El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos que presentaron Magdalena Álvarez y Manuel Azuaga, exministra de Fomento y expresidente de AENA, contra las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre el accidente de Spanair de 2008 en el que fallecieron 154 personas. Unas conclusiones aprobadas en su momento con el voto en contra del PSOE y que apuntaron a errores tanto en AENA como en el Ministerio como también en la aerolínea: “Fallaron todas las barreras de seguridad que dan como consecuencia el fatal desenlace, no solo antes de la tragedia sino durante ella”, dijo el dictamen que ahora ratifica la sala primera del Constitucional y que tenía a Álvarez y Azuaga, entre otros, en la lista de responsables que tomaron decisiones controvertidas.

El vuelo JK5022 de Spanair se estrelló en las pistas del aeropuerto de Madrid el 20 de agosto de 2008 apenas unos instantes después de despegar. Después de un primer intento frustrado de despegar, los pilotos no extendieron los “slats” y “flaps” de las alas de la aeronave, dispositivos clave para el despegue y el aterrizaje de un avión. Fallecieron 154 personas y otras 18 sobrevivieron: la mitad de los pasajeros del vuelo eran residentes en Canarias, donde el avión siniestrado tenía su destino.

Los juzgados cerraron la vía penal, el Supremo estableció indemnizaciones para las familias y los supervivientes y las víctimas, finalmente, se concentraron en una segunda comisión de investigación del Congreso que arrancó en 2020 y aprobó sus conclusiones en abril de 2021. Conclusiones que apuntaron a los factores que llevaron al fallo de “todas las barreras de seguridad” relacionadas con el siniestro. Conclusiones que repartieron culpas entre todos los responsables del vuelo pero también de haber atendido mejor a las víctimas y afectados.

Esas conclusiones criticaron, por ejemplo, que Spanair hubiera obtenido “de forma automático, sin mediar inspeción” la prórroga del certificado que permitía volar al avión siniestrado. También que los pilotos despegaron sin hacer toda las comprobaciones necesarias por la presión de la compañía de tener que devolver el importe de los billetes si no salían puntuales. Y finalmente que el plan de emergencias del aeropuerto madrileño “no funcionó en ese fatídico día, su activación fue tardía”.

Varios de los aludidos en esas conclusiones como responsables llevaron el dictamen ante el Tribunal Constitucional: Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento, y Manuel Azuaga, entonces presidente de AENA, el gestor público aeroportuario, entre otros inculpados. Todos defienden que las comisiones parlamentarias de investigación no tienen la potestad de declarar responsabilidades penales y sus autores a través de sus dictámenes.

La revisión de la pieza política del caso ERE, tras anular el Tribunal Constitucional parte de las condenas a la antigua cúpula del Gobierno socialista de Andalucía, recaerá en cinco magistrados, dos juezas que ya dictaron la primera sentencia y otros tres nuevos, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El acuerdo gubernativo dictado por el presidente de la sección primera de la Audiencia de Sevilla implica que la nueva sentencia del caso ERE, a tenor de la enmienda que introdujo el Constitucional, estará en manos de una sala ampliada de jueces que, previsiblemente, agilizará el trabajo de revisión del fallo.

Estos cinco magistrados tendrán que determinar ahora si repiten el juicio entero -que contó con 150 sesiones-, si hacen vistas o no, si vuelven a llamar a testificar, o si dictan directamente una sentencia deliberativa, habida cuenta que se trata de una valoración jurídica -a raíz de la anulación del primer fallo que dictó el Constitucional- y no una valoración de los hechos denunciados hace más de 15 años.

El pasado julio, el pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de Chaves, los magistrados ordenaron a la Audiencia de Sevilla que reconsideren y rebajen su condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En el de Griñán, la sentencia anuló su condena de seis años de prisión por malversación y además encargó una nueva resolución al tribunal sevillano para que rebaje los 15 años de inhabilitación que le fueron impuestos por la prevaricación.

Previamente, el tribunal de garantías había estimado también de manera total o parcial los recursos de casi todos los exconsejeros socialistas condenados, como el de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que pasó un año en prisión y salió con el tercer grado. En otros, como el de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla recibió la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos. 

 En el acuerdo gubernativo, fechado este 7 de noviembre, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia acuerda que, además de las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles -dos de los tres magistrados que formaron parte del tribunal que enjuició y dictó sentencia en este procedimiento-, formen también parte de la Sala los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco, correspondiendo la ponencia a Pilar Llorente. 

 Este acuerdo, tal y como se recoge en su texto, se dicta una vez comunicado a la Sección Primera de la Audiencia el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que daba respuesta a la consulta urgente que le fue remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a la conformación del tribunal que deberá dictar la nueva sentencia.

 En concreto, la Sala de Gobierno del TSJA elevó una consulta sobre la posibilidad de que la magistrada Encarnación Gómez, actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Alicante y en la situación administrativa de excedencia voluntaria, se incorporase a la Sala para el dictado de la nueva resolución, informa el Alto Tribunal andaluz en un comunicado.

Teniendo en cuenta que el objeto de la consulta es de naturaleza jurisdiccional y que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíbe al CGPJ dictar instrucciones sobre la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, la Comisión Permanente del CGPJ respondió al TSJA informando de que “subsiste para la magistrada la obligación de concurrir a formar Sala para el dictado de la nueva sentencia”, y ello conforme al artículo 194.2.3. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Dificultad y trascendencia jurídica del procedimiento

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia toma esta decisión teniendo en cuenta varios aspectos, y en concreto que no puede integrar la Sala el magistrado que fue ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, y que debe designarse otro magistrado/a para dicha función, así como el contenido del artículo 199.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “que aconseja formar la Sala con los magistrados necesarios para formar mayoría”.

De igual modo, alude al contenido del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “que faculta para ser llamados para formar Sala a mayor número de magistrados cuando se estime necesario para la administración de justicia (lo que en el presente procedimiento es innegable por su dificultad y trascendencia jurídica)”, a lo que se suma que “el asunto a deliberar, sin perjuicio de lo que pudiera llegar a entender la Sala, podría configurarse en el sentido de tener una finalidad estricta y exclusiva de acomodar jurídicamente la base fáctica ya establecida a la situación y razonamientos dimanantes de la sentencia del Tribunal Constitucional”.

 Conforme al acuerdo gubernativo dictado, deberá formarse la Sala ampliada en el procedimiento indicado, notificarse su constitución a las partes personadas, y dictarse por la misma las resoluciones que procedan. Este acuerdo ha sido adoptado conforme a lo resuelto por el CGPJ y lo interesado por el TSJA y la Presidencia de la Audiencia Provincial sobre la base de las funciones Gubernativas que, según el artículo 198.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponden a los presidentes de las Secciones.

El Tribunal Constitucional ha dictado una docena de sentencias que dibujan un nuevo escenario en el caso de los ERE de Andalucía. Resoluciones que amparan a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazan al mínimo las acusaciones, aunque no elimina la existencia de irregularidades en el sistema de ayudas ni las responsabilidades penales de varios de ellos. El balance, tras un mes de deliberaciones, es de diez recursos estimados, cinco excarcelados y la duda de cómo afectará esto a las decenas de piezas separadas pendientes de juicio por cada adjudicación concreta de dinero público salida de esas partidas presupuestarias.

Las resoluciones no han borrado por completo el fraude en la gestión del sistema de ayudas implantado en los años noventa en el seno de la administración andaluza: varios ex altos cargos de la Junta siguen condenados por malversación, y la mayor parte de ellos seguirán condenados por prevaricación aunque con sanciones inferiores. Pero sí descarta la existencia de una estrategia conjunta y coordinada de los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán para mantener el sistema de reparto descontrolado de ayudas sociolaborales hasta llegar a los 670 millones de euros.

Los argumentos para estimar los recursos, de forma total o parcial, han sido repetidos en casi todas las sentencias: no se puede sancionar por la vía penal un proceso legislativo, en este caso de la administración andaluza. No es “previsible”, dice el Constitucional, considerar prevaricación o malversación el anteproyecto de unos presupuestos que después aprobaba el Parlamento.

En otros muchos casos las condenas de prisión de malversación han quedado anuladas porque, además, según el Constitucional ni el Supremo ni la Audiencia de Sevilla argumentaron correctamente la razón por la que inculpaban a cada alto cargo más allá de adjudicarle la responsabilidad en función de su puesto en el organigrama.

El balance es de diez recursos estimados y dos desestimados: el del exconsejero José Antonio Viera y el del exdirector de Trabajo, Juan Márquez. Los dos condenados a siete años de prisión y cuyas sentencias se quedan intactas por defectos en sus recursos. El resto de encausados han visto modificadas sus penas: se eliminan las de prisión por malversación y, además, la Audiencia de Sevilla debe revisar a la baja las condenas de inhabilitación, que no implican la entrada en la cárcel.

Para el Constitucional no hubo delitos ni irregularidades en la cocina de los presupuestos donde estaban las partidas y las ayudas que se repartieron de forma fraudulenta. Pero no cierra la puerta a que se dicten condenas de inhabilitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación directa de algunas de estas subvenciones procedentes de partidas que no tenían ese objetivo.

Los argumentos de la mayoría progresista del Constitucional mezclan lo expresado por la Fiscalía en amparo con lo que dijeron dos magistradas del Tribunal Supremo, Susana Polo y Ana Ferrer, en sus votos particulares. “No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado con conocimiento los hechos”, dice el tribunal de garantías sobre la sentencia del Supremo sobre su condena de malversación, la que le acarreó seis años de prisión porque todos “actuaron con conocimiento de las irregularidades”.

La vertiente más institucional del caso, que marcó la vida política en Andalucía después de décadas de gobierno socialista, se ciñe a actos más cercanos a la concesión concreta de cada ayuda: las modificaciones presupuestarias de finales de 2004 en el programa 3.2H, por ejemplo, sí pueden ser considerados prevaricadores, entre otros. “Los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”. Las nuevas sentencias, que no tendrán cárcel y sí tendrán menos inhabilitación, vuelven a manos de la Audiencia de Sevilla.

“Hace tambalearse los pilares del Estado de Derecho”

Las sentencias del Constitucional no son las últimas resoluciones que los jueces españoles tendrán que dictar sobre el caso de los ERE de Andalucía. Los tribunales de la región tienen un centenar de piezas separadas pendientes de sentencia firme, analizando en cada una la gestión concreta de las ayudas que salieron de la partida presupuestaria que centra el caso: la 31-L. El conocido como “fondo de reptiles”. Juzgados y tribunales de Andalucía, por tanto, todavía tienen mucho que decir sobre la gestión irregular de millones de euros, a la espera de saber si estas decisiones del tribunal de garantías afectan de alguna manera a estas causas.

Esta misma semana, la Audiencia de Sevilla ha impuesto un año y dos meses de cárcel al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, por prevaricación y malversación en relación con una ayuda de 750.000 que su ayuntamiento adjudicó de forma ilegal. Dinero que procedía, precisamente, de ese “fondo de reptiles”.

Son sentencias que ya no se pueden recurrir, pero que no han sido unánimes. Todas las deliberaciones han simbolizado una división profunda entre el sector mayoritario y progresista del pleno, que ha sacado adelante las ponencias, y el sector minoritario y conservador, que con sus cuatro votos no ha conseguido hacer efectiva su oposición a los argumentos que exoneran a los antiguos altos cargos de la Junta.

Existen argumentos transversales a los votos particulares que han firmado, a veces juntos y a veces por separado, los cuatro integrantes del sector conservador: Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Por ejemplo, reprochan a la mayoría del pleno que hayan convertido al Constitucional en una nueva instancia penal ante la que recurrir condenas del Supremo, yendo más allá de sus límites habituales. Pero también acusan abiertamente a sus compañeros de estar atacando los cimientos de la democracia. “La sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho”, dijo Enrique Arnaldo en uno de ellos. César Tolosa, exmagistrado del Supremo, entiende que estas resoluciones afectan a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

Son sentencias que no han gustado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que en septiembre de 2022 avaló en lo esencial las condenas y la existencia de la trama política de los ERE. Las acusaciones de sentenciar el caso de forma “imprevisible” o, directamente, ignorando la separación de poderes y sin argumentos suficientes, no han sentado bien en el parque Villa de París: “Cuesta creer que el Tribunal Constitucional pueda conceder legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informe económico o el estudio de viabilidad que las justifican, o pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno”, dijo Juan Ramón Berdugo recientemente, uno de los jueces del Supremo que sentenció el caso hace dos años.

Las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE han dejado dos mensajes sobre la causa que sacudió la política andaluza: hubo delitos y descontrol en el reparto millonario de ayudas sociolaborales, pero no un plan criminal concebido en la Junta desde los anteproyectos presupuestarios. Un pleno profundamente dividido ha amparado, por el momento, a cinco antiguos altos cargos de los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán con argumentos que cuestionan buena parte de las condenas por prevaricación pero también las de malversación, el delito penado con cárcel. Las consecuencias apenas han tardado unas pocas horas en llegar y varios encausados han salido ya de la cárcel después de un año y medio entre rejas.

