Sentencia tardía, pero con condena. La Audiencia de Barcelona, casi un año y medio después de celebrar el juicio, ha condenado a 3.000 euros de multa a cinco vecinos del Raval por “desbordar el derecho de manifestación pacífica” en septiembre de 2020 y lanzar huevos, lejía y petardos a la comitiva de Vox encabezada por la diputada Rocío de Meer, quien acudió al barrio tras tildarlo de “estercolero multicultural”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, absuelve a tres de los ocho acusados al considerar que no actuaron de forma violenta y que solo protestaron. Por el contrario, a los otros cinco acusados les condena por cinco delitos de coacciones a cinco parlamentarios y miembros de la comitiva de Vox, además de tres delitos leves de maltrato de obra y otro de daños en el hotel donde los políticos de extrema derecha se resguardaron del escrache vecinal.

Frente a las penas de prisión reclamadas por Vox, la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona se decanta por una multa al valorar el “contexto de indignación ciudadana que puede ser comprensible (pese a lo que los hechos siguen siendo reprochables penalmente) por los epítetos atribuidos por la señora De Meer al barrio”.

La acción de Vox en el Raval se enmarca en la estrategia de la extrema derecha de visitar zonas a las que ha insultado previamente desde las instituciones y que el partido ha repetido en otros barrios de España. A menudo, la formación ultra usa las protestas en su contra para su discurso político.

Los hechos, insiste el tribunal, son “penalmente relevantes” y la respuesta de los condenados en forma de lanzamiento de huevos, lejía y petardos a la comitiva de Vox “es no tolerable y desproporcionada”, aunque “enmarcada por sentimientos comprensibles de rechazo a los insultos” emitidos al barrio por la parlamentaria de extrema derecha.

La sentencia del Supremo sobre la que se asienta la condena a los vecinos del Raval es el polémico fallo que condenó a los activistas de la protesta Aturem al Parlament, revocando la absolución inicial. El Alto Tribunal censuró la priorización del derecho a la protesta que había realizado la Audiencia Nacional en primera instancia.

La Audiencia de Barcelona razona que los condenados tenían como finalidad “expulsar del barrio” a los miembros de Vox e “impedirles completar su visita”. Además, al contrario de lo que mantuvo la Fiscalía, los jueces, tal y como pidió el partido de extrema derecha, entienden que debe aplicarse la agravante de motivación por discriminación ideológica, puesto que los acusados actuaron movidos por su “intolerancia” hacia Vox.

“La actuación de los acusados estaba anclada en la intolerancia a la ideología que se presuponía a los miembros de Vox, como demuestran las consignas lanzadas ('fuera fascistas de nuestros barrios') y el contenido de las posteriores publicaciones en redes sociales alardeando de haberlos expulsado del barrio”, expone el tribunal para justificar la aplicación de la agravante.

En cambio, el tribunal orilla los polémicos informes de polarización de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que señalaron a los vecinos por llevar una bandera feminista, una roja y otra negra, entre otros motivos políticos.

Los dictámenes policiales resultan irrelevantes en la argumentación para fundamentar la condena. Son los vídeos de las cámaras de seguridad del hotel en el que se refugió la comitiva de Vox los que han permitido a los jueces identificar a los condenados.

El tribunal defiende que la “mera presencia física en la manifestación” y mostrar un “franco y beligerante desacuerdo” con la comitiva de Vox está amparado por los derechos constitucionales de expresión, reunión y manifestación. Por ello absuelve a tres de los cinco acusados. “Hallarse al lado de quien agrede no es equivalente a agredir”, indican los jueces.

Por el contrario, la condena se centra en los cinco vecinos que tuvieron “conductas violentas” contra los cargos de la formación, entre las que incluye lanzar lejía, huevos, petardos o botes de humo, patear las puertas del hotel, romper las cámaras del establecimiento o hacer pintadas “amenazantes o injuriosas”.

La sentencia, que aplica la atenuante de dilaciones indebidas por las demoras que arrastra la causa, descarta aplicar la amnistía a los procesados, como pidieron las defensas, porque aunque los hechos entran en el “ámbito temporal” de la ley, “no consta que tuvieran finalidad de reivindicar posturas independentistas”.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está preocupado con el régimen sancionador que ha incluido la Comunidad de Madrid en su borrador de ley de educación superior. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant han lamentado no conocer oficialmente el borrador de la ley, que se ha publicado en prensa este jueves, aunque han avanzado que “el borrador que se ha conocido (...) contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado. ”El Gobierno de España va a proteger a la universidad pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor“, sostienen las fuentes.

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas también han salido al paso de las informaciones publicadas y han negado este miércoles que conocieran el régimen sancionador. Tampoco han tenido noticias oficiales del texto, que les va llegando, lamentan, por la prensa o a través de documentos filtrados que la Comunidad de Madrid no reconoce como propios (aunque luego se van confirmando las medidas escritas en ellos). Los mandatarios responden así de alguna manera a la afirmación que ha realizado el consejero de Educación, Emilio Viciana, cuando ha asegurado esta mañana que “el régimen [sancionador] fue anunciado y ha sido debatido desde 2024 y no hay novedad desde entonces”, pero ni los rectores ni los sindicatos ni la oposición política conocía el texto, pese a que la Comunidad presume de que se está elaborando a partir de un “proceso participativo”.

La carta de los rectores de las universidades públicas, enviada a través de la Cruma (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid) llega tras publicarse este miércoles que el borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid propone multas de decenas de miles de euros por acciones como colgar pancartas reivindicativas sin permiso en los campus o montar escraches, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero, o la manifestación de protesta que centenares de estudiantes organizaron el día que Ayuso fue a recoger su distinción como alumna ilustre de la misma universidad.

Los rectores, que eluden valorar la propuesta porque no la conocen oficialmente, explican: “Los rectores de Cruma no hemos recibido durante la negociación con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades el documento completo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en el que, según ha trascendido, aparece recogido ese supuesto régimen sancionador”. Y, en lo que podría interpretarse como una crítica velada al proceso, añaden que esperan “recibir por primera vez el documento completo de la Lesuc [nombre técnico de la futura ley]. Solo tras recibirlo y analizarlo con detalle, nos plantearíamos la necesidad de hacer valoraciones sobre su contenido”.

15.000 euros por una pancarta

El borrador contempla sanciones que penalizarán las protestas o los escraches en los campus, siguiendo la línea expresada en varias ocasiones por la presidenta o su consejero de Educación, Emilio Viciana, de que “la universidad debe ser un espacio de libertad”. Según el texto filtrado –que la Comunidad no confirma sea oficial y además ha dicho que es una “manipulación”, aunque no ha negado las cifras ofrecidas– las infracciones leves, penadas con entre 300 y 15.000 euros de multa, incluyen “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.

Las penalizaciones graves contemplan una horquilla sancionadora de entre 15.000,01 y 100.000 euros. En esta categoría entran cuestiones como “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino, “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus” o “permitir el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”, una medida orientada a cortar los escraches.

Entre las infracciones muy graves, multadas con entre 100.000,01 euros y un millón, hay elementos que fuentes universitarias califican de “demasiado ambiguos”, como “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra” o “no garantizar la seguridad e integridad física en el campus universitario, por acción u omisión”.

“No cubrimos ni los gastos de personal”

Aunque las relaciones entre los rectores y el Gobierno regional parecen haber mejorado recientemente, al menos en público, la situación entre las partes ha sido tensa en los últimos meses. Asfixiados en una falta de financiación que ahora a los campus, los responsables de los centros públicos decidieron hace más de un año cambiar la táctica negociadora, elevar la voz y hacer una llamada de auxilio pública. “No cubrimos ni los gastos de personal” con la financiación que ofrece la Comunidad de Madrid, le dijeron los seis mandatarios a una a la presidenta Ayuso.

Esa batalla dialéctica continuó unos meses después a cuenta de la aprobación de los presupuestos regionales, en los que los rectores le arañaron a Ayuso 45 millones de euros extra “para poder sobrevivir” (pedían unos 250 millones) y por la negativa del Ejecutivo regional a acogerse al plan María Goyri del Ministerio de Universidades, por el que el Gobierno central se compromete a financiar casi mil plazas. Finalmente, los rectores le doblaron la mano a la Comunidad, que tuvo que acogerse al plan y no ser así la única que no lo aceptaba.

El tercer capítulo (público) de la saga fue un desayuno organizado por la Universidad de Alcalá hace unas semanas, en el que los seis mandatarios insistieron en su mensaje: las cuentas no salen y solo abrir las universidades cada día es un éxito. “Madrid es la comunidad que menos aporta por estudiante y en relación al PIB y en la que, por el contrario, más esfuerzo financiero hacen las familias. Las universidades públicas madrileñas hemos tardado alrededor de 15 años en recuperar la financiación que recibíamos en 2008”, resumió la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, en aquel acto.

El recién elegido alcalde de Chercos (Almería), José Antonio Torres (PP), de 98 años, ha sido ingresado este mediodía al centro de salud de Albox después del “escrache” que ha sufrido tras el pleno extraordinario en el que ha prosperado una moción de censura que le ha devuelto a la presidencia del Consistorio.

Fuentes del PP almeriense han explicado a Europa Press que el alcalde ha recibido ya el alta. Torres ha vuelto a convertirse en el regidor de mayor edad de España al prosperar la moción de censura que ha arrebatado la alcaldía de Chercos a Eduardo Mesa (PSOE).

