Tras la detención del presidente de la Diputación de Almería y hasta hace unos días su máximo dirigente provincial, Javier Aureliano García, el Partido Popular almeriense no logra escapar de la sombra de la corrupción que planea sobre el partido desde hace años. Los populares, con una fuerte influencia histórica en la estructura andaluza del partido que dirige hoy Juan Manuel Moreno y antes Javier Arenas, acumulan más de dos décadas en las que los casos de corrupción, especialmente urbanística, han hecho desfilar por los tribunales a altos cargos de la formación. Cargos que, mayoritariamente, han prosperado bajo el mandato de Gabriel Amat, figura clave del PP en esta provincia.

Los registros y detenciones practicadas el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, en el marco del 'Caso Mascarillas', que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de la capital almeriense y que se saldaron con la detención, entre otros, del propio Javier Aureliano García, así como del vicepresidente de la diputación provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, vuelven a situar al PP de Almería bajo la sospecha de la corrupción. Los detalles que se vienen conociendo en los últimos días no dejan bien parados a los dirigentes populares.

La investigación judicial trata de aclarar si se creó un entramado para el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la Covid-19 en el que se vieron beneficiados determinados políticos de Almería y personas cercanas a estos. Pero no es la primera vez que la Justicia intenta arrojar luz sobre un caso similar en el que los populares almerienses estén bajo el foco.

Sin ir más lejos, el propio 'Caso Mascarillas' parece tener más ramificaciones que la mera trama de material sanitario por la pandemia y se está indagando en la concesión de contratos de obras menores a empresas relacionadas con la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. Un caso que apunta no sólo a la estructura del PP de Almería, sino también al del PP de Andalucía de Juan Manuel Moreno porque los presuntos corruptos llevan años medrando y ascendiendo dentro de la formación de la mano de otro expresidente provincial, Gabriel Amat, involucrado en diferentes tramas de corrupción.

Las principales tramas

Tramas que, junto al 'Caso Mascarillas', se pueden resumir en otros dos grandes asuntos: el 'Caso Hispano' y el 'Caso Poniente'. Cronológicamente, el Hispano es el más antiguo de los tres. En esta trama se ha investigado en diferentes piezas, algunas de ellas archivadas por exceso de dilación en los tiempos procesales, la presunta financiación ilegal del PP de Almería a través de la adjudicación de obras públicas con la constructora Hispano Almería que da nombre al caso. Entre los principales investigados están, entre otros, el propio Gabriel Amat y la ex consejera de Agricultura, Carmen Crespo, actual eurodiputada de los populares.

No en vano, la presencia de Crespo en esa trama, que nunca ha sido imputada formalmente por el aforamiento del que ha gozado desde hace décadas, sirve para explicar el peso de la estructura almeriense en el PP de Andalucía. Crespo fue consejera de Agricultura y su sucesor, Ramón Fernández-Pacheco, que sigue en el cargo, escaló desde la Alcaldía de Almería al Ejecutivo regional y ahora tras esta crisis es presidente de los populares de Almería y vicesecretario general del PP-A de Juan Manuel Moreno. Lo que explica por qué el 'Caso Mascarillas' es a su vez un caso que impacta directamente en la estructura orgánica del PP andaluz.

Y es que también es relevante la relación entre los populares almerienses y la cúpula de Sevilla si se hace un viaje algo más atrás en el tiempo, justo a la etapa de Javier Arenas al frente del PP-A. El que fuera a su vez vicepresidente del Gobierno y ministro en varias carteras con José María Aznar, tuvo de fiel escudero a Juan José Matarí, uno de los políticos almerienses que hoy pasa por un segundo plano, pero que durante años fue uno de los hombres fuertes de Arenas. Matarí también fue investigado en varias tramas de corrupción e incluso apareció en los papeles de Bárcenas, lo que da nota de la relevancia de la orgánica almeriense dentro del PP y de la sombra de corrupción que persigue históricamente a los populares de Almería. Hoy en día, Matarí continúa como senador en la Cámara Alta tras haber sido diputado en el Congreso durante seis legislaturas.

Pero volviendo al Caso Hispano, que es el más antiguo de todos, la investigación se centra en aclarar diez años de presunta financiación ilegal en municipios como Roquetas de Mar, considerado el núcleo central de la trama. Esta localidad almeriense es la que dirige Gabriel Amat desde hace 30 años y desde la que ha ido escalando en su peso específico dentro del Partido Popular de la provincia. Según la investigación que realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en este municipio se cometieron irregularidades en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería por valor de más de 77 millones de euros de fondos públicos.

En esta trama, además de Roquetas de Mar, aparecen contrataciones en otras localidades como Níjar, La Mojonera o el propio Ayuntamiento de Almería. Sin embargo, algunas de las piezas que se relacionan con estos municipios ya han sido archivadas por la excesiva dilación de los tiempos judiciales y en ningún caso se ha producido aún ninguna condena firme. La instrucción sigue abierta, pero fuentes políticas asumen que el tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas en el año 2013, provocará que las condenas, si llegan, acaben siendo bajas. Algo parecido a lo ocurrido con el 'Caso Marchelo' que se resolvió en parte este año con sentencias muy rebajadas y afectaba al PP de Granada.

La otra trama relevante de las dos últimas décadas es la del 'Caso Poniente'. Una macrocausa que evidenció cómo el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por el Partido Popular, había creado una trama a través de empresas y subcontratas vinculadas a cargos de la formación. Según la investigación, hubo apropiación indebida de más de 58 millones de euros y para lograrlo se interpuso a familiares a modo de testaferros con el fin de evadir la fiscalización de las cuentas. En esta ocasión, la causa se prolongó durante más de siete años y llegó a tener a 65 imputados.

Esta operación judicial investigó las cuentas del Consistorio de El Ejido entre los años 2002 y 2009. De los 65 imputados, 28 acabaron siendo condenados en 2023. Entre ellos, el exalcalde Juan Enciso que, junto con el resto, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tratando de defender su inocencia asegurando que se realizó contra él una investigación prospectiva. No obstante, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y a 13 de inhabilitación por la investigación judicial que inició la UDEF.

La figura de Gabriel Amat

Cronológicamente, lo sucedido en el Ayuntamiento de El Ejido tiene también relación con Gabriel Amat y la Diputación, pero también con el 'Caso Hispano'. Con Amat porque él asciende a la presidencia del PP de Almería del partido en 2004 y es pieza clave en la trama de la constructora Hispano Almería, y con el ente provincial porque hubo cargos públicos relacionados con la red que se tejió para cometer los delitos. Todo esto es relevante porque Amat es la figura más destacada de los populares almerienses por su fuerte influencia. De hecho, en aquellos primeros años del siglo, existía una lucha interna por controlar el poder popular en Almería precisamente con el regidor de El Ejido.

Sin embargo, la disputa la ganó Amat y con el tiempo fue, a la par que se le investigaban casos de presunta corrupción -sobre todo urbanística-, aglutinando poder y colocando a figuras próximas en los diferentes núcleos de poder de Almería. Hasta su dimisión como máximo mandatario en 2021, promocionó a Óscar Liria, que fue expulsado del partido cuando era vicepresidente de la Diputación al estallar el 'Caso Mascarillas' al detectarse que pudo haber defraudado cientos de miles de euros en comisiones por la compra de material sanitario. Junto a él, también crecieron en importancia Javier Aureliano García, que asumió la presidencia de la Diputación tras la dimisión de Amat en 2019, aunque está suspendido temporalmente de militancia tras su detención, y Ramón Fernández Pacheco, que ahora es uno de los altos cargos del Gobierno de Andalucía de Juan Manuel Moreno.

Javier Aureliano, que hasta esta semana ha sido presidente de la Diputación de Almería y máximo dirigente del PP de Almería, es considerado por la política local como uno de los hombres de confianza de un Gabriel Amat que ha estado siempre relacionado con investigaciones en su contra pero que hasta la fecha siempre ha salido indemne. Mientras este último sigue como alcalde de Roquetas de Mar, cargo que alcanzó en 1995, quienes le han rodeado en algún momento están teniendo que responder ante investigaciones judiciales que alargan la sombra de la corrupción sobre el Partido Popular almeriense.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (102.881 habitantes) e histórico dirigente del PP de Almería, ha sido sancionado por la Junta Electoral de Zona por inaugurar un puente en plena campaña para las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, en las que resultó vencedor. Los actos de inauguración y propaganda institucional estaban prohibidos desde el 4 de abril, pero Amat acudió al lugar y convocó a los medios de comunicación el 20 de mayo, apenas ocho días antes de los comicios. Tendrá que pagar 300 euros.

Desde el Consistorio resaltan que no hubo el “acto” con el que habitualmente se inauguran este tipo de infraestructuras e insisten en la “necesidad” de ponerla en funcionamiento, si bien lo que se sanciona no es eso, sino la inauguración por un cargo público que se arrogó el mérito en plena campaña electoral. “Fueron apenas dos minutos, estaba lloviendo y el alcalde solo se acercó a comprobar la apertura de la carretera”, dice una portavoz municipal, que avanza que Amat no recurrirá y abonará la sanción.

El alcalde acudió a la rotonda en cuestión, y no tuvo problema en despachar a los medios de comunicación empezando con estas palabras: “Tenía que terminar este puente”. “Hay que felicitar a la empresa que lo ha estado haciendo. Nos sentimos muy satisfechos de que hoy se pueda abrir al paso para dar un servicio a toda la zona esta de Aguadulce muy importante”, señala en un vídeo difundido por el propio Ayuntamiento el 20 de mayo.

Infringió dos artículos de la Ley

Estaba prohibido desde el 4 de abril, fecha en la que se publicó en el BOE el decreto de convocatoria de las elecciones municipales, pero Amat hizo caso omiso: “Me siento muy satisfecho de ir dándole calidad a nuestra gente, de ir haciendo servicio en Aguadulce, y este puente no se queda así: seguiremos trabajando en el resto de la calle hasta la 340”.

A pesar de estas declaraciones literales, el PP arguyó que Amat “en ningún momento” “efectuó ninguna intervención que contuviese alusiones a sus logros ni tampoco induzca directa o indirectamente el sentido del voto de los electores”.

La Junta Electoral, por el contrario, cree que está acreditado que con su actuación infringió dos artículos de la Ley Electoral: el que prohíbe “cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada” (50.3), sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento; y el que censura actos organizados o financiados por los poderes públicos con alusiones a los logros obtenidos (50.2). Hace más de una década que la Junta Electoral Central (que interpreta la normativa electoral) concluyó que cualquier visita rutinaria a una obra pública con seguimiento de prensa y alusión a la inversión realizada y el plazo entra en lo prohibido por la ley.

El alcalde no es un recién iniciado en la política. Durante años incluso ha presidido el comité electoral del PP andaluz. Vencedor en ocho ocasiones, de elecciones algo sabe.

A menudo bajo sospecha, nunca procesado

El nuevo puente atraviesa la Rambla de San Antonio, y pretende resolver el acceso a Aguadulce desde la autovía A7. La obra comenzó en enero y el estreno tuvo amplia difusión en varios medios de comunicación de ámbito local y provincial. Con Andalucía, la coalición de IU y Podemos, denunció el caso ante la Junta Electoral, y Juan Pablo Yakubiuk, exportavoz de IU en el municipio y tradicional rival político de Amat, tuiteó: “Amat está tan sobrado, se cree tan impune ante la Justicia, que se da el lujo de pisotear la Ley Electoral en plena campaña haciendo un acto de inauguración cuando está terminantemente prohibido. Juego sucio con el dinero de todos, sin reparo alguno: a esto hemos llegado”.

Amat, íntimo de Javier Arenas, es un político muy veterano que durante años ha acumulado un inmenso poder en el PP almeriense, dirigiendo tanto el partido como la Diputación a nivel provincial. Ahora tan solo mantiene la alcaldía, que ostenta desde 1995. El pasado 28 de mayo volvió a arrasar, con el 45,92% de los votos y una nueva mayoría absoluta.

Agricultor y empresario con varias sociedades que dirige él o sus familiares, aparece señalado recurrentemente por sus críticos como presunto vértice de casos de corrupción, como el Caso Halsa, en el que se investiga la presunta financiación irregular del PP almeriense. Sin embargo, siempre ha esquivado las sospechas, y entonces se ha presentado como víctima de una persecución. Lo cierto es que son varios los casos que se han archivado o languidecen en los juzgados acumulando polvo y papeles.

El Caso Halsa es paradigmático: empezó a investigarse en 2013, pasó ocho años en un juzgado de instrucción y aún no se ha juzgado. Aunque un informe de la UDEF desgrana el presunto pago de comisiones por obra pública en Roquetas de Mar, Amat, jefe de todo en el municipio, ni siquiera fue imputado.

Solo la Junta Electoral ha señalado como culpable de infringir la ley al veterano dirigente que tantos años lleva bajo la lupa. 

Casi ocho años después de que un juzgado de instrucción empezara a investigar a funcionarios y políticos de varios municipios Almería por el presunto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras, el caso Hispano-Almería avanza lentamente con las primeras declaraciones de algunos investigados. No hay condenados, ni siquiera acusados y, visto el ritmo del proceso, aún queda mucho para eso, si es que se produce. Hace apenas unos días, el juzgado de instrucción 3 de Almería ha llegado a la conclusión de que debe tomar declaración como investigados a trece personas, además de a los representantes legales de las empresas que supuestamente pagaron las mordidas.

