Esta ciudad lo lleva grabado en su seno. Pero han de saber con certeza los imitadores de aquellos verdugos que ni 7.000 kilos de bombas pudieron apagar la llama que prendió aquí, no han podido borrar su memoria. Seguimos siendo ese pasado que está vivo y en este 14 de abril, en el que las negras tormentas vuelven a ensombrecer el futuro de Europa y del mundo, nuestra voz debe alzarse de nuevo con la misma determinación que hace 95 años contra los imperios y contra sus guerras”, ha señalado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ya el año pasado visitó el 14 de abril Eibar para anunciar que sería proclamada lugar de memoria, ha destacado también los bombardeos que sufrió la localidad y sobre todo la represión posterior del franquismo contra este pueblo por haber sido precisamente la vanguardia de la declaración de la República. “La memoria contempla el pasado para aprender de él, para que los hechos traumáticos de ese pasado no vuelvan a repartirse nunca más, pero también es una apuesta de presente y es una apuesta de futuro. Nos permite estar alerta de los peligros que tiene la democracia en estos momentos ante los avances de las extremas derechas y de la derecha extrema en España en Europa y en el mundo”, ha señalado.

Martínez ha recordado que “costó muchísimo conquistar la democracia que hoy felizmente se disfruta” y que “se puede perder en cualquier momento”. Por eso, ha señalado que la memoria alerta de los peligros y por eso es “uno de los principales antídotos contra el avance del populismo y el avance del neofascismo de las extremas derechas”. “Por eso, las derechas de este país se oponen a la memoria democrática”, ha añadido.

Por su parte, Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivenci,a ha agradecido desde Euskadi al Gobierno central su reconocimiento hacia Eibar y por el trabajo de recuperación que se está haciendo a lo largo de toda España. “Gracias por abrir esas cunetas, por desenterrar a tantas personas asesinadas y desaparecidas durante tantos y tantos años y sacar esa dignidad que nunca han perdido a respirar de nuevo, y a que sus familiares vuelvan otra vez a llevarles flores”, ha indicado.

También ha habido agradecimientos por parte del alcalde de Eibar, el socialista Jon Iraola. “Es muy importante que se reconozca la valentía de Eibar con ese reconocimiento como lugar de memoria, democrática. Es una cuestión de dignidad y muy merecida que tengamos ese título”, ha señalado. Iraola ha agradecido al ministro Bustinduy su presencia, al que ha adoptado como vecino de la localidad obsequiándole con una camiseta del Eibar con su apellido en la espalda. El mismo de Gregorio, aquel concejal de Izquierda Republicana que formó parte del pleno de Eibar que aquel 14 de abril de 1931 se adelantó y fue el primer consistorio que proclamó la II República.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

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En plena crisis por los efectos económicos de la guerra en Irán en carburantes y bienes básicos, y pocos días después de un difícil acuerdo entre las izquierdas en Andalucía, entrevistamos a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y uno de los principales rostros de Sumar.

Le preguntamos por la situación de la vivienda después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto para prorrogar de forma automática los alquileres que vencen antes de 2027, por la carta de Consumo a 13 grandes tenedores para que lo cumplan, y por las multas que su cartera ha puesto a gigantes como Airbnb o Alquiler Seguro por ilegalidades relacionadas con la vivienda. 

Puedes ver el programa completo aquí:

Hablamos de si es posible la unidad en la izquierda estatal después del acuerdo alcanzado para las autonómicas en Andalucía tras los malos resultados en Aragón y Castilla y León, y de quién debería liderar ese espacio. Y le preguntamos cómo nos afecta como consumidores que el mundo esté en llamas, incendiado por dos pirómanos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Terminamos abordando la crisis de la vivienda desde otra perspectiva con Llucia Ramis, autora de “Un metro cuadrado” (IV premio de No Ficción de Libros del Asteroide), una crónica del encarecimiento de la vivienda y de la gentrificación de ciudades como Barcelona a través de todos los pisos en los que ha vivido en los últimos 30 años.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en determinados supuestos. La medida afecta a los arrendamientos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la extensión.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, dentro del paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales.

Un nuevo derecho para los arrendatarios

Según detalla el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha instado a las entidades afectadas a adaptar de inmediato sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Pendiente de convalidación en el Congreso

El movimiento del Ejecutivo llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler y con la convalidación parlamentaria del decreto aún pendiente. El texto deberá ser debatido en el Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno confía en contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.