Los tribunales nunca consideraron que el caso de los ERE pudiera ser producto de una organización criminal, pero sí dejaron claro que el descontrol del sistema de ayudas formó parte de un plan preconcebido: desde la elaboración de los anteproyectos presupuestarios hasta la adjudicación irregular de dinero. El objetivo, según los jueces, era que el dinero fluyera lo más rápido posible y saltándose los controles obligatorios. A nivel político, la acusación del PP sobre cómo el caso de los ERE de Andalucía desbancaba al caso Gürtel como la mayor trama corrupta de la historia democrática de España cabalgó sobre la cifra de 670 millones de euros malversados durante los mandatos socialistas de la Junta.

El Constitucional, en las sentencias que se han conocido hasta ahora, ha aplicado un serio correctivo a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo, pero no ha negado que existieran delitos en el trasvase de millones y millones de dinero público: hubo prevaricación y hubo malversación. Pero no en las cantidades que establecieron los tribunales penales. Y no con el grado de planificación y profundidad que le atribuyeron en instancias anteriores.

No hubo ni prevaricación ni malversación, según la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, en las fases embrionarias del proceso: la elaboración de los anteproyectos y proyectos de presupuestos que después eran aprobados por el Parlamento de Andalucía. Lo dijeron los magistrados en la sentencia de Magdalena Álvarez y lo han repetido en casi todas las que han venido después: “La elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Y tampoco es previsible, añaden en varias sentencias, que sea malversación.

Por el momento, los jueces han examinado los casos de distintos cargos de la administración andaluza: consejeros, viceconsejeros y también directores como el de la agencia IFA/IDEA, que canalizaba los pagos en el tramo final del proceso. Y han detectado casos en los que sí puede haber delitos tanto de prevaricación como de malversación: por ejemplo, algunas modificaciones presupuestarias de los programas 22E y 3.2H, o la disposición de fondos públicos del programa 3.1L para fines distintos a los que estaban estipulados.

En algunos casos, por tanto, hubo salidas de dinero de esas partidas que fueron ilegales, al ir a parar a ayudas sociolaborales cuando esa no era su aplicación establecida. La Audiencia de Sevilla debe repetir algunas de sus resoluciones y, en la práctica, absolver a algunos acusados como Miguel Ángel Serrano o reducir sus condenas porque buena parte de las acusaciones no han pasado el filtro del Constitucional.

Algunos hechos sí fueron delictivos pero el tribunal de garantías añade una segunda exigencia que se ha llevado por delante otra porción de las condenas de cárcel de los altos cargos de la Junta: los argumentos empleados para darles un papel protagonista en el proceso. En varios casos, como el del ex viceconsejero Jesús María Rodríguez, el Constitucional entiende que “ha sido condenado por tal delito sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él”.

Las decisiones del Constitucional, por tanto, no dan carta blanca de legalidad a todo el proceso y mantienen que parte de las ayudas millonarias se gestionaron y repartieron de forma delictiva. Pero rompen lo que el Supremo denominó la cadena de “eslabones necesarios” que esgrimió para confirmar la condena de buena parte de los miembros de los gobiernos de Chaves y Griñán. Las consecuencias están siendo excarcelaciones de aquellos condenados que han recibido el amparo del Constitucional: Miguel Ángel Serrano y Francisco Vallejo ya han salido de prisión después de un año y medio cumpliendo condena. Carmen Martínez Aguayo, otra de las beneficiadas, ya tenía el tercer grado penitenciario.

Enfrentamiento interno en el Constitucional

Todas las votaciones relativas al caso de los ERE de Andalucía se han saldado con siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra del sector conservador. Una división lejos de ser inédita pero que se está traduciendo en votos particulares con algunas acusaciones que quedan por escrito y otras que se emiten sin cámaras ni micrófonos. En privado, desde el sector conservador denuncian, incluso, que sus argumentos discrepantes no son incluidos en las mismas notas de prensa que comunican la decisión mayoritaria. En sus escritos, acusan directamente a sus compañeros de estar rompiendo las reglas del juego entre el Constitucional y el Supremo.

Las discrepancias más fuertes llegaron con la sentencia que rebajó al mínimo la acusación por prevaricación contra la exministra Magdalena Álvarez. César Tolosa, exmagistrado del Tribunal Supremo, escribió en su voto particular que la decisión “ha devastado” los límites del Constitucional al “suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley”. Rectificar sentencias sobre “el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España”, añadió este magistrado, “ocasiona un daño institucional difícilmente reparable”.

Todos los votos particulares entienden que, tal y como dijo el Supremo, actos como elaborar un anteproyecto de presupuestos sí son actos administrativos susceptibles de convertirse en un delito de prevaricación. En cuanto a la malversación, los discrepantes también se oponen a que la Audiencia de Sevilla tenga que rebajar o incluso eliminar las condenas de cárcel: “Las cantidades que se entregaban en concepto de ayudas sociolaborales se justificaban sin observar los requisitos previstos en la legislación autonómica y estatal sobre subvenciones”, critica por ejemplo Ricardo Enríquez.

Enrique Arnaldo, en uno de sus escritos, acusa a sus compañeros del pleno que haber descubierto “con la linterna de Diógenes” el “argumento de la salutífera ley de presupuestos que todo lo ampara y borra toda responsabilidad penal”. En alusión a las alegaciones de la sentencia mayoritaria que entienden que una acción en aplicación de una ley legal, como era la ley andaluza de presupuestos, no puede ser considerado un delito.

El tribunal de garantías todavía tiene una decena de recursos pendientes de resolución y no se espera que ninguna de estas deliberaciones desemboque en la unanimidad. Recursos de antiguos consejeros, viceconsejeros y altos cargos pero también los de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la incógnita de cómo se beneficiarán de los argumentos que, por el momento, han limitado la aplicación de los dos delitos que les han atribuido hasta ahora en los tribunales ordinarios.

Las primeras resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía usan dos argumentos para impugnar las sentencias del Supremo y de la Audiencia de Sevilla: los jueces criminalizaron parte de la actividad política de los altos cargos de la Junta de Andalucía y, además, en ocasiones impusieron condenas de cárcel sin argumentos suficientes. Con una docena de casos todavía pendientes de decisión, las dos sentencias conocidas en los últimos días cuestionan tanto las condenas de inhabilitación por prevaricación como las condenas de cárcel por malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo resolvieron en firme que en Andalucía, desde la década de los noventa hasta el año 2009, existió un sistema de ayudas a empresas y trabajadores para combatir las dificultades económicas. Un sistema cuyo descontrol, buscado y permitido desde la Junta, facilitó el reparto irregular de millones de euros de dinero público.

Los jueces entendieron que los culpables, desde los presidentes de la Junta hasta directores generales encausados, habían incurrido en un delito de prevaricación por poner en marcha y perpetuar el sistema desde la creación de los anteproyectos de presupuestos. A diez de ellos, además, les atribuyeron malversación por participar en el reparto ilegal de dinero o, al menos, por no evitar que se hiciera de forma descontrolada.

De momento, el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias que han desarmado los pilares maestros de las condenas por ambos delitos. Después de una primera decisión irrelevante sobre el exconsejero José Antonio Viera, la mayoría progresista del pleno sacó adelante una sentencia que amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, dejando en mínimos su condena de inhabilitación por prevaricación.

El Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla habían cimentado su sanción por prevaricación en considerar que todas las decisiones de la Junta para poner en marcha el sistema de ayudas constituyeron una cadena de “eslabones necesarios” con una sucesión de decisiones injustas. Aprobar ayudas a través de un “instrumento jurídico ilegal” como eran las transferencias de financiación y con una finalidad igualmente ilegal: “Eludir el control”.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial”. 

Los argumentos del Supremo y la Audiencia de Sevilla para sancionar por prevaricación a los altos cargos, dice el Constitucional, “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida”. Sobre la acción de los tribunales penales, al valorar la legalidad del sistema de presupuestación, dice el Constitucional: “Ha ejercido una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”. 

Argumentos como los sostenidos por el Supremo, zanjó el Constitucional, corren el riesgo de “infringir el principio de separación de poderes” y, en aplicación al caso concreto, dictar condenas imprevisibles. En el caso concreto de Magdalena Álvarez y sus derechos, infringió el principio de legalidad penal.

Sin “argumentos” para la malversación

La sentencia que anuló la condena de Magdalena Álvarez no lleva irremediablemente a su absolución: la Audiencia de Sevilla debe repetir sus argumentos y dictar una nueva pero excluyendo la mayor parte de las acusaciones. Este martes, la resolución que afecta a Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA, sí anula su condena de seis años y medio de cárcel por malversación y prevaricación de forma completa.

En el caso de Serrano, excarcelado pocas horas después de conocerse el fallo, el pleno repite sus argumentos sobre la prevaricación y los extiende a una parte de la malversación: “Es una interpretación imprevisible la condena por este delito” al hablar de acciones amparadas en las leyes de presupuestos. Pero en el caso de los ERE no todo queda fuera del alcance del derecho penal y hay casos de ayudas que fueron destinadas a “fines distintos a los previstos”.

En esos casos, el Constitucional ha abordado el análisis desde la perspectiva de la presunción de inocencia, y en el caso de Miguel Ángel Serrano ha entendido que ni la Audiencia de Sevilla ni el Tribunal Supremo justificaron lo suficiente su condena de seis años y medio de presidio. “Los órganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto”, explicaba el Constitucional su resolución en un comunicado este martes.

La falta de argumentación –más allá de declarar la ilegalidad del sistema y criminalizar su aplicación– que implique a altos cargos en el desvío efectivo de dinero público de la Junta es una alegación constante en los recursos de los condenados por este segundo delito de malversación. Y en el caso de Serrano, la mayoría del tribunal de garantías entiende que el Supremo no argumentó lo suficiente por qué las pruebas recabadas le incriminaban.

Malestar en el Supremo y el sector conservador

El criterio mayoritario del sector progresista del Constitucional no ha gustado en el Supremo, donde diversas fuentes entienden que el tribunal de garantías está yendo mucho más allá de sus límites para corregir sus resoluciones. Un malestar que han dejado por escrito en el propio Constitucional los cuatro integrantes del sector conservador, acusando a sus compañeros de estar enmendando la plana al Supremo de forma irregular. “Ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo”, dijo por ejemplo César Tolosa.

El voto particular que firmaron Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez para criticar la sentencia que amparó parcialmente a Magdalena Álvarez criticaba tanto las formas como el fondo de sus compañeros. Apunta al “tono reprobable”, “amonestaciones” e “innecesarias explicaciones” que el pleno usó para cuestionar la decisión del Supremo y la Audiencia de Sevilla, pero también al fondo de sus argumentos para tumbar buena parte de la sentencia.

El voto de Tolosa, suscrito por los otros tres discrepantes, denunciaba que la sentencia afectaba al “asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España” y, al corregir al Supremo de forma inédita, “debilita los fundamentos del Estado de Derecho”, además de afectar a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

En cuanto al fondo del asunto, el voto particular de los otros tres magistrados contrarios a la mayoría del pleno entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla interpretaron correctamente los hechos y acertaron al condenar por prevaricación a todos los antiguos altos cargos de la Junta. “Han efectuado una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación”.

Los de Magdalena Álvarez y Miguel Ángel Serrano no son los únicos casos de la trama de los ERE que va a estudiar el Tribunal Constitucional. Esta misma semana, el pleno analizará cuatro recursos más de condenados por prevaricación y malversación: Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Será dentro de dos semanas cuando el pleno aborde los recursos, entre otros, de los expresidentes Chaves y Griñán.

La mayor parte de estas ponencias apuestan por seguir amparando de forma parcial a los antiguos altos cargos de la Junta condenados a prisión por prevaricación, aunque en algunos casos no se anule directamente toda la condena y se devuelva el caso a la Audiencia de Sevilla para que dicte sentencias nuevas. Hay pasos del proceso que desembocó en las ayudas que, según el Constitucional, sí fueron delictivos.

Es, por ejemplo, el caso de la ponencia sobre el caso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo condenado a 7 años y 11 meses de prisión. En su caso, el Constitucional analizará si ordena al tribunal andaluz dicte una nueva sentencia centrándose en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, pero dejando fuera de una hipotética condena el grueso de las acusaciones que pesan sobre él.

El Tribunal Constitucional ha abierto una ventana de esperanza a los condenados por la causa política de los ERE. Además de rebajar o anular penas de inhabilitación a Magdalena Álvarez y de cárcel a Carmen Martínez Aguayo, se puede colegir por las resoluciones conocidas del alto tribunal que sigan la misma suerte los otros dirigentes del PSOE condenados, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Una ventana que no resarcirá ni el patrimonio gastado en sus defensas ni su imagen. Ninguno de los políticos condenados lo fue por enriquecimiento personal, pero daba igual, todos ellos han sufrido insultos de corruptos y chorizos, como poco. Fueron condenados por un procedimiento administrativo en la concesión de ayudas sociolaborales. El Constitucional viene a decir que el procedimiento, reflejado en las leyes de presupuestos, no podía ser ilegal como ratificó el Tribunal Supremo. Ha caído como castillo de naipes el relato falso del caso de los ERE como el más grande de la corrupción en España, pero el daño ya está hecho, el político y el personal.