En una nota, el PP ha achacado al PSOE haber “organizado” esta acción en la puerta del domicilio del alcalde una vez ha abandonado la casa consistorial frente a la que decenas de vecinos han protestado por esta moción de censura con pitos, megáfonos y otros elementos al grito de “sinvergüenza” o cánticos como 'Vienen de Almería a quitarnos la alcaldía', entre otros.

Desde la formación 'popular' han apuntado que si Torres es nuevamente alcalde de este municipio de apenas 300 habitantes ubicado en el Valle del Almanzora es porque “ha prosperado una moción de censura, legítima y democrática”, lo que le permite “ocupar la alcaldía en la que ya estuvo 28 años”.

Los 'populares' han afeado así que una decena de personas “alentadas por el PSOE almeriense, entre los que se encontraba la ex teniente de alcalde María Dolores Mena, hija del exalcalde del PSOE”, se hayan dirigido tras la finalización del pleno, conforme a su versión, a la vivienda del primer edil para “increparle, insultarle y amenazarle”.

Desde el PP han criticado el “acoso” hasta “límites insospechados” al que se ha sometido al alcalde por parte de “integrantes del piquete socialista” con “descalificaciones” e “incluso tocando las ventanas y la puerta de su vivienda”, según han descrito.

En este sentido, han apuntado que Torres, pese a haber hecho “caso omiso” de la “violencia” que ha detectado a su llegada al Pleno, donde ya varios manifestantes han pitado a su llegado y le han lanzado billetes falsos antes de que entrara el ayuntamiento; finalmente se ha visto sobrepasado por la situación, por lo que ha requerido asistencia médica.

El PP ha añadido que tanto el primer edil como todos los miembros del PP de Almería que se encontraban con él, como diputados provinciales o alcaldes de la comarca que han acudido al pleno a acompañar al regidor, “han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil ante los intentos de agresión del PSOE”.

“Torres ha tendido hoy la mano al Grupo Socialista en el Ayuntamiento una vez finalizado el pleno a pesar de asegurar que la actitud de del PSOE le dolía en lo más profundo de su ser y ha señalado que seguirá trabajando por su municipio con la misma ilusión de siempre”, han añadido desde el PP.

El presidente de la Junta y del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha enviado un mensaje en X mostrando su apoyo al alcalde:

La Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado la absolución a los tres acusados por Marcos de Quinto de organizar un escrache el día de su boda en Cuenca, que se celebró en septiembre de 2017 en la Catedral de la ciudad de las Casas Colgadas.

Así lo ha fallado la Audiencia Provincial en la sentencia del 13 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez asegura que los delitos de coacciones que tanto los defensores de De Quinto, de su mujer, así como la Fiscalía sostenían, “aparecen enmarcados en el contexto de una protesta de índole laboral debidamente comunicada a la autoridad y en ejercicio de derechos fundamentales de reunión y manifestación”.

En este punto, cita al Tribunal Constitucional, quien “ha reconocido la íntima relación existente entre el derecho de reunión con el derecho de libertad de expresión”.

Además, para la Audiencia Provincial de Cuenca, no puede afirmar en base a la sentencia del Juzgado de lo Penal “que la reivindicación laboral en cuyo seno se produjeron los hechos enjuiciados, se desbordara o degenerara en una situación de violencia o intimidación que desnaturalizara aquélla hasta el punto de convertirla en mero pretexto o cobertura formal de comisión de actos delictivos”.

Ve cierto el tribunal que se consignaron en dicha manifestación excesos verbales, “inapropiados e innecesarios para la reivindicación, que pudieron originar situaciones incómodas, molestas y desagradables, especialmente para los apelantes en un día tan especial como el de su boda”, pero la aplicación de la sanción penal en estos casos, “y que es la aquí se dilucida, debe ser ponderada en atención a la propia naturaleza y contexto de los hechos”.

En este sentido, y desde la perspectiva de la ponderación constitucional de los intereses en juego, “el juicio negativo de tipicidad, tal y como aparece plasmado en el fundamento jurídico tercero de la sentencia de instancia, se presenta debidamente razonado”. Por tal razón, considera el juez “que procede igualmente mantener el pronunciamiento absolutorio por el delito de injurias por el que también se sostiene acusación”.

No hay reproche penal

Más allá del contenido concreto de las expresiones vertidas, “la juzgadora de primera instancia analiza y pondera el contexto de protesta y reivindicación en el que se produjeron los hechos, llegando a la conclusión razonada de que los excesos verbales en que incurrieron los acusados no son merecedores de un reproche penal, lo que no puede tildarse de decisión arbitraria en atención a la doctrina constitucional”.

Respecto al delito contra los sentimientos religiosos que quería la defensa de De Quinto y de su mujer imputar a los tres acusados, el tribunal explica que la jurisprudencia del Supremo dice que este delito consiste en impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de la confesión religiosa de que se trate.

Como en los anteriores delitos, la Audiencia provincial de Cuenca ha reiterado su “inmodificabilidad en esta alzada, pues expresamente se declara probado que la ceremonia religiosa se desarrolló sin perturbaciones relevantes más allá de oírse de fondo las consignas de los manifestantes”.

Por todo ello, el tribunal ha fallado que se deben desestimar los recursos de apelación tanto de Marcos de Quinto como de Angélica de la Riva, así como la adhesión del Ministerio Fiscal, y confirma la sentencia del Juzgado de lo penal 1 de Cuenca.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debiendo ser preparado previamente ante esta Audiencia Provincial dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación.

El juicio se celebró en septiembre de 2020

El pasado 9 de septiembre de 2020 se celebró el juicio oral en el Juzgado de lo Penal 1 de Cuenca, en una vista en la Fiscalía de Cuenca propuso multar con 4.500 euros, por un delito de coacciones, a cada uno de los acusados del escrache en la boda del expresidente de Coca-Cola España, en septiembre de 2017 en la Catedral de Cuenca.

Por su parte, tanto Marcos de Quinto como su mujer Angélica de la Riva, pidieron a cada uno de los acusados hasta 4 años de cárcel por un delito de coacciones graves y una indemnización de 6.000 euros “simbólica”.

Al contrario, la jueza entonces explicó en su sentencia no apreciaba “violencia ni intimidación” y veía la protesta “amparada por los derechos fundamentales de la Constitución Española”.

Decenas de manifestantes y ex trabajadores de Coca-Cola han acudido a la llamada de la plataforma 'Coca-Cola en Lucha' para protagonizar una protesta a las puertas de los juzgados de Cuenca en el día en el que arranca el juicio contra tres encausados por el escrache contra Marcos de Quinto en el día de su boda en la capital conquense en 2017.

El presidente del Comité de Empresa de la planta de Fuenlabrada, Daniel Andrés, ha considerado el juicio como “fuera de lugar”, ya que los compañeros que se concentraron en la boda protestaban por “los 1.200 despidos de la empresa” pese a tener beneficios.

Una concentración “legal” en la que no hubo “ningún problema”. “Pero el señor Marcos de Quinto quiere hacerse notar porque no puede ver a los trabajadores de Coca-Cola, que han ganado todas las sentencias contra una empresa que vulneró sus derechos”.

“Cobró 8 millones de euros y se fue a tributar a Portugal, aunque se considere un patriota”, ha indicado Andrés.

Ha defendido que las consignas lanzadas “fueron sindicales” el día de la boda de De Quinto, y si bien en el escrito de calificación del fiscal se apunta a que se profirieron insultos, ha esquivado la responsabilidad achacando este extremo a que en la manifestación había personas más allá de los sindicalistas. Eso sí, ha dicho que “el que primero insulta es el propio De Quinto”.

De Quinto y su mujer llegan al juzgado

El propio Marcos de Quinto y su mujer han llegado a los juzgados a las 10.13 horas, y ha sido recibidos por gritos y abucheos de los manifestantes.

“Que conste que si hay gente sentada en el banquillo no es por estar en una manifestación autorizada y pacífica, sino por todo lo contrario”, ha advertido en declaraciones a los medios a su llegada, mientras era increpado.

Esta misma semana y desde su cuenta personal en la red social Twitter, De Quinto ha emitido una serie de mensajes en los que recuerda que “desde enero de 2014” lleva sufriendo “el acoso de un grupo mafioso-sindical”.

“Grupo que sabe de sobra que yo nunca he sido parte del litigio que utilizaron para alcanzar el estrellato mediático que ahora añoran. Me han insultado, me han amenazado, llenaron de pegatinas mi urbanización. En 2017 hicieron un escrache en mi boda, insultando y amenazando a mis invitados, llegando a golpear el coche en el que iba”, lamenta.

Critica igualmente el “cachondeo que se corrieron” a costa de su “hazaña”, el cual ahora les lleva “a los tribunales”. “Esta mafia sindical esta capitaneada por estos tres piezas. Dos de ellos son matrimonio y se embolsaron en 2017 unos 200.000 euros por no pegar palo al agua y llamar al boicot a la empresa que se los pagaba”, remataba.

Una “reivindicación”, no un “acoso” como el que sufre Pablo Iglesias

A la protesta ha acudido el coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, quien ha preguntas de los medios ha querido marcar distancias entre lo que considera que fue una “reivindicación” de derechos laborales --en alusión al escrache sufrido por De Quinto-- y lo que a su juicio es un “acoso”, refiriéndose a las protestas diarias en el domicilio del líder de su partido, Pablo Iglesias.

García Gascón ha defendido que Podemos “siempre ha estado del lado de los trabajadores, que reivindican su derecho al trabajo”. En el caso de Coca-Cola, ha recordado, se sufrió un ERE que afectó a 11.000 puestos de trabajo.