Entre los llamados a declarar hay un solo cargo político, Antonio García Aguilar, por entonces concejal de Salud y Medio Ambiente de Roquetas de Mar. En cambio, no pasará por los juzgados Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y expresidente del PP de Almería, a pesar de que su municipio es el vértice de la investigación y un informe de la UDEF concluye que el PP almeriense y el de Roquetas usaron la trama para financiarse irregularmente. Las acusaciones (PSOE y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT)) habían pedido su imputación, pero la jueza no ha resuelto sobre esta petición más de un año después. Tampoco ha resuelto nada respecto al resto de diligencias pedidas por las acusaciones particular y popular.

Los dos autos del juzgado, a los que este medio ha tenido acceso, acuerdan citar a declarar a trece personas, además de los representantes legales de Hispano Almería, Alcosan, Gesponiente y Taller de Arquitectura Almería, tal y como pedía la Fiscalía. Empezaron a declarar este martes. Además, el juzgado pide a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones de renta y patrimonio de 2000 a 2010 de los investigados, así como las cuentas anuales y el impuesto de sociedades de las empresas bajo la lupa. También quiere conocer todo el patrimonio de los sospechosos y los movimientos de sus cuentas.

Esta es la primera ocasión en que la jueza cita a declarar como investigados a técnicos y políticos de Roquetas de Mar. La jueza considera que podrían haber cometido delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación, de negociaciones prohibidas a autoridades y de pertenencias a organización y grupo criminal.

Informe de la UDEF entregado hace más de un año

Un total de nueve presuntos delitos, que la UDEF ya desgranó en un extenso informe emitido hace más de un año, en el que documentaba la existencia de recibís de los que se deducía la existencia comisiones ilegales a favor de técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería.

El informe, que daba nombres y apellidos de los perceptores, apuntaba a la entrega de 36.000 euros en 2003 (año de elecciones municipales) asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”. Además, en los 'recibís' incorporados a la causa había otros 18.000 euros en concepto de “campaña municipal - Diputación” y 25.000 euros aportados al “PP Níjar”. En total, la UDEF contabiliza 136.500 en pagos al PP.

Según ese informe, el Ayuntamiento de Roquetas cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, según la Policía, que entre 2000 y 2010 ejecutó actuaciones por valor de más de 77 millones de euros.

Un tortuoso camino procesal iniciado en 2013

La investigación de las presuntas comisiones pagadas a funcionarios y políticos del PP almeriense ha seguido un camino tortuoso. La investigación, que hoy acumula los 40 tomos y 365.000 folios, se inició en octubre de 2013, cuando la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó cerca de 10.000 documentos a la Fiscalía que documentan, presuntamente, la existencia de una trama para el cobro de comisiones ilegales en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, La Mojonera, Almería y la diputación provincial.

Esos documentos demostrarían que el Grupo Hispano-Almería obtuvo un gran número de obras públicas a cambio de premiar económicamente a técnicos, funcionarios y políticos locales. Hay recibís que documentan el cobro de un total de 1,1 millones por parte de un arquitecto técnico municipal. En total, los recibís suponen 5,4 millones de euros en 62 expedientes, en los que faltan documentos o constan modificados por más del 20% permitido por la ley. 

En octubre de 2020, un mes después de recibir el prolijo informe de la UDEF y más de seis años después de asumir la investigación, la jueza instructora decidió inhibirse, poner fin a su instrucción y enviarla troceada a los juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, entendía que los presuntos delitos que había investigado como un todo hasta ese momento se podían individualizar en cada municipio.

En cambio, los denunciantes siempre han defendido que existe un modus operandi común y un entramado criminal que desemboca en la cúpula del PP almeriense. Creen por tanto que toda la investigación debe recaer en un único juzgado, y que su troceamiento solo provocará más demoras y que la trama criminal quede impune. Pocos meses después, la decisión de la jueza fue corregida por la Audiencia Provincial, que devolvió la investigación al juzgado de instrucción 3 de Almería.

Quejas por el retraso

Este nuevo inconveniente ha terminado por retrasar otro año un proceso que ya venía de seis años de demoras. En este tiempo han fallecido dos de los ahora investigados, que sin embargo han sido también llamados a declarar.

Además, se mantiene cada una de las piezas separadas, sin que se haya abierto una pieza política en la que se investigue la posible implicación del PP almeriense, beneficiario de recibís y donaciones del Grupo HALSA, según los investigadores policiales. “La UDEF está diciendo que hay causa común y financiación irregular del PP. ¿Por qué no se investiga esto? ¿Qué criterio usa la juez?”, se pregunta una fuente de AMAyT.

La causa ha sido declarada de gran complejidad, y la jueza instructora ha pedido el refuerzo de un magistrado y dos funcionarios para su juzgado. Los retrasos en la investigación han motivado la interposición de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de AMAyT. La asociación denuncia que la lentitud en abrir una pieza que investigue la presunta conexión de todas las adjudicaciones irregulares podría acabar desembocando en la prescripción de posibles delitos.

Un juzgado ha desestimado el intento de Gabriel Amat, presidente del PP almeriense y alcalde de Roquetas de Mar, para que un juzgado penal condene a un denunciante de corrupción por escribir sobre él.

Amat pretendía silenciar las publicaciones de Luis Montoya, que desde hace años denuncia la corrupción local en su blog personal, utilizando una medida cautelar genérica previamente dictada a su favor por un juzgado de primera instancia. La medida ordenaba a Montoya que se abstuviera de realizar y difundir publicaciones que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Gabriel Amat.

Amat se valió de esta medida cautelar para denunciar ante la Fiscalía a Montoya por, supuestamente, desobedecerla, ya que Montoya había seguido publicando material sobre él. La Fiscalía llevó el asunto al juzgado penal y acusó a Montoya de un delito de desobediencia. Sin embargo, después de un proceso que ha durado cuatro años, el juzgado de lo penal 1 de Almería lo ha absuelto con un argumento: no contravino la medida cautelar del juzgado, porque esta no era una “orden directa, concreta y precisa susceptible de ser vulnerada”, sino una resolución “vacía de contenido”. “La falta de una orden directa, concreta y precisa, susceptible de ser vulnerada imposibilita apreciar el elemento subjetivo de este tipo de injusto, que no es otro que el ánimo de desatender dicha resolución judicial”, señala la jueza.

El juzgado razona que la medida cautelar repite en realidad un deber genérico que tienen todos los ciudadanos: no vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de los demás, protegido en la Constitución y el Código Penal. Lo que no vale, razona la jueza, es sustituir la prueba de las supuestas injurias o calumnias por la pretendida vulneración de una medida cautelar genérica.

La jueza explica que, si no fuera así, estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del acusado, situándole en la indefensión. El propio delito de desobediencia exige que la resistencia suponga el incumplimiento reiterado de una orden expresa, terminante, clara y personal. No es el caso. No se puede condenar a Montoya por una desobediencia, menos aún si no se ha probado que las nuevas publicaciones traídas a juicio vulneren ningún derecho.

“Entendían que cualquier cosa que se escribiera sobre Amat atentaba contra su honor. Sorprendentemente, esto ha llegado a juicio”, explica Salvador Benítez, abogado de Luis Montoya.

Amat ha declinado valorar la sentencia que absuelve a Montoya.

Un largo historial

Desde hace años, Luis Montoya viene publicando en su blog Wikiluis, la red corrupta, abundante material sobre procesos penales de corrupción en Almería, algunos de los cuales afectan a Gabriel Amat. Montoya, hace muchos años vinculado al PP, es también colaborador de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, que ha impulsado diversas investigaciones al mandatario popular o al PP almeriense, entre ellas el caso Hispano Almería, en el que la Policía emitió hace seis meses varios informes que dan por hecha la presunta financiación irregular del partido en la provincia.

En 2017, Montoya y AMAyT denunciaron a Amat por presunta corrupción urbanística por la concesión de licencias para construir en la zona de La Fabriquilla, en Roquetas de Mar. Amat, que lleva años bajo el foco de la justicia pero no ha sido condenado nunca, se querelló. Y aunque la querella penal se archivó, interpuso posteriormente una demanda civil contra Montoya por vulneración de su derecho al honor.

Esa demanda civil, en la que el político reclamaba 40.000 euros de indemnización, fue estimada finalmente a favor de Amat. El Tribunal Supremo ratificó en septiembre la condena a Luis Montoya a indemnizar con 5.000 euros a Amat, por llamarle “terrorista, mafioso, delincuente, canalla, sinvergüenza, golfo, cacique” y acusarle, entre otras cosas, de “pertenecer a una banda criminal”. En ese mismo procedimiento se dictó en 2017 la medida cautelar de la que quería servirse Amat para que ahora se condenara penalmente a Montoya por un delito de desobediencia. Aunque la denuncia fue interpuesta por la Fiscalía, Amat se personó como acusación particular.

Amat pidió que no difundiera publicaciones “de ningún tipo”

En su día, el dirigente popular incluso pidió al juez civil que, mientras durara el procedimiento, se prohibiera a Montoya realizar y difundir publicaciones “de ningún tipo y por ningún medio” relativas a él. El juez entendió que una prohibición así conculcaría los derechos a la libertad de expresión e información de Montoya, pero estimó parcialmente la petición de Amat, ordenando a Montoya que no publicara contenido que atentara contra el derecho al honor del político.

“Ya dije en su día que esa resolución era arbitraria y genérica. Si alguien denuncia injurias y calumnias por algo a priori protegido por el derecho a opinar sobre un político, no puede caer la carga de la prueba en el denunciado. Tendrá que aportar prueba el que denuncia las injurias”, comenta Montoya: “Van en contra de alguien que lo único que ha hecho es contar la verdad. Nada más”.

Montoya también fue denunciado e investigado a raíz de un artículo con contenido presuntamente injurioso sobre el juez que instruyó una investigación, iniciada tras denuncia de AMAyT y Montoya y ya archivada, por la adjudicación de obras de la Diputación de Almería (presidida por Gabriel Amat) a la constructora Hispano Almería, cuando esta ya estaba en concurso de acreedores, según los denunciantes. La investigación por las presuntas injurias de Montoya al juez ha seguido un tortuoso periplo procesal.

Amat preside el PP provincial desde 2004 y acaba de anunciar que renuncia a una nueva reelección. “Si hubiera dicho ahí me quedo, aunque no le hubiera gustado a alguien, nadie me habría dicho que no”, señaló Amat la semana pasada, para responder a las sospechas de que su renuncia ha sido forzada por Pablo Casado y Juan Manuel Moreno.

El pasado 6 de octubre, el ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró un Pleno cuyo mayor interés político estaba en un turno de ruegos y preguntas, para el que los partidos habían reservado su munición. Todos apuntaron a Gabriel Amat, el alcalde de Roquetas, a cuenta del informe de la UDEF que apunta que el ayuntamiento adjudicó 62 obras a Grupo Halsa y que técnicos y políticos recibieron generosas comisiones a cambio. Amat se revolvió: “Si no estoy investigado, ¿qué voy a hablar de todo lo que ustedes me han dicho?”. “¿Qué voy a decir, si no tengo nada que ver… ahora mismo?”, preguntó luego.

Después, recordó algunos de los casos en los que se vertieron sospechas sobre él y no llegaron a nada: La Fabriquilla, el Centro Comercial Gran Plaza, la llamada “trama Amat”, el auditorio… Investigaciones policiales y judiciales que han sido archivadas. “¿Me han pedido perdón? No. Ni lo espero. Ni me hace falta”, lanzó Amat, que no pierde ocasión para presentarse como víctima de una persecución injusta.

Amat tenía razón en que el juzgado de instrucción 3 de Almería, que investiga el Caso Halsa, no le ha imputado, al menos por ahora. Sin embargo, hay una causa abierta en la que sí ha sido imputado. El llamado caso Palmeras parte de una investigación iniciada en 2016, aún por concluir, según confirman fuentes judiciales a este medio. Fuentes cercanas al caso señalan que el 12 de noviembre deberán declarar un investigado y dos testigos.

El juzgado de instrucción 4 de Roquetas investiga el presunto trato de favor dado por Gabriel Amat a la empresa de su yerno, dedicada a labores de jardinería y mantenimiento. El fiscal denunció que el ayuntamiento había adjudicado cinco contratos a Jarquil Verde, S.L, apuntando posibles irregularidades en cuatro de los cinco expedientes. Entre otros encargos, el consistorio pidió a Jarquil Verde que realizara un inventario de los árboles del municipio. Uno de los elementos valorados por el ayuntamiento para elegir a Jarquil Verde antes que una oferta mejor en precio y plazo es que ofrecía localizar las palmeras por GPS.

El primer contrato, por invitación

Jarquil Verde fue fundada por José Zapata, también miembro de su consejo de administración. Zapata es yerno de Amat. La empresa fue invitada a participar en su primer concurso público cuatro meses después haber sido constituida y lo ganó. Esta primera adjudicación se hizo por procedimiento negociado sin publicidad, dado que el presupuesto máximo estaba por debajo de 30.050 euros. La empresa del yerno de Amat se hizo con el contrato por 29.700 euros, al límite de la legalidad.

Aunque en este tipo de adjudicaciones se requiere que la administración invite al menos a tres licitantes, en el expediente solo consta la oferta de otra empresa. La tercera propuesta, de Urbaser, se menciona pero no consta, según denunció el fiscal. Curiosamente, a partir de este concurso Jarquil Verde logró otras cuatro adjudicaciones en menos de dos años integrando una Unión Temporal de Empresas con Urbaser.

Expedientes sin informes de baremación o con puntuaciones “injustificadas”

En agosto de 2008, el ayuntamiento adjudicó la creación de un jardín botánico urbano a la UTE Jarquil-Urbaser por 204.509,84 euros. Tanto en precio como en tiempo de ejecución había otra oferta (Argar Construcciones y Servicios) que había logrado la máxima puntuación posible (75 puntos), por 55,31 de la UTE.

