El PSOE sancionará a la senadora Mayte Pérez, ex mano derecha de Javier Lambán en el Gobierno de Aragón, por faltar al pleno en la Cámara alta para acudir a un homenaje al expresidente autonómico el jueves en Zaragoza.

Fuentes del grupo socialista en el Senado han confirmado que se le ha abierto un procedimiento sancionador por no asistir a la sesión, porque así está contemplado en el régimen interno de la formación. Pérez, que fue consejera de Presidencia y portavoz en el Ejecutivo autonómico entre 2019 y 2023, comunicó previamente su decisión, según ha podido saber este periódico, pero desde el PSOE consideran que la causa no está justificada.

El motivo era participar en la entrega a Lambán del retrato que le ha hecho la pintora Isabel Guerra, encargado por el Gobierno de Jorge Azcón para rendir homenaje a los expresidentes. Una tradición que se perdió con Luisa Fernanda Rudi y que ahora ha recuperado el dirigente popular. El acto se convirtió en un homenaje a la figura del exdirigente ejeano, que afronta una larga enfermedad. En él participaron todos los consejeros socialistas de Lambán salvo cuatro: la ministra Pilar Alegría, Fernando Gimeno –ninguno de los dos estaba invitado–, Felipe Faci y Marta Gastón, en este último caso también por una cuestión de salud.

El expresidente aragonés ha agradecido a Pérez este viernes, en un mensaje en X, su “coherencia” y “dignidad”.

El propio Lambán fue sancionado con 600 euros en dos ocasiones por romper la disciplina de voto en el Senado en dos polémicas votaciones, por la Ley de Amnistía y por el concierto con la Generalitat catalana. El expresdiente aragonés optó por no emitir voto.

Las fuentes socialistas consultadas aseguran que el caso de Mayte Pérez –que tomó el testigo en marzo de Lambán en el Senado tras dejar su escaño en las Cortes– es distinto y que la sanción será menor de esos 600 euros, pero no han concretado la cuantía.

El evento del jueves se celebró en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón. Allí, Lambán descubrió el retrato elaborado por Isabel Guerra, en un emotivo acto que reunió también a su familia y a los actuales miembros del Ejecutivo.

En su intervención, el expresidente aragonés volvió a lanzar el mensaje de que se siente “huérfano de representación” en lo que a su partido se refiere. “En este momento el PSOE me duele en el alma, mientras que Aragón por el contrario me alegra el corazón”, destacó. Y se reconoció como “militante de la Constitución del 78 y de la socialdemocracia clásica” a la que le “gustaría contribuir”. La situación actual le ha conducido, afirmó, a convertirse en “militante aragonesista”.

El comité provincial del PSOE Teruel, máximo órgano entre Congresos, ha aprobado el calendario por el que se convoca el XI Congreso Provincial Ordinario de la formación el próximo 10 de mayo. El proceso comenzará una vez concluido el Congreso regional, a partir del 21 de marzo, que es cuando se abrirá el plazo para la presentación de precandidaturas a la secretaría general, a la que la volverá a presentarse Mayte Pérez, según ha confirmado este sábado en el cónclave celebrado en Escucha (Teruel). Un proceso que, de acuerdo con los estatutos federales y regionales vigentes, también renovará la Comisión Ejecutiva Provincial y el Comité Provincial. Las bases, también aprobadas este sábado, determinan la forma de elegir a los delegados y las condiciones de participación.

Pérez, líder de los socialistas turolenses desde hace siete años, es una de las dirigentes del partido más alineadas con Javier Lambán, a quien relevará en el 18º Congreso regional del partido Pilar Alegría. La actual portavoz en las Cortes llegó a sonar como posible alternativa al secretario provincial en Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, para competir con la ministra de Educación en la carrera de las primarias en Aragón, aunque finalmente desechó la idea por la falta de apoyos en las otras dos provincias. Ahora falta por saber si el bando sanchista presenta a un candidato o candidata que compita con Pérez por el liderazgo en Teruel.

“Hemos de abrir una nueva etapa con el objetivo fundamental de volver a recuperar las instituciones, en la provincia y en la Comunidad Autónoma, en 2027, porque cuando el PSOE deja de gobernar, Teruel pierde”, ha dicho Mayte Pérez, quien ha felicitado a Alegría como nueva secretaria general del PSOE Aragón tras un proceso que ha calificado de “ejemplar”, “especialmente en la provincia de Teruel”.

Pérez ha destacado el “ejercicio de generosidad y responsabilidad en favor de la unidad” de las precandidaturas a la secretaría general autonómica y ha pedido “identificar bien al contrario y combatir con un PSOE fuerte los discursos nocivos e individualistas de la ultraderecha, que se extienden con demasiada rapidez, y las políticas de un Partido Popular que no sorprende con sus políticas reaccionarias y un Teruel Existe que va de progresista y siempre afianza a la derecha allá donde puede”.

Así, frente a los intentos de “desmantelar servicios públicos” y la “inacción” de los gobiernos del PP y Teruel Existe, la secretaria general del PSOE Teruel ha pedido “sentirnos orgullosos de las políticas que hacemos los socialistas cuando gobernamos. Teruel gana, Teruel avanza, tanto con el desarrollo de los servicios públicos como con el impulso de todos y cada uno de los proyectos estratégicos que hemos creado y desarrollado. Nos tiene que hacer sentir orgullosos y es el mensaje que hemos de trasladar, nuestra capacidad de imprimir ritmo y marcar el progreso de la sociedad turolense”.

“Acaba un ciclo, pero tenemos que poner en valor todo lo que nos define como organización y de fuerza transformadora que es capaz de cambiar las cosas”, ha concluido Pérez.

Las plantillas del profesorado en Educación Infantil en Aragón están compuestas, en un 96,69 %, por mujeres. Sin embargo, solo ocupan puestos de dirección en un 67 %. En Secundaria, las profesoras representan el 63,72 % del claustro, pero solo son el 40 % de las directoras de institutos. Y en Formación Profesional las docentes suponen el 44 % del profesorado.

