Con un ambiente bohemio, punto de encuentro de artistas de múltiples disciplinas, Mojácar es uno de los pueblos más internacionales de toda Almería a pesar de no encontrarse dentro del Parque Natural del Cabo de Gata. Esculpido en una colina en la Sierra Cabrera, esta localidad de origen árabe con vistas al mar es digna de visitar en cualquier época del año. A Mojácar se la conoce como el 'pueblo blanco' en alusión al encalado de sus construcciones, que forman un laberinto de calles estrechas y muy empinadas en su casco antiguo. La peculiaridad de la ciudad combina perfectamente con una extensa franja de litoral, Mojácar Playa, donde podemos encontrar decenas de restaurantes y chiringuitos.

El pasado árabe de Mojácar se respira en su casco urbano. En la plaza Nueva y su mirador, la fuente mora o la iglesia de Santa María. Habitada por fenicios, cartaginenses o romanos, fueron los árabes los que realmente forjaron la ciudad que hoy conocemos. Te contamos algunos lugares que no puedes perderte si visitas Mojácar este verano:

La Fuente Mora

La Fuente Mora o de los trece caños es testigo de la historia de la capitulación en 1488 de Mojácar. Se trata de una fuente con una docena de caños frontales y uno lateral. En tiempos pasados este lugar fue uno de los puntos neurálgicos de la población. “A lo largo de la historia ha cumplido diversas funciones y suscitado en su entorno la formalización de oficios como el de aguador, lavandera o el de vigilante de regadío”, cuenta en la página oficial de Turismo de Mojácar. Muy cerca se encontraba el molino. En el siglo XIX fue reformada, y en los años 80 volvió a ser reconstruida.

Iglesia de Santa María

Su construcción data de 1560, en el mismo lugar que anteriormente se había levantado una mezquita árabe. No solo fue un edificio destinado al culto, también fue una fortaleza. El interior destaca por su sobriedad con imágenes de San Agustín y la Virgen del Rosario, patrones de la localidad. En el altar se puede contemplar una pintura de un artista alemán, Michael Sucker, que hizo de Mojácar su residencia durante casi una década.

La Plaza del Parterre

Se trata de una plaza con pórticos, colindante a la Iglesia de Santa María. Algunos historiadores han señalado que se levanta sobre una antigua necrópolis árabe, ya que se han encontrado algunos restos orientados hacia La Meca. “En un bello rincón de la plaza, se encuentra la reproducción exacta de una de las escenas de la Reconquista, que se recrean en la sillería del coro de la catedral de Toledo”, explican en la página web de Turismo de Mojácar.

El Mirador de la Plaza Nueva

Desde este mirador se pueden admirar las impresionantes vistas de las sierras de Cabrera, Bédar y Almagrera, así como el río Aguas y un antiguo asentamiento, La Vieja. Otros puntos que podemos avistar son las poblaciones cercanas de Turre, Los Gallardos, Bédar, Garrucha, Vera, Cuevas del Almanzora, Villaricos o las huertas de Mojácar.

La puerta de la ciudad

Es la entrada a Mojácar. Reconstruida en el siglo XVI, la puerta actual se construyó sobre la árabe, un hueco abierto en la muralla. En lo alto se puede ver el escudo de la ciudad con la leyenda “A la muy noble y leal ciudad de Mojácar, llave y amparo del reino de Granada”.

El barrio del Arrabal

Se trata del barrio judío, que se levantó en el siglo XVII y que conforma un pintoresco conjunto de casas de arquitectura tradicional y calles estrechas. Pasear por este barrio te transporta a otra época.

El Castillo de Macenas

Construida en el siglo XVIII en la Rambla de los Moros, es una edificación de tipo militar. En los alrededores habitaban los encargados de su defensa, cabos y torreros primero, luego carabineros y más tarde, se encargó a la Guardia Civil. En los años 90 se restauró. Desde aquí se puede acceder por un camino de tierra a la Torre del Peñón o Perulico, con una altura de 10 metros y un tunel en su centro, que servía de paso pues rodearla era imposible.

Otros puntos de interés en la localidad son la plaza del Ayuntamiento, que preside un árbol centenario presente de un emigrante llegado de las Américas (un ficus benjamín) y mosaicos en el suelo formando la figura del Indalo, símbolo de Almería; los numerosos centros de arte que encontramos en la localidad o la Casa Museo de la Canana, “que recibe el nombre de una de las personas que la ocuparon, una mujer bien conocida en el pueblo, por dedicarse entre otras cosas, a la venta de tabaco y productos de primera necesidad”, explican en la web de Turismo de Mojácar. Representa una casa tradicional de la primera mitad del siglo XX.

Si visitas Mojácar en fin de semana, no dejes de pasar por su Rastrillo, en las inmediaciones de la Fuente, en el que podrás encontrar objetos de todo tipo: pinturas, libros de segunda mano, abalorios, ropa o antigüedades, además de objetos artesanales.

Playas de Mojácar

Pero no todo va a ser pasear por el casco urbano. Sin duda, una visita a Mojácar bien merece hacer una parada en sus playas. Esta localidad tiene 17 kilómetros de costa desde Marina de la Torre hasta la Rambla de la Granatilla, a pocos kilómetros de los límites con el Parque Natural del Cabo de Gata.

Algunas de sus playas son las de Marina de la Torre, La Cueva del Lobo, El Descargador, El Cantal, Venta del Bancal o Las Ventanicas, entre las que puedes encontrar paisajes para todos los gustos y públicos.

Según Turismo en Mojácar, “la temporada de baño empieza el 15 de Junio y termina el 15 de septiembre; incluyendo la Semana Santa, durante este periodo, el servicio de socorrismo está funcionando desde las 11.00h hasta las 19.00h”.

Mojácar retomó el ritmo político con la proclamación de Francisco García (PP) como nuevo alcalde el pasado viernes, veinte días después que en el resto del país. Sin embargo, la vida política este pueblo almeriense sigue lejos de la normalidad: el PSOE acaba de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, última bala que le queda para cuestionar directamente la validez de los resultados del escrutinio del pasado 28 de mayo. Los socialistas quieren que se anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su recurso contencioso el pasado 3 de julio. Vulneraría, según ellos, el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la participación política, reconocidos por la Constitución.

En paralelo, un juzgado de instrucción de Vera mantiene abiertas sendas investigaciones por la presunta compra de votos por correo: en la primera de ellas hay una decena de investigados, dos de ellos integrantes de la lista socialista; en la segunda, hay al menos uno, vinculado al PP, y se mantiene secreta desde hace más de un mes.

El recurso de amparo de los socialistas, al que este medio ha tenido acceso, ahonda en la diferencia de trato que se dio a los votos por correo, a pesar de que sobre todos ellos existe una sombra de sospecha. Mientras que cuatro días antes de los comicios se requisaron y retiraron unos doscientos votos intervenidos por la Guardia Civil en registros en locales y viviendas vinculados a dos candidatos socialistas, el resto (unos 500, hasta 706) sí se depositaron en las urnas, sin que retiraran o se contaran aparte, como pretendía el PSOE, que hace tiempo que sospecha de que el PP recoge sufragios a cambio de puestos de trabajo.

“Agravio comparativo”: unos votos sí y otros no

Según los socialistas, no había ningún impedimento para que los votos intervenidos en los registros del 24 de mayo se depositaran en las urnas. “Y si lo hubiera, porque se encontraban bajo investigación judicial (…), entonces el resto de los votos por correo tampoco deberían de haberse depositado”, se añade en el recurso de amparo, que gira en torno a la idea de que se ha producido un “agravio comparativo”.

Es una reclamación que hasta ahora no ha tenido éxito. El 28 de mayo, Manuel Zamora, secretario general del PSOE de Mojácar, presentó un escrito en todas las mesas electorales, pidiendo la intervención y custodia de todos los votos por correo “con el fin del análisis pericial/judicial” y para respetar el “principio de no discriminación en relación a los votos retenidos por la autoridad”, pero los presidentes de las mesas no le hicieron caso.

Según el recurso que ahora presentan los socialistas, esto vulneraría el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y el derecho al sufragio activo (artículo 23) de los votantes que, según el PSOE, les habían entregado libremente su voto.

Hace tiempo que el voto por correo está bajo sospecha en Mojácar. Es extraordinariamente alto, al menos desde 2015, y alcanzó su cima en las pasadas elecciones municipales, cuando uno de cada cuatro votantes lo fue por correo. Después de años de denuncias, un juzgado investiga ahora a personas vinculadas tanto al PSOE como al PP por esta práctica. Y el PSOE razona que no vale dejar pasar unos votos sí y otros no si hay una sospecha general sobre el voto por correo. Esto crearía, dicen, una “desigualdad manifiesta” “no solo a los partidos políticos, sino también a los ciudadanos de Mojácar”.

El PSOE cree que la irregularidad es tan grande que, de no haberse producido, el resultado podría haber sido otro. Las matemáticas confirman la importancia del voto por correo: el pasado 28 de mayo el PP volvió a imponerse con 1.596 votos (ocho concejales) frente a 1.138 del PSOE (cinco ediles). Al PP, cada concejal le “costó” unos 200 votos, por unos 230 sufragios que “costó” cada edil socialista. Los 706 votos por correo que se emitieron en las pasadas elecciones suponen precisamente tres concejales, suficientes para decantar el resultado.

Manuel Zamora acusa a la exalcaldesa de abrir Mojácar “en canal”

Este recurso ya no produce ningún efecto suspensivo en la vida política municipal, a diferencia del interpuesto ante el TSJA que obligó a retrasar la constitución del ayuntamiento hasta el pasado viernes. En ese Pleno, Manuel Zamora afeó a Rosa María Cano (alcaldesa saliente y ahora número 2 del PP) haber “abierto en canal” al municipio, del que dijo que está “totalmente dividido”. Cano, que no tenía el uso de la palabra, no replicó. Tampoco lo hizo el alcalde electo, Francisco García, que estaba a su lado.  

“Usted disfruta viendo cómo, a cambio de un trabajo, ejerciendo presión desde la alcaldía contra cualquier ciudadano, se consigue que acabe votándole”, le espetó. “Le han votado por correo empleados del Ayuntamiento, empleados de empresas que prestan trabajos para el Ayuntamiento, personas que percibían ayudas sociales, futuros bomberos de la convocatoria que acaba de hacer, personas a las que presuntamente desde estas oficinas se emitía certificado digital porque, con alzhéimer, ningún notario le hubiera dejado votar”.

Zamora dijo confiar en que “la Justicia aclare esta situación cuanto antes”, pero las investigaciones ante el juzgado de instrucción 4 de Vera avanzan lentamente. 

Los ayuntamientos almerienses de Mojácar y Carboneras han convocado para este viernes los plenos para su constitución, que fueron aplazados por resolución judicial mientras se investigaban presuntas irregularidades en el voto por correo, un proceso que sigue su vía penal. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimase los recursos contencioso-administrativos que, presentados por el PSOE, impugnaban los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, los consistorios han podido dar el paso para que tomen posesión los nuevas corporaciones.