Sin embargo, esta se hizo con la adjudicación gracias al apartado de mejoras, “mediante la concesión del máximo de puntos de forma injustificada”, según el fiscal. En este tercer apartado, “subjetivo y variable”, la empresa del yerno de Amat logró 25 sobre 25 puntos posibles. Argar obtuvo peor puntuación que otras ofertas que no cuantificaban mejoras y al final perdió la licitación por 1,81 puntos. El informe técnico de valoración no identificaba al autor.

Después de la adjudicación, el ayuntamiento aprobó pagar 40.714 euros más a la UTE, justo en el límite legal del 20% para las modificaciones de contrato. El fiscal señaló que “llama la atención” que se pagaran 21.500 euros extra para retirar tierra vegetal cuando el proyecto original ya contemplaba ese aporte.

Al expediente de la tercera adjudicación le faltaban los informes de baremación. Sin embargo, quedó constancia de que había una oferta por el mismo plazo de ejecución e inferior precio y otra por idéntico precio y plazo, “sin que resulte posible conocer las razones” que motivaron la elección de la oferta de la UTE Urbaser-Jarquil, según el fiscal.

En la cuarta adjudicación, la UTE Jarquil-Urbaser fue también la más valorada en el apartado “mejoras”, nuevamente “de carácter subjetivo y variable”, según el fiscal, que resalta que no se explica por qué se otorga la máxima puntuación a la UTE. Una vez logrado el contrato, la UTE no cumplió lo cumplió, dejando sin ejecutar 35.000 euros de los 103.000 euros de las mejoras previstas sin que conste que se penalizara a la empresa, según el fiscal.  

Amat declaró como investigado

Fiscalía denunció en su día que de estas cuatro adjudicaciones se desprenden “ciertas irregularidades” que “podrían haber tenido como finalidad la adjudicación a dicha empresa de los diferentes contratos públicos en detrimento de las otras empresas ofertantes y del erario público”.

A diferencia de otros procedimientos, apuntó a la participación de Amat en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y actividad prohibida a funcionario público, “habida cuenta de la relación personal y mercantil existente” entre Amat y Zapata, que han compartido otros negocios como el concesionario Surponiente, hoy dirigido por la hija de Amat, y en su día investigado por venderle cuatro coches al ayuntamiento. La Audiencia Provincial confirmó en enero el archivo de esta investigación.

La investigación del caso Palmeras va lenta. El Equipo Contra el Crimen Organizado de la UCO de la Guardia Civil remitió su informe al juzgado en febrero de 2019, y a la vista de aquel documento, el fiscal pidió que Amat, Zapata (el yerno), tres técnicos y el secretario general del ayuntamiento declarasen como investigados, y otras diez personas lo hicieran como testigos. El ayuntamiento de Roquetas ha declinado valorar la situación del procedimiento, a pesar de que afecta a varios de sus trabajadores, al alcalde y, presuntamente, a su patrimonio.

Fiscalía también pidió que se recabaran las propuestas “perdedoras”, que no constaban en los expedientes, así como un nuevo informe a la UCO sobre las relaciones personales y profesionales de los investigados y su situación patrimonial, y otro a la Intervención General del Estado.

Amat ya declaró como investigado el 24 de octubre de 2019, según informó EFE, pero no se conoce el contenido de su declaración y del resto de diligencias. Izquierda Unida, que llevó el asunto a Fiscalía a comienzos de 2016, quedó fuera del procedimiento al no abonar la fianza de 6000 euros que le exigió el juzgado. IU ha denunciado el riesgo de que prescriban los presuntos delitos, que habrían sido cometidos entre 2008 y 2010.

El PP vuelve a ser el ganador las elecciones en la provincia de Almería, pero esta vez Gabriel Amat no podrá sacar demasiado pecho. Supera en votos al PSOE, pero la diferencia es corta y pierde en concejales. Podrá conservar las alcaldías de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, las más importantes de la provincia, pero necesitará llegar a pactos con Ciudadanos o con Vox, que ha supuesto menos amenaza para el poder municipal del PP de lo que estaba previsto. Por su parte, el PSOE se estanca y no logra rentabilizar la fragmentación del voto de derechas. Suma un concejal más en toda la provincia, 440, de los que obtuvo en 2015. Ciudadanos, tercera fuerza, sigue muy lejos de PSOE y PP, y Almería sigue siendo una provincia marcadamente bipartidista. Los resultados, casi calcados a los de hace cuatro años, permitirán al PP revalidar su mayoría absoluta en la Diputación Provincial.

El PP se impone en los principales municipios. Gana en Almería, donde Ramón Fernández-Pacheco buscará reeditar el pacto con Ciudadanos, con Vox a la expectativa. Si Miguel Cazorla (Ciudadanos) le da su apoyo, al PP no le será necesario buscar el voto de los dos ediles de Vox. Cuestión distinta es que la política de pactos a nivel estatal, autonómico o provincial obligue a otros arreglos.

El incombustible Gabriel Amat, presidente del partido, vuelve a ganar en Roquetas de Mar (93.000 habitantes), donde el cuádruple empate de las generales ha derivado en una victoria incontestable del PP, que saca 13 puntos al PSOE, segundo. Sin embargo, y por primera vez, Amat necesitará de un pacto (o de abstenciones, en segunda ronda de investidura) para gobernar. Ciudadanos ha sido tercero y Vox cuarto, cada uno con tres concejales que podrían completar la mayoría absoluta con Amat y el PP.

Vox obtiene en El Ejido su mejor resultado, pero a diferencia de lo que ocurrió en las generales, no le basta para ganar. El 28 de abril Vox obtuvo 2.200 votos y 7,2 puntos más que el PP, pero el sorpasso de Vox al PP en El Ejido no se ha refrendado en las municipales. El PP vuelve a ser el más votado y Vox es segundo, a 7,8 puntos de distancia. Entre ambos hay una diferencia de 2.000 votos a favor del PP, que podría apoyarse en los cuatro concejales de Ciudadanos para alcanzar la mayoría absoluta.

El PSOE se lleva su mejor victoria provincial en Níjar, precisamente el segundo gran municipio (29.000 habitantes) en el que Vox ganó hace apenas un mes. En las municipales, en cambio, la victoria socialista ha sido incontestable, y le permitirá gobernar Níjar con mayoría absoluta. Los socialistas también revalidan la mayoría absoluta en Vícar y la logran por primera vez en Cuevas del Almanzora, un municipio endeudado en una cantidad superior a su presupuesto anual por la concesión de licencias urbanísticas irregulares durante los años de mandato del PP, como contó este medio.

Sin victorias de Vox

Ni El Ejido, ni Roquetas de Mar ni Níjar. Ni siquiera el pequeño municipio de Balanegra. Vox no ha ganado en ningún pueblo de Almería, y en general ha quedado lejos de la victoria. La noche del 2 de diciembre de 2018 muchos ojos miraron a Almería, y algo parecido ocurrió el 26 de abril, por la misma razón: en la provincia de los invernaderos, trabajados casi siempre por inmigrantes, Vox obtuvo hasta 62.500 votos, poniendo en barrena el histórico liderazgo del PP de Gabriel Amat. Incluso ganó en El Ejido. Algo pasaba en Almería. Gran parte de esos votos han vuelto al PP con ocasión de las municipales, donde Vox cae hasta los 20.000 votos en toda la provincia, que suponen 22 concejales repartidos en distintos municipios.

Si la irrupción en las generales mostró un síntoma, las municipales parecen evidenciar cierta mejoría. Sin embargo, no conviene no dar el alta antes de tiempo. Los resultados de Vox son engañosos porque el partido apenas se presentaba en una veintena de municipios y lo hacía lastrado por la falta de popularidad de algunos candidatos, muchos de ellos paracaidistas, impuestos por la dirección del partido o directamente rechazados por la militancia, como en El Ejido, donde se repartieron octavillas contra Juan José Bonilla.

En Adra, el PP deberá buscar en Vox, Ciudadanos o PlataformAdra el concejal que complete la mayoría absoluta o gobernar en segunda ronda de investidura como partido más votado, ante la imposibilidad de una mayoría alternativa encabezada por el PSOE. Destaca también la victoria en Albox de Francisco Torrecillas con UCIN, un partido independiente. Después un mandato marcado por las denuncias cruzadas, Torrecillas gobernó durante el último tramo con una edil tránsfuga del PSOE. Ha pasado de lograr una única acta de concejal en 2015 (la suya) a obtener una aplastante mayoría absoluta de 10 concejales sobre 17 posibles.

No lejos de allí, en el pequeño pueblo de Chercos, volvió a ganar por séptima vez José Antonio Torres, alcalde desde 1995. Tiene 93 años y es probablemente el alcalde más longevo de España. “Levantarte o no, ir al hogar del pensionista, jugar la partidilla, sentarte en el sofá… Eso es para según quien. Para mí no”, decía hace unos días en una entrevista con eldiario.es/Andalucía. Si la salud le respeta, será alcalde cuatro años más.

Gabriel Amat abandona la presidencia de la Diputación Provincial de Almería este 29 de diciembre, tras un Pleno Extraordinario para aprobar los Presupuestos de 2019, los más altos de la historia de dicha institución, que ascienden a más de 230 millones de euros.

El anuncio, hace unos días, no cogió a nadie por sorpresa, ya que tiempo atrás dio a conocer que se reservaría los últimos meses de su mandato para centrarse en la gestión de Roquetas de Mar, municipio del que es concejal desde 1979 y alcalde desde 1995, cargo que aspira a revalidar en los comicios locales de mayo de 2019. No obstante, Amat seguirá siendo presidente provincial del Partido Popular, cargo que ostenta desde 2004, tras dejar la presidencia de la corporación supramunicipal en manos de su hombre de confianza y actual vicepresidente, Javier Aureliano García.

En sus palabras de despedida, con un “gracias, de corazón”, defendió su balance de gestión de los casi ocho años en que ha presidido la Diputación, desde julio de 2011 a diciembre de 2018. Ha destacado lo que ha hecho de los más de 1.500 millones de euros gestionados, y ha presumido de recudir la deuda heredada del equipo de gobierno PSOE-PAL de 201 millones de euros a los 39 de la actualidad.

Sus tan eternos y vehementes contrincantes como lo es él de ellos no han tardado en valorar la decisión. El argentino Juan Pablo Yakubiuk, concejal de Izquierda Unida en Roquetas de Mar, que se convirtió en su particular azote en la época en la que simultaneó el cargo municipal con el de único Diputado Provincial de IU, califica la noticia como “un anunciado y confirmado repliegue político, ya que tiene que volver a Roquetas para salvar los muebles, donde el Partido Popular sufre una profunda crisis interna que se ha agudizado. En 2015 perdió la mayoría absoluta y tiene que poner orden en sus filas. La solución de Eloisa Carmona (teniente de alcalde) no ha funcionado y ha aparecido la figura de la tránsfuga del PSOE, Mª José López Carmona, para apoyarle en sus políticas continuistas.”

La Trama Amat y otros casos pendientes

Además Yakubiuk recuerda que en los juzgados le esperan aún varios casos, que “le inhabilitan políticamente, como la denominada Trama Amat, que en 25 causas separadas investigan un centenar de empresas en las que su gestión habría presuntamente favorecido a familiares, allegados y amigos durante varios años. El archivo de dos de las causas está recurrido. También está pendiente el caso Hispano Almería, por haber, presuntamente, favorecido a esta empresa con adjudicaciones de obras en Roquetas y la Diputación. O el caso del pago de facturas por dos millones de euros por parte de la institución provincial a medios de comunicación en concepto de publicidad institucional. Sin olvidar el caso de las palmeras con GPS, ya que se acusa a Amat de adjudicar a un familiar este contrato para localizar palmeras para inventario a través de esta tecnología”.

La alcaldía, en riesgo

Además Gabriel Amat tiene ahora un incendio en el electorado conservador del municipio, con una fuerte irrupción de Vox, que logró ser la segunda fuerza más votada tras el PP, sin haber tenido apenas presencia en la ciudad durante la campaña andaluza, logrando una parlamentaria de origen roquetero en la cámara sevillana, Luz Belinda Rodríguez. Si en 2015 el PP obtuvo en Roquetas 11.300 votos en las elecciones locales, en las recientes andaluzas solo 7.495, mientras Vox introducía 6.661 papeletas con su nombre, apenas 800 votos menos que la fuerza que preside Gabriel Amat.

La oposición a Amat, (PSOE-IU), que desde hace décadas lucha desde las instituciones para desbancar al todopoderoso líder de la derecha, ni en sueños hubiera imaginado que dejaría de ‘motu propio’ una importante cuota de su poder provincial si no fuera por obligación judicial, contempla ahora cómo la lucha de poder del voto conservador obliga a su gran rival a volver a los cuarteles de invierno.

Tampoco son amables para él las palabras de Juan Antonio Lorenzo, portavoz socialista en la Diputación, porque ha calificado de “papel mojado” el Presupuesto de 2019 y ha criticado que el estado de ejecución del Presupuesto de 2018 sea tan sólo del 21,6% a 20 de diciembre y ha dejado de invertir en los pueblos 64 millones de euros, un dinero que correspondía poner en valor durante este año y que no ha sido así “por la nefasta gestión que realiza el PP con Amat al frente”, como le ha reprochado el portavoz socialista.

Amat se ha marchado “a empujones” y ha sido, en opinión de Lorenzo, “clamorosa” su falta de liderazgo a la hora de alzar la voz “cuando año tras año se incumplían los Presupuestos Generales del Estado en la provincia durante la etapa del Gobierno de Rajoy, con retrasos humillantes para los almerienses en materia de Alta Velocidad o ninguneando a la provincia a la hora de ejecutar las infraestructuras hidráulicas que necesitamos”. 

