Una de las novedades de las generales del pasado 23 de julio fue el fin del voto rogado. De 2011 a 2022, los españoles en el extranjero que querían votar debían “rogar” o solicitar ese derecho en el caso de querer participar en los distintos procesos electorales a raíz de una modificación de la ley electoral pactada en su momento por PP y PSOE. Este proceso que implicaba primero reclamar el derecho a votar, que este fuera concedido y, finalmente, que se pudieran recibir las papeletas y después enviarlas o llevarlas a embajadas y consulados suponía una barrera burocrática a la participación que llevaba años siendo denunciada por distintos colectivos de expatriados.

En junio de 2022 el Congreso, casi por unanimidad –con un solo voto en contra y dos abstenciones frente a 339 síes– suprimió el llamado voto rogado a raíz de una iniciativa de PSOE y Unidas Podemos que fue después pactada con otros partidos. El objetivo era permitir que los españoles en el extranjero pudieran recibir de forma automática la documentación para poder votar, además de ampliar los plazos para el depósito del voto, su apertura y de escrutinio general. 

Ante el ajustado recuento de la noche electoral, que situó al PP como primera fuerza pero sin opciones de gobernar ni siquiera pactando con Vox ante el crecimiento del PSOE y Sumar, el voto de los españoles en el extranjero –conocido como voto CERA–, podía resultar determinante en varias circunscripciones donde la pugna por el último escaño estuvo más ajustada. Todo ello ante un nuevo modelo que pretendía fomentar la participación y que a diferencia de otras citas con las urnas sí podía modificar el escenario surgido el 23J.

Finalmente de las 2.238.261 personas que figuraban en el censo de residentes en el extranjero votaron 233.688, el 10,4%. Y solo se produjo un único cambio: en la circunscripción de Madrid el PP arrebató un escaño al PSOE, lo que no alteró significativamente el resultado del 23J pero sí acarreó un nuevo esfuerzo para el bloque progresista al que ya no le vale con la abstención de Junts y debe lograr el 'sí' de al menos dos diputados de la formación nacionalista para poder garantizar una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

La baja participación –solo votó uno de cada 10 españoles residentes en el extranjero– provocó que desde distintos foros, especialmente en las redes sociales y por parte de medios de derechas, se pusiera en cuestión la reforma que puso fin al voto rogado. Pero tanto desde la Marea Granate, el principal colectivo que lleva años luchando por esa supresión, como por parte de analistas políticos consultados por este diario se destaca que fue precisamente la reforma de la ley electoral la que permitió que la participación creciera respecto a anteriores citas con las urnas.

El “periodo vacacional” y “los plazos”

“Se esperaba que la participación fuera significativamente mayor, ya que la última convocatoria electoral sin implantación del voto rogado, antes de la reforma, fue en 2008, y se alcanzó el 31,8%”, reconoce la politóloga Carmen Lumbierres. No obstante, ella recuerda que en las últimas convocatorias “la tasa fue mucho menor”. En las generales de noviembre de 2019 el voto CERA apenas alcanzó el 6,85%. En las de abril de ese año fue del 5,63%, en las de 2016 alcanzó el 6,3%, fue del 4,73% en 2015 o del 4,59% en 2011. Por eso ella considera que “la simplificación del proceso ha supuesto un aumento claro de la participación, doblando la media de la última década”, aunque los datos de los que se partía “eran ínfimos”.

Desde Reino Unido, Berta Burguete, portavoz de Marea Granate, también asume que la participación fue “menos de la esperada”. “Pero dadas las circunstancias, si tenemos en cuenta que veníamos de un 6,8% de las de 2019 sí que es un aumento significativo”, remarca, “teniendo en cuenta que además ha habido muchos votos que han sido declarados nulos o que no han llegado ni siquiera la urna”. Ella señala la influencia que ha tenido el hecho de que las elecciones se celebraran en julio, “periodo vacacional” en muchos países. “Cuando se convocaron elecciones y empezamos a decirle a la gente cómo podía votar, nos las vimos y nos las deseamos para cuajar un esquema en el que los ciudadanos, estando de vacaciones, pudieran ver cuáles eran sus opciones”, añade.

Burguete también denuncia que “los plazos” establecidos para el voto CERA “han jugado una malísima pasada”. “Ha habido mucha gente que no ha recibido la documentación antes del 1 de julio y ha tenido que irse de vacaciones, con lo cual ya se han quedado sin papeletas y ya no estaban cerca del consulado para poder ir a votar”, indica.