El pleno en el Ayuntamiento de Mojácar se ha convocado a las 20.30 horas de este viernes para la investidura como nuevo regidor de Fran García (PP), quien sustituye a la alcaldesa saliente y actual número 2 de la lista, Rosa María Cano. Los populares ganaron con mayoría absoluta de ocho concejales frente a cinco del PSOE, y la principal novedad en la sesión plenaria es que los dos integrantes de la candidatura socialista que fueron detenidos por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de una operación por presunto fraude electoral tres días antes de la cita electoral tomarán posesión de su acta, aunque lo harán como no adscritos.

Así lo ha indicado a Europa Press el candidato socialista, Manuel Zamora, en relación a quien fuera su número 2, Francisco Bartolomé Flores, y su número 5, Cristóbal Vizcaíno. Ambos están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera por presunta compra de votos por correo. En una pieza separada, el mismo juzgado investiga, con un detenido, hechos similares que habrían favorecido al PP. Zamora ha señalado que se mantiene la suspensión de militancia, aunque el acta “es personal” y ha apuntado que, una vez sean “absueltos” o se archive la causa penal que ahora se dirige contra ellos, “volverían al grupo municipal del PSOE”.

Al hilo de esto, y tras el rechazo del TSJA al recurso contencioso-electoral, ha asegurado que contemplan un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) que, en todo caso, no paraliza los plazos para constituir la corporación. “El objetivo a la larga es que se constituya una gestora en el Ayuntamiento, porque va a ser un gobierno del PP que sale de unas elecciones viciadas”, ha asegurado para remarcar que, de “los 700 votos intervenidos” por la UCO en la jornada electoral en Mojácar, “500 son del PP”. Asimismo, ha subrayado que, en el marco de la investigación que desarrolla la Guardia Civil en esa pieza separada, “se ha llamado a declarar ya a más de 150 testigos”.

Prevalece la conservación del acto electoral

EL TSJA rechazó anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras, tal y como solicitó el PSOE, al considerar que prevalece el “principio de conservación de los actos electorales” sobre la que aún es una “presunta compra de votos” o sobre lo que tilda de “meros indicios o conjeturas.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían “contabilizado” votos por correo “investigados por la UCO” de la Guardia Civil mientras que otros “se habían dejado de contabilizar” al ser incautados. A juicio de los socialistas, esto supone “una restricción de la participación”, a lo que suma que las causas penales abiertas “llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales”.

Pese a ello, el TSJA desestima que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado “viciadas” por una “presunta compra de votos por parte del PP”, ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia” ni tampoco tiene “consecuencia anudada a la comisión de un delito”. “El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral”, concluye.

¿Quién gobernará en Carboneras?

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Carboneras, será el municipio más madrugador ya que ha señalado para las 10 horas la sesión para conformar la corporación local para el mandato 2023-2027 y elegir alcalde entre José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (CS). El PP, que ganó como la lista más votada, y el PSOE, en el gobierno saliente, cuentan con seis concejales cada uno, por lo que será Ciudadanos y su único edil el que decida la gobernabilidad del consistorio.

Con respecto a Carboneras, el Juzgado de Instrucción 4 de Vera mantiene también abierta una investigación por presunta compra de votos. En este caso, el TSJA señala que debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destaca que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral.

Traslada que no se puede “adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral” y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo “a favor del PP” no pasan de ser “meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras (Almería) tal y como solicitó el PSOE debido a las presuntas irregularidades en el voto por correo que se investigan actualmente por vía en penal al considerar que prevalece el “principio de conservación de los actos electorales” sobre la que aún es una “presunta compra de votos” o sobre lo que tilda de “meros indicios o conjeturas.

El alto tribunal desestima los tres recursos contencioso-electorales presentados por el PSOE en ambos municipios y por un integrante de la lista socialista carbonera y declara la “validez” de la elección y de la proclamación de electos por ser los actos electorales que se impugnan “conformes a derecho”, según se recoge en las resoluciones dictadas este lunes y a las que ha tenido acceso Europa Press.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían “contabilizado” votos por correo “investigados por la UCO” de la Guardia Civil mientras que otros “se habían dejado de contabilizar” al ser incautados, lo que es “una restricción de la participación”, y que las causas penales abiertas “llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales”.

La sentencia indica que la “pretensión” del PSOE mojaquero es “inconsistente” ya que declarar la “invalidez” de las elecciones municipales “entra en clara contradicción” con el argumento que dan para hacerlo, que es una supuesta “vulneración del derecho de sufragio” y, además, “no tiene cobertura legal”.

“La lesión a ese derecho de sufragio que teóricamente se trataría de reparar a través de una decisión judicial quedaría reemplazada por otra de mayor alcance numérico”, sostiene para añadir que también tendría “un efecto indeseable” el suspender el nombramiento del equipo de gobierno.

El TSJA rechaza, asimismo, que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado “viciadas” por una “presunta compra de votos por parte del PP” ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera “no comporta la destrucción de la presunción de inocencia” ni tampoco tiene “consecuencia anudada a la comisión de un delito”.

“El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral”, concluye.

“Meras alegaciones insuficientes”

En el caso de Carboneras, municipio en el que se presentaron dos recursos y sobre el que hay también una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera, la sala señala que debe ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian” y destaca que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral”.

Traslada que no se puede “adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral” y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo “no pasan de ser meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral”.

Las sentencias subrayan que los datos numéricos aportados “tendentes a demostrar lo que se considera un anómalo número de solicitudes de voto por correo” no pasa de ser “una conclusión subjetiva sobre qué porcentaje de voto por correo responde a patrones de normalidad”.

“El cauce más idóneo para esclarecer tales irregularidades es la vía penal y está ya ha sido promovida, pero la inidoneidad del recurso contencioso-electoral es patente”, asegura la sala, que apuntilla que “aceptar la tesis del recurrente podría llevar a entender que todo voto emitido por correo en el municipio de Carboneras sería irregular y nulo y ello va en contra del principio de conservación de los actos jurídicos en materia electoral”

Por último, indica que “la legalidad de la mecánica de la votación por correo” en la circunscripción de Carboneras con los documentos que obran en el expediente “no puede verificarse” en el marco de este “breve” y concluye que, si no “resulta viciada la clara e inequívoca voluntad de los electores y tampoco se puede deducir que la irregularidad denunciada haya sido determinante del resultado, carece de sentido anular los votos ya que implicaría privar a los ciudadanos afectados de su derecho de voto”.

“La gravedad de los hechos, de ser ciertos, conduciría a la estimación del recurso, pero no hay prueba que los respalde y una mera denuncia ante un órgano del orden jurisdiccional penal no puede condicionar el resultado de un proceso electoral”, finaliza.

Cabe recordar que los hechos vinculados presuntamente al PP de Mojácar, con un detenido, se investigan en una pieza separada incoada a raíz de la pieza principal, en la que se investiga a otras diez personas por una supuesta trama relacionada con el PSOE. Entre los siete detenidos por la UCO de la Guardia Civil, los números 2 y 5 de la candidatura socialista, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno.

En Mojácar, el PP ha revalidado la Alcaldía aunque no repetirá en el cargo la actual alcaldesa en funciones, Rosa Mari Cano, y ha conseguido mayoría absoluta con Fran García al frente con ocho concejales frente a los cinco del PSOE.

Por otro lado, en Carboneras , el mismo Juzgado de Instrucción 4 de Vera ha oficiado a la Guardia Civil para que investiguen dos denuncias contra el PP también por un supuesta uso fraudulento del voto por correo. PP y PSOE han obtenido un mismo número de concejales, seis cada uno, mientras que CS ha cosechado un edil.

El Ayuntamiento de Mojácar, el municipio del Levante almeriense en el que se acumulan las sospechas de fraude electoral, no se constituirá este sábado. El PSOE ha interpuesto un contencioso electoral que impugna el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que el PP obtuvo ocho concejales, por cinco de los socialistas. La ley suspende automáticamente la constitución de las corporaciones (es decir, la toma de posesión de concejales y alcaldes o alcaldesas) cuando se presenta un contencioso electoral.

La Junta Electoral Central rechazó este jueves el recurso de los socialistas contra los resultados de Mojácar, pero el PSOE ha decidido llevar su protesta hasta el final, ahora con un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aunque inicialmente se había previsto la constitución del Ayuntamiento para el sábado a las 12.00 horas, fuentes municipales confirman que no ocurrirá.

Le Ley Electoral dispone que los ayuntamientos se constituyen el vigésimo día posterior a las elecciones, este sábado, salvo que se haya interpuesto un recurso contra los resultados, en cuyo caso se constituyen 40 días después. Sería el 7 de julio.

“Agravio comparativo”, según el PSOE: unos votos valen y otros no

La suspensión del Pleno se produce un día después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara el recurso del PSOE por la “imposibilidad” de comprobar los hechos que denuncian los socialistas y en aplicación del “principio de conservación de los actos electorales”. Los socialistas advirtieron a la JEC de que había indicios de fraude en el voto por correo en Mojácar, debido a las recompensas que habría ofrecido el PP a cambio de sufragios. Estos indicios están siendo investigados por el juzgado de instrucción 4 de Vera en una pieza separada de la causa en la que se investiga, también, la presunta compra de votos por correo para el PSOE.

La JEC admitía la “relevancia y gravedad” de las presuntas irregularidades, pero prefirió no alterar el proceso. Ahora, el PSOE ha interpuesto un recurso en la misma línea, que tiene el efecto de provocar la suspensión automática de la constitución del Pleno.

Los socialistas denuncian la discriminación que se habría cometido entre los electores cuyo voto por correo fue requisado en los registros que realizó la Guardia Civil cuatro días antes de las elecciones, y el resto de quienes sí votaron por correo, hasta 706 personas, cuyo sufragio se contabilizó sin problemas. Los socialistas subrayan que se restringió el derecho al sufragio de varios ciudadanos que entregaron libremente la papeleta. Y creen en todo caso que si el voto por correo está bajo sospecha, deberían haberse requisado todos, y no solo los que encontraron en los registros practicados, entre otros, a dos miembros de la lista socialista. 

Investigación penal paralela y una denuncia histórica del PSOE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA deberá resolver este recurso mientras en paralelo un juzgado de Vera investiga, por la vía penal, las sospechas de fraude. El recurso contencioso electoral es urgente y prioritario, y en él interviene también la Fiscalía.

La interposición del recurso llevará la constitución del ayuntamiento al 7 de julio, en un contexto marcado por las sospechas cruzadas de fraude. La UCO detuvo el 24 de mayo a siete personas, entre ellas dos integrantes de la lista del PSOE, por las sospechas de que compraban votos por dinero. Les intervino 200 resguardos. Un día después de los comicios, se supo que el juzgado también tenía una pieza separada en la que investigaba la presunta compra de votos por parte del PP, y en la que investigaba a un simpatizante y antiguo apoderado de los populares.