La gestión de Gabriel Amat “se ha basado de manera exclusiva en el  marketing político”, donde “los amigos han sido premiados y los enemigos castigados”. En este sentido, el sectarismo “y el dedazo” a la hora de realizar inversiones en los municipios ha sido la tónica dominante a lo largo de su mandato, ha asegurado el portavoz socialista.

El presidente deja su puesto, además, “con una mochila cargada de incumplimientos, como es el caso de la resolución de los graves problemas que presenta Galasa (empresa de aguas del levante)  –que pierde anualmente tres millones de euros y está en bancarrota- o habiendo tomado decisiones tan vergonzantes como la de reducir el número de plazas en la residencia asistida de la tercera edad, mintiendo de manera descarada a residentes, familiares y trabajadores”, ha enumerado Juan Antonio Lorenzo.

Según el portavoz socialista, en los sucesivos presupuestos, Amat desatiende una cuestión tan “alarmante” para la provincia como es la despoblación. Lorenzo, además, ha censurado que durante todos estos años Amat “ha confundido lo que es Roquetas, de la Diputación y ha solucionado problemas de Roquetas detrayendo dinero de la Diputación, de todos los municipios en favor del suyo, al que, por otro lado, aún le esperan ”asuntos turbios“ en los juzgados, como son los casos Olula e Hispano Almería”.

Mientras tanto el presidente saliente ha defendido su gestión enumerando logros como el crecimiento del turismo a través de la marca 'Costa de Almería'; el aumento de los programas y los servicios sociales de los pueblos; la consolidación de Almería como tierra de cine, así como el impulso al Festival Internacional de Cine de Almería; la creación de la marca 'Sabores Almería'; la rehabilitación del Hospital Provincial; la mejora de la red viaria provincial con 1.200 kilómetros de carreteras; la puesta en marcha de dos grandes planes de caminos rurales con fondos propios, así como planes especiales de inversión que han supuesto miles de puestos de trabajo o la inversión de más de 30 millones para garantizar el agua en toda la provincia, siendo la Institución más inversora de Andalucía según la CEACOP (Círculo de Empresas de Construcción, Consultoría y Obra Pública), así como asumiendo  el servicio de extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, convirtiéndose en la única Diputación andaluza que lo ofrece de manera gratuita, o que Almería haya pasado de tener 7 vuelos en 2011 a más de 120 vuelos semanales este verano conectando con 17 países. El crecimiento que ha experimentado el turismo nacional (42%) e internacional (290%) ha generado 15.000 empleos directos en los establecimientos hoteleros.

José Luis Rodríguez Zapatero acababa de ser elegido presidente del Gobierno la última vez que el PSOE ganó unas elecciones en Almería. Unos meses después de su victoria en las generales, los socialistas volvieron a ganar, también en Almería, en las europeas de junio de 2004. Desde entonces ha habido tres elecciones municipales, tres autonómicas, cuatro generales y dos europeas y en todas, doce en total, el PP ha sido siempre el más votado en la provincia más oriental de Andalucía, donde se ponen en juego doce escaños del Parlamento andaluz. El CIS vaticina que esta serie inmaculada de victorias de la derecha está a punto de acabar.

Los últimos quince años demuestran que el auténtico bastión del PP en la región es Almería, donde casi dobló los votos del PSOE en las generales de 2011. Además, el partido que ahora lidera Pablo Casado sigue dominando los principales municipios: Almería capital, Roquetas de Mar, El Ejido, Níjar, Adra, Huércal-Overa, Huércal de Almería, Berja, Vera… De los 20 más habitados, gobierna en 17 y en la Diputación Provincial, presidida por el veterano Gabriel Amat. Amat, alcalde de Roquetas y poderoso presidente del partido en la provincia desde 2004, sigue siendo el gran dominador de la política provincial. Las sospechas de corrupción no han sido motivo suficiente para que su enorme poder se tambalee.

Pese a esta serie histórica de victorias, el sondeo del CIS conocido este miércoles da la vuelta al tablero. Según el CIS, el PSOE también ganaría en Almería con el 38,7% de los votos, seis puntos porcentuales más que en 2015, mientras que el PP obtendría el 22,2%, casi quince puntos menos que en la última cita electoral autonómica. Los dos escaños que perdería se los repartirían Ciudadanos y Vox, que entraría por primera vez en un Parlamento autonómico con un diputado andaluz por Almería

A pesar del continuismo de su estructura provincial, el PP ha renovado la candidatura para el próximo 2 de diciembre. Carmen Crespo, exdelegada del Gobierno en el primer ejecutivo de Rajoy y portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz desde 2016, deja el primer puesto de la lista por Almería a María Isabel Sánchez Torregrosa, que deberá renunciar a su escaño en el Senado en el probable caso de ser elegida. Sánchez Torregrosa fue directora comercial y asistente financiera en diferentes empresas, según señala en su currículum. Crespo será número tres.

El PSOE aspira a superar por fin al PP. En la cita de 2015 los dos partidos empataron en escaños, cinco, con una diferencia de 11.000 votos entre ambos (99.917 para el PP; 88.709 para el PSOE). Es la menor diferencia en la serie histórica desde 2004. Repite como número uno José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería desde 2011 y abogado de profesión.

Adelante Andalucía y Ciudadanos

Adelante Andalucía y Ciudadanos aspiran a poner en jaque el bipartidismo que se sostiene en la provincia. La coalición logró un escaño en 2015 (de Podemos) y ahora presenta nuevo candidato, Diego Crespo, en sustitución de Lucía Ayala. Crespo, titulado en magisterio de Educación Física y militante de Anticapitalistas, ganó las primarias de Podemos en Almería el pasado mes de julio con el apoyo de Teresa Rodríguez.

Como número 2 concurre María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU desde el año pasado. Amate sustituyó a Rosalía Martín, una histórica de la coalición de izquierdas y protagonista de uno de los tropezones más mediáticos en la confluencia entre IU y Podemos que ahora se consolida: fue muy crítica con la designación como número uno por Almería en las últimas elecciones generales del ex Jefe del Estado Mayor de Defensa, Julio Rodríguez, al que acusó de ser un “hombre de guerra”.

Ciudadanos, que también obtuvo en escaño por Almería en las andaluzas de 2015, repite cabeza de lista. Marta Bosquet, abogada, se impuso en primarias a Rafael Bretones y Sixto Buendía, y dice aspirar a quintuplicar escaños: de uno a cinco.

Los problemas de siempre: agua y carreteras

Si el debate se centrara en las políticas concretas, los candidatos por Almería hablarían de comunicaciones y agua. La canalización de excedentes de la presa de Rules hacia el Poniente Almeriense es una reivindicación compartida con los regantes de la Costa Tropical granadina. En los 15 años que han transcurrido desde que se terminó el embalse no ha servido ni para el riego ni para la generación eléctrica. El pasado agosto la Junta de Andalucía adjudicó el proyecto de explotación de la energía hidroeléctrica.

La industria agroalimentaria también lleva años pidiendo que se vuelva a poner en marcha de la desaladora de Villaricosdesaladora de Villaricos, inutilizada en 2012 por una riada poco después de inaugurarse, e intervenida después por la Audiencia Nacional en la operación Frontino, en la que se investiga la gestión de Acuamed.

Otra demanda histórica es la finalización de la llamada autovía del mármol, cuyo penúltimo tramo, de unos tres kilómetros entre El Cucador y la Concepción, se incluyó en los presupuestos de 2017. Manuel Chaves inauguró el primero en 2009. De los 80 kilómetros proyectados en su día (allá por 1985) se han abierto al tráfico 22, entre Fines y la variante de El Cucador.

La obra paliaría el déficit de comunicaciones (no sólo por carretera si no también por tren) que arrastra históricamente la provincia más oriental de España. Una reivindicación bien presente en Almería, que vuelve a escucharse con fuerza fuera de la provincia cada vez que llegan las elecciones.

El movimiento 'Salvemos Las Salinas', formado por varias organizaciones sociales y unos 8500 seguidores en la red facebook, va a hacer llegar al Parlamento autonómico una iniciativa para que se inste a la Junta de Andalucía a declarar Bien de Interés Cultural BIC el paraje de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar, donde hasta el pasado siglo XX se realizaron extracciones salineras con fines comerciales, siendo entonces una de las principales fuentes de empleo y riqueza de la zona. Hasta el auge de los invernaderos en la década de 1970, Las Salinas era la empresa más fuerte de una comarca escasamente desarrollada.

La medida forma parte de la dura oposición que quiere mostrar una parte de la ciudad contra el proyecto liderado por el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde Gabriel Amat, que el pasado mes de noviembre sacó adelante en un Pleno municipal, con el voto favorable de una concejal del PSOE que abandonó este grupo, la división en cuatro unidades diferentes de un inmenso proyecto de casi 650.000 m2, “para que la urbanización de cada uno pueda realizarse de forma sostenible”, según aclara una nota municipal oficial.

Toda la oposición en contra

Se da la circunstancia que entonces votaron en contra del proyecto de Amat todos los partidos de la oposición como PSOE, IU, Tú Decides (la marca de Podemos) y Ciudadanos, quienes hasta ahora habían apoyado con sus tres votos el Gobierno del PP, y cuya política parece haber cambiado tras el paso del edil Diego Clemente al madrileño Congreso de los Diputados.

A favor votaron los ediles del PP y la independiente Mª José López Carmona, a quien el PSOE acusa de ser una tránsfuga -ella se defiende argumentando que fue expulsada del partido socialista sin motivos ni explicaciones- lo que daba mayoría absoluta al proyecto de Amat. López Carmona, en sus largos años de militancia socialista y trabajo en la oposición municipal, reiteradamente se había mostrado en contra de un proyecto que, según han manifestado los grupos municipales de la oposición, destacaba por un coste, solamente de urbanización, sin contar la construcción de los edificios, de unos 200 millones de euros, la edificación de dos torres de 28 plantas de altura, más de 7.000 viviendas, varios hoteles de once plantas e incluso la invasión del subterráneo yacimiento arqueológico de Turaniana, declarado por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural, lo que le hace intocable, en el que hay restos romanos, fenicios, griegos y árabes, pero sometido a salvajes expolios y destrozos contemporáneos.

El PP no sólo niega que el proyecto afecte al subsuelo de Turaniana, sino que acaba de tachar la versión de la oposición de “manipulaciones sobre los presuntos planes urbanísticos del equipo de Gobierno para la Ribera de la Algaida. El Ayuntamiento aclara que el espacio natural es íntegramente suelo no urbanizable, y así figura en el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de 649.000 metros cuadrados, casi 65 campos de fútbol, que serán destinados a un gran parque comarcal, denominado 'Parque Comarcal de Las Salinas de San Rafael' que preserve su valor medioambiental y pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos”.

La zona de la Ribera de La Algaida y Las Salinas están colindantes, por lo que el PP destaca que “el Ayuntamiento desmiente igualmente que se vaya a urbanizar la Ribera de la Algaida, no se van a construir viviendas ni tampoco equipamiento ni parques urbanos”.

'Salvemos las Salinas' se concentraba a orillas del mar un soleado 29 de diciembre, en la fiesta local de Las Moragas, junto a un histórico ejemplar de taray en las inmediaciones de la polémica zona, portando corazones verdes para mostrar su protesta y adornar sus ramas de forma navideña con pájaros y lemas ecologistas exigiendo la protección del paraje. Días antes había reunido unas trescientas personas en una concentración a través de las redes sociales.

El equipo de gobierno del PP insiste en que “este parque se encuentra contemplado en el PGOU de Roquetas de Mar aprobado en 2009. El Ayuntamiento desmiente que el PGOU haga alusión a ninguna actuación que no sea un espacio natural. El planteamiento del PGOU es un parque comarcal de acceso libre, una zona verde como la existente actualmente, debidamente organizada, al igual que se realizó con el sendero 'Puerta Verde' que es disfrutado por miles de personas a diario, un espacio de valor y belleza medioambiental en un parque comarcal singular por su ubicación y que generará sin duda grandes beneficios a todo el municipio.”

El proyecto está en fase de aprobación provisional, al enviarse a la Junta de Andalucía para que emita los informes oportunos y vuelva para su aprobación definitiva por el Pleno. El asunto va para largo ya que después el procedimiento continuará con la Reparcelación del Sector, el Proyecto de Urbanización y finalmente con el otorgamiento de las licencias de construcción.

La concejal a la que atacan los grupos de la oposición recordándole que en su época socialista rechazaba el proyecto de Amat y ahora lo defiende, argumenta que “el que conoce bien el desarrollo urbano de la zona entre Roquetas y Aguadulce, y todos los que están montando las manifestaciones lo conocen bien, saben que la Algaida no forma parte del sector por estar afectada por el deslinde de Costas y además tener previsto en la zona un parque comarcal de más de 40 hectáreas según el POTPA (Plan de Ordenación del Poniente Almeriense). Turaniana está en similares circunstancias dado que es un BIC (Bien de Interés Cultural), o sea, que también se encuentra fuera del sector. Y por último tenemos las pocas charcas que quedan de las antiguas Salinas, que ya fueron consideradas zona urbanizable por las anteriores herramientas de planeamiento, Normas Subsidiarias, PGOU 1997 y PGOU 2009, donde se establece la construcción de tres edificios de hoteles y una edificación en altura junto a la Avenida Reino de España (zona del Acuario), pero por supuesto, liberando para espacios libres la zona de servidumbre marítimo terrestre”.