En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han intensificado sus mensajes públicos en los últimos días para animar a los inquilinos que cumplan los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.

Tensiones dentro del Ejecutivo por la medida

La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. La medida se acordó en un Consejo de Ministros extraordinario en el que los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de esta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado— y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha prometido este viernes que su departamento pondrá en marcha “más actuaciones en materia de vivienda para defender los derechos de los inquilinos” y se ha mostrado confiado en que el Gobierno logrará sacar adelante en el Congreso la convalidación de su decreto de medidas de vivienda, aprobado la semana pasada. En una entrevista en el VI Foro Económico organizado por elDiario.es, Bustinduy ha asegurado, además, que la presión de los arrendatarios beneficiados por la prórroga de los alquileres contenida en ese decreto es “una marea imparable”.

“Es emocionante ver cómo la sociedad española está reaccionando” ante la crisis de acceso a la vivienda, así como el hecho de que la web puesta en marcha por la Confederación de Sindicatos de Inquilinos para informar sobre cómo solicitar la prórroga de los contratos a los arrendadores (que puede beneficiar casi a tres millones de personas, ha recordado) “haya recibido medio millón de visitas en 36 horas”, ha señalado el ministro. Bustinduy ha vuelto a hacer un “llamamiento a que todo el mundo a quien le venza su contrato solicite la prórroga”, y también ha mostrado su “determinación absoluta” para que el decreto sea convalidado en el Congreso cuando se debata en las próximas semanas. “Los inquilinos e inquilinas van a ganar esa votación, la sociedad española la va a ganar”, ha afirmado.

El titular de Derechos Sociales, asimismo, ha recordado que el decreto “también topa la actualización de todos los contratos que afectan a ocho millones de compatriotas al 2%”. Y se ha preguntado si PP y Junts van a tumbar, junto a Vox, una medida para “proteger a la ciudadanía de los efectos y las consecuencias económicas del desastre de la guerra ilegal de Trump en Irán”.

De la misma manera, Bustinduy ha recordado que su departamento “siempre ha encontrado el respaldo de la justicia” a las medidas que ha puesto en marcha para atajar la existencia de alquileres vacacionales ilegales. “Hoy en día esos 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos ya no existen, hay una multa firme de 64 millones de euros [contra Airbnb], y el mensaje es bien claro: hay que cumplir la ley en España y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede permitirse desarrollar una actividad económica extraordinariamente lucrativa sin respetar la legislación vigente en España”, ha afirmado el ministro, que ha criticado que administraciones como el Ayuntamiento de Madrid se hayan “desentendido” de la persecución de estos alojamientos ilegales.

Más allá de la vivienda, Bustinduy ha defendido la puesta en marcha de una “prestación universal por crianza” como “la solución a la pobreza infantil en España”. “Las cifras en niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión son inaceptables para un país rico como es España”, y “no se puede consentir que uno de cada tres niños crezcan” en estas circunstancias, ha denunciado el ministro, que ha asegurado, además, que esta medida debe ser “universal” y tener el carácter de “derecho de ciudadanía”, no de “ayuda que se solicita a través de un proceso burocrático farragoso”. “Esa es la manera de asegurar que llega a todas partes, porque algunas ayudas no llegan a quienes más lo necesitan”, ha planteado.

Asimismo, Bustinduy se ha mostrado partidario de poner en marcha un impuesto a los “ultrarricos” que grave a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. “Una tasa adicional del 2% a estos patrimonios permitiría recaudar 5.000 millones de euros anuales, que es el coste estimado del paquete de escudo social que se aprobó ayer en el Congreso”, y afectaría a “menos de 400 personas en España”, ha calculado el ministro, que ha alertado de que “los procesos de acumulación de poder y riqueza no solo son económicamente disfuncionales, sino que amenazan” la “cohesión social” y “ponen en riesgo las condiciones de posibilidad de la democracia misma”.

Por último, Bustinduy ha querido avisar de lo “extraordinariamente preocupante” que es la “violencia” ejercida contra “mujeres y organizaciones políticas de izquierdas”, así como su “normalización” en los últimos años. El ministro ha recordado los nombres de dirigentes afectados por estas “persecuciones judiciales, montajes policiales y señalamientos”, como los de Irene Montero, Rita Maestre, Pablo Iglesias o Mónica Oltra, y también ha mencionado expresamente al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, cuya detención este jueves calificó de “inaceptable”. “De esto nos enteramos porque le sucedió a un líder social que ha sido diputado, pero si no no nos hubiéramos enterado, y no se puede normalizar en una democracia que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales”, ha denunciado.