Las denuncias de fraude electoral en Mojácar vienen siendo reiteradas por el PSOE desde hace una década, sin que hayan desembocado en nada hasta ahora. En este pueblo de 7.500 habitantes, uno de cada cuatro votantes en las municipales lo hace por correo, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años y que multiplica por ocho la media nacional. Los vecinos admiten abiertamente la práctica arraigada de la compra de votos. 

Todos esperan al sepulturero en Mojácar. Lo esperan algunos vecinos, que dicen que él mejor que nadie puede explicar lo que pasa aquí con los votos por correo. Lo esperan compañeros del PP, partido con el que simpatiza y para el que ha hecho de apoderado electoral. Lo esperan sus rivales, que ahora lo buscan para que hable. Y lo espera su hijo Melchor, que este jueves se movía de punta a punta de su bar repitiendo que su padre, que cuando alguien fallece prepara los nichos y cuando no hay muertos limpia las calles, nada tiene que ver con fraudes electorales. “Es un simple trabajador municipal”, remarca, mientras se maneja a duras penas. Tiene escayolado el brazo derecho tras una trifulca provocada por todo lo que ha pasado estos días.

El juzgado de instrucción 4 de Vera mantiene abierta una pieza separada en la que su padre, L.M.L.R. (Luisón) está investigado por un presunto delito electoral que habría beneficiado al PP, según fuentes judiciales. Después de empezar investigando a diez personas, dos de ellas candidatos del PSOE, por una presunta compra de votos por dinero o trabajos en chiringuitos, la jueza amplió sus pesquisas para indagar si los populares, que ganan las elecciones desde 1999, compraban sufragios a cambio de empleos.

Luisón fue mencionado por algún testigo y detenido cuando acudió a declarar. No fue a prisión por el presunto delito electoral, sino por algo por lo que había sido condenado en agosto de 2020: revender un saxofón robado por terceros en un bar.

Melchor espera que su padre sea puesto en libertad este martes, cuando pague la fianza. Quizá entonces puedan empezar a aclararse algunas cosas.

Una pelea que muestra la tensión

En las últimas semanas, el ambiente del pueblo se ha enturbiado aún más a raíz de la detención de siete personas, primero, y de Luisón, después. “La cosa está muy tensa”, admite Manuel Zamora, candidato del PSOE. La alcaldesa achaca esa tensión a las supuestas presiones que habrían ejercido personas vinculadas a la candidatura socialista. Y en el pueblo lamentan que el orgullo que les dio la distinción de Ferrero Rocher por su decoración navideña haya quedado opacado por este escándalo electoral.

Todo estuvo a punto de reventar hace un par de viernes. Aquel día, 2 de junio, hubo una trifulca entre el hijo de Luisón, de un lado, y Pedro Montoya (miembro del PA investigado) y el padre de Cristóbal Vizcaíno (número 5 de la lista del PSOE e investigado), de otro. Desde entonces, el joven tiene el brazo escayolado. Asegura que se lastimó los nudillos cuando golpeó el vehículo de los otros dos “para no pegarles a ellos”. “Tuve cabeza”, dice. Las dos partes se habrían cruzado denuncias, aunque este medio no ha podido recabar la prueba.

Melchor sí muestra el vídeo que, según él, originó la pelea: en él se oye a los dos políticos prometerle “el mejor abogado” para su padre a cambio de “la verdad”. Melchor rechaza la oferta, con el argumento de que no se puede fiar de quienes han delatado a Luisón: en ese momento ya sabía que Montoya había dado el nombre de su padre a la UCO y leído sus declaraciones en El Español, que habían servido para conformar el perfil del “sheriff sepulturero” de Mojácar.

Dos días después de ese encuentro, se produce la pelea. Melchor asegura que fueron a provocarle. Este medio no ha podido localizar a los otros dos protagonistas.

“El que lo sabe todo es Luisón”

Una semana después, todos esperan a Luisón porque si algo queda claro en Mojácar es que todo el mundo oye, pero nadie sabe. “El que lo sabe todo es Luisón”, dice con media sonrisa un trabajador de la hostelería recién terminada su jornada laboral. Todos lo conocen, saben de su vinculación con el PP y ha cundido la idea de que es una pieza clave para desentrañar la relevancia por correo en Mojácar, donde uno de cada cuatro que votan lo hace así.

Desde hace años, es vox populi que la alcaldesa agradece el voto, pero en estas elecciones se extendió como la pólvora que ahora había candidatos del PSOE pagando en efectivo. No eran cualquiera: la UCO detuvo a Francisco Flores, hijo del exalcalde y exsenador socialista Bartolomé Flores. Francisco regenta un estanco en Mojácar pueblo en el que nadie quiere hablar. Es miembro de una poderosa familia con muchos terrenos en la costa, y cuya matriarca, Juana La Molinera, conserva otro despacho de tabacos en la playa e intereses en los chiringuitos El Amante y Playa Juana, un beach club de gran éxito cerrado desde Navidad por el ayuntamiento, supuestamente por el ruido.

El segundo investigado candidato del PSOE es Cristóbal Vizcaíno, dueño de otro bar, en este caso en el pueblo. Time & Place Bar Cueva tiene las puertas rotas y el cartelón arrumbado en su pequeña terraza. Hace mucho que se sabe que gran parte del sector hostelero no simpatiza con la alcaldesa.

A los dos miembros del PSOE, la UCO les habría requisado doscientos resguardos después de que dos electores denunciaran que les habían ofrecido dinero a cambio de los sufragios. Tanto el PSOE como vecinos consultados, que siempre piden el anonimato, resaltan que esa práctica no es nueva, y también la habría ejercido el PP. “A mí esta vez los dos vinieron a pedirme el voto, pero no ofrecieron nada. En 2019, sí. El PP me ofreció 300 euros”, dice entre susurros un vecino en Mojácar pueblo.

“¡Ojalá me ofrecieran 1.000 euros!”

Es una excepción. La mayoría dice que ha oído, pero no admite haber sido tentado. “¡Ojalá me ofrecieran 1000 euros!”, exclama el trabajador del restaurante. Tampoco sabe de nadie en esa tesitura. Sí de “familias enteras enchufadas”. “Ahora mismo hay un proceso selectivo, el primer examen es un bombo en que salen tres bolas y tienes que ponerte a escribir dos de tres temas. O vas preparado, o es imposible. Luego dirán que han colocado familiares: si son los que van más preparados, qué le vamos a hacer…”, replica la alcaldesa.

Rosa María Cano, regidora desde 2007, llegó a la política en 1987 como concejala del PSOE. Hay quien dice que entonces “aprendió todo de Juana y de Bartolomé [Flores]”. En 1992, pasó al Grupo Mixto, y llegó a publicar una carta explicando su marcha del PSOE, al que pedía que le dejara “una puerta abierta de confianza”. Treinta años después, Cano cree que el altísimo porcentaje de voto por correo se explica en la presión que “puedan hacer los dos partidos” en la jornada electoral, y que se ha recrudecido este año en las jornadas previas por las “amenazas” del PSOE.

Por su parte, los socialistas vienen denunciando desde hace años ante los medios, la junta electoral de zona y los tribunales el volumen de voto por correo en la localidad, los vaivenes del censo y la asignación de puestos de trabajo en servicios o contratas municipales. “Es un sistema perfectamente organizado, en el que colaboran empresarios que censan trabajadores, empleados municipales…”, protesta Manuel Zamora, su candidato. Sin embargo, las denuncias nunca han llegado a nada. Excepto ahora, cuando primero dos candidatos del PSOE, y luego Luisón, el apoderado del PP, fueron detenidos.

Mientras se mueve sin parar en su bar, su hijo Melchor da su punto de vista de lo que se vive en Mojácar. “Ros Mari ha hecho muchas cosas por el pueblo y la gente del pueblo. Da trabajo a la gente”. Alguien comenta que el PSOE ofrecía dinero y el PP trabajo, y que por eso es mejor no confiar en los políticos. “Es normal que meta a la gente suya. Para eso manda ella. Es como yo, que tengo el bar, pues metería a mi hermano”, explica Melchor. ¿Y el voto por correo? “Yo he votado por correo las dos últimas veces, porque quiero y a quien quiero”, dice, antes de asegurar: “A mi padre lo quiere todo el mundo”. Todos en Mojácar esperan ahora el regreso de Luisón el sepulturero.

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En la supuesta trama del fraude en el voto de Mojácar hay una certeza y una duda. La certeza es que algo pasa con el voto por correo en Mojácar. La duda es qué pasa exactamente y quién se beneficia. Aunque inicialmente las sospechas de compra se dirigieron contra el PSOE, el juzgado de instrucción 4 investiga también si se benefició el PP, cuya supuesta implicación empezó a conocerse justo después de las elecciones, a raíz de la detención de un apoderado. Había pasado casi una semana desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuviera a siete personas, dos de ellas integrantes de la lista socialista, y les interviniera doscientos resguardos de voto por correo.

Dos semanas después, las respuestas espontáneas de los vecinos podrían dividirse en cuatro grupos: “1) Dicen que el PSOE…; 2) Dicen que el PP…; 3) Todos son corruptos; 4) Yo no sé nada”. “Esto pasa desde las primeras elecciones después de Franco”, lanza un vecino justo al lado de la Oficina de Correos de Mojácar Playa, epicentro del escándalo, que advierte de los intereses en la zona que se reparten “cuatro o cinco familias”. “Yo lo había escuchado muchas veces… Pero del otro lado. Ya sabes lo que se dice en los pueblos: que ese trabaja ahí porque es del PP, y que la alcaldesa ayuda a los suyos”, cuenta una mujer extranjera que lleva 30 años en Mojácar.

Los detenidos lo fueron precisamente por algo que el PSOE local lleva mucho tiempo denunciando: el voto por correo es un mecanismo muy útil para ganar elecciones, y para ganárselo hay que prometer cosas. Sin embargo, desde hace dos semanas, algo ha cambiado en este turístico municipio del levante almeriense (7.527 habitantes), donde todos los vecinos consultados dicen haber escuchado desde hace mucho que se compran votos con dinero o con trabajos, pero nadie admite venderlos o conocer a quien lo venda.

Lo que ha cambiado es que ahora todo eso se ha puesto bajo el foco.

Una alcaldesa del PP que fue concejala socialista

Mojácar es una excepción histórica dentro del levante almeriense, más proclive a alcaldías socialistas que el Poniente. Aquí, el PP ha ganado todas las elecciones municipales desde 1999. Desde 2007, la alcaldesa es Rosa María Cano, una histórica que llegó a la política municipal precisamente de la mano del PSOE, pero que en 1992 renunció a su acta de concejal con los socialistas. Lo que vino después fue una larga carrera política en el PP. Tras 16 años siendo alcaldesa, en estos comicios iba como número dos.