López Carmona defiende al Gobierno municipal afirmando que “tanto los 200 millones de euros como las 8.000 viviendas son cifras sensacionalistas, puesto que entran dentro de la totalidad del desarrollo del proyecto para la zona, pero no de hoy para mañana, y lo de la ocupación de la Algaida y Turaniana es simplemente faltar a la verdad. Hay que trabajar por poner en valor la zona, determinar unas cuantas charcas salineras y que se queden como testigo de nuestra historia, hacer un centro de interpretación, y recuperar las partes o piezas para su muestra a todos y cada uno de nuestros vecinos, que muchos no conocen nuestra historia, y visitantes, turistas a los que se les ofrezca una oferta complementaria cultural y de naturaleza que nos hará únicos en el entorno. Apenas hay construcción en el proyecto, y la que hay está pegada a la Avenida Reino de España y Avenida de la Legión Española. (ya edificadas y urbanizadas) El paseo marítimo es el existente, no se va a construir ninguno más”.

Pese a que Salvemos Las Salinas denuncia que hay 3.500 metros cuadrados del proyecto que penetran en el subsuelo protegido de Turaniana, fuentes municipales que prefieren el anonimato han declarado a este diario que “no se toca el yacimiento de Turaniana. Sería absurdo hacerlo cuando es ilegal al ser BIC. Sería impensable, nadie lo permitiría. Se trabaja con visión por si en un futuro de 20-40 años hacen falta estos terrenos y equipamientos. Que el PGOU de 2009 permita la construcción de edificaciones en altura y hoteles no significa que se vayan a construir. Yo, personalmente, estoy a favor de defender la Ribera de La Algaida y saltaré si la tocan. Lo que están diciendo no se corresponde con la realidad, están manipulando la verdad. Se va a hacer un gran parque comarcal rodeado de un perímetro con un colchón verde de cientos de metros de espesor para evitar cualquier perjuicio medioambiental. La Ribera de la Algaida no se toca y hay gran parte de Las Salinas que tampoco se van a tocar. No cabe en cabeza humana acusar a Amat de querer hacer un Algarrobico en Roquetas. Sería una ruina urbanizar todo aquello, habría que hacer colegios, equipamientos, servicios, sería una locura impensable. No hay proyecto de urbanización, no hay nada, solo se asegura el desarrollo sostenible futuro. Que esté en el PGOU no significa que se vaya a hacer, lo tiene que aprobar la Junta de Andalucía”.

Juan Miguel Galdeano, coordinador asimismo de la asociación Unidos por Turaniana, denuncia, al igual que PSOE, IU, Cs y Tú Decides, que el proyecto supone “aislar con una pantalla de edificios, incluso dos torres de 28 pisos, de unos 100 metros de altura cada una, y bloques de pisos y hoteles, los alrededores del paraje natural de La Algaida, lo que supone asfixiarlo y condenarlo a tener todavía más residuos, mayor presión turística, demográfica y degradación del medioambiente, urbanizando sin piedad sobre las antiguas Salinas de San Rafael, de alto valor histórico, levantando sobre ellas una torre y tres hoteles. Nosotros proponemos poner en valor Turaniana, haciendo un museo como aprovechamiento turístico, acondicionar La Algaida e impedir que entre gente a hacer motocross, así como no construir sobre Las Salinas y restaurarlas”.

Dos modelos de futuro desarrollo urbanístico están enfrentados entre los roqueteros y en su ayuntamiento, con posturas cada vez más enconadas. La Junta de Andalucía, tanto Medio Ambiente como Cultura, debe emitir aún informes no vinculantes. Y en enero se prepara una concentración para pedir que Las Salinas de San Rafael sean declaradas Bien de Interés Cultural por su valor histórico, arqueológico e industrial, lo que paralizaría gran parte del proyecto de salir adelante.

Gabriel Amat, quien considera que la inmensa zona es actualmente “un criadero de mosquitos”, ha anunciado que oposiciones así, o el cerco judicial y la investigación fiscal y policial a la que se ve sometido, le convencen para presentarse una vez más a las próximas elecciones municipales.

El recién reelegido presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha garantizado que “pronto” convocará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que presiden, para “las explicaciones que tenga que dar” después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar haya dictado una providencia en la que ordena que se incoen diligencias por cada una de las 25 empresas investigadas por su presunta vinculación con él.

“Estoy totalmente tranquilo”, ha dicho el regidor en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Irónicamente, ha observado que “ya no son ciento y pico” las empresas por las que se mantiene abierta la investigación. En esta línea, tras decir que es “respetuoso totalmente con la justicia” tanto cuando le da “alegrías” como cuando no, ha remarcado que este paso en el proceso es “más de lo mismo”.

La jueza, que ordena que se declare la complejidad de la causa para cada una de las diligencias previas correspondiente a cada empresa, ha solicitado que se libre oficio al Ayuntamiento de Roquetas de Mar a fin que se le remita la certificación de las relaciones jurídicas mantenidas durante los últimos 15 años con otras 22 mercantiles que aparecen en el informe de la policía entregado el pasado 31 de diciembre, según el texto consultado por Europa Press.

Con esta nueva resolución, los grupos de PSOE, IU y Tú Decides solicitaron un “pleno urgente” para votar la petición de dimisión a Gabriel Amat por “salud democrática” y “por la buena imagen del municipio que no debe permitirse tener un alcalde con más de 25 causas judiciales abiertas”. En este sentido, recuerdan que actualmente es “inviable” una moción de censura por la “exclusiva responsabilidad de la tránsfuga María José López Carmona”.

Y es que la ley establece que para presentar una moción de censura “es necesario contar con la mayoría absoluta de los concejales de la corporación, ”pero no se podrá contar con el voto de tránsfugas“. En el caso de Roquetas de Mar, la mayoría de 13 concejales ”es ya imposible tras la maniobra de la tránsfuga, que ha garantizado la mayoría absoluta al PP hasta el final de la legislatura, a menos que renuncie a su acta de concejal“, han recordado desde la mayoría de la oposición.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena ha llamado a declarar al actual concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, el popular Miguel Ángel Castellón, por un contrato del Ayuntamiento de Olula del Río cuando era responsable de Fomento en la Diputación de Almería. Esto ha provocado que el PSOE pida que sea destituido por parte del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), mientras que C's, que sustenta su gobierno, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y que se respeten los tiempos.

Miguel Ángel Castellón, que según el auto que cita la agencia Europa Press ha sido llamado como investigado, ha indicado que “en ningún momento intervino” en el proceso de adjudicación de la obra para la mejora de la eficiencia energética en el Ayuntamiento de Olula del Río y ha calificado de “error” que se le achaque la elaboración de un documento por el que ha sido citado a declarar en el marco de la investigación en torno a Antonio Martínez (PP), regidor del citado municipio.

or la adjudicación de un contrato por parte del Ayuntamiento de Olula del Río para la mejora de la eficiencia energética del municipio durante su etapa como responsable de Fomento en la Diputación Provincial

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3050215/0/psoe-pide-cese-cautelar-concejal-urbanismo-almeria-por-estar-investigado-por-juzgado/#xtor=AD-15&xts=467263

“El documento al que hace referencia el auto nunca ha estado en mi poder, no lo he visto nunca y ni siquiera conozco de su existencia como del resto que componen ese expediente”, ha indicado Miguel Ángel Castellón, quien ha interpuesto recurso de reforma contra la resolución del juzgado para precisar que no ha participado en ningún trámite de este procedimiento.

Con estos datos, muchos ojos miran a C's. “Separar de inmediato, de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, reza el primer punto del pacto anticorrupción firmado el 3 de junio de 2015 entre C's y PP por el Ayuntamiento de Almería. “El documento es claro y no nos temblará el pulso para hacerlo cumplir llegado el momento”, ha subrayado el portavoz de C's en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ante los medios en referencia a este asunto.

En un comunicado, C's ha mostrado prudencia con el tema: “Creemos en la presunción de inocencia y tenemos absoluto y total respeto por los tiempos y decisiones judiciales [...] y no vamos a pedir hoy la dimisión porque aún no ha sido llamado a declarar”. Entre otras cosas, ha subrayado, porque “los tiempos judiciales no son los tiempos políticos”.

Desde el PSOE, Juan Carlos Navas, sostiene que tiene que ser destituido “cuatelarmente” por el alcalde. “No sólo tendrá que declarar por ese motivo, sino que también tendría que estar dando ya explicaciones públicas por otro de los asuntos que investiga el juzgado [...] sobre la inauguración de una rotonda en el mismo municipio de Olula de Río cuando resulta que las obras no se habían todavía adjudicado por parte del área de Fomento que dirigía Castellón en la Diputación de Almería”, ha resumido en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, el juzgado ha abierto causa penal contra el alcalde de Olula del Río para dirimir si incurrió en delito en su gestión al frente de la corporación y ha acordado citarlo a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y de tráfico de influencias. Resuelve la apertura de tres piezas separadas en el mismo procedimiento “a efectos de claridad procesal y agilidad en la tramitación de la instrucción”.

Por un lado, la ejecución de una rotonda con cargo a los planes de la Diputación de Almería por parte de la mercantil Olumafi SL “con carácter previo a la adjudicación de la obra”; la celebración de un contrato de arrendamiento por parte del regidor con un particular de un paraje de propiedad municipal “con dictámenes contrarios a tal actuación tanto del secretario como del interventor”; y la adjudicación de un contrato para la mejora de eficiencia energética con Obras y Servicios Públicos SA (Osepsa) “cuando previamente ésta pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas”.

Roquetas de Mar y Almería entera se ha dividido entre los que quieren ver a Gabriel Amat sentado en el banquillo de los acusados y los que no lo desean. Tal es la influencia política, económica y social de este hombre en la provincia durante los últimos veinte años que su suerte judicial se cuenta por partidarios y detractores. Después de conocerse la decisión de la fiscalía almeriense de investigarle por presuntos delitos contra el código penal y el erario público, los partidos de la oposición en el ayuntamiento de Roquetas de Mar le exigen su dimisión y apuestan por una comisión de investigación, pleno extraordinario y moción de censura. Solamente Ciudadanos, que le favoreció en un pacto de investidura que le dio una vez más la alcaldía, ésta vez sin mayoría absoluta, asegura que dejará de hacerlo en el momento en que sea imputado.

Gabriel Amat ha contestado a las acusaciones afirmando que es inocente, “estoy tranquilo y confío en la justicia. Yo no he adjudicado nada a mi yerno y así quedó claro en las cuatro comisiones de transparencia que se han hecho en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar al respecto. Estoy tranquilo y confío en la profesionalidad de todos. Estoy dispuesto a colaborar con la Justicia y deseo que se agilicen todos los trámites al respecto para poder demostrar cuanto antes mi inocencia. Estoy sometido a una persecución política desde hace años. No estoy imputado en ninguna causa y ruego que se respete la presunción de inocencia. Comprendo y comparto cualquier acto de fiscalización de la oposición, pero nunca la persecución personal hacia mi familia o hacia mí”, se ha defendido Amat a través de un comunicado del Partido Popular, poco dado a hacer declaraciones sobre el asunto a los medios de comunicación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Diego Clemente, concejal roquetero y único diputado al Congreso de la formación naranja por Almería, ha asegurado que solamente si Amat es imputado pedirán que abandone su cargo, “tal y como refleja el Pacto Anticorrupción que tenemos firmado con el PP de Roquetas. Respetamos la presunción de inocencia pero si es imputado y no abandona el cargo sí nos plantearemos la moción de censura”, lo que supondría la caída del PP en la ciudad tras una veintena de años de mayorías absolutas, excepto en los últimos comicios. La oposición, de unirse en moción de censura, sumaría trece concejales, frente a los doce que tiene actualmente Amat.

Pero la oposición, debido a la postura de Ciudadanos, no suma los suficiente, de ahí que el cambio de apoyo de la formación naranja sea decisivo, lo que da pie a críticas feroces de Izquierda Unida -el grupo más combativo y que más ha llevado a la judicialización su labor de fiscalización de la polémica gestión del equipo de Amat-, el PSOE, grupo mayoritario de la oposición municipal, y Tú Decides, la marca de Podemos, con una única edil. Estos tres grupos quieren la moción de censura inmediata y la creación de una comisión de investigación, argumentando que la Comisión Municipal de Transparencia, presidida por Ciudadanos, no tiene validez para desentrañar los presuntos delitos de Amat y su equipo.

La parlamentaria socialista andaluza, Adela Segura, y el candidato del PSOE a la alcaldía en los últimos comicios locales, Manuel García, proclamaban esta mañana ante los medios de comunicación en la capital almeriense que “hay fuerzas suficientes en Roquetas para el cambio, a ver qué dice el dirigente andaluz del PP Moreno Bonilla. Hay bastantes motivos con lo que dice la fiscalía para desalojar a Amat. El foco está ahora en Ciudadanos, le pedimos que sea valiente y haga lo que predica y se ponga al lado de las fuerzas del cambio”.

Las comisiones de transparencia

El PSOE mantiene que en las comisiones de transparencia “no ha habido ningún dictamen ni ninguna conclusión, son mentira, allí no se verifica nada”. Por su parte Ciudadanos sigue apostando por ellas, al afirmar Diego Clemente que “las comisiones de transparencia tienen el mismo valor que las comisiones de investigación, son exactamente iguales, solo que las comisiones de investigación se realizan una vez que la persona es imputada, no antes.”

