Pasado, presente y, sobre todo, futuro, se han fundido este 14 de abril en la plaza Unzaga de Eibar. Hace 95 años el balcón del Ayuntamiento que preside esta plaza fue el primero de España en proclamar la II República y ondear la bandera roja, amarilla y morada que daba paso a una nueva era. Era martes, como este 14 de abril de 2026 en el que la localidad guipuzcoana ha sido proclamada lugar de memoria para que se recuerde, o para que no se olvide. Porque “la memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente”, sobre todo cuando “la sombra gris” del fascismo y el totalitarismo se extienden por el mundo, según ha apuntado el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.

Bustinduy comparte apellido con Gregorio, uno de los concejales de Eibar que firmaron aquella primera acta republicana hace 95 años. Era primo de su bisuabuelo. El ministro ha presidido un emotivo acto, sólo deslucido por la lluvia intermitente, presidido por una bandera republicana y en el que no han faltado la música ni las alusiones a poetas clave en la República como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Se ha descubierto la placa en la fachada del ayuntamiento que certifica el reconocimiento a esta localidad como lugar de memoria. Junto al ministro Bustinduy, han participado en el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez,la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Arritxu Marañón, y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, todos ellos socialistas.

Bustinduy ha resaltado la importancia del mensaje que se lanzó aquel 14 de abril de hace 95 años desde el balcón del Ayuntamiento. “Hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero: un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Un mensaje que decía que nadie es menos que nadie, que el pueblo tiene todo el derecho y todo el saber para gobernarse a sí mismo”, ha dicho. El ministro ha señalado que “el destino de los países no lo han forjado nunca ni los reyes ni los terratenientes, sino los trabajadores que han levantado la vida de cada uno de nuestros países”. En este sentido, ha considerado que es un mensaje que es hoy es “particularmente importante” porque en el mundo “vuelven a campar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles”. “Es obligación democrática hacer ese mensaje nuestro” y, tal y como “está haciendo el Gobierno”, decir “alto y claro” que “la solución a los problemas del mundo nunca puede pasar por la guerra, por la violencia y por el conflicto”.

Ha recordado que sobre Eibar se lanzaron 7.000 kilos de bombas en la guerra civil, “que quisieron acabar con toda la historia a base de bombas, de fusilamientos, de exilio y de hambre”. “Esta ciudad lo lleva grabado en su seno. Pero han de saber con certeza los imitadores de aquellos verdugos que ni 7.000 kilos de bombas pudieron apagar la llama que prendió aquí, no han podido borrar su memoria. Seguimos siendo ese pasado que está vivo y en este 14 de abril, en el que las negras tormentas vuelven a ensombrecer el futuro de Europa y del mundo, nuestra voz debe alzarse de nuevo con la misma determinación que hace 95 años contra los imperios y contra sus guerras”, ha señalado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ya el año pasado visitó el 14 de abril Eibar para anunciar que sería proclamada lugar de memoria, ha destacado también los bombardeos que sufrió la localidad y sobre todo la represión posterior del franquismo contra este pueblo por haber sido precisamente la vanguardia de la declaración de la República. “La memoria contempla el pasado para aprender de él, para que los hechos traumáticos de ese pasado no vuelvan a repartirse nunca más, pero también es una apuesta de presente y es una apuesta de futuro. Nos permite estar alerta de los peligros que tiene la democracia en estos momentos ante los avances de las extremas derechas y de la derecha extrema en España en Europa y en el mundo”, ha señalado.

Martínez ha recordado que “costó muchísimo conquistar la democracia que hoy felizmente se disfruta” y que “se puede perder en cualquier momento”. Por eso, ha señalado que la memoria alerta de los peligros y por eso es “uno de los principales antídotos contra el avance del populismo y el avance del neofascismo de las extremas derechas”. “Por eso, las derechas de este país se oponen a la memoria democrática”, ha añadido.

Por su parte, Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivenci,a ha agradecido desde Euskadi al Gobierno central su reconocimiento hacia Eibar y por el trabajo de recuperación que se está haciendo a lo largo de toda España. “Gracias por abrir esas cunetas, por desenterrar a tantas personas asesinadas y desaparecidas durante tantos y tantos años y sacar esa dignidad que nunca han perdido a respirar de nuevo, y a que sus familiares vuelvan otra vez a llevarles flores”, ha indicado.

También ha habido agradecimientos por parte del alcalde de Eibar, el socialista Jon Iraola. “Es muy importante que se reconozca la valentía de Eibar con ese reconocimiento como lugar de memoria, democrática. Es una cuestión de dignidad y muy merecida que tengamos ese título”, ha señalado. Iraola ha agradecido al ministro Bustinduy su presencia, al que ha adoptado como vecino de la localidad obsequiándole con una camiseta del Eibar con su apellido en la espalda. El mismo de Gregorio, aquel concejal de Izquierda Republicana que formó parte del pleno de Eibar que aquel 14 de abril de 1931 se adelantó y fue el primer consistorio que proclamó la II República.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

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En plena crisis por los efectos económicos de la guerra en Irán en carburantes y bienes básicos, y pocos días después de un difícil acuerdo entre las izquierdas en Andalucía, entrevistamos a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y uno de los principales rostros de Sumar.

Le preguntamos por la situación de la vivienda después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto para prorrogar de forma automática los alquileres que vencen antes de 2027, por la carta de Consumo a 13 grandes tenedores para que lo cumplan, y por las multas que su cartera ha puesto a gigantes como Airbnb o Alquiler Seguro por ilegalidades relacionadas con la vivienda. 

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Hablamos de si es posible la unidad en la izquierda estatal después del acuerdo alcanzado para las autonómicas en Andalucía tras los malos resultados en Aragón y Castilla y León, y de quién debería liderar ese espacio. Y le preguntamos cómo nos afecta como consumidores que el mundo esté en llamas, incendiado por dos pirómanos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Terminamos abordando la crisis de la vivienda desde otra perspectiva con Llucia Ramis, autora de “Un metro cuadrado” (IV premio de No Ficción de Libros del Asteroide), una crónica del encarecimiento de la vivienda y de la gentrificación de ciudades como Barcelona a través de todos los pisos en los que ha vivido en los últimos 30 años.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en determinados supuestos. La medida afecta a los arrendamientos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la extensión.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, dentro del paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales.

Un nuevo derecho para los arrendatarios

Según detalla el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha instado a las entidades afectadas a adaptar de inmediato sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Pendiente de convalidación en el Congreso

El movimiento del Ejecutivo llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler y con la convalidación parlamentaria del decreto aún pendiente. El texto deberá ser debatido en el Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno confía en contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.

En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han intensificado sus mensajes públicos en los últimos días para animar a los inquilinos que cumplan los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.

Tensiones dentro del Ejecutivo por la medida

La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. La medida se acordó en un Consejo de Ministros extraordinario en el que los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de esta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado— y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha prometido este viernes que su departamento pondrá en marcha “más actuaciones en materia de vivienda para defender los derechos de los inquilinos” y se ha mostrado confiado en que el Gobierno logrará sacar adelante en el Congreso la convalidación de su decreto de medidas de vivienda, aprobado la semana pasada. En una entrevista en el VI Foro Económico organizado por elDiario.es, Bustinduy ha asegurado, además, que la presión de los arrendatarios beneficiados por la prórroga de los alquileres contenida en ese decreto es “una marea imparable”.

“Es emocionante ver cómo la sociedad española está reaccionando” ante la crisis de acceso a la vivienda, así como el hecho de que la web puesta en marcha por la Confederación de Sindicatos de Inquilinos para informar sobre cómo solicitar la prórroga de los contratos a los arrendadores (que puede beneficiar casi a tres millones de personas, ha recordado) “haya recibido medio millón de visitas en 36 horas”, ha señalado el ministro. Bustinduy ha vuelto a hacer un “llamamiento a que todo el mundo a quien le venza su contrato solicite la prórroga”, y también ha mostrado su “determinación absoluta” para que el decreto sea convalidado en el Congreso cuando se debata en las próximas semanas. “Los inquilinos e inquilinas van a ganar esa votación, la sociedad española la va a ganar”, ha afirmado.

El titular de Derechos Sociales, asimismo, ha recordado que el decreto “también topa la actualización de todos los contratos que afectan a ocho millones de compatriotas al 2%”. Y se ha preguntado si PP y Junts van a tumbar, junto a Vox, una medida para “proteger a la ciudadanía de los efectos y las consecuencias económicas del desastre de la guerra ilegal de Trump en Irán”.

De la misma manera, Bustinduy ha recordado que su departamento “siempre ha encontrado el respaldo de la justicia” a las medidas que ha puesto en marcha para atajar la existencia de alquileres vacacionales ilegales. “Hoy en día esos 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos ya no existen, hay una multa firme de 64 millones de euros [contra Airbnb], y el mensaje es bien claro: hay que cumplir la ley en España y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede permitirse desarrollar una actividad económica extraordinariamente lucrativa sin respetar la legislación vigente en España”, ha afirmado el ministro, que ha criticado que administraciones como el Ayuntamiento de Madrid se hayan “desentendido” de la persecución de estos alojamientos ilegales.