Los datos los ha dado la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y forman parte de un informe sobre género en las aulas del que nace el plan de igualdad que se ha presentado este miércoles. Incluye cuatro puntos estratégicos con los que dar respuesta en el ámbito educativo a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

La consejera ha destacado, entre las bases del proyecto, la sensibilización y formación, que se ofrece no solo para los profesionales de la educación, sino para toda la comunidad, familias y alumnado incluidos. Desde que dio comienzo el presente curso, ha recordado, se ha contado con expertos en la materia (Marina Subirats, Carolina Alonso o Santiago Boira), además de proponer actividades específicas para los estudiantes como teatro con la Compañía de Blanca Marsillach, la dotación de material coeducativo en las bibliotecas escolares, talleres artísticos de sensibilización a través de la ilustración o talleres durante los recreos, por ejemplo, para la detección de micromachismos. Además, para la conmemoración del próximo 8 de marzo, se presentará el rap que están elaborando alumnos y alumnas de diversos centros de Aragón junto a unas Unidades didácticas disponibles para todos los centros educativos.

Destinadas a las familias se han celebrado jornadas y talleres de corresponsabilidad familiar con la colaboración de Fapar y de los colegios profesionales. Incidiendo en esta misma línea, este mismo fin de semana se celebra en el salón de actos del Instituto Aragonés de la Juventud unas jornadas a las que asistirán más de 200 personas y en las que participarán referentes nacionales como Luz Martínez Ten, Ana López Navajas, Marian Moreno Llaneza y Carmen Ruiz Rebullo.

Otro de los pilares que sustentan este plan de igualdad, ha señalado Pérez, “es la orientación académica y profesional no sexista, de manera que se compense que en determinados estudios haya una presencia mayoritaria masculina y femenina, y buscando que cada estudiante pueda dedicarse a aquello que le interesa, sin que antiguos prejuicios puedan disuadirle”.

Además de la web Elige tu profesión, puesta en marcha dentro del IV Plan estratégico de FP y que acerca la realidad del mercado laboral y explica las características que se exigen para cada especialidad, se están fomentando las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre todo el alumnado. Asimismo, se están desarrollando campañas para visibilizar, por ejemplo, la presencia de hombres en profesiones sociosanitarias o de mujeres en electricidad y electrónica, y recientemente se firmó un acuerdo con la Asociación de Mujeres Directivas de Aragón, que llevan a los centros experiencias de éxito de mujeres dentro del mundo de la empresa.

Mayte Pérez ha manifestado la necesidad de que la Administración actúe y ponga todos los medios “para empoderar a la mujer y romper con los sesgos de origen”. “Es necesario actuar para que el género no determine la elección de su vida profesional”, ha declarado la consejera, quien ha destacado además la necesidad de hacer más visibles los estudios de la tecnología para la mujer, ya que las nuevas demandas de empleo van vinculadas a este sector.

El abandono escolar temprano, que comprende aquellas personas que no siguen estudiando tras la ESO, se sitúa en Aragón en un 15,6 %. Son casi cuatro puntos menos que en 2015, cuando alcanzaba el 19,5 %. Las cifras las ha dado a conocer el Ministerio de Educación: la media nacional está en el 17,9 % y la Unión Europea fija una tasa de abandono educativo temprano del 15 %.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, ha calificado estos porcentajes como un “acicate” para seguir trabajando en la misma línea que en los pasados años. “Cuando llegamos al Gobierno nos marcamos toda una serie de actuaciones que redundaran en la mejora de la calidad educativa y encaminadas a reducir el fracaso escolar, que se han revelado como fructíferas, y seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a continuar reduciendo estos datos”.

Según ha explicado la consejera, las medidas adoptadas como la rebaja de las ratios, la reestructuración e impulso de la Formación Profesional –que ha logrado récord de matriculados, con más de 23.000- o la puesta en marcha de la escolarización anticipada “han contribuido a mejorar las cifras hasta lograr estos porcentajes de éxito actuales”. A este respecto, Pérez ha declarado que para el Gobierno la escolarización anticipada es un elemento “vital que ayuda a luchar contra el fracaso escolar y a garantizar la equidad en el sistema educativo y la permanencia en el mismo”.

También ha incidido en la “progresiva incorporación de la innovación en las aulas, como un medio que ha conseguido motivar al alumnado: debemos seguir insistiendo en mejorar e incorporar cambios metodológicos en nuestros centros, de manera que los estudiantes se sientan en el centro del sistema”.

La consejera de Educación, Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han acordado impulsar la apertura del Círculo Católico “abordando las mejoras necesarias para potenciar este espacio como lugar turístico de primer orden”. Las ruinas del Círculo Católico, han explicado, “evidencian la importancia que tuvo la antigua Osca y conserva ejemplos de la arquitectura romana desde los siglos I a.C. al II-III d.C”.

Ambas instituciones han establecido un calendario de intervenciones, basado en un plan de actuación, que ya se ha finalizado, y que comenzará con una mejora de los accesos, en la que se invertirá alrededor de 120.000 euros, una vez que ya ha terminado la fase de inventariado y arreglo de piezas.

Mientras se acometen estos trabajos que permitirán el acceso al Círculo Católico, han apuntado desde el Consistorio oscense, se abrirá una exposición en el Museo de Huesca en la que se expondrán algunas de las piezas recuperadas de este espacio de la Osca romana, y en la que también se podrán contemplar a través de paneles y audiovisuales cómo quedará el espacio una vez finalicen todas las obras.

Luis Felipe ha declarado que este acuerdo es “una buena noticia para la ciudad de Huesca”, ya que “recupera y pone en valor una parte de su historia, la Huesca romana, que tiene que ser visitable y un atractivo turístico y patrimonial”. Por su parte, Mayte Pérez ha destacado la importancia de la colaboración entre el Ejecutivo autónomo y el Ayuntamiento de Huesca, que va a permitir ahora esta actuación y que durante toda la legislatura ha sido “muy fructífera”, destacando actuaciones como la intervención en la muralla de Huesca o los trabajos que se están desarrollando de manera conjunta en San Pedro el Viejo.

En Aragón, el 95 % de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes y en ellas está escolarizado el 18 % del alumnado de la comunidad. A estos escolares se destina el 31 % del presupuesto educativo. Son algunas de las cifras que ofreció la consejera de Educación del Gobierno autónomo, Mayte Pérez, este martes en la inauguración de un foro sobre educación rural, que se celebra durante toda la semana en la Fundación Santa María de Albarracín, con representación de organismos de tres países que estudian la escuela fuera de los grandes municipios.