Lo que pasó en la boda de De Quinto “no es acoso”, ya que los trabajadores que protagonizaron aquel episodio “dicen que solicitaron permisos a la Subdelegación del Gobierno y estaban dentro de su derecho a la manifestación”.

“Nada tiene que ver con un acoso sistemático --el que sufre Pablo Iglesias-- para amedrentar a todas las personas progresistas de España que queremos protección social”, ha zanjado.

La declaración de De Quinto

El exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto ha apuntado que los acusados de 'escrache' en el día de boda tenían como “objetivo” boicotearla y lo “consiguieron”. “Parecía una manifestación para atacarme en lo personal, no para pedir sus derechos”, ha aseverado.

Tanto él como su mujer, que ha admitido que se sintió agredida en un ambiente de “odio” en ese día, han reclamado la cantidad de 6.000 euros --“una cantidad simbólica”-- en concepto de los daños causados y de los cambios que tuvieron que realizar en la ceremonia a causa de los hechos. La mujer de Marcos de Quinto ha afirmado que se sintió “agredida” e “intimidada”. “Cuando salimos, estando en el coche, se nos acercó la gente y nos dijeron que nos iban a joder la boda”, ha relatado.

Por su parte, los tres acusados, trabajadores de Coca-Cola, que se han limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía y sus abogados, han admitido que se encontraban en la protesta de ese día en la Plaza Mayor pero que desconocían si se estaba celebrando una boda. Han negado que profirieran los insultos que se detallan en el escrito de la Fiscalía hacia los novios, que increparan su coche y que colocaron pegatinas.

Asimismo, han hecho alusión a que la protesta estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Cuenca y estaba motivada por que no se estaban cumpliendo las sentencias de readmisión de trabajadores que se encontraban en un Expediente de Regulación de Empleo.En la misma línea, han expresado que en los momentos de la protesta no hubo ninguna sanción ni comunicación por parte de la Policía por estar cometiendo irregularidad alguna.

Piden cárcel y 4.500 euros de multa

Este miércoles el Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca juzgará a los tres encausados por hacer un 'escrache' al ex vicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto el día de su boda en la Catedral de Cuenca, el pasado 30 de septiembre de 2017.

La cita judicial ha comenzado a las 10.30 horas en el Juzgado de lo Penal numero 1 de la capital.

Según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, los tres acusados (A.T.G., I.A.S y D.M.B), “puestos de común acuerdo, estuvieron en la Plaza Mayor de Cuenca, donde se encuentra la Catedral, ”y dada la vinculación laboral, convocaron una manifestación a la que acudieron unas 40 personas, en protesta por un ERE en dicha empresa“.

“Micrófono en mano y con aparatos de megafonía de gran potencia, los tres hicieron consignas de insultos y cantaron contra los contrayentes y los invitados con expresiones como 'hijos de puta, malparidos', 'los corruptos están dentro'”, lo que provocó a juicio de la Fiscalía que los invitados entraran a la Catedral de forma precipitada.

Una jornada tras otra desde el pasado 15 de mayo, grupos de personas —unos días más numerosos que otros— se concentran en las inmediaciones de la casa que comparten en el municipio de Galapagar (Madrid) el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la ministra Irene Montero y sus tres hijos menores. Haciendo sonar cacerolas, silbatos o equipos de sonido de alta potencia, los concentrados que cercan desde hace tres meses el perímetro de seguridad de la vivienda familiar expresan su objetivo de “no parar hasta que se marchen de España”, además de otros insultos, explican fuentes de Podemos. 

Ambos políticos han intentado poner freno a esta situación por la vía judicial, aunque con poco éxito por el momento. Una jueza de Collado Villalba, capital de la sierra de Madrid y cabeza del partido judicial para Galapagar, archivó recientemente la querella por acoso y coacciones que Montero presentó contra Cristina Gómez, una de las tres concejalas de Vox en Galapagar y promotora de las concentraciones. La magistrada consideró que los hechos estaban amparados por la libertad de expresión y que la vía penal no era la oportuna para analizarlos. 

Iglesias, por su parte, se ha querellado contra el que considera instigador de esas protestas, Miguel Ángel Frontera, al que atribuye seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los abogados del vicepresidente todavía no tienen constancia de si esa querella ha sido o no admitida a trámite. Además, la Guardia Civil presentó otra denuncia contra Frontera, que fue detenido el pasado 12 de junio por supuestos delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y descubrimiento y revelación de secretos por grabar la fachada del domicilio. 

Fuentes de la formación aseguran que días después de esa detención, Frontera volvió a las inmediaciones de la casa del vicepresidente y la ministra, donde suele aparecer con su coche cargado con banderas de España, cacerolas y carteles donde se puede leer “Pablo Iglesias, hijo de terrorista” y desde donde reproduce el 'Cara al sol', himno de la Falange. Las redes sociales también recogen imágenes de esas concentraciones frente al perímetro de seguridad del domicilio, custodiado las 24 horas del día por la Policía Nacional.  

Ese hostigamiento se trasladó la pasada semana al concejo asturiano de Lena, donde Iglesias, Montero y sus hijos estaban pasando unos días de descanso en la casa de Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos. Tras difundir la prensa local que la familia estaba allí de vacaciones, se publicó en redes sociales el lugar exacto en el que se encontraban. Allí se trasladaron a increparles varias personas que en su entorno vinculan con la extrema derecha de Vox. En la carretera de acceso al pueblo apareció la pintada “coletas rata” y un bar de la localidad denunció haber sufrido “comentarios ofensivos” por haberles atendido. 

La familia decidió entonces regresar a Madrid. Y, a su vuelta, se encontraron de nuevo a “los mismos de siempre” en las inmediaciones de su domicilio, aseguran en la formación. “No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias de las tareas políticas de sus padres”, escribió este martes Iglesias en su cuenta de Twitter, donde advirtió de que las “amenazas” de la “extrema derecha” no frenarán su trabajo. 

A preguntas del elDiario.es Santiago asegura que pondrá en conocimiento de la Justicia lo ocurrido en Asturias, si bien considera que al tratarse de hechos públicos tanto las fuerzas de seguridad como la Fiscalía deberían actuar de oficio. “Muchos funcionarios que deberían estar haciendo su trabajo tienen una permisividad sorprendente con la ultraderecha en este país”, señala el diputado, para quien Iglesias, Montero y sus hijos están siendo víctimas de “una campaña de acoso permitida por fuerzas de seguridad y, sobre todo, por el poder judicial” que está “inspirada” por la extrema derecha de Vox. 

“Acoso permanente y constante”

El propio Iglesias califica de “acoso permanente y constante” en la querella que ha puesto a Miguel Ángel Frontera la situación que viven en su casa de Galapagar, cuya compra en 2018 generó una polémica que cuestionó la “credibilidad” de ambos, según afirmó entonces el hoy vicepresidente. La pareja justificó la adquisición de ese chalé —comprado por 615.000 euros, con una hipoteca de 540.000— porque buscaban un sitio en el que cuidar a sus hijos “con intimidad”.

No ha sido precisamente eso lo que han encontrado. De Iglesias y Montero se publicaron imágenes robadas de la ecografía de sus futuros hijos y fotografías robadas de ellos paseando a sus perros en un parque y visitando su nueva casa; de la que incluso se conoció su interior antes de que se mudaran. Los últimos episodios de hostigamiento a su domicilio privado han originado un intenso debate sobre hasta qué punto esas protestas están amparadas en la libertad de expresión, especialmente al ser ambos cargos públicos toda vez que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos tiene declarado que “los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio”.

La jueza Marta García Sipols, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Collado Villalba, rechazó la querella de Montero contra la citada concejala de Vox al considerar que la vía penal no era la adecuada para investigar el asunto. Su argumento es que de los vídeos aportados por la ministra no se puede deducir que hubiera “violencia” en la conducta de la edil ni que sus acciones provocaran una “alteración grave” de la vida cotidiana de la titular de Igualdad. “Su contenido se enmarca dentro de una protesta ciudadana contra la gestión del Gobierno durante el estado de alarma”, señala la magistrada. 

Según el auto, en su declaración ante la jueza, Montero explicó que llevaban ocho semanas realizando “reuniones ruidosas” fuera del perímetro de seguridad y que esta circunstancia le había provocado una situación de inquietud y miedo hasta el punto de cambiar hábitos, si bien la jueza asegura que cuando le pidió que concretara esas situaciones sus respuestas fueron “vagas, imprecisas y muy genéricas”. La ministra, que ha recurrido el archivo a la Audiencia Provincial de Madrid, admitió también que no se había producido ningún acto de violencia “ni contra ella ni contra el domicilio”, recoge la resolución judicial. 

La jueza sí reconoce en su escrito que en los vídeos aportados en la querella se aprecian “expresiones que pueden resultar incómodas”, así como la emisión de “ruidos obviamente molestos por su transmisión a través de las caceroladas”, si bien insiste en que su “cauce adecuado de tratamiento” no es la vía penal, máxime cuando no se llega a escuchar ninguna frase de carácter intimidatorio.

El debate de los escraches 

Estos episodios también se han vinculado con el respaldo de ambos dirigentes a los escraches que activistas en favor del derecho a la vivienda hicieron a políticos de otras formaciones durante los años más duros de la crisis económica. 

Los escraches son actos de protesta en la vía pública contra políticos que, en ocasiones, pueden darse en sus domicilios privados. Se trata de una figura que no está expresamente regulada en el Código Penal y en la que se ponen en colisión el derecho de reunión y a la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los cargos públicos. En 2014, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que el escrache que había sufrido en su domicilio la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (PP) constituyó “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil” y fue “expresión del pluralismo de los ciudadanos”. Esa protesta se desarrolló durante unas horas de la tarde del 5 de abril de 2013. 