“No nos encontramos con una explosión de las ganas de participar, envueltos todos en una época de desafección política e incertidumbre que alcanza a toda la geografía”, puntualiza, por su parte, Carmen Lumbierres. “Los datos del 2008 no son comparables con los de la actualidad, porque se trata de la precrisis económica mundial más intensa desde la segunda Guerra Mundial, antes de los movimientos de la indignación que también se han visto desaparecer como una esperanza de salida, y la alternativa autoritaria a la democracia liberal que ha sido una de las reacciones en estos últimos años no se encuentra entre los españoles que han visto mundo”, añade.

La importancia de Roma o Londres

Desde la Marea Granate destacan que “el electorado en el exterior ha estado castigado durante diez años sin votar”. “La motivación, la movilización electoral, no se consigue de la noche a la mañana, es decir, lleva un procedimiento y un proceso de reincorporación y tarda un tiempo”, añade. A su juicio, el efecto real de la supresión del voto rogado se conocerá en las próximas citas electorales, si bien destaca que hubo lugares como Roma o Londres que tuvieron entre un 20% y un 30% de participación, respectivamente, “que es algo completamente inaudito”.

En cuanto a los resultados del voto CERA el PP también fue primera fuerza con el 33% de los sufragios, lo que equivale a 67.646. El partido de Alberto Núñez Feijóo superó en cuatro puntos al PSOE que obtuvo 59.459 papeletas, el 29%. Sumar resultó ser la tercera fuerza, con el 14,8% de los apoyos, y Vox cuarta con el 11,2%. Aunque los bloques entre izquierda y derecha quedaron prácticamente empatados, si el resultado de los votos de los españoles en el extranjero con el del cómputo estatal las dos fuerzas progresistas más grandes logran un mejor resultado.

Esto se explica, a juicio de Carmen Lumbierres, en la fuerza que tiene la izquierda entre los expatriados, que “tiene mucho que ver con toda la diáspora de españoles en la crisis económica del 2010, y las políticas de ajuste impuestas por la Comisión Europea en España y el PP, que expulsaron a tantos trabajadores jóvenes e investigadores al extranjero”. “A ellos hay que unirles los hijos o nietos de la emigración a América Latina, en especial Argentina, donde más españoles residen, 435.000, muy ligados a la historia de la represión y del exilio, o los más de 237.000 en Francia con un perfil familiar, ideológico y modelado por la impronta republicana del Estado francés”, sentencia.

Pese a considerar que el resultado de la participación del voto CERA ha sido positivo tras el fin del voto rogado, desde la Marea Granate siguen denunciando deficiencias del sistema. “Ha habido 25.237 votos que se han perdido ya solo en consulados”, apunta Berta Burguete. “Nos gustaría que el Ministerio [de Asuntos Exteriores] ahondara un poco en las causas publicando datos de qué es lo que ha ocurrido en los consulados, cuántos han sido declarados nulos”, apunta.

Nuevas reivindicaciones

Entre las razones que baraja su organización está “que ha habido un requisito de firmar el certificado censal nuevo” que, según explica Burguete, “ha causado un montón de anulaciones de votos”. “Esto es muy lamentable y este requisito además nos parece que es innecesario porque la identidad del elector ya se comprueba con la fotocopia del DNI o a través de un funcionario, ya sea consular o de correos”. “Luego también puede haber oído otras cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que en el tránsito del consulado a la Junta Electoral se cuelen votos de otras juntas electorales provinciales. A Madrid llegan votos de Coruña o cosas así. Y estos votos que llegan a otra Junta Electoral Provincial son declarados nulos también”, lamenta.

Ella también ha echado en falta más información para los españoles residentes en el extranjero. “Hemos visto que ha habido un esfuerzo, que se han hecho campañas, por ejemplo en Televisión Española Internacional, donde se se han visto cuñas en las que se hablaban de que si se residía en el extranjero se podía votar”, reconoce. Pero considera que dichas campañas “son claramente insuficientes”. “Hacemos un llamamiento a que los consulados hagan un envío masivo de correo informando sobre el procedimiento. Estamos pensando en Marea Granate a ver cómo se podría hacer para que fuera más sencillo, más accesible a todo el mundo y que no hubiera que estar mirando cada coma de las instrucciones para ver qué es lo que qué procedimiento hay que hacer” concluye.

Con todo, el balance que hace la organización es positivo: “A nivel global, esta es la primera vez en la que el voto CERA tiene algún peso en el resultado de las elecciones. Esto es muy significativo ya de por sí”.

La aprobación definitiva en el Senado de la eliminación del voto rogado el 21 de septiembre, once años después de su puesta en marcha, reabre un importante nicho de votantes a las puertas de un nuevo ciclo electoral. Con la precampaña ya activada, PSOE y PP se lanzan a por los 2,27 millones de españoles que están residiendo en el extranjero y que en los próximos comicios autonómicos y estatales, apenas tendrán trabas para ejercer su derecho al sufragio. Aunque desperdigados por el mundo, suman en conjunto más habitantes de los que tienen algunas comunidades autónomas y, en un panorama tan fragmentado como el actual, cada papeleta cuenta para decantar mayorías. 