El proyecto tiene como objetivo principal proponer un plan de formación permanente y unas propuestas de formación inicial para cubrir las necesidades competenciales de los maestros y maestras rurales.

Allí, Pérez destacó el “importante esfuerzo” que realiza el Ejecutivo, ya que el coste de un alumno en la escuela rural es de unos 8.000 euros, mientras que en un centro urbano es de 3.000. “En Aragón hay 731 municipios, de los que tienen escuela 443. El 95 % de ellos, tienen menos de 5.000 habitantes. Hay una discriminación positiva clara hacia el medio rural”, recalcó

La consejera recordó que, “nada más tomar posesión del cargo”, decidió rebajar a tres el número de alumnos necesarios para mantener abierta una escuela, frente a los seis que determinó el Gobierno anterior. Esta medida, dijo, ha permitido mantener abiertos 100 centros en tres años. Para ella, la escuela rural es “la principal garante de la vertebración del territorio, ya que es la que llega a todos los puntos y su mantenimiento supone la principal arma en la lucha contra la despoblación”.

Además, el Gobierno de Aragón puso en marcha un Observatorio de la Escuela Rural, “el primero que se crea en el país”, indicó, “encargado de diseñar un plan de acción para potenciar sus fortalezas, potenciar la investigación, documentación, elaboración y producción de materiales didácticos o adaptación de los existentes, así como la recogida y difusión de buenas prácticas y su constitución como punto de encuentro e intercambio de experiencias”.

Profesorado

Respecto al profesorado, Pérez hizo hincapié en que se han recuperado los centros de Profesorado Territoriales en la zona rural y se han sumado a los que existían en las capitales de provincia los de Alcorisa, Sabiñánigo, Ejea, La Almunia, Monzón y Calatayud.

Apuntan, además, desde el Gobierno, que “se ha potenciado la formación on line y en streaming para que llegue a los profesores de toda la comunidad y se han creado rutas formativas posibilitando el acceso a formadores de primer nivel en pueblos donde es complicado que llegue de otra manera y que también cuentan con retransmisión a través de las nuevas tecnologías”.

El Departamento de Educación, explicó Pérez, ha recuperado los convenios con la red de escuelas municipales infantiles, que anteriormente dependían de Política Territorial, y con los que este año se costea el profesorado de 197 escuelas de 152 municipios, en los que estudian más de 5.600 alumnos

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por obispos y profesores de Religión contra la decisión del Gobierno de Aragón de reducir 45 minutos el horario lectivo de esta asignatura en Educación Infantil y Primaria. Lo ha anunciado la consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, para la que es “grandísima noticia”.

En 2015, el Gobierno ya redujo el horario de Religión para los alumnos de Secundaria. Un año más tarde, como ha recordado Pérez, se intentó con Infantil y Primaria, sin embargo, quedó suspendido por las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tras el recurso presentado por los obispados de la comunidad y la Asociación Profesional Profesores de Religión de Centros Estatales (APPRECE).

Más tarde, en julio de 2017, el mismo TSJA avaló esta reducción, pero mantuvo las cautelares antedichas en previsión de que obispos y docentes recurrieran ante el Tribunal Supremo, como a la postre sucedió. La decisión del Supremo de no admitir a trámite el recurso culmina esta sucesión de hechos y confirma la disminución.

Las horas lectivas de Religión para los 90.000 alumnos aragoneses que están en esta etapa educativa (y que hayan optado por su estudio) se reducen, por tanto, de 90 a 45 minutos. Un tiempo que, tal y como ha señalado Mayte Pérez, ahora “se dedicará a más Educación Física, Inglés, Música… caminamos hacia un sistema educativo de calidad”.

La consejera, no obstante, se ha lamentado porque la noticia llegue con el curso ya comenzado, lo que hará que, por cuestiones organizativas, la medida no se haga realmente efectiva hasta el curso 2019-2020. “Hubiéramos preferido que la sentencia llegara antes, incluso estuvimos esperando para hacer la organización escolar; para los centros que ya tienen elaborados sus cupos sería muy difícil hacer ahora el cambio”, ha explicado.

“Este Gobierno ha asegurado la supervivencia de más de 63 escuelas rurales, que con la política anterior hubieran desaparecido, que es tanto como asegurar la existencia de 63 pueblos”. Son palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, en la primera sesión consultiva del Observatorio de la Escuela Rural de Aragón.

Decía el máximo mandatario autonómico sentirse “orgulloso” de esta apuesta. Muy distinta parece la percepción en el PP. Es lo que se deduce de las palabras de la portavoz popular del ramo en las Cortes de Aragón, María José Ferrando, que el pasado viernes, en el Pleno autonómico, reprochó esta manera de actuar.

La interpelación de Ferrando a la consejera de Educación, Mayte Pérez, versaba –en el papel– sobre la “libertad de elección de centro educativo en el proceso de escolarización para el curso 2018-2019”. Y hasta allí llegó, pero por un camino inesperado. Le pidió a la consejera que se imaginara una situación: “Tiene que escolarizar a su hijo en una escuela con 3, 4  o 5 alumnos, que, además, son hermanos, primos o amigos íntimos (en una población de 20 o 25 personas es lo que toca), y que tienen un docente sin experiencia (mucho menos en el medio rural), recién escudillado y que (esto ocurre todos los días) solo aspira a estar allí para conseguir puntos y ver cuánto antes otro entorno”.

Ahora imagine, continuó Ferrando, “que a 10 o 15 kilómetros hay otra localidad con un centro que oferta bilingüismo, por no hablar de las relaciones entre iguales tan convenientes desde el punto de vista pedagógico, y que usted decide solicitar plaza en ese centro”.

Esto sería lo razonable, señaló, “pero lo que no es razonable es que la administración educativa le negara a usted esa elección, que la administración contestara que como la consejera del ramo se ha vuelto muy generosa (por no decir otra cosa) y le ha dado por abrir escuelas rurales a granel, no le queda más remedio que mantener a su niño en una escuela rural con sus primos y un maestro sin experiencia”.