El proceso de los ERE parte del reparto de ayudas sociolaborales en la primera década del siglo desde la Consejería de Empleo por las administraciones socialistas. Eran ayudas arbitrarias concebidas para empresas en crisis por la deslocalización. Hubo fraude y mala gestión, como en tantas administraciones. Seguir la pista del dinero hubiera sido la lógica en cualquier fraude a las arcas públicas; aún hoy la Junta ha de esperar a sentencias para recuperar el dinero y algunas han prescrito. La primera instructora, Mercedes Alaya, sostuvo desde un principio el objetivo de priorizar la pista política, lo que se llama caza mayor.

Alaya trazó la investigación sobre la base de un sistema ilegal en la concesión de las ayudas de forma premeditada y en confabulación, a partir del cual fue sumando responsables socialistas a una pirámide en cuya cúspide situó a Manuel Chaves. La acusación a José Antonio Griñán fue por su etapa de consejero de Hacienda, pero se vio empujado a dimitir como presidente.

Desde los primeros autos, Alaya hacía mención a la pirámide, pero no fue hasta 2013 cuando señaló abiertamente a los expresidentes. Lo hizo público en la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz en San Telmo. La interferencia del caso de los ERE en las citas electorales fue una constante en la década de instrucción. Alaya obtuvo la muleta perfecta en el informe encargado a peritos de la Intervención General de la Administración del Estado para sostener su teoría de la conspiración y de la ilegalidad del sistema de ayudas. El Constitucional deja sin muleta al proceso de la pieza política, como bien desgrana Javier Ramajo en este diario.

El PP, partido siempre a la espera, se desesperó. Tomó parte activa en la acusación a Chaves y Griñán, yendo incluso por delante o señalando el camino a los jueces instructores

Chaves y Griñán se vieron obligados a dejar sus últimos cargos, como diputado y senador respectivamente, y el carnet del PSOE. Llevan años siendo considerados incómodos para el PSOE, que los ha excluido de cualquier acto y borrado su legado. No son dos dirigentes cualesquiera. Han sido protagonistas ambos de una larga carrera en cargos del Gobierno y de la Junta, y presidentes del PSOE. La condena llegó en noviembre de 2019, once meses después de que el primer gobierno del PP (de la mano de Cs y Vox) alcanzara San Telmo. Aquellas imágenes del juicio a las cúpulas socialistas de dos décadas alineadas en tres hileras de banquillo fue un mazazo imposible de contrarrestar. El desenlace supuso la muerte política del PSOE andaluz, partido clave en la autonomía de la comunidad y de sus avances durante 37 años.

Las casi cuatro décadas sin alternancia tuvieron algo que ver. Lo que ocurría en otros territorios no se producía en Andalucía. El PP, partido siempre a la espera, se desesperó. Tomó parte activa en la acusación a Chaves y Griñán, yendo incluso por delante o señalando el camino a los jueces instructores. El objetivo era minar la credibilidad en un partido muy enraizado en la sociedad andaluza y para ello era imprescindible hacer caer a la cúpula. Chaves y Griñán eran las piezas indiscutibles a cobrar por el PP, como se vio en la comisión de investigación de 2012, en la que el PSOE redujo la responsabilidad a la dirección general de Empleo, e Izquierda Unida, socio en la Junta, incluyó a sus consejeros. Había esperanza en el Supremo, que no vio malversación en Griñán en 2015, por tanto, delitos de cárcel. Esperanza frustrada. El nuevo golpe se conoció al tiempo que Juan Manuel Moreno obtenía mayoría absoluta en 2022.

El que el PP proteste por la actuación del Constitucional es consecuente porque desmonta el principal argumentario de su llegada al poder en la Junta. En ese guión, el PP ideó el mensaje de que el de los ERE es el caso de corrupción mayor en la historia de España, con tanto éxito que periodistas nacionales lo siguen repitiendo en las tertulias televisivas sin rigor alguno.

Es una premisa falsa. Prueba de ello es que el Gobierno del PP seguirá abonando hasta 2026 parte de lo que llama de forma cínica “el robo de los 680 millones de euros” de las ayudas concedidas por los socialistas, como pormenoriza Ramajo en otra información. Juan Manuel Moreno cae en la misma contradicción cuando en el debate de la Comunidad del pasado miércoles recurre al mantra y a continuación explica que hay 27 millones de euros reingresados de los 62 millones reconocidos y la Junta reclama otros 135 millones. Suman 197 millones de fraude. Una cifra parecida a la que Alaya ya insinuó en uno de sus autos en los albores de la macrocausa. Sigue siendo vergonzoso, pero recuerden las sumas en la corrupción del PP.

"¿Cómo es que unas tesis tan insolventes han llegado tan lejos y han hecho tanto daño?", cuestiona con reproches a jueces y fiscales el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez

El Constitucional puede restituir el honor político, pero el daño ya está hecho. Por citar dos nombres de los hasta ahora liberados de la pena, cómo resarcir a Magdalena Álvarez del colofón a su brillante carrera como consejera y ministra en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que tuvo que dimitir como vicepresidenta. O cómo podrá superar Carmen Martínez Aguayo las humillaciones y la soledad de los años de banquillo y el año y medio en prisión y recuperar su magnífica hoja de servicios, por ejemplo, como partícipe de tantas mejoras en la salud pública nacional y en la andaluza. Todo esto queda relegado a una línea en la biografía que ofrece Wikipedia, que se explaya con la condena a la exconsejera de Hacienda. Y como ella, todos los demás. Vidas y carreras destrozadas por la judicialización de una política sin piedad hacia el adversario. 

 “¿Cómo es que unas tesis tan insolventes han llegado tan lejos y han hecho tanto daño?”, cuestiona con reproches a jueces y fiscales el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez, absuelto tras ocho años en el punto de mira con petición de seis años de prisión. La Audiencia de Sevilla debió atisbar que era difícil encajar una condena a los políticos si no se exoneraba al interventor y a otros altos funcionarios de la Junta también procesados por los instructores. 

El pleno del Tribunal Constitucional empieza esta semana a estudiar cinco nuevos recursos del caso de los ERE de Andalucía sobre un aspecto clave de la causa: el delito de malversación. Después de dar la razón a la exministra Magdalena Álvarez y cuestionar una parte importante de las condenas de inhabilitación por prevaricación, los magistrados se enfrentan al recurso de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y otros tres condenados por malversación, que llegan con el apoyo del voto particular de dos magistradas del Supremo, la opinión parcialmente en contra de la Fiscalía y una ponencia que, como ha sucedido con la prevaricación, cuestiona buena parte del delito que ha costado la cárcel a diez de los altos cargos andaluces condenados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, cuyo caso depende parcialmente de lo que suceda esta semana.

El caso de los ERE sentenció un sistema de concesión descontrolada de ayudas públicas millonarias en el seno de la Junta de Andalucía que arrancó bajo mandato de Manuel Chaves y se perpetuó con el también socialista José Antonio Griñán. Según dijeron tanto la Audiencia de Sevilla como posteriormente el Tribunal Supremo, desde los viceconsejeros que participaron en la elaboración de los proyectos de presupuestos hasta los altos cargos que ejecutaron las concesiones de las ayudas, el sistema fue criminalmente ideado para que los millones fluyeran de forma rápida para paliar la crisis económica. Todo sin ningún tipo de control para evitar que cayera en manos equivocadas.

La primera sentencia del Constitucional sobre el caso cuestionó una parte importante de esas sentencias. Tras analizar el caso de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación, la mayoría progresista del pleno reprochó al Supremo que hubiera criminalizado la actividad legislativa e incluso previa a aprobar una norma de un gobierno autonómico como el de la Junta de Andalucía. Los proyectos y anteproyectos de presupuestos, así como algunas modificaciones de las que salían las ayudas cuestionadas, no son resoluciones que, previsiblemente para los altos cargos de la Junta, pudieran llegar a convertirse en un delito de prevaricación.

Esa resolución no niega que la prevaricación existiera en el caso de los ERE: está por ver, por ejemplo, lo que dice el Constitucional sobre la concesión directa de las ayudas o los convenios que vehicularon el flujo de dinero. Pero sí atacó la teoría de los “eslabones necesarios” del Tribunal Supremo. A partir de este martes, el recurso de Carmen Martínez Aguayo abre una nueva veta en el debate: si todos los altos cargos pueden ser responsabilizados penalmente de que el dinero de las ayudas se repartiera de forma descontrolada.

Martínez Aguayo fue considerada la número dos de los gobiernos del socialista José Antonio Griñán. Como viceconsejera y como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía desde 2004 hasta 2009. El Tribunal Supremo le impuso 15 años de inhabilitación por prevaricación y, además, seis años y dos días de cárcel por malversación. Por participar en la elaboración de lo que después se convertiría en los presupuestos andaluces pero también por facilitar y no evitar que después ese dinero se repartiera de forma irregular.

El recurso de la exconsejera andaluza, que ha podido examinar este periódico, plantea cosas ya resueltas en el recurso de Magdalena Álvarez sobre la prevaricación y que, por tanto, tienen visos de prosperar en amparo: que ha sido condenada por actos políticos y legislativos que no pueden ser considerados delictivos y que aprobar un proyecto de presupuestos no es una resolución administrativa enjuiciable. Pero abre un nuevo debate: cómo afecta eso al delito de malversación.

Las alegaciones de su abogado explican que participar en la elaboración de unos presupuestos no es un acto eficaz para malversar dinero. En su caso, además, ni siquiera tenía poder de decisión o de gestión sobre el dinero malversado, por tanto tampoco posición de garante. Entiende que tampoco puede ser acusada de haber asumido la eventualidad de que el dinero, dado el descontrol que facilitaba el sistema, iba a acabar en manos de empresas y trabajadores que no tenían derecho a él. Y acusa al Supremo de haber dicho más allá de los hechos probados y basarse en conjeturas para declarar firme su condena de seis años de prisión, de la que ya ha cumplido más de un año y medio, accediendo recientemente al tercer grado.

El voto particular de dos juezas del Supremo

El recurso de Martínez Aguayo, que marcará el camino de otros altos cargos andaluces condenados a prisión por malversación aunque no el de todos, llega al Constitucional con el apoyo parcial de la Fiscalía y de dos magistradas del Tribunal Supremo. En el caso del Ministerio Público, sus escritos cuestionan que la exconsejera fuera condenada por prevaricación. En el caso de la malversación, su recurso se apoya de forma constante en el voto particular de dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, que acusaron a sus compañeros de la Sala de lo Penal del Supremo de basarse en “meras especulaciones” para imponer el delito de malversación a algunos condenados.

Ya en ese voto particular, las dos magistradas cuestionan que haya pruebas de que los altos cargos “tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta por los funcionarios ejecutores”. Diferenciando, por tanto, entre los que elaboraban proyectos de presupuestos o modificaciones presupuestarias y los que, de forma concreta, adjudicaban las ayudas a quien no tenía derecho a ellas.

Fuentes del Tribunal Constitucional explican a elDiario.es que la ponencia, pendiente de recibir apoyos suficientes del pleno a partir del próximo martes, apoya varios de esos argumentos: que aplicar una ley legal de presupuestos, como lo era en ese momento la normativa andaluza, pueda llegar a ser considerado un delito de malversación no es previsible, como no lo era tampoco la condena de prevaricación. Tampoco se puede aplicar la malversación por omisión, considerándoles garante de que los fondos públicos no fueran detraídos.

El tribunal no estudiará esta semana solo el recurso de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. También analizará los del exdirector general de IFA Miguel Ángel Serrano, los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez. Casos en los que el análisis puede ir más allá, por ejemplo en las modificaciones presupuestarias que acabaran en pagos sin justificación. En esos casos, siendo posible la malversación, el análisis se hará desde la presunción de inocencia y la motivación del Supremo y la Audiencia de Sevilla para condenarles.

Algunos hechos, explican estas fuentes, no se salvan de ser considerados un delito. Las personas acusadas de hacer directamente los pagos, la ejecución de la ley a través de convenios suscritos por la Consejería de Trabajo, en la medida en la que pudieran haber hecho pagos sin justificación o apartándose de sus fines iniciales. En esos casos, explican desde la corte de garantías, no se habrían vulnerado los derechos fundamentales de los condenados.

Las consecuencias, en caso de salir adelante la ponencia en los términos en los que se ha planteado con una estimación parcial, serían similares a los de la sentencia de Magdalena Álvarez: el caso debe ser devuelto a la Audiencia Provincial de Sevilla con la sentencia anulada para que los jueces andaluces dicten una nueva resolución. Una nueva resolución que, excluyendo todos los hechos que no se han considerado malversadores o prevaricadores en el Constitucional, establezca las nuevas condenas por ambos delitos.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE ha abierto una puerta muy importante para la reparación moral, social y política de todos cuantos fuimos injustamente acusados y condenados por este asunto. El PP ha desarrollado un ecosistema político-mediático basado en el ruido. No en el debate y el disenso, no en el contraste de ideas basadas en hechos. No, lo que ha hecho el PP es crear un sistema en el que los decibelios y las cacerías ordenadas desde la calle Génova y ejecutadas desde distintos ámbitos acallen a la razón y, por lo tanto, a la verdad. 