Ambos partidos son casi los únicos que pueden pelear por el voto de residentes en el extranjero, ya que cuentan con una red exterior importante, heredada de los años previos a la reforma que introdujo el voto rogado, y que habían dejado languidecer en los últimos años, precisamente por el descenso de la incidencia de los votantes exiliados al incluir las trabas del voto rogado. En las elecciones generales de 2008, las últimas sin ese sistema, votó el 31,88% de los expatriados. En las siguientes convocatorias a las Cortes Generales (2011-2019) la participación se desplomó y osciló entre el 4,73% y el 6,8%. Ahora, trabajan para reactivar sus nodos en las colonias de ciudadanos españoles.

En el PSOE preparan desde hace tiempo un refuerzo del partido fuera de las fronteras de España, aunque la pandemia dilató algo los planes. “Algunas agrupaciones estaban un poco olvidadas. Estamos trabajando en la actualización de la red en el exterior: cambiar equipos, refuerzo de agrupaciones…”, expresa la secretaria de PSOE Exterior, Pilar Cancela. 

En total, los socialistas tienen 17 agrupaciones en el exterior y 2.630 militantes, que son más de los afiliados de algunas federaciones como La Rioja. El partido de Sánchez cuenta con una importante representación en Latinoamérica (Buenos Aires, Caracas, Chile, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Colombia, además de lazos en Cuba, donde la ley no permite tener una estructura como tal) y Europa (París, Bruselas o Londres) y pretende recuperar la presencia en Suiza y Alemania. 

“Antes del voto rogado teníamos mucha potencia en el exterior. Éramos la primera fuerza. El voto rogado nos hizo políticamente mucho daño. La ciudadanía, al ver mermado su derecho, castigó al partido que estaba gobernando, aunque la reforma la pactamos PSOE y PP. Hubo un bajón en la actividad política en el exterior y aparecieron nuevos partidos que captaron votos de izquierdas. Con la vuelta al Gobierno, la reforma del voto y la ley de memoria que reconoce la nacionalidad de los nietos de los exiliados de la guerra, podemos retomar con más fuerza. Nos hace recuperar el punch”, explica Cancela sobre la estrategia que Ferraz llevará a cabo fuera de España para captar voto. 

Además de la visita de miembros de la Ejecutiva y de un equipo encargado de esa campaña en Ferraz, Cancela da por hecho que Pedro Sánchez se empleará en primera persona y que visitará a los afiliados en el exterior cuando haga viajes al extranjero. El líder del PSOE pretende presidir la Internacional Socialista a partir del mes de noviembre, lo que se puede convertir en un importante escaparate que se sumará a la presidencia rotatoria de la UE en el último semestre de 2023.

Feijóo lo fía al responsable de Emigración de la Xunta

También Alberto Núñez Feijóo pretende arremangarse en el exterior, a pesar de que no está clara la incidencia que tendrá el nuevo sistema en los resultados. Por ahora tiene prevista una gira por Latinoamérica para este otoño en la que podrá hacer campaña tanto para las autonómicas de mayo como para su propia cita con las urnas a finales de 2023. 

El líder de la oposición no quiere sorpresas. Por eso ha elegido a alguien de su máxima confianza para la Secretaría del PP en el Exterior: el que fuera su secretario xeral de Emigración de la Xunta desde 2012, aún en el cargo, Antonio Rodríguez Miranda. Fue, además, el coordinador de Acción Exterior del PP gallego desde 2013 hasta que siguió a su jefe a Madrid. 

Es decir, Feijóo situó el control de los gallegos residentes en el extranjero tanto en su Gobierno como en su partido a la misma persona. Rodríguez Miranda seguirá ejerciendo una doble función: para el presidente gallego, Alfonso Rueda, con sueldo público y, en principio, visión institucional, y para su jefe en Génova y el que le diera su gran oportunidad política hace más de una década.

El dirigente compatibiliza ambas agendas exteriores y ya prepara la primera gira por Argentina y Uruguay de Rueda para este mes de octubre. Después llegará el turno de Feijóo.