Para Ferrando, mantener una escuela rural tiene ventajas, pero también inconvenientes “porque pedagógicamente no es lo mismo”. Con esta “manía propagandística”, espetó, “no deja elegir a las familias. Respóndame a una pregunta: ”¿Qué haría usted?“

“Vaya a los 100 pueblos que no tendrían escuela rural y les explica lo que acaba de defender”

Tras mostrar su sorpresa por la puesta en escena (temática) de la diputada popular, Mayte Pérez afirmó que su pensamiento, “en colaboración con el Departamento, con la comunidad educativa y con la sociedad, siempre será mantener la escuela en el medio rural”. Y subrayó una puntualización: “Las escuelas rurales se mantienen siempre bajo dos premisas: que las familias quieran y el Ayuntamiento también”.

Vaya usted, dijo Pérez, “a los 100 pueblos que hoy no tendrían escuela y les explica lo que acaba de defender. Dígaselo a los alcaldes del PP, que hay muchos y están muy agradecidos”.

La consejera indicó que quieren “un modelo educativo de calidad también en el medio rural y que, por eso, extienden el bilingüismo”. Puso el ejemplo de Nueno (Huesca), donde, dijo, “se abrió la escuela con siete niños y ahora hay 23. Eso es priorizar y apostar por la igualdad de oportunidades y por combatir la despoblación. Sigan con este discurso, que nos interesa”.

CGT pide la dimisión de Ferrando

CGT, el sindicato mayoritario de la Mesa Sectorial de Educación, ha pedido la dimisión de la portavoz de educación del PP en las Cortes de Aragón, porque, dicen, “atacó reiteradamente a la escuela rural y al profesorado que en ella trabaja”.

Exigen “que se deje de utilizar la educación como arma política arrojadiza. La portavoz, en sus críticas a la gestión de la consejera de Educación, hizo hincapié en la ínfima calidad de la escuela rural, y subrayó que se obliga a las familias a mantener a sus hijos en el medio rural o que el único objetivo de los docentes en estos centros es conseguir irse de ellos cuanto antes. En concreto, calificó a maestros y maestras de la escuela rural como recién escudillados, sin experiencia alguna ni labor en un medio más complicado”. 

Para el sindicato, dichas declaraciones “reflejan una ignorancia total hacía el trabajo que docentes y claustros llevan realizando durante años. Muchos de ellos destacan por formar parte del mapa geográfico de innovación que recorre nuestro territorio a pesar de los recortes sistemáticos que el PP, partido de Ferrando, realizó en los pasados años”.

Ni son 300 megas –sino 100–; ni llegará a toda la población –incluyendo los núcleos más pequeños–, porque la implantación de la banda ancha se deja al criterio de las empresas privadas que mirarán la rentabilidad más que el número de vecinos. El PSOE en Teruel alerta así sobre las lagunas del Plan 300 x 100, anunciado por Mariano Rajoy el pasado mes de marzo, cuando era presidente del Gobierno, en una visita a Teruel, que ha pasado de “planazo a plantón”, en palabras de la secretaria general de los socialistas en Teruel, Mayte Pérez.

Según la formación, este plan, que prometía que en 2020 todos los núcleos de población de España tendrían acceso a Internet de alta velocidad a 300 megas, es “una quimera” y, en la práctica, dejará sin banda ancha a la mitad de la provincia de Teruel.

Los socialistas acogieron con escepticismo este plan del que poco se sabía más que la información oficial ofrecida en un gran acto en Teruel, ciudad elegida precisamente por el anterior gobierno por ejemplificar como pocas el problema de la despoblación que este plan venía a intentar frenar. Ese escepticismo se volvió crítica cuando conocieron los detalles del mismo a través del Boletín Oficial del Estado.

Así, Pérez critica que el plan consiste en “subvencionar a operadoras del sector” que invertirán “donde les sea más rentable” y, además, lamenta que Aragón reciba solo el 50 % de la subvención de las inversiones, al igual que otras regiones como Cataluña o el País Vasco, pero lejos del 80 % que recibirán Galicia o Murcia.

Denuncia los “criterios políticos” seguidos para ese reparto y que no incluyeran discriminaciones positivas para primar a los pequeños municipios“.

65.000 aragoneses fuera del plan

El PSOE detalla que del total de 525 millones con los que cuenta el Plan, Aragón sólo recibirá 18 millones, y que todo ello supone para Aragón dejar fuera del citado Plan a más de 65.000 aragoneses.

Buena parte de esos aragoneses que quedarían fuera son aquellos residentes en poblaciones de menos de 100 habitantes, porque son precisamente aquellos núcleos de población los que las operadoras no tienen interés en cubrir, denuncian, y eso afecta especialmente a la provincia de Teruel que se ve “nuevamente castigada por un macroanuncio”, denuncia Pérez.

Reprochan además que en la primera convocatoria publicada por el Ministerio solo se garantizan 100 Mps y no 300 como se anunciaron, y que el listado de zonas blancas que contemplaba el Ministerio de Industria dejaba fuera muchos núcleos de población en Teruel.

Las críticas cuando se anunció el plan también recriminaron que la Administración central no hubiera consultado a las otras instituciones más cercanas qué estaban haciendo en esta materia, y de este modo aunar esfuerzos. De hecho, el plan previsto por la Diputación de Teruel (gobernada por PAR-PP) para la extensión de la banda ancha a municipios se paralizó tras el anuncio, a la espera de saber qué iba a hacer el Gobierno central y no duplicar iniciativas. Y esa paralización supuso renunciar a fondos FEDER europeos concedidos para este fin, según explican los socialistas.

Con el cambio de gobierno en Madrid, el PSOE quiere modificar el planteamiento plasmado en la convocatoria de 2018, que está previsto que se resuelva en noviembre, tarde para la ejecución en este ejercicio, añaden.

En todo caso, el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, explica que elaborarán una propuesta para remitir al Ministerio correspondiente en la que pedirán que se establezcan tramos para que la subvención a las operadoras sea mayor cuantos menos habitantes tenga el municipio donde se realice el proyecto. De este modo, apunta Morro, “las empresas apostarán por los núcleos más pequeños” en los que hay menos rentabilidad,

Además, critica también la diferencia de porcentaje que se subvenciona de cada proyecto establecida en función de la comunidad autónoma en lugar de la población que se beneficia de cada iniciativa. Morro espera que estas modificaciones puedan incluirse en la convocatoria del plan para 2019 para que de verdad sea una estrategia efectiva contra la despoblación.

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel han firmado la adenda correspondiente a 2018 del convenio de colaboración entre las dos instituciones para la gestión conjunta de obras de reforma, mejora y sustitución en colegios públicos de la provincia de Teruel durante el periodo 2016-2019.