En Podemos consideran que lo que está ocurriendo en las inmediaciones de la casa de Iglesias y Montero no es un escrache, sino una situación de “acoso continuado”. Así lo señaló la propia ministra en una entrevista en infoLibre: “Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, puede merecer censura social, pero es legítimo”, aseguró. Enrique Santiago también niega de manera tajante que lo que está sucediendo con el vicepresidente y la ministra sea un escrache. “No hay ninguna reivindicación política detrás, es solo odio inspirado por la extrema derecha de Vox”, asegura.

El pasado 18 de mayo una decena de personas se concentraron con cacerolas en la puerta de la casa del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de las caceroladas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Entonces, a pesar de que fue un acto puntual, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó la protesta. “Una cosa es el derecho de manifestación y otra muy distinta es que fakeperiodistas de ultraderecha manden a pijos maleducados y agresivos a intimidar y acosar a tu esposa y a tu hija. Lo que no entiendo es por qué no actúan las autoridades”, escribió en su cuenta de Twitter. 

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido este martes la “legitimidad” de las caceroladas contra el Gobierno de coalición, que han llegado a la puerta de su casa y de la del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. “A la política hay que venir llorado de casa”, ha señalado. Pero ha sostenido que el clima de crispación “es malo” y ha advertido de que, si ahora es gente “de derechas” la que se manifiesta, “mañana será gente de izquierdas manifestándose frente al apartamento de Ayuso, la casa de los Espinosa de los Montero o de Abascal”. “El problema es que se sabe por dónde empieza, pero no por dónde acaba”, ha zanjado.

En una entrevista en La Sexta, Iglesias ha sostenido que es necesario “proteger” el derecho de reunión y manifestación. “En contexto de crisis, que los políticos seamos objeto de críticas es legítimo”, ha señalado. El líder de Unidas Podemos ha asegurado que cuando él mismo defendía los escraches que se hacían contra dirigentes del PP en la crisis económica de hace una década, nunca defendió “que fueran a la casa de nadie”. “Pero hay que asumir que te puedan decir algo por la calle o en tu trabajo. Forma parte de la democracia”, ha concluido.

Iglesias sí ha reclamado calma en la situación actual. Sobre su situación personal, ha reiterado tener “ya una cierta costumbre de recibir presión y ataques”, pero ha asegurado que lo mismo “le puede ocurrir a otros dirigentes”. “ Me preocupa que esto se pueda generalizar”, ha dicho. Y ha añadido: “Si se generaliza y todo el mundo entiende que la forma de protestar es ir a casa de Ayuso, de Abascal, de Casado o de periodistas que son referentes de opinión, entraríamos en una deriva muy delicada. Yo no me voy a quejar, lo que venga tendrá que venir”.

Las protestas contra el Gobierno que se iniciaron en algunos de los barrios más ricos de Madrid se ha extendido a otras zonas. Además, han llegado a las residencias de algunos políticos. Primero, a la de Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Después, a la que utiliza en la capital el secretario de Organización del PSOE y ministro, José Luis Ábalos.

El partido de extrema derecha Vox ha alentado estas movilizaciones. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este mismo martes en una entrevista en TVE que él mismo participa en ellas desde hace días. Vox, además, ha convocado una movilización el próximo 23 de mayo.

El propio Espinosa de los Monteros ha denunciado esta tarde a través de Twitter que el vicepresidente segundo ha “arengado a la gente” a que vaya “a manifestarse a la puerta” de su casa. “Le hago directamente responsable de cualquier incidente que pueda producirse. Y me refuerza la convicción de que es un inepto al que el cargo le viene grande”, ha escrito.

El pasado jueves, una comitiva del Partido Popular de Huelva se plantaba en la localidad de Lucena del Puerto para reunirse con los agricultores que demandan que se les permita usar agua superficial si se cierran los pozos ilegales de los que se les abastece. Estos agricultores corren serio peligro de quedarse sin medio de vida por la falta de inversión del plan de regadíos, que requiere 150 millones de euros del Gobierno central para solventar la situación.

Al frente de la comitiva estaba el exalcalde de Ayamonte y actual vicepresidente provincial del PP, Alberto Fernández, que, entre otras cosas, animó a los agricultores a seguir movilizándose, a presionar al PSOE en la administración, central, no a la Junta, porque “no hay una cosa que le joda más a un político que estén en la calle y le peguen cuatro gritos”. “Ahí tenéis que seguir peleando, porque es la única manera de que todos, en vez de mirar para otro lado, miren para Lucena”, aseguró.

Sus manifestaciones han hecho que el PSOE onubense pida al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que tome medidas contra su número 2 en Huelva, porque entiende que lo dicho es “de una gravedad extrema”.

“150 millones, en los presupuestos del Estado, son un mojón”

“Que no os cuenten milongas con que si es mucho dinero 150 millones en unos Presupuestos Generales del Estado, porque es literalmente un mojón. Así que cuando os digan que si modificación de crédito, que no hay dinero..., le decís ”'no me mientas a la cara'. Por ahí no paséis nunca. Decidle 'usted ya tiene herramientas, no venga con milongas'“.

“Tantas mentiras están contando. Ya está bien de contubernios del señor Fiscal -exconsejero de Medio Ambiente, con los colectivos medioambientales y ecologistas”. Contra estos últimos dice que son los colectivos ecologistas, los lobbys ecologistas, los que van a la Unesco para iniciar un expediente para que, por los pozos, se quite la clasificación del parque como Patrimonio de la Humanidad. Y a consecuencia de ello, lo que dice la Unesco es que no le quita esa consideración, porque no es tan grave. La Unesco dice que no atiende esa petición. Y le dan la vuelta, hay que ser sinvergüenza. y dicen que han dicho que van a vigilar durante dos años. Lo que dicen es no le voy a quitar esa consideración, pero claro, es su obligación vigilarlo. Lo que ha dicho es que esto es no es suficiente para quitarle esa consideración“.

En los ocho minutos que dura su intervención, pide que Fiscal “deje de mentir, deje de usar al campo de la provincia. Ya está bien de las golferías. Tenéis que decirle, cuidado que nosotros también nos informamos, no escuchamos solo a usted con sus amigos ecologistas. Lo que tenéis que decirle es que mentiras, ni una, que deje de jugar con el pan de las familias de Lucena y que deje de tratar a los que usan los posos por obligación, porque si no esto se muere”, sosteniendo que los agricultores están siendo tratados “como si fuerais criminales, delincuentes”.

En 2015, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, destacaba la inversión del Gobierno central en la provincia de más de 150 millones de euros para resolver los problemas de los regadíos del Condado, inversión que no llegó a realizarse, aunque valoraba “la apuesta” de 20 millones de euros por el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos, los 89 que se van a invertir en la Presa de Alcolea y los 50 destinados a la compra de Los Mimbrales, lo que suma “un total de más de 150 millones por parte de este gobierno en los regadíos onubenses”.

Se pretendía así paliar los problemas de regadíos de la zona, según destacaba González, que subrayaba que “al adquirir las 922 hectáreas de la finca de los Mimbrales se obtendrán 6,8 hectómetros cúbicos para poner a disposición de los agricultores con la posibilidad de reducir el volumen de los trasvases demandados por los regantes de la zona”. La finca fue adquirida, pero los problemas son los mismos para los agricultores, aunque Alberto Fernández espeta en el vídeo: “En Huelva sólo ha habido agua para el campo cuando ha gobernado el PP, cojones”.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, ha pedido al Partido Popular en Andalucía que adopte “medidas inmediatas” contra Fernández, por incitar al desacato, “algo absolutamente inconcebible en un partido de gobierno”.

Fernández quiere que el presidente Moreno Bonilla se pronuncie al respecto y que condene enérgicamente estas manifestaciones y, por consiguiente, “adopte medidas contra estos dirigentes del PP onubense, uno por manifestar lo que piensan y otro por connivencia al guardar silencio ante tamaña barbaridad”.

El vídeo demuestra “la verdadera cara del PP, la de no respetar las instituciones ni las decisiones de la justicia cuando cree que puede arañar un puñado de votos e incitar a la gente a que haga escraches”.

Desde el PSOE se considera especialmente grave que Alberto Fernández agregue que la consejera Carmen Crespo esté al tanto de todo, lo cual “nos preocupa enormemente porque implica directamente a la responsable institucional de la que ahora dependen las cuestiones agrícola y medioambiental”.

“Salen en tropel cuando se dice cómo se maneja el PSOE”

En declaraciones a eldiario.es/andalucia, Alberto Fernández ha restado importancia a las declaraciones de Fernández e incluso a la repercusión del vídeo, sosteniendo que “todos los socialistas salen en tropel, con Pepe Fernández a la cabeza, cuando alguien dice públicamente como se maneja el PSOE de Huelva”.

“Parece que les ha dolido que cuenten las verdades de sus tejemanejes”, señala, entendiendo que el PSOE, con sus declaraciones, “desvía la atención de la porquería que no quieren que se sepa de la 'gestión PSOE' en esta provincia.

La Corporación Municipal de Etxarri-Aranatz, que representa a poco menos de 2.500 habitantes, la componen 9 concejales de EH Bildu y 2 del PP. Un dato que muestra un pueblo donde la convivencia, aun sin ETA, resulta difícil. Por ese 15% de voto, que hoy se ha escondido en sus casas ante el acoso de los radicales, el PP ha programado esta tarde un mitin con uno de sus pesos pesados de la retórica: Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada por Barcelona se ha empleado a fondo tanto para justificar su presencia –“la plaza pública es de todos”, ha recordado- como para afear la conducta de unas decenas de radicales, algunos encapuchados, que han protestado por el mitin: “¡Xenófobos, tribalistas, antidemócratas!”, les ha espetado, para a continuación dedicar su discurso a la “infinita superioridad moral de la España constitucional”, a loar a la Guardia Civil por detener a Josu Ternera y a citar a “Su Majestad el Rey” diciendo a los demócratas que “no estáis solos en ningún pueblo de España”.