A pesar de su paso atrás, las elecciones del 28 de mayo calcaron los resultados de 2019: ocho concejales para el PP, cinco para el PSOE, y una diferencia entre ambos de 458 sufragios, algo menos que en 2019. En Mojácar se reparten 13 actas de concejal, y cada una “cuesta” unos 230 votos. Con esos márgenes, asegurar un puñado de sufragios cara a cara, de la forma que sea, puede ser determinante. En Carboneras, municipio vecino y de tamaño similar, también está en cuestión el alto porcentaje de voto por correo, después de que el PSOE también haya denunciado allí un presunto fraude.

Manuel Zamora, el candidato del PSOE en Mojácar, está convencido de que este año podían ganar, pero que el PP activó el “cinturón de seguridad” del voto por correo, movilizando a votantes que “deben favores” o tenían dudas. Lo dijo antes de que la intervención policial golpeara su candidatura. El 16 de mayo acudió a la Guardia Civil de Garrucha, y denunció que se habían solicitado e instalado muchos certificados digitales desde el ayuntamiento (supuestamente, para solicitar el voto desde allí). Aportó el nombre de dos personas que podían probar que no era necesario solicitar o recoger presencialmente el voto. Y añadió que muchos beneficiarios de las cestas de Navidad estaban votando por correo.

Ocho días después, se encontró con que al PSOE le estallaba en la cara precisamente lo que él denunciaba: el 24 de mayo, cuatro días antes de las elecciones, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a siete personas, dos de ellas integrantes de la lista socialista, de las que se sospecha que compraban votos de la comunidad latinoamericana. Solo tras los comicios se supo que las sospechas del juzgado se extendían también al PP.

La hipótesis de los socialistas es que el PP maniobró para instrumentalizar una investigación que afectaba al PSOE, detonada cuando más daño electoral podía causarles, pero menos efecto podía tener, pues los votos por correo ya se habían enviado. Aquel día, llamó la atención la sordina con la que el alto mando popular se hizo eco de una noticia que era un caramelo simbólico: los socialistas de Mojácar, municipio de veraneo de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños, bajo la sombra de la compra de votos.

Ocho veces más de voto por correo que la media nacional: “Todos nos conocemos”

Zamora cree que pasarán años antes de que algo se aclare. En estos días, el juzgado de instrucción 4 de Vera ha llamado a declarar a decenas de testigos. Hay diez investigados en la causa por la presunta compra de votos para el PSOE, y al menos uno en la pieza separada (y aún secreta) que se centra en la presunta compra para el PP. Además, ese juzgado remitió al decanato de Almería una denuncia del PSOE contra el PP, por presunto fraude electoral.

Es una certeza la extraordinaria cifra de voto por correo en las elecciones municipales. “Pasa en Mojácar. De siempre”, admite la alcaldesa. ¿Por qué? “Supongo que prefieren no ver la presión que puedan hacer los dos partidos. Somos muchos los interventores y apoderados. No es apetecible ver a tanta gente pendiente de la gente que llega. Todos nos conocemos”, comenta la regidora, que añade que muchos vecinos trabajan los domingos.

Estos son los datos. En 2015, votó por correo el 9,93% de los censados y el 15,33% de quienes efectivamente ejercieron su derecho a voto. En 2019, las cifras crecieron: 12,6% y 17,7%, respectivamente. Y el pasado 28 de mayo, el gran salto: la Guardia Civil se ha incautado de 706 sobres de voto por correo, lo que significa que el voto por correo representa el 17,9% del censo (3.939) y el 24,5% de los votos emitidos: una de cada cuatro personas que votaron en Mojácar el 28 de mayo lo hizo por correo. Por comparar: en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, el porcentaje de voto por correo fue del 2,93% sobre el censo. En municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, como Mojácar, fue del 2,78%. Ocho veces menos.

La alcaldesa de Mojácar explica así lo que ha ocurrido este año: “Había una situación muy tensa, me manifestaron muchísimas personas que ese día no querían acudir al centro electoral. Desde el primer momento hubo amenazas por parte del PSOE. Lamentablemente, la situación se crispó bastante más a última hora. Por eso mucha gente prefirió ese día no ir a votar”.

El plazo para votar por correo finalizaba el 24 de mayo, el día en que la UCO lanzó su operación.

Denuncias del PSOE que se remontan a 2011

En 2019, el PSOE denunció estas cifras y otras sospechas de manipulación electoral ante la Junta Electoral Provincial (JEZ) de Almería. Los socialistas explicaban que en los alrededores del colegio electoral había una “presencia masiva” de apoderados, interventores y colaboradores del PP que “entregan votos y acompañan al votante hasta la urna para asegurarse que los introducen correctamente”.

En ese escrito se asegura también que la alcaldesa y su equipo habían prometido y concedido presuntamente “dádivas” a cambio del voto en 2011 y 2015, y “puestos de trabajo y relaciones comerciales” con el ayuntamiento en aquellos comicios, sugiriendo a la JEZ que comprobara cuántos votantes por correo habían trabajado para el ayuntamiento a través de programas de empleo o subcontratas, o habían recibido ayudas sociales.

Además, le informaba de que el Juzgado de Instrucción 1 de Vera investigaba al entonces teniente de alcalde por el empadronamiento de diversos vecinos antes de las elecciones municipales de 2015. La Policía Judicial observó “indicios racionales que acreditarían que los empadronamientos” de al menos tres “se podrían haber efectuado de forma manifiestamente irregular”. De 2011 a 2015, el censo electoral creció en 366 personas, el 8,8%. No encaja con las cifras del INE, que reflejan un sensible descenso de la población mojaquera en ese periodo: de 8.090 en 2011 a 6.825 en 2015.

“Nadie nos hizo caso”, lamenta Zamora, que no ha tenido más noticias de aquella investigación judicial, y ha visto este año cómo la UCO sí encontraba la aparente “pistola humeante” en manos de dos miembros de su lista electoral.

El PSOE pide repetir las elecciones

Zamora admite que había oído rumores (“dicen que estáis ofreciendo euros”), pero los atribuyó a “la mierda que nos tira el PP”. Sigue defendiendo la presunción de inocencia para sus dos compañeros de lista, personas influyentes en el pueblo. Su situación es una patata caliente: el PSOE los apartó, pero no podían renunciar a la lista y parece que recogerán el acta. “Creo que se irán al Grupo Mixto, y cuando queden absueltos volverán”, vaticina Zamora, que insiste: le gustaría saber dónde están los resguardos de los 500 votos por correo restantes. “En las semanas anteriores, el entorno del PP alardeaba de que tenían 400 amarrados. Me gustaría que se auditaran los certificados digitales emitidos desde el ayuntamiento”.

El PSOE solicitó que el voto por correo se escrutara aparte, pero no tuvo éxito. En cambio, la Guardia Civil sí requisó los votos de varios ciudadanos extranjeros encontrados en los registros. Los socialistas creen que si el voto por correo está bajo sospecha, no cabe requisar algunos y dejar pasar el resto. Por eso, han impugnado las elecciones ante la Junta Electoral Central.

La alcaldesa dice que no está “nada preocupada”: “No creo que se haya vulnerado ningún derecho fundamental”. Zamora, por su parte, aboga por una solución improbable: “Yo quitaba el voto por correo en las municipales. Da lugar a fraude. Si estás, bien; y si no, nada”. 

La Junta Electoral Central analiza ya el recurso del PSOE de Mojácar (Almería) por la presunta trama de compra de voto por correo después de que este mismo martes la Junta Electoral de Zona de Vera haya notificado a los representantes socialistas la resolución que deriva dicho recurso a la autoridad electoral, indican fuentes socialistas.

El PSOE está cumpliendo con lo anunciado días atrás para la impugnación de las elecciones municipales en Mojácar (Almería) tras la opración policial que investiga un juzgado de Vera y que mantiene a once personas investigadas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura socialista (Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno) y un funcionario municipal, sepulturero en la localidad y apoderado del PP de Mojácar en las municipales de 2019, identificado como L.M.L.R. y conocido como Luisón.

Los plazos son rápidos en esta cuestión ya que, de acuerdo al artículo 108.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al día siguiente de haberse interpuesto un recurso la Junta Electoral remitirá el expediente, con su informe, a la Junta Electoral Central, como ha hecho este martes, emplazando a a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central dentro del día siguiente. Después, la Junta Electoral Central resolverá el recurso. De ser rechazada de nuevo la solicitud del PSOE, las fuentes aseguran que se interpondrá un recurso contencioso electoral

El PSOE denunció al PP por “preparar” votos por correo una semana antes de la detención de dos de sus candidatos. Días después trascendió que el sepulturero de Mojácar se convertía en el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo y que había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

El “aval” de los sobres intervenidos

Cabe recordar que, tras el 28M, nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019 tras la operación policial del 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones. El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que las detenciones de los dos candidatos del PSOE no han repercutido en los socialistas ya que incluso se incrementó el apoyo en porcentaje de votos (del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo). En términos absolutos, los populares pasaron de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdió siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en la jornada electoral.

Durante el 28M, según informó Europa Press, agentes de la Guardia Civil intervenieron un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien solicitó que se custodiaran para que se proceda a su “análisis pericial/judicial”.

Así consta en el escrito que el primer candidato del PSOE, Manuel Zamora, presentó a los presidentes de las siete mesas electorales de Mojácar, al que tuvo acceso este periódico, y donde consideraba que “teniendo conocimiento del extraordinario número de votos por correo” en estas elecciones en Mojácar con diferencias “notables porcentuales” en ese sentido respecto a las nacionales, autonómicas y locales amén de los “acontecimientos acaecidos”. La custodia de esos votos podrían “constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de los acontecimientos” y que hacen que se trate, a juicio de Zamora, de unas elecciones “viciadas”, quien comenta a este medio que la alcaldesa “se llevó rápidamente a una vecina a la que no dejaron votar porque le dijeron que ya había votado por correo y ella lo negaba”.

Sus iniciales son L.M.L.R., pero en Mojácar todo el mundo lo conoce por el mote de Luisón. Su detención se conoció el pasado domingo, durante la jornada electoral, en el marco de la operación policial contra una supuesta trama de compra de votos por correo en la que días antes habían sido arrestadas siete personas, dos de ellas pertenecientes al PSOE. El octavo detenido fue el último y el único vinculado al PP, según se supo al día siguiente, cuando sus lazos políticos ya no podían desgastar a un partido que se ha empleado a fondo en la campaña en señalar al PSOE por la presunta compra de votos en Mojácar. La relación de Luisón con el PP es orgánica: fue apoderado del partido en las elecciones de 2019, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar elDiario.es. Además tenía antecedentes y no hay noticia de que haya sido puesto en libertad. Toda esta información solo ha trascendido pasadas las elecciones.

