El Gobierno andaluz renueva siete años después las vocalías del Consejo de la Memoria sin crear el registro de entidades

La Consejería de Cultura y Deporte acaba de abrir una nueva convocatoria pública para cubrir las vocalías que, en representación de las entidades memorialistas, integran el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuya regulación data de mayo de 2018. Desde su primera reunión en octubre de aquel año no se renuevan las vocalías, si bien es cierto que fueron designadas “por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidas por una sola vez”.

En abril de 2018 la Junta puso en marcha la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, pero desde entonces no se ha dado ni un paso más en su creación, pese a que se hace referencia a dicho registro en la citada convocatoria, publicada en BOJA. Las entidades aspirantes deben “estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Registro de Fundaciones de Andalucía o registro específico”.

Hasta el momento actual hay un total de ocho vocalías, de las cuales seis están integradas por representantes de entidades memorialistas, como ya se ha dicho. Según informó la Junta en aquel octubre de 2018, se trata de Rafael Gil Bracero –presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica-; Francisco Alfonsín Velázquez -Fundación Estudios Sindicales-Archivo CCOO-; Miguel Ángel Valdivia Morente -Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén-; Antonio Naranjo Torres -Memoria, Libertad y Cultura Democrática-, Pepa Castillejo -Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía-, y Manuel Velasco -Asociación Guerra y Exilio-.

Un órgano institucional “inoperante”

El Consejo de la Memoria, merece la pena recordar, tiene entre sus funciones “elaborar cuantos informes y recomendaciones considere necesarios efectuar en relación con la política de memoria democrática”. Recientemente, los memorialistas llevaban a la Junta al Defensor Andaluz por no convocar el Consejo de la Memoria. La Federación Andaluza de Memoria Democrática consideraba que la Junta estaba convirtiendo ya al órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas en “un órgano institucional inoperante”.

Fuentes de la Consejería se referían precisamente a la no cobertura de esas vocalías “vencidas” para justificar que se celebrara solo un encuentro del Consejo de la Memoria Histórica durante el último año 2024. Miguel Ángel Valdivia, uno de esos vocales, dijo a este periódico que se habían mantenido “algunas reuniones” del Consejo en estos años. “Cuando preguntamos por la segunda convocatoria de 2024 nos dijeron que no se podía porque estábamos en funciones. ¡Pero llevamos así desde mediados de 2021 y no ha habido problema en celebrar las reuniones!”, lamentó.

Las seis entidades que aún permanecen en las vocalías del Consejo de la Memoria fueron seleccionadas a través de un procedimiento selectivo en régimen de libre concurrencia y se valoraron criterios como el ámbito territorial (con preferencia para el provincial o superior), el desarrollo de proyectos subvencionados por la Junta, los reconocimientos obtenidos o la antigüedad de inscripción.

Relación de reconocimientos obtenidos

De acuerdo a la convocatoria publicada ahora en BOJA, las entidades deberán aportar en su solicitud, entre otras cuestiones, la relación de actividades, proyectos y programas ejecutados en materia de memoria histórica y democrática durante los últimos cinco años, subvencionados por la Junta de Andalucía, detallando de cada proyecto la denominación, breve resumen, localización geográfica, presupuesto total, y financiación recibida de las distintas entidades financiadoras; así como una relación de reconocimientos obtenidos por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en Andalucía.

Las entidades memorialistas, en líneas generales, vienen lamentando la “inacción” de la administración autonómica en la materia, esperando cuestiones como la ejecución de las exhumaciones aprobadas, las declaraciones pendientes de Lugares de Memoria o el retraso en las identificaciones genéticas, que se vienen realizando desde 2018 en la Universidad de Granada y que acumulan una notable demora, llegando a provocar que cada vez más familias, al menos en la bahía de Cádiz, se dirijan a laboratorios privados para conocer la verdad.