Más allá de la vivienda, Bustinduy ha defendido la puesta en marcha de una “prestación universal por crianza” como “la solución a la pobreza infantil en España”. “Las cifras en niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión son inaceptables para un país rico como es España”, y “no se puede consentir que uno de cada tres niños crezcan” en estas circunstancias, ha denunciado el ministro, que ha asegurado, además, que esta medida debe ser “universal” y tener el carácter de “derecho de ciudadanía”, no de “ayuda que se solicita a través de un proceso burocrático farragoso”. “Esa es la manera de asegurar que llega a todas partes, porque algunas ayudas no llegan a quienes más lo necesitan”, ha planteado.

Asimismo, Bustinduy se ha mostrado partidario de poner en marcha un impuesto a los “ultrarricos” que grave a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. “Una tasa adicional del 2% a estos patrimonios permitiría recaudar 5.000 millones de euros anuales, que es el coste estimado del paquete de escudo social que se aprobó ayer en el Congreso”, y afectaría a “menos de 400 personas en España”, ha calculado el ministro, que ha alertado de que “los procesos de acumulación de poder y riqueza no solo son económicamente disfuncionales, sino que amenazan” la “cohesión social” y “ponen en riesgo las condiciones de posibilidad de la democracia misma”.

Por último, Bustinduy ha querido avisar de lo “extraordinariamente preocupante” que es la “violencia” ejercida contra “mujeres y organizaciones políticas de izquierdas”, así como su “normalización” en los últimos años. El ministro ha recordado los nombres de dirigentes afectados por estas “persecuciones judiciales, montajes policiales y señalamientos”, como los de Irene Montero, Rita Maestre, Pablo Iglesias o Mónica Oltra, y también ha mencionado expresamente al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, cuya detención este jueves calificó de “inaceptable”. “De esto nos enteramos porque le sucedió a un líder social que ha sido diputado, pero si no no nos hubiéramos enterado, y no se puede normalizar en una democracia que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales”, ha denunciado.

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente un real decreto específico en materia de vivienda. El texto, pactado in extremis en la reunión extraordinaria del gabinete, incorpora una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir de este sábado. Esta era una de las reivindicaciones del socio minoritario, Sumar, que se plantó este viernes y retrasó más de dos horas la reunión.

“Hemos conseguido lo que queríamos, la prórroga de los contratos de alquiler. Más de un millón de contratos, más de dos millones de personas. Estamos satisfechos”, ha celebrado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una intervención en 'La Sexta'. Esa prórroga implica que ese millón de contratos que finalizan en los próximos dos años, según los cálculos de este departamento, se amplían automáticamente, sin posibilidad de subir los precios. “La gente no va a tener que irse de su casa porque le suban un 50% el alquiler”, ha indicado.

Las medidas aprobadas este viernes entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ocurrirá, según ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “mañana mismo”. Después, el Ejecutivo tendrá 30 días para que se ratifiquen en el Congreso. “No contamos con el apoyo de todos los grupos”, ha reconocido Sánchez, pero se aprobará “una congelación temporal de los precios del alquiler”, como la que se puso en marcha “en crisis previas”, como la de Ucrania, cuando “se aprobaron por muchos grupos parlamentarios, a izquierda y derecha, este tipo de medidas”.

“Somos conscientes desde el poder ejecutivo de que no existe una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, insistió el presidente, que confía en poder “seguir negociando con los grupos y sacarlo adelante” en los próximos días.

Por su parte, Bustinduy se mostró optimista sobre la posibilidad de ganarse el apoyo de Junts a este real decreto. “Tenemos un mes para conseguir toda la fuerza social, la movilización, para que en esa votación se vea claramente quién está a favor de proteger a millones de personas, a las que les va la vida en ello, y quién está defendiendo otro tipo de intereses”, advirtió.

En ese sentido, desde Consumo insisten en que se trata de una “demanda de la sociedad civil”, tras el pronunciamiento a favor no solo de varios grupos políticos, como ERC, Bildu o Podemos, sino de organizaciones como Amnistía Internacional, Oxfam Intermon y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

La elaboración de dos textos, uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas, ha sido la fórmula para salvar esas diferencias entre Sumar y el resto de socios a la izquierda del PSOE, que exigían incorporar un blindaje a los alquileres y el ala socialista del Ejecutivo, que prefería llevar al Congreso un único paquete de consenso, que pasase sin dificultad el trámite parlamentario, tras la negativa de Junts a votar a favor de medidas en materia de vivienda.

Podemos mueve ficha. La formación de Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Iglesias se acerca a Gabriel Rufián en pleno proceso de reseteo de la izquierda de cara al nuevo ciclo electoral. El portavoz de ERC en el Congreso, que ya amagó hace un mes con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado (Más Madrid) para pedir la unidad de todas las formaciones progresistas, compartirá ahora cartel con la eurodiputada y exministra de Igualdad el 9 de abril en Barcelona. Un acto que pone sobre la mesa el horizonte de un posible acuerdo para las elecciones generales mientras los partidos de Sumar se enredan en la sucesión de Yolanda Díaz.

Fuentes de Podemos llegan a asegurar que Montero y Rufián han comenzado ya a hablar sobre “cómo colaborar de cara a unas futuras elecciones generales”. Y la propia Irene Montero abrió incluso de par en par la puerta a formar tándem con el portavoz independentista. “A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo, todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales”, dijo Montero en una entrevista este jueves en TVE.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, fue aún un paso más lejos y mencionó abiertamente una posible alianza electoral para hacer frente a las derechas y recuperar la “esperanza” para la izquierda. “Esa esperanza es necesaria ofrecérsela a la gente y a mí no se me ocurre un equipo mejor para poner ese proyecto en marcha que el equipo de Montero y Rufián”, dijo en declaraciones a TVE.

Desde el entorno de Gabriel Rufián, sin embargo, se apresuraron a bajar el suflé, quizás temerosos de las reacciones de su propio partido. En su equipo se limitan a apuntar que se trata únicamente de una “charla” y se desmarcan de cualquier hipótesis de negociación de coaliciones y de que el encuentro con Podemos implique ningún tipo de alianza futura.

“Esos titulares, provocados quizás por una de las dos partes, son interesados. De lo que se trata es de debatir cómo y de qué manera encaramos las izquierdas el futuro inmediato. Quienes deciden la política de alianzas son los partidos. Y el partido de Gabriel Rufián es Esquerra Republicana de Catalunya”, dijo en La Sexta Joan Tardá, el histórico portavoz de ERC y persona más cercana a Rufián entre los republicanos.

El anuncio del acto con Rufián, Montero y Xavier Domènech en Barcelona, que empezó a prepararse a finales de febrero, cogió a la mayoría de ERC con el pie cambiado. Un dirigente confesaba su estupor ante los titulares que hablaban de una candidatura conjunta con Podemos. “No sabría decirte ni quién es la gente de Podem en Catalunya”, apunta.

La iniciativa del diputado republicano en Madrid generó primero sorpresa y, después, enfado en la dirección. Fuentes de ERC recuerdan que el partido se ha posicionado de forma clara sobre la cuestión y que Oriol Junqueras ha sido rotundo al afirmar que Esquerra se presentará en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que lo hará con sus propias siglas. Además, descartan que se esté negociando ninguna coalición.

“Rufián insiste en el peligro de la extrema derecha, ¿cree que no sabemos lo que es?”, se pregunta este mismo dirigente. “Lo que pasa es que nosotros consideramos que es mucho más útil que haya diferentes izquierdas que puedan cubrir a más votantes”, abunda. En la cúpula republicana hace semanas que temen que la iniciativa de Rufián les acabe haciendo perder votos.

La crisis de las izquierdas

El movimiento de Podemos supone, en realidad, un volantazo en su propia estrategia política e incluso en la relación con Rufián, que en los últimos meses había llegado a lamentar públicamente los constantes dardos recibidos por los morados. “Sólo lo diré una vez. Sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales bully en contra. Primero porque es mentira. Segundo porque es muy cansado. Tercero porque ahuyenta a la gente NORMAL. Y cuarto porque es EXACTAMENTE lo mismo que hace la derecha. Hagan el favor que se les defiende y defenderá pero a veces lo ponen muy difícil”.

Pablo Iglesias llegó a decir públicamente que, en su opinión, Gabriel Rufián demostraba con su actitud hacia agitadores fascistas como Vito Quiles no ser suficientemente de izquierdas. “Yo le quiero mucho, pero le veo tan en el PSOE últimamente...(...) Vito Quiles es un escuadrista, es un provocador, y a esta gente no hay que darles ni un milímetro. Yo cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con este es como... Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. ¡Son fascistas!”, dijo en TVE.

Pero este acercamiento se produce en un contexto político muy concreto. Por un lado, el paso junto a Rufián llega tras las debacles electorales de Aragón y Castilla y León, donde los morados se quedaron sin representación parlamentaria con los peores resultados de su historia. Una crisis política en toda regla que hace crecer los temores internos sobre la viabilidad de que Podemos continúe su aventura política en solitario de cara a las generales tras su ruptura con Sumar.

En los últimos meses, de hecho, han crecido las voces internas que piden un cambio de rumbo. En plena precampaña de las elecciones a la Junta de Andalucía, varios dirigentes autonómicos se revolvieron contra la dirección estatal para exigir que la alianza electoral con el resto de las formaciones de izquierdas se mantenga vigente.

