La fundación ultracatólica de Abogados Cristianos ha solicitado a la Diputación de Valladolid que censure dos obras concretas incluidas en la exposición “La voz humana”, del artista Nacho Hernández, que se exhibe en el Palacio Pimentel de Valladolid, que estará abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026. Poco después de la inauguración de la muestra, justo antes de Semana Santa, Vox criticó que la Diputación Provincial de Valladolid apoyara la celebración religios “como expresión de Fe y de Tradición” en la provincia, mientras se exponen en la sala de su sede “obras que hieren la sensibilidad de los católicos”.

Abogados Cristianos considera que las dos piezas podrían suponer “un delito contra los sentimientos religiosos” porque interpreta que Hernández ha utilizado “la crucifixión de forma ofensiva y como una provocación deliberada en plena Semana Santa y Pascua”, según han señalado a través de un comunicado. No es el primer intento de censura relacionado con la Semana Santa: en febrero un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent declararon como investigados por la performance de una procesión que hicieron en Tarragona. En diciembre, fueron contra un festival porque su cartel recomponía La Sagrada Cena y la Virgen María llevaba gafas de sol.

La organización ha presentado una solicitud de información y una reclamación administrativa ante la Diputación por dos obras concretas: 'Raúl, voz humana. Crucifixión' y 'Crucifixión Edgar Guanipa. Godot', en las que “se utiliza la imagen de la crucifixión de Jesucristo de forma grotesca y vejatoria en una exposición financiada y promovida por una institución pública”. “El uso de la imagen de la crucifixión, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana, en este tipo de representaciones supone desvirtuar su sentido original, al desvincularlo de su carácter sagrado y convertirlo en un elemento meramente provocador”, interpreta Abogados Cristianos. 

Abogados Cristianos critica el “respaldo institucional” de la Diputación de Valladolid a esta muestra y se jacta de que consiguió que en 2025 la Justicia mexicana ordenase la censura de una exposición de Fabián Chairez, como si las leyes de ambos Estados fueran equiparables. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido en el comunicado que no se utilice dinero público para “difundir obras que banalizan o ridiculizan los símbolos más sagrados del cristianismo”.

Tras las críticas de Vox, la Diputación de Valladolid (PP), defendió libertad creativa de los artistas. La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León tildó estos reproches de “censura” porque Vox defendió que el arte debía “transmitir valores estéticos y emocionales positivos”. “Eso no describe el arte, sino la censura”, zanjó hace unos días la asociación de artistas, que consideró que Vox pretende “intimidar” a los artistas al llevar este asunto al pleno provincial del 24 de abril.

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Donostia contra la rapera dominicana Tokischa por un presunto delito de profanación tras la publicación de unas imágenes de “alto contenido sexual” tomadas en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro. Según critica la fundación en un comunicado, la artista “aparece semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- posando de forma provocativa dentro del templo”, situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.

La imagen forma parte de un cortometraje creado por la artista y que, para Abogados Cristianos “evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”. “Los hechos han tenido ”una gran trascendencia pública, lo que ha generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España“, aseguran.

La organización ultra defiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal, al tratarse de actos realizados en un templo “con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos”. “No se trata de un hecho aislado, ya que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega (República Dominicana) por realizar actos similares en un santuario religioso, lo que evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación”, aseguran desde Abogados Cristianos, quienes recuerdan que “en defensa de la libertad religiosa y por profanación” ya lograron una sentencia condenatoria contra las activistas de FEMEN por “asaltar la Catedral de la Almudena desnudas” durante una protesta.

Por su parte, el Obispado de Donostia ha detallado este miércoles que no ha concedido autorización alguna para la grabación o producción del video de la rapera y ha señalado que está estudiando si estos hechos “pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica”. Según ha explicado el Obispado en un comunicado, el 18 de julio del pasado año la Productora Visore solicitó la autorización para filmar una escena “breve” dentro de algún templo de la Diócesis de San Sebastián, asegurando que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpa la dinámica del lugar”. “Al solicitar una ampliación de la información sobre el proyecto, el 21 de julio la productora indicó que se trataba de un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética, en la que nos interesa especialmente contar con el acompañamiento y la colaboración de instituciones locales que le den aún más sentido y arraigo a lo que estamos contando”, recoge el escrito, que sostiene que tras indagar trabajos de la Visore y de la artista, el Obispado de San Sebastián comunicó a la productora que no autorizaba la grabación del proyecto “en ninguno de los templos o ermitas” de la Diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la Basílica donostiarra de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, pero “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado”, ha señalado el Obispado. Ha sido después del estreno del vídeo y de la difusión de imágenes en las redes sociales, cuando el Obispado ha tenido conocimiento tanto del lugar como del contenido de la grabación. Por ello, “de forma inmediata” se ha puesto en contacto con la productora para exigir la retirada de las imágenes grabadas en la basílica y recordar la negativa para dicha grabación.

En este sentido, ha lamentado “profundamente” el “uso indebido de un espacio sagrado” para la realización de contenidos que “resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”. Según el derecho canónico, en un lugar sagrado “sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar”, detallan desde el Obispado, añadiendo que en casos concretos y particulares, el Obispo puede permitir que se lleven a cabo otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (conciertos, exposiciones).

Por todo ello, desde el Obispado se está estudiando si estos hechos pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica. Además, se ha invitado a mantener “siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad”, sentencian.

Por el momento ni la artista ni la productora se han pronunciado al respecto, pero sí que han difundido las imágenes y vídeos de su proyecto a través de redes sociales con un mensaje dedicado a Dios, explicando que la grabación se ha realizado “en una iglesia en San Sebastián”. “Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten. Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma. Es amor puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores. Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo [...] pero ustedes creen que solo está en la Iglesia”, publicó la rapera.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado a la Justicia medidas cautelarísimas para obligar al festival de música Santas Pascuas que celebra su décima edición se celebra hasta el 5 de enero de 2025 en Pamplona a retirar su cartel oficial, que recrea la Última Cena sustituyendo la figura de Cristo por una imagen “burlesca” de la Virgen María, representada con gafas de sol.

La solicitud se enmarca dentro de un recurso contencioso-administrativo en el que la organización exige al Ayuntamiento de Pamplona que obligue a la organización del festival a devolver la subvención recibida. Alega que la convocatoria de la subvención excluye a los proyectos que “puedan resultar ofensivos para la ciudadanía”. Añade que el festival ha recibido desde 2021 un total 130.000 euros en subvenciones.

Según la denuncia, “el cartel utiliza una composición reconocible por cualquier creyente, imitando deliberadamente la disposición clásica de la Última Cena, pero alterada para generar un efecto burlesco”. La Fundación ha subrayado que “la imagen central, presentada como una falsa Virgen María, incorpora elementos frívolos absolutamente incompatibles con el respeto debido a las figuras sagradas de la fe católica. La imagen es una expresión grosera e insultante, totalmente innecesaria para realizar cualquier tipo de publicidad que ofende a los sentimientos religiosos más profundos de la población católica”. Por ello, Abogados Cristianos exige “la retirada inmediata de dicha imagen o sustitución por cualquier otra imagen sin connotaciones religiosas de ningún tipo”.

La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, ha afirmado en una nota que “esto recuerda a lo ocurrido en la inauguración de los JJOO de París, otra burla pública hacia símbolos cristianos”. “No vamos a tolerar que se ridiculice la Última Cena ni a la Virgen María. No permitiremos que se utilicen imágenes sagradas en tono de burla para promocionar espectáculos financiados con dinero público”, ha indicado.

Desde Santas Pascuas defienden que los personajes representados son artistas y músicos que participan en el festival y que no se pretende la burla de símbolos religiosos. “El cartel objeto del requerimiento constituye una reinterpretación artística contemporánea de referentes culturales ampliamente reconocibles, realizada desde parámetros estéticos actuales y utilizando elementos propios de la escenografía musical y cultural contemporánea. Los personajes que aparecen representados son artistas y músicos navarros participantes en el propio festival, lo que refuerza el carácter contextual, artístico y no religioso de la composición. En ningún caso puede sostenerse razonablemente que la imagen tenga como finalidad la burla, el escarnio o la denigración de símbolos religiosos, ni que incorpore expresiones objetivamente ofensivas, vejatorias o insultantes hacia la religión católica o hacia quienes la profesan”, han informado.

En este sentido, han lamentado “sinceramente que el cartel haya podido resultar molesto u ofensivo para algunas personas”, pero la organización del festival recuerda que la percepción subjetiva no puede confundirse con una infracción legal ni justificar la limitación de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Y por ello anuncia su intención de mantener el cartel en cuestión, pese a que desde hace días y coincidiendo con la demanda de Abogados Cristianos están “sufriendo desde hace días una campaña de ataque que incluye arrancar y vandalizar distintos elementos publicitarios del festival ubicados en la vía pública”.

Por último, la organización del festival reitera su “voluntad permanente de diálogo, desde el respeto mutuo y la convivencia de sensibilidades diversas”, y reafirma su “compromiso con una cultura crítica, plural y libre, entendida como espacio de encuentro, reflexión y creación compartida”.

La asociación ultracatólica que convocó un acto en el Congreso con una imagen de la cruz franquista de Cuelgamuros acudió la semana pasada al Tribunal Supremo para exigir medidas urgentes. La Mesa de la cámara baja había retirado su autorización al coloquio y Enraizados, grupo ubicado en la órbita de El Yunque, pidió el pasado viernes a los jueces una decisión cautelarísima para poder celebrar el encuentro programado para este lunes. Los magistrados, según ha podido comprobar elDiario.es, rechazaron su petición porque la asociación, defendida por la presidenta de Abogados Cristianos, cometió un error formal insalvable: no aportó hasta que fue demasiado tarde el acuerdo de la Mesa del Congreso que estaba cuestionando. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, reprochó el Supremo.

Las jornadas habían sido convocadas para las 16:30 horas del lunes de esta semana bajo el lema 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa'. Un foro con invitados como el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; el impulsor de los Rosarios en Ferraz, José Andrés Calderón; o la dirigente de Vox Carla Toscano para, en palabras de los organizadores, “recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública”. Enraizados obtuvo el respaldo del Parlamento en mayo aunque, según fuentes parlamentarias, sin especificar de que el cartel iba a incluir una imagen de la cruz del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros.