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente un real decreto específico en materia de vivienda. El texto, pactado in extremis en la reunión extraordinaria del gabinete, incorpora una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir de este sábado. Esta era una de las reivindicaciones del socio minoritario, Sumar, que se plantó este viernes y retrasó más de dos horas la reunión.

“Hemos conseguido lo que queríamos, la prórroga de los contratos de alquiler. Más de un millón de contratos, más de dos millones de personas. Estamos satisfechos”, ha celebrado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una intervención en 'La Sexta'. Esa prórroga implica que ese millón de contratos que finalizan en los próximos dos años, según los cálculos de este departamento, se amplían automáticamente, sin posibilidad de subir los precios. “La gente no va a tener que irse de su casa porque le suban un 50% el alquiler”, ha indicado.

Las medidas aprobadas este viernes entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ocurrirá, según ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mañana mismo”. Después, el Ejecutivo tendrá 30 días para que se ratifiquen en el Congreso. “No contamos con el apoyo de todos los grupos”, ha reconocido Sánchez, pero se aprobará “una congelación temporal de los precios del alquiler”, como la que se puso en marcha “en crisis previas”, como la de Ucrania, cuando “se aprobaron por muchos grupos parlamentarios, a izquierda y derecha, este tipo de medidas”.

“Somos conscientes desde el poder ejecutivo de que no existe una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, insistió el presidente, que confía en poder “seguir negociando con los grupos y sacarlo adelante” en los próximos días.

Por su parte, Bustinduy se mostró optimista sobre la posibilidad de ganarse el apoyo de Junts a este real decreto. “Tenemos un mes para conseguir toda la fuerza social, la movilización, para que en esa votación se vea claramente quién está a favor de proteger a millones de personas, a las que les va la vida en ello, y quién está defendiendo otro tipo de intereses”, advirtió.

En ese sentido, desde Consumo insisten en que se trata de una “demanda de la sociedad civil”, tras el pronunciamiento a favor no solo de varios grupos políticos, como ERC, Bildu o Podemos, sino de organizaciones como Amnistía Internacional, Oxfam Intermon y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

La elaboración de dos textos, uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas, ha sido la fórmula para salvar esas diferencias entre Sumar y el resto de socios a la izquierda del PSOE, que exigían incorporar un blindaje a los alquileres y el ala socialista del Ejecutivo, que prefería llevar al Congreso un único paquete de consenso, que pasase sin dificultad el trámite parlamentario, tras la negativa de Junts a votar a favor de medidas en materia de vivienda.

Podemos mueve ficha. La formación de Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias se acerca a Gabriel Rufián en pleno proceso de reseteo de la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral. El portavoz de ERC en el Congreso, que ya amagó hace un mes con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado (Más Madrid) para pedir la unidad de todas las formaciones progresistas, compartirá ahora cartel con la eurodiputada y exministra de Igualdad el 9 de abril en Barcelona. Un acto que pone sobre la mesa el horizonte de un posible acuerdo para las elecciones generales mientras los partidos de Sumar se enredan en la sucesión de Yolanda Díaz.

Fuentes de Podemos llegan a asegurar que Montero y Rufián han comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. Y la propia Irene Montero abrió incluso de par en par la puerta a formar tándem con el portavoz independentista. “A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo, todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales”, dijo Montero en una entrevista este jueves en TVE.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, fue aún un paso más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas y recuperar la “esperanza” para la izquierda. “Esa esperanza es necesaria ofrecérsela a la gente y a mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, dijo en declaraciones a TVE.

Desde el entorno de Gabriel Rufián, sin embargo, se apresuraron a bajar el suflé, quizás temerosos de las reacciones de su propio partido. En su equipo se limitan a apuntar que se trata únicamente de una “charla” y se desmarcan de cualquier hipótesis de negociación de coaliciones y de que el encuentro con Podemos implique ningún tipo de alianza futura.