Pero los de Montero y Belarra, además, deciden compartir cartel con uno de los políticos de izquierdas más populares para los votantes progresistas coincidiendo también con la travesía del desierto que afronta Sumar. La coalición impulsada por Yolanda Díaz anda inmersa en los líos internos de las formaciones políticas de ese espacio por la búsqueda del sucesor o la sucesora de la vicepresidenta, que dejó el asiento vacante tras anunciar que no repetirá como candidata. Además, Sumar también lleva la crisis a cuestas de los resultados electorales cosechados principalmente en Castilla y León, donde tampoco consiguieron representación en las Cortes.

En la digestión de ese batacazo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pidió al conjunto de partidos del espacio político acelerar el proceso de decisión del nuevo líder. Y tal y como publicó este periódico, el nombre de consenso en la propia IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes es el de Pablo Bustinduy.

Según confirman desde la dirección de esas cuatro formaciones políticas a elDiario.es, “llevan meses” tratando de “convencer” al ministro de dar un paso del que, por ahora, reniega. “No creo que sea el papel que yo debo asumir”, volvió a desmarcarse este miércoles. La publicación de esa petición expresa de los partidos a Bustinduy molestó al ministro, que lo recibió como un intento de presión por parte de las formaciones políticas, según confirman fuentes al más alto nivel de ese espacio. Y por eso, admiten, emitieron una nota en la que aseguraron que nunca se lo han llegado a pedir formalmente.

Con el ciclo electoral autonómico en marcha y en plena cuenta atrás para las generales, que Pedro Sánchez insiste en fijar en verano de 2027, la incógnita de a quién podrá votar el electorado progresista a la izquierda del PSOE continúa sin resolverse. Por el momento, se amontonan las preguntas sin respuesta, como la de si Rufián se decidirá o no a romper con ERC para ser candidato estatal, o si ese camino lo compartirá o no con Podemos. O incluso si Podemos, a su vez, irá al final de la mano con Sumar. No hay indicios de que esta vez la izquierda, para variar, opte por el camino más recto y se apresure a despejar todas esas ecuaciones.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, dijo hoy que si Aena mantiene una “visión comunista del mundo” y aplica las mismas tasas a todos los aeropuertos su aerolínea seguirá reduciendo destinos regionales, y volvió a cargar contra el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, por el litigio sobre el equipaje de mano gratuito.

“Es un idiota. Y cuanto antes lo echen del cargo, mejor. Y no tenemos ninguna relación con él. Su multa sobre el equipaje de mano, inventada por su departamento, es claramente ilegal”, dijo O'Leary preguntado por EFE por su relación con el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Bustiduy ha respondido al consejero delegado de Ryanair a través de su cuenta en la red social Bluesky: “O'Leary no está acostumbrado a que le planten cara, pero en España ha tocado hueso. por mucho que insulte y patalee, por mucho dinero que tenga, aquí va a tener que cumplir la ley y respetar los derechos de los consumidores. Y pagar 107 millones de multa. Eso también”.

La aerolínea irlandesa de bajo coste fue sancionada con 107 millones de euros en España por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano, multa que Ryanair ha recurrido en los tribunales.

En paralelo, la compañía ha presionado al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas, y el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a España al considerar que las restricciones al cobro por el equipaje de mano podrían contravenir la normativa comunitaria.

“La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción y (Bustinduy) perderá esos procedimientos. Pero, ¿y luego qué? Nunca ha tenido un trabajo en el mundo real. Ya sabe, papá y mamá fueron ministros del Gobierno español y él no tiene ni idea de lo que quieren los consumidores”, dijo una entrevista a EFE en el marco de la reunión anual en Bruselas de las grandes aerolíneas europeas.

Según O'Leary, los consumidores “quieren tarifas más bajas en España, no el derecho a llevar dos bolsas, tres bolsas o cuatro bolsas” y aseguró que la ofensiva del Ejecutivo español contra el cobro por la maleta es una “estupidez” de la que el ministro ahora “está sacando rédito político de ello”.

“Pero, en fin, es otro ministro desconectado de la realidad en un Gobierno español fracasado”, remató.

El máximo responsable de la aerolínea que más pasajeros transporta en la Unión Europea también se explayó contra la empresa pública que gestiona la mayoría de los aeropuertos en España, Aena.

“Seguimos creciendo en España, a pesar de que Aena quiere seguir subiendo las tasas. Estamos reduciendo en la España regional, pero creciendo en Madrid y Barcelona. Así que, como siempre, cuando tienes un monopolio caro como Aena, son los aeropuertos regionales los que salen perdiendo, porque los grandes aeropuertos siguen ganando”, señaló.

O'Leary agregó que “si aumentas las tasas aeroportuarias, puedes trasladarlo en forma de tarifas más altas en Madrid y Barcelona, pero no puedes hacerlo en Valladolid, no puedes hacerlo en Santiago de Compostela”.

“Esos necesitan costes mucho más bajos. Pero Aena tiene esta visión comunista del mundo: que todo el mundo debería pagar las mismas tasas. Esa no es la manera de hacer crecer los aeropuertos regionales. Y por eso los aeropuertos regionales en España se están muriendo”, agregó.

O'Leary, que acostumbra a utilizar las polémicas públicas como palanca de publicidad para su compañía, se ha enfrentado con perfiles políticos tan distantes como el izquierdista Bustinduy y el multimillonario Elon Musk, cercano a la extrema derecha y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Todos están locos. Yo soy el único sensato que hay por ahí”, bromeó el controvertido empresario.

El ala socialista del Gobierno se ha encontrado un escollo en la negociación del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han reclamado al Ejecutivo que ese nuevo escudo incluya medidas en materia de vivienda. Bien para prorrogar los contratos de alquiler, para congelar los precios o para proteger a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional.

Los ministros de Sumar han defendido en los últimos días la prórroga de los alquileres. Es una medida que llevan reclamando desde octubre, vinculada a los 600.000 contratos que, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, finalizan este año, encarando importantes subidas de precios. “Creemos que es la medida más importante que debe adoptar este Gobierno y vamos a seguir defendiéndola el tiempo que haga falta”, advertía el ministro Pablo Bustinduy, para quien esta es “una prioridad absoluta”.

“Vamos a convencer al Partido Socialista y a todo el Gobierno de que un escudo social tiene que ser sí o sí con medidas de vivienda”, defendía también este lunes la titular de Sanidad, Mónica García, para quien “no hay escudo social sin vivienda”.

Desde el espacio de Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos por parte de la mayoría parlamentaria” una prórroga de los alquileres. “Esta demanda va más allá de las fuerzas políticas, aunque ya ha sido expresada por varias de ellas; lo están reclamando organizaciones sociales como Amnistía Internacional o el Sindicato de Inquilinas y, sobre todo, es una demanda transversal”, indican fuentes consultadas, para quienes “lo primero es convencer al PSOE”. “Al resto de grupos se les convence negociando, con voluntad política”, confían.

Es, precisamente, en esa debilidad parlamentaria en la que se escudan los socialistas, que quieren llevar el viernes al Consejo de Ministros un paquete de consenso, que pueda pasar sin problemas el trámite parlamentario.

Este martes, la senadora de ERC Sara Bailac exigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que congele los alquileres, que prorrogue los contratos mientras dure la inestabilidad internacional y que suspenda los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. “No se entendería que estas medidas excepcionales que va a aprobar el Gobierno dejasen fuera medidas de vivienda”, apremió.

A Rodríguez le sorprendió, dijo, el “tono de la pregunta”. “No entiendo por qué me reprocha a mí algo que no depende de mí, sino de otros grupos parlamentarios”, contestó, en referencia a la moratoria antidesahucios que tumbaron en dos ocasiones Junts, PP y Vox. La ministra, que no suele confrontar directamente con sus socios, acusó a la senadora de “tratar de confundir con ambición partidista a los ciudadanos”: “No confunda a la ciudadanía. Nosotros queremos el escudo social, propusimos el escudo social y votamos el escudo social. Fueron otros grupos los que lo tumbaron, pero no podemos hacer magia y cambiar la aritmética parlamentaria”.

ERC presentó esta misma semana un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales “para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica ante el aumento de precios provocado por el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán”. Las propuestas incorporaban, entre otras, las ya mencionadas, además de una limitación al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual.

BNG y Compromís también reclamaron medidas en este sentido. Y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute defendió, a través de su cuenta de X, la necesidad de “prorrogar de manera extraordinaria los contratos de alquiler y las cuotas hipotecarias, porque es muy previsible que se vaya a dar un aumento de ambos en los próximos meses”.

En la misma línea va el “plan anti-Trump” de Podemos. Este martes, el secretario de organización y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, demandaba al Gobierno medidas relativas a la vivienda, como bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios de un mínimo de 12 meses, la expropiación de viviendas a los fondos buitre para destinarlas al parque público y un tope a las cuotas de hipotecas variables.

Fuentes del Ejecutivo trasladan la intención de que el paquete cuente con un amplio respaldo parlamentario. Eso incluiría al PP, que ya ha advertido que votará en contra del decreto si desde el Gobierno “siguen insistiendo en que se legalice la okupación”, señaló la portavoz Ester Muñoz, en referencia a la prohibición de dejar en la calle a familias vulnerables que no puedan pagar los alquileres o a quienes se les terminen los contratos.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, insistía este martes en las “lecciones” aprendidas tras la respuesta a la crisis en el inicio del conflicto en Ucrania, en 2022. Una era la “rapidez”, anticipando en 10 días el primer paquete de medidas. Otra, que ese paquete que se conocerá el viernes sea “proporcionado con el impacto que estamos observando” para tener “esa flexibilidad de poder ir respondiendo conforme se vayan desarrollando los acontecimientos”.