Quince años después puedo decir que yo era inocente respecto a la trama política organizada y hoy felizmente desmontada. El TC ha confirmado lo que venimos diciendo desde hace muchos años: una ley aprobada en un Parlamento no puede ser ilegal. Y las leyes del Parlamento de Andalucía no podían ser sometidas a control jurisdiccional atendiendo al principio de separación de poderes. El garante de la Constitución ha anulado esa sentencia y ha dicho que ese delito no existía. Esa es la verdad judicial, la que siempre reclama el PP cuando le conviene. Pues ahí la tienen. Solo espero y deseo que las próximas sentencias sigan el mismo camino para el resto de compañeros condenados, entre ellos los dos expresidentes, Manolo Chaves y Pepe Griñán.

La sentencia es un bálsamo en tres sentidos.

Es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Personalmente, respiro aliviada: nada tan injusto y demoledor como pasar a la historia como una política corrupta cuando durante mi trayectoria política he acreditado justo lo contrario. Una sabe quién es y los tuyos lo saben, pero es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Sé que incluso gente de buena fe creyó los argumentos fabricados ad hoc. Ahora hay una oportunidad para el desmontaje de lo que podemos llamar “la gran mentira”. La política cosifica a quienes la practicamos. Nos convierte en objetos privados de derechos. Pero no, somos personas. Y me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Políticamente, la sentencia recoloca al PSOE en la posición de la que nunca debió salir: la de un partido honrado que ha transformado profundamente Andalucía. Los socialistas andaluces hemos pagado una cuenta muy elevada sin ser nuestra: la pérdida del poder y del prestigio ante nuestros ciudadanos. El PP y sus entornos judiciales supieron construir una causa a la medida de sus intereses. A la vez que los andaluces votaban a Moreno Bonilla en las urnas, los dirigentes del PSOE estábamos sentados injustamente en un banquillo. La alteración de las reglas de juego fue evidente. Trabajaron coordinadamente para quebrar el sistema. Y lo lograron. Después llegó lo que ustedes conocen y que sabemos que tardará tiempo en ser enterrado: la manipulación, la fijación de la idea de que nos habíamos llenado los bolsillos con dinero público. En la causa que nos atañe no ha habido un solo renglón en el que se afirme que alguno de nosotros nos enriquecimos ni que el partido se financió ilegalmente, algo que no puede decir el PP, según sentencia del Tribunal Supremo, que acreditó que el partido de la calle Génova se financió ilegalmente durante 18 años a través de una caja B.

Socialmente, la sentencia nos permite salir de cierto ostracismo en el que te sumerge un caso tan brutal como falso. Voluntariamente das pasos atrás en tu vida porque no quieres perjudicar con tu presencia. Hoy ha acabado todo esto. La reparación total es imposible: han sido 15 años en los que han pasado muchas cosas. Quince años en los que has visto tu nombre utilizado para fines políticos. Dejé la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. He tenido que hacer frente patrimonialmente a los gastos derivados del proceso. No, esos 15 años no nos lo devuelve nadie. Pero al menos queda la verdad. Todo lo que han dicho durante este tiempo era falso, no existía. El montaje se ha caído.

El PP debería dar explicaciones, pero no lo hará. No sabe hacerlo. Al contrario, ha emprendido el camino de la demolición del TC porque la sentencia los desnuda. Es una actitud antidemocrática. Cada vez parece más un partido antisistema. Saben que el TC es el tribunal de garantías y no hay juego político limpio y democrático si no se respetan sus decisiones. Por eso no va a parar la cacería política, porque sería como admitir lo que han hecho.

La justicia tendrá que concretar en cada caso si hubo o no fraude, la cuantía y los beneficiarios, y hasta ahora no lo ha hecho. La cifra de 700 millones de euros repetida hasta la saciedad por el Partido Popular es otro invento; tanto la han repetido que hasta los mejor intencionados se lo han creído. Los datos de la Cámara de cuentas de Andalucía son otros bien distintos. Sin embargo, lo extraño es que el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, sigue pagando dichas ayudas (las fraudulentas, según ellos) año tras año. ¿No eran ilegales? ¿La Junta de Andalucía comete una ilegalidad a sabiendas? ¿están pagando ayudas a quien no corresponde? ¿A cuántas de las personas que reciben estas ayudas han solicitado su devolución?

Demasiadas falsedades acumuladas durante muchos años son difíciles de desmontar en unos días. Pero ya conocemos la verdad política y la verdad judicial y ambas permiten afirmar que no estamos “ante el mayor caso de corrupción” de la democracia sino ante la mayor manipulación de la historia de la democracia. Ante un montaje diseñado, coordinado y ejecutado contra el PSOE. El PP debería estar avergonzado y pidiendo disculpas, pero ya han descubierto que hay atajos que les sirven para conquistar el poder. Y seguirán recurriendo a esos atajos aún a costa del daño a las personas y del deterioro infinito que se inflige a nuestro sistema democrático.

El 19 de junio, en 'El Tribunal Constitucional y los ERE', hice un comentario de urgencia con base en la Nota Informativa hecha pública el día anterior por el propio TC, comprometiéndome a hacer un análisis de fondo una vez que se hiciera pública la sentencia. A ello vamos.

La Ley de Presupuestos es una ley. Con muchas singularidades, pero una ley. Es, por tanto, un acto parlamentario y nada más que un acto parlamentario. No hay en ella ni un átomo de acto administrativo. Justamente por eso, únicamente puede ser enjuiciada por el Tribunal Constitucional. Las Cortes Generales ejercen en régimen de monopolio la potestad presupuestaria. El TC ejerce, también en régimen de monopolio, el control de dicha potestad presupuestaria. No cabe control jurisdiccional de la potestad presupuestaria, ya que el TC no forma parte del Poder Judicial. Los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial del Estado no pueden intervenir en ningún momento en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos, es decir, en la “fase ascendente” de la Ley de Presupuestos. Sí podrán hacerlo en la “fase descendente”, es decir, una vez que la Ley de Presupuestos se ha publicado y se inicia la ejecución de la misma. En dicha ejecución sí se pueden producir irregularidades administrativas e incluso ilícitos penales que pueden ser revisados por los jueces y magistrados de ambos órdenes jurisdiccionales. Antes de que sea Ley de Presupuestos, NUNCA. Una vez que se inicia la aplicación, siempre que se advierta que hay una ejecución indebida de naturaleza administrativa o de naturaleza penal. 

Esto se enseña en el primer curso de la licenciatura cuando se enseñan las fuentes del Derecho y se explica la Ley de Presupuestos, que, como he dicho, tiene muchas singularidades, entre las que destaca que la iniciativa legislativa está atribuida en régimen de monopolio al Gobierno de la Nación o del Consejo de Gobierno de la Comunidad correspondiente. La Ley de Presupuestos tiene que ser el resultado de un Proyecto de Ley del Gobierno. No puede ser nunca el resultado de una proposición de ley. Como ha sido, por ejemplo, la ley de amnistía. 

En la Ley de Presupuestos hay una “fase prelegislativa”, en la que el Gobierno elabora el Anteproyecto, lo aprueba como Proyecto y lo remite al Congreso de los Diputados para que se inicie la tramitación parlamentaria y se proceda a la aprobación del mismo. Esta fase prelegislativa es de naturaleza política. A través de ella el Gobierno ejerce la tarea de “dirección política”, que es la primera que la Constitución le encomienda en el artículo 97 de la Constitución. No hay mayor acto de dirección política que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos. Esa dirección política se materializa a través de una cantidad innumerable de operaciones a través de las cuales se establece la previsión de ingresos y gastos que se integran en el Proyecto de Ley que se remite al Congreso de los Diputados.

Ni una sola de esas operaciones tiene naturaleza administrativa y es susceptible, en consecuencia, de control jurisdiccional. Mucho menos naturaleza penal. Son puros actos de trámite preparatorios del documento que se enviará al Congreso de los Diputados, que, tras el debate correspondiente, puede admitirlo a trámite e iniciar la deliberación o devolverlo al Gobierno y exigirle que le envíe otro Proyecto diferente.

Dado que los EREs han figurado siempre en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es imposible que se haya cometido delito de ningún tipo por la inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de las partidas con base en las cuales se han financiado los EREs. Es posible que se hayan cometido delitos en la ejecución de las partidas presupuestarias previstas para los EREs, pero nunca en su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos.

Esto, insisto, se enseña, según el ejercicio de la libertad de cátedra del profesor, en el primer o en el segundo año de la licenciatura, pero nunca más tarde. Forma parte del ABC de toda formación jurídica digna de tal nombre. Por eso, llevo diciendo desde hace más de diez años de manera reiterada que el caso de los EREs era el caso de un “delito imposible”. 

Para que exista el delito de prevaricación administrativa es preciso que exista un acto administrativo prevaricador. Y en materia presupuestaria no hay ni un solo acto administrativo. El acto administrativo presupuestario no existe. Y, al no existir, nadie puede ser condenado por prevaricación administrativa en este terreno. Un alumno que dijera lo contrario sería suspendido de manera automática. 

Esto que no se le tolera a ningún alumno o alumna es lo que han hecho los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y los del Tribunal Supremo en el caso de los EREs. Se han inventado literalmente una fase prelegislativa de naturaleza administrativa, no susceptible de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero sí por la jurisdicción penal. Es posible que algún lector se acuerde en este momento del “¡manda huevos!” de Federico Trillo.

Esto es lo que corrige el Tribunal Constitucional en una sentencia insólita, en la que la magistrada ponente, con una paciencia infinita, da una clase de primer curso de Derecho Constitucional. Dedica cuatro apartados del Fundamento Jurídico 4 a dar la clase que se suele dar a los adolescentes que ingresan en la Facultad de Derecho para iniciar su proceso de formación como juristas.  4.3. “Características de nuestra democracia constitucional y parlamentaria”. 4.3.1. “La centralidad del Parlamento, el carácter privilegiado de la ley y el monopolio de control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional”. 4.3.2. “Breves consideraciones sobre el Gobierno y sus relaciones con el Parlamento”. 4.3.3 “La naturaleza jurídica de los anteproyectos y proyectos de ley”.

En este último apartado la ponente cita la doctrina del Tribunal Constitucional en el ATC 135/2004, reproduciendo el siguiente párrafo: “La necesaria defensa jurisdiccional del ordenamiento no puede verificarse sino cuando cabe hablar propiamente de infracciones normativas, solo susceptibles de ser causadas, OBVIAMENTE, por normas y NUNCA por proyectos o intenciones normativas, que, en cuanto tales, pueden tener cualquier contenido. La jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de estas intenciones, pero la intención misma y el debate y discusión son INMUNES EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público”.

A este nivel han obligado los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo a descender al Tribunal Constitucional. Después de más de cuarenta y cinco años de entrada en vigor de la Constitución me resulta inimaginable que un Tribunal Constitucional se vea obligado a explicar a los Magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo el lugar del Parlamento, del Poder Judicial y de la Justicia Constitucional en un Estado democrático de derecho. Pero así ha sido.

El caso de los EREs no ha sido, como viene diciendo de manera ininterrumpida toda la derecha española, el mayor caso de corrupción de la democracia, sino el mayor caso de lawfare. Se ha tratado de una persecución política disfrazada de procedimiento judicial, con un desconocimiento flagrante de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía o con una interpretación deliberadamente torticera de ambas normas.

Únicamente me queda por explicar la decisión del Tribunal Constitucional sobre las modificaciones presupuestarias de 2001 y 2002, sobre las que se niega a pronunciarse sobre su naturaleza jurídica, aceptando la propuesta del Ministerio Fiscal de considerarlas actos de naturaleza administrativa sin la cobertura legal pertinente. 

Esto es un disparate. Una modificación presupuestaria no puede tener jamás naturaleza administrativa. Repito: jamás. No puede no tener naturaleza parlamentaria. Una modificación presupuestaria puede ser aprobada sin intervención del Parlamento, pero no puede permanecer en la Ley de Presupuestos sin la aprobación expresa del Parlamento. Igual que un Real Decreto-ley es inicialmente un acto del Gobierno, pero no puede permanecer en el ordenamiento jurídico sin la “convalidación” del Congreso en el plazo de treinta días. Sin aprobación del Parlamento la modificación presupuestaria tiene que desaparecer. El Parlamento no puede, sino que tiene que aprobar la modificación parlamentaria. Si no la hace suya, tiene que desaparecer. En consecuencia, la doctrina aplicable al Proyecto de Ley de Presupuestos, lo es también a las modificaciones presupuestarias. No puede ser de otra manera. 

Desconozco por qué el Tribunal Constitucional ha hecho algo que contradice toda la argumentación jurídica que venía desarrollando a lo largo de la sentencia. Tal vez haya pensado que, de admitir el recurso de la exconsejera de la Junta de Andalucía en su totalidad, abría la vía para que se pudiera interponer una querella por prevaricación contra los magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo. Tal como está el patio, mejor no abrir esa posibilidad. Porque, además, la responsabilidad por las modificaciones presupuestarias de 2002 y 2001, consideradas aisladamente, está prescrita.    

