Diez años de Aturem el Parlament: "No tenemos rencor, pero algunos presos del procés aplaudieron nuestra condena"

Protesta de Aturem el Parlament

Hubo una tiempo no muy lejano en que la Generalitat y el Parlament de Catalunya fueron de la mano de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del pseudosindicato Manos Limpias para pedir cárcel contra activistas. Fue el caso Aturem el Parlament, la protesta del 15-M contra los recortes sociales que consumaron el Govern de Artur Mas en virtud de su pacto con el PP en 2011 y de la que el pasado martes se cumplieron diez años. Las familias de los ocho condenados, que permanecen en libertad sin saber si tendrán que entrar en prisión, han vivido esta década con angustia, pero también con solidaridad y esperanza. A día de hoy siguen a la espera de saber si el Gobierno les concede el indulto que pidieron hace más de seis años.

Mercè Juan, madre de Olga, una de las condenadas, recuerda las largas jornadas de juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en un polígono inhóspito a las afueras de Madrid. "El espacio es deshumanizador, pero allí las familias nos ayudamos mútuamente aunque nuestros hijos venían de trayectorias políticas distintas: solo te puede entender el padre y la madre que está pasando lo mismo que tú", rememora. "Diez años después estamos cansados, pero hemos aprendido mucho", apostilla.

Se da la circunstancia que el inminente indulto a los presos del procés adelantará a la resolución sobre la medida de gracia de los condenados por la protesta en el Parlament pese a que su caso es anterior al del procés. A Mercè Juan no le preocupa que el indulto de su hija tarde más que el de los lideres independentistas. "No tenemos rencor, pero algunos presos del procés aplaudieron nuestra condena", explica, al tiempo que contrasta los testimonios de los diputados de CiU con los del resto de formaciones políticas en el juicio contra su hija. "Los de Convergència dijeron que lo habían pasado fatal. A mi hija la condenaron por decirle 'no nos representas' a Santi Vila. El resto dijeron que eran gajes del oficio, y Ernest Maragall fue el que lo expresó mejor: contó que la protesta iba con el cargo".

Descartando las acusaciones de Fiscalía, Generalitat, Parlament y Manos Limpias, la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados –salvo a uno, al que condenó por una falta de daños por pintar la chaqueta de la exconsellera Montserrat Tura– en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez –el mismo que redactó la absolución del major Josep Lluís Trapero– y que para muchos juristas es un manual de defensa del derecho de reunión y la libertad de expresión. La sentencia contó con el voto particular del magistrado Fernande Grande–Marlaska, actual ministro del Interior.

Sin oír de nuevo a los acusados –algo irregular según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó por ello a España en el caso Atutxa–, el Tribunal Supremo condenó posteriormente a ocho de los manifestantes a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. No hubo diputados heridos, y la votación que aprobó los recortes se acabó celebrando después de que los diputados entraran en la Cámara escortados por los Mossos o en helicóptero, como fue el caso de Artur Mas. Pero la Sala de lo Penal del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente su presidente, Manuel Marchena, consideró que los reproches contra los recortes que los acusados realizaron a los diputados, o el hecho de que durante unos segundos les impideran el paso eran acciones de "fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave" que castiga el delito contra las altas instituciones del Estado.

La hemeroteca permite comprobar que desde fuerzas independentistas que ahora censuran al Supremo por el procés se aplaudió la condena a los ocho activistas del 15-M. "La sentencia concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Catalunya que cree que aquello no podía quedar como si no hubiera pasado nada", aseveró el entonces portavoz del Govern, el convergente Francesc Homs, posteriormente condenado por Marchena por el 9-N y que ahora forma parte del equipo de defensa de los presos del procés. Solo ICV-EUiA y la CUP criticaron abiertamente la sentencia. A medio camino se situó ERC. "No estamos de acuerdo en que los hechos queden impunes, pero la sentencia es desproporcionada", expresó en 2015 el ahora president, Pere Aragonès.

"Fue un 'déjà vu'"

A Mercè Juan algunas decisiones del Supremo en el caso del procés ya le sonaban. "Cuando a los presos políticos se les decía que habían causado intimidación o violencia ambiental, fue un 'déjà vu'". "La sentencia del Supremo muestra una visión muy reaccionaria de la gestión del espacio público, que aflora tanto con el 15-M como con el procés", valora el letrado Benet Salellas, que ejerció una de las defensas del caso Aturem el Parlament y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"Hay una continuidad en esta visión ideológica contraria al derecho funamental de reunión y a la jurisprudencia europea", agrega Salellas, para quien el fallo del Supremo "convirtió el derecho a manifestación en algo folclórico, sin tener en cuenta al ciudadano que es débil a la hora de confrontar con el poder". "El conflicto social debe expresarse de forma pacífica, pero debe ser conflicto", apostilla. La sentencia de la que fue ponente Marchena contrastó con el voto particular del magistrado del Supremo Perfecto Andrés, quien en un mensaje a sus compañeros de Sala dejó escrito que el caso Aturem el Parlament tenía tales "connotaciones políticas" que difícilmente "podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano".

La defendida por Salellas fue la primera en acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo después de que el Constitucional no admitiera su recurso de amparo. Pero en una polémica decisión, el TEDH rechazó la demanda, pues a su juicio en su recurso al Constitucional no se precisó de forma suficiente la "importancia constitucional" del caso. Otros condenados siguen esperando que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su recurso de amparo. Las perspectivas no son buenas: hace unos días el magistrado Cándido Conde-Cumpido, partidario de estimar los recursos, cedió la ponencia a otro magistrado que recogiera la opinión mayoritaria del tribunal y avalara la condena del Supremo.

Una vez se emita la sentencia del Constitucional, podrán acudir a Estrasburgo. Y seguirán esperando el indulto. "Nosotros vamos haciendo, no nos podemos permitir pensar que entrarán en la cárcel porque si no te coartan la vida", concluye Juan, que remacha: "El 'Ho tornarem a fer' ya lo llevaban en las camisetas nuestras hijas, y lo continuaremos diciendo muy orgullosos: los recortes aprobados ese día fueron una adversidad que todavía sufrimos".

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Publicado el
19 de junio de 2021 - 22:13 h

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