La mesa revocó este permiso a finales de la semana pasada y Enraizados, representada por la presidenta de Abogados Cristianos, acudió al Tribunal Supremo para pedir medidas cautelarísimas y que los jueces forzaran al Congreso a permitir el acto. La petición de urgencia entró en el registro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado viernes cuando apenas pasaban unos minutos de las dos y media de la tarde. Los jueces constataron entonces un problema que, de no solventarse, condenaba la reclamación al fracaso: habían presentado un recurso pero no habían aportado la resolución del Congreso que recurrían.

Los datos del auto al que ha tenido acceso este periódico ponen de manifiesto el error de la asociación convocante del acto: habían recibido el acuerdo de la Mesa una hora antes de presentar el recurso, pero no lo habían incluido en el recurso. Y no lo hicieron hasta días después, el mismo lunes del evento dos horas antes del comienzo. Cerrando la puerta, por tanto, a que el Supremo pudiera intervenir aunque ahora el recurso se siga tramitando sobre el fondo del asunto. La petición de cautelares, una vez pasados varios días, “ha perdido su objeto”.

Los jueces explican que recibieron toda la documentación necesaria dos horas antes de la hora a la que estaba programado el evento, “sin tiempo material para poder reunir a la Sala, resolver el asunto y notificar la decisión con la antelación mínima exigible”. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, concluye el Supremo.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de la Mercè. Los denunciantes atribuyen al alcalde un posible delito de escarnio, recogido en el artículo 525 del Código Penal, por considerarlo responsable último de la imagen.

Abogados Cristianos considera que el cartel, obra del director y guionista cinematográfico Lluís Danés, “mezcla el imaginario circense propio de un freak show con la iconografía religiosa”. En el anuncio del cartel aparece una figura femenina con corona sobre un retablo, que Abogados Cristianos sostiene que “evoca la simbología de la Virgen” de la Mercè y que, en el vídeo promocional que acompaña al cartel, se levanta la falda para bailar.

La organización asegura que no permitirán que gobernantes, a los que atribuyen “falta de ética” y “transparencia”, usen “lo público para humillar a los católicos y fomentar la confrontación social”.

La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, ha relacionado el cartel con los casos de corrupción que afectan al PSOE: “No es casualidad que este tipo de ataques a los símbolos religiosos coincida con la deriva moral de un PSOE envuelto en casos de corrupción y en políticas que menosprecian los derechos fundamentales de miles de ciudadanos”, ha apuntado en un comunicado.

Abogados Cristianos recuerda que algunos partidos han mostrado malestar con el cartel, así como el Arzobispado de Barcelona, que cree que ridiculiza la imagen de la Madre de Dios. Por su lado, el Ayuntamiento ha defendido la “libertad creativa” del autor y asegura que “en ningún caso” se ha inspirado en motivos o figuras religiosas.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra la humorista Ane Lindane, por “subirse al altar mayor de una iglesia, simular que se masturbaba con un crucifijo y difundir los vídeos en sus redes sociales” durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ) celebrado en Iparralde, en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue (en euskera Arberatze-Zilhekoa). Abogados Cristianos acusa a Lindane de incurrir en un delito de escarnio (art. 525 del Código Penal) aunque la misma fundación reconoce que no se trata de un delito recogido en el código penal francés. “La actríz fue a hacerlo a Francia porque es de los pocos países europeos donde este delito no está recogido en su código penal. Esto es un claro ejemplo de lo que va a ocurrir en España si se despenaliza el delito contra los sentimientos religiosos”, critica la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Por su parte, Lindane se ha tomado la denuncia con sorpresa, aunque reconoce que al mismo tiempo “estaba esperando” alguna reacción por parte de los sectores ultracatólicos ante sus espectáculos. “Era cuestión de tiempo que me llegara una denuncia de Abogados Cristianos. Estoy tranquila y contenta. Me ofrecieron hacer un monólogo en euskera el festival y me hacía ilusión porque nunca he actuado en Iparralde. Cuando llegué me dijeron que iba a actuar en una iglesia. Era una iglesia convencional, no desacralizada que el propio párroco les dejó porque está casi en desuso. Me flipó porque era muy bonita, di una vuelta por la sacristía y vi que había mucha ropa de curas, crucifijos y decidí improvisar”, reconoce la humorista a este periódico.

De esta manera, Lindane improvisó su entrada e inicio de su actuación tomando un crucifico y escenificando una masturbación. “Fue algo que no estaba planeado, siempre entro de forma rompedora y lo hice sin pensar. No pensaba que tendría esta repercusión. En mis monólogos hago ese tipo de cosas, aunque es cierto que nunca lo había hecho en una iglesia de verdad. Hablo de euskera, de feminismo, de política y también denuncio abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue un honor hacer reír con esos temas dentro de una iglesia católica”, confiesa la cómica, que realizó la actuación frente a 200 personas.

Según asegura, no tiene pensado acudir a ningún abogado por la denuncia y confía que el caso quedará archivado. “Conozco el funcionamiento de Abogados Cristianos, un gran porcentaje de las denuncias que ponen al año son archivadas. Saben que son causas perdidas y en este caso ellos mismos reconocen que las leyes del Estado francés no reconocen como delito lo que yo hice. Soy cómica y esto es libertad de expresión. Lo que están haciendo con este tipo de denuncias que no llegan a ningún lado es saturar el sistema judicial que está para cosas mucho más importantes como las denuncias de malos tratos, por violación o por delitos de agresiones sexuales dentro de la Iglesia. Aunque esto parece que no les preocupa tanto a Abogados Cristianos”, argumenta.

Aunque sí que reconoce que este tipo de denuncias buscan “desgastar” a los cómicos y artistas. “Juegan al desgaste. Ellos tienen recursos económicos y mucho tiempo que perder. En mi caso no tengo problemas porque si necesitase un abogado conozco a muchos que me prestarían sus servicios por militancia, como ya lo han hecho en otras ocasiones, pero entiendo que hay a quien esto le desgasta y al final se apliquen la autocensura. Puede que me estén utilizando de cabeza de turco para que otras aprendan. En ese caso, a esas personas yo les diría que no se corten, que digan y hagan lo que quieran decir y hacer, porque para eso existe la libertad de expresión. Somos cómicas, somos artistas y tenemos no solo el derecho, sino la obligación de burlarnos y denunciar todas esas realidades horrorosas que vemos y vivimos, como son las agresiones sexuales a menores en la Iglesia Católica”, concluye Lindane.

Varapalo judicial al magistrado Carlos Valle y a Abogados Cristianos. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado archivar la causa abierta contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', procesado por la denuncia de Abogados Cristianos que le acusaba de incitar al odio contra los sacerdotes por bromear en el programa 'Hora Veintipico' de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. Los jueces, tal y como ha difundido el propio humorista, estiman su recurso apoyado por la Fiscalía y ordenan el sobreseimiento tras anular la decisión del juez Valle, que comparó su broma sobre el Valle de los Caídos con amenazas de agredir a homosexuales en Chueca, de procesarle y dejarle al borde de juicio.

El magistrado Carlos Valle decidió imputar al humorista después de una denuncia de Abogados Cristianos. La asociación ultracatólica, detrás de otras causas abiertas por hechos similares, por ejemplo, a Pablo Echenique, le acusaba de haber bromeado con apedrear a curas pedófilos con cascotes del Valle de Cuelgamuros, en alusión a los ultracatólicos que acosan a mujeres que acuden a clínicas abortivas.

La intención del humorista, dice la Audiencia Provincial, era “expresar de una forma airada y exagerada su posición política, manifestando de una forma viva y rotunda, pero sin discurso elaborado ni matices, reflejando su protesta y disconformidad, con la compleja situación política actua”. Pero “desde luego” no incitar al odio contra los religiosos: “En modo alguno dichas manifestaciones fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso o a aquellos que practican la religión católica”. 

El magistrado decidió procesarle y dejarle a las puertas de juicio el mismo día en que le tomó declaración como imputado. Una declaración en la que el juez Valle le preguntó directamente si su chiste en la Cadena SER no le parecía asimilable a que otra persona bromeara con apedrear homosexuales en el barrio madrileño de Chueca. Ahora ha sido el organismo supervisor, la Audiencia Provincial, la que ha tumbado ese procesamiento y ha ordenado el sobreseimiento del caso.

Los juzgados de Madrid han examinado en los últimos meses varias denuncias similares de Abogados Cristianos y otras asociaciones ultracatólicas como HazteOir contra diversas personalidades tanto por delitos contra los sentimientos religiosos como también de odio. El mismo magistrado procesó hace semanas a Pablo Echenique, exdirigente de Podemos, mientras que otro juez de la misma Plaza de Castilla archivó la denuncia interpuesta contra David Broncano y Lalachús por sacar una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' durante las campanadas de TVE.

En el caso de Quequé, la Audiencia Provincial ratifica que no hay ningún tipo de delito y que el juez Carlos Valle se excedió al enviarle a juicio y no archivar la causa. No solo porque no tuviera esa intención al hacer su chiste en el programa de la Cadena SER, sino porque nadie fue efectivamente a apedrear curas siguiendo sus instrucciones. Lo que los magistrados llaman “la objetiva falta de seguimiento real de los mismos por parte de cualquier grupo o personas”. Fuentes del caso explican a elDiario.es que Abogados Cristianos recurrirá esta decisión.

La jueza Ana López Pandiella ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía para dar carpetazo al caso de la 'Santina Queer' y con ello, ha decidido seguir adelante con las diligencias abiertas contra dos de las integrantes de la Asamblea Moza d'Asturies, que en la manifestación asturiana del 8M, celebrada este año en Gijón, portaban una imagen de la virgen de Covadonga, bautizada como la 'Santina Queer', emulando un paso de la Semana Santa bajo el lema “Contra el fascismo, ella nos guía”.

La primera en alzar la voz fue la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, cuyos integrantes interpusieron una denuncia ante la Fiscalía por lo que consideraban un presunto delito de odio. Pocas horas después, era la asociación ultraconvervadora Abogados Cristianos, la que anunciaba en sus redes sociales que también acudiría a los tribunales por utilizar la imagen de la Santina de forma “irrespetuosa y yendo contra los sentimientos religiosos”.