Esta ha sido la respuesta de Cuerpo a varias preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros sobre la intención del Gobierno de incorporar algunas de las medidas de los socios en materia de vivienda. También, “que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso sin ningún problema”.

Al margen de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reclamó también que se congelen los alquileres y algunas organizaciones sociales se han pronunciado en el mismo sentido. Desde Amnistía Internacional, que señalaba la semana pasada que “la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos” sino que “sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios desorbitados”; hasta el Sindicato de Inquilinas, que exigía la congelación del precio del alquiler, una prórroga de tres años para los contratos y recuperar la moratoria antidesahucios.

“Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indicaban desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas este viernes. Por el momento, desde Economía señalan que “a día de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de dos semanas del inicio de la guerra de Ucrania”.

Es algo en lo que coincidía también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este martes decía estar “negociando”, aunque reconocía que “no es la misma situación que Ucrania”. En lo que la crisis en Irán sí puede tener un efecto directo en los alquileres es la actualización de los precios que se realizan año a año. Aunque el Ministerio de Vivienda puso en marcha un índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, para desligar estas actualizaciones del IPC en picos de inflación, este solo afecta a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores continúan ligados al IPC o al índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato. Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorros, publicó el pasado viernes su previsión de inflación para marzo, con una subida hasta el 3,6%, desde el 2,3% de febrero, que repercutiría directamente en los alquileres con actualización anual en marzo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania, se aprobó una limitación extraordinaria al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024, que el Tribunal Supremo avaló este mes de enero.

El debate sobre el futuro de la izquierda entra en ebullición. La renuncia de Yolanda Díaz a liderar ese espacio político y a repetir como candidata a las generales deja un vacío que la mayoría de formaciones que integran la coalición Sumar urge a llenar cuanto antes. Más aún, tras la debacle de las dos últimas citas electorales autonómicas, que en el caso de Castilla y León este pasado domingo supuso quedarse directamente sin representación parlamentaria. Y en ese contexto, los partidos coinciden en un nombre: el de Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según ha podido confirmar elDiario.es, todas esas organizaciones políticas le han hecho llegar a Bustinduy la conveniencia de dar un paso al frente y le han trasladado que, de hacerlo, contaría con todo el respaldo. Y no es algo nuevo. Las fuentes consultadas en los distintos partidos del espacio confirman que ya “hace meses” que “intentan convencer” al ministro de que acepte liderar ese proyecto político y ser también el candidato a las elecciones generales.

Consultado por este periódico, en el entorno más cercano a Pablo Bustinduy admiten ser conscientes de ese consenso generalizado y de ese mensaje casi unánime de puertas hacia adentro. Pero también que es el propio Bustinduy el que, hasta ahora, se ha encargado de enfriar esa posibilidad con reticencias, principalmente, en cuanto a la compatibilidad de una responsabilidad de esa enjundia con su vida personal y familiar. En contacto con elDiario.es, desde su equipo insisten en que la postura del ministro sigue intacta en el 'no' a liderar el espacio y ser candidato.

Este mismo lunes, los medios de comunicación le preguntaron expresamente por ello. “Seguimos sin conocer quién va a ser el líder o la lideresa de ese espacio. ¿Usted se descarta o hay alguna posibilidad?”, le preguntó una periodista. “No, no, pero es que yo ya lo he dicho muchas veces. Es algo que trasciende la fórmula y trasciende un nombre y un apellido”, se limitó a esquivar antes de apelar a un trabajo conjunto de su espacio político. “Creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión profunda, de análisis de lo que está pasando. Estoy convencido de que la izquierda va a estar a la altura en 2027. Las lecciones son bien claras y el camino está claro: consiste en hacer las cosas bien”, zanjó.

Por su parte, en el Ministerio de Derechos Sociales del que es responsable señalan que reciben como “un honor” que el conjunto de partidos políticos que integran la coalición de izquierdas coincida en el reconocimiento de la figura de Pablo Bustinduy. “Eso significa que reconocen el trabajo que él hace como ministro y que se hace en este ministerio, que es lo único que le ocupa y en lo único en lo que está volcado”, apuntan.

En lo que están de acuerdo tanto en Más Madrid, como en Izquierda Unida, en Movimiento Sumar y En Comunes no es solamente en que sería “un gran candidato” por su trayectoria y su perfil político. Sino también en que no existen demasiadas alternativas capaces de aglutinar tanto nivel de consenso entre las diferentes formaciones.

Izquierda Unida urge a decidir ya

Mientras, algunas de las formaciones políticas llama a darse prisa para cualquier proceso de decisión. Es el caso de Izquierda Unida, cuyo Consejo Federal aprobó este lunes una resolución para instar al resto de partidos de la coalición progresista a “acelerar los procesos para elegir al sustituto o sustituta de Yolanda Díaz” como nuevo candidato de este espacio político a las elecciones generales.

“En política, los espacios vacíos no proceden”, aseguró el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en referencia al hueco que dejó la ministra de Trabajo como referente de la izquierda confederal cuando anunció su renuncia a repetir como cabeza de cartel el pasado 25 de febrero. El dictamen aprobado en el Consejo Federal habla de “acelerar” el nombramiento del candidato de la coalición a las generales, pero no fija ninguna fecha concreta para resolver este asunto.

Tampoco Maíllo habló de plazos. Otras fuentes presentes en la reunión, sin embargo, aseguran que se planteó como horizonte “antes del mes de mayo”, para que la izquierda confederal cuente con un referente nacional claro en la campaña de las elecciones andaluzas, previstas para el mes de junio, a las que Maíllo concurre como candidato de la coalición Por Andalucía, informa Daniel Cela.

Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes del entorno más cercano a Bustinduy, es el líder de Izquierda Unida uno de los dirigentes que ha mostrado mayor respaldo al ministro en los últimos meses para animarle a dar el paso de ser candidato a las generales y ponerse al frente del proyecto. Un extremo que no desmienten desde la propia Izquierda Unida, donde sin embargo aseguran formalmente que “existen más nombres” y que, en cualquier caso, se tratará de una decisión “de los órganos y de la militancia de Izquierda Unida”.

Rufián, Yolanda Díaz y Podemos

De Pablo Bustinduy como candidato de la izquierda confederal han hablado en las últimas semanas hasta dirigentes de otros espacios políticos. Es el caso de Gabriel Rufián, que en febrero amagó con dar un paso y organizó un acto con Emilio Delgado para pedir la unidad de todas las izquierdas del estado y llegó a calificar al ministro de “maravilloso”. “A mí no me toca decir si tiene que ser candidato. Sería irrespetuoso por mi parte, pero sería maravilloso”, dijo en los pasillos del Congreso el portavoz de ERC.

Tras anunciar su renuncia como cabeza de cartel a las próximas generales, Yolanda Díaz habló en unos términos similares del ministro de Sumar en una entrevista en El País en la que aseguró que no señalaría a nadie para sucederla y en la que le pidieron opinión de su compañero de filas. “Magnífica opinión. Me costó mucho que fuera ministro y lo quiero con locura. Pero, para ser consecuente con lo que he dicho antes, no voy a decir nada más”, zanjó.

Según valoran también las distintas formaciones de Sumar, el perfil político y personal de Pablo Bustinduy allanaría las opciones de la tan ansiada unidad de la izquierda, ya que no se trata de uno de los dirigentes políticos que haya protagonizado, al menos públicamente, más roces con los dirigentes de Podemos. Aunque el ministro salió de la formación que dirigen Ione Belarra e Irene Montero, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que se trató de una salida “elegante” en la que Bustinduy “nunca hizo sangre” con las desavenencias existentes.

Aunque en Podemos admiten que el de Pablo Bustinduy es un perfil menos “conflictivo” que el de otros dirigentes de Sumar, aseguran que se mantienen al margen de cualquier “reflexión o procedimiento interno de otro espacio político”. La propia secretaria general, Ione Belarra, aseguró este martes que la única reflexión que debe hacer la izquierda en este momento pasa por “recuperar la capacidad de transformación”. Algo que, a su juicio, no pasa en un Gobierno donde “solo manda el PSOE y solo se hace lo que dice Pedro Sánchez”. “A mí me parece que esa es la mayor preocupación y eso es en lo que tenemos que concentrarnos ahora, poner a la izquierda en pie. Una izquierda de transformación que pueda cambiar las cosas de verdad como pasaba cuando Podemos estaba en el Gobierno”, añadió.

El conjunto de organizaciones de izquierdas consultadas por este periódico resalta, en cualquier caso, que es importante “respetar los tiempos de reflexión y las circunstancias personales de todo el mundo”, en referencia a las reticencias mostradas por Pablo Bustinduy. Al que todos buscan fórmulas para convencer para la vacante de líder y candidato de un proyecto que hoy aún es de Gobierno, pero que acumula todos los síntomas de andar a la deriva.

Tras la publicación de este artículo, elDiario.es ha podido confirmar que Bustinduy ha trasladado su malestar a las organizaciones políticas de Sumar por expresar su voluntad de que sea candidato. La consecuencia fue que esos mismos partidos que le piden dar un paso al frente y así se lo contaron a este periódico decidieron transmitir en una nota que no hay petición formal.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), ha preguntado este jueves al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, si volverá a pactar con Vox y asumir así su posición ante crímenes machistas como el registrado ayer en Miranda de Ebro (Burgos), donde murieron tres mujeres.

