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La batalla de Mojácar se recrudece con acusaciones de un pleno “electoralista” tras las detenciones por compra de votos

Plaza del Ayuntamiento de Mojácar

Javier Ramajo

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Las acusaciones de fraude electoral entre PP y PSOE en Mojácar (Almería) siguen su curso tras el terremoto preelectoral que supuso la operación policial del pasado miércoles, en la que dos integrantes de la lista del PSOE fueron detenidos junto a otras cinco personas. El contraataque en diferido de los socialistas, que desveló horas después que había denunciado al PP la semana anterior por preparar el voto por correo a algunos ciudadanos, “se está investigando”, dice escuetamente Manuel Zamora, candidato del PSOE a la Alcaldía y que este jueves votaba en contra de los dos puntos urgentes que se vieron en el Pleno municipal, presidido por la alcaldesa del PP de Mojácar, Rosa María Cano, apenas tres días antes de las elecciones y con un ojo puesto por parte de todos los partidos en los avances policiales y judiciales que rodean en los últimos días la actualidad local.

“Un pleno electoralista”, resume Zamora a este periódico, celebrado en el salón del que ya se levantó hace un par de meses junto al resto del grupo municipal socialista durante la modificación de la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, para lo cual el PSOE exigía “nuevos informes sectoriales de la Junta de Andalucía” ante “cambios sustanciales” como la eliminación de 510.000 m2 de terreno urbano y la continuación de la Variante con los ramales hacia la costa, según explica a este periódico el portavoz socialista. En el orden del día, efectivamente, no estaban contemplados en la convocatoria del orden del día:

“El Ayuntamiento lleva varios años tramitando el PGOU” y el Pleno municipal ordinario daba cuenta este jueves “con carácter de urgencia” del documento de aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, sin que aquella modificación aprobada en marzo haya sido sometida a un nuevo plazo de información pública, alegaciones y nuevos informes sectoriales, informa Zamora. “Tenían prisa por dejar aprobado el PGOU antes del final de legislatura y así ha sido”, denuncia. En el Pleno de este jueves, el Ayuntamiento metió dos puntos “sobre la marcha”, “sin darnos pie a estudiar los puntos previamente”, insiste Zamora.

En ese sentido, también se aprobó, continúa el candidato socialista, una modificación de una orden que eliminaba la plusvalía en caso de herencia, “otro punto electoralista que no votamos a favor de incluir en el orden del día del Pleno; habría que haber visto los oportunos informes jurídicos y técnicos”. “El último Pleno ordinario ha sido un pleno electoralista y la forma de llevar algunas cosas como una urgencia, pues no me parece lógico”, concluye Zamora, quien no ha planteado en todo caso impugnar su celebración. Según fuentes municipales, “todo se desarrolló con normalidad”.

El PSOE suspendió de militancia y abrió expediente a uno de los detenidos el miércoles, pero no ha podido hacerlo con el otro porque no está afiliado a la formación y concurría en las listas como independiente. Tampoco pueden ser expulsados de las listas porque la ley electoral establece que las candidaturas no pueden ser modificadas una vez proclamadas, como ya ha informado elDiario.es. Este viernes, el primero de los arrestados que ha comparecido ante el juez ha quedado en libertad con cargos, con la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado.

Según la investigación, los dos candidatos en la lista del PSOE de Mojácar ofrecían 100 euros a cada persona que solicitara el voto por correo y 50 euros más si conseguían que lo hiciera un tercero. Según ha acreditado de forma indiciaria la investigación, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno llegaron a hacer esos ofrecimientos personalmente aunque también utilizaron a personas de su entorno, migrantes latinoamericanos que tenían acceso a los posibles “vendedores” de su voto.

Zamora, por su parte, acudió el martes 16 a la Guardia Civil para denunciar presuntas irregularidades por parte del ayuntamiento dirigido por el PP en los certificados digitales y votos por correo de beneficiarios de cestas de comida municipales.

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