La Asamblea Moza d'Asturies (AMA) ha defendido desde el inicio de todo es proceso su derecho a la libertad de expresión a la hora de procesionar con la imagen que inicialmente denominaron 'Queervadonga', reivindicando que seguirán sacando a la calle a la Santina que las representa todas las veces que consideren necesario. Ambas mostraron su sorpresa cuando conocieron las denuncias que se interpusieron por lo que consideran una performance.

Para este colectivo feminista juvenil, lejos de cometer delito alguno, lo que trataron con su 'santina' fue tener un gesto bonito a través del que un símbolo para Asturias, que incluso ha llegado a extrapolar o religioso, como es la 'Santina' se apareciese por algo tan justo como la igualdad entre hombres y mujeres, el antifascismo y los derechos de las personas LGTBIQ+.

Raquel Díaz y Alba Cideres, portavoces de AMA, reivindican que lo que a Abogados Cristianos, Vox o la Hermandad de Estudiantes les molesta “es que las mujeres ya no queramos vivir como en el franquismo, pidiendo permiso a los maridos para abrir una cuenta bancaria. ¿Ese es el feminismo de nuestras abuelas al que quieren volver, como pidió Feijoo? Nosotras somos más de nuestras abuelas que lucharon contra la dictadura y por los derechos de sus hijas y sus nietas”.

Por su parte, la jueza López Pandiella justifica su rechazo a la petición de la Fiscalía argumentando que “la denominada en medios de comunicación como procesión de la Santina Queer posee capacidad denigrante y humillante, pudiendo entender que se dirige contra el grupo denunciante por su religión, sin justificación objetiva o razonable a priori. Es decir, a priori, la actuación objeto de denuncia no aparece como manifiestamente atípica, siendo necesaria una inicial actuación instructora para poder decidir si concurren indicios de criminalidad”.

Una decisión aplaudida desde la asociación ultra, cuya presidenta, Polonia Castellanos, acusa a la Fiscalía de “justificar constantemente los ataques contra los cristianos, mientras imputa a un sacerdote católico por criticar el islamismo radical” y aprovecha para recordar la imputación del fiscal general del Estado.

Desde la Asamblea Moza d'Asturies aseguran estar sorprendidas por las reacciones de apoyo que su 'Santina Queer' recibió durante la manifestación, “solo recibió aplausos y fotos de los miles de personas que abarrotaron las calles de Xixón”, remarcaban, apoyos que llegaron también, tras conocerse la denuncia y posterior apertura de diligencias, del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el propio Gobierno del Principado de Asturias.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por el reparto del cuadernillo para colorear 'Mandalas con valores' entre los escolares que visitan las dependencias municipales. En su petición ante los tribunales solicita también medidas cautelares para que se retire el citado cuadernillo.

Esta organización considera que el Ayuntamiento “está vulnerando el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, al repartirlo e incluso que la Concejalía de Educación “se está atribuyendo competencias que no son suyas” y que, sostienen, dependen de la Junta de Castilla-La Mancha.

A los Abogados Cristianos no les gusta, y así lo hacen constar en su escrito, que el Ayuntamiento de Ciudad Real “restablezca” el concepto de familia y pase a crear otros “muy dispares de lo que significa la palabra familia”.

Este colectivo, rechaza términos que, en su opinión, son muy poco conocidos como familia nuclear, familia reconstituida, o familia extensa. Eso desde su punto de vista es “una ideología radical que pretende influir directamente en la educación ideológica de los niños”.

En el cuadernillo se habla de la diversidad, de familias homoparentales, monomarentales y de otros tipos. “Cada familia es única pero todas son iguales de válidas”, explica el documento, apelando a la igualdad.

Sin embargo, según la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, esos mensajes son “un claro ejemplo de adoctrinamiento ideológico” y acusa al PP de estar cada vez “más cerca de la izquierda” y también de “malgastar el dinero de todos en imponer su ideología, incluso vulnerando derechos fundamentales de sus ciudadanos”.

El cuadernillo que rompió el pacto entre PP y Vox

El mensaje de Abogados Cristianos es el mismo que difunde Vox. El pasado 25 de febrero el entonces teniente de alcalde, el número dos del Gobierno local, Ricardo Chamorro, de la formación ultra, anunció que se dejaba en suspenso el pacto con el PP a causa del cuadernillo. También habló de “adoctrinamiento” y reclamó su retirada.

El alcalde, el 'popular' Francisco Cañizares hizo frente al órdago y se negó a retirarlo asegurando que el Gobierno seguiría, con o sin Vox. Terminó cesando en sus competencias de gobierno a los concejales de la formación ultra y la ruptura del pacto vigente tras las elecciones municipales de 2023 se hizo efectiva.

En el cruce de declaraciones Chamorro, tras la negativa del alcalde, llegó a ofrecer su dimisión si con eso se garantizaba la continuidad del pacto. Hoy sigue roto y el PP gobierna en solitario en el ayuntamiento.

Vox dice que hará “hiperventilar” al PP

Este lunes el partido ultra aseguraba que haría “hiperventilar” al PP tras la ruptura del pacto y hoy el alcalde de Ciudad Real respondía: “Ellos sabrán si quieren trabajar en mejorar la ciudad o volver a equivocarse”.

Ante esta “amenaza”, el alcalde ha defendido que su prioridad sigue siendo “la política útil” para el progreso de Ciudad Real y el bienestar de sus habitantes, frente a quienes “solo buscan generar problemas donde no los hay”, según recoge Europa Press.

Sobre Chamorro ha dicho que “está más preocupado por mantenerse como diputado que de trabajar por su ciudad”, ha reprochado, asegurando que la actitud de Vox ha sido la de “enredar” y, ahora, la de bloquear iniciativas y propuestas en la oposición. En este sentido ha recordado que la gota que colmó el vaso fue el rechazo de Vox a la solicitud de una subvención de 20 millones de euros para la ciudad, una decisión que, a su juicio, demuestra que su permanencia en el gobierno era ya insostenible.

En cuanto a la postura que adoptará el Partido Popular a partir de ahora, Cañizares ha dejado claro que su equipo seguirá adelante con su modelo de gestión.

Cañizares ha acompañado este miércoles al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una rueda de prensa en la que le ha dado las gracias por su apoyo en las decisiones que han tomado en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Por su parte, Paco Núñez ha defendido la decisión del alcalde de romper el pacto de gobierno con Vox y ante “los chantajes” de la formación de Santiago Abascal.

Los delitos contra los sentimientos religiosos tienen una presencia residual en el día a día de los juzgados españoles. Los últimos datos disponibles son del año 2023 y reflejan que se dictó una sola sentencia sobre un artículo del Código Penal que, a golpe de denuncias y querellas de corte ultracatólico, protagoniza polémicas judiciales con carácter mensual. Desde la estampita de las Campanadas de TVE hasta las causas por delito de odio contra Héctor de Miguel y Pablo Echenique, los procesos penales por ofender o atacar la religión católica avanzan o naufragan en una ruleta judicial engrasada por asociaciones como HazteOir o Abogados Cristianos.

Los últimos en enfrentarse a este delito por denuncias y querellas de estas agrupaciones ultracatólicas han sido David Broncano y Laura Yustres 'Lalachus'. “Estamos ante una burla de la clásica imagen del Sagrado Corazón de Jesús, habiéndose sustituido el rostro de Cristo por el de un animal con un claro afán de mofa y escarnio”, dijo HazteOir en su denuncia sobre la estampita que exhibió Lalachus durante las Campanadas en la cadena pública: la vaquilla del Grand Prix caracterizada como la imagen religiosa.

“Algo a todas luces ofensivo para los que profesamos la fe cristiana”, según HazteOir, y una mera broma para el juez Marcelino Sexmero. En su auto, el magistrado necesita pocas páginas para explicar que fue un gag humorístico sin intención ni capacidad de ofender los sentimientos religiosos: “Hay un inequívoco sentido satírico, crítico e incluso provocador, incluso que pueda resultar de mal gusto para algunas personas, pero debe rechazarse que tal conducta sea ofensiva”. La Iglesia, explica el juez, es un símbolo de poder y, por tanto, “objeto de crítica legítima”.

Willy Toledo, Javier Krahe o Broncano y Lalachus. Las denuncias y querellas de tinte ultra por ofensas a los sentimientos religiosos suelen tener por objetivo artistas, políticos o comunicadores y la inmensa mayoría de las veces acaban en archivo o absolución después de que los jueces concluyan lo mismo que el juez Sexmero: no todo chiste, broma o comentario ácido hecho sobre la religión supone una ofensa. Mucho menos una ofensa que requiera de la intervención del Código Penal.

El cantautor Javier Krahe fue absuelto después de ser juzgado por cocinar un Cristo en 'Cristofagia'. El actor Willy Toledo también fue absuelto tras sentarse en el banquillo por insultar a Dios y la Virgen en su cuenta de Facebook. Las feministas que sacaron en procesión el 'Coño Insumiso' por las calles de Sevilla también fueron exoneradas. El alcalde de Soria no será juzgado por montar un 'papamóvil' en las fiestas de Tardelcuende bendiciendo a los vecinos con la escobilla del baño. Rita Maestre fue absuelta tras participar en una protesta en la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense. Y Drag Sethlas tampoco fue condenado tras ganar la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria caracterizado como la Virgen.

La lista de acusaciones fracasadas por este delito crece año tras año mientras que las estadísticas muestran que muy pocos casos llegan a juicio. En 2023, según los últimos datos disponibles del Poder Judicial, se dictó una sola sentencia por este artículo del Código Penal. La Fiscalía participó en cuatro casos pendientes de juicio. Y la jurisprudencia del Supremo refleja que la realidad del delito contra los sentimientos religiosos está muy lejos de las denuncias y querellas que presentan las asociaciones ultracatólicas: uno de los pocos condenados en firme por este delito interrumpió una misa en Banyoles mientras protestaba a gritos por la reforma de la ley del aborto que impulsaba entonces el Gobierno de Mariano Rajoy.

El éxito o el fracaso de la ofensiva judicial ultracatólica contra humoristas, presentadores o políticos cada vez que se menciona la religión depende en gran medida del primer filtro de la admisión a trámite. “En las sociedades democráticas, los grupos religiosos deben tolerar las críticas públicas y el debate sobre sus actividades, creencias o enseñanzas”, dice el juez que ha rechazado las acusaciones de HazteOir por el especial de Nochevieja de TVE. Dejando, eso sí, la puerta abierta a la nueva vía encontrada por estas asociaciones para impulsar estos procesos judiciales: “Siempre que tales críticas no supongan insultos intencionados y gratuitos o discurso del odio”.