En este ejercicio concreto, las instituciones aportarán un total de 400.000 euros (200.000 euros cada una). Anualmente se suscribirán las correspondientes adendas y se concretarán las actuaciones y los centros educativos beneficiados. En estas adendas se recogerán las nuevas aportaciones económicas.

Para 2018 están previstas 92 actuaciones, 27 más que el pasado curso. Entre otras, se contemplan acondicionamiento en patios, pavimentación, mejora de la carpintería, adecuación de espacios, sustitución de sistemas de calefacción, reparación de cubiertas, supresión de barreras arquitectónicas, alicatados, mejora de los baños o distintas reparaciones.

Tras la firma de este convenio, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha informado de que todas las solicitudes llegadas desde los pueblos han sido atendidas gracias a este acuerdo, que ha calificado de “un paso más en la línea estratégica de este Gobierno de apostar por la escuela rural, lo que ha permitido que 61 escuelas se hayan mantenido abiertas en esta legislatura con entre 3 y 6 alumnos”.

En este sentido, ha recordado la reciente creación del Observatorio de la Escuela Rural, un órgano que nace para detectar las debilidades y también las fortalezas de estos centros, que ha definido como “innovadores, dinámicos y abiertos”. Además de las mejoras en infraestructuras, Pérez se ha referido a la extensión a toda la comunidad de programas como el de bilingüismo. “El derecho a la educación no tiene por qué limitarse al lugar donde has nacido ni al origen social de tu familia, por eso apostamos por garantizar una educación de calidad en el medio rural”, ha declarado.

9 millones de euros en Teruel

Desde el Ejecutivo, recuerdan que durante esta legislatura se han invertido más de 9 millones de euros en infraestructuras educativas en Teruel. Con este dinero, explican, se ha puesto en marcha el nuevo edificio que acoge el colegio Las Anejas de Teruel, y ampliaciones en el CEIP Miguel Vallés también en la capital turolense, en el Juan Ramón Alegre de Andorra o el colegio de Calamocha. Este año se está licitando la ampliación del colegio de Valderrobres y del CEIP San Blas. Recientemente se anunció también una inversión de 4 millones de euros en los próximos años en infraestructuras educativas en Alcañiz.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, también ha hecho hincapié en la necesidad de mimar los centros de los municipios más pequeños y, en este sentido, ha agradecido el compromiso del Departamento de Educación con la escuela rural en la provincia.

Varios colegios concertados de Zaragoza cometieron irregularidades a la hora de informar acerca del número de ACNEAEs (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) que tenían matriculados. La sospecha se confirma después de que la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, haya explicado que Inspección Educativa ha detectado que algunos de estos centros diagnosticaron ACNEAEs sin, siquiera, informar de ello a sus familias.

De los 533 alumnos con necesidades especiales que los centros concertados se sumaron entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, ha dicho Pérez, ya se han retirado 100 expedientes por defecto de forma. Una cifra que, barruntan, puede continuar creciendo.

La confirmación de estas anomalías se ha revelado en el análisis que está llevando a cabo la Inspección. Coincide en el tiempo este examen con la denuncia realizada por CGT y Podemos de que la escuela concertada había obrado con mala praxis en el registro de este tipo de alumnos. Conjetura que ha terminado por corroborarse.

Tanto el sindicato como los morados argumentaron dicha acusación en el hecho de que, en apenas cuatro meses, el número de ACNEAEs creciera de manera exponencial en algunos colegios. Los datos parten de un informe de la Inspección de noviembre de 2017, y otro –de marzo de 2018– extraído de las cifras que los propios centros han de volcar en el GIR (Gestión Integral en Red).

En ellos se podía comprobar que los 52 centros privados concertados de Zaragoza se habían sumado 533 alumnos de este tipo entre una fecha y otra. Bastantes más que los 368 que aumentaron en los 88 centros públicos. Es más, como ya se apuntó en eldiario.es, 14 colegios concertados se sumaron más ACNEAEs que los 88 públicos.

El motivo, han sostenido siempre CGT y Podemos, es la modificación incluida por el Ejecutivo autonómico en el Decreto de Escolarización con el objetivo de “garantizar la matriculación equilibrada del alumnado ACNEAE” entre los centros públicos y privados concertados.

Con base en estas novedades, por primera vez (en el proceso de escolarización que comenzó el pasado miércoles) se está teniendo en cuenta el número de alumnos con necesidades especiales que hay en cada colegio. Es decir, a cada centro se le exige una reserva de plazas para ACNEAEs que depende de los que ya tengan. Si dicen que tienen más, esta exigencia es menor.

Así, el Colegio La Salle Montemolín –que supone el ejemplo más escandaloso– llegó a computarse 37 nuevos alumnos de este tipo (de 4 a 51, +1.175 %). El segundo centro que más ha aumentado (aunque lejos del anterior) es el Corazonistas Moncayo: de 8 a 31 (+287,5 %). Y el tercero es el Colegio El Salvador, que pasa de 15 a 51 (+240 %).

Proceso de escolarización

Mayte Pérez ha dejado claro que en el actual proceso de escolarización se están utilizando las cifras dadas por Inspección en noviembre de 2017, y no las de marzo de 2018, que se han desvelado erróneas. Del mismo modo, ha anunciado que, en el futuro, siempre será la Inspección quien tenga la última palabra a la hora de determinar el número de ACNEAEs que hay en cada centro.

Hasta ahora, se daba por buena la información otorgada por los equipos de orientación educativa. Un servicio que, desde que así lo decretara el anterior Gobierno autónomo (PP-PAR), está liberalizado. Ergo, cada centro puede contratar el equipo que quiera.

El Gobierno de Aragón pondrá en marcha la campaña ‘Escuela Con A’, con la que se pretende fomentar que se pongan nombres de mujer en los colegios de la comunidad, tanto en los nuevos como en los que ya existen. Lo anunció la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, en el Pleno autonómico celebrado el pasado viernes.

El primer paso será facilitar a los centros una guía de mujeres aragonesas, españolas e internacionales que han hecho historia y, además, se impartirán unidades didácticas para que en el aula se conozca el recorrido vital de las mimas.