Luisón trabaja a sueldo de ese Ayuntamiento del PP: es el sepulturero de un pueblo almeriense de 7.500 habitantes que ha centrado buena parte de la atención de los medios en la reciente campaña electoral. Allí el Partido Popular calcó el domingo pasado la mayoría absoluta (ocho concejales frente a cinco del PSOE) que obtuvo en las elecciones de 2019, esas en las que Luisón fue su apoderado.

Durante la campaña electoral, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a pedir al PSOE que retirara su candidatura en ese Ayuntamiento. Otros dirigentes destacados –Esteban González Pons, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Tellado– culparon de esta trama al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por haber participado en un mitin con el candidato del PSOE y por veranear en la localidad.

El día 28, mientras todavía había personas votando, las informaciones de un nuevo imputado provenientes de teletipos que citaban fuentes de la Guardia Civil no mencionaban las afinidades políticas de Luisón. Se limitaban a decir que “el octavo detenido” había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

En busca y captura desde 2020 por cinco delitos

Cuando Luisón fue arrestado, el juez comprobó que constaban varios delitos previos en sus antecedentes. El que le llevó a la cárcel fue la reventa de un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar. Posteriormente, como si se tratara del cobro de un rescate en un secuestro, Luisón habría devuelto el instrumento a su dueña a cambio de 250 euros.

La orden de busca y captura la había emitido el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 tras ser condenado a seis meses de prisión y serle denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales: amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida. Todos estos detalles solo se conocieron el 31 de mayo. Durante tres años Luisón habría seguido trabajando en Mojácar y a la luz pública a pesar de estar en busca y captura.

Cuando el escándalo de la supuesta compra de votos estalló el día 25, tampoco había conseguido eco mediático una denuncia previa, del martes 16 de mayo, pero en sentido contrario: del PSOE contra el PP. El candidato socialista, Manolo Zamora, denunció ante la Guardia Civil presuntas irregularidades en la tramitación de los votos por correo de algunos vecinos mediante certificado digital.

Una foto de la alcaldesa del PP junto a sobres con votos por correo

Zamora informó a la Guardia Civil que “muchos beneficiarios” de cestas de comida que asignan los servicios sociales y “reparte la alcaldesa y concejales” del equipo de gobierno “personalmente” en Navidad “estarían votando por correo”.

En ese sentido aportó Zamora un documento con la relación de beneficiarios y “una fotografía donde aparece la alcaldesa junto con una beneficiaria de dicha cesta y en la mesa el sobre del voto por correo y otros cinco sobres al lado ya preparados”. La denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, se presentó personalmente por Zamora en el cuartel de la vecina localidad de Garrucha, en representación del PSOE.

Ocho días después, la alcaldesa del PP, Rosa María Cano, contraatacó con otra denuncia que, esta sí, desembocó en la detención de siete personas, dos de ellas integrantes de la lista del PSOE. Fue esta última operación la que acaparó mayor atención mediática y la que todos los dirigentes del PP a escala nacional y autonómica utilizaron insistentemente para desgastar a su rival electoral.

Los detenidos el 25 de mayo, en plena campaña, fueron Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno (número dos y cinco de la candidatura del PSOE) y el exconcejal del ya extinto Partido Andalucista Pedro Montoya. También quedaron en libertad provisional los otro cuatro detenidos.

Impugnación de las elecciones

El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación en Mojácar. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del Partido Socialista se disponen a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan a pedir la impugnación, informa Javier Ramajo.

La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.

El PSOE está dilucidando si da los pasos para la impugnación de las elecciones municipales en Mojácar (Almería) a raíz de la presunta trama de compra de voto por correo que investiga un juzgado de Vera y que mantiene a once personas investigadas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura socialista (Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno) y un funcionario municipal con “vinculación” al PP, identificado como L.M.L.R.

Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, representantes del PSOE se disponían a exponer de forma oral una serie de alegaciones ante el presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ), en este caso de Vera, para que tuviera conocimiento de los motivos que llevan al partido encabezado por Manuel Zamora en la localidad almeriense a pedir la impugnación. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). prevé en su artículo 103 que “el escrutinio general se realiza el quinto día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las disposiciones especiales de esta ley”, momento al que esperaban para presentar las alegaciones.

Sin que pueda confirmar que así haya sido, Zamora explica a elDiario.es Andalucía que “no está decidido aún” la presentación de un recurso electoral pero que se está “perfilando” para dar el paso, asegurando que hasta el mediodía de esta viernes no se había presentado escrito alguno.

La exposición oral supondría el “pistoletazo de salida” de un procedimiento de “díficil” éxito pero en el que tienen la seguridad de que se han cometido irregularidades, afirman las fuentes, que reconocen que no existen precedentes de que se hayan tenido que repetir una elecciones a nivel local “pero también es verdad que nunca se habían dado unas elecciones con estas características”, anunciando que esa vía contenciosa discurriría “de forma paralela” a la vía penal. En el PSOE aseguran tener “datos suficientes para ir en contra de los números 1 y 2 del PP” en el municipio, añaden.

El PSOE denunció al PP por “preparar” votos por correo una semana antes de la detención de dos de sus candidatos. Días después trascendió que el sepulturero de Mojácar se convertía en el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo y que había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez.

Más de 700 sobres intervenidos

Cabe recordar que, tras el 28M, nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019 tras  la operación policial del 24 de mayo, a cuatro días de las elecciones. El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que las detenciones de los dos candidatos del PSOE no han repercutido en los socialistas ya que incluso se incrementó el apoyo en porcentaje de votos (del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo). En términos absolutos, los populares pasaron de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdió siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en la jornada electoral.

Durante el 28M, según informó Europa Press, agentes de la Guardia Civil intervenieron un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien solicitó que se custodiaran para que se proceda a su “análisis pericial/judicial”.

Así consta en el escrito que Zamora presentó a los presidentes de las siete mesas electorales de Mojácar, al que ha tenido acceso este periódico, y donde consideraba que “teniendo conocimiento del extraordinario número de votos por correo” en estas elecciones en Mojácar con diferencias “notables porcentuales” en ese sentido respecto a las nacionales, autonómicas y locales amén de los “acontecimientos acaecidos”. La custodia de esos votos podrían “constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de los acontecimientos” y que hacen que se trate, a juicio de Zamora, de unas elecciones “viciadas”, quien comenta a este medio que la alcaldesa “se llevó rápidamente a una vecina a la que no dejaron votar porque le dijeron que ya había votado por correo y ella lo negaba”.

La validación un día después de las elecciones del PGOU de Mojácar (Almería) por parte de la Junta de Andalucía tiene una derivada turística importante. En virtud del nuevo plan urbanístico, ratificado “de urgencia” tras nueve años de tramitación en un pleno municipal a tres días del 28M, el complejo residencial de lujo 'Macenas Mediterranean Resort' que prevé la empresa Cosentino, presentado en diciembre en Madrid con una inversión estimada de 200 millones de euros, no podrá contar “de momento” con una vía de acceso por carretera hasta la playa más cercana al proyecto.

El pasado mes de enero, apenas un mes después de la puesta de largo del proyecto turístico en la capital de España, la Junta de Andalucía daba al traste con la pretensión de Cosentino de crear una vía rápida de acceso al resort, ubicado en plena zona de alta protección de Sierra Cabrera. De ello advirtió Salvemos Mojácar, que tiene dos recursos contenciosos-administrativos interpuestos contra aprobaciones ambientales de la Junta, en un caso contra la segunda fase de la variante costera “que Cosentino quiere que llegue a Macenas” y en otro contra la Declaración Ambiental Estratégica del PGOU emitida por la Junta en enero, en el mismo sentido que ahora se ha aprobado y que fue desfavorable a las conexiones de la vía con la playa.

Salvemos Mojácar dice “de momento” porque la actuación “arbitraria y falsa” de la Junta de Andalucía al informar desfavorablemente de unos sectores urbanizables y de la variante costera, “pero no otros ubicados en suelos igual de sensibles”, permite de facto que se realice el sector más inútil pero devastador de la variante, que acabará en medio de la nada a la espera de que en un futuro se resuelva cómo conectarlo con la playa, facilitando con ello la futura reclasificación de más suelo, que ahora se informó de forma desfavorable.

En ese sentido, Jaime del Val, de Salvemos Mojácar, explica a elDiario.es Andalucía que el recurso contra la DEA pese a recortar la variante programada y sus sectores urbanísticos por su “arbitrariedad” al permitir por contra “la parte principal” de la carretera “que es la que mayor destrozo va a causar” y contra la que la organización ecologista tiene solicitada la paralización cautelar de las obras. “Una contradicción” por parte de la Junta, puesto que “el único sentido que tenía esa variante era dar luz verde a los sectores urbanísticos que la propia Junta ha recortado”, tachando de “falsa” y “jugada” el respaldo de la Junta a los cambios en el PGOU.

“Connivencia política”

La urbanización por parte de Cosentino de la playa de Macenas en Mojácar, que por la crisis inmobiliaria de 2008 quedó a medio construir y que tiene la oposición frontal de Salvemos Mojácar, tiene el objetivo de convertir ese espacio en “un destino turístico con personalidad propia, basado en el respeto al medio ambiente y al uso eficiente de los recursos”, según la compañía, que para el proyecto tiene como lema 'Donde lo natural es extraordinario'. La familia Cosentino, propietaria de la mayor empresa de la provincia de Almería dedicada a la industria de la piedra, se ha hecho con la propiedad del suelo aún por desarrollar del complejo, como ya informó elDiario.es Andalucía, que va “avanzando conforme al plan” y que prevé iniciar la construcción del hotel principal del resort “después del verano”, comentan a este periódico fuentes de la compañía.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visitó precisamente el pasado 27 de abril las obras de la segunda fase de la variante costera. Un tramo de dos kilómetros con glorietas para dar una salida directa a diversas edificaciones diseminadas existentes en la zona y a las urbanizaciones existentes frente a la costa en la parte final del tramo, como la urbanización de La Parata y la urbanización frente a la Playa del Cantal. La ejecución de las obras se enmarca en el convenio de colaboración entre las administraciones autonómica y local, ambas en manos del PP.

De esas circunstancias se desprende, según Salvemos Mojácar, que la “connivencia política” en la localidad haya hecho que con la aprobación del PGOU, que ha asumido las “falsas” limitaciones que ha puesto la Junta, se venga a decir que “ya se verá en el futuro cómo se le da continuidad a esa variante”, de modo que “una parte la quitamos, pero otra sin sentido la dejamos para que, cuando esté el destrozo ya hecho, habrá más argumentos para buscar una vía de salida aunque sea a través de zonas de alto valor ecológico”. Del Val apunta que es “imposible” que ninguna carretera llegue hasta el complejo, si bien la pretensión es “alargar” la variante para que haya una conexión con el final de la playa de Mojácar y “acercarse” a Macenas.

La salida hasta la playa

Según resume Del Val, “la verdadera intención que tiene toda esta gente es hacer el trapicheo de colar la variante hasta el sector que más daño causa para luego buscar una solución futura, con criterios seguro que arbitrarios, y dar una salida de la carretera hacia la playa que ahora le han prohibido”.

