Una miniserie documental mantiene viva la lucha de las víctimas de Spanair 15 años después

Aviones de la compañía Spanair en una imagen de archivo

EFE

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A punto de cumplirse 15 años del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el que murieron 154 personas, Movistar Plus+ estrenará el próximo martes una miniserie documental que indaga en las causas de la catástrofe y denuncia las lagunas del proceso judicial y del informe de la comisión de investigación, la CIAIAC.

Dirigida por Alberto Puerta y producida por Secuoya, la miniserie de tres episodios reconstruye los hechos a partir de testimonios de víctimas, familiares y especialistas, además de material del sumario, informes de la comisión de investigación, transcripciones de la grabación de cabina del avión y los audios de emergencias.

La reconstrucción de lo ocurrido aquel 20 de agosto de 2008 muestra los fallos cometidos por los pilotos, fallecidos en el accidente y únicos condenados judicialmente, pero también deja en evidencia a los técnicos de mantenimiento y la lenta y caótica respuesta por parte de las autoridades aeroportuarias y servicios de emergencia.

El avión se estrelló a los pocos segundos de despegar con rumbo a Gran Canaria tras un primer intento de despegue que fue abortado por una avería detectada por el comandante, el excesivo calentamiento de una sonda RAT que los técnicos, en conversación con los pilotos, creyeron solucionar sin indagar en la causa que lo provocaba.

La transcripción de las conversaciones desvela que un tripulante de cabina, el auxiliar de vuelo Gabriel Guerrero, cuestionó la reparación asegurando que era “un parche”, pero el copiloto insiste en que “se puede hacer”, en línea con el manual de vuelo del aparato, un MD82.

En el documental, la asociación de víctimas presidida por Pilar Vera acusa a la CIAIAC, la comisión de investigación del accidente dependiente del ministerio de Fomento, de maniobras dilatorias -tardaron tres años en presentar sus conclusiones- y de ocultar información relevante que cuestionaba el papel jugado por la compañía aérea y por los constructores del avión (McDonell Douglas, adquirida por Boeing en 1996).

Se refiere al fallo de un relé encargado tanto de suministrar electricidad al calefactor de la sonda de temperatura de la aeronave como al sistema de advertencia de configuración inadecuada para el despegue, llamado TOWS, que no funcionó, según explicó en su informe el perito de la asociación, Antonio Bazán.

Precisamente, veinte años antes, en 1987, un aparato idéntico de la compañía estadounidense Northwest se estrelló en Detroit (EEUU) al poco de despegar, causando la muerte a 149 pasajeros y los seis tripulantes.

La investigación de ese siniestro reveló un origen similar al del accidente de Spanair, un fallo eléctrico que impidió que sonara la alarma TOWS; en el informe de conclusiones se recomendó a Boeing que modificara el diseño del avión para incluir una segunda alarma que avisara a los pilotos de un eventual fallo del TOWS.

Esa recomendación nunca se aplicó y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos se contentó con que Boeing asegurara haber enviado un telegrama a sus clientes recomendando revisar el TOWS de ese aparato antes de cada vuelo.

Según Pilar Vera, Spanair (que cesó sus operaciones en 2012) solo probaba el TOWS en el primer vuelo de la mañana.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal en 2012 tras reducir la responsabilidad del siniestro a únicamente los pilotos. Durante la comisión de investigación parlamentaria, creada en 2018 previa recogida de más de 60.000 firmas, se cuestionó que el juez priorizara el informe de CIAIAC, dependiente de Fomento, al del propio órgano pericial del juzgado, independiente.

En su dictamen, aprobado en abril de 2021, la comisión parlamentaria consideró que pudo haber conductas negligentes de 18 personas, entre ellas responsables de Fomento, Aviación Civil y el aeropuerto de Barajas, y recomendaba el envío de su informe a la fiscalía para su análisis, pero ésta rechazó reabrir el caso.

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