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida, lleva varios años de lucha, casi de trinchera, contra Amat. Fue IU quien llevó a la Fiscalía el asunto de Urbaser, Jarquil Verde y el yerno de Amat investigado por la Policía Judicial. Han pedido el cese fulminante de Gabriel Amat y que le exija su acta de concejal, para que abandone todos sus cargos públicos ante lo que es ya una situación insostenible. “El escrito del fiscal es contundente, no deja lugar a dudas, denuncia situaciones como fraude, tráfico de influencias y prevaricación, y actividad prohibida de funcionario público”. Por ello desde Izquierda Unida se solicita al PP que sea valiente y cese a Gabriel Amat de todos sus cargos, “que no puede representar a nadie en ninguna institución. Izquierda Unida de la Provincia de Almería, ante la notificación recibida, valora que por parte de la Fiscalía se dé un paso más ante la denuncia que interpuso el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Roquetas de Mar sobre Gabriel Amat ante supuestas irregularidades en varios contratos públicos y se muestra satisfecha de que se avance en la investigación en pos de la lucha contra la corrupción en el consistorio roquetero”.

La coordinadora provincial, Rosalía Martín, con tres ediles en la ciudad, considera que “la denuncia que incoa la Fiscalía es demoledora por todos los delitos que le asigna, es una pieza más en la macro investigación que recae sobre Gabriel Amat y su trama societaria familiar, iniciada por la UDyCO y que actualmente se instruye en los Juzgados de Roquetas de Mar”. Además se dirige a Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, y le pregunta “si se va a esconder igual que Rajoy con el caso Rita Barberá, si no va a exigir a Gabriel Amat que dimita”.

Por otro lado, IU recuerda que si Gabriel Amat sigue siendo alcalde de Roquetas de Mar lo es porque Ciudadanos lo permite; para Izquierda Unida la posición del partido de Albert Rivera es “injustificable y raya la complicidad”, por lo que les exige que le retiren el apoyo y se sienten a hablar con el resto de partidos de la Oposición una moción de censura que dignifique la política en Roquetas de Mar y que abra la puerta a un gobierno alternativo que demandan los vecinos.

La postura de Ciudadanos

El socialista Manuel García considera que “Ciudadanos debe preguntarse cuánto tiempo más va a seguir sosteniendo al PP y a Gabriel Amat al frente del Ayuntamiento de Roquetas, sobre todo ante el deterioro que está causando a la imagen del municipio esa confusión permanente que tiene Gabriel Amat entre lo público y lo privado. Ciudadanos tiene que preguntarse si quiere seguir del lado de Amat o va a apostar por el cambio que propugnaba en su programa electoral y que ha traicionado”, ha insistido.

Además de una moción de censura que sólo se presentaría si los concejales de C’s “cambian la postura que han mantenido hasta el momento”, el portavoz socialista también ha anunciado que su Grupo volverá a pedir que se convoque en el Ayuntamiento un pleno extraordinario para abordar este asunto de manera monográfica, así como la creación de una Comisión de Investigación para aclarar lo sucedido. Ambas iniciativas ya se promovieron meses atrás, aunque fueron rechazadas por los votos de PP y C’s.

El portavoz de Ciudadanos, Diego Clemente, quien ha reconocido que “alabo la labor de fiscalización de Iu”, se aferra a que la comisión de transparencia tiene “las mismas competencias legales que la comisión de investigación” y responde a los ataques del PSOE preguntándose “dónde estaban durante tantos años que han estado en la oposición sin llevar a Amat a los tribunales. Cuando ellos estaron en la oposición no fiscalizaron a Amat. Nosotros no mantenemos a Amat, eso es demagogia, no hacemos mociones de censura gratuitas. Será nuestro comité ejecutivo quién decida si se apoya a Manuel García como alcalde”, ha contestado con énfasis el diputado al Congreso, recordando que su grupo sacó a relucir las irregularidades en la adjudicación de las obras del Jardín Botánico “pero Izquierda Unida ya lo había denunciado en los tribunales. Pedimos la comparecencia del técnico, pero su presencia en la comisión era potestad del alcalde. Y los funcionarios saben que solamente Izquierda Unida y Ciudadanos solicitan continuamente documentación de los expedientes de concesiones”, una situación que ha llegado a provocar quejas de los propios trabajadores municipales por el exceso de tiempo que les lleva esta labor de información a los grupos.

Ciudadanos se defiende al considerar que “quieren vender de manera torticera que tenemos un acuerdo de gobierno con Amat, y no es verdad, solo hubo un pacto de investidura. Cuando nos abstenemos en las votaciones es porque no vemos claros los temas”.

El punto de mira por la corrupción estaba desde el pasado martes en la costa levantina y apuntando de lleno a las filas del PP, pero de repente giró a Andalucía, tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE, en una coincidencia que no ha evitado criticar el PSOE-A porque no estaba previsto que fuera hasta octubre. Sin embargo, el PP tampoco iba a salir bien parado: horas después trascendían denuncias de las correspondientes fiscalías contra dos de sus pesos pesados en Andalucía, la senadora Ángeles Muñoz, y su presidente provincial en Almería, Gabriel Amat.

Una cascada que ha dado munición política en plena incertidumbre nacional y donde muchos ojos miran a Andalucía porque a su presidenta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, habida cuenta de su papel como referente en el partido, le piden responsabilidades desde uno y otro lado para que contribuya a desbloquear la investidura, y ella ayuda “en todo lo que pueda”.

De este modo, la semana empezó negra para el PP después de trascender el pasado martes que el Tribunal Supremo (TS) iniciaba una causa contra su senadora Rita Barberá por blanqueo de dinero en su etapa como alcaldesa de Valencia, y por su posterior decisión de darse de baja del partido pero conservar el escaño, a lo que se unió que poco después trascendían nuevas informaciones del sumario del caso Taula que vinculan al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en la financiación ilegal de los populares en dicho territorio.

Todo ello había servido para alimentar todavía más la petición que desde hace días se viene haciendo desde el PSOE-A para que Mariano Rajoy dé un paso atrás, como condición en la que los socialistas podrían plantearse abstenerse en la investidura de otro candidato del PP. La propia Susana Díaz defendía el pasado miércoles, por primera vez abiertamente, que Mariano Rajoy “no puede seguir gobernando”, mensaje que acompañaba de otro dirigido a Pedro Sánchez: “Con 85 escaños no se puede gobernar este país” y abogaba por “hacer una oposición útil”. Por lo que sin decirlo -otro barones sí lo han hecho- insinuaba que se podría despejar el camino para que trabaje por la abstención en el seno de su partido.

Es más, en plena polémica por un Mariano Rajoy acorralado por el pulso de Rita Barberá, Susana Díaz se sumaba a otros destacados del PSOE -Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Madina, por ejemplo- que convertían esa jornada en algo muy importante salir en defensa del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien se había sentido atacado tras reprochar a Pedro Sánchez su falta de diálogo y es de los que el resto de los barones ha echado para adelante para que diga sin tapujos que hay que abstenerse para que gobierne Mariano Rajoy.

De nuevo, los ERE

Sin embargo, el PP encontraba justo al día siguiente la noticia, por otro lado esperada, que saltó a todas las portadas nacionales y le permitía sostener que la líder del PSOE-A está deslegitimada para pedir que se vaya Mariano Rajoy: sus padrinos políticos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocían el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción que pide 10 años de inhabilitación para el primero y seis de cárcel para el segundo.

“Susana Díaz tiene que actuar con humildad y respeto [...] porque esa mala política que le gusta practicar la descalifica a ella misma”, ha declarado tras conocer los hechos la secretaria general del PP-A, Dolores López, quien se remitía a un comentario en las redes sociales de la líder del PSOE-A en el que apuntaba Mariano Rajoy “le toma el pelo a todos los españoles” porque permite que Rita Barberá “se ría de todos y se quede aforada en el escaño que le regaló el PP”.

Y es que la novedad en el caso ERE convirtió la tarde del pasado jueves en una tormenta perfecta con la que el PP-A se apresuró en convocar una rueda de prensa “urgente” para cargar contra Susana Díaz, mientras el PSOE-A, por su parte, respondía con un comunicado en el que no ocultaba su “sorpresa” por la fecha del escrito de acusación, cuando había de plazo hasta el 15 de octubre, y recordaba que los dos expresidentes hacía tiempo que habían reaccionado, primero renunciando a sus escaños de senador (José Antonio Griñán) y diputado (Manuel Chaves) y luego dándose de baja en el partido el pasado mes de junio. No lo decía el comunicado, pero se leía entrelíneas: “¿Y Rita Barberá, qué?”.

Desde el PSOE-A se reiteraba también la confianza absoluta en la “honestidad” de los expresidentes, con una contundencia que continúan echando en falta en la dirección nacional porque el equipo de Pedro Sánchez se remitió a ese comunicado, en el marco del pulso que mantienen los andaluces con la dirección nacional del partido y con su oposición total a que intente su investidura, que pese a que la ven imposible “porque no suma”, no dejan de inquietarle los movimientos del líder las últimas semanas. Tanto como inquietan en Ferraz los movimientos de Susana Díaz con viajes -“por asuntos privados”, según la versión oficial- que se han sucedido las dos últimas semanas a Madrid y que en la dirección nacional ven como parte de las maniobras para torcer el brazo a Pedro Sánchez.

Gabriel Amat y Ángeles Muñoz, a escena

Pero la cosa no terminó ahí el pasado jueves, pese a que Manuel Chaves y José Antonio Griñán iban a continuar en primera línea del bombardeo mediático, saltaban otras dos noticias que servían a los socialistas para rebajar el entusiasmo de los populares, y que también trascienden las fronteras de Andalucía.

Por un lado, la Fiscalía de Almería ha denunciado a Gabriel Amat por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias con contratos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que preside, y que desde el PP han calificado de “persecución política”. Y por otro, el fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, ha iniciado una denuncia contra la exalcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, por presunta falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio en 2009. Se da la circunstancia de que Gabriel Amat es también presidente provincial del PP, presidente de la Diputación de Almería, miembro de la dirección nacional del partido y presidente del comité electoral del PP-A que elige las propuestas para senadores. Y Ángeles Muñoz es senadora, por lo que ya hay quien se pregunta si hará como Rita Barberá. “Se le acumulan los escándalos. Es el segundo caso en dos días de senadoras del PP”, ha remarcado el secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia.

Porque si se trata de comparar, no se cortan ni los ministros en funciones. El de Asuntos Exteriores y diputado del PP por Alicante, José Manuel García-Margallo, comparaba este viernes en una entrevista en Antena 3 “los 741 millones de euros” presuntamente malversados en el caso ERE con “la donación de 1.000 euros” por la que se investigará a Rita Barberá.

En resumen, en un contexto en el que hay una coincidencia mayoritaria en que España no puede ir a unas terceras elecciones generales, los partidos calientan motores por si acaso y la corrupción continúa siendo el arma favorita para desacreditar a los rivales. En definitiva, entre el “no es no” y el “y tú más”.

La Fiscalía de Almería considera que, sin perjuicio de una depurada investigación posterior, el presidente provincial del PP, Gabriel Amat; su yerno, José Zapata; y Demetrio Navarro, técnico municipal del área de Desarrollo Urbanístico y Fomento de Roquetas de Mar, “han cometido una serie de hechos que en caso de acreditarse podrían ser constitutivos de varios delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude del artículo 436 del Código Penal y actividad prohibida a funcionario público”.

En vista de esto, el ministerio público ha acordado la interposición de denuncia ante los juzgados de instrucción de Roquetas de Mar. En este sentido, estima que el también presidente de la Diputación de Almería, e igualmente miembro de la dirección nacional del partido y presidente del comité electoral del PP-A, ha podido cometer delitos de fraude y tráfico de influencias por adjudicar cinco contratos por 1,2 millones de euros a su yerno y socio en una de sus numerosas empresas.

La denuncia -basada en informes de la Guardia Civil y adelantada por el diario El País- ataca al hombre fuerte del PP en Almería desde hace 12 años por las adjudicaciones a un familiar con el que comparte negocios que componen su ingente entramado empresarial. 

El ministerio público comenzó la investigación el pasado mes de febrero por una denuncia del grupo municipal de IU por unos contratos entre 2008 y 2014. Según la documentación que obra en poder de eldiario.es/andalucia, el fiscal Álvaro Navarro remitió incóo el pasado 6 de septiembre la apertura de diligencias de investigación a los tres citados por la adjudicación en dicho periodo de cinco contratos a las empresas Jarquil Verde y Urbaser, tomando parte en los expedientes el alcalde, “ocultando el hecho de que su yerno y socio comercial José Zapata ostentaba el cargo de consejero de administración”.

“Se constatan en el informe numerosas participaciones conjuntas en la elevación a público de diversas escrituras como representantes de determinadas sociedades, como fiadores/avalistas, prestatarios/deudores, e incluso actuando uno como representante legal del otro”, continúa el escrito de la fiscalía. 

Con estos datos se recabó judicialmente en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar información sobre la totalidad de los expedientes con Jarquil Verde. Se contestó que se concedió la realización de un inventario de arbolado público en el término municipal (29.700 euros), la construcción del jardín botánico El Sol (245.000), varias obras de espacios verdes dentro del Plan Proteja (765.000), la adaptación o nueva construcción de varias vías ciclistas urbanas (400.000) y el acondicionamiento de la plaza Los Limoneros de Aguadulce (29.300).

El informe de la fiscalía revela, en relación a la concesión del inventario de arbolado público que “del análisis del expediente resulta que no consta en el mismo explicación alguna de por qué, cumpliendo con el límite mínimo legal que exige que se solicite la oferta de al menos tres empresas capacitadas”, se invite a Jarquil Verde “que había sido fundada apenas cuatro meses antes del inicio del expediente de contratación […] y nombrado como consejero José Zapata 25 días antes”.

En relación a la construcción del jardín botánico, argumenta que “la oferta de Argar Construcciones Servicios y Transformaciones SA superaba ampliamente a la presentada por Urbaser y Jarquil Verde”, indicando asimismo que se aumentó un 20% el presupuesto inicial, valorando en 21.500 euros un aporte de tierra vegetal adicional, en 8.800 una rotura de piedra o en 8.900 una retirada de piedra. 