“Esos titulares, provocados quizás por una de las dos partes, son interesados. De lo que se trata es de debatir cómo y de qué manera encaramos las izquierdas el futuro inmediato. Quienes deciden la política de alianzas son los partidos. Y el partido de Gabriel Rufián es Esquerra Republicana de Catalunya”, dijo en La Sexta Joan Tardá, el histórico portavoz de ERC y persona más cercana a Rufián entre los republicanos.

El anuncio del acto con Rufián, Montero y Xavier Domènech en Barcelona, que empezó a prepararse a finales de febrero, cogió a la mayoría de ERC con el pie cambiado. Un dirigente confesaba su estupor ante los titulares que hablaban de una candidatura conjunta con Podemos. “No sabría decirte ni quién es la gente de Podem en Catalunya”, apunta.

La iniciativa del diputado republicano en Madrid generó primero sorpresa y, después, enfado en la dirección. Fuentes de ERC recuerdan que el partido se ha posicionado de forma clara sobre la cuestión y que Oriol Junqueras ha sido rotundo al afirmar que Esquerra se presentará en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que lo hará con sus propias siglas. Además, descartan que se esté negociando ninguna coalición.

“Rufián insiste en el peligro de la extrema derecha, ¿cree que no sabemos lo que es?”, se pregunta este mismo dirigente. “Lo que pasa es que nosotros consideramos que es mucho más útil que haya diferentes izquierdas que puedan cubrir a más votantes”, abunda. En la cúpula republicana hace semanas que temen que la iniciativa de Rufián les acabe haciendo perder votos.

La crisis de las izquierdas

El movimiento de Podemos supone, en realidad, un volantazo en su propia estrategia política e incluso en la relación con Rufián, que en los últimos meses había llegado a lamentar públicamente los constantes dardos recibidos por los morados. “Sólo lo diré una vez. Sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales bully en contra. Primero porque es mentira. Segundo porque es muy cansado. Tercero porque ahuyenta a la gente NORMAL. Y cuarto porque es EXACTAMENTE lo mismo que hace la derecha. Hagan el favor que se les defiende y defenderá pero a veces lo ponen muy difícil”.

Pablo Iglesias llegó a decir públicamente que, en su opinión, Gabriel Rufián demostraba con su actitud hacia agitadores fascistas como Vito Quiles no ser suficientemente de izquierdas. “Yo le quiero mucho, pero le veo tan en el PSOE últimamente...(...) Vito Quiles es un escuadrista, es un provocador, y a esta gente no hay que darles ni un milímetro. Yo cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con este es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!”, dijo en TVE.

Pero este acercamiento se produce en un contexto político muy concreto. Por un lado, el paso junto a Rufián llega tras las debacles electorales de Aragón y Castilla y León, donde los morados se quedaron sin representación parlamentaria con los peores resultados de su historia. Una crisis política en toda regla que hace crecer los temores internos sobre la viabilidad de que Podemos continúe su aventura política en solitario de cara a las generales tras su ruptura con Sumar.

En los últimos meses, de hecho, han crecido las voces internas que piden un cambio de rumbo. En plena precampaña de las elecciones a la Junta de Andalucía, varios dirigentes autonómicos se revolvieron contra la dirección estatal para exigir que la alianza electoral con el resto de las formaciones de izquierdas se mantenga vigente.

Pero los de Montero y Belarra, además, deciden compartir cartel con uno de los políticos de izquierdas más populares para los votantes progresistas coincidiendo también con la travesía del desierto que afronta Sumar. La coalición impulsada por Yolanda Díaz anda inmersa en los líos internos de las formaciones políticas de ese espacio por la búsqueda del sucesor o la sucesora de la vicepresidenta, que dejó el asiento vacante tras anunciar que no repetirá como candidata. Además, Sumar también lleva la crisis a cuestas de los resultados electorales cosechados principalmente en Castilla y León, donde tampoco consiguieron representación en las Cortes.

En la digestión de ese batacazo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pidió al conjunto de partidos del espacio político acelerar el proceso de decisión del nuevo líder. Y tal y como publicó este periódico, el nombre de consenso en la propia IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes es el de Pablo Bustinduy.

Según confirman desde la dirección de esas cuatro formaciones políticas a elDiario.es, “llevan meses” tratando de “convencer” al ministro de dar un paso del que, por ahora, reniega. “No creo que sea el papel que yo debo asumir”, volvió a desmarcarse este miércoles. La publicación de esa petición expresa de los partidos a Bustinduy molestó al ministro, que lo recibió como un intento de presión por parte de las formaciones políticas, según confirman fuentes al más alto nivel de ese espacio. Y por eso, admiten, emitieron una nota en la que aseguraron que nunca se lo han llegado a pedir formalmente.