Como ya le pasó a Albert Rivera en Alsasua, que está a solo 10 kilómetros de distancia, Cayetana se ha encontrado con una plaza llena de estiércol pestilente, banderas independentistas catalanas y navarras, ikurriñas, pancartas por los presos de ETA y hasta una enseña de Cuba. Un grupito de encapuchados controlados por la Guardia Civil -que ha tomado el pueblo- ponían música a todo volumen y sostenían una pancarta que rezaba Faxismoa egurre! (leña al fascismo) junto a una caca dibujada con los nombres de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.

El corredor de la Sakana, que conecta la Cuenca de Pamplona con la Llanada alavesa, es una sucesión de pueblecitos feudos del EH Bildu más radical, diferente del más acostumbrado a pactar en las instituciones.

Desde que ha llegado pasadas las 17.05 horas hasta que se ha ido unos 45 minutos después, los concentrados alrededor de la plaza no han dejado de gritar: Alde hemendik, utzi pakean (fuera de aquí, dejadnos en paz), Zuek faszistak zarete terroristak (vosotros fascistas sois los terroristas) e insultos varios.

La comitiva del PP era escasa: la propia Cayetana; la presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández; y unos pocos cargos locales, entre ellos el cabeza de lista de la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) en Etxarri-Aranatz, Manuel Leal.

Con la megafonía a todo volumen para tratar de contrarrestar el bullicio de las protestas, Cayetana ha argumentado “la infinita superioridad moral de la España constitucional sobre sus enemigos, sobre quienes gritan, quienes han asesinado y quienes agreden”. Ha comparado la situación de Catalunya con la de Etxarri-Aranatz, y ha asegurado a los constitucionalistas que el PP “nunca” les abandonará ni les dejará solos “en ningún pueblo de España”.

“La democracia es hablar, debatir y dialogar, no gritar mientras otros hablamos y debatimos; hacéroslo mirar, reflexionad profundamente sobre lo que sois y lo que defendéis para vuestro pueblo: totalitarismo, ruptura, decadencia y división”, les ha dicho mirándoles mientras le insultaban.

El asesino de Jesús Ulayar, hijo predilecto

Este año se cumple el 40 aniversario del asesinato del alcalde del municipio Jesús Ulayar. Su asesino es hijo predilecto del pueblo, y la familia sufre el acoso de los radicales desde entonces. Este año, sin ir más lejos, destrozaron unas flores depositadas en el lugar donde le dispararon, junto a su casa familiar. La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha tildado de “vergüenza” el “intento de blanqueo” de la historia de ETA.

Tras el acto, los radicales no han dejado de hostigar a la comitiva popular hasta que sus coches escoltados les han recogido exactamente en el mismo punto donde les dejaron. Mitin terminado, objetivo cumplido. Los mensajes de apoyo comenzaban a llegar, el propio Pablo Casado lo ha denunciado en su cuenta de Twitter. Pero una vez que se marchan las estrellas políticas y la prensa, queda Manuel Leal, el cabeza de lista en Etxarri-Aranatz, que deberá desenvolverse en un clima tan tensionado que parece irreconciliable. “Lo primero que hay que conseguir es un ámbito de libertad y de igualdad para todo el mundo, cosa que en este momento no se da”, ha dicho. Cuando los últimos se marchaban, la Guardia Civil ha tenido que proteger a los militantes menos conocidos del PP, que acudían en sus vehículos particulares. “Ahora ya sabemos cuál es tu coche, para cuando vuelvas”, les ha gritado un encapuchado.

Cuando Begoña Villacís acude a la pradera lo hace como política en activo que decide estar presente al 100% en la campaña electoral por la Alcaldía de Madrid hasta dos días antes de dar a luz. Cuando los afectados y afectadas por los desahucios hipotecarios y por arrendamientos deciden acudir al mismo lugar a protestar lo hacen no para acosar a embarazadas sino para gritar e incordiar a quienes tienen responsabilidad directa y política en las decisiones que les abocan a callejones sin salida de indignidad, fracaso y exclusión. Esto no pretende justificar el desagradable incidente que sufrió la candidata de Ciudadanos, pero sí creo que es bueno contextualizar y subrayar que los gritos y silbidos a Begoña Villacís iban dirigidos a su controvertida figura política en materia inmobiliaria y no a una mujer embarazada cualquiera que pasaba por allí. Dicho esto, es necesario reconocer que hubiera sido un acierto que alguien, en medio del tumulto y desde ese grupo de personas que se encararon con la comitiva de la política, frenara la acción protesta puesto que, si bien es cierto que ella estaba en el lugar y es una figura política con responsabilidad en la materia, igual no eran las circunstancias más adecuadas para insistir dado el avanzado estado de su embarazo.

Servida la polémica, no existe beneficio de la duda ni la presunción de equivocación para el grupo de personas que se organizaron para protestar en la pradera contra los responsables de las políticas de vivienda que no se adoptan en Madrid por la oposición directa del partido que lidera Villacís y del PP, pero también por la tibieza del PSOE y la actual alcaldesa Manuela Carmena. Se ha cargado contra los autores de la protesta, se les ha tachado de totalitarios, de antidemocráticos y se les criminaliza como si en vez de un movimiento social que defiende derechos legítimos hubieran cometido un acto de violencia extrema, cuasi-terrorismo.

Se hace una regla de tres simple bajo el influjo de esa imagen de Villacís embarazada caminando entre gritos y empujones, de unos y otros (una escena sin duda agobiante) y al simplificar multiplicamos los problemas y los estereotipos hacia los que suelen perder estas batallas contra el poder. Simplificar en asuntos tan complejos como estos implica perder la oportunidad de adoptar una posición que añada reflexión y no solo reproche a un tema que es una deuda pendiente que tenemos como sociedad con las víctimas de la economía de mercado en la que todos participamos. Muy pocas veces, por no decir ninguna, nos ponemos desde las entrañas en lugar de los hombres, niños y mujeres (también embarazadas) que son expulsados de sus casas por inmobiliarias, bancos y particulares afines, afiliados e, incluso, emparentados con los partidos políticos que el otro día fueron increpados en la pradera de San Isidro.

Desde la simplificación informativa en la que vivimos es normal ponerse en la piel de Begoña Villacís, máxime si las creadoras de opinión se sitúan antes como mujeres que como periodistas. Algo tan básico y hasta natural tiene una parte de trampa si no se está atenta. Se puede ‘apoyar’ a la supuesta ‘víctima’ pero no se debería para ello tergiversar la realidad y criminalizar a una gente y un movimiento social cuya lucha ha sido el único apoyo que han recibido millones de personas en nuestro país en los últimos quince años. No puede Begoña Villacís pedir para sí ‘humanidad’ y ‘empatía’ por estar embarazada sin reconocer que ella y su partido llevan una legislatura negándose a aprobar una Ley por el derecho a la vivienda que habría evitado que gente como Lidia (madre de cuatro hijos de entre 3 y 13 años) fuera desahuciada y abortase mientras vivía en la calle durante los 75 días que estuvo en una tienda de campaña en Carabanchel.

No deben equivocarse los medios ni dejarse confundir, quienes están detrás del escrache a Villacís no es gente totalitaria ni antidemocrática, es gente que, igual se ha equivocado al insistir en este caso (habrá que preguntárselo a quienes estuvieron ahí) pero que conoce en carne propia las consecuencias de la falta de empatía y humanidad de esa clase política que, unas veces les criminaliza u otras les infantiliza, pero en todo caso les ignora.

No es justo tachar de acoso intimidatorio un suceso en el que, al ver las imágenes, hay muchos matices más de los que se pueden percibir en unos audios que dejan claro el momento de agobio pero que luego no se traducen, al verlo, en unos actos claros de violencia contra Villacís. Podremos cuestionar si el escrache es la mejor forma de protesta colectiva pacífica, pero al hacerlo no estaría de más que nos preguntáramos, en un ejercicio de humanidad y empatía, si nosotros también acudiríamos a esta acción colectiva si, tras ser expulsados de nuestras casas y sufrir años de negativas a dialogar, escuchar y legislar, tuviéramos la oportunidad de protestar y señalar a quienes podrían (y debían) haber evitado las pesadillas que han marcado de por vida a nuestras hijas e hijos.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación por el intento de boicot que un grupo de estudiantes hizo a políticos constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) la semana pasado. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, expone que el objetivo de la “reprobable” protesta no era otro que “reventar” el acto en el que participaron la candidata del PP por Barcelona el 28A, Cayetana Álvarez de Toledo, o el alcaldable de Ciudadanos a la capital catalana, Manuel Valls.

La investigación se ha abierto a raíz de la denuncia que interpuso Ciudadanos. En su decreto, Bañeres considera que la protesta “presenta con claridad” elementos propios de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas (castigado con hasta tres años de prisión), y ordena a la Fiscalía de Sabadell investigar el escrache.

“Los manifestantes autodenominados antifascistas procedieron a gritar consignas propias de su ideología, acompañadas de insultos y otras expresiones amenazantes hacia los pacíficos concurrentes [los políticos constitucionalistas]”, relata el fiscal.