“Se desprende la existencia de ciertas irregularidades que podrían haber tenido como finalidad la adjudicación a dicha empresa (Jarquil Verde) de los diferentes contratos en detrimento de las otras ofertantes y del erario público. Habida cuenta de la relación personal y mercantil existente entre el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y uno de los socios y consejeros de administración de Jarquil Verde, José Zapata, se hace necesario iniciar la investigación de los hechos narrados al presentar los mismos apariencia delictiva”, agrega.

Tres han sido las principales conclusiones que se han podido sacar de las elecciones generales en la provincia de Almería. Primero el ascenso del Partido Popular, que logra su tercer diputado, obteniendo acta en el Congreso de Diputados la mano derecha de Gabriel Amat en el ayuntamiento de Roquetas de Mar y en el seno del partido, Eloísa Cabrera. En las elecciones de diciembre le faltaron unos cientos de votos, que este domingo sí consiguió la carismática portavoz del PP en Roquetas, concejal desde 1999. En segundo lugar, la decepción de Unidos Podemos, que pierde el importante escaño que logró el sevillano David Bravo con Podemos en diciembre, no logrando acta de diputado el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, por tan solo casi 1.700 votos. Y por último que el PSOE mantiene sus dos escaños en la Carrera de San Jerónimo y el del Senado, mientras que Ciudadanos repite con un congresista.

El PP obtuvo por lo tanto tres escaños de los seis en liza, dos el PSOE y uno para Ciudadanos. En el Senado, tres para el Partido Popular y uno para el PSOE. Tal y como afirmaba tras conocerse los resultados la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Rosalía Martín, “Almería es una tierra hostil para romper el bipartidismo porque el Partido Popular hace una política economicista”, y bien lo sabe esta formación que elección tras elección choca contra el impenetrable muro del PP y el PSOE gestionando la riqueza de la tierra de los mares de plástico.

El PP logró el 43,09% de los votos obteniendo cinco puntos más que en los anteriores comicios, con casi quince de diferencia al día de hoy, y más de 130.000 votos, frente a los 117.635 del 20D. El diputado Rafael Hernando recordaba que el PP había ganado “en Almería, en Andalucía y también en España. Mariano Rajoy debe ser el presidente del gobierno. Almería se ha portado bien con el PP y el PP se va a portar bien de nuevo con Almería y va a ser la legislatura del tren para Almería”, prometía el portavoz nacional del Partido Popular.

Por su parte, el vicesecretario general del PP y vicepresidente de la Diputación, Javier A.García, destacaba la victoria en más de la mitad de los municipios de la provincia, concretamente en 59, pedía reflexión ante el nivel de abstención, aunque la participación provincial subía un cuatro por ciento respecto a las últimas elecciones, y tendía la mano al resto de formaciones para dialogar sobre los temas que preocupan a los almerienses. “La confianza que nos han dado los almerienses se la vamos a devolver con trabajo, esfuerzo e intentando mejorar la calidad de vida de todos”, señalaba.

El PSOE ha logrado mantener sus posiciones, descendiendo apenas un 1,1% respecto a los resultados de hace seis meses. Pero empeora su peor resultado electoral en la provincia, ya que si en diciembre de 2015 tuvo 89.434 votos con dos escaños en el Congreso, ahora solo obtiene 83.977, manteniendo dos diputados y a Pérez Navas en el Senado. El secretario general socialista y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, consideraba que “está claro que hemos perdido a la gente de centro izquierda si Podemos hubiese tenido otra actitud a la hora de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Al PP le ha salido bien la estrategia del miedo y de dividir a la izquierda. Todos hemos perdido apoyos. IU y Podemos no han sumado el apoyo por separado. Ciudadanos se ha quedado a 3.000 votos de su resultado. Y nosotros a 5000. Nos colocamos en una posición determinante de cara al futuro gobierno de España y de cara a la gobernabilidad del país. Los almerienses se van a sentir orgullos del trabajo que vamos a realizar en el Congreso y en el Senado para defender los intereses de esta provincia”, prometía.

“Esto es una carrera de fondo”, dice Julio Rodríguez

Unidos Podemos perdía 11.000 apoyos respecto a la suma de los resultados de Izquierda Unida y Podemos el 20 D. El ex general se comunicó por vídeoconferencia desde la capital afirmando que “ha sido un placer, un lujo compartir la campaña con vosotros. Estad seguros de que sigo implicado en el proyecto, esto es una carrera de fondo en la que sólo hemos recorrido los primeros kilómetros”, afirmaba considerando que la unión de las dos fuerzas debe reafirmarse con más sosiego.

“La provincia de Almería ha vuelto a darle la mayoría al Partido Popular, a un PP que humilla, roba y expolia a la clase trabajadora. El miedo iba a cambiar de bando y el miedo ha ganado estos últimos días”, explicaba Rosalía Martín, quien hay que recordar que se enfrentó inicialmente a la llegada del ex general afirmando incluso que la dirección de la coalición podía si quisiera designar candidato “al mono Amedio”, pero la decisión se iba a pelear desde las bases que quería un candidato almeriense. El zaragozano general retirado no logró obtener el escaño que obtuvo otro no almeriense, Diego Bravo, pese a que Podemos lo impuso para Almería bajo la certeza de que lograría el acta de diputado viendo los resultados de diciembre.

Por su parte el diputado de Ciudadanos, Diego Clemente, reconocía que había sido una noche de infarto en la que pudo perder su escaño logrado en diciembre en favor de Unidos Podemos. Valoró positivamente los resultados electorales al haber perdido solamente unas décimas respecto al 20D, calificando sus apoyos como “un voto muy fiel y muy estable”, con un electorado que calificaba como de centro. Clemente calificaba la campaña hecha como excepcional y prometía seguir trabajando por los almerienses con un partido que había llegado “para quedarse”.

Esta formación acusa al alcalde de tener intereses familiares en la construcción del nuevo acceso de Aguadulce a la Autovía del Mediterráneo

Discurre por terrenos propiedad de una empresa de un familiar y la inversión la afrontará el consistorio y no el Ministerio de Fomento

El concejal de IU en el ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juan Pablo Yakubiuk, anunciaba, tras la celebración del pleno el pasado viernes, que han detectado una nueva irregularidad en la gestión del alcalde, Gabriel Amat (PP), por lo que van a presentar una nueva denuncia contra él en la Fiscalía de Almería.

En concreto se trata del caso de las obras de la nueva carretera que posibilitan el acceso de Aguadulce a la Autovía del Mediterráneo A7 y que además, una vez finalizadas, servirán como nuevo enlace con esta vía hacia El Ejido. Parte de la misma carretera que se construyó de forma urgente para enlazar Almería con Aguadulce tras los desprendimientos de rocas que se produjeron meses atrás por fuertes lluvias en la conocida familiarmente como “carretera del Cañarete”, la antigua N-340, que obligaron al corte de la circulación. La inversión total sería de unos 2,2 millones de euros, previéndose la finalización de las obras para el próximo verano, “si bien es muy difícil cumplir este plazo”, apuntaba Juan Pablo Yakubiuk.

La polémica que va a judicializarse se debe a que según IU, Gabriel Amat vuelve a tener intereses en la obra, ya que discurre por terrenos propiedad de una empresa de un familiar, puesto que uno de sus sobrinos es administrador mancomunado de ella. El pleno aprobó con los votos favorables del PP, la abstención de C's y el rechazo del PSOE, IU y Podemos (Tú Decides), que el consistorio financiara las obras a fondo perdido en solitario, sin aportación del Ministerio de Fomento. Juan Pablo Yakubiuk afirmaba que Gabriel Amat no le dejó preguntar en el pleno por el asunto por lo que lo llevaba a la Fiscalía de Almería.

“Los terrenos valen muy poco, unos 2.600 euros, pero los intereses inmobiliarios que denunciamos nosotros son que estas fincas que abarcan todas las laderas de los montes que están junto a la autovía ahora se revalorizan porque tienen una entrada directa a la misma. Si el día de mañana esto se recalifica no valdrían lo mismo. Si como dice el alcalde no hay ningún problema y todo es legal, ¿por qué no lo comunicó y se levantó de la sesión como establece la ley? Esta modificacion presupuestaria es el paso previo para que esta zona se mejore, entonces son parte interesada sus familiares”, sostiene.

Tanto el PSOE, como Podemos (Tú Decides) e IU creen que el alcalde debería exigir al Gobierno de España que asuma la inversión, pero Gabriel Amat precisó la urgencia de la obra previendo que estaría acabada para el próximo agosto. El PP sacó adelante la propuesta gracias a la abstención de C's, que le presta apoyo en los plenos aunque no forma parte del equipo de gobierno. Esto radicaliza aún más la pugna entre la oposición y el equipo de gobierno y se judicializa más la vida municipal.

El alcalde ha defendido la obra asegurando que el consistorio “hace un gran esfuerzo para destinar más de dos millones de euros para solucionar un problema, gracias a la capacidad económica que tiene, que en este momento es la más adecuada y hace que podamos soportar esa obra para ese servicio que le queremos dar a los vecinos”. Para continuar: “Yo quiero que la gente que vaya de Almería a Aguadulce pueda entrar y no tenga que venir a El Parador. Es verdad que llevamos peleándonos desde hace años para que se haga un nuevo acceso, y no hemos logrado la oportunidad, pero ahora hay que aprovecharla para dar una solución, que es lo que necesitamos”.

Se trata de un proyecto que incluye la expropiación de 5.116 metros cuadrados de suelo que pertenecen a la mercantil Almirez de Aguadulce, con José Ángel Amat Vargas, sobrino del alcalde como uno de los administradores. “Es muy sospechosa la fijación de Gabriel Amat por hacerlo directamente desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y no solicitarlo al Ministerio de Fomento”, ha dicho el edil de IU, formación que mantiene además que un funcionario de la Diputación de Almería, presidida también por el regidor, fue redactor del proyecto de la obra teniendo además intereses en la citada empresa, lo cual también sería ilegal.

Son varios los asuntos que IU ha llevado o va a llevar a la justicia en relación con el alcalde. El último en el pasado pleno de abril en el que la portavoz del equipo de gobierno, Eloisa Cabrera, se enzarzó duramente con Juan Pablo Yakubiuk sobre el asunto de la relación del alcalde con concesiones de dinero público a Ondamar TV, medio de comunicación con intereses familiares del alcalde, por lo cual se aprobó la reprobación del presidente de la corporación, tema que IU también lleva a los tribunales.

También ha denunciado IU la relación de familiares suyos en la empresa Jarquil Verde, adjudicataria de contratos del consistorio, igual que los diversos atropellos en las carreteras y vías de la ciudad o el caso de las viviendas de lujo en la La Fabriquilla, en El Parador.

En las sesiones plenarias el equipo de gobierno siempre ha exigido a la oposición que acudiera a los juzgados y no a los medios de comunicación. Como ya hizo cuando Gabriel Amat pidió a IU que llevara a los tribunales a la concejal Eloísa Cabrera por presuntamente haber arreglado su vehículo privado en los talleres municipales en 2013.

Toda la oposición contra Gabriel Amat. Los grupos municipales de PSOE, IU, CS y Podemos, han votado a favor de una moción presentada en el Pleno del ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado esta mañana que solicitaba, por segunda vez, la reprobación del alcalde Gabriel Amat por asuntos de presunta corrupción. Esta vez salía adelante la petición gracias al voto favorable de Ciudadanos, que mantiene pacto de gobierno con el Partido Popular aunque sin tener concejales en el equipo de gobierno. En una ocasión anterior Ciudadanos no apoyó la iniciativa de Izquierda Unida. Los 13 votos de la oposición superaron los de los doce ediles conservadores. Sin embargo Ciudadanos se abstuvo en otro de los puntos que conformaban la moción de izquierdas, concretamente el relativo a la apertura de expediente de responsabilidad al alcalde, con lo cual no ha salido adelante.

Según el portavoz suplente de IU, Juan Pablo Yakubiuk, el objetivo de la moción era “iniciar la toma de medidas contra el alcalde, Gabriel Amat, por el hecho de no haber cumplido con la obligación de haberse abstenido en la adjudicación, y sucesivas prórrogas, de un contrato de publicidad a Ondamar TV, participada al 100% por Urbaentinas S.L., mercantil de la que Amat era socio fundador y administrador. Dado que el último pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue el 17 de marzo y que las vinculaciones de Amat con estas mercantiles vieron la luz pública a raíz de la revelación de los informes de la Agencia Tributaria sobre la investigación en marcha de la denominada 'Trama Amat' el pasado 30 de marzo, es ahora, en el pleno siguiente donde entendemos desde IU Roquetas que deben tomarse medidas para depurar todas las responsabilidades”. Yakubiuk anunció que acudirá a la Fiscalía tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores sobre la gestión de Amat.

Por su parte el presidente de la corporación municipal argumentó que iba a tomar medidas legales por considerarse acosado por las continuas acusaciones de presunta corrupción que se publican contra él. Amat afirmó que él no era ni administrador ni gerente de la citada sociedad televisiva (Popular TV) así como que su sociedad familiar no tenía la totalidad de  acciones de la empresa.

La portavoz del Partido Popular, Eloisa Cabrera, mantuvo una ardua discusión con Yakubiuk, acusando a la oposición municipal de mantener una persecución contra Amat en búsqueda solamente de titulares de prensa, sin ningún interés de trabajar en beneficio de la ciudad, siguiendo el ritmo de las denuncias que hace meses publica El País, comentó de forma despectiva Cabrera, muy acalorada en su contestación a Izquierda Unida, quien solicitó a la oposición que acudiera a los tribunales si tenía pruebas de alguna irregularidad.