En la actualidad, solo 15 de los 168 centros educativos aragoneses con nombre propio lo tienen de mujer. Un dato que lamentó Pérez, para la que es importante lograr esa visibilidad en pos de seguir avanzando en temas de igualdad. La equidad en la escuela, dijo, “es una prioridad y, por tanto, esta será una de las primeras medidas que se incorporarán a las que ya se llevan a cabo en los colegios e institutos”.

Planes de igualdad

En la misma línea, la consejera señaló que los centros tendrán la obligación de contar con planes de convivencia y de igualdad, una vez que se apruebe la Orden de Convivencia. Además, en el próximo proceso de renovación de cargos directivos, los aspirantes tendrán que incluir en sus informes maneras de afrontar en las aulas la igualdad y la violencia.

Pérez subrayó que su Departamento ya había puesto en marcha muchas iniciativas que inciden en la igualdad y la coeducación, como contenidos determinados tanto en Educación para la Ciudadanía como en Historia de España (incluyendo el retroceso de la situación de la mujer durante la dictadura), “que quieren ayudar a despertar el pensamiento crítico del alumnado”.

Apuntó, por añadidura, las líneas estratégicas incluidas en el IV Plan Aragonés de FP para analizar y corregir situaciones como la mayoría femenina o masculina en determinadas familias profesionales y las más de 100 acciones formativas para el profesorado acerca de la igualdad de género.

La consejera cargó contra la actual ley educativa en vigor, la Lomce, que considera que es “absolutamente incompatible con la defensa de la igualdad, ya que está permitiendo financiar con recursos públicos a centros que segregan por sexo”.

El presidente de Aragón también ha expresado su opinión sobre el candente asunto de los bienes de Sijena. Lambán –como antes hiciera la consejera de Cultura, Mayte Pérez– responsabiliza al Gobierno Central por el recurso presentado por la Generalitat –este jueves 7 de diciembre– contra la providencia del magistrado de Huesca que marcaba el próximo lunes día 11 de diciembre como fecha límite para la vuelta de los bienes.

El máximo mandatario aragonés asegura que el Gobierno de España se niega a acatar la sentencia del magistrado: “Están desobedeciendo al Poder Judicial para obtener un puñado de votos en las elecciones catalanas para el PP”.  

En palabras de Lambán, “el Gobierno ha dejado de ser de todos los españoles, para ser de unos contra otros y atizar un conflicto que Méndez de Vigo podría haber evitado”. Si el ministro, ha señalado, “hubiera acatado la sentencia, hoy mismo los bienes ya estarían en Sijena”. Ha anunciado, además, que el Ejecutivo autonómico aragonés no va a dar “un paso atrás” y que está estudiando “las posibles responsabilidades penales en las que haya podido incurrir el ministro por un delito de desobediencia”.

Al igual que Pérez, el presidente ha reiterado que el Gobierno de Aragón tiene todo el operativo necesario preparado para que las piezas vuelvan a la comunidad. “No sé si surgirán problemas a última hora”, ha señalado, “nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que las 44 piezas pernocten en Aragón el próximo día 11. Pase lo que pase el próximo lunes, el único responsables será el Gobierno de España”.

También el pasado jueves 7 de diciembre, el juez autorizó el uso de la fuerza para el traslado de los bienes, permitiendo la entrada de la Guardia Civil en el Museo de Lleida a partir de las 00:00 horas del lunes 11.

Cada día una novedad y ninguna tendente a la calma. Este jueves, la Generalitat recurrió la orden judicial que fijaba el próximo lunes día 11 como fecha límite para la vuelta a Sijena de los bienes. La dura respuesta llegó de la consejera de Cultura de Aragón, Mayte Pérez, que culpó a Íñigo Méndez de Vigo de la decisión y lo comparó con Puigdemont.

Dijo también la consejera que el Gobierno central sería el responsable de lo que suceda el día 11. ¿Y qué es lo que puede pasar? De momento, a última hora de este jueves, el juez suplente del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca autorizó el uso de la fuerza para llevar a cabo el traslado de los 44 bienes.

En una información de EFE, se apunta que el magistrado dictó una providencia en la que acuerda la ejecución de la sentencia que obliga a Catalunya a devolver las piezas y da el  plácet a la Guardia Civil para entrar a partir de las 00:00 horas del próximo lunes día 11 de diciembre en el Museo de Lleida.

Se refiere el juez en su texto a un informe de la Guardia Civil en el que se alerta de la falta de colaboración por parte de los responsables del espacio museístico para hacer cumplir la sentencia. La decisión judicial va en la misma línea de lo comentado por Mayte Pérez: esta aseguró que el recurso no detenía el procedimiento y que seguirían adelante “para que los bienes volvieran a casa la próxima semana”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido pronunciarse este viernes y ha subrayado que “es un asunto en el que las decisiones las toman los tribunales”. Así se ha pronunciado Rajoy, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en un mitin de campaña del PPC en Lleida, al ser preguntado por la sentencia judicial que ordena el traslado a Sijena desde Leida de los 44 bienes del Monasterio de Sijena pendientes de devolución.

“El Gobierno de España ha presentado un recurso para impedir la devolución de los bienes. Es una falta de respeto insoportable a Aragón y un insulto a la dignidad de los aragoneses”. La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, atribuye al ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, toda la responsabilidad del recurso presentado por la Generalitat contra la orden judicial que marcaba el próximo lunes 11 de diciembre como fecha límite para la vuelta a Aragón de los bienes de Sijena.

Pérez ha acusado al ministro, responsable de la Conselleria catalana de Cultura en virtud del artículo 155, de “actuar con cobardía, plegándose a los intereses de Catalunya por encima de las decisiones judiciales y despreciando a Aragón”. Catalunya ha presentado finalmente el recurso a la devolución de los bienes, firmado por el letrado de la Generalitat, pese a que Méndez de Vigó aseguró que no se intentaría impedir el traslado ordenado por la justicia.

“Con esta deslealtad institucional incomprensible para los demócratas”, ha dicho, “el ministro está reproduciendo los argumentos de Puigdemont, pero con una diferencia, Puigdemont estaba fuera el Estado de Derecho y de la Constitución; y el Gobierno de España, que dice respetar la ley, hace trampa para no cumplirla”.