Hay casos de corrupción que marcan una época y la sentencia del caso de los ERE de Andalucía supuso una condena histórica para el socialismo andaluz. Una condena política, porque después de aquello vino la derrota del PSOE tras décadas de gobierno en la comunidad, y sobre todo una condena judicial con consecuencias personales muy directas sobre grandes figuras del partido. Dos expresidentes y seis consejeros de la Junta fueron inhabilitados o enviados a prisión.

Según los tribunales, la Junta de Andalucía creó un mecanismo opaco y fraudulento para repartir dinero público sin control. Las sentencias llegaron en 2019, y cinco años después, el Tribunal Constitucional acaba de tumbar la condena por prevaricación a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento con Zapatero. Esta sentencia del TC desacredita parte de la acusación. ¿Por qué? ¿Puede cuestionar esta decisión toda la columna vertebral del caso? ¿Después de esta anulación pueden venir otras? Intentamos responder a estas preguntas con Alberto Pozas, periodista de elDiario.es especializado en Tribunales. Con Javier Ramajo, de elDiario.es en Andalucía recordamos algunas decisiones polémicas en la instrucción que hizo de este caso la jueza Mercedes Alaya.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra del PSOE Magdalena Álvarez vivió este miércoles una jornada intensa. El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que la condenó a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, al entender (por siete votos contra cuatro) que no puede cometer prevaricación quien aprueba un proyecto de ley, como es el caso de los Presupuestos andaluces o sus modificaciones.

Estas leyes rebajaron los controles a la adjudicación de ayudas a empresas y trabajadores andaluzas en situación de ERE. La macrocausa de los ERE -un fraude de 680 millones de euros- situó en el banquillo a toda la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos presidentes condenados (el primero por prevaricación, el segundo también por malversación de fondos). También a Magdalena Álvarez, que tras su paso por el Gobierno andaluz fue ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, hasta que el caso zanjó su carrera política.

Por teléfono, Álvarez atiende a elDiario.es Andalucía a primera hora de la noche de un largo día, del que dice salir cansada, pero aliviada; aunque no restituida.

¿Qué supone para usted la sentencia del Tribunal Constitucional?

Ha sido el final de un largo camino muy duro y difícil. Hemos estado, no bajo sospecha, sino bajo una condena. Hemos sido injustamente condenados, y ha sido un alivio el conocimiento de que el Tribunal Constitucional nos ha dado el espaldarazo afirmando que no puede haber prevaricación en un proyecto de ley de presupuestos. El planteamiento de que se puede cometer delito en la presentación de un proyecto de ley es cuanto menos surrealista. Que una ley pueda ser ilegal te lleva al absurdo, pero hemos estado viviendo en un mundo ficticio que parecía que cometíamos delitos por presentar la Ley de Presupuestos.

La decisión del Tribunal Constitucional anula parcialmente las sentencias de condena de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, pero usted deberá volver a someterse a juicio sin que ahora se valoren los hechos que motivaron su condena por prevaricación.

No tengo la sentencia. Lo que dice la nota informativa es que anula la sentencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial, y se retrotrae para que haya un nuevo procedimiento. Desconozco cómo es el procedimiento y qué van a hacer, pero anula la posibilidad de que haya prevaricación en la presentación de presupuestos y en las modificaciones presupuestarias de 2002, 2003 y 2004, y deja abierto para que la Audiencia siga un procedimiento para las modificaciones de 2000 y 2001.

¿Se siente usted restituida?

Restituida no. Es imposible que restituyan 15 años de tu vida, donde se pone en cuestión tu honradez y llegan a decir que has prevaricado. Lo único que he hecho ha sido trabajar legal y honestamente. No solo no he pasado nunca la raya, es que ni me he acercado. Es duro que te condenen por algo que no has hecho y psicológicamente te machaca mucho. ¿Quién va a restituir a mi familia, o me va a restituir profesionalmente a mí, cuando yo dimití como vicepresidenta del Banco de Europeo de Inversiones, que era un cargo que me encantaba? ¿Cuántas oportunidades personales he tenido que dejar pasar? ¿Cuántas veces he dejado de ir a algún sitio por no molestar a las personas que allí había? No me siento restituida. Estoy un poco aliviada, eso sí.

Más allá de la cuestión que ahora motiva la anulación, ¿tiene usted la sensación de haber sido víctima de una utilización política que excedía los límites estrictamente jurídicos del caso?

Yo lo diría con palabras más duras que las suyas: ha sido un montaje político, queriendo hacer ver que había una trama a través de los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Eso no ha existido en absoluto. Pero voy a más: es que ni podía existir. Esos delitos a través de los Presupuestos era imposible cometerlos. Los aprueba el Parlamento, no la Consejería o el Consejo de Gobierno, que hacen actos de trámite para un acto político, que es la aprobación de los Presupuestos. Pero no en Andalucía, en todo el mundo. La responsabilidad de aprobar un Presupuesto o una partida presupuestaria concreta la tienen siempre los diputados.

Usted acudió hace un par de semanas a un mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Benalmádena. ¿Cuál es su relación ahora con la política? ¿Volvería?

Le están dando tantas lecturas a mi presencia y lo que dijo el presidente… Yo vivo en Benalmádena, estaba comiendo con una amiga y me propuso ir. Fuimos y como soy conocida, me pusieron en primera fila, pero el presidente no podía saber que yo iba a ir, porque no lo sabía ni yo hasta que lo decidí después de comer. No tiene más trascendencia política. Las lecturas que se hacen no son las que yo tengo, que soy una de las protagonistas.

El PP dice que lo sabía [el fallo de la sentencia anulatoria, que aún no era público], ¿y ellos no lo sabían cuando salió el portavoz tras el Consejo de Gobierno la semana pasada a protestar por algo que no había pasado? Hay más sospechas de que lo supieran ellos que nosotros. Yo no lo sabía. No sabía qué iba a pasar. Querer sacar la derivada de que me saludó, en un momento en que pegaba muchísimo por lo que estaba diciendo... Sólo dijo que había sido objeto de la persecución del PP, que es completamente cierto. Solo pienso en cerrar este capítulo y seguir trabajando, porque no estoy jubilada.

¿Pero tiene intención de volver?

No, de momento es algo que ni me he planteado. 

Disponemos únicamente de la Nota Informativa Nº 65/2024, en la cual el Tribunal Constitucional da noticia de la decisión que ha alcanzado sobre la responsabilidad penal exigida a Magdalena Álvarez en primera instancia por unanimidad por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmada después por el Tribunal Supremo por unanimidad en lo que al delito de prevaricación se refiere y con dos votos en contra en lo relativo al delito de malversación por el que fueron condenados varios de los otros procesados.

Hasta que conozcamos la sentencia en su integridad no podremos hacer la valoración exhaustiva de la misma. Lo que sigue es, por tanto, una valoración de urgencia con base en el contenido de la Nota Informativa.

Hay una cosa que el Tribunal Constitucional deja meridianamente claro, que es la siguiente: en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos no es posible que se cometa delito de ningún tipo. Ni prevaricación ni ningún otro. El Consejo de Gobierno, integrado por el presidente y los consejeros, no ha podido cometer el delito de prevaricación al remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos al Parlamento para su tramitación y aprobación parlamentaria. Perseguir penalmente el proceso de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos supone criminalizar la acción de Gobierno que tiene su lugar perfectamente definido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. “Según la sentencia aprobada por el Tribunal, los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de la separación de poderes”, se dice textualmente en la Nota Informativa. Esto, precisamente, es lo que han hecho tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo en el caso de los ERE.

Otra segunda cosa que el Tribunal Constitucional deja meridianamente clara. En el momento en que cualquier acto de cualquiera de los miembros del Gobierno tiene cobertura parlamentaria, no hay delito, porque el Parlamento no delinque. La presencia del Parlamento excluye el delito. De ahí que, además de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos, también estén protegidas por la participación del Parlamento todas las modificaciones presupuestarias a partir de 2002. De ahí que “el Pleno estime parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez y devuelva las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de Ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004”.

El TC reduce la potencial responsabilidad penal a las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001, “dado que se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente”. Es sobre esta potencial responsabilidad penal exclusivamente sobre la que tendrá que pronunciarse ahora la Audiencia Provincial de Sevilla.

No conociendo la fundamentación jurídica completa de la sentencia no puedo saber cómo el Tribunal Constitucional ha llegado a esta conclusión respecto de las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001. Hay tres obstáculos de naturaleza jurídica para poder llegar a esa conclusión que no sé cómo han podido ser salvados por el Tribunal Constitucional. 

El primero es el siguiente: aun dando por supuesto que se ha vulnerado la normativa presupuestaria al aprobar las modificaciones presupuestarias de esos dos años, no se ha destruido la presunción de legitimidad de los actos mediante los cuales fueron aprobadas dichas modificaciones, ya que no han sido impugnados ante la jurisdicción contencioso administrativa, que es la única que puede destruir la mencionada presunción de legitimidad. Puede que los actos mediante los que se aprobaron las modificaciones presupuestarias de 2001 y 2002 se hicieran vulnerando la ley, pero, si dicha vulneración de la ley no ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, los actos son jurídicamente irreprochables. La “infracción de la normativa presupuestaria” solo existe cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente así lo decide. Nadie interpuso recurso contencioso-administrativo contra dichas modificaciones presupuestarias y, en consecuencia, ningún tribunal ha destruido la “presunción de legitimidad de las mismas”. El tiempo para interponer dichos recursos finalizó hace una eternidad y, en consecuencia, las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001 son firmes e inexpugnables. Tengo curiosidad por ver cómo el Tribunal Constitucional ha pasado por encima de este obstáculo. Y cómo lo hace ahora la Audiencia Provincial de Sevilla cuando tenga que volver a pronunciarse sobre las mismas. 

El segundo es el momento en que el Parlamento tiene conocimiento de dichas modificaciones presupuestarias y cuál es la decisión que adopta sobre las mismas. ¿En qué momento se informa al Parlamento de las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001? ¿Qué tramitación les da a las mismas una vez que las recibe? ¿Son aprobadas en el Parlamento por unanimidad o son unas modificaciones conflictivas que únicamente se aprueban por los parlamentarios socialistas con el voto en contra de los miembros de los demás grupos parlamentarios? La respuesta a estos interrogantes me parece imprescindible para decidir si realmente el acto de aprobación de las mismas pudo ser constitutivo de delito o no. También tengo curiosidad por ver cómo ha abordado el Tribunal Constitucional este problema. 

El tercero es el análisis de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución del Presupuesto a finales de los años 2000 y 2001. ¿Hay en el informe de la Cámara de Cuentas alguna indicación de que las modificaciones presupuestarias se han producido “con infracción de la normativa presupuestaria”? O, por el contrario, la Cámara de Cuentas no advierte ningún indicio de irregularidad. Más todavía: ¿hay algún miembro de la Cámara de Cuentas que levante alguna sombra de duda sobre esa posible irregularidad o el informe sobre las modificaciones presupuestarias se produce con acuerdo de todos los miembros del órgano en lo que a este extremo se refiere?

¿Pueden haber sido constitutivos de delito unos actos que no fueron impugnados por nadie en el momento en que se produjeron, que fueron aprobados por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y que no contaron con ningún reparo por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas?

Como no puedo saber cómo ha resuelto el Pleno del Tribunal Constitucional todos estos interrogantes, pongo punto final a la espera de conocer la sentencia en su integridad.     

La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía ha desarmado uno de los pilares maestros del caso: la existencia de una cadena de ilegalidades concebida de principio a fin para adjudicar sin control 670 millones de euros en ayudas públicas. Los magistrados cuestionan una parte relevante del delito de prevaricación imputado a los 16 exaltos cargos andaluces condenados, a la espera de que futuras sentencias maticen o mantengan las condenas de cárcel por malversación. Pero el caso de Magdalena Álvarez ha servido para corregir a los jueces en una parte esencial de la causa: la parte legislativa de lo que definieron como una cadena de ilegalidades no puede ser considerada un delito.

El Tribunal Supremo dedicó 1.115 páginas a confirmar en lo esencial lo que había dicho previamente la Audiencia de Sevilla: que en la sala de máquinas de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves se ideó un sistema basado en la ausencia de controles para adjudicar millones de euros en ayudas sociolaborales de la forma más rápida posible y así “atender cuanto antes a los problemas que suscitaba la crisis económica”. El sistema ilegal arrancaba con los anteproyectos de presupuestos y terminaba con la concesión efectiva de la ayuda. A veces a quien le correspondía y a veces a quien no tenía ningún derecho.

Es lo que el Tribunal Supremo llama desde hace años los “eslabones necesarios” de una cadena de irregularidades. Lo dijo en 2019 cuando sentenció el caso canario de corrupción de Las Teresitas y lo repitió en 2022 para describir la dinámica de los ERE de Andalucía: “Las resoluciones fundamentales adoptadas en el proceso de elaboración y aprobación constituyen eslabones necesarios sin los cuales la aprobación presupuestaria no habría sido posible”, afirmó.