Para completar el cuadro, Rodríguez Miranda tiene por encima a otro viejo conocido de Feijóo: quien fuera su secretario general en el PP gallego y hoy vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado. Dos personas de su máxima confianza para preparar el aterrizaje del líder en el reabierto mercado del voto exterior. 

elDiario.es ha intentado, sin éxito, recabar la opinión de Rodríguez Miranda sobre su papel para recuperar la participación en las elecciones y cómo compatibiliza sus responsabilidades públicas (por las que cobra 61.493,74 euros al año) y la de partido. En sus redes sociales ha saludado la reforma, aprobada por unanimidad. “Hay pocas satisfacciones tan grandes como recuperar el ejercicio real de un derecho. A partir de hoy (por ayer) todos los gallegos en el exterior vuelven a tener la oportunidad de ejercer el derecho a voto con un sistema ágil, seguro y transparente”, dejó escrito en su cuenta de Facebook.

Según su página web, el PP cuenta con “más de 13.000” afiliados en el extranjero “fundamentalmente en Europa y América”, aunque los datos pueden no estar actualizados ya que figura como responsable de la Secretaría Ramón Moreno Bustos, quien fue relevado en 2018 por Ana Vázquez.

El PP no ha querido responder a este medio sobre su política orgánica fuera de España. Según la misma web, el partido tiene sedes en 11 países europeos; 14 de América del Sur, así como en México, EE UU y Canadá; una en Oriente Medio(Israel); y una más en Australia.

El voto exterior siempre ha sido clave para el PP. Especialmente para el PP de Galicia, desde que Manuel Fraga lo convirtiera en uno de los puntales de sus posibilidades de gobernar. Hasta el 15% del censo electoral gallego llegó a estar formado por residentes en otros países, especialmente de Latinoamérica. Un botín muy jugoso por el que pugnaban todos. “Te pagaban 50 dólares por ir a votar y votamos todos a Fraga”, llegó a decir el músico Juan Carlos Cambas hace dos años en la Radio Galega. En otras ocasiones, eran altos cargos del PSOE los que repartían cheques de comida entre los asistentes a los mítines.

“No es la primera vez que el voto exterior decide mayorías”, recuerda Jacobo Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias. En el año 2005, Fraga se quedó a un escaño de la mayoría absoluta y el recuento del voto exterior mantuvo la tensión varios días, aunque finalmente no cambió las cosas y PSOE y BNG le arrebataron el poder. En 2012, Javier Fernández consiguió un diputado más gracias al voto exterior que, con el apoyo de IU y UPyD, le convirtió en presidente del Principado arrebatándole el poder a Francisco Álvarez-Cascos. 

Marea Granate, una victoria agridulce

Pero si alguien ha luchado contra el ruego del voto ha sido la Marea Granate, una organización cuyo germen está en Juventud Sin Futuro y en las movilizaciones bajo el lema “No nos vamos, nos echan” que llenaron las calles y plazas en los peores años de la crisis financiera y que confluyeron, como otros, en el 15M.

Aunque celebra la victoria de eliminar con carácter general el voto rogado, María Almena, una de las portavoces de la plataforma, lamenta que aún va a quedar “mucha gente excluida”. “El censo está infrarrepresentado porque te tienes que registrar en el consulado y a veces está a 500 kilómetros. Esa era una de las medidas que queríamos, pero no se ha cambiado”, explica en conversación telefónica con elDiario.es desde París. También recuerda que los residentes temporales no formarán parte de ese censo. 

Su mayor preocupación es que la información no llegue a todos los exiliados, que tienen que inscribirse en los consulados antes del 31 de diciembre para participar en las elecciones de mayo, y por eso Marea Granate pretende impulsar campañas. Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que están preparando ya las oficiales. Almena es consciente de que los partidos comenzarán a dar importancia a los mítines en el exterior, aunque advierte de que la participación siempre ha sido menor en el extranjero que en España, incluso antes de la reforma del voto rogado. 

¿A qué partido beneficia la eliminación del voto rogado?

Como toda estimación electoral, los expertos coinciden en que es complicada, aunque hay datos que pueden arrojar algunas señales. Jacobo Blanco divide a los votantes en el exterior en dos grandes bloques: los “jóvenes profesionales” que se han ido en busca de oportunidades en los últimos años de la crisis y la emigración antigua que son los exiliados de la República y sus descendientes. 

“Los jóvenes profesionales son partidarios de los nuevos partidos. Es un perfil de derecha moderada o de izquierda que no es el PSOE –Yolanda Díaz, Unidas Podemos, Íñigo Errejón…–. Con las mutaciones del sistema, podemos llevarnos una sorpresa. Con Ciudadanos desaparecido, ni idea de dónde puede ir ese voto. No acabo de ver gente que sale fuera y vota a Vox”, resume Blanco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias.

Unidas Podemos, y el espacio político articulado a su alrededor, ha sido quizá el actor que con más ahínco reclamó acabar con el voto rogado, “más por una cuestión de justicia que partidista más que partidista”, indican fuentes de la organización. “Miles de conciudadanos son