Los concentrados, además, “obstaculizaron el libre acceso al auditorio” donde los políticos debían asistir a una conferencia organizada por un grupo de estudiantes constitucionalistas, por lo que los Mossos d'Esquadra tuvieron que disponer de un cordón de seguridad “para proteger la integridad física de los que pretendían acceder al acto y conjurar la actuación violenta”.

El fiscal censura con contundencia el intento de boicot de los estudiantes: tilda sus conductas de “coactivas” y “obstativas” del legítimo ejercicio de reunión, manifestación y expresión en el espacio público de los constitucionalistas y considera que la protesta es “especialmente reprobable” y “carece de cualquier tipo de justificación” al producirse en un entorno universitario en el que dichos derechos “deberían estar especialmente salvaguardados y tutelados por la autoridad educativa”.

Con todo, Bañeres niega la petición de Ciudadanos para que la investigación recayera en la Fiscalía Superior de Catalunya y no a la de Sabadell. El partido pretendía que fuera la Fiscalía Superior quien asumiera las pesquisas en base a un tuit del diputado de la CUP –y por lo tanto aforado– Carles Riera en el que animaba a participar en la protesta. El fiscal, sin embargo, recuerda que el tuit se emitió cuando el intento de boicot ya había acabado y no hace una “referencia a una concreta voluntad de reventar u obstaculizar el acto”.

El caso del 'escrache' al coche oficial del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en 2014 se ha saldado con absoluciones para siete de los nueve acusados y penas mínimas para los únicos dos jóvenes condenados. La Audiencia de Barcelona ha condenado a José Miguel D.C a seis meses de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, mientras que la pena impuesta a Pau F.G. ha sido de un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad. Ambos no tendrán que entrar en prisión al ser penas menores a dos años.

La sentencia supone un revés casi total a las tesis de la Fiscalía, que pedía ocho años de prisión para el acusado que finalmente ha sido condenado a seis meses. En concreto, el tribunal sentencia que el joven golpeó con un palo al mosso d'esquadra que evitó que se acercara al coche de Montoro y de otros líderes del PP después de un mitin de la campaña de las europeas de 2014. En el caso del joven condenado a un año de cárcel la pena solicitada por el ministerio público era de cuatro años. A todos los acusados la Fiscalía aplicaba una agravante por discriminación ideológica que el tribunal descarta.

La propia Fiscalía, pese a las elevadas penas solicitadas, reconoció que no había podido hallar a los autores concretos del lanzamiento de piedras y botellas contra la comitiva de políticos, entre los que se encontraban la diputada Alicia Sánchez–Camacho y el eurodiputado Santiago Fisas. El joven Pau F.G. sí ha sido condenado por dar dos patadas al coche oficial “con ánimo de menoscabar el principio de autoridad” que representaban los políticos. Los hechos probados de la sentencia indican que fue apartado inmediatamente por los Mossos d'Esquadra.

Respecto a los dos condenados, las magistradas de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona remarcan que no se ha podido probar que lanzaran objetos contra la comitiva. En el mismo sentido se expresa el tribunal sobre los otros siete acusados que han terminado absueltos. Para empezar, porque de tres de ellos ni siquiera se ha podido probar que estuvieran en la parte de atrás del edificio por el que salieron los coches oficiales una vez se comprobó que la salida por la puerta principal no era posible debido a lo protesta que habían convocado colectivos independentistas y la PAH.

Sobre los otros cuatro, las magistradas concluyen que “no existe prueba de cargo suficiente que permita atribuirles actos de lanzamiento de objetos, ya fuera hacia los vehículos o hacia los agentes de la autoridad”. Tampoco ve el tribunal que la protesta “tuviera como finalidad alterar la paz pública, sin perjuicio de que se generara una alteración momentánea del orden y un caos evidente” durante el “momentáneo y puntual entorpecimiento del turismo” oficial del por entonces ministro.

En suma, el tribunal no ve acreditado que la protesta tuviera como objetivo amenazar a los políticos o incitar a la violencia directa contra ellos, al contrario que la Fiscalía, que acusaba a los jóvenes de formar un “grupo organizado” para frustrar la celebración del mitin del PP. El tribunal recuerda que el acto político se pudo celebrar sin problemas, y que el 'escrache' contra la comitiva oficial se produjo al finalizar el mitin.

Un día después de que el restaurante Red Hen de Virginia pidiera a Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, que abandonara el local, la congresista demócrata por California Maxine Waters tenía que hablar frente a una multitud de seguidores en Los Ángeles. Hasta ese momento, los líderes demócratas habían pedido que la reacción frente a la Administración de Trump se mantuviera dentro de los límites de la protesta respetuosa. 

Convertida en líder de la resistencia a Donald Trump dentro del Congreso, Waters se salió del guión. “Asegurémonos de estar donde sea que tengamos que estar”, dijo a la multitud. “Si ven a cualquier miembro de ese Gabinete en un restaurante, una tienda o una gasolinera, salgan y junten una multitud. Presiónenles. Y díganles que ya no son bienvenidos en ninguna parte”.

En los días que siguieron, líderes demócratas como Nancy Pelosi y David Axelrod tomaron distancia de los comentarios de Waters y pidieron mantener las formas. Trump atacó personalmente a Waters y dijo que era una “persona con un cociente intelectual extraordinariamente bajo”. Pero Waters estaba dando voz, y tal vez también legitimidad, a una forma de activismo que no ha dejado de crecer desde el ascenso de Trump: acosar a los miembros de su equipo cuando aparecen en lugares públicos.

El fin de semana pasado, una mujer llamó “pedazo de basura” a Steve Bannon mientras este hojeaba libros en una librería. Un camarero le hizo la peineta a Stephen Miller (dicen que a continuación Miller tiró el plato de sushi de 80 dólares que acababa de comprar). Y un grupo de manifestantes persiguió al senador Mitch McConnell fuera de un restaurante de Kentucky y hasta su coche gritándole “cabeza de tortuga” y “sabemos dónde vives”.

Es la continuación a una serie de encuentros vividos por otros miembros del equipo de Trump. A la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, un grupo de manifestantes le gritó “vergüenza” mientras comía en un restaurante mexicano. El exresponsable de la agencia medioambiental, Scott Pruitt, estaba almorzando la semana pasada cuando le abordó Kristin Mink, una profesora de colegio que pidió su dimisión. “Antes de que tus escándalos provoquen tu expulsión”, le dijo mientras sostenía a su hijo de dos años. Días después, Pruitt renunció. En una carta, Pruitt apuntó a “los ataques implacables” contra su persona como el motivo de su marcha, aunque lo más probable es que Trump se lo pidiese.

Las virtudes de la estrategia se han debatido después de cada caso. Muchos piden que se guarden las formas o dicen que aplicar técnicas al estilo de Trump justifica que les ataquen a ellos. Hay consenso en que escarnios como el de Mink, elocuentes y sin violencia verbal, son más aceptables que corear ataques personales o usan un lenguaje amenazante.

Pero mientras continúa el debate sobre su ética, la sensación general (incluso entre las víctimas de los ataques) es que estos encuentros han creado exactamente lo que Waters pedía: que los que eligieron trabajar para Trump sientan que “no son bienvenidos” en muchas partes de la sociedad.

“Avergonzar en público a los funcionarios del régimen de Trump no sólo es útil, sino un imperativo moral en estos tiempos difíciles”, afirma Markos Moulitsas, fundador de Daily Kos y autor el año pasado de ‘The Resistance Handbook: 45 Ways to Fight Trump’, un manual con consejos prácticos para manifestantes y asociaciones civiles.

“Tenemos un Partido Republicano que se ha rendido ante los rusos, que alienta a nazis y supremacistas blancos, que separa a las familias y encierra en jaulas a niños, ¿y se supone que debemos tratar a estas personas como miembros respetables de la sociedad? No tenemos más remedio que convertirlos en parias, ahora y para siempre”.

A la causa le viene bien la amplia cobertura mediática que reciben los incidentes. En una época de manifestaciones y marchas cada fin de semana, a los movimientos de protesta les cuesta captar la atención de los medios. Pero involucrar directamente a miembros del Gobierno o a líderes republicanos, especialmente cuando hay vídeos, es una manera casi segura de que la protesta tenga impacto.

En varios de estos hechos, como el de Pruitt y el de Bannon, han participado mujeres que se dirigían a políticos masculinos. Es algo reseñable, ya que gran parte del movimiento contra Trump ha sido liderado por mujeres. “Ya no se puede hablar de ‘reglas de civismo en una democracia’ si lo que está en juego son derechos humanos básicos. No hay nada de civismo en dejar a las mujeres sin acceso a la salud reproductiva o en robar los hijos a sus padres en la frontera sin un plan para que se reencuentren”, denuncia Emma Gray, que en su libro ‘A Girl's Guide to Joining the Resistance’, busca una forma de aprovechar la energía política de la Marcha de las Mujeres.

La mayoría de los demócratas del establishment está pidiendo a los manifestantes que no acosen a los miembros del Gobierno. En su discurso ante el pleno del Senado, el líder de la minoría, Chuck Schumer, pidió cortesía tras los comentarios de Waters: “Si no está de acuerdo con un político, organice a sus conciudadanos para que actúen y sea destituido. Pero nadie debe pedir el hostigamiento de los opositores políticos. Eso no está bien. Eso no es propio de América”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que contribuye en muchos proyectos de resistencia a Trump, también cree que a Sanders tenían que haberle dejado comer en el Red Hen. En una declaración publicada en la web de ACLU se dice que el derecho de Sanders a comer en el restaurante es el mismo que el de la pareja gay que pidió un pastel de bodas en Masterpiece Cakeshop (la pareja demandó a una pastelería por negarse a preparar su tarta de bodas argumentando motivos religiosos y finalmente el Tribunal Supremo falló en favor del negocio).