En la citada moción de reprobación, desde IU se recuerda que en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 22 de mayo de 2006 se acordó la adjudicación del denominado contratos (anual) de servicios de comunicación y publicidad institucional del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con posibilidad de tres prórrogas, a varias mercantiles entre las que se encontraba la oferta de PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR ALMERIA S.L., con CIF B- 04509220, por un importe de 12.000 euros.

Esta adjudicación, fue prorrogada en los sucesivos años en las Juntas de Gobierno Local de los días 17 de septiembre de 2007, 30 de junio de 2008 y 28 de septiembre de 2009, en los mismos términos antes expuestos.

Según IU, en todas las Juntas de Gobierno Local antes citadas asistió como presidente de la misma Gabriel Amat Ayllón, no constando en las actas de las mismas que se haya retirado al momento de la votación de los citados acuerdos, ni que haya emitido voto de abstención alguno.

La clave está en que la mercantil PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR ALMERIA S.L, con NIF B04509220 a la fecha de la adjudicación y de las sucesivas prórrogas se hallaba participada en un 100% por la mercantil URBAENTINAS S.L., con NIF B04447231, mercantil que también la fecha de la adjudicación y de las sucesivas prórrogas tenía al entonces y actual Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, nombrado como Administrador de la misma, socio, partícipe y autorizado en cuentas bancarias.

El artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que: “Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes:..a)Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado..”, además que en el apartado 5º del citado artículo se establece que: “La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad”.

La situación política y laboral en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), gobernado por el presidente del Partido Popular en Almería y de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, y las presuntas corruptelas que se han publicado, gracias al apoyo del grupo municipal de Ciudadanos, vive una calma tensa. Por una parte, hay voces sindicales de los trabajadores municipales que se han quejado de las continuas peticiones de expedientes de los partidos políticos para fiscalizar la labor del equipo de gobierno. Esto, a su juicio, provoca exceso de trabajo y ralentización de la gestión y atención al público necesaria diariamente para facilitar la documentación solicitada. Por otra, hay un claro enfrentamiento entre PSOE, Izquierda Unida y Podemos (Tú Decides), en un lado, y Partido Popular y Ciudadanos, en el otro.

Los primeros exigen la creación de una comisión de investigación para que se cite a toda persona u organismo necesario que ayude a aclarar la presunta corrupción de Gabriel Amat y una larga serie de empresas o familiares a los que favorecería su gestión. Los segundos defienden que ya hay creada una Comisión Municipal de Transparencia, presidida por Ciudadanos, encargada de investigar tal acusación analizando los documentos municipales oficiales necesarios, y la consideran innecesaria la citada comisión.

Ciudadanos mantiene que el apoyo a Amat depende de que sea o no imputado judicialmente, situación que no se ha producido, si bien no descarta que apoye una moción de censura si fuera necesario y las causas judiciales así lo aconsejaran.

En este sentido, recientemente el portavoz municipal del grupo socialista en el ayuntamiento roquetero, Manolo García, afirmaba que “una vez más, Ciudadanos está cercenando la posibilidad de esclarecer lo ocurrido con las múltiples empresas de familiares de Amat - que recibieron presuntamente adjudicaciones y contratos públicos- con la excusa de que ya se está haciendo esta labor en la comisión de transparencia que presiden ellos, cuando la realidad es que la última sesión tuvo que ser suspendida por falta de documentación”.

García aclaraba que “el calado y complejidad de los asuntos relacionados con Amat no debe despacharse de modo alguno con una simple dación de cuentas. Es desolador la incoherencia y la poca voluntad de Ciudadanos para arrojar verdad en una multitud de asuntos que afectan a nuestros vecinos y vecinas. No vamos a descansar hasta que los roqueteros sepan la verdad y conozcan que está ocurriendo en su Ayuntamiento. Si Ciudadanos nos impide esta vía, los socialistas buscaremos otra”, afirmaba el líder del primer grupo de la oposición municipal, refiriéndose a que, si se rechazaba la comisión de investigación, el PSOE buscaría otras vías.

“Abrir la puerta a un gobierno alternativo al del PP”

Por su parte desde el grupo municipal Tú Decides, la única formación que en la provincia de Almería logró el reconocimiento oficial de Podemos como representación suya, afirman que “la comisión de transparencia no sirve para nada porque solo podemos ver cientos de expedientes municipales oficiales, en los que como mucho queda patente la presencia del alcalde en reuniones en las que aparecen empresas que podrían estar dentro de las acusaciones de la presunta trama societaria, con lo cual se podría pedir como mucho su inhabilitación pero no llevarle a la cárcel. Solo una comisión de investigación permitiría escuchar declaraciones sobre procedimientos delictivos, ya que tales asuntos se cierran en lugares sin testigos”.

Por su parte, Izquierda Unida, una de las formaciones más combativas contra Amat, ya recordaba poco después de las elecciones, cuando los distintos partidos de la oposición, en caso de sumar sus fuerzas, hubieran desbancado de la alcaldía a Amat tras una veintena de años en el cargo, hecho que no se dio por el apoyo de Ciudadanos a última hora, mantenía entonces que “en el caso de las propuestas de alcaldables desde IU se recuerda que esta decisión es urgente e inaplazable para el día 13 de junio, ya que así lo establece la ley y es la única forma de abrir la puerta a un gobierno alternativo al del PP en Roquetas. Si ese día algún grupo se abstiene, se vota a sí mismo en solitario o vota a otro candidato que no sea el del consenso, Amat y el PP revalida de forma automática su mando ya que son la lista más votada”.

Ciudadanos mantiene que la comisión de transparencia que preside es el órgano competente para investigar los hechos, argumentando, en contra de la versión de la oposición que “vamos a seguir trabajando sin descanso en la comisión de transparencia, donde esperamos a todos los grupos políticos, para fiscalizar y controlar la labor pasada y presente del Grupo Popular en el consistorio. Esperamos no tener sorpresas como prescripciones de cualquier presunto hecho punible, de cualquier presunto delito penal, si se diese el caso”.

“Además lo hacemos, para más garantía de los roqueteros, mediante la firma por escrito de un pacto anticorrupción donde llegado el momento, no se va andar con contemplaciones para hacerlo valer. Tolerancia con la corrupción cero; estamos en un estado de derecho, y la palabra la tendrá un juez, no un titular de prensa; no artículos de prensa donde se recogen afirmaciones como al parecer, el yerno del Sr. Amat, era el consejero de la empresa. Nos preguntamos si al parecer no era consejero de la empresa hace 8 años, cuando se adjudicó el contrato”, mantiene el único diputado al Congreso de Ciudadanos por Almería, portavoz municipal roquetero Diego Clemente.

Gabriel Amat, investigado por presunta corrupción, se ha negado a hablar a la prensa sobre la entrega de 48.000 euros de publicidad institucional a una empresa televisiva con participaciones de él y su familia, según publica El País sobre supuestas adjudicaciones publicitarias del Consistorio a la empresa Producciones Ondamar en la que, según recoge la formación a partir del medio, el alcalde tenía “participación” mediante otra sociedad que poseía la titularidad de dicha empresa.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, quien fue parlamentaria andaluza en la pasada legislatura, junto a otros cargos públicos de Izquierda Unida, pedíaeste miércoles a Ciudadanos y a su máximo líder, Albert Rivera, que apoye una moción de censura con Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, presidente del PP almeriense y de la Diputación Provincial.

Así lo han confirmado el concejal en Roquetas, Juan Pablo Yakubiuk, y la diputada provincial de Izquierda Unida en la Diputación, Mª Jesús Amate, quienes además recordaban que “el presentador de Ondamar TV, José Luis Hinestrosa, fue nombrado asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial”.

Apenas dos horas después de hacerse pública esta petición de Izquierda Unida, Ciudadanos reaccionaba y convocaba de forma urgente la Comisión Municipal de Transparencia en el ayuntamiento de Roquetas para tratar el asunto de los contratos de publicidad institucional, pidiendo que “el alcalde de Roquetas explique claramente el asunto de los contratos con la empresa Producciones Televisivas Ondamar. Es lamentable la imagen que se da de nuestra ciudad y de nuestra provincia”.

“Llegaremos al fondo”

“No podemos permitir que Roquetas salga una semana sí y otra también por estos asuntos en los medios. Queremos que el alcalde explique ante la Comisión las adjudicaciones, como ya hemos preguntado por otros asuntos parecidos. Aún esperamos respuestas de algunos asuntos, como por ejemplo en el caso del Jardín Botánico. Llegaremos al fondo de todo esto”, ha afirmado Diego Clemente, único diputado al Congreso de Ciudadanos por Almería y portavoz municipal en Roquetas de Mar.

Clemente recuerda que Ciudadanos es el único partido que tiene un documento firmado por la regeneración política y contra la corrupción, por el que, en casos de imputaciones por corrupción o incumplimientos de los puntos del documento, tiene la obligación de tomar medidas al respecto. “Estamos tranquilos como ya hemos dicho muchas veces, pues una vez se den las condiciones de actuar actuaremos. Lo que sí esperamos es que las explicaciones que se nos den nos satisfagan a todos, por el contrario, habrá consecuencias políticas”, dando así a entender que no se descarta la moción de censura con lo que la oposición mayoritaria podría derribar el gobierno del PP, sustentado hasta ahora por Ciudadanos.

Según ha confirmado eldiario.es, hay un Boletín Oficial de la Provincia (26 de septiembre de 2011) que confirma el nombramiento de Hinestrosa como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial y en sucesivas juntas de gobierno local del ayuntamiento roquetero aparecen las partidas prorrogadas anualmente entre 2006 y 2010 a favor de Ondamar Televisión, conocida también como Popular TV, dentro del listado de diversos medios de comunicación almerienses beneficiados por publicidad institutcional roquetera.

Por su parte el PSOE de Roquetas de Mar se ha unido a las voces que piden una comisión de investigación insistiendo el portavoz municipal Manuel García “en la necesidad de crear urgentemente una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento para aclarar los contratos firmados por el alcalde del municipio, Gabriel Amat, con empresas participadas por él mismo o por sus familiares en los últimos años y que habrían permitido el trasvase de dinero público hacia estas sociedades”.

“El Grupo Socialista registró el pasado 16 de diciembre una moción para instar al Ayuntamiento a constituir una comisión de investigación en la que poder analizar las actuaciones municipales que hayan podido tener relación con las actividades privadas del señor alcalde, así como su posible repercusión en los intereses generales del municipio de Roquetas de Mar y sus vecinos. Esta moción aún no podido ser debatida ni votada por el Pleno del Ayuntamiento, debido a las maniobras de dilación que está realizando la concejal de Ciudadanos, Lourdes García, quien lleva casi cuatro meses manteniendo la moción retenida en la Comisión de Transparencia”, ha denunciado Manuel García.

Izquierda Unida ha presentado una denuncia en la Guardia Civil por haber recibido amenazas a través de la página web de su organización en Roquetas de Mar (Almería) en el sentido de recibir una paliza si seguían investigando la gestión del alcalde Gabriel Amat y la primer teniente de alcalde Eloisa Cabrera, quien fue candidata al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones generales por el Partido Popular.

Así lo ha explicado a este periódico el concejal roquetero Juan Pablo Yakubiuk, administrador de la citada página en internet, quien no cree posible que ni Cabrera ni Amat estén detrás de los hechos, pero no descarta que algún simpatizante 'ultra' del PP, dolido por los continuos casos de presunta corrupción de los que se acusa en los medios de comunicación al alcalde, se haya dirigido directamente a Izquierda Unida tras los momentos de tensión que vive el ayuntamiento local.

Por su parte la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Rosalía Martín, se refería este asunto en rueda de prensa en la capital almeriense, afirmando que “no vamos a tolerar que se amenace a ninguna asamblea local, a ningún militante ni cargo público, como está sucediendo en Roquetas de Mar, donde se han recibido amenazas a través de las redes sociales y la web de la asamblea local. Dichas amenazas están ya denunciadas ante la Guardia Civil y esperamos que se lleven a cabo las investigaciones oportunas. Porque por realizar su obligación de fiscalización en el ayuntamiento no vamos a permitir amenazas al más puro estilo mafioso como ha sucedido con la asamblea de IU en Roquetas de Mar. No nos van a amedrentar y seguiremos haciendo fiscalización, denuncias y demás”.

Rosalía Martín se refirió también a las presuntas vinculaciones existentes entre Ciudadanos y el PP y la trama societaria del alcalde roquetero. “Por un lado lo que se ha sabido a través del pelotazo urbanístico en el Jaén Plaza, y las vinculaciones societarias del portavoz de Cs en Roquetas, que ha compartido socio con algunas de las empresas que tienen relación con Amat, cuestiones que nos han querido hacer pasar como casualidades, cuando no lo son. Como casualidad no es que se le dé la Alcaldía a Gabriel Amat, que se le aprueben los presupuestos, que le saquen las castañas del fuego en determinadas ocasiones en los plenos. Ni es casual que se le nombre asesor al cuñado de la concejala de Ciudadanos en Roquetas y que tras detectarlo IU se haya rectificado. O que un asesor de Alcaldía sea un señor de Ciudadanos que vino a hacer la campaña de elecciones y se quedó”.

Izquierda Unida se ha preguntado cómo Albert Rivera, que está intentando formar gobierno, no esté interviniendo en Almería, “porque el partido que se dice de la ética y la democracia tiene mucha tela que cortar en la provincia de Almería”, afirmó la que fue parlamentaria andaluza en la anterior legislatura.