Todos esos pasos intermedios, necesarios según el Supremo para que el descontrol fuera efectivo, son resoluciones susceptibles de ser consideradas un delito de prevaricación. Metas flotantes que no formaban parte del proceso legislativo del gobierno andaluz y su actividad política, sometidas por tanto al control penal de los tribunales. Desde los proyectos de presupuestos que se cocinaban en la comisión de viceconsejeros hasta los convenios que materializaban el pago irregular de las ayudas.

La sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón parcialmente a Magdalena Álvarez no cuestiona toda la extensión de las condenas por prevaricación, pero sí una parte esencial. La facción mayoritaria y progresista del pleno entiende que una buena parte de los eslabones del proceso, sobre todo los iniciales, “nunca puede ser delito”. Son “actos dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Criminalizar un nuevo sistema de financiación, añaden, cerraría la puerta a cualquier cambio en ese sentido.

Más allá de los presupuestos: modificaciones y convenios

No hubo prevaricación, por tanto y según el Constitucional, no se puede condenar a los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por la elaboración de los proyectos de presupuestos de los que, tras su paso por el Parlamento andaluz, salieron las ayudas millonarias que se repartieron de forma descontrolada. Eso cuestiona una parte importante de la condena de nueve años de inhabilitación de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, pero no constituye una enmienda a la totalidad del caso de los ERE de Andalucía.

La Audiencia de Sevilla tendrá que repetir la sentencia contra Magdalena Álvarez y ya no podrá contar como delito su participación en las primeras fases del proceso. Pero está por ver qué pasa con el resto del recorrido que tuvieron esas ayudas: las modificaciones presupuestarias que se hicieron hasta 2009, la concesión de las subvenciones y los convenios suscritos para el pago del dinero. Tanto el convenio marco de julio de 2001 como los distintos convenios particulares.

La sentencia conocida parcialmente este lunes se pronuncia sobre las modificaciones presupuestarias, y ya adelanta que no todas pueden ser consideradas un delito de prevaricación. En los años 2000 y 2001, por ejemplo, se hicieron infringiendo la normativa de presupuestos. Posteriormente, sin embargo, se hicieron al amparo de un nuevo sistema de presupuestación aprobado por el Parlamento de Andalucía. Está por ver lo que piensa el Constitucional de la concesión de subvenciones y los convenios, fuera del alcance del recurso que planteaba Magdalena Álvarez.

Es un criterio similar al esgrimido por la Fiscalía, que pidió la estimación parcial de los recursos de siete condenados por prevaricación, además de la exministra. Son los expresidentes Chaves y Griñán, los exconsejeros Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez y el exdirector general de presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano.

Segundo asalto: la malversación

La sentencia que ampara casi por completo a Magdalena Álvarez no es la última palabra del Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía. El pleno tiene pendientes todavía una docena de recursos por resolver, algunos de ellos por condenados a penas de prisión por el delito de malversación, como es el caso del expresidente José Antonio Griñán y sus seis años de cárcel. El rechazo al recurso del exconsejero Francisco Javier Viera, uno de los condenados por malversación, no es un antecedente válido: fue rechazado por deficiencias en su argumentación.

El Tribunal Supremo explicó que la condena por malversación vino por la disposición de fondos públicos “sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado”. Saltándose los “múltiples controles” que establece la ley y, a veces, sin ir destinado a su finalidad legal. Los diez condenados por malversación son el expresidente Griñán, seis exconsejeros y viceconsejeros y otros tres altos cargos que, según el Supremo, “debían y podían evitar que el procedimiento ilegal continuara” pero no lo hicieron. A pesar, incluso, de la existencia de un informe de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo.

Este delito, el único penado con cárcel del caso, ya fue cuestionado por dos magistradas del propio Tribunal Supremo. En un voto particular esgrimido ahora por varios recursos, las juezas Ana Ferrer y Susana Polo acusaron a sus compañeros de actuar con “criterios poco jurídicos” para “forzar” la condena de prisión por este delito a cinco de los acusados. “No se entiende el empecinamiento de la tesis mayoritaria en incriminar por malversación” a cinco exaltos cargos ajenos a la Consejería de Empleo, entre ellos el propio Griñán.

En cuanto a la malversación, está por ver si el dictamen del Constitucional sobre la prevaricación juega un papel relevante. La sentencia del pleno sobre Magdalena Álvarez cuestiona que haber criminalizado la elaboración de los proyectos de presupuestos, posteriormente votados por el Parlamento de Andalucía, es una interferencia en la actividad legislativa que corre peligro de “infringir el principio de separación de poderes”.

Fuentes del caso explican a este periódico que una parte del debate sobre la malversación girará no solo en torno a si la conducta de los exaltos cargos condenados es o no compatible con el Código Penal y si es un delito que se puede cometer solo por acción o también por omisión. Analizarán la posibilidad de que parte de la causa sea devuelta a la Audiencia de Sevilla para especificar qué parte de los 670 millones de euros repartidos sin control sí fueron a parar al destino que tenían legalmente establecido. En ese sentido, varias piezas separadas del caso analizan lo que el Supremo definió como las “malversaciones singulares”.

No parece que una hipotética ponencia exculpatoria en torno a este delito o en torno al resto de flecos de la prevaricación vaya a contar con el apoyo del sector conservador y minoritario del Constitucional. En su voto particular conocido este miércoles, los cuatro no solo han opinado que la condena de Magdalena Álvarez era perfectamente legal, sino que han acusado a sus compañeros de estar causando “un daño institucional difícilmente reparable” al corregir al Tribunal Supremo de esta forma en “el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España”.

La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha acogido “emocionada” la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha dicho que “hoy es un día de esperanza” tras “más de 15 años de persecución” y de “cacería” que afirma haber sufrido.

Así lo ha indicado la exconsejera en unas declaraciones recogidas por Europa Press al hilo de dicha decisión del Pleno del TC sobre el recurso de amparo presentado por ella misma, que fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias. Ahora, el Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

Magdalena Álvarez ha comentado que se ha “emocionado” tras conocer dicha decisión del TC después de “más de 15 años de persecución que hemos sufrido, y que siempre pensé que terminaría en absolución, pues no hice más que cumplir con la legalidad vigente en cada momento de mis responsabilidades públicas”, ha agregado.

“Durante más de 15 años me he mantenido en silencio por respeto a los tribunales y con la esperanza de que algún día se reconociera mi honradez”, ha apuntado también la exconsejera, que ha remarcado que ha “permanecido en silencio soportando todo tipo de comentarios deleznables que afectaban profundamente” tanto a su “familia” como a ella “personal y profesionalmente”.

Tras ello, Magdalena Álvarez ha sostenido que está en su “derecho” de “reclamar el mismo respeto que yo he tenido hacia la justicia a todos aquellos que solamente creen en ella cuando les da la razón”, y al hilo ha criticado que “el PP ha salido en tromba a descalificar al Tribunal Constitucional porque ha estimado parcialmente mi recurso, olvidando ese respeto institucional que exigen a todos y que nunca lo aplican para sí mismos”.

“Hoy es un día de esperanza tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia”, ha afirmado la exconsejera para añadir que espera que “todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos”.

Tras lamentar que “hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer”, Magdalena Álvarez ha remarcado que “no somos los únicos ni los primeros”, y ha querido “agradecer profundamente el apoyo incondicional de mi familia, amigos, compañeras y compañeros, y seguro que de miles de españoles que han sido un pilar fundamental para soportar un tiempo de acoso inmedible”, ha zanjado la exministra.

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional respecto al caso de los ERE, al menos en lo referente a la exconsejera andaluza y exministra Magdalena Álvarez (PSOE), obliga a intentar saber cuándo se empezó a gestar una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación que ahora ha sido revocada y que puede marcar el camino de otros recursos como el de Manuel Chaves, igualmente condenado por el mismo delito por la Audiencia de Sevilla y ratificado por el Tribunal Supremo.

Álvarez podría hoy mismo volver a repetir una de sus frases más recordadas. “Antes partía que doblá”, dijo en noviembre de 2007 la política socialista cuando era ministra de Fomento (2004-2009) en un mitin en Málaga organizado por el PSOE junto a los entonces presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía, José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves, asemejándose a Indalecio Prieto y a cómo “la derecha” se mofaba de aquel ministro socialista en los años 30 calificando de 'túnel de la risa' al que une Atocha y Chamartín en Madrid. Dos años después de aquello, en enero de 2009, la diputada del PP Montserrat Nebrera dijo de ella que tenía “un acento que parece un chiste”. “Hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer”, ha dicho tras saber el amparo constitucional.

Lo dicho ahora por el TC coincide, como muchas decisiones de la jueza Mercedes Alaya al inicio del caso de los ERE, con el décimo aniversario de la dimisión de Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se cumple la semana que viene. Imputada formalmente un mes antes, en mayo de 2014, su vinculación a los ERE venía de atrás, concretamente del 2 de julio de 2013 junto a una veintena de exaltos cargos de la Junta, cuando el caso saltó a la palestra nacional. Por aquel entonces se 'preimputaba', como les ocurrió a los expresidentes Chaves y Griñán, a quienes Alaya pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia).

Los argumentos de Alaya por aquel entonces para imputar a Álvarez, apoyados por la Fiscalía Anticorrupción, inciden en que la entonces consejera de Economía y Hacienda (lo fue entre 1994 y 2004) fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación y que venía venía usándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001. Según la jueza y la Audiencia el uso de aquella figura fue “precisamente instaurado” por Álvarez cuando era consejera y ello “permitió un amplio margen de discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas sin sometimiento al procedimiento legalmente”. Le llegó a pedir una fianza civil de 29,5 millones de euros, que cubrió con el embargo de seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes.

Ya la Audiencia de Sevilla, a la hora de cuantificar las condenas de inhabilitación por prevaricación por parte de los condenados, tuvo en cuenta lo que ahora criticaba parcialmente la Fiscalía a primeros de este año. En su caso, como consejera de Economía, su papel delictivo según el Supremo y la Audiencia de Sevilla pasaba por haber participado en los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían las partidas presupuestarias y que fueron posteriormente aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Una fase previa, entendió su recurso de amparo, que no era equiparable a quien gestionaba de forma directa el gasto y que no debía ser considerada como una resolución a efectos penales.

Más de un exalto cargo vino sosteniendo ante los sucesivos tribunales que han visto el caso la tesis de que ni una ley ni su propuesta podían ser delictivas. La sentencia del TC viene a dar la razón a esos argumentos cuando dice que “la modificación de la normativa presupuestaria por este cauce nunca puede ser delito ni tampoco puede serlo la elaboración del texto articulado por quienes tienen la iniciativa legislativa”. El Pleno ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Álvarez y devuelve las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

El susto de los parlamentarios en 2014

Durante la instrucción, a inicios del año 2014, la jueza Alaya ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informaran acerca de “qué pudo conocer” la entonces Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz sobre “las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales”. El susto fue tal, ante una posible imputación de aquellos parlamentarios (recordemos que hubo unos 500 imputados en las primeras fases de la investigación), que la jueza tuvo que aclarar que “ni siquiera como hipótesis de estudio” se había planteado la existencia de responsabilidad penal en integrantes de la Cámara autonómica.

“Partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria”, había dicho la jueza en 2013.

Finalmente, la Audiencia de Sevilla revocó en septiembre de 2015 aquel auto de la jueza donde solicitó los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010 y documentación de las sesiones plenarias donde se aprobaban los presupuestos. Los jueces ya dijeron a Alaya, al igual que el Supremo, que “no se considera razonable que el Parlamento aprobara conscientemente un sistema integrado por un cúmulo de ilegalidades que abocaban necesariamente al descontrol”.

Y esa es una consideración transversal a varios recursos de amparo presentados ante el Constitucional, aún pendientes de resolver. También que la reacción penal ante posibles irregularidades en esas fases previas al proceso de concesión de ayudas no era algo previsible. Es un argumento además similar al de la Fiscalía, que apoyó de forma parcial varios recursos al considerar que los presupuestos andaluces y la fase previa no podía ser considerada un delito de prevaricación. Y es lo que ha venido decir ahora el TC: que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos de ley ni las modificaciones presupuestarias posteriores a 2002 son prevaricadora, quedándose en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.

La estimación de los recursos en los términos que plantea la Fiscalía, por tanto, llevaría a la Audiencia de Sevilla a tener que eliminar la porción de su condena de inhabilitación que proceda de la aprobación de los presupuestos, pero no de las modificaciones posteriores que también forman parte, según la Justicia, del sistema descontrolado de ayudas públicas.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rebajar parcialmente la condena por prevaricación contra la exministra Magdalena Álvarez en el caso de los ERE de Andalucía, conocida este miércoles, ha zamarreado la política andaluza.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ya había cuestionado la imparcialidad del tribunal de garantías -de mayoría progresista- la semana pasada, cuando se hizo pública la ponencia que proponía anular la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que condenó a Álvarez a nueve años de inhabilitación. 