“Una vez que uno elige abrir un negocio al público, asume como mínimo la obligación moral, y a menudo también legal, de respetar las normas inherentes a la palabra ‘público’. ‘No eres un miembro legítimo del público’, eso es lo que está diciendo un negocio que rechaza a un cliente, ya sea el Red Hen negándose a servir a Sanders o el Masterpiece Cakeshop, negándose a hacer un pastel para Charlie Craig y David Mullins”, dijo ACLU.

Para Moulitsas, sin embargo, esa es precisamente la clave: sacar a los altos cargos de Trump de la esfera pública como una potente herramienta política. Dice que los altos cargos de Trump son libres de decidir si les merece la pena destruir la vida de otras personas a cambio del escarnio público. “A ninguno de ellos se le debería permitir una comida tranquila en público, a menos que quieran pasarse todo el tiempo en ese país rural que dicen amar tanto. Están destruyendo vidas todos los días, literalmente matando a gente en muchos casos, así que no pueden ser tratados como si fueran la realeza. Necesitan hacer frente a la realidad de sus elecciones”.

Traducido por Francisco de Zárate

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha afirmado en el juicio por el “escrache” que sufrió en 2014 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que fueron “prudentes” para evitar atropellar a los concentrados, en contra de la versión que han sostenido los seis jóvenes acusados en el caso.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este miércoles la tercera sesión del juicio por este caso, en el que la fiscal pide penas de hasta ocho años de cárcel para seis jóvenes por atacar a la comitiva del PP tras un mitin, el 21 de mayo de 2014, de la campaña de las elecciones europeas, arrojando piedras y dando patadas y golpes a los vehículos en que iban el exministro Montoro y Sánchez-Camacho.

A diferencia de la versión esgrimida por los acusados ante el tribunal, en el sentido de que fue el coche del ministro el que se abalanzó sobre ellos, Montoro ha sostenido que el chófer, a quien ha felicitado por su profesionalidad, hizo una conducción “lenta y prudente para evitar cualquier tipo de atropello”.

Montoro, que ha declarado por vídeo-conferencia desde el Congreso, ha resaltado que, más que por su seguridad, lo que le preocupaba era que el enfrentamiento que estaba produciendo en Vilanova en contra de la comitiva del PP provocara “daños irreparables” para los policías desplegados o para los concentrados.

No obstante, ha celebrado que, pese a la “violencia” ejercida por los protestantes, nadie resultó herido. Con mayor dureza se ha expresado ante el tribunal la entonces líder del PP Alicia Sánchez-Camacho, que ha asegurado que sintió “pánico” porque temía que los concentrados pudieran romper las lunas del coche, que era del PP de Cataluña y no del ministro y no estaba blindado, o que incluso lo volcaran porque lo estaban golpeando y “zarandeando”.

“Me pareció eterno, pasé mucho miedo”, ha relatado Camacho, que ha desvelado que la “encerrona” que sufrió en Vilanova fue el “momento de mayor riesgo real” de su carrera política y ha agregado que seguía aún sin entender por qué los Mossos d'Esquadra les impidieron salir por la puerta principal y tuvieron que optar por una vía lateral, en una calle peatonal.

¿Protesta pacífica o ataque por motivos ideológicos? Esto es lo que deberá decidir la sección 5 de la Audiencia de Barcelona, donde este lunes ha arrancado el juicio contra nueve jóvenes por los disturbios que se produjeron tras un mitin del PP en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) de las elecciones europeas de 2014 en el que participó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los acusados han alegado que la salida de los coches les pilló por sorpresa, y que de hecho tuvieron que apartarse por miedo a ser atropellados.

Las penas que solicita la Fiscalía son altas en un caso que se juzgan los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. El motivo es que el ministerio público pide aplicar una agravante por discriminación ideológica. Para uno de los jóvenes reclama ocho años de prisión por golpear con un palo de bandera el vehículo oficial y a un mosso. Y para los otros cinco acusados solicita cuatro años de cárcel, además de multas que van de los 1.000 a los 200 euros. La fiscal no ha podido hallar a los autores concretos del lanzamiento de piedras y botellas contra la comitiva de políticos.

Las defensas reclaman la absolución. La declaración de los acusados se ha centrado en negar las acusaciones y en enmarcar la protesta en el pacifismo, además de remarcar que el coche se les abalanzó, ya que salió de la zona por una calle estrecha distinta a la que había servido a los políticos para acceder al mitin.

“Fueron los coches oficiales los que se lanzaron sobre los manifestantes y no los manifestantes sobre los coches, fui apartado para que no me atropellaran”, ha manifestado M.G. “Los coches tiraron contra la masa, temí que me atropellaran”, ha abundado P.F. “No estaba voluntariamente delante del coche, el vehículo se dirigió hacia mi”, ha seguido J.M.A. “El coche se puso delante mío y le hice un gesto para que aminorara la velocidad, que fue justo cuando un mosso me dio tres porrazos”, ha aseverado J.P.

Han coincidido además que el cordón policial de los Mossos era “disperso”y “débil”, lo que facilitó el avance de la comitiva oficial. “Si hubiésemos querido habríamos podido romper el cordón policial, pero no lo hicimos”, ha zanjado A.C.

Todos los acusados también han negado haber proclamado las consignas que les atribuye la Fiscalía. La fiscal, que ha acudido y ha salido de la vista con escolta policial, ha preguntado a los jóvenes si profirieron a la comitiva oficial, entre otros insultos, “hijos de puta”, “asesinos”, “terroristas”, “cabrones, os vamos a matar”, “estafadores”, “fascistas”, “sal si se atreves, vamos a por ti”. La respuesta negativa ha sido unánime.

El peso del interrogatorio, sin embargo, no lo ha llevado la fiscal sino la abogada de la acusación particular ejercida por un policía local de Vilanova. Las defensas han pedido expulsar del juicio a esta acusación ya que las lesiones provocadas por un menor al agente ya se juzgaron. El tribunal sin embargo, ha permitido mantenerse como acusación particular al agente. A preguntas de la letrada, dos acusados se han reconocido en fotografías obrantes en el sumario, en las que se les ve en el lugar de los hechos, aunque han negado provocar cualquier tipo de disturbios.

Las imágenes y los vídeos que obran en la causa resultarán claves a la hora de sentenciar el caso. En menor medida lo serán los testigos, en su mayoría agentes de los Mossos d'Esquadra y de la policía local de Vilanova, que comparecerán a partir de este martes. El miércoles será el turno de los políticos: declararán el exministro Cristóbal Montoro por videoconferencia, además de la diputada del PP Alicía Sánchez Camacho y el eurodiputado popular Santi Fisas.

El Juzgado de los Penal Número 3 ha notificado este jueves la absolución de los seis jóvenes acusados por el escrache al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en un acto celebrado en la Universidad en 2014. Los seis jóvenes han sido exculpados de los delitos de coacciones y de diferentes faltas contra el orden público tras el juicio celebrado en una primera vista el pasado mes de octubre, marcada por las movilizaciones en apoyo a los acusados, y en una segunda en diciembre cuando quedó visto para sentencia.

El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación contra él en la Audiencia Provincial en el plazo de diez días hábiles. A través de Twitter, la cuenta de este mediático caso conocido como Preguntar No Es Delito ha dado a conocer la noticia de la absolución de los jóvenes “injustamente acusados”. “Como defendimos desde el principio”, han recordado con satisfacción.

La magistrada considera en el escrito que no se ha acreditado que estas personas cometieran un delito de coacciones y tampoco el delito de daños que se atribuía a una de ellas, referentes al coche oficial del expresidente. No obstante, sí que constata en los insultos que tres de ellos profirieron contra Ignacio Diego una “falta contra el orden público” en la modalidad de falta de respeto y consideración a la autoridad. Sin embargo, la juez les absuelve al considerar que ha quedado prescrita.

Este caso ha despertado en los últimos años, y más concretamente según se iba aproximando la fecha del juicio, una oleada de solidaridad por parte de la comunidad educativa a través de actos y manifestaciones denunciando lo que consideraban como “un montaje policial” y una “injusticia”.

Versiones contradictorias y vídeos que desmontaban las versiones de los escoltas del expresidente sobre lo ocurrido aquel día encendieron a la opinión pública y se generó un movimiento de apoyo a los estudiantes durante este proceso que ha durado cuatro años.

Los jóvenes activistas acudieron al acto de Ignacio Diego en la UC bajo el título 'Tengo una pregunta para usted' donde se manifestaron de forma pacífica en favor de la Educación Pública y contra la política de recortes en esta materia que llevaba a cabo el Gobierno del PP. En ese momento fueron identificados y acusados de “indicios racionales de criminalidad” y de haber tratado de impedir la salida del recinto al presidente mediante “un cordón”.

Sobre este asunto, la magistrada entiende que existen “discrepancias en los testimonios” de ambas partes fruto de la “distinta percepción que cada uno de los afectados e implicados tuvieron de un mismo hecho”. A su juicio, aunque los manifestantes no permitieron que los coches accedieran al túnel de salida dado que se colocaron en la salida del mismo, “no queda en modo alguno acreditado que lo hicieran para impedir el paso del presidente regional a los vehículos, y no para mostrarle la pancarta y hacerle llegar sus protestas, con la repercusión pública que además suponía la nutrida presencia de medios de comunicación”.