Es de recordar que la recta final de la aprobación del plan urbanístico de Mojácar se ha producido en plena tormenta por la investigación judicial de una presunta trama de compra de votos en la localidad en la que fueron detenidas siete personas, entre las que se encontraban los números 2 y 5 de la lista del PSOE a las municipales. Por este caso también está siendo investigado un sepulturero municipal ligado al PP, ante la sospecha de que también intentaba comprar votos.

El PGOU fue ratificado, como ya se ha dicho, en un pleno ordinario celebrado el jueves 25 de mayo en el que no estaba previsto ese punto, que se introdujo sin previo aviso y por vía de urgencia, tal y como ha denunciado el grupo municipal socialista. El PSOE había reclamado “nuevos informes sectoriales de la Junta de Andalucía” ante “cambios sustanciales” que se introdujeron hace unos meses

Las prisas para incorporar por vía de urgencia la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el último pleno del Ayuntamiento de Mojácar, en Almería, celebrado tres días antes de las elecciones del pasado domingo, tenían una razón: el Gobierno andaluz ratificó de manera definitiva el documento el pasado lunes, sólo un día después de los comicios. El visto bueno final se produjo en la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio de Almería, a la que acudió la propia regidora en funciones, Rosa María Cano (PP), que horas antes había ratificado en las urnas su mayoría absoluta con ocho concejales frente a cinco del PSOE.

La recta final de la aprobación del Plan Urbanístico local se ha producido en plena tormenta por la investigación judicial de una presunta trama de compra de votos en la localidad, por la que fueron detenidas siete personas entre las que se encontraban los números 2 y 5 de la lista del PSOE a las municipales. Por este caso también está siendo investigado un sepulturero municipal ligado al PP, ante la sospecha de que también intentaba comprar votos.

El PGOU fue ratificado en un pleno ordinario celebrado el pasado jueves, 25 de mayo, en el que no estaba previsto este punto, que se introdujo sin previo aviso y por vía de urgencia, tal y como ha denunciado el grupo municipal socialista. El PSOE había reclamado “nuevos informes sectoriales de la Junta de Andalucía” ante “cambios sustanciales” que se introdujeron hace unos meses, como la eliminación de 510.000 metros cuadrados de terreno urbano y la continuación de la variante con los ramales hacia la costa.

Los concejales socialistas, en señal de protesta, abandonaron en marzo la sesión plenaria en la que se continuó con la tramitación del PGOU pese a las modificaciones que se introdujeron. De hecho, el documento recibió el 25 de mayo la validación definitiva sin que –según denuncia el PSOE– los cambios aprobados en marzo hayan sido sometidos a un nuevo plazo de información pública, alegaciones y nuevos informes sectoriales. “Tenían prisa por dejar aprobado el PGOU antes del final de legislatura y así ha sido”, denunció al respecto el portavoz socialista, Manuel Zamora.

Recorte a las viviendas previstas

La Junta de Andalucía concedió en enero la Declaración Ambiental Estratégica (DEA) al PGOU mojaquero, que obligaba a introducir cambios sustanciales en el texto al anular parte de los desarrollos previstos. El plan, para el total de actuaciones previstas, propone un total de 2.685 viviendas, de las cuales 137 están ya construidas y 2.548 serán de nueva construcción, de las que 591 tendrán algún tipo de protección. Inicialmente, la intención municipal era construir 5.500 nuevas casas para alcanzar así las 15.000 en el término municipal, que cuenta ahora con 9.511 viviendas. Esto habría permitido elevar la población hasta las 25.800 personas frente a las 7.500 actuales.

El Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar fue aprobado inicialmente en septiembre del 2014, pero no ha sido hasta ahora cuando ha culminado su tramitación. El nuevo PGOU viene a sustituir a unas normas urbanísticas todavía vigentes que datan de 1987, y regula un término municipal afectado por amplias zonas protegidas como la Red Natura 2000, Vegas Tradicionales, Río Aguas o el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía.

El plan mantiene el sistema de asentamientos existente (en el término municipal hay cuatro núcleos menores) y potencia un área de centralidad en la que se ubican la mayoría de las nuevas viviendas, suelos terciarios y los principales equipamientos. Asimismo, se colmata la zona de la costa al tiempo que se eliminan suelos clasificados por el planeamiento vigente, algunos de ellos por pertenecer a la Red Natura 2000.

Sus iniciales corresponden a L.M.L.R. y es el sepulturero de Mojácar. Es el octavo investigado en la presunta trama de compra de voto por correo en Mojácar (Almería), en este caso por beneficiar supuestamente al PP, y es funcionario municipal, además de tener “vinculación al partido”.

El nuevo imputado había quedado “fuera del radar” de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez que explotaron el pasado 25 de mayo con la detención de siete personas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE en Mojácar, según fuentes de la investigación.

Fue uno de los arrestados el que le señaló como “implicado” en la supuesta compra de votos, pero a “beneficio del PP”, en declaración que hizo en el juzgado de instrucción, y después de negarse a prestar testimonio ante la Guardia Civil.

El juez ofició entonces a la UCO para que lo citase a declarar como investigado. Una vez compareció, se comprobó que constaban delitos previos que le han llevado a prisión. Fuentes del caso han precisado que la condena que ha llevado a la cárcel al investigado fue por adquirir un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar y, posteriormente, hacer entrega por “250 euros” del instrumento musical a su legítima dueña.

Orden de busca y captura en agosto de 2020

La orden de busca y captura la emitió el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020, a raíz de ser condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de receptación (cometer un delito sobre otro delito, en este caso, el robo del saxofón), y le fuera denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales por amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.

Pieza separada y secreta

Fuentes de la investigación han precisado que el juez mantiene el secreto de actuaciones en la pieza separada que ha incoado a raíz de estas nuevas revelaciones y que la investigación para que se esclarezcan los hechos, en este caso relacionados con el PP, está aún en marcha y “abierta”.

No obstante, sí ha alzado el secreto de sumario de las diligencias abiertas en relación con el PSOE por la que están investigadas diez personas, seis de nacionalidad española y tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

El juez que investiga una supuesta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería) ha elevado a once el número de investigados tras la detención practicada el pasado fin de semana de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, “habría beneficiado al PP y no al PSOE” como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en el municipio costero.

Según han informado fuentes del TSJA, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude en el voto por correo investigado en el municipio de Mojácar que estalló en la recta final de la campaña con siete detenciones, tres de ellas de hombres de origen latinoamericano, y tres personas investigadas.

Esto supone que las partes personadas en la causa podrán tener acceso a las diligencias instruidas hasta el momento y no sólo el ministerio fiscal, tal como venía sucediendo desde el inicio de la investigación.

Pieza separada

Así, en la causa se encuentran investigadas un total de once personas, ya que a las diez primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que tras su puesta a disposición judicial se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas dado que “su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE”.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

Custodia de los sobres de voto

Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.

La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su “análisis pericial y judicial”.

Zamora incidía en su denuncia en el “extraordinario” número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias “notables porcentuales” con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los “acontecimientos acaecidos”, por lo que consideraba esta medida podía “constituir un aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa”.

La denuncia del PSOE

Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación con otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación con el PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.

Al respecto, el titular del mismo juzgado, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto

Consecuencias electorales

Pese a la gran repercusión que ha tenido el caso, nada ha cambiado en la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019, ya que el PP ha revalidado la mayoría absoluta, aunque ha perdido casi medio punto de apoyo.

Asimismo, el arresto del número 2, Francisco Bartolomé Flores, y del número 5 de la candidatura, Cristóbal Vizcaíno, no ha repercutido en los socialistas, que incluso ven cómo se incrementa el apoyo en porcentaje de votos, pasando del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo.

En términos absolutos, los 'populares' han pasado de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdido siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en esta jornada. Desde el partido socialista aún no se ha determinado si ambos concejales accederán a su acta.

Otra denuncia por fraude en Carboneras

 El Juzgado número 4 de Vera, que sigue en funciones de guardia, también ha recibido una nueva denuncia por otro presunto caso de fraude en el sistema de votación. La denuncia ha sido presentada por un partido político y el juez de guardia ha oficiado a la policía judicial para que inicie la correspondiente investigación sobre estos hechos.

Los números 2 y 5 de la lista del PSOE de la localidad almeriense de Mojácar a las elecciones municipales de este domingo, detenidos en la operación desarrollada por la presunta compra de votos por correo, han sido puestos en libertad provisional y sin medidas cautelares. Así lo ha determinado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, que instruye esta causa penal, por lo que ya están en la calle Francisco Bartolomé Flores (número 2) y el empresario independiente Cristóbal Vizcaíno, quien concurre en la candidatura socialista con el número 5.

Han quedado, asimismo, en libertad provisional los otros cuatro investigados –tres de ellos de origen latinoamericano– por un presunto delito electoral, y sin medidas cautelares salvo uno de ellos, que responde a las iniciales R.C., a quien se le han impuesto la prohibición de salir del territorio nacional. Los seis se han acogido a su derecho a no declarar, según ha informado el TSJA. Las mismas fuentes han indicado que está previsto que se alce “en breve” el secreto decretado sobre las actuaciones, que se iniciaron “hace un mes” a raíz de una denuncia que fue presentada por la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), al que “había acudido un ciudadano particular”.

El juez ya decretó lo mismo a última hora del jueves para el exconcejal del ya extinto Partido Andalucista (PA) Pedro Montoya, quien también fue arrestado en el marco de la operación ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que permitió en una decena de registros domiciliarios el decomiso de abundante documentación y de elevadas cuantías de dinero en efectivo.

Más de 200 votos por correo

Entre lo intervenido en la actuación que explotó el miércoles y aportado a la causa figurarían más de 200 votos por correo, a cuyos titulares se ha ido llamando a declarar en dependencias de la Policía Local de Vera en calidad de testigos en las últimas 48 horas. Flores y Vizcaíno concurrían por primera vez a las elecciones municipales como integrantes de la lista del PSOE mojaquero, si bien sólo el primero de ellos (hijo de un exalcalde y exsenador socialista) es militante socialista.

Para el investigado que fue puesto en libertad sin medidas cautelares este jueves tras su toma de declaración, el exconcejal del PA en el Ayuntamiento de Mojácar Pedro Montoya, la acción llevada por parte de las autoridades a la hora de practicar las detenciones ha resultado desproporcionada, máxime al encarar el final de campaña.

“Somos cabezas de turco, todo es muy sospechoso porque nunca se investigaron denuncias anteriores y qué casualidad que ahora, cuando tienen todas las de perder la Alcaldía [en referencia al PP] tres días antes se despliega un operativo policial que yo creo que ni en los tiempos de ETA”, ha manifestado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

“Hacemos puerta a puerta”

Montoya ha asegurado que él poseía en su casa “programas y sobres del PSOE” porque “hacemos puerta a puerta” en el marco de una campaña “totalmente transparente”, por lo que ha afeado que en las intervenciones policiales hayan “destrozado viviendas” y “roto paredes”. “A una señora de 87 años incapacitada le han derribado la puerta, la asustaron, algo increíble”, ha lamentado.