El PP andaluz ha elevado el tono este miércoles, desde el Parlamento, con una durísima crítica al Constitucional y su decisión sobre la condena a Álvarez: “Me temo que estamos ante el primer paso para borrar los delitos de todos los condenados de los ERE en la causa que afectó a toda una generación de socialistas en la gestión de la Junta de Andalucía. Esto es el inicio del indulto a todos los condenados de los ERE”, ha asegurado el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín.

La macrocausa de los ERE -un fraude de 680 millones de euros- situó en el banquillo a toda la cúpula de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos presidentes condenados (el primero por prevaricación, el segundo también por malversación de fondos). En total, 22 ex altos cargos -presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales- recibieron penas de inhabilitación o de prisión. Fue el caso que, durante diez años, desgastó poco a poco al PSOE andaluz, hasta expulsarlo del Gobierno autonómico en 2018, después de 37 años ininterrumpidos en el poder.

Nada más conocerse la decisión del Constitucional, Martín ha comparecido en el Parlamento para tildar de “escandaloso que el adelanto de la sentencia se produjera en un mitin de Pedro Sánchez” en Benalmádena (Málaga), con la presencia en primera fila de Magdalena Álvarez -cuatro días antes, en el cierre de la campaña de las europeas-. “Esto atenta contra la credibilidad de la justicia, es un atentado contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay democracia”, ha dicho.

No ha sido el único dirigente popular que ha se ha lanzado en tromba contra el fallo de los jueces. Desde la secretaria general, Cuca Gamarra, hasta su homólogo andaluz, Antonio Repullo, o el diputado y ex consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo. “Desde el intento por borrar los delitos de los socios independentistas que mantienen a Sánchez en la Moncloa se amplía a borrar los delitos de compañeros de partido de PSOE”, ha insistido Martín, que ha tildado la situación de “verdaderamente grave”.

El PSOE andaluz, en boca de su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha afeado a los populares y al Gobierno de Moreno que “un día defiendan la independencia judicial, cuando dictan sentencias que les benefician políticamente, y otros días la cuestionen”. Los socialistas han anunciado que este mismo miércoles presentarán una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la Junta de Andalucía por intentar “orientar” a los magistrados del Constitucional sobre la sentencia de los ERE, criticando el fallo antes de que se hiciera público.

Otros partidos andaluces también han valorado la decisión de los magistrados. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tildado de “molesto” que el presidente Sánchez “adelantase” el sentido del fallo que rebajará la condena a la exministra Álvarez cuatro días antes, en el mitin de Benalmádena.

Hasta ese momento, ni el presidente ni ningún alto dirigente del PSOE federal se había pronunciado jamás en esos términos de apoyo a ninguno de los condenados por el caso ERE. No obstante, García ha subrayado que “el PP no está para dar lecciones de justicia en este país”, ha dicho, recordando la condena por corrupción de la trama Gürtel o la llamada “policía patriótica” del último Gobierno de Mariano Rajoy.

Vox, en cambio, ha cargado más duramente contra los siete jueces del Constitucional que han avalado parcialmente el recurso de amparo de Álvarez. “Fueron elegidos por el PSOE, con acuerdo del PP”, ha dicho el diputado Rodrigo Alonso, tras recordar que la magistrada que firma la ponencia, Inmaculada Montalbán, “fue galardonada por el Gobierno de Griñán” [medalla de Andalucía, 2012].

Uno de los magistrados progresistas del TC que ha apoyado el recurso de amparo parcial de la exministra por el caso ERE es el también exministro de Justicia del Gobierno de Sánchez, Juan Carlos Campo, que desempeñó el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001, y que fue Secretario General de Relaciones con el Parlamento andaluz entre 2014 y 2015.

El PP es parte personada en la causa de los ERE, pero decidió no solicitar la recusación de ninguno de los jueces designados para la ponencia que iban a revisar la condena a Magdalena Álvarez. Campo, y el resto de magistrados, también tuvieron la opción de inhibirse en este asunto, pero no lo hicieron.

Un fallo no necesariamente absolutorio

La nueva sentencia de los ERE, a raíz de la decisión adoptada este miércoles por el Constitucional, no tendrá que ser obligatoriamente absolutoria, pero excluirá la mayor parte de los hechos, según fuentes del tribunal: dejando fuera el papel de Álvarez en la elaboración de proyectos y anteproyectos y la mayoría de modificaciones de los presupuestos andaluces. Solo dos de estas modificaciones presupuestarias, reconoce el Constitucional, sí pudieron ser irregulares.

El pleno, con mayoría de los siete progresistas frente a los cuatro conservadores del tribunal, ha sacado adelante una ponencia que cuestiona que los altos cargos de la Junta de Andalucía fueran condenados por estos presupuestos por prevaricación, un delito atribuido a los 16 condenados, entre ellos al expresidente Manuel Chaves, y ordena a la Audiencia de Sevilla el dictado de una nueva resolución. Los magistrados discrepantes consideran que esta sentencia hace un daño “difícilmente reparable”.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, anulando la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla y obligando a repetir la sentencia pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ella. Una nueva sentencia que no tendrá que ser obligatoriamente absolutoria pero excluyendo la mayor parte de los hechos, según fuentes del tribunal: dejando fuera el papel de Álvarez en la elaboración de proyectos y anteproyectos y la mayoría de modificaciones de los presupuestos andaluces. Solo dos de estas modificaciones presupuestarias, reconoce el Constitucional, sí pudieron ser irregulares.

El pleno, con mayoría de los siete progresistas frente a los cuatro conservadores del tribunal, ha sacado adelante una ponencia que cuestiona que los altos cargos de la Junta de Andalucía fueran condenados por estos presupuestos por prevaricación, un delito atribuido a los 16 condenados, entre ellos al expresidente Manuel Chaves, y ordena a la Audiencia de Sevilla el dictado de una nueva resolución. Los magistrados discrepantes consideran que esta sentencia hace un daño “difícilmente reparable”.

El tribunal, según fuentes del organismo, considera “no razonable e imprevisible” considerar que la aprobación de anteproyectos y proyectos de ley, así como modificaciones presupuestarias amparadas por la norma, puedan ser resoluciones injustas en el ámbito administrativo. El Constitucional entiende que elaborar anteproyectos y proyectos de ley, en este caso de presupuestos, no puede ser prevaricación: “Ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”, dice el Constitucional.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, el Constitucional deja la puerta abierta a que se mantenga al menos una parte de su condena por prevaricación ya que “se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria” vigente en ese momento. No sucede lo mismo con las modificaciones del año 2002 en adelante, hechas al amparo de una nueva normativa del Parlamento de Andalucía.

Se trata de la segunda decisión que toma el pleno del Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía después de admitir a trámite todos los recursos hace un año. Este lunes y por unanimidad el tribunal rechazó el recurso del exconsejero José Antonio Viera, condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos. En su caso, la decisión de los magistrados no permite extrapolar el rechazo a otros condenados por los mismos delitos: su recurso ha quedado rechazado por deficiencias técnicas y por expresar sus quejas en “términos genéricos”, sin que el pleno entrara a examinar a fondo su condena.

La decisión del Constitucional cuenta con la opinión contraria de los cuatro magistrados del sector conservador del pleno. Consideran que esta sentencia “ha devastado” los límites del propio tribunal al “suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley”. También que “al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar, por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento, al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva, ocasiona un daño institucional difícilmente reparable”.

“Absoluta falta de control” en casi 700 millones de euros

Los tribunales han declarado probado que detrás del título de 'caso de los ERE' se esconde la adjudicación descontrolada de 670 millones de euros en partidas de ayudas a empresas y trabajadores. Ayudas que, según la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, acabaron en muchos casos en bolsillos de personas que no tenían acceso a ellas porque, desde el mismo momento de su creación, se buscó la ausencia de controles por parte de la administración andaluza.

La Audiencia de Sevilla, que avaló posteriormente el Tribunal Supremo, condenó a 19 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía durante los gobiernos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Nueve de ellos fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación continuada, entre ellos Magdalena Álvarez, Manuel Chaves o Gaspar Zarrías. Los otros diez también recibieron condenas de hasta siete años y once meses de presidio por malversación: José Antonio Griñán, Francisco Javier Guerrero o Carmen Martínez Aguayo, entre otros.

En cuanto al delito de prevaricación, se impuso a quienes concedieron las ayudas pero también a los altos cargos que “intervinieron de forma determinante” en la aprobación de las partidas presupuestarias al hacerlo a través de transferencias de financiación y, por tanto, eludiendo cualquier control de la Junta. Los jueces entendieron que los “eslabones necesarios” en el proceso eran resoluciones a efectos penales, también los proyectos de ley de presupuestos entre 2002 y 2009. En cuanto a la malversación, los jueces atribuyeron este delito penado con cárcel a los que “concedieron y pagaron” las ayudas, pero también a quienes “permitieron que se pagaran” conociendo las “gravísimas ilegalidades” del procedimiento.

Para los magistrados del tribunal andaluz, Griñán “era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó” y Chaves fue también “plenamente consciente” de esas irregularidades. Existió, según esa primera sentencia, “una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis”. Posteriormente el Supremo solo modificó la resolución para absolver a Javier Aguado, Francisco Sánchez y Lourdes Medina, secretarios generales técnicos, y rebajar la condena de Juan Márquez por reparación del daño.

El caso de los ERE de Andalucía afronta esta semana el último capítulo de su trayectoria judicial. El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar y sentenciar los primeros recursos de políticos andaluces condenados a cárcel e inhabilitación por el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía que, según los jueces, repartió sin control cientos de millones de euros de las arcas públicas durante los gobiernos de los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Esas condenas por prevaricación y malversación llegan cuestionadas no solo por los recursos de los condenados: la Fiscalía también pone en duda parte de las condenas, dos magistradas del Supremo discrepan sobre que se malversara dinero público y el borrador de sentencia que estudiará el tribunal de garantías propone estimar, al menos en parte, las alegaciones de los exdirigentes de la Junta.

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario Manuel Chaves fue inhabilitado por nueve años.

Los hechos probados describen una madeja de anteproyectos, proyectos y partidas presupuestarias, acuerdos de consejerías y del Gobierno andaluz, transferencias de financiación y subvenciones que, hasta la fecha, se han traducido en dos delitos: prevaricación y malversación. El primero por aprobar, poner en marcha y mantener todo el armazón normativo que sostuvo durante años el sistema descontrolado de ayudas. El segundo porque, según la Justicia, millones de euros de ayudas públicas andaluzas terminaron en bolsillos de quien no tenía derecho a ellas.

El pleno empieza sus deliberaciones este martes y su objetivo es anunciar una decisión esta misma semana. No lo hace con todos los recursos encima de la mesa, sino con los de dos condenados: la exministra y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, y el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. La primera, condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El segundo, a siete años de cárcel también por malversación. Y estos dos casos no abarcan todos los supuestos de los ERE, pero sí pueden marcar el camino de otros recursos.

El caso de los ERE describe un sistema de ayudas que estuvo más de una década en vigor y las condenas se adaptan a las distintas fases que atravesó, también en función de la responsabilidad que ostentaba cada acusado. Desde los anteproyectos presupuestarios donde estaban las partidas gestionadas de forma ilegal hasta su efectiva adjudicación. De consejeros y viceconsejeros hasta los presidentes de la Junta pasando por directores, interventores y secretarios generales. La primera parada será en la prevaricación con el caso de Magdalena Álvarez.

Magdalena Álvarez: prevaricación prelegislativa

La consejera en la Junta de Andalucía hasta 2004 y después ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2009, Magdalena Álvarez, fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Su caso servirá para que el pleno aborde el pilar maestro de muchas condenas de inhabilitación por ese mismo delito: si todas las tramitaciones prelegislativas de las ayudas pueden considerarse una resolución susceptible de llegar a ser delictiva por ese artículo del Código Penal. Pero serán un caso distinto las decisiones tomadas posteriormente, o modificando los presupuestos ya aprobados.

En su caso, como consejera de Economía, su papel delictivo según el Supremo y la Audiencia de Sevilla pasa por haber participado en los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían las partidas presupuestarias y que fueron posteriormente aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Una fase previa, entiende su recurso de amparo, que no es equiparable a quien por ejemplo gestionaba de forma directa el gasto, y que no debe ser considerada como una resolución a efectos penales.

Es una consideración transversal a varios recursos de amparo presentados ante el Constitucional. También que la reacción penal ante posibles irregularidades en estas fases previas al proceso de concesión de ayudas no es algo previsible.

El mencionado es un argumento similar al desplegado por la Fiscalía, que apoyó de forma parcial varios recursos al considerar que los presupuestos andaluces y la fase previa no podía ser considerada un delito de prevaricación. Firmar esa condena, según explicó el Ministerio Público en sus informes, “presupondría introducir un control de la jurisdicción penal” de una iniciativa legislativa, algo que otras jurisdicciones “han rechazado ejercer”. Sí entiende que podría ser un delito de prevaricación las modificaciones posteriores a la aprobación de los presupuestos, pero no los presupuestos en sí mismos.