Quequé, Echenique y el juez Valle

Hay un juez en la Plaza de Castilla de Madrid que se hizo conocido en la década de los años 80 del siglo pasado por detener a decenas de personas relacionadas con clínicas de interrupción del embarazo: médicos, psicólogos y un centenar de mujeres que habían acudido a abortar. Con el paso de los años también fue denunciado sin éxito ante el Poder Judicial por impedir que los órganos de una de las víctimas del Madrid Arena fueran donados.

También se negó a juzgar a Esperanza Aguirre por arrollar una moto de los agentes de movilidad, de tan convencido que estaba de que la expresidenta madrileña no sabía que le habían dado el alto. Más recientemente, haciendo de sustituto de Juan Carlos Peinado, negó al Presidente del Gobierno la posibilidad de declarar por escrito en la causa contra su esposa, obligando a hacer la diligencia presencialmente en su despacho de la Moncloa.

Su nombre es Carlos Valle y a sus 69 años se ha convertido en el principal avalista judicial de las denuncias y querellas de asociaciones ultracatólicas que, en vez de optar por el delito contra los sentimientos religiosos, esgrimen el delito de odio. Es el magistrado que, a petición de Abogados Cristianos y en contra del criterio de la Fiscalía, ha procesado a Pablo Echenique y a Héctor de Miguel 'Quequé', acusados de incitar al odio y la violencia contra los sacerdotes.

Si la Audiencia Provincial no dice lo contrario, el exdiputado de Podemos se sentará en el banquillo por un mensaje en X: “Es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante”. Y el humorista y presentador de 'Hora Veintipico' por bromear con reventar la cruz de Cuelgamuros y usar los trozos para agredir a los curas que abusan de menores.

El Tribunal Supremo ha explicado en diversas ocasiones que no cualquier persona o colectivo puede ser víctima de un delito de odio: es un tipo penal que defiende a “minorías sociales”, dijo por ejemplo al rechazar una querella de Vox contra Ione Belarra. Considerada una de las grandes armas arrojadizas de la contienda política, la Fiscalía entiende que ni en el caso de Quequé ni en el de Echenique los sacerdotes acusados de abusos sexuales pueden ser considerados una “minoría social”.

El fiscal Ángel Guzmán recuerda al juez Valle, en primer lugar, que ha encausado a Héctor de Miguel por unas expresiones parecidas a otras que ya fueron descartadas por la Audiencia Provincial cuando las denunció Vox. Quequé, dato que el juez omite en su auto de procesamiento, es un “conocido humorista”, no incitó a la violencia y también que el delito de odio está pensado para proteger, recuerda, a integrantes de “grupos minoritarios”.

Los curas no son un “grupo vulnerable”

La defensa de Héctor de Miguel también ha recurrido su procesamiento con la esperanza de que la Audiencia de Madrid corrija al juez Carlos Valle. Las declaraciones del presentador, alega el recurso, han sido “descontextualizadas, sesgadas y desnaturalizadas” y el magistrado omite explicar que el programa “es de humor” y el acusado “un profesional del humor”. La broma por la que puede ser juzgado, añaden, iba dirigida a Abogados Cristianos y no a los sacerdotes pederastas. Sus palabras, zanja, “no han tenido, por tanto, ni han podido tener como objeto a ningún grupo social amparado”.

En la misma línea de lo que alegó el juez del caso de Broncano y Lalachus para rechazar la denuncia de HazteOir, la defensa de Héctor de Miguel explica que las bromas “no tienen la capacidad de socavar los principios de convivencia democrática ni de generar un rechazo social generalizado” y, además “resulta insostenible sostener que los sacerdotes católicos puedan considerarse un grupo especialmente vulnerable o desprotegido, en términos de los delitos de odio”. 

Hace casi una década, un juzgado de Pamplona archivó una causa por delitos de odio y contra los sentimientos religiosos contra el artista Abel Azcona, abierta tras sendas denuncias de Abogados Cristianos y el Arzobispado de la ciudad. Acusado de formar la palabra “pederastia” con hostias consagradas, el juzgado entendió que su obra, lejos de incitar al odio contra la Iglesia, ayudaba a “tomar conciencia o posicionarse respecto de la lacra de la pederastia”.

En Madrid, el juez Carlos Valle ha optado por dar vuelo a las denuncias y querellas ultracatólicas contra Echenique y De Miguel exhibiendo el criterio contrario. Llegando, incluso, a comparar las bromas del humorista en 'Hora Veintipico' con amenazas para apedrear a homosexuales en Chueca. Sus casos están ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que en el pasado ha rechazado, por ejemplo, acusaciones de delito de odio contra el cartel electoral de Vox de 2021 que criminalizaba a los menores extranjeros. También ha rechazado que espetar “negra de mierda, vete a tu país, puta negra” a una mujer negra sea un delito de odio.

El último recurso de la defensa de Quequé termina con una petición a la Audiencia de Madrid sobre esta nueva vía impulsada por el juez Valle y Abogados Cristianos. “Que no permita abrir la peligrosa puerta de la inseguridad jurídica que supondría la prohibición de bromas de humor negro y la revisión indiscriminada de la creación artística de cómicos. No resultando deseable que actores, humoristas, pintores, dramaturgos o poetas se vean obligados a desfilar ante los tribunales para justificar cada obra que haya podido generar incomodidad o herir sensibilidades. Este escenario resulta incompatible con un Estado democrático”.

18 de julio de 2024. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya concede la eutanasia a N. Casi ocho meses después, esta joven todavía no sabe si podrá materializar su derecho a morir dignamente. Su padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, recurrió la eutanasia y este martes la magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona celebrará la primera vista en España para dirimir sobre una eutanasia ya autorizada por un equipo médico.

La magistrada ha acordado que el juicio se celebre a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad y a la salud de la joven, lo que limitará la capacidad de la prensa para poder informar sobre la vista. No obstante, Abogados Cristianos ha convocado a los medios después del juicio para realizar declaraciones.

Los expertos consultados por elDiario.es coinciden en que, de la mano o no de asociaciones ultras como Abogados Cristianos, la ley de eutanasia aprobada en 2021 y respaldada por el Tribunal Constitucional en 2023 no contempla que los familiares de un solicitante puedan impugnarla en los tribunales porque no estén de acuerdo con ella. Consideran además el caso de Barcelona un precedente de riesgo en el uso de los tribunales para intentar impedir o ralentizar el derecho a la muerte digna.

“Los juzgados tendrían que ser capaces de dar una respuesta rápida porque, si no, el derecho a la eutanasia podría ser, en bastantes casos, puramente ilusorio”, expone el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera. Este experto recuerda que los poderes públicos “no son meros espectadores del ejercicio de los derechos, sino que están obligados a favorecer su ejercicio removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten”.

Para el abogado especialista en Derecho Sanitario Alejandro Gámez, aunque Abogados Cristianos “haya encontrado una vía para hacerse notar y quiera recurrir hasta el Supremo, los jueces no tendrían que prolongar la espera para un derecho fundamental como es la eutanasia que la norma no prevé que se pueda prolongar”.

“Lo que la ley sí prevé es que pueda recurrir la persona a la que la Comisión de Garantía ha denegado su solicitud de eutanasia”, explica la catedrática de Derecho Penal y miembro de la junta directiva del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universitat de Barcelona (UB), Mirentxu Corcoy. “Si la solicitante es mayor de edad y se han seguido todos los pasos, que están tasados, es dudoso procesalmente que un padre u otro familiar pueda recurrir la eutanasia, aunque sea un caso límite o complejo”, agrega.

Tanto Corcoy como Presno Linera coinciden en que podría estudiarse una reforma de la ley de eutanasia para evitar que se eternicen casos como este, toda vez que cualquier decisión de la magistrada tras la vista de este martes podrá recurrirse hasta el Supremo. Esto implica que la solicitante puede tardar más de un año en conocer la resolución definitiva de la causa.

El padre, representado por Abogados Cristianos, se ha agarrado a que su hija solicitó la eutanasia sin tener plenas facultades para hacerlo fruto del trastorno límite de la personalidad que padecía. Sin embargo, en su demanda, la asociación ultra no ha presentado ninguna prueba científica o pericial que contradiga los múltiples informes médicos que obran en el expediente y que acreditan que la joven no presentaba alteración alguna de sus capacidades cognitivas cuando pidió morir de forma digna.

En este sentido, Presno Linera apunta a que el padre de la joven debería, en primer lugar, “acreditar” que tiene un interés legítimo para recurrir por la vía contenciosa el ejercicio de un derecho fundamental por parte su hija, además de argumentar qué exigencias del procedimiento para recibir la muerte digna no se han cumplido. “En suma, sería, en su caso, una legitimación restrictiva”, apunta este experto.

El caso de esta joven se remonta al pasado mes de agosto y, pese a versar sobre derechos fundamentales y tener preferencia sobre los demás asuntos del juzgado, no se ha caracterizado por su celeridad. La magistrada decidió celebrar una vista, al contrario que otra jueza de otro juzgado contencioso de Barcelona, quien rechazó de plano el recurso de otro padre contra la eutanasia concedida a su hijo al considerar que el familiar no tenía legitimación legal para impugnarla.

La jurisprudencia europea, recordó esa jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en ese caso. La Fiscalía consideraba que el mero hecho de que fueran parientes legitimaba al padre para recurrir la eutanasia, pero la togada lo descartó. El Ministerio Público recurrió la decisión judicial, con lo que ambas eutanasias se encuentran todavía suspendidas.

El papel de la Fiscalía

La vista de este martes enfrentará al padre de la joven, representado por Abogados Cristianos y contrario a la muerte digna de su hija; y a la Generalitat, partidaria de garantizar la petición de la mujer. El abogado de la Generalitat que representa a la comisión de ética que avaló la eutanasia se ha opuesto a la demanda de Abogados Cristianos al considerar que la entidad “tiene como única finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental”.

Aunque han pasado ocho meses desde el recurso de Abogados Cristianos, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre si la joven puede materializar su derecho de morir dignamente. Lo que sí ha pedido es que la joven declare en la vista, pese a su deteriorado estado de salud, algo a lo que la Generalitat se ha opuesto al considerar suficientes para ilustrar a la magistrada los testimonios de los médicos y peritos que la visitaron.