El investigado ha señalado que a lo largo de estas dos jornadas han sido llamados a declarar en torno a 250 testigos a quienes se les ha preguntado por el sentido de su voto, el motivo por el que han votado a determinado partido y por qué lo han hecho a través de correo.

En este sentido, ha asegurado contar con “grabaciones” y “pruebas fehacientes” que habría puesto a disposición de la autoridad judicial y de la Guardia Civil en las que personas dirían “explícitamente que van en nombre de Rosa María [en referencia a la alcaldesa, Rosa María Cano] y que le ofrecen remuneración económica a cabio del voto”.

“No tienen nada contra mí”, ha insistido Montoya, para quien se ha dado un “agravio comparativo” en cuanto a la tramitación de denuncias, toda vez que cree que el haber llegado con el resto de los seis arrestados “hasta el límite legal de una detención” le parece “un abuso de autoridad y un despropósito”.

Ciudadanos de origen latinoamericano

Buena parte de las pesquisas se han orientado a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos han mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también de militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

La denuncia indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad. La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil con un total de diez investigados trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.

Entre los detenidos, además de Bartolomé, Vizcaíno y Montoya, consta otra persona de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores. En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.

De momento, no se prevén nuevas detenciones o imputaciones, aunque serán las declaraciones y el estudio de la documental intervenida los que determinen los nuevos pasos a seguir en la instrucción. Según fuentes de caso, los implicados en la trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos la cifra se elevaría a 200 euros, dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.

Las acusaciones de fraude electoral entre PP y PSOE en Mojácar (Almería) siguen su curso tras el terremoto preelectoral que supuso la operación policial del pasado miércoles, en la que dos integrantes de la lista del PSOE fueron detenidos junto a otras cinco personas. El contraataque en diferido de los socialistas, que desveló horas después que había denunciado al PP la semana anterior por preparar el voto por correo a algunos ciudadanos, “se está investigando”, dice escuetamente Manuel Zamora, candidato del PSOE a la Alcaldía y que este jueves votaba en contra de los dos puntos urgentes que se vieron en el Pleno municipal, presidido por la alcaldesa del PP de Mojácar, Rosa María Cano, apenas tres días antes de las elecciones y con un ojo puesto por parte de todos los partidos en los avances policiales y judiciales que rodean en los últimos días la actualidad local.

“Un pleno electoralista”, resume Zamora a este periódico, celebrado en el salón del que ya se levantó hace un par de meses junto al resto del grupo municipal socialista durante la modificación de la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, para lo cual el PSOE exigía “nuevos informes sectoriales de la Junta de Andalucía” ante “cambios sustanciales” como la eliminación de 510.000 m2 de terreno urbano y la continuación de la Variante con los ramales hacia la costa, según explica a este periódico el portavoz socialista. En el orden del día, efectivamente, no estaban contemplados en la convocatoria del orden del día:

“El Ayuntamiento lleva varios años tramitando el PGOU” y el Pleno municipal ordinario daba cuenta este jueves “con carácter de urgencia” del documento de aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, sin que aquella modificación aprobada en marzo haya sido sometida a un nuevo plazo de información pública, alegaciones y nuevos informes sectoriales, informa Zamora. “Tenían prisa por dejar aprobado el PGOU antes del final de legislatura y así ha sido”, denuncia. En el Pleno de este jueves, el Ayuntamiento metió dos puntos “sobre la marcha”, “sin darnos pie a estudiar los puntos previamente”, insiste Zamora.

En ese sentido, también se aprobó, continúa el candidato socialista, una modificación de una orden que eliminaba la plusvalía en caso de herencia, “otro punto electoralista que no votamos a favor de incluir en el orden del día del Pleno; habría que haber visto los oportunos informes jurídicos y técnicos”. “El último Pleno ordinario ha sido un pleno electoralista y la forma de llevar algunas cosas como una urgencia, pues no me parece lógico”, concluye Zamora, quien no ha planteado en todo caso impugnar su celebración. Según fuentes municipales, “todo se desarrolló con normalidad”.

El PSOE suspendió de militancia y abrió expediente a uno de los detenidos el miércoles, pero no ha podido hacerlo con el otro porque no está afiliado a la formación y concurría en las listas como independiente. Tampoco pueden ser expulsados de las listas porque la ley electoral establece que las candidaturas no pueden ser modificadas una vez proclamadas, como ya ha informado elDiario.es. Este viernes, el primero de los arrestados que ha comparecido ante el juez ha quedado en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado.

Según la investigación, los dos candidatos en la lista del PSOE de Mojácar ofrecían 100 euros a cada persona que solicitara el voto por correo y 50 euros más si conseguían que lo hiciera un tercero. Según ha acreditado de forma indiciaria la investigación, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno llegaron a hacer esos ofrecimientos personalmente aunque también utilizaron a personas de su entorno, migrantes latinoamericanos que tenían acceso a los posibles “vendedores” de su voto.

Zamora, por su parte, acudió el martes 16 a la Guardia Civil para denunciar presuntas irregularidades por parte del ayuntamiento dirigido por el PP en los certificados digitales y votos por correo de beneficiarios de cestas de comida municipales.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) ha dejado en libertad provisional a uno de los siete detenidos este miércoles en la presunta trama de compra de votos por correo en el municipio de Mojácar (Almería) tras la intervención de la Guardia Civil y de la UCO, que dio lugar también a decenas de registros y tres investigados.

Fuentes judiciales han confirmado que el primero de los arrestados que ha comparecido ante el juez ha quedado en libertad con cargos investigado por un presunto delito de fraude electoral bajo la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado en el marco de la investigación.

Así, está previsto que durante la jornada de este viernes sean puestos a disposición de la autoridad judicial el resto de detenidos e investigados, entre ellos los 'número 2' y 'número 5' de la lista del PSOE a las elecciones locales del 28 de mayo, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, respectivamente, quienes concurrían por primera vez bajo las siglas socialistas a los comicios.

Teléfonos intervenidos

El juez que investiga la presunta compra de votos en Mojácar (Almería) autorizó la intervención del teléfono de, al menos, uno de los siete detenidos por agentes de la UCO de Guardia Civil; en concreto, el de Cristóbal Vizcaíno, quien concurre como independiente en la lista del PSOE y aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia que se interpuso el pasado 14 de abril por parte la alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano (PP), y que ha sido el germen de la operación.

Fuentes del caso han indicado que varias personas han acudido este jueves a las dependencias de la Policía Local de Vera (Almería), donde ha establecido la UCO el que es su centro de operaciones, para prestar declaración en calidad de testigos a raíz de las revelaciones obtenidas por los investigadores de las escuchas telefónicas y de la documentación incautada en la decena de registros domiciliarios practicados.

Buena parte de las pesquisas se han orientado a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos han mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también de militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

“Indicios claros”

Las actuaciones, que se mantienen secretas aunque está previsto que el juez instructor revoque esta decisión en las próximas horas, se han prolongado durante un mes en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se está produciendo o no fraude electoral en este municipio y que han recabado “indicios claros”.

La denuncia que firma Rosa María Cano, quien concurre en estos comicios locales como número 2 del PP y no repite optando a la Alcaldía de nuevo, indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad.

La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar, con siete detenidos y tres personas más investigadas, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según los datos que han trascendido de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dinero o empleo

Entre los detenidos, además de Francisco Bartolomé Flores --número 2 en la lista del PSOE e hijo de un ex alcalde y ex senador socialista -- y Cristóbal Vizcaíno, constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.

En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado. De momento, no se prevén nuevas detenciones o imputaciones, aunque serán las declaraciones y el estudio de la documentación intervenida lo que determine los nuevos pasos a seguir en la instrucción.

Según fuentes de caso, los implicados en la trama habrían estado ofertando cantidades que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos la cifra se elevaría a 200 euros, dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.

Los dos candidatos en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Mojácar detenidos este miércoles ofrecían 100 euros a cada persona que solicitara el voto por correo y 50 euros más si conseguían que lo hiciera un tercero, informan fuentes próximas al caso. Según ha acreditado de forma indiciaria la investigación, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno llegaron a hacer esos ofrecimientos personalmente aunque también utilizaron a personas de su entorno, migrantes latinoamericanos que tenían acceso a los posibles “vendedores” de su voto.

Tanto Flores como Vizcaíno son dos personas muy conocidas en Mojácar, una localidad donde poco más de 3.000 personas tienen derecho a voto en las elecciones del 28 de mayo. De hecho, la familia de Flores, afiliado hasta ayer al PSOE –fue suspendido de militancia– tiene desde hace varias generaciones multitud de establecimientos del sector servicios en la ciudad. Vizcaíno, por su parte, regenta un bar-restaurante que los vecinos consideran sospechoso de incumplir la normativa municipal e iba en quinto lugar, aunque no está afiliado al PSOE.

Ambos detenidos, comentan en la localidad, tenían interés directo en las políticas municipales que se apliquen sobre sus negocios y el de sus familiares. Los 543 votos por correo que se han solicitado abundan en la sospecha de intento de fraude: representan el 17% del censo de Mojácar, frente a una media de entre el 2 y el 3% de solicitudes de voto por correo que se realizan en el resto de España. 

En las elecciones de 2019, el Partido Popular obtuvo 1.692 votos y el PSOE, 1.145. De ahí la relevancia del sentido de los 543 votos por correo. Este jueves, 25 de mayo, finaliza el plazo para presentar el sufragio por este sistema a distancia y se conocerá, al cierre de las oficinas de Correos, cuántos de esos 543 votos por correo acabarán en la urna.

Además de las siete detenciones –la de Bartolomé se retrasó porque se encontraba en Madrid en el momento de explotarse el operativo– hay tres personas más investigadas que no fueron detenidas. En total se practicaron diez registros que han permitido recabar indicios que consolidan las sospechas de los investigadores, explican las fuentes del caso.

Está previsto que los siete detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comiencen a pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera en la tarde este jueves y continúen haciéndolo a lo largo de la jornada del viernes. La Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo del caso por parte del Ministerio Público.

Por otra parte, el candidato a la Alcaldía de Mojácar (Almería) por el PSOE, Manolo Zamora, denunció ante la Guardia Civil el martes 16 presentas irregularidades en la tramitación de los votos por correo de algunos vecinos mediante certificado digital. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se presentó personalmente por Zamora en el cuartel de la vecina localidad de Garrucha, en representación del PSOE, apenas ocho días antes de la detención de siete personas en Mojácar por intentar comprar voto por correo, dos de ellos integrantes de la lista del PSOE.