En unas declaraciones a los periodistas en Valladolid para mostrar su apoyo a la candidatura de En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), Bustinduy ha condenado la “completamente insoportable” violencia machista que desde el año 2003 suma 1.354 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Una repulsa a estos hechos que le ha dado pie a recordar un titular de hace cuatro años que anunciaba un acuerdo entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y Vox “para eliminar el reconocimiento de la violencia machista” y le ha preguntado si va a volver a hacer algo parecido.

“¿Qué clase de persona hay que ser para construir tu identidad política y tu proyecto político basado en el negacionismo de algo que le ha costado la vida a 1.354 compatriotas? Es algo insoportable”, reprochado.

Junts, PP y Vox han tumbado este jueves en el Congreso de los Diputados el decreto ley aprobado por el Gobierno para evitar las subidas de precios abusivas en contextos de emergencias o catástrofes como el accidente de Adamuz y la dana de Valencia, entre otras. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, impulsor de la ley, reclamó el respaldo para “poner coto” a las conductas abusivas de algunas empresas en momentos de gran necesidad para la ciudadanía. 

Con 177 votos en contra y 172 a favor, el real decreto ley ha quedado derogado, justo después de que las derechas también hayan votado en contra de mantener el escudo social y la moratoria antidesahucios. El ministro Bustinduy ha recalcado que la norma no va contra todas las empresas, ni contra las subidas de precios justificadas ante un aumento de costes, sino contra el “abuso de algunas multinacionales carroñeras” que intentan lucrarse de la gente vulnerable.

El responsable de Consumo ha sostenido que no se puede “normalizar que trayectos en VTC que cuestan 25 euros (a diario) llegaran a 90 euros el día del apagón”, por ejemplo. O que, más recientemente, tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz volvieran a dispararse los precios de transportes alternativos, como el transporte de avión, alquiler de vehículos o viajes compartidos.

En cuanto a cómo iban a ser esos topes a las subidas de precios, de haberse aprobado, el decreto que salió de la mesa del Consejo de Ministros contemplaba que la limitación de precios en situaciones de emergencia siempre tuviese que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo”, que además tenía que contar con el visto bueno del Ejecutivo debía “precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, según recogía el decreto que ha decaído este jueves. Además, preveía que, en esos casos de emergencia, el precio no hubiera podido ser superior “al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia”.

La derecha critica al Gobierno por “intervencionista”

Las tres formaciones de derechas han tumbado la regulación, acusando al Gobierno de “intervencionismo” excesivo. Por contra, el resto de partidos habían mostrado su apoyo al decreto, para evitar los abusos en circunstancias de emergencia, aunque en algunos casos con la petición de que se tramitara como un proyecto de ley, para poder incorporar posibles mejoras.

Con un discurso muy crítico, el PP ha rechazado el decreto por “intervencionista”, parcial y dirigido solo a topar los precios y no contener otras medidas de ayuda a las empresas, ha afirmado la diputada 'popular' María Pilar Alía Aguado. La parlamentaria también ha sostenido que el decreto no respeta la legalidad europea.

La extrema derecha de Vox ha pedido un turno extra incluso para criticar el decreto, negando las conductas abusivas de las empresas y criticando al Gobierno por su intervencionismo.

Junts recuerda que el Ejecutivo no tiene sus votos

Por su parte, Junts ha justificado su negativa al decreto ley por varios motivos. El diputado catalán Josep Maria Cruset Domènech ha justificado su oposición porque la ley delega “sin límite la capacidad de intervenir en el mercado” al Gobierno, ha denunciado, en lugar de abordarse algún mecanismo de control de precios en un proyecto de ley que tramite el Congreso de los Diputados. 

En cualquier caso, el parlamentario de Junts ha sido muy crítico con el Gobierno de coalición, al que ha acusado de “populismo de izquierdas” y de un intervencionismo “más propio de Venezuela que de países europeos” y al que le ha recordado que “no tiene mayoría parlamentaria” y tampoco sus votos garantizados. 

Josep Maria Cruset Domènech ha criticado además “los precedentes de discrecionalidad de cómo actúa este Gobierno”, así como los “incumplimientos sistemáticos de acuerdos políticos”.  

Bustinduy: “Cada abuso llevará su nombre y apellido”

Poco antes de la votación, tras las argumentaciones de los grupos políticos, el ministro Bustinduy ha lamentado que, si vuelve a producirse una emergencia y vuelve a haber subidas de precios desproporcionadas de servicios esenciales, “cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido, de quienes hoy voten en contra”, ha advertido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por contra, el resto de formaciones parlamentarias habían apoyado las medidas contenidas en el real decreto, para hacer frente a las conductas abusivas que, aunque minoritarias, se han registrado en las mencionadas catástrofes y emergencias vividas en España en los últimos tiempos.

Las formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, han reivindicado la necesidad de acordar estos límites por la extrema vulnerabilidad de las personas afectadas por estas crisis, que además acentúan las desigualdades entre los afectados.

También han defendido la necesidad de evitar estos abusos por parte de PNV y BNG, y algunos partidos como Podemos y ERC respaldaron las medidas, aunque consideraban que también deberían limitarse precios ante otros problemas, como el aumento del precio de la vivienda.

“No son patriotas, son unos vendepatrias”

Tras la votación, el ministro de Consumo ha reconocido que el resultado “sorprendente no es”. “La derecha del PP y la ultraderecha han hecho bloque, una vez más, contra los intereses de la ciudadanía española”, ha asegurado Bustinduy en declaraciones a los medios.

“Hoy han votado para echar a la calle a las familias más vulnerables sin que tengan una alternativa habitacional”, en referencia al escudo social y la protección contra los desahucios y contra los “precios abusivos en situaciones de emergencia, que hemos visto en los incendios, en Grazalema, en Adamuz, donde multinacionales extranjeras aprovechan para multiplicar por cuatro y por cinco el precio de servicios esenciales como los billetes de avión para que los paguen los ricos y la gente que no puede pagarlos se busque la vida”, ha indicado, al igual que ha hecho durante su intervención en la Cámara Baja. “Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al PP y Vox. Es una vergüenza, pero demuestra que sirven a los poderosos, no al interés de España, ni al interés de la clase trabajadora”.

Y respecto a qué va a pasar ahora, Bustinduy ha asegurado que “el Gobierno y yo no vamos a parar de trabajar para defender todo lo contrario, el interés general e impedir que los consumidores en España estén indefensos ante abusos flagrantes como los que se han cometido en los incendios y en las inundaciones”.

“Que lo vayan a explicar ahora a Castilla y León, con las elecciones, que van a ir todos a hacer campaña, que digan que no podemos controlar los precios para evitar abusos, que vayan a Sevilla, Grazalema o Málaga donde la gente ha visto que, para poder ir a su lugar de trabajo o reunirse con su familia, han tenido que pagar 10 veces el precio que tenía un medio de transporte”, ha recalcado. “A la gente que le han subido el precio es de izquierdas, de derechas, de centro, de todas las ideologías, esto es de interés general. Anteponen su agenda y su interés privado al de España. No son patriotas, son unos vendepatrias y hoy lo han demostrado una vez más”, ha resumido el responsable de Consumo.

El anuncio de Yolanda Díaz de que renuncia a ser la candidata de la izquierda confederal ha provocado una ola de reacciones en la izquierda confederal. La vicepresidenta segunda mantendrá sus cargos en el Gobierno hasta el final de la legislatura, pero da un paso al costado en lo político. “Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido”, dice en una misiva en la que envía un mensaje: “Queda mucho por hacer, la tarea pendiente es ganar el país”.

Un guante que han recogido algunos de sus compañeros en el Consejo de Ministros. De los primeros en reaccionar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha escrito: “Nos queda mucho por hacer. Siempre contigo, compañera”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha definido a Yolanda Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país”. “Muchas gracias por hacer posible lo imposible y defender como nadie los derechos de la mayoría trabajadora”, ha escrito.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha agradecido a Díaz su “compromiso” y “haber estado a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia”. “Gracias por todos los avances impulsados desde el Ministerio de Trabajo para construir un nuevo laborismo del siglo XXI avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca. Gracias por haber levantado de nuevo un proyecto de alianza que pudo parar a las derechas en 2023 y construir un gobierno de coalición que sigue hoy avanzando. Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando”, ha señalado en sus redes sociales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha enviado su agradecimiento a Yolanda Díaz por “poner a las personas trabajadoras de este país por delante”. “Seguimos caminando juntas para conquistar derechos”, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales la también portavoz federal de Izquierda Unida.

Desde Movimiento Sumar, su coordinadora de Lara Hernández ha recordado que “hace más de 14 años” que su camino y el de Yolanda Díaz se cruzaron y que, en este tiempo, “he descubierto a una mujer fuerte, valiente, luchadora y muy alegre”. “Te has dejado la piel por las mayorías trabajadoras de este país y por la justicia social, a pesar de todo y de todos”, ha asegurado en un mensaje en Bluesky.