La jueza ha rechazado la solicitud de la Generalitat y ha obligado a la joven a comparecer el martes en el juzgado, y ha descartado que su declaración se realice por videoconferencia. La joven podrá ser interrogada por los ultras que representan a su padre pese a que su relación con su progenitor fue inexistente durante años, ya que durante parte de su minoría de edad la joven fue tutelada por la Generalitat.

La magistrada también ha acordado que comparezca un médico forense especialista en psiquiatría para que dictamine si la chica prestó su consentimiento a la eutanasia “de forma libre, sin injerencia”, o si lo hizo fruto del trastorno límite de la personalidad que padece. Este extremo ya ha sido descartado por todos los médicos que trataron a la joven e incluso por el forense de guardia del juzgado de Vilanova que rechazó la primera petición de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia de la joven.

El forense también deberá pronunciarse sobre si el padecimiento que sufre la joven “puede calificarse de crónico, constante e imposibilitante, y si existe posibilidad de mejora con un tratamiento adecuado”, según dispone el auto de la magistrada que acordó las pruebas que se practicarán durante la vista.

Un juez de Madrid ha decidido procesar al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en el programa 'Hora Veintipico' de la Cadena SER con “llenar de dinamita” el Valle de los Caídos para, con los restos de la cruz, apedrear a los curas pedófilos, considerando que se ha incitado al odio contra los sacerdotes y omitiendo que la profesión de De Miguel es la de presentador y humorista. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía y a los denunciantes de Abogados Cristianos para que digan si debe ir a juicio. Sus declaraciones, dice el magistrado Carlos Valle, no son “un ejemplo de humor sarcástico” sino un potencial delito de odio contra los católicos, aunque era una broma sobre Abogados Cristianos.

El humorista realizó esas declaraciones en junio del año pasado en el programa que presenta de lunes a jueves en la Cadena SER. Un especial bautizado como 'Hora Festipico' al comienzo del cual Quequé cogió el micrófono para un monólogo: “Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente”, afirmó. Lo siguiente, añadió poco después, era coger esos “pedacitos” y lanzar las piedras “a los curas que se hayan follado a algún niño, o sea, a todos”, aludiendo a la práctica ultracatólica de acosar a las mujeres que acuden a abortar a clínicas.

La decisión ha sido firmada por el juez Carlos Valle, que hace unos meses también procesó a Pablo Echenique, exdiputado de Podemos, por un tuit en similar a las declaraciones de Quequé y también denunciado por Abogados Cristianos: “Es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante”.

La asociación de Abogados Cristianos denunció a Quequé, que declaró hace unas semanas en la Plaza de Castilla de Madrid. El juez Carlos Valle, en un auto que ha podido examinar elDiario.es y que ya ha sido recurrido por el humorista, entiende que hay elementos suficientes para juzgarle por un delito de odio y pregunta tanto a la acusación como a la Fiscalía si debe sentarse en el banquillo.

El magistrado destaca que sus declaraciones fueron emitidas en un programa de la Cadena SER “que acumula decenas de miles de oyentes” y que fueron expresiones “de naturaleza ofensiva” que “implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo, llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras”. Para el magistrado, acusar en términos genéricos a los curas de abusar de menores es una “imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva”.

Ese monólogo del presentador, sigue el juez, puede ser suficiente para “generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren por motivos relativos a su religión o creencias”. Existió, según este magistrado, una incitación al odio u hostilidad, infringiendo valores constitucionales de convivencia, dignidad humana y no discriminación“.

Este auto de pase a procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, ya ha sido recurrido por la defensa de Quequé, un recurso impugnado por Abogados Cristianos. Tanto esta asociación como la Fiscalía tienen diez días para explicar si el humorista debe ir a juicio, algo previsible en el caso de Abogados Cristianos, o si el caso debe archivarse.

En paralelo otro juzgado, este de Valladolid, ha llamado a declarar a Quequé como investigado el próximo 9 de mayo por una denuncia de Abogados Cristianos acusando al humorista de acoso contra su presidenta. La asociación afirma en este caso que en uno de sus programas Quequé invitó a su audiencia a llamar masivamente a Abogados Cristianos para increpar, afirman, a Polonia Castellanos.

Héctor de Miguel bromea con su procesamiento: “Con la suerte que tengo, me meten en la misma celda que a Errejón”

El humorista ha comenzado su programa de hoy, Hora Veintipico, explicando quiénes “han hecho posible su demanda”. En concreto, se ha referido a la presidenta de Abogados Cristianos, la “taradita” Polonia Castellanos, y al juez Carlos Valle, del que ha hecho un repaso de sus casos más sonados antes de dar “una información exclusiva” sobre el caso.

De Miguel ha recordado que el juez Carlos Valle, quien le ha procesado, llamó a declarar a Pablo Echenique, exdiputado de Podemos, tras una denuncia de Abogados Cristianos por un tuit en el que comparaba la probabilidad de que un sacerdote cometiera un delito de agresión sexual contra menores contra la de una persona migrante. “El mismo magistrado archivó el caso en el que estaba involucrada Esperanza Aguirre, entonces presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, por darse a la fuga tras un incidente de tráfico” en 2015.

“Ya en 1986, el juez Valle preguntó a más de 100 mujeres dónde abortaron y cuánto les costó la operación”, ha seguido explicando el presentador, mostrando un recorte del periódico El País. De Miguel ha terminado el programa excusándose por no poder difundir esa “información exclusiva” sobre el caso, ha bromeado con ir a la cárcel y compartir celda con Errejón y ha sentenciado: “Haya caso o no haya caso, nos vamos a divertir con esto”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el archivado de la causa contra el alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), por el paseo en el simulado 'papamóvil' durante las fiestas de Tardelcuende (Sora) en agosto de 2024.

Así lo ha anunciado la fundación a través de un vídeo en sus redes sociales en el que han mostrado su rechazo a las resoluciones judiciales adoptadas como respuesta a su querella por escarnio y contra los sentimientos religiosos.

Por este motivo, han decidido presentar una queja contra el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, ante el Consejo General del Poder Judicial, por su decisión de suspender la declaración del alcalde de Soria en fase de instrucción, esperando a la resolución del recurso de sobreseimiento, presentado por la Fiscalía y la defensa, pendiente en la Audiencia Provincial de Soria para el día siguiente.

Además, la Fundación ha anunciado que presentará una querella contra dicho juez de Instrucción, además de solicitar la nulidad de las actuaciones.

“No nos venimos abajo con los obstáculos”, han indicado desde la Fundación a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que se han referido a las “cosas raras que pasan” cuando una pequeña Fundación de Abogados se enfrenta a un alto cargo del PSOE, “promovido ahora por Pedro Sánchez como secretario general del PSOE de Castilla y León y futuro candidato de la presidencia de la Junta”, han añadido.

Abogados Cristianos ha insistido en su iniciativa aunque en su opinión haya algunos que “quieren silenciar la defensa de la libertad religiosa” mediante lo que consideran un “escándalo judicial”.

Sobreseimiento de la causa

El pasado 6 de febrero, la Audiencia Provincial de Soria acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra el futuro secretario del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria por el paseo en 'papamóvil' durante las fiestas de la localidad de Tardelcuende, en agosto de 2024.

Los magistrados, tras la deliberación, determinaron estimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal al que se adhirió la defensa de Carlos Martínez, que pedían archivar las diligencias abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, en virtud de una querella presentada por la Fundación de Abogados Cristianos.

Un día antes, el 5 de febrero, se suspendía la declaración del alcalde de Soria, ya que, según el auto del Juzgado número 4, la deliberación para resolver el recurso estaba señalada para el día siguiente, 6 de febrero de 2025, por lo que procedía acceder a dicha suspensión. 

La Audiencia Provincial de Soria ha dictado el archivo de la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos contra el secretario general electo del PSOE en Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, tras su participación en una 'procesión' a bordo de un vehículo que simulaba el 'papamóvil' durante las fiestas patronales de Tardelcuende, en Soria, en agosto de 2024. La decisión del tribunal se produce tras un recurso de la Fiscalía contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 4 de abrir causa contra el regidor por un presunto delito contra los sentimientos religiosos tras pagar la asociación los 6.000 euros impuestos de fianza.

Abogados Cristianos acusaba al edil de un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Los hechos denunciados señalaban que Martínez Mínguez bendecía a los asistentes usando una escobilla de baño como hisopo, que mojaba en un cubo con agua simulando ser agua bendita y lo lanzaba a modo de bendición. Todo ello, motivo para que la fundación ultracatólica entendiese que el líder socialista quería ofender y hace escarnio del cristianismo.

El Ministerio Fiscal, que interpuso un recurso de apelación contra la resolución inicial de apertura de diligencias al que se sumó la defensa, argumentó que la conducta del alcalde carecía de los “elementos objetivos y subjetivos necesarios para constituir un delito”. Este un punto del fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido suscrito por los magistrados en su resolución.

La Fiscalía señalaba en su recurso que los hechos no reflejaban un “escarnio firme, porfiado y tenaz” ni un “inequívoco propósito de ofender”. En su informe, se ha defendido que la conducta del alcalde se dio en un “ambiente festivo” y que “no se desarrolló en un lugar destinado al culto ni interrumpió servicio religioso alguno”. Además, han apuntado que el acto no era “objetivamente ofensivo” en el sentido que define el tipo penal.

Según los magistrados, el derecho penal no debe ser utilizado para sancionar conductas que, aunque puedan resultar ofensivas para algunas sensibilidades, no cumplen con los requisitos de gravedad necesarios para constituir un delito. “No se advierte nada que apunte a una intención de ofender, herir o perturbar los sentimientos religiosos”, ha señalado el auto.

El fallo también hace hincapié en que la libertad religiosa protegida por el artículo 16 de la Constitución incluye tanto el ejercicio material del culto como el respeto a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso, se ha concluido que la actuación del alcalde no era suficientemente ofensiva para tener que ser castigado por la justicia.

Por todo ello, el tribunal ha decretado el archivo de las diligencias y ha declarado las costas de oficio. Asimismo, han señalado que contra el fallo no cabe recurso ordinario alguno, salvo en interés de ley ante el Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.