“Pese a su posición inicial, ninguno de ellos se aproxima ni tan siquiera al pasillo lateral por el que el presidente avanza en su trayectoria hasta la llegada al vehículo de reacción, sin haberle obstaculizado el paso”, recalca la jueza. Más adelante, insiste en el mismo sentido al señalar que el tumulto “no fue estrictamente violento frente a la figura presidencial, contra quien no se ejerció fuerza física, o coerción”.

Asimismo, apunta que “no se aprecia un grave atentado contra la libertad y la seguridad del presidente regional, puesto que la finalidad perseguida aparece más dirigida a la protesta y a la crítica política, amparada en el derecho a la libre expresión y derecho de manifestación”.

42 años de cárcel inicialmente

Desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas fueron las principales acusaciones por las que se les pidieron inicialmente 42 años de cárcel y elevadas sanciones económicas. Finalmente, las penas se redujeron a multas de 4.400 euros para cada uno de las que ahora han quedado absueltos.

Los jóvenes defendieron en todo momento su inocencia, señalando que no quisieron impedir la salida del expresidente y que sus escoltas les “empujaron y agredieron”. Aseguraron, apoyándose en las imágenes, que la protesta fue pacífica frente a la “hostilidad, insultos y amenazas” que denunciaron los escoltas de Diego, quienes no fueron capaces de concretar en sus identificaciones durante la vista oral.

La única acusación partió del Ministerio Fiscal ya que el expresidente solo se presentó como testigo. A pesar de que se le veía sonriendo durante los acontecimientos que se juzgaban, declaró que es una persona “muy feliz” y que los jóvenes mostraban una actitud “agresiva”. Estos, por su parte, se defendieron afirmando que en ningún momento opusieron resistencia y denunciaron agresiones en forma de puñetazos por parte de los escoltas.

El fiscal ha pedido este miércoles una multa de 1.800 euros y una orden de alejamiento durante seis meses para los cuatro miembros de España 2000 acusados de un delito leve de amenazas ante la vivienda particular de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.

El juicio por estos hechos, ocurrido la noche del pasado 18 de octubre, ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) y ha quedado visto para sentencia.

A la vista ha acudido también Mónica Oltra, quien a su salida ha escrito en su perfil de la red social Twitter: “Muchas gracias a todas las personas que hoy me han mostrado su apoyo y cariño, os he sentido muy cerca. Recordar hoy en el juicio el acoso que sufrí ha sido doloroso pero nunca bajaremos la cara ni dejaremos de trabajar igual que venimos haciendo. Esperemos la sentencia”.

El juicio se dirigía inicialmente contra el líder del partido político España 2000, José Luis Roberto, identificado en la denuncia interpuesta por la parte perjudicada, y otras dos personas cuya identidad aportó la Guardia Civil a petición de la jueza.

Roberto ha reconocido en el juicio los hechos y ha explicado que lo único que pretendían era recordarle a la vicepresidenta valenciana “que es española”. Oltra, quien ha declarado antes que el dirigente ultraderechista, ha asegurado que los hechos afectaron mucho a sus hijos de 10 y 14 años.

Después de que el juzgado hubiera puesto fecha al juicio, la Abogacía de la Generalitat facilitó el nombre de otra persona, que se incorporó como denunciado al procedimiento y también ha sido juzgado este miércoles.

La jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigado con una pena de multa, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, según el cual “el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia interpuesta por la Abogacía de la Generalitat el 20 de octubre, por si los hechos pudiesen constituir un delito de acoso, de odio o de desorden público.

La noche del pasado 18 de octubre un grupo de personas encapuchadas y/o con caretas de la película “Scream” se concentró frente al domicilio de la vicepresidenta y desplegó una gran bandera española con el lema “Viva la unidad de España”.

Mediante un altavoz portátil, emitieron diversas consignas e hicieron sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan “hacia el interior del domicilio familiar”.

La denuncia reflejó que se hicieron comentarios como: “Estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a ponerle un poco de música española, para decirle que estamos en España y en la C.Valenciana”.

El acoso de José Luis Roberto, líder de la ultraderechista España 2000, a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís Mónica Oltra acabará en un juzgado de Llíria y la también consellera de Igualdad ha asegurado este viernes que solicitará al juzgado que incorpore las nuevas “amenazas” que ha recibido esta misma semana, vertidas a través del perfil de Roberto en las redes sociales.

Oltra ha lamentado que organizaciones de extrema derecha como España 2000 y personas como su líder, a quien la vicepresidenta se refirió este jueves como 'Voldemort' -el malvado mago protagonista de la saga literaria y cinematográfica de 'Harry Potter'-, “se creen con el derecho de amenazar a alguien porque piensa diferente, de pegar a manifestantes o de abrir la cabeza a otro por llevar unos tirantes determinados”.

En su opinión, estas personas “no tienen cabida en esta sociedad”, por lo que ha reivindicado una sociedad en la que tenga cabida todo el mundo “menos la intoleracia, la violencia y la falta de respeto”.

“Aviso a navegantes”

Roberto, quien fue una de las personas que acosaron a Mónica Oltra y su familia en su casa el pasado 18 de octubre, publicaba este miércoles un mensaje en Facebook que bajo el título 'Aviso a navegantes' calificaba a la líder de Compromís de “marisabidilla”, “chivatilla” o “repelente niña Vicenta” y le decía: “¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente. Ni olvido ni perdón”.

Precisamente, esta misma semana se conocía que un juzgado de Llíria investigará la concentración intimidatoria de varios miembros de España 2000 frente a la casa de Oltra por si hubieran incurrido en un delito de amenazas. Además, solicitó a la Guardia Civil que identificara a quienes protagonizaron el acoso.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha defendido ante la jueza que el manifiesto contra la presencia policial en el municipio que firmaron los concejales de su grupo, ERC, AraReus y la CUP buscaba “recuperar la convivencia” y “tranquilizar” a la población tras las cargas del 1-O.

Pellicer ha declarado este jueves como imputado por un presunto delito de incitación al odio ante la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus, que mantiene abierta una investigación contra él y otras 13 personas por su actuación contra la presencia de antidisturbios de la Policía que se alojaban en el Hotel Gaudí de Reus desde mediados del mes de septiembre y hasta mediados de octubre, cuando finalizó el contrato.

Del total de 14 imputados, siete son el alcalde y los concejales independentistas por un manifiesto del pasado 4 de octubre en el que condenaban la “violencia” ejercida por los cuerpos policiales el el 1-O y criticaban que los antidisturbios convivieran “con nuestro vecindario”. Por ello pedían al Gobierno revertir el despliegue de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya.

Los políticos animaban además al hotel de Reus a hacer “hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata” los agentes dejaran sus establecimientos. Vecinos de Reus protestaban desde el 1-O frente al hotel donde estaban alojados los policías en protesta por las cargas.

El resto de imputados, a raíz de una denuncia de la Policía, son bomberos que presuntamente participaron en las protestas frente al hotel y el propietario de un gimnasio que presuntamente habría vetado al entrada en su establecimiento a algunos agentes. Estos últimos están citados este viernes.

Junto a Pellicer, estaban citados este jueves la teniente de alcalde Montserrat Vidella, también del PDecAT; el portavoz del grupo municipal AraReus, Jordi Cervera; la de ERC, Noemí Llauradó, y la de la CUP, Marta Llorens, además de los concejales de la CUP Mariona Quadrada y Oriol Ciurana.

Vidella ha recordado que la manifestación denunciada fue “en absoluto silencio” y “con las manos en alto”, por lo que no puede ser tachada de violenta ni de incitar al odio.

De los tres concejales de la CUP citados a declarar, Marta Llorens y Oriol Ciurana se han negado a acudir y, a la puerta de los juzgados, Llorens ha calificado de “caza de brujas” la causa judicial. Ciurana, por su parte, ha manifestado que obedecen a “la República catalana y no a los juzgados españoles”. Una tercera concejal de la CUP, Mariona Quadrada, tampoco ha declarado porque su abogada tenía otro señalamiento.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous durant la sessió de control en les Corts que l'Advocacia de la Generalitat denunciarà davant la Fiscalia l'assetjament patit en la nit del passat dimecres per la vicepresidenta Mónica Oltra, quan un grup de persones d'extrema dreta es va plantar en la porta de la seua casa amb les cares tapades portant una gran bandera d'Espanya i cantant a crits cançons “per la unitat d'Espanya” i acusant a Oltra i Compromís de voler “trencar Espanya”, per si fóra constitutiu d'un possible delicte d'odi.

“No anem a consentir que un grup de feixistes posen en perill la democràcia”, ha assegurat el cap del Consell, qui insistia: “No consentirem ni els actes del 9 d'Octubre [quan un grup d'ultres de l'extrema dreta van rebentar la manifestació convocada per col·lectius nacionalistes i d'esquerres i van agredir alguns participants en la marxa], ni les agressions d'ahir a la vicepresidenta. No consentirem que el feixisme torne als carrers”.

La pròpia vicepresidenta, per la seua banda, ha defensat la democràcia com “el major invent políticament”. “Tothom pot expressar el que pensa, totes les idees caben en democràcia, però no es pot posar una diana en la front de qui no pensa igual: No siguen còmplices”, els ha dit als membres del Partit Popular.

Finalment, la portaveu popular en el parlament valencià, Isabel Bonig, s'ha sumat en nom del PP, a la condemna: “No és llibertat d'expressió; ni ho era ara, ni abans”, al mateix temps que ha comparat la situació patida per Oltra amb els escarnis que determinats col·lectius van fer en el passat a membres del Partit Popular: “Portarem fotos de com es feia amb Rita Barberá, González Pons, José Císcar...”.