Ha afirmado la consejera que no podía esperar esta reacción de “un gobierno que dice defender a todos los españoles por igual”. Y, de nuevo usando como ejemplo al expresident, ha señalado que “a Puigdemont le combatimos con la unidad de España y creíamos que el Gobierno de España era el nuestro”.

Para ella, “el único objetivo del ministro con este recurso es exonerar las responsabilidades penales en las que sabe que incurriría si no ordena la devolución de los bienes. No le importa el cumplimiento de la justicia, ni la reparación social y moral que debe darse a los aragoneses”.

El procedimiento continúa

En palabras de la consejera, el procedimiento para la devolución de los bienes el día 11 como muy tarde continúa: “Seguimos contando con el amparo judicial y el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y seguiremos adelante con el cumplimiento de esta sentencia para que los bienes vuelvan a casa la próxima semana. El Gobierno central será el responsable de lo que pueda ocurrir el día 11”.

El recurso, ha continuado, “es inaudito e indignante, y avala las tesis de los anteriores consellers, de que el traslado y la conservación no será en condiciones. Es un insulto a la profesionalidad y el rigor de nuestros técnicos”.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han enviado este jueves al juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huesca el plan de trabajo para trasladar al Monasterio de Sijena los 44 bienes que se encuentran en el Museo de Lleida, las fichas identificativas de estas piezas y una solicitud para que la entrega se lleve a cabo el 11 de diciembre. Ahora, será el juez quien disponga si regresan en esa fecha.

El Gobierno de Aragón ha informado, además, al juzgado de que ya se había remitido toda la documentación oficial al actual responsable del Departamento de Cultura de la Generalitat, el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Este mismo jueves, la Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la sentencia del Juzgado nº 1 de Huesca en la que ordenaba a la Generalitat de Cataluña a devolver las 44 piezas.

La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha apuntado que esta es “una grandísima noticia que cierra el círculo del regreso de los bienes. Llevábamos dos años y medio esperándola, ya no queda ningún tipo de duda, facilita el camino y las instituciones catalanas ya no pueden acogerse a que faltaba esta resolución. No teníamos ninguna duda de que estábamos en lo cierto, de que la legalidad nos asistía. Con esto y los trámites de los últimos días, los bienes deben regresar de manera inmediata”.

En palabras de Pérez, es “un éxito colectivo de todas las instituciones y partidos políticos que durante 22 años han trabajado por este objetivo”.

“Es una buena notica. Aunque no la definitiva”. Así se ha referido la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez (PSOE), a la orden del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, para que la Generalitat devuelva a Aragón las 44 piezas del monasterio de Sijena, que se encuentran actualmente en el Museo de Lleida.

Pérez ha señalado que se trata de un “anhelo colectivo de una tierra que lucha por su patrimonio”, pero que después de tanto tiempo “tomándonos el pelo”, lo que espera es que les digan de manera definitiva qué día y cómo regresarán las piezas: “Y si para ello tienen que recurrir al auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo hagan”.

Ha mantenido que no es una cuestión política, sino simplemente del cumplimiento de una sentencia, y  “un Gobierno que ha ido a Catalunya a restaurar la legalidad, no puede hacer otra cosa que cumplir con las sentencias”.

En referencia a la petición que ha hecho el ministro al área de Cultura de la Generalitat para que informen de dónde están cada una de las piezas, la consejera se ha puesto a disposición de Méndez de Vigo porque, como ha asegurado, esa es una información “que ya obra en el expediente que está en la Justicia porque tanto nosotros como la Generalitat la hemos facilitado”.

Mayte Pérez ha explicado que lo que quieren es “facilitar el trabajo, aclarar dónde están los bienes, que es en el Museo de Lérida”, y que ya tienen “al equipo dispuesto para salir hacia allá en cualquier momento y por fin poder traer estos bienes”.

Un 61 % de los niños y niñas de Aragón eligieron la escuela pública en el reciente proceso de escolarización. Lo que supone un incremento del 1,4 % respecto al proceso anterior. En total, 166 más escogieron la pública y 77 menos la concertada. Son números que, para el Gobierno de Aragón (PSOE - CHA), demuestran que cuando se apuesta por la pública esta crece.

Un modelo, el de la enseñanza pública, que volvió a defender este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón la consejera de Educación, Mayte Pérez. Lo hizo solo un día después de que la Justicia concediera de nuevo medidas cautelares y suspendiera la orden de modificación de conciertos del Ejecutivo autónomo.

Un dictamen del cual emanan situaciones como que el Gobierno deba financiar un aula concertada en el colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro, que solo recibió cinco solicitudes -seis menos que un año antes y dos de otra localidad-, mientras que en el centro público hay plazas sin ocupar.

La representante popular, María José Ferrando, le recordó a la consejera todas las resoluciones judiciales contrarias a su gestión y esta advirtió que “sentencias ninguna, solo medidas cautelares que impiden al Gobierno defender lo que es justo”.

Esa sensación de que la justicia hace, más que nunca, política, trufó todo el debate parlamentario. Carlos Gamarra, de Podemos, volvió a alertar del distinto comportamiento de los jueces cuando eran aulas públicas las que se cerraban. Gregorio Briz (CHA) tiró de ironía: “A este paso ponemos al juez decano de consejero de Educación”.

Libertad, libertad

Más allá de muy concretas novedades, lo que se vivió en el Parlamento autonómico fue un déjà vu. Seguro que no será el último. El PP volvió a blandir la bandera de la libertad y a acusar al Gobierno de sectario. “Usted solo quiere escolarizar a una parte de los niños; no es la consejera de todos los aragoneses”, dijo Ferrando que, incluso, sostuvo con orgullo que “hasta su llegada (por la consejera de Educación) la convivencia era pacífica”.

Y Mayte Pérez, una vez más, afeó que hablaran de libertad “los que cerraron 112 aulas públicas (para abrir el mismo número de concertadas) y dejaron en la calle a más de 1.000 profesores interinos”. Cuestionó qué libertad tienen muchos habitantes del medio rural aragonés cuando “solo en 20 de los 710 municipios de Aragón existe oferta de pública y concertada”. Hablan de libertad, espetó, “y no dicen nada de que hay centros concertados que cobran hasta 130 euros por el comedor”.

Apuntó Pérez que el 95,2 % de los niños y niñas habían conseguido plaza en su primera opción, “y con las ratios más bajas de la historia”. Para ella, “el PP usa la libertad educativa para justificar la privatización y hacer un modelo injusto”. Si el apoyo a la pública, concluyó, “es lo que me reprocha la derecha, lo asumo con orgullo”.