Desde IU, el coordinador federal Antonio Maíllo, ha afirmado que la renuncia de Díaz es un acto de “generosidad y coherencia” política. En declaraciones remitidas a los medios por la formación, ha agregado que su opinión personal es que el nuevo proyecto de la izquierda alternativa debía estar acompañado por un relevo de liderazgos, donde todos tenían que “estar a la altura” del momento. Tras descartarse como aspirante a ser referente nacional del espacio, se ha congratulado de que ontinúe en el Gobierno porque es la mejor ministra de Trabajo y la garantía de que las cosas, en esa parcela, se van a seguir haciendo bien. “Agradezco a Yolanda Díaz la valentía y el compromiso de estos años, mejorando la vida de millones con políticas laborales y sociales clave desde el Ministerio de Trabajo. Una tarea que nos alegra que continúe para seguir ampliando derechos y fortaleciendo el espacio transformador”, ha escrito en un tuit.

El diputado de la formación en Sumar Nahuel González ha apoyado la decisión de Yolanda Díaz, a la que ha calificado como “la mejor ministra de la historia de la democracia”. “Como diputado valenciano, considero que la clase trabajadora valenciana ha mejorado su vida durante estos últimos años gracias a Yolanda. Nos alegra que continúe y va a continuar como ministra de Trabajo, como vicepresidenta. Para mí, personalmente, fue uno de los motivos para venir a este Congreso, su presencia a la candidatura de Sumar en 2023”, ha dicho en declaraciones en los pasillos recogidas por Europa Press.

Desde Más Madrid también se ha reivindicado la figura de Yolanda Díaz. La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que “no es solo la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nuestro país” sino que también “es una dirigente que se ha echado a las espaldas la tarea de revalidar este Gobierno y el objetivo de seguir conquistando derechos para todos y todas”. Gracias por todo tu empeño y por todos estos años“, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales.

El diputado autonómico y portavoz adjunto del partido, Emilio Delgado, ha pedido “agradecer, recoger y ampliar” el “legado” de Yolanda Díaz, que deja “una hoja de servicio enorme en favor de los trabajadores y trabajadoras”.

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también ha afirmado sobre Yolanda Díaz que “su legado de crecimiento en el empleo y lucha por los derechos de la clase trabajadora son imborrables”. “Hizo posible un gobierno progresista en 2023 y es la mejor ministra de trabajo que hemos tenido”, ha escrito.

Desde los Comuns, la coportavoz y diputada, Aina Vidal, ha enviado un “abrazo enorme” a Yolanda Díaz y ha resaltado que tienen un año y medio por delante para “seguir mejorando la vida de la clase trabajadora”.

La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, también ha agradecido a Yolanda Díaz los “avances en derechos” conseguidos para la clase trabajadora. “Yolanda, muchas gracias, de corazón, por todos los avances en derechos que has conseguido y conseguirás para la clase trabajadora de este país. ¡Compañera, seguimos!”, ha escrito.

Desde Compromís, el diputado de la formación adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha querido lanzar un mensaje de reconocimiento, al subrayar que es la “mejor” titular de Trabajo y su labor para “aglutinar, desde la diferencia”, una coalición electoral que “frenó al fascismo”. “Gracias por aglutinar, desde la diferencia, una opción que frenó al fascismo y permite hoy, mientras en el País valenciano gobierna el fascismo, mejorar la vida de la gente”, ha escrito en X.

Poner topes a las subidas de precios que se producen tras situaciones de emergencia, como la ocurrida con la dana; o cuando suceden accidentes que afectan a uno de los principales medios de transporte, como sucedió hace poco más de un mes en Adamuz (Córdoba). Eso es lo que busca el Ministerio de Consumo con el real decreto que aprobó hace unas semanas para evitar esos precios disparados en esos momentos de crisis, cuando se altera de forma excepcional la oferta y la demanda.

Esta medida ha roto, aunque solo se aplique en esos momentos de emergencia, el tabú de que no pueden establecerse límites a los precios en el marco de la libertad de mercado. Un debate que fue polémico hace casi cuatro años, cuando la invasión de Ucrania por Rusia derivó en una espiral inflacionista que llevó a plantear límites incluso en sectores tan esenciales como el de la alimentación. Algo que, al final, no llegó a materializarse. 

Este jueves, ese real decreto llega al Congreso de los Diputados, donde se dirime su aprobación. Analizamos las claves de la medida impulsada por el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy.

¿Cuándo se pueden limitar los precios?

El real decreto plantado por Consumo busca arreglar un vacío legal. Si se convalida, la Administración podrá actuar para limitar las subidas de precios en situaciones excepcionales de emergencia, como la dana o el accidente de Adamuz. 

Básicamente, se trata de actuar en situaciones de emergencia que influyen en la demanda y la oferta de un producto o de un servicio. Por ejemplo, actualmente, si en una situación de emergencia hay un acelerón de búsquedas de compra, los precios se disparan. Y puede que ese acelerón esté motivado, como ya ha sucedido, por un accidente de tren. 

“Hasta ahora, la libertad absoluta de precios permitía la modulación de estos en ese tipo de situaciones sin ninguna limitación, más allá de la prohibición de incrementos de precios personalizados en situaciones de emergencia de protección civil”, explican fuentes del Ministerio de Consumo, porque ese era, hasta ahora, el único escenario posible para estas limitaciones.

El real decreto que el jueves tiene que convalidar el Congreso permite que, en situaciones de emergencias o casos de fuerza mayor que alteran de forma significativa las condiciones habituales de oferta y demanda, se active esta limitación temporal, siempre que así lo apruebe el Consejo de Ministros.

¿Por cuánto tiempo se pueden limitar? ¿Y cómo se limitan?

Como se ha explicado anteriormente, la limitación de precios en situaciones de emergencia la tiene que aprobar el Consejo de Ministros y tiene que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo debe precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, explican desde el Ministerio Consumo.

En cuanto a cómo se van a fijar esos topes, el real decreto establece que, en esas situaciones de emergencia, el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia. Además, se introduce un mecanismo de tope adicional, que puede ser un tanto complejo. Este establece que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto, en esos 30 días previos, fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

Asimismo, el real decreto contempla que, para bienes o servicios con marcada estacionalidad, se puede tomar como referencia el precio del mismo periodo en el año anterior, actualizado conforme al IPC.

Por último, la norma permite al Gobierno imponer a las comercializadoras la obligación de informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos a la limitación de precios por situación de emergencia. También, garantiza que la limitación de los incrementos se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

¿Qué situaciones están incluidas?

El real decreto que aprobó el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy especifica que las situaciones en las que podrán toparse los precios no solo serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, como sucedía hasta ahora, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, que será el único órgano capacitado para hacerlo. 

De esta forma, la limitación de precios se podrá activar tanto cuando se produzca una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como cuando se den estos otros supuestos: accidentes, emergencias técnicas, causas de fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias. Siempre será el Consejo de Ministros el que determine esas causas.

Además, la medida que ahora tiene que refrendar el Congreso incorpora criterios de flexibilidad para evitar tensiones en la oferta. En concreto, se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes. También, si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador, matiza Consumo.

En caso de que haya incumplimientos, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que establezcan las autoridades de Consumo.

¿Por qué se ponen en marcha ahora los topes?

Esta medida llega poco más de un mes después del accidente de trenes en Córdoba. Fuentes de Consumo explican que “se han recibido quejas de personas consumidoras y asociaciones, principalmente, en relación a servicios de transportes alternativos al transporte ferroviario”. 

También señalan que se constataron multitud de quejas, tras el apagón del 28 de abril de 2025, con los precios de las VTC, los vehículos de alquiler con conductor. “Estas situaciones son las que han impulsado, acelerado y perfeccionado el desarrollo de esta normativa, creada para dotarnos de más herramientas en la prevención y respuesta frente a posibles abusos”, recalcan.

¿Tienen que ver con los conocidos como precios dinámicos? 

El trasfondo es que este modelo de fijación de precios, que emplean muchas plataformas digitales, se ha generalizado durante los últimos años. Fuentes de consumo recalcan que el objetivo de los topes de precios en situaciones de emergencia “no es señalar empresas de forma genérica, sino garantizar que, en situaciones excepcionales, nadie pueda aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad”.

Esos precios dinámicos o personalizados permiten modificar el coste de un mismo bien o servicio en función de múltiples variables como la evolución de la demanda, el momento temporal de la compra o el comportamiento del usuario. “En condiciones de normalidad, estos sistemas pueden formar parte del funcionamiento del mercado, pero su aplicación sin límites claros genera opacidad y dificulta que las personas consumidoras tengan claridad sobre su compra”, señala el Ministerio. “Y esa falta de transparencia se agrava en situaciones excepcionales, cuando determinados servicios se vuelven escasos, por ejemplo, tras el cierre de una vía ferroviaria o ante una emergencia climática, y el precio puede dispararse en cuestión de horas”.

Precisamente, añaden las citadas fuentes, por eso es importante la limitación temporal de precios en contextos de emergencia. “Esta medida nos permite proteger a las personas afectadas y evitar que nadie tenga la tentación de obtener un beneficio extraordinario a costa de una desgracia”.

¿Entonces, los topes de precios en situaciones de emergencia están en manos del Congreso? 

Sí. El real decreto que los permite lo aprobó el Consejo de Ministros, pero el jueves tiene que lograr el respaldo de la Cámara Baja. 