El candidato a la Alcaldía de Mojácar (Almería), Manolo Zamora, denunció ante la Guardia Civil el martes 16 presentas irregularidades en la tramitación de los votos por correo de algunos vecinos mediante certificado digital. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se presentó personalmente por Zamora en el cuartel de la vecina localidad de Garrucha, en representación del PSOE, apenas ocho días antes de la detención de siete personas en Mojácar por intentar comprar voto por correo, dos de ellos integrantes de la lista del PSOE.

Zamora informó a la Guardia Civil que “muchos beneficiarios” de cestas de comida que asignan los servicios sociales y “reparte la alcaldesa y concejales” del equipo de gobierno “personalmente” en Navidad “estarían votando por correo”. En ese sentido aportó Zamora un documento con la relación de beneficiarios y “una fotografía donde aparece la alcaldesa junto con una beneficiaria de dicha cesta y en la mesa el sobre del voto por correo y otros cinco sobres al lado ya preparados”.

También dijo en el cuartel el candidato del PSOE que habían detectado que había ciudadanos que han solicitado voto por correo mediante certificados digitales que “se estarían solicitando en el ayuntamiento sin presencia del ciudadano y no estarían siendo instalados en su propio ordenador”. En una visita, añadía en la denuncia, “una ciudadana afirmó que tanto ella como su esposo habrían firmado una solicitud de voto por correo en el ayuntamiento con la alcaldesa un sábado por la tarde y que ella le dijo que ya no tenía que hacer nada más”.

La denuncia relata que el PP “estaría utilizando” desde el inicio del periodo de reclamación del censo electoral, que comenzó el 10 de abril, “una copia del documento extraído del propio ayuntamiento, descargada del sistema del INE, con alguno de los usuarios que hay en Mojácar”, trasladando el denunciante que “la alcaldesa tiene usuario con acceso”.

“Absolutamente ajeno”

Zamora, al margen de ello, ha asegurado ser “absolutamente ajeno” y “no haber tenido conocimiento en ningún momento” de las supuestas irregularidades en su lista electoral que este miércoles trascendieron. “Quiero trasladar a los vecinos de Mojácar mi consternación ante unos presuntos hechos de los que yo soy absolutamente ajeno, y de los que en ningún momento he tenido conocimiento de irregularidad alguna por parte de mi equipo en este proceso electoral”, ha señalado el candidato en un comunicado remitido a los medios.

Asimismo, ha trasladado su “máximo respeto” a las investigaciones que se están desarrollando y su “rotunda condena a unas prácticas antidemocráticas que, de haberse producido, supondrían un desprestigio al estado de derecho”. “Mi compromiso con Mojácar y con todos sus vecinos está fuera de toda duda y todas y cada una de mis actuaciones las he realizado con absoluta honestidad, rigor y vocación de servicio público”, ha defendido.

Por último, ha concluido que desde el PSOE de Mojácar “vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y que las personas afectadas se puedan defender”, toda vez que ha sentenciado que, hasta que concluya la investigación, “los militantes implicados han sido suspendidos cautelarmente de su militancia”.

Dos investigaciones judiciales conocidas en 24 horas y que suman una veintena de imputados han agitado la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de próximo domingo. Sin relación entre ellas, las operaciones policiales en Melilla y la localidad almeriense de Mojácar tienen en común el presunto intento de una compra masiva de votos por correo que la actuación judicial y de las juntas electorales parece haber evitado. 

Los 17 arrestos practicados en total por Policía y Guardia Civil parten de sendos juzgados locales que han declarado el secreto de las actuaciones. Si en Melilla la práctica abortada y sus protagonistas son conocidos y han provocado sentencias condenatorias en el pasado a Coalición por Melilla, el caso de Mojácar no tiene precedentes en la zona. Dos de los siete detenidos van en las listas del PSOE al Ayuntamiento de la localidad costera, una condición de candidatos que no se puede ya revertir, si bien el partido procedió a suspenderlos de militancia al conocerse su imputación y anunció que en ningún caso formarán parte del grupo municipal socialista tras los comicios. 

Con una población superior a los 8.000 habitantes, poco más de 3.000 de los habitantes de Mojácar tienen derecho a voto, debido a la cantidad de residentes extranjeros que buscan en el clima y la playa de la localidad un lugar de retiro. Por eso, los 543 votos por correo que se han solicitado abundan en la sospecha de intento de fraude: representan el 17% del censo, frente a una media de entre el 2 y el 3% de solicitudes de voto por correo que se realizan en el resto de España. 

Los dos detenidos del PSOE ocupaban los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía. Se trata de Francisco Bartolomé, quien regenta un estanco y pertenece a una familia dueña de multitud de establecimientos del sector servicios desde hace varias generaciones; y Cristóbal Vizcaíno, quien tiene un bar restaurante en la zona alta del pueblo, al que algunos vecinos atribuyen irregularidades en el servicio tales como no aceptar el pago con tarjeta.

Cuando estalló la operación, Bartolomé, que figuraba entre las personas que debían ser detenidas en el auto del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Vera, se encontraba en Madrid y regresó a Mojácar para estar presente en el registro de su domicilio y ser detenido por la UCO. Por demarcación territorial, el juez había encomendado a la Guardia Civil la investigación y el instituto armado, al tratarse de un delito electoral, delegó en su unidad especializada.

En las elecciones de 2019, el Partido Popular obtuvo 1.692 votos y el PSOE, 1.145. De ahí la relevancia del sentido de los 543 votos por correo. Este jueves, 25 de mayo, finaliza el plazo para presentar el sufragio por este sistema a distancia y se conocerá, al cierre de las oficinas de Correos, cuántos de esos 543 votos por correo acabarán en la urna.

Más de 9.000 votos perdidos en Melilla

A última hora de la tarde del miércoles, el Ministerio del Interior había contabilizado que 2.572 melillenses de los 11.707 que habían solicitado con su DNI el voto por correo habían terminado por ejercer ese derecho a distancia. Esos 9.135 votos por correo que finalmente no se han ejercido son sospechosos de haber caído en manos de los diez detenidos el martes.

Según fuentes próximas al caso, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Melilla perseguía una trama local de narcotráfico cuando detectó conversaciones entre los presuntos implicados sobre la compra de votos por correo. La titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad autónoma abrió una causa que permanece bajo secreto y que derivó en los registros y detenciones de esta semana. 

Al tiempo, la Junta Electoral de Zona decidió que no solo habría que presentar el DNI para solicitar el voto por correo, sino también para remitir la papeleta. La Junta Electoral Central amplió la medida a todos los melillenses que quisieran votar desde otro punto de España. El revuelo por la operación policial y el refuerzo de medidas de las juntas electorales ha provocado que más de 9.000 votos por correo no se hayan ejercido, cuando solo quedan unas horas para que se cierre el plazo. 

Fuentes próximas a la investigación cifran entre 50 y 200 euros las cantidades que ofrecían los compradores a personas de escasos recursos o toxicómanos a cambio de su voto. La Policía comenzó por reforzar el trasiego de los carteros después de que algunos hubieran sido asaltados y ahora está preparando un dispositivo especial para el domingo porque temen que en las zonas donde más fuerte es Coalición por Melilla haya votantes “comprados” que acudan a ejercer el voto presencialmente después de haberlo solicitado por correo, algo expresamente prohibido por ley. 

Las mismas fuentes señalan que el grueso de la trama desbaratada en Melilla está vinculada a Coalición por Melilla (CpM), el partido liderado por el médico Mustafá Aberchán, sobre el que recae sentencia firme del Tribunal Supremo por una maniobra similar en 2008. La inhabilitación de Aberchán finalizaba en agosto, por lo que no pudo concurrir en las listas a las elecciones del domingo.

Pese a que las sospechas recayeron desde el principio en Coalición por Melilla, este partido fue el primero en proponer que se suspendieran los comicios hasta que se aclarara lo ocurrido. Un retraso en la convocatoria hasta después de agosto hubiera permitido a Aberchán volver a ser el candidato de Coalición por Melilla.

El partido de Aberchán ha multiplicado su política de alianzas, desde el partido de Jesús Gil antiguamente hasta el pacto de 2019 con Ciudadanos y PSOE. Desde 2003, CpM tiene una sólida base electoral en Melilla, sobre todo en la población de origen musulmán, y siempre ha sido la segunda formación en votos en los comicios celebrados. 

Marruecos y el PP

Sus rivales políticos siempre han señalado a CpM como un partido sometido a injerencias marroquíes y responsables de Vox y Ciudadanos apuntaron a Rabat en cuanto se conoció el intento de fraude. El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafá Baitas, negó cualquier implicación del país vecino, al tiempo que atribuyó tales acusaciones al “contexto conocido” en el que se producen, esto es, una campaña electoral. Baitas ha llegado a a mencionar la “plena soberanía” española y a recordar la “buena relación” que mantienen actualmente Rabat y Madrid. 

Entre los detenidos en Melilla figura el consejero de Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos y que no se presenta a la reelección, decidió este miércoles cesar al consejero implicado. Entre los arrestados también figura un yerno del líder de CpM, Mustafá Aberchán. 

En las últimas horas también ha trascendido que dos de los detenidos ofrecieron los votos comprados al mejor postor. En este sentido, una fuente próxima a la investigación ha asegurado que estos dos detenidos habían entrado en contacto con el Partido Popular y que estaban en negociaciones para vender los votos a los conservadores. 

El ambiente político en Melilla de los últimos días ha acogido declaraciones como la de la vicepresidenta de la ciudad autónoma, la socialista Gloria Rojas, quien dijo a los medios que “siempre se ha hablado de dos” partidos implicados, pero al preguntársele directamente si se refería al PP, ha añadido: “No digo nada. No soy quién para decirlo”.

De los peculiares modos de la política melillense dio cuenta también el expresidente de la ciudad autónoma y líder del PP, Juan José Imbroda, quien decidió expresarse a través de un audio enviado a los medios de comunicación. En el mismo anunciaba medidas legales para quien vinculara a su partido con el intento de compra de votos.

“Ante las noticias que han surgido intentando implicar al PP de Melilla en la supuesta compra de votos, con un señor que creo que se llama Felipe, tengo que decir que es completamente falsa y mentira: nosotros no tenemos nada que ver con este señor ni hemos comprado ni un voto, y tampoco he dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre, por lo tanto es totalmente falso”, se podía escuchar en el audio a Imbroda. 

Las afirmaciones de la vicepresidenta melillense tuvieron respuesta también del coordinador general del PP, Elías Bendodo. Ante los medios de comunicación, dijo que si el PSOE “hace esas manifestaciones, que hable, que hable alto y claro y diga quiénes son esos partidos”, al tiempo que le ha exigido “romper cuanto antes” la coalición en Melilla.

Bendodo ha aprovechado para hablar de las detenciones en Mojácar y ha insistido en retar a los socialistas a que digan “quiénes son esos partidos que también hacen lo mismo que el PSOE, dedicado a la compra de votos”. “Yo entiendo que esté nervioso, pero una cosa es estar nervioso y otra es romper las reglas del juego e incumplir las normas”, afirmó el número tres del PP.