Con el ciclo electoral autonómico en marcha y en plena cuenta atrás para las generales, que Pedro Sánchez insiste en fijar en verano de 2027, la incógnita de a quién podrá votar el electorado progresista a la izquierda del PSOE continúa sin resolverse. Por el momento, se amontonan las preguntas sin respuesta, como la de si Rufián se decidirá o no a romper con ERC para ser candidato estatal, o si ese camino lo compartirá o no con Podemos. O incluso si Podemos, a su vez, irá al final de la mano con Sumar. No hay indicios de que esta vez la izquierda, para variar, opte por el camino más recto y se apresure a despejar todas esas ecuaciones.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, dijo hoy que si Aena mantiene una “visión comunista del mundo” y aplica las mismas tasas a todos los aeropuertos su aerolínea seguirá reduciendo destinos regionales, y volvió a cargar contra el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, por el litigio sobre el equipaje de mano gratuito.

“Es un idiota. Y cuanto antes lo echen del cargo, mejor. Y no tenemos ninguna relación con él. Su multa sobre el equipaje de mano, inventada por su departamento, es claramente ilegal”, dijo O'Leary preguntado por EFE por su relación con el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Bustiduy ha respondido al consejero delegado de Ryanair a través de su cuenta en la red social Bluesky: “O'Leary no está acostumbrado a que le planten cara, pero en España ha tocado hueso. por mucho que insulte y patalee, por mucho dinero que tenga, aquí va a tener que cumplir la ley y respetar los derechos de los consumidores. Y pagar 107 millones de multa. Eso también”.

La aerolínea irlandesa de bajo coste fue sancionada con 107 millones de euros en España por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano, multa que Ryanair ha recurrido en los tribunales.

En paralelo, la compañía ha presionado al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas, y el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a España al considerar que las restricciones al cobro por el equipaje de mano podrían contravenir la normativa comunitaria.

“La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción y (Bustinduy) perderá esos procedimientos. Pero, ¿y luego qué? Nunca ha tenido un trabajo en el mundo real. Ya sabe, papá y mamá fueron ministros del Gobierno español y él no tiene ni idea de lo que quieren los consumidores”, dijo una entrevista a EFE en el marco de la reunión anual en Bruselas de las grandes aerolíneas europeas.

Según O'Leary, los consumidores “quieren tarifas más bajas en España, no el derecho a llevar dos bolsas, tres bolsas o cuatro bolsas” y aseguró que la ofensiva del Ejecutivo español contra el cobro por la maleta es una “estupidez” de la que el ministro ahora “está sacando rédito político de ello”.

“Pero, en fin, es otro ministro desconectado de la realidad en un Gobierno español fracasado”, remató.

El máximo responsable de la aerolínea que más pasajeros transporta en la Unión Europea también se explayó contra la empresa pública que gestiona la mayoría de los aeropuertos en España, Aena.

“Seguimos creciendo en España, a pesar de que Aena quiere seguir subiendo las tasas. Estamos reduciendo en la España regional, pero creciendo en Madrid y Barcelona. Así que, como siempre, cuando tienes un monopolio caro como Aena, son los aeropuertos regionales los que salen perdiendo, porque los grandes aeropuertos siguen ganando”, señaló.

O'Leary agregó que “si aumentas las tasas aeroportuarias, puedes trasladarlo en forma de tarifas más altas en Madrid y Barcelona, pero no puedes hacerlo en Valladolid, no puedes hacerlo en Santiago de Compostela”.

“Esos necesitan costes mucho más bajos. Pero Aena tiene esta visión comunista del mundo: que todo el mundo debería pagar las mismas tasas. Esa no es la manera de hacer crecer los aeropuertos regionales. Y por eso los aeropuertos regionales en España se están muriendo”, agregó.

O'Leary, que acostumbra a utilizar las polémicas públicas como palanca de publicidad para su compañía, se ha enfrentado con perfiles políticos tan distantes como el izquierdista Bustinduy y el multimillonario Elon Musk, cercano a la extrema derecha y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Todos están locos. Yo soy el único sensato que hay por ahí”, bromeó el controvertido empresario.