“El papel de las instituciones es anticiparse a los abusos, garantizar el acceso a bienes y servicios básicos y poner siempre el interés general por delante, independientemente del partido por el que sean gobernadas o las siglas a las que responda el representante público”, defiende Consumo. “Cuando ocurre una desgracia, lo último de lo que tiene que preocuparse un ciudadano o ciudadana es de si le van a estafar y en esta cuestión todos los grupos políticos deberían estar de acuerdo”, concluyen.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas hará pública una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos “que tienen un efecto nocivo” en la salud de los niños y adolescentes.

Bustinduy ha hecho este anuncio en la presentación del Barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que constata que el 79 % de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad.

“A día de hoy en España, cada niño es bombardeado con más de 4.000 anuncios publicitarios de comida insana al año, casi 11 al día solo en el medio televisivo. Si contamos otros canales, ese número llega hasta 30 anuncios diarios”, ha alertado el ministro.

Unos datos, según Bustinduy, que confirman que la sociedad española es plenamente consciente del problema que supone la exposición de los menores a la publicidad de productos insanos, y ha subrayado la importancia de proteger a la población escolar de este tipo de anuncios.

“En España, un 80 % de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables, pero son aquellos que están más expuestos con mayor frecuencia a la publicidad de estos alimentos, los que los consumen en mayor proporción”, ha advertido Bustinduy.

En concreto, ha dicho, los menores en entornos más vulnerables se ven más expuestos a este “bombardeo constante de miles de impactos de una publicidad extraordinariamente agresiva, diseñada específicamente para desarrollar patrones de conducta y comportamiento que, por su edad, muchas veces no tienen siquiera los elementos necesarios para poder distinguir el contenido publicitario”.

Bustinduy ha asegurado que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar un entorno seguro para todos los menores que están expuestos “sin ningún tipo de barrera a una serie de prácticas comerciales y publicitarias que antepone el lucro y el interés privado de una serie de actores económicos y comerciales al interés general”.

Ese es el objetivo que persigue la nueva regulación que Consumo quiere presentar en las próximas semanas, ha aseverado el ministro, que ha recordado que esta acción normativa se une al real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles y al que busca garantizar los más altos estándares de alimentación saludable en espacios públicos como hospitales y residencias. “Es una cuestión de salud pública”, ha concluido Bustinduy.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá al Gobierno topar los precios de productos y servicios cuando se produzcan situaciones de emergencia o catástrofes, que “alteren de forma excepcional la oferta y la demanda”. La medida, impulsada por Consumo, se produce en un contexto de “avisos y denuncias de una subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas” tras el accidente de Adamuz, recibidos por este Ministerio.

El Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha explicado que el objetivo es “impedir que se produzcan incrementos desproporcionados o abusivos de los precios”, que provocan una “situación de indignación general”. Por ejemplo, ha mencionado los aumentos de precios en “transportes alternativos o alojamiento y hospedaje” ante situaciones sobrevenidas, como los incendios que se propagaron este verano.

La normativa, que deberá obtener el respaldo parlamentario en el plazo de 30 días, prohibirá los incrementos de precios variables, que “no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar un 50% al promedio de esos 30 días”. En el caso de bienes o servicios con “marcada estacionalidad”, se puede tomar como referencia el mismo periodo del año anterior, actualizado según el IPC.

Desde Consumo, ponen como ejemplo de “abusos” a atajar “los que se han denunciado recientemente” en situaciones “como las ocurridas tras el accidente de tren en Córdoba, los incendios del pasado verano o la dana de Valencia”. “Lo que hemos visto en estas situaciones es lo que sucede cuando el libre mercado puede operar a su libre albedrío, sin que exista regulación o control de los poderes públicos”, ha indicado Bustinduy, que ha enmarcado estos incrementos de precios en un “intento de extraer el mayor beneficio posible a costa de una situación de vulnerabilidad de la ciudadanía por una situación sobrevenida”.

En noviembre de 2024, el Gobierno ya modificó la Ley General de los Consumidores para que las empresas que automatizan precios personalizados no pudieran subirlos en situaciones de emergencia de protección civil, tras la catástrofe de la dana. Una de las novedades del nuevo real decreto-ley es que no será un requisito indispensable esa calificación, sino que será el propio Consejo de Ministros quien tenga “potestad de topar el precio de un servicio o producto”.

La limitación de los precios deberá contar, como mínimo, con una fecha de inicio y de fin para los servicios y productos afectados. Y podrá activarse en varios supuestos, “junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidentes, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias”.

Habrá excepciones a los topes, para “no tensionar la oferta”. En concreto, desde Consumo señalan que “se permitirán incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando no suponga un aumento de márgenes para el operador”.

El real decreto-ley supone una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios e incluirá la obligación para las comercializadoras de “informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado, al menos, los 30 días previos” a que se imponga el tope para garantizar que “la limitación de los incrementos de precios se mantenga vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia”.

Un impuesto a los ultrarricos para financiar una prestación que erradique la pobreza infantil. Esa es la propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que prevé impulsar la conocida como 'tasa Zucman' a los multimillonarios para que sume los recursos necesarios para pagar una prestación universal por crianza, así como otras medidas sociales de calado.

“Vamos a empezar por la prestación universal por crianza y también vamos a llevar una propuesta de reforma fiscal que espero que pueda contar con el mayor apoyo posible”, ha señalado Bustinduy antes de reunirse en París con el economista Gabriel Zucman, diseñador de una propuesta para gravar con un 2% el patrimonio de aquellas personas con un patrimonio superior a los 100 millones de euros.

En declaraciones recogidas por EFE, ha insistido en que la primera política en financiarse con esta medida -que podría recaudar 5.200 millones de euros, según los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE- sería esa prestación por crianza para “erradicar la pobreza infantil en España”, que quiere hacer “cuanto antes” y que a su parecer “contaría con un amplísimo respaldo” en el Parlamento y en la sociedad española. A partir de ahí, esas medidas universales abrirían el debate sobre “la justicia fiscal para poder financiarlas”.

Para el ministro, está justificado que “aquellos que de manera desproporcionada están acumulando un patrimonio y una riqueza completamente fuera de lo que es razonable para una democracia contribuyan a la creación de estructuras de protección social que permitan que nuestras democracias mejoren la calidad de vida de las clases trabajadoras”.

“Una reforma fiscal que haga que quienes más tienen más paguen va a contar con formidables fuerzas de oposición”, ha reconocido Bustinduy, para apuntar a renglón seguido que “la fuerza con la que contamos es que es una cuestión de sentido común, y que a lo largo y ancho del espectro político, gente de izquierdas, de derechas y de centro comparten la idea de que no parece muy sensato que alguien que acumula un patrimonio de cientos de millones o miles de millones pague una tasa proporcional menor a la que paga un asalariado”.

Zucman: “España necesita este impuesto”

Zucman, por su parte, ha apuntado, también en declaraciones a EFE, que “ha llegado el momento para España de ser líder sobre este tema” y recordó que ya había tenido un papel importante en el G20 en 2024 al incorporarse en una coalición que pretendía hacer avanzar la discusión sobre una imposición mínima a los multimillonarios.

“España lo necesita, como Francia, como todos los países del mundo porque en todos los países los multimillonarios pueden eludir y eluden muy ampliamente el impuesto sobre la renta” y su tipo impositivo efectivo es “más bajo que el de las otras categorías sociales”, ha señalado el economista.

El impuesto afectaría a alrededor de un millar de contribuyentes en España la idea es que las personas con un patrimonio superior a los 100 millones que lo tuvieran que pagar no abonarían nada si con los otros impuestos ya sufragaran el 2% del valor de esos activos.

“Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No es que sólo grava a los ultrarricos, sino únicamente a los ultrarricos que escapan a los impuestos”, ha dicho.

Zucman será recibido el próximo día 20 en Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que hablará de la propuesta de impuesto que se ha popularizado con su nombre. La 'tasa Zucman' fue defendida por todos los partidos de izquierda en Francia para implantarla en los presupuestos de 2026, pero fue rechazada en el Parlamento, donde esos grupos están lejos de tener mayoría.

Seis plataformas han retirado más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel, tras un requerimiento del Ministerio de Consumo, que el pasado mes de diciembre ordenó la eliminación de 138 páginas. Según han anunciado este lunes desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, “se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los restantes”. En total, se han suprimido ya 108 anuncios.

Para exigir el bloqueo de estos anuncios, Consumo se acoge al real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, que en su artículo 4 establece como “ilícita” la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos.

El Ministerio no indica el nombre de las compañías que alojaban estos anuncios, aunque en una comunicación anterior si señalaba que “Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino”. Esta organización publicó el pasado mes de septiembre un informe en el que citaba a Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor.

En julio, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, elaboró otro informe en el que enumeraba a las empresas que colaboran con la ocupación de Israel, en el que incluía un apartado sobre el “turismo de ocupación”. En él, mencionaba que Booking y Airbnb “anuncian propiedades y habitaciones de hotel en colonias israelíes”, además de figurar en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2020.

En una entrevista en el programa 'La Hora' de RTVE, Bustinduy ha explicado que esta restricción no solo afecta a los anuncios en España, sino también en “otros países”. “Esto es el derecho internacional, es lo que dice la legislación internacional. Solo lo estamos aplicando y cumpliendo”, ha indicado, en referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, que recuerda a los Estados su “obligación de tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.