Fuentes del caso explican que esta semana el debate, en torno a la prevaricación, girará en torno a ese aspecto de la causa con la ponencia apuntando en esa misma dirección: si las acciones anteriores a existir una ley de presupuestos puede ser considerado un delito. Y si se puede prevaricar aplicando una ley que no ha sido siquiera impugnada ante los tribunales. En cuanto a la malversación, que forma parte de la condena del exconsejero Viera, la duda tiene que ver con si es un delito que se pueda cometer por acción o también por omisión y si existe la posibilidad de devolver parte de la causa a los tribunales andaluces, dado que no se juzgó el destino de muchos de esos casi 700 millones de euros cuestionados.

La Fiscalía entiende que las condenas por malversación, el delito más grave que acarrea condenas de cárcel, deben ser confirmadas. Pero aquí los recursos de amparo se apoyan en el voto particular de dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, que entendieron que las condenas por ese delito suponían un “arriesgado salto en el vacío”. Para estas dos juezas de la Sala de lo Penal, la Audiencia de Sevilla condenó al expresidente Griñán, entre otros, con un “importante déficit argumentativo” y basándose en “meras especulaciones”.

Todos los condenados a penas de prisión en la causa de los ERE de Andalucía ya entraron a la cárcel a cumplir su pena, a excepción de José Antonio Griñán, enfermo de cáncer. “Aquí está Magdalena”, dijo Pedro Sánchez en un acto de campaña en Benalmádena, poniendo a la exministra como ejemplo del “vil ataque de la derecha durante muchos años”. Esta semana, el Constitucional decidirá el futuro de su condena de inhabilitación por uno de los casos judiciales con más incidencia e implicación política de la última década.

El Gobierno andaluz ha cuestionado la independencia del Tribunal Constitucional (TC) tras conocer, el pasado lunes, el borrador de la ponencia de una sentencia que propone anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE.

El Pleno del TC tendrá que votar a partir del 18 de junio si apoya o no la redacción propuesta, pero el contenido de la ponencia se hizo pública sólo cinco días después de que Magdalena Álvarez reapareciese en un mitin de Pedro Sánchez en Benalmádena (Málaga), en la recta final de la campaña para las europeas.

A ningún socialista le pasó desapercibido que el presidente del Gobierno, acompañado en aquel acto por su esposa, Begoña Gómez, rindiera tributo público a la ex ministra. La primera muestra clara de redención para los dirigentes que formaron parte de la cúpula de los gobiernos socialistas andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el macrofraude de los ERE. “Aquí está Magdalena”, dijo Sánchez en Benalmádena, poniendo a la exministra como ejemplo del “vil ataque de la derecha durante muchos años”.

Entonces se interpretó como una forma de ligar el proceso judicial contra Magdalena Álvarez -que los socialistas empiezan ya a enmarcar abiertamente en un contexto de lawfare o guerra sucia promocionada por el PP- con el de la esposa del presidente, citada como investigada horas antes en un supuesto caso de corrupción y conflicto de intereses.

Tras el Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha sido preguntado por el sentido de la ponencia del Constitucional que rebaja la condena a la exministra socialista. “Vamos a estar atentos a los votos de cada juez en esta sentencia. Nos preocupa que Pedro Sánchez organice un homenaje a Magdalena Álvarez en plena campaña electoral y, justo cuando acaba la campaña, sabemos que la ponencia del Constitucional puede anular la sentencia contra la exministra”, ha advertido el también consejero de Medio Ambiente.

El caso ERE sentó en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán -que gobernaron Andalucía durante más de dos décadas- y el Supremo terminó condenando a toda la cúpula de sus ejecutivos, incluido ellos mismos. Se les imputan delitos de prevaricación y malversación, entre otros, con condenas de inhabilitación y cárcel, que la mayoría sigue cumpliendo. Políticamente fue el caso que carcomió los cimientos del PSOE andaluz, tras 37 años ininterrumpidos en el poder, y contribuyó a la entrada del primer gobierno de derechas en Andalucía, liderado por Moreno con apoyos de Ciudadanos y Vox en 2018.

El portavoz de la Junta se ha preguntado este martes si el presidente Sánchez “sabía por dónde iría la ponencia del TC” cuando decidió homenajear a Álvarez cinco días antes en un mitin. “¿Sabía la futura sentencia, que se iba a anular el caso ERE”, ha reiterado, tras anunciar que el Ejecutivo andaluz estará “atento para ver qué magistrado se abstiene”. El presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ya se abstuvo estando en el Supremo; y el magistrado Juan Carlos Campos, ex ministro de Sánchez y portavoz de Justicia del PSOE puso en duda el procedimiento de los ERE a favor de los condenados, ha recordado Fernández Pacheco.

“Si al final el caso de corrupción más importante de España queda anulado, la justica española quedará muy tocada a nivel internacional”, ha asegurado, tras subrayar su “preocupación por la sensación permanente de intromisión que tiene el PSOE en los procedimientos judiciales en España, incluso en aquellos ratificados por el Supremo”.

El caso de los ERE ha pasado por 20 jueces distintos, a lo largo de su dilatado procedimiento judicial, y todos han visto los mismos delitos (algunos más discutidos que otros). La prevaricación, que se le imputa a Magdalena Álvarez, “se ha dado por hecho en todos los casos”, ha recordado el portavoz.

La ponencia del Pleno del TC está a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía y plantea que estime el recurso de Álvarez en lo relativo al delito de prevaricación. A principios de año trascendió que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación “en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos” de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. La cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos –luego aprobada como ley– podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.

Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.

El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea “un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales”, según ha apuntado este lunes el tribunal en una nota informativa.

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 de Spanair, siniestrado en el aeropuerto de Barajas en 2008, Pilar Vera, ha esperado este miércoles a la exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez tras comparecer en el Congreso para espetarle que “nunca tenía que haber sido ministra”.

Así, durante su comparecencia Álvarez ha elogiado la labor de las víctimas y ha mencionado expresamente a la presidenta de la asociación, lo que ha extrañado a la aludida. “Quiero decirle, de parte de todas las familias, que con el currículo que usted tenía como consejera de la Junta (de Andalucía), que allí fue dinero, pero aquí muertos. Nunca tendría que haber sido ministra”, le ha dicho Vera.

“Gracias por aprovechar este momento delante de la prensa”, ha respondido Álvarez, despidiéndose de la presidenta de la asociación de víctimas, que insistía en que “se lo tenía que decir”. “No se preocupe usted, si esto entra dentro del juego”, ha dicho la exministra, ya casi en la puerta de salida al patio del Congreso.

Posteriormente, Vera ha atendido a los medios de comunicación para reiterar que Álvarez “nunca” debió ser responsable de un ministerio “que tiene en sus manos la seguridad de todos”. “Las asociaciones de víctimas y los que estamos aquí peleando no estamos peleando por los que murieron. Ellos no van a volver. Estamos peleando por los vivos, por los que cogen barcos, aviones, trenes...”, ha dicho.

“Esto se tiene que saber, que es un problema sistémico de la aviación civil española. Y hay que arreglarlo. Vamos a ver si podemos quitar la venda de falsedad e hipocresía que tiene esta tragedia y lo arreglamos entre todos”, ha concluido Vera.

Batalla campal en la comisión: “Vaya al psicólogo”

Este miércoles se ha reunido en el Congreso la Comisión de Investigación sobre el accidente del vuelo JK 5022 de Spanair en 2008, que acabó con la vida de 154 personas. La primera compareciente ha sido Magdalena Álvarez, ministra de Fomento entre 2004 y 2008, que se ha sometido a las preguntas de los parlamentarios para esclarecer determinados aspectos sobre estos hechos.

Tras los interrogatorios de los portavoces de ERC, Ciudadanos, Podemos y PSOE, ha llegado el turno, en último lugar, del PP. El encargado de plantear cuestiones a la exministra ha sido el diputado José Ignacio Echániz, en lo que ha supuesto un tenso cruce de declaraciones que ha excedido el objeto de la Comisión.

Al poco de iniciar su intervención, Echániz ha hecho un inciso para “hacer una breve referencia a la trayectoria política” de Álvarez. Así, ha recordado que la exministra dimitió en 2014 como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones por su imputación en el caso de los ERE. Para el portavoz del PP, “el mayor caso de corrupción de la historia de España”, que ha continuado detallando datos sobre el proceso judicial.

“Pido el amparo porque está diciendo mentiras”, ha sido la respuesta de Álvarez. También ha provocado las quejas del portavoz del PSOE en la Comisión, Sebastián Francis, que ha criticado que la intervención del conservador se desviara del tema a investigar, pidiendo que se le retirara la palabra si continuara en esa línea. “Son antecedentes que tienen mucho que ver”, se ha defendido Echániz.

Acto seguido, el diputado del PP ha continuado recordando que en 2007 el Senado reprobó a Álvarez como ministra, por el “caos de las infraestructuras en Catalunya”, entre otras polémicas protagonizadas por la que fuera titular de Fomento durante la primera legislatura de Zapatero. Tras ello, ha lanzado varias preguntas sobre la investigación: “¿Qué medidas adoptó de cara a la inspección y si se cumplieron las obligaciones recogidas en la ley de seguridad aérea de 2003 (...), si se aumentó la plantilla de los inspectores oficiales, y si conoce cómo se formuló la inspección del avión?”.

Álvarez ha comenzado su réplica lamentando que el PP “haya desviado la atención y haya querido centrarla en mi persona”. Esto ha sido respondido con una protesta de Echániz por la “valoración subjetiva”, subrayando que tiene “legitimidad para establecer los antecedentes que considere oportunos”.

Tanto la exministra como el portavoz del PP se han enzarzado en una discusión que ha ido subiendo el tono del debate. “Muy desesperados tienen que estar para utilizar una comisión de investigación donde ha habido 154 muertos para hablar de mí y mi pasado, además de mentir de forma escandalosa”, le ha apelado Álvarez.

El vicepresidente de la Comisión, Tomás Fole -también diputado del PP-, ha cortado aquí la discusión para tratar de “reconducir” el debate, aunque no ha servido de mucho. La respuesta de Álvarez ha sido clara: “Yo me voy a ceñir a lo que él ha dicho”, acusando a Echániz de “insultarle”. Y la consecuencia: una nueva intervención de Fole para poner orden, además de las repetidas quejas de Francis.

“Había venido con la mejor voluntad para darle a sus señorías toda la información...”, decía la exministra, que ha sido interrumpida por Echániz: “Pues le pido que vaya al grano”. “¿Pero esto qué es? Esto es una falta de respeto”, se ha vuelto a quejar Álvarez.

Aunque el portavoz del PP ha repetido las preguntas, la exministra continuaba reprochando el comportamiento del diputado: “Hasta que yo no conteste todo lo que ha dicho sobre mí no pienso seguir esta comparecencia (...) Hay otra solución. Si lo retira, no contesto”.

“Estamos entrando en un bucle un poco pernicioso”, ha advertido el vicepresidente de la Comisión, sin éxito. “Me está pidiendo que retire la historia de los últimos años de este país (...) Yo lo podría retirar pero está en todos los medios de comunicación”, ha seguido Echániz, que se ha negado a retirar sus afirmaciones en repetidas ocasiones: “Tengo el derecho como diputado de expresar lo que considere oportuno en esta cámara (...) La compareciente tiene la obligación legal de venir a comparecer y contestar a estas preguntas. Está en su turno de contestación”.

Las intervenciones de Fole para apaciguar el ambiente se han sucedido, pero con idéntico resultado. De hecho, ha tenido que interrumpir la comisión durante cinco minutos para decidir qué hacer: el debate estaba enrocado. Finalmente, se ha permitido que Álvarez respondiera a los comentarios sobre su biografía política.

Así, ha explicado cuál es la causa de su imputación en el caso de los ERE, subrayando: “No me queda la menor duda de que voy a ser declarada inocente por los tribunales”. También ha resaltado el “honor” de “haber llevado el AVE hasta Barcelona que ”funciona perfectamente“, ”independientemente de todos los problemas que su construcción pudo ocasionar“.

Álvarez también ha repasado su etapa como ministra de Fomento, hasta que un comentario ha vuelto a subir el tono del debate. “Antes hablaba de los psicólogos que nos tienen que preparar para determinados acontecimientos. Yo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque necesita que le den una vuelta a esa forma de actuación”, ha enfatizado la exministra, con Echáinz pidiendo que retirara la afirmación del diario de sesiones.

El vicepresidente de la Comisión ha pedido, de nuevo, cautela por volver a exceder el objeto. Y Álvarez ha continuado: “Es que, verá, si alguien necesita un psicólogo, tendrá que ir”. La mesa ha decidido no incluir la afirmación en el diario de sesiones, a lo que la exministra ha respondido: “Pero usted lo ha oído, ¿verdad? Porque es un consejo”.

Cuando parecía que Álvarez iba a responder las preguntas, ha insistido: “Esto que voy a decir lo pueden retirar, pero entre ser un corrupto y que vaya al psicólogo, el nivel de insultos está claramente a favor del señor diputado”. “Ustedes saben mucho de corrupción. Eso es lo que me da miedo”, ha rematado con: “Lo siento, me apasiono. No me doy cuenta”.