La denuncia a Martínez estuvo parada durante meses en el juzgado hasta después de que presentara su candidatura para liderar el Partido Socialista, a principios de enero. El juzgado impuso una fianza de 6.000 euros a Abogados Cristianos para seguir adelante con el procedimiento, pero esa cantidad no fue abonada hasta el mes de enero. Desde el PSOE destacaron el “oportuno” depósito de la cantidad que se solicitaba, que coincidió con el anuncio del nuevo cargo de Martínez al frente de los socialistas de Castilla y León.

Dentro del fallo, el tribunal hace un reproche a la falta de seguridad vial, cuestión que la DGT saldó con una multa de 100 euros a Carlos Martínez por cometer una infracción contra la seguridad vial. Tras la sanción, el alcalde de Soria consideró que su actuación había sido “una gran torpeza” y pidió disculpas, aunque se negó a “consentir” que este hecho pudiera servir para “perjudicar la imagen de la ciudad y de la Alcaldía”. Martínez extiende sus disculpas a todo aquel que se pudo haber sentido ofendido, incluso desde el punto de vista religioso, insistiendo que no hubo ningún tipo de intencionalidad Tanto PP como Vox —en la oposición municipal— criticaron estas acciones: el PP se centró más en la infracción de tráfico y Vox, en la parodia religiosa.

A través de un comunicado, Abogados Cristianos ha anunciado que pondrá una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque considera que el recurso de apelación no tiene efectos suspensivos. “En esta causa estamos viendo situaciones que no son habituales y otras que son completamente irregulares. Llama la atención la rapidez que se ha dado la Audiencia en emitir su auto en este caso. Se han cometido irregularidades, sólo para que Carlos Martínez no tuviese que acudir a declarar”“, ha suscrito la presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El nombre de Abogados Cristianos lleva varios años de forma frecuente en los medios de comunicación y los tribunales por haberse autoerigido en defensores de la 'dignidad cristiana' y arremeter, vía juzgados, contra todas las personas que, a su juicio, han ofendido a la religión cristiana con sus acciones. Unas iniciativas que en los últimos tiempos se han multiplicado, buscando siempre además un notorio impacto mediático con el que reforzar sus denuncias judiciales. Detrás del nombre de Abogados Cristianos se encuentra una fundación radicada en Valladolid desde el año 2020 y que preside la letrada Polonia Castellanos, aunque en su web aseguran que se fundó en el año 2021 pese a que la inscripción es de febrero del año de la pandemia. Pero, ¿de dónde saca el dinero Abogados Cristianos para tanta denuncia?

Las fundaciones tienen seis meses desde que finaliza el año para aprobar las cuentas y remitir a la Junta de Castilla y León el inventario patrimonial de la Fundación, un balance de situación, su cuenta de resultados y una memoria de actividades. Sin embargo, a principios de 2025, las últimas cuentas presentadas por el patronato de la Fundación Abogados Cristianos correspondían a 2022. La Consejería de la Presidencia, responsable de las fundaciones, asegura que están dentro de los plazos habituales para subsanar las deficiencias que tuvieran las cuentas, siete meses después del plazo máximo legal.

Abogados Cristianos tiene actualmente 120 pleitos judiciales interpuestos entre todo el país, señalan en la web que usan para recaudar donativos, unos casos que fueron 71 en 2022 según su memoria. Una cuarta parte de ellos fueron procesos penales amparados por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que el Gobierno ha vuelto a prometer derogar para alinearse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y evitar 'lawfare' religioso en los juzgados.

Según su memoria anual y sus cuentas, a las que ha accedido elDiario.es a través de una petición al Registro de Fundaciones, recibe donaciones de más de 5.000 personas y cuenta con más de 3.000 socios, aunque no ofrece detalle de sus aportaciones. Pero eso son las cifras de 2022, ya que las cuentas de 2023 no se encuentran todavía disponibles en el Registro de Fundaciones de Castilla y León porque las relativas a ese año todavía están en trámite. Según la Junta de Castilla y León aún tienen que cumplir con los requerimientos y/o subsanación de errores que les han notificado. El gobierno autonómico no ha querido detallar a elDiario.es los motivos de esta dilación en la publicación de las cuentas y la Fundación no ha respondido a un requerimiento de este medio sobre esta y otras cuestiones de trasparencia y financiación.

Desde que en 2020 Abogados Cristianos registró la fundación su patrimonio neto se ha multiplicado por 24, según sus cuentas. En 2020, el patrimonio neto de la Fundación eran los 30.000 euros mínimos establecidos para constituir una fundación, pero esta cifra alcanzó los 711.455 euros dos años después.

Errores y datos confusos

El último balance que ha aprobado la Junta de Castilla y León, correspondiente a 2022, tiene varios puntos confusos o erróneos. El activo de la Fundación, por ejemplo, figura en ocasiones en números negativos —como si tuviera pérdidas— y en otras en positivo, como si hubiera un superávit como realmente se deduce de un análisis global del resultado de explotación. En el momento de la aprobación de las cuentas del 2022 el área de fundaciones dependía del que era vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Juan García-Gallardo, en una de las escasas atribuciones que tuvo en su mandato antes de dimitir el pasado verano.

El importe neto de la cifra de negocio fue de cero euros en el año 2020, una cifra que se ha incrementado exponencialmente con los años: 109.065 euros en 2021 y 749.216 euros en 2022. La cuenta de pérdidas y ganancias refleja un resultado de explotación de poco más de medio millón de euros (567.389,63 euros) en 2022. En ese año la fundación se gastó 103.755 euros en personal y otros 78.190 euros en otros gastos de explotación que no se concretan.

Además, las cuentas reflejan otros 109.065 euros procedentes del resultado de explotación de 2021 y un total de 567.389 euros como beneficio del ejercicio de 2022. A pesar de que los donantes de Abogados Cristianos superan los cinco mil, en las cuentas el epígrafe relativo a las donaciones está en blanco, ya que sitúan todos sus ingresos como 'Importe neto de la cifra de negocio'. Además, figuran otros 5.000 euros que proceden de las aportaciones de los 3.048 socios que tiene Abogados Cristianos. Según sus memorias, las primeras donaciones más allá de su dotación inicial datan de septiembre del año 2021.

La dotación inicial de capital no ha cambiado en estos años. En el verano de 2019 se formalizó la cesión a la Fundación del 22% de la finca en Valladolid en la que se encuentra la oficina de Abogados Cristianos, en el pasaje de La Marquesina. En concreto, la referencia catastral que figura en la memoria de la organización ultracatólica hace referencia a un almacén reformado en 1988 valorando ese 22% en los 30.000 euros por lo que el valor del local supera los 136.000 euros.

Omisiones en su web y una academia opaca

Ni la memoria anual ni sus cuentas figuran en la página web de la fundación ultracatólica, que ni siquiera ofrece información actualizada de su patronato, pero sí destacan que tiene una 'academia' para formar futuros 'abogados cristianos'. La fundación financia un curso intensivo de cinco días para estudiantes del Grado en Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía. Es un curso que lleva ya seis ediciones. El curso, que ellos valoran en 3.000 euros, pero todo ello lo cubre la Fundación, permite también acceder a una bolsa de prácticas, incluidas en el gabinete de Abogados Cristianos.

Sin embargo, en sus cuentas no se especifican los ingresos y costes de esta Academia, ni por qué Abogados Cristianos la incluye en sus cuentas de 2022 y no en las de 2021, a pesar de que la academia lleva en funcionamiento al menos desde 2018. Tampoco está claro si esta Academia es o ha sido otra fundación (como Fundación Diké figuraba en su página web, aunque no existe en los registros oficiales ninguna entidad con esta denominación). Esta academia, según su página, “nace de la intuición de Fundación Española de Abogados Cristianos por ofrecer a la sociedad una mirada más profunda acerca de los problemas relacionados con derechos fundamentales como la libertad de conciencia, el respeto a la vida o la libertad religiosa”. Entre la pregunta de elDiario.es sobre la supuesta fundación Diké y su vinculación a Abogados Cristianos las menciones a esta primera fundación han desaparecido y se han cambiado a la entidad jurídica existente.

La página para hacerte socio de Abogados Cristianos pide donaciones con el eslogan de “Juntos detendremos el laicismo y la cultura de la muerte”, y cuenta con un canal online de donativos. La entidad asegura que “no recibe ningún tipo de subvención pública” y que tampoco la quieren “para así garantizar nuestra total independencia”. Señalan que “Se mantiene gracias a los donativos puntuales y cuotas periódicas de los donantes y benefactores que apoyan nuestra actividad”. Y destacan que de sus donativos recibes vía IRPF una devolución entre el 40 y el 80% dependiendo de la cantidad. No recibir subvenciones públicas simplifica la contabilidad de las fundaciones e implica menos transparencia obligatoria sobre sus actividades y financiación.

Sin conocer todavía el detalle de sus actividades del 2023, porque sus cuentas y memoria no están accesibles, Abogados Cristianos refleja en sus documentos una maraña de 'victorias' judiciales como que se prohibiera colocar banderas LGTBI en edificios públicos -que finalmente ha avalado el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre - y su participación como 'observadores internacionales' en las elecciones legislativas de 2022 en Hungría o acudir como invitados a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre ultraconservadora internacional en la que participaron el ideólogo de Donald Trump, Steve Bannon, Javier Milei, la familia Bolsonaro o Santiago Abascal, entre otros.

Contra las banderas LGTBI y las ofensas religiosas

El nombre completo de la entidad es Fundación Española de Abogados Cristianos y es la heredera de una asociación del mismo nombre pero con otra figura que tiene más beneficios fiscales. Tal y como publicó elDiario.es en su momento, la fundación Abogados Cristianos nació con fuertes vínculos con Vox dando continuidad a una fórmula legal previa. Las fundaciones poseen un régimen jurídico más favorable y ellos mismos aseguran que surgió “como ejercicio de transparencia y con el objetivo de aumentar los beneficios fiscales para nuestros socios y donantes”.

Desde su constitución se han dedicado a acudir a los tribunales con el mismo patrón: denunciar por un delito de ofensa al sentimiento religioso, por colocar banderas LGTBI en las Administraciones públicas con motivo del Orgullo o cuestionar decisiones municipales de retirar símbolos franquistas como cruces colocadas durante la guerra civil y el franquismo.

Las últimas denuncias de Abogados Cristianos que han saltado a la esfera pública incluyen protestar por la estampita del Grand Prix en las campanadas de RTVE y la futura declaración del alcalde de Soria y ahora secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez denunciado por una supuesta ofensa a los cristianos. El pasado verano, Martínez se subió a un 'papamóvil' fabricado por unos vecinos de Tardelcuende para las fiestas estivales, lo que supuso una infracción de Tráfico —la DGT ya le multó— y por las que el alcalde ha pedido disculpas por si alguien se ha sentido molesto. Pese a eso, Abogados Cristianos acudió a los tribunales y la denuncia a Martínez estuvo parada durante meses en el juzgado hasta después de que presentara su candidatura para liderar el Partido Socialista. El juzgado impuso una fianza de 6.000 euros a Abogados Cristianos para seguir adelante con el procedimiento, pero esa cantidad no fue abonada hasta el mes de enero. Desde el PSOE destacan el “oportuno” depósito de la cantidad que se solicitaba, que coincidió con el anuncio del nuevo cargo de Martínez al frente de los socialistas de Castilla y León.

Las últimas víctimas de la persecución de Abogados Cristianos en los juzgados son, además de la humorista Lalachus, la líder de Podemos en las Illes Balears y la autora de un cartel para la formación, o el youtuber Mr. Jagger, por unos viejos tuits sobre monjas e iglesias quemadas. También denunciaron al humorista Héctor de Miguel de la Cadena SER por un chiste sobre el Valle de los Caídos, o al Comité Olímpico Internacional por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Y ahora incluso se han metido de lleno en política como acusación popular en la investigación al hermano de Pedro Sánchez, sin que esta tenga nada que ver con un hecho religioso.

Vínculos con Vox y exmagistrados en la cúpula

La composición actual del patronato de Abogados Cristianos no está disponible en su página web, a pesar de que es otro de los datos que debe proporcionar anualmente la Fundación que preside Polonia Castellanos a la Junta de Castilla y León. Si se han producido cambios desde su inscripción en estos dos años no se han hecho públicos. Desde la constitución de la fundación en el año 2020 con personas del entorno de Vox sí se han producido cambios, pero vuelven a ser el entorno de la ultraderecha.

En el año 2022, entre sus miembros estaban un miembro de Vox, el expresidente de una asociación denominada Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, y el jurista Javier Borrego, exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y exmagistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Javier Borrego escribió en diciembre de 2023 que creía que Pedro Sánchez era un “caudillo” que había “colonizado una a una todas las instituciones” y consideró rechazable la renovación del Poder Judicial.

El vicepresidente de Abogados Cristianos en 2022 era Alfonso González Rodríguez-Vilariño, que se afilió en 2014 y ha estado en las listas del partido de Abascal para las elecciones municipales de Valladolid, autonómicas y al Senado. En 2022 cesó en su cargo como vocal Juan José Liarte Pedreño, exdiputado autonómico de Vox en Murcia, que en su momento defendió que su participación no comprometía la “neutralidad política” de la fundación.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Soria ha citado a declarar al nuevo líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, por subirse a un 'papamóvil' en agosto de 2024 en las fiestas de Tardelcuende. Martínez, alcalde de la capital soriana, deberá declarar el próximo 5 de febrero a las 9.30 horas, según ha informado Abogados Cristianos a través de un comunicado.

La DGT ya sancionó a Carlos Martínez con una multa de 100 euros por cometer una infracción contra la seguridad vial al subirse a la parte superior de un vehículo decorado como un 'papamóvil' poco antes del desfile de las fiestas de Tardelcuende, en Soria. Durante esta infracción, el alcalde soriano simulaba bendecir a los ciudadanos con una escobilla de váter, escoltado por los integrantes de una de las peñas, disfrazados de guardias suizos y personal religioso.

El auto, fechado el 8 de enero —el día en que Martínez presentaba su candidatura— refleja que se han abierto diligencias previas. Esta decisión puede ser recurrida. El Juzgado investigará si las acciones del alcalde suponen un delito contra los sentimientos religiosos. La asociación ultracatólica, que presentó la denuncia en agosto de 2024, considera que el alcalde de Soria pudo incurrir en un delito de escarnio.

A través de un comunicado, Carlos Martínez se limita a pronunciarse sobre el “necesario respeto a los procesos abiertos y los plazos de la Justicia”, aunque considera que no se puede “obviar la búsqueda de notoriedad con la denuncia” y la “intencionada confusión que se trata de generar”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha exigido en el comunicado al alcalde de Soria que dimita y “se aparte de la política” y ve innecesario derogar este delito contra los sentimientos religiosos, como se ha comprometido a hacer el Gobierno este 2025.

Cuando la DGT le sancionó, Martínez consideró que su actuación había sido “una gran torpeza” y pidió disculpas, aunque se negó a “consentir” que este hecho pudiera servir para “perjudicar la imagen de la ciudad y de la Alcaldía”. Martínez extiende sus disculpas a todo aquel que se pudo haber sentido ofendido, incluso desde el punto de vista religioso, insistiendo que no hubo ningún tipo de intencionalidad Tanto PP como Vox —en la oposición municipal— criticaron estas acciones: el PP se centró más en la infracción de tráfico y Vox, en la parodia religiosa.

Un juzgado de Madrid ha decidido abrir diligencias contra el youtuber conocido como 'Mr. Jagger' por una denuncia de Abogados Cristianos contra varios de sus mensajes en la red social Twitter en 2015 por un posible delito de odio. Mensajes en los que el hoy colaborador de Radio Televisión Española afirmaba que “nadie me podrá negar lo bonito de una iglesia ardiendo” o hacía chistes sobre monjas y abusos en el seno de la Iglesia. Por el momento el juzgado no le ha llamado a declarar y ha pedido a Abogados Cristianos que especifique las fechas de los mensajes que, considera, constituyen un delito de odio.

El streamer Alberto Redondo, conocido como 'Mr Jägger', tiene más de un millón de seguidores en su canal de YouTube, donde sube vídeos desde hace 12 años. En los últimos meses su nombre ha dado el salto a la televisión tradicional con su fichaje por parte de RTVE para el programa que presenta Henar Álvarez en RTVE Play.

Abogados Cristianos anunció que llevaba a Mr Jägger a los tribunales pocos días después de conocerse su incoporación al programa de la televisión pública. La asociación presentó ante la Justicia diversos mensajes de hace casi una década en la cuenta del youtuber, alguno de los cuales siguen publicados en su cuenta.

Abogados Cristianos considera que muchos de estos mensajes podrían haber incurrido en un delito de odio. “Nadie me podrá negar lo bonito de una iglesia ardiendo”, “Ir a ver Star Wars para ver en qué falla es como follarse a un bebé para ver por dónde sangra. Quiero decir, disfruta, coño” o “¿qué es negro y no puede darse la vuelta en un pasillo? una monja con una lanza atravesándole la cabeza”, son algunos de los tuits denunciados.

El juzgado de instrucción número 40 de Madrid, por el momento, ha abierto diligencias contra el youtuber aunque sin citarle a declarar. El magistrado se limita a pedir a Abogados Cristianos que especifique qué tuits de qué fechas denuncia. En un auto del pasado 31 de diciembre, el juez reproduce los formalismos habituales en este tipo de resoluciones: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan caracteristicas que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, afirma, para después reconocer que necesita investigar “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”.

En los últimos días, Abogados Cristianos y HazteOir han presentado y anunciado denuncias contra otros colaboradores de Televisión Española, aunque en ese caso por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. El objeto de esas acciones penales han sido, entre otros, los presentadores de las Campanadas, David Broncano y Lalachus, por exhibir un montaje de la vaquilla del Grand Prix caracterizada como una virgen.

“RTVE utiliza el dinero de todos para atacar a los cristianos, como ha pasado en Nochevieja, y así desviar la atención de los múltiples casos de corrupción que acorralan al gobierno”, ha asegurado Polonia Castellanos, presidenta de la asociación. “El ejecutivo de Sánchez quiere eliminar el delito contra los sentimientos religiosos para poder atacar a los cristianos impunemente. Es un gobierno que está haciendo leyes a la carta para librarse de la justicia”.

Dos sentencias del Supremo han tirado por tierra la oposición de partidos políticos, grupos ultracatólicos y algunos juzgados y tribunales a que las banderas arcoíris ondeen en los edificios públicos cada 28 de junio. Las resoluciones ponen fin a años de decisiones que han relegado a la insignia LGTBI precisamente en su día de reivindicación y establecen que esta bandera no es un símbolo partidista ni lleva al enfrentamiento, sino que es un signo de igualdad. Decisiones con las que el Supremo evidencia que partidos políticos, pero también algunos jueces y tribunales territoriales han impedido la colocación de estas banderas en edificios públicos durante el Orgullo basándose en un argumento erróneo.

Los jueces de la sala tercera han zanjado el asunto estudiando dos casos de dos banderas colocadas en instituciones públicas por el Orgullo de 2020: en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Diputación de Valladolid. Dos casos que llegaron a los tribunales después de sendas demandas de Abogados Cristianos, la asociación que entre otras cosas ejerce de punta de lanza ultracatólica contra la visibilización del colectivo LGTBI, tanto en las fachadas de los edificios públicos como en los libros de texto o la televisión. Casi siempre por la vía contenciosa pero, a veces, incluso amenazando a responsables políticos con el banquillo.

Abogados Cristianos monopoliza la acción judicial contra la presencia de estas banderas, pero otros colectivos ultra como HazteOir llegaron a recoger firmas para exigir en 2019 al Ayuntamiento de Madrid que no colgara una insignia que consideraban “sectaria”. El argumento, ya sea en una pancarta o en un escrito judicial, es siempre el mismo desde hace años: la bandera LGTBI no es un símbolo neutro y no puede, por tanto, estar en la fachada de una institución pública.

Las dos sentencias del Tribunal Supremo tiran por tierra de forma definitiva estos argumentos, aunque Abogados Cristianos ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional con la intención de llevar sus reclamaciones hasta Estrasburgo si fuera necesario. Los jueces explican que esta bandera “no quiebra la neutralidad” de una administración pública, ni es un símbolo partidista ni “propugna ningún tipo de enfrentamiento”. Al contrario, añaden: “Se identifica con valores ampliamente compartidos, como son los propios de la igualdad”.

Esta decisión de la sala tercera del tribunal tira por tierra un argumento que en los últimos años ha servido de base a ayuntamientos y partidos pero también a juzgados para prohibir, a veces incluso con medidas cautelares, la exhibición de la bandera LGTBI en el día del Orgullo destinado, precisamente, a reivindicar los derechos y la visibilidad del colectivo. Que en 2020 el mismo Supremo dictó una sentencia que prohibía estas banderas en edificios públicos, algo que estas dos sentencias prueban falso.