Varios son los frentes abiertos de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón (PSOE). Y algunos de ellos caminan por senderos altamente polémicos. Por ejemplo, la decisión, oficializada el pasado 26 de mayo, de sacar la asignatura de Religión del horario lectivo de 30 horas semanales en 2º de Bachillerato. El Ejecutivo decidió ofertarla, como optativa (junto a otras como Segunda Lengua Extranjera o Tecnología Industrial), en la llamada hora 31.

No sentó nada bien entre los obispos aragoneses que, en representación de las seis diócesis de la Comunidad, elevaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que aducían que la medida “desincentivaba la posible elección de la asignatura”, suponía un agravio comparativo con otras “asignaturas específicas” y podría crear problemas (al ofertarse fuera del horario lectivo) en los servicios de comedor y transporte.

El TSJA ha aceptado la medida cautelar, indicando que el recurso de los obispos se asienta en una vulneración “de los acuerdos entre Santa Sede y Estado, y de derechos fundamentales”. Por ende, conminan al Ejecutivo autonómico a volver a poner la Religión dentro del horario lectivo.

Recurso

Si rápida fue la respuesta de los obispos, tampoco se ha dejado esperar la del Departamento de Educación. Han acatado, como no podía ser de otra manera, el mandato del Tribunal y han recurrido dicha medida cautelar.

Apuntan fuentes del Ejecutivo que esto afectará a familias que no podrán cursar una asignatura específica, de más interés para ellos, porque estarán obligados a elegir entre Religión o Alternativa. La reposición de Religión, de igual forma, obligará a reducir horas de otras materias.

Dan una cifra contundente: solo 348 alumnos de 2º de Bachillerato (4 % del total) estudiaron Religión en el curso recién terminado. Sobre los problemas que los obispos vislumbraban en el comedor, la respuesta es clara: “En Bachillerato ya no hay servicio de comedor”. Acerca del transporte, explican que este ya atiende a alumnos y alumnas que cursan la hora 31, porque esta se está utilizando (para otras asignaturas) en diversos centros.

Reválida de 6º de Primaria

Otra de las polémicas que descansan sobre la mesa de la consejera de Educación del Gobierno autónomo, Mayte Pérez, es la de la reválida de 6º de Primaria. Aragón fue una de las siete comunidades insumisas que desoyeron el Ministerio de Educación y no llevó a cabo dicho examen. Alegan fuentes del Ejecutivo que con la evaluación continua es suficiente para que los centros elaboren los preceptivos informes.

Y así lo han hecho. Los colegios ya han enviado a una comisión externa, formada por inspectores de educación, información de cada alumno. Los expertos harán ahora los informes que entregarán a las familias y a los propios centros. Pero lo que quiere el Gobierno Central es que se haga una prueba, un examen, y que de él emane la información que recibe la referida comisión.

A principios del pasado mes de junio, el Ministerio de Educación envió requerimientos a las siete CCAA insumisas: Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares (excepto Cataluña, todas con Administración socialista). Se antoja el primer paso antes de que, si la respuesta no es del agrado ministerial, el asunto llegue a los tribunales, como ya anunció El Periódico de Aragón.

En el Ejecutivo autonómico han confirmado a eldiario.es que aún no han respondido al requerimiento, pero que se mantendrán firmes en su decisión de no hacer esta prueba. Apuntan, por añadidura, que desde el Gobierno autonómico se dio libertad a los centros para que, el que quisiera, pudiera realizar la prueba.

Y no olvidan que las instrucciones enviadas por el Gobierno central en las que compelía a las administraciones a desarrollar la evaluación siguiendo sus directrices, están recurridas por varias comunidades (entre ellas Aragón) porque “el Ministerio se excedía en sus competencias”.

El Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) intenta reaccionar ante un grave problema, como es el acoso escolar, tan, desgraciadamente, de moda en los últimos tiempos. El Ejecutivo ha puesto en marcha el Plan Integral contra el Acoso Escolar que, como medida pionera en España, pone en marcha un teléfono 24 horas, los 365 días del año, destinado a los menores que sufren acoso o conocen algún caso.

El número, 900 100 456, ya está operativo. Con él se pretende ofrecer una atención “inmediata, integral y continuada”. Las llamadas serán atendidas por psicólogos/as infantiles. Posteriormente, estos derivarán el caso a los servicios de urgencia (Policía Nacional, Guardia Civil y/o asistencia sanitaria) cuando se trate de una situación de riesgo grave para el menor; o al Departamento de Comunicación que, en coordinación con la Asesoría de Convivencia Escolar, iniciará un protocolo de actuación.

Los casos, explicó ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, se coordinarán de manera semanal entre los psicólogos de atención telefónica y la coordinadora del Departamento, que es una orientadora y psicóloga con años de experiencia. Cada caso se situará en el centro educativo a través de la Asesoría con un plan individualizado de intervención e informando a la inspección educativa.

Se actualizarán también, anunció Pérez, unos protocolos de actuación que datan de hace una década y “no responden a toda la realidad que se viven en los centros”. Los nuevos supondrán una simplificación de los procesos, una información rápida a las familias y un plan individualizado.

Otra de las patas de este plan será un cambio normativo. Así, apuntaron desde el Departamento, se pondrá nombre al acoso. En la actualidad, dijeron, la normativa no contempla este concepto específicamente y se engloba dentro de las conductas graves de convivencia.

La figura del observador

Los expertos siempre destacan la importancia que tienen los observadores o espectadores. Es decir, esos niños y niñas que ven el acoso desde fuera. Los compañeros de clase. En este Plan se considera clave “involucrar a todos aquellos que conozcan que se está produciendo un caso de acoso escolar en su entorno”.

Las tres últimas líneas de trabajo se focalizarán en potenciar las comisiones de convivencia de los centros con la incorporación de los servicios de orientación (hasta ahora las formaban solo los profesores); reforzar el trabajo de la Asesoría de Convivencia, un organismo compuesto por técnicos en orientación educativa, trabajo social y asesoría normativa; y la formación, con la finalización de otro programa pionero en España, como ha sido el de ciberayudantes y mediadores, que este curso ya ha llegado a 43 institutos de Secundaria.