Al Gobierno se le atragantan las medidas sobre vivienda y sus dos almas vuelven a tropezar, una y otra vez, con la misma piedra. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de una bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios ha soliviantado a Sumar, con quien los socialistas llevaban semanas negociando un real decreto para la congelación de los alquileres y a quienes la declaración del lunes pilló por sorpresa. No es la primera vez que el ala socialista anuncia ventajas impositivas para los propietarios, en un contexto de aumento de rentas para los inquilinos. Y tampoco que los de Yolanda Díaz y otros socios parlamentarios se muestran radicalmente en contra.

Pedro Sánchez arrancó 2025 con un gran foro sobre vivienda. Rodeado de hasta nueve ministros, anunció un paquete de medidas destinadas a paliar “el mayor problema de las clases medias en Europa y en España”. Un año después, el presidente se enfundó un chaleco de seguridad y se presentó en el inicio de las obras de demolición de la Operación Campamento para anunciar una bonificación fiscal a los caseros, mientras varias de esas palancas con las que el PSOE quiere desbloquear la crisis residencial siguen sin activarse.

La medidas que se le atascan al Ejecutivo también tienen que ver con la fiscalidad. El plan anunciado hace doce meses incluía hasta cuatro cambios tributarios: una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios de vivienda en alquiler que ajustasen sus precios al índice de referencia del Ministerio, que los pisos turísticos paguen IVA, una reforma del régimen fiscal de las socimis y un gravamen a la compra de casas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes.

El objetivo de fondo con algunas de estas propuestas era saltarse el bloqueo de las comunidades del PP a la ley de vivienda, aprobada en la legislatura anterior. Esta norma ya contempla bonificaciones fiscales del 90% para los caseros de zonas tensionadas que bajen los precios un 5% y de un 70% para quienes alquilen por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años, pero el requisito es que esas zonas hayan sido declaradas como tal y esa pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos, la mayoría de ellos 'populares' y en contra de esta herramienta.

En aquel momento, Sumar celebró el “cambio de tono” del PSOE, pero pidió “ir mucho más allá”, mientras algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como ERC y Bildu, reclamaron también más ambición y Podemos criticó abiertamente que algunas de esas propuestas suponían “regalar dinero público” a los caseros. Fuentes de Moncloa trasladaban entonces que las medidas, que incluían la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, el impulso del nuevo Plan Estatal, un Perte centrado en el sector de la construcción o la creación de un aval público de impagos, no eran todas las que gustarían al Ejecutivo, pero si eran “viables”, dada la aritmética parlamentaria.

A diferencia de otras, las medidas fiscales deben pasar por el Congreso. En mayo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció la presentación de una proposición de ley para “impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles”. El texto contenía ese paquete, que Sánchez había avanzado cinco meses antes e incorporaba una subida de impuestos a las casas vacías, con las que pretendía movilizar tres millones de inmuebles deshabitados. Sin embargo, al margen de esta propuesta, volver a poner sobre la mesa las bonificaciones a propietarios volvió a despertar las críticas de los socios.

Más allá de la retórica, y en un momento de crisis que nadie niega, esas medidas no se han aprobado un año después de ser anunciadas por el presidente y continúan su trámite parlamentario mientras Sánchez pretende sacar un real decreto-ley que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días desde su aprobación en un Consejo de Ministros que todavía no tiene fecha y que ya cuenta con el rechazo de Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue la primera en señalar que “en estos términos”, la propuesta no tendrá su apoyo, porque “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, pero ha sido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien se ha puesto al frente de la oposición en el seno del Gobierno.

“Abordar la crisis de vivienda a través de bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no compartimos y que no vamos a aceptar nunca, porque es injusto, no va a funcionar y porque la solución existe y se llama prórroga de los contratos”, insistió Bustinduy este mismo viernes. Los ministros de Sumar presentaron en octubre un “plan de intervención urgente” en materia de vivienda el pasado mes de octubre. Era su propio decreto-ley, que incluye la limitación de la compra de inmuebles a aquellos que vayan a alquilarse a precio asequible, una prórroga de los contratos de tres años y la congelación de los precios.

En aquel momento, el portavoz del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, llegó a pedir la dimisión de la ministra Rodríguez, en unas declaraciones que rectificó después la propia Díaz. Desde el Ministerio de Vivienda han evitado en todo momento, entonces y ahora, entrar al choque con el socio. “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”, dijo la ministra esta semana en una entrevista en Onda Cero. Pero lo cierto es que desde el ala socialista han trasladado la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que “no da la seguridad jurídica necesaria” a la prórroga de los alquileres, dijo el miércoles la ministra portavoz Elma Saiz.

Desde Consumo alegan que ya se hicieron prórrogas similares hasta en ocho ocasiones, cinco de ellas fuera del paraguas del estado de alarma por la covid. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del Gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Al margen de la aprobación o no del real decreto-ley, que Vivienda está negociando con los grupos parlamentarios y de la letra pequeña que derive de esas conversaciones, algunas voces hablan de que el anuncio de Sánchez de bonificar al 100% a quienes no suban los precios puede pisar sus propias medidas previas, como la bonificación al 90% de quien baje el precio un 5%. “Podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan”, señalaba el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en un comunicado en el que reclamaban “mayor concreción” y “reestructurar los incentivos en el IRPF para evitar distorsiones”.

Los técnicos de Hacienda señalan, además, que “aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigente”, que entraron en vigor en enero de 2024, y “aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia”. No obstante, consideran que “las medidas fiscales pueden ser útiles para afrontar ciertos problemas del mercado inmobiliario, pero no son suficientes por sí solas para resolverlos”. En este sentido, reclaman una “inversión pública decidida que aumente significativamente la oferta de vivienda, garantizando así un mercado más accesible para los ciudadanos”.

La palanca de la inversión es la que quiere activar el Ministerio de Vivienda con el nuevo Plan Estatal, que está ultimando con las comunidades. Aunque la previsión era cerrarlo en diciembre, desde el departamento de Rodríguez han primado el acuerdo con los gobiernos autonómicos, que son quienes deberán ejecutar buena parte de ese plan. El Ejecutivo central ha puesto tres requisitos: que las comunidades acepten triplicar la inversión y aumentar la corresponsabilidad hasta los 40%, hasta un total de 7.000 millones de euros; proteger de forma permanente las casas que se construyan con dinero público; y ofrecer datos oficiales de forma transparente.

El Gobierno juega con el reloj en contra para paliar la crisis residencial. Sobre todo, teniendo en cuenta el decalaje entre el planeamiento de una vivienda y la entrega de llaves, que puede alargarse durante años, y un sector de la construcción que quedó muy tocado tras el estallido de la burbuja en 2008. Con todo, el número de visados de obra nueva había experimentado en los últimos ejercicios un repunte, todavía insuficiente para paliar el déficit de unas 700.000 viviendas que estima el Banco de España. Un interés inversor que comienza a resurgir en un mercado que lo vende todo, por una apuesta de las administraciones públicas por la vivienda y por la estabilidad financiera y que, según el informe Euroconstruct Invierno 2025, ha hecho crecer a este sector en España en un 4% en el último año.

Al hilo de la construcción, el Ministerio de Vivienda ha apostado por levantar un parque público robusto, en línea con los países del entorno del 9% del total. En 2024, las administraciones dieron un impulso inversor y desde el Gobierno central se han inyectado recursos para levantar la producción de vivienda protegida hasta el 18% del total de las iniciadas, duplicando las del año previo, hasta llegar a las 24.000 comenzadas. Con datos de enero a septiembre, en 2025 se habían comenzado 11.567 viviendas protegidas, algo menos que las 12.355 que en el mismo periodo del año previo, pero más que las 8.195 que los tres primeros trimestres de 2023.

Además, durante todo este año, el departamento que dirige Isabel Rodríguez ha estado trabajando en la puesta en marcha de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, otro de los anuncios de Sánchez el pasado mes de enero. A ella se están transfirieron unas 45.000 viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo', y la compañía estatal ha puesto en marcha convocatorias piloto para los primeros alquileres asequibles pero, de nuevo, el tiempo no da tregua. “Esto no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el futuro”, aseguró su presidenta Leire Iglesias, que en una entrevista en la Cadena Ser calculó que se necesitarán, “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Entre tanto, los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra no paran de subir. Un informe de la tasadora Tinsa indica que las casas se han encarecido un 13,9% en un año, con picos de hasta el 15,2% en las áreas metropolitanas, del 14,6% en las capitales y grandes ciudades y un 13,9% en las islas, mientras los portales inmobiliarios registran incrementos de los contratos de arrendamiento del entorno del 10% interanual. Con excepciones. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, explicó este miércoles en el Senado que los precios en su ciudad habían bajado un 4,9% tras la declaración de zonas tensionadas y el ayuntamiento de A Coruña compartió esta misma semana que la ciudad “registra una nueva bajada del precio medio y lidera en Galicia la firma de contratos”, según datos oficiales de su observatorio de vivienda, algo que atribuyen a esta medida, que se activó en el municipio gallego en mayo.

En lo que hay consenso absoluto en las dos almas del Gobierno es en reclamar a las comunidades autónomas del PP que declaren zonas tensionadas, que permitan topar los precios de forma paliativa. O, al menos, que sigan el ejemplo de Galicia que, tras meses de trabas, aceptó la petición en Coruña, gobernada por los socialistas. “Nos permite parar de golpe [el aumento de precios] y ganar tiempo hasta que haya más oferta”, verbalizaba Collboni. El presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, ya advirtió el pasado verano que la vivienda es el “agujero negro” por el que se cuelan todos los buenos datos macroeconómicos del país.