Hace cuatro años la misma sala estableció en una sentencia que en los edificios públicos solo podían colgar banderas oficiales. Lo dijo tras resolver el caso concreto del ayuntamiento canario de Santa Cruz de Tenerife que enarboló la enseña de las siete estrellas verdes, considerada uno de los símbolos del pueblo canario. Esa bandera, dijo entonces el Supremo, “no es la oficial por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario”.

Demandas y hasta querellas por prevaricación

Esa sentencia, que en ningún momento mencionaba la insignia LGTBI, fue el principal sustento de la ofensiva judicial de Abogados Cristianos y otros actores protagonistas del espectro ultracatólico español. Demandas con peticiones de medidas cautelares en Zaragoza, Cádiz, Valladolid, Huesca, Madrid o Balears. En ocasiones, como sucedió en Guadalajara, Valladolid o en Cádiz, amenazando con una querella al alcalde, acusándole de prevaricar y pidiendo su inhabilitación por no cumplir con lo que había dicho esa sentencia del Supremo de 2020.

Algunas de esas peticiones fracasaron. Sucedió, por ejemplo, ese mismo año en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, donde un juzgado rechazó el argumento y recordó a Abogados Cristianos que los ayuntamientos españoles, incluso, habían hecho ondear mantones de Manila a lo largo de su historia. Tampoco lo consiguieron cuando los representantes del PSOE colgaron la bandera LGTBI en las Cortes de Castilla y León el año pasado. Pero triunfaron en otros casos con los jueces apoyando un criterio que ahora se revela erróneo.

Sucedió en Cádiz poco después de que el Supremo dictara esa sentencia sobre la bandera canaria. Otro juzgado llegó a una conclusión similar en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Y más recientemente otros juzgados han reproducido este argumento para sancionar la presencia de esta bandera en la localidad madrileña de Ajalvir o, incluso, en la fachada del edificio de grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Castilla y León también lo prohibió en la fachada de la Diputación de Valladolid.

En un momento dado el argumento de la sentencia fantasma del Supremo de 2020 cogió tanto impulso que ni siquiera hicieron falta las demandas de Abogados Cristianos. La presencia de PP y Vox en los gobiernos municipales, o las alianzas entre ambos, llevaron a esgrimir esta doctrina fallida para impedir la colocación de las banderas LGTBI en el mes de junio. En Toledo, por ejemplo, el alcalde llegó a pedir a la Policía Local que retirase una bandera puesta en la bancada por concejales del PSOE.

Las dos sentencias del Supremo conocidas esta semana tiran por tierra tanto el argumento jurídico como el revestimiento formal del argumento ideológico. La bandera LGTBI, dicen la mayor parte de los jueces de la sala, no solo no promueve ningún tipo de enfrentamiento sino que es un símbolo de igualdad, un valor “ampliamente compartido”. Y para decidir si esta insignia puede o no colgar de un edificio público durante el Orgullo no hay que acudir, como se ha dicho todos estos años, ni a la ley de 1981 que regula el uso de la bandera de España ni tampoco a su propia sentencia de 2020 sobre el caso canario. Eso no es aplicable al caso.

Ese debate tuvo que ver con que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife usó una bandera “distinta de la estatutaria” y que tenía, además, “significación partidista”. Ni siquiera hubo que acudir a la ley de 1981. Y no era nada comparable a colocar una bandera como la LGTBI en el día del Orgullo, que “ni se colocó para sustituir o subordinar a ella a las banderas y enseñas oficiales, ni es un signo o símbolo de significación partidista y tampoco propugna ningún tipo de enfrentamiento”.

Colocar esta bandera en las fechas en las que el colectivo reivindica su visibilidad y sus derechos, dice el Supremo, “en modo alguno contradice la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, ni quiebra la neutralidad que deben mantener, sino que se inscribe en la línea de las actuaciones que han de llevar a cabo para promover la igualdad”. Un argumento que choca frontalmente con lo decidido por varios juzgados y tribunales en los últimos años, pero también con lo alegado de forma recurrente por administraciones públicas gobernadas por el PP con la presencia o el apoyo de Vox.

Luz verde del Tribunal Supremo a que las banderas arcoíris ondeen en los edificios públicos durante el Orgullo. Los jueces de la sala tercera han avalado que estas insignias del colectivo LGTBI luzcan en las fachadas de ayuntamientos y organismos públicos el día del Orgullo al entender que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”, sin que vulnere la normativa de banderas de 1981. Deben prevalecer, dicen los jueces, otras normas como las que promueven la igualdad de las personas del colectivo.

Los jueces de lo contencioso-administrativo han resuelto dos pleitos procedentes de Aragón y Castilla y León. En el primer caso, Abogados Cristianos había impugnado que el Ayuntamiento de Zaragoza pusiera esta bandera en su fachada durante el Orgullo de 2020. En el segundo, la misma asociación había combatido la misma acción por parte de la Diputación de Valladolid. En el centro de los recursos y sentencias estaba si la normativa española de banderas de 1981 permitía poner estos símbolos, una pelea judicial que se dio, entre otras ciudades, en Madrid hace un año.

Las dos sentencias que ha hecho públicas este lunes el Tribunal Supremo explican que esta norma “no es aplicable” ya que no contempla este supuesto. Su doctrina actual, añade el Supremo, no es contradictoria sobre otras sentencias anteriores que prohibían ondear banderas no oficiales en edificios públicos y, además, deben prevalecer normas como las de igualdad de 2007 y 2022 así como las exigencias en ese sentido de la 'Ley Trans' del año pasado.

El colgado de estas banderas en Zaragoza y Valladolid, dicen ahora los jueces con el voto en contra del magistrado José Luis Requero, “no contradijo la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, ni quiebra la neutralidad que deben mantener, sino que se inscribe en la línea de las actuaciones que han de llevar a cabo para promover la igualdad”.

Hasta ahora, dice la sentencia, el Supremo había analizado otro tipo de casos: los lazos amarillos que el independentismo catalán colgó durante años de los edificios públicos por el procés, pero también la bandera tricolor con siete estrellas en las instituciones públicas de Canarias.

La bandera LGTBI, dice el Supremo, no solo no se apropia de la institución sino que “se proyecta a favor nada menos que de la igualdad entre las personas. En este sentido, se identifica con valores ampliamente compartidos, como son los propios de la igualdad”. Colgarla en la fachada de un edificio público durante el Orgullo, zanja, “en modo alguno contradice la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, ni quiebra la neutralidad que deben mantener, sino que se inscribe en la línea de las actuaciones que han de llevar a cabo para promover la igualdad”.

Un juez, en contra de “abanderar” la “ideología de género”

José Luis Requero, magistrado que en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial se mostró radicalmente en contra del matrimonio homosexual, ha firmado un voto particular en contra. Entiende que el movimiento LGTBI y su bandera alude a “siglas que reúnen diversas tendencias sexuales que sustentan postulados varios, entre ellos los de la llamada ideología de género, que no son pacíficos y respecto de los que hay división en la sociedad, ya sea por razón de creencias o de ideología”.

Este magistrado, incluso, explica que permitir que una de estas banderas ondee en un edificio público “va más allá” de la obligación legal de preservar la igualdad, la tolerancia y la inclusión y “abandera unos postulados ideológicos controvertidos que hay tras el símbolo que desencadena el litigio”.

Abogados Cristianos, por su parte, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional como paso previo a llevar sus reclamaciones hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “este cambio de criterio del Tribunal Supremo es una muestra más de la politización del sistema judicial. Esta sentencia es una evidencia de cómo el Sanchismo ha acabado con la independencia judicial, ante la pasividad del PP”.

Un juzgado de la Audiencia Nacional ha paralizado de forma urgente las exhumaciones de víctimas del valle de Cuelgamuros. En un auto, el magistrado estima la petición de medidas cautelarísimas de la nieta de una mujer enterrada en la basílica y paraliza los trabajos para “tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación”. El auto da tres días a Patrimonio Nacional para hacer alegaciones y anuncia que tomará una decisión después.

La decisión de este juzgado de lo contencioso-administrativo llega después de que otro magistrado de la Audiencia Nacional estudiara, con el rechazo de la Fiscalía, una petición similar. Recientemente, además, un juzgado ordinario de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para llevar a cabo los trabajos necesarios para las exhumaciones.

Este pleito nace a raíz de la petición de medidas urgentes de una mujer, representada por Abogados Cristianos, cuya abuela está enterrada en la basílica del valle. Esta organización ultra de letrados asegura que los trabajos implican “cierto grado de profanación” y que para hacer pruebas de ADN a los restos mortales de las criptas “no han solicitado consentimiento a los familiares”. Sobre el papel, entienden que se está vulnerando su derecho a la libertad religiosa.

En lo que tiene que ver con estas medidas cautelarísimas, puestas en marcha por el juzgado antes de consultar a las partes afectadas, el auto entiende que las exhumaciones y los trabajos previos se están realizando en vía de hecho: “No se aprecia, con la información obrante en autos, que no acaezca la situación denunciada como actuación en vía de hecho”, afirma el escrito judicial. Da tres días a Patrimonio Nacional para “tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación” y después ya decidir si levanta o mantiene las medidas.

Años esperando las exhumaciones

Las exhumaciones de víctimas del franquismo del valle de Cuelgamuros llevan años atascadas en los tribunales, desde que en 2016 un juzgado de Madrid abrió la puerta a extraer los restos de los hermanos Lapeña. Desde entonces, un pleito iniciado por la Fundación Franco y otras asociaciones de extrema derecha derivó en la paralización cautelar durante meses de la licencia urbanística necesaria para llevar a cabo los trabajos.

Esa paralización cautelar fue levantada pero la sentencia sobre el fondo del asunto, dictada recientemente por un juzgado de Madrid, anuló la licencia. Esta sentencia, recurrida por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital, entendió que ese tipo de trabajos iban mucho más allá de lo que podía autorizar un gobierno municipal a través de una licencia de obras.

Otros recursos fueron presentados ante los juzgados centrales de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Por el momento esta es la primera decisión cautelarísima y, hasta la fecha, la Fiscalía se ha opuesto a que este tipo de acciones puedan paralizar de forma urgente los trabajos desarrollados en Cuelgamuros.