El diputado de Vox que pide cárcel a vecinos del Raval por una protesta sin heridos: “Temí perder la vida”

Llamar “estercolero multicultural” al Raval, visitar el barrio a los pocos días y acusar de delito de odio contra Vox a los vecinos que protestaron por el insulto. Este es el recorrido que ha seguido la causa que este lunes ha empezado a juzgar la Audiencia de Barcelona, marcada por los polémicos informes policiales contra los acusados.

En el banquillo se sientan ocho vecinos del barrio barcelonés a los que los diputados de extrema derecha en el Congreso y el Parlament Rocío de Meer e Ignacio Garriga piden hasta seis años de cárcel por varios delitos relacionados con una protesta que terminó sin heridos y cuyos daños más significativos fueron unas pintadas en un hotel y los huevos lanzados al traje del secretario general de Vox.

Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2020. Una semana después de que De Meer llamara “estercoleros multiculturales” a varios barrios desfavorecidos como el Raval en una sesión de la Diputación Permanente del Congreso, una comitiva de extrema derecha acudió para, según han explicado en el juicio ambos dirigentes, “grabar un vídeo con opiniones de vecinos” sobre el barrio.

La acción de Vox en el Raval se enmarca en una estrategia de la extrema derecha de visitar zonas a las que ha insultado previamente desde las instituciones y que el partido ha repetido en otros barrios de España. A menudo, la formación de extrema derecha usa las protestas en su contra para su discurso político.

En Barcelona, Vox ha ido más allá y acusa de delito de odio (un delito pensado para proteger a colectivos tradicionalmente discriminados como los migrantes o los homosexuales), amenazas y coacciones a ocho vecinos del Raval que acudieron a protestar contra la visita de De Meer y Garriga. La Fiscalía no reclama penas de prisión y deja el reproche penal de los hechos en una multa, pero sí ve un agravante de discriminación ideológica y un “desprecio” contra Vox en la actuación de los acusados.

Según ha declarado Garriga, cuando la comitiva del partido estaba paseando por el barrio, se encontró con un grupo de unas 30 personas que empezaron a insultarles y a gritarles “fuera fascistas de nuestros barrios”. Los miembros de extrema derecha, ha agregado, buscaron “resguardarse” en un hotel a instancias de sus escoltas tras recibir lanzamientos de lejía, huevos y otros objetos. Allí permanecieron unos treinta minutos hasta que salieron una vez la protesta había perdido intensidad.

“Me sentí secuestrado, temí perder la vida o un ojo”, ha declarado Garriga, pese a reconocer que no sufrió lesiones personales. “Sufrí por mi integridad física”, ha apostillado De Meer en una declaración por videoconferencia con muchos problemas técnicos. La diputada ha admitido que la decisión de acudir al Raval se tomó dos días antes, una vez pronunciado su discurso incendiario en el Congreso.

La vista se alargará hasta la próxima semana y los acusados declararán en último lugar. Este lunes, las defensas, que ejercen los penalistas Laia Serra, Carlos Hurtado, Eva Pous y Norma Pedemonte, han formulado una batería de cuestiones previas para intentar anular aspectos esenciales del caso e incluso pedir la aplicación de la amnistía a los acusados, algo que el tribunal ha denegado por ahora a la espera de si el juicio muestra que es un caso relacionado con el procés.

De especial relevancia resultan los “informes de polarización” que Policía Nacional y Mossos d'Esquadra elaboraron contra los acusados. Se trata de informes que inicialmente estaban pensados para causas de terrorismo pero que se han extendido ahora a casos como el denunciado por Vox.

Los dos cuerpos policiales analizaron las banderas que llevaban en la protesta y las redes sociales de los vecinos del Raval en un documento que ha servido a Vox para presentarse como víctima de delito de odio, un tipo penal ideado para proteger a colectivos históricamente discriminados, como el LGTBI o los migrantes

“Es un fichero político de las actividades de los vecinos del Raval, es impermisible”, ha zanjado la letrada Laia Serra en su impugnación de esta prueba que sustenta las acusaciones de Vox y la Fiscalía. La abogada ha alertado además de que la información policial recogida sobre los acusados (entre ellos, el dirigente de Unitat Contra el Racisme, David Karvala) ha terminado en manos de la extrema derecha, lo que puede suponer un peligro para los acusados.

El informe de la Policía Nacional es el más extenso en sus comentarios y valoraciones de los hechos. Su estudio llega a indicar que los acusados se ampararon en el “etnocentrismo ideológico” para emplear “tácticas coactivas” contra la comitiva de Vox. Los responsables policiales de los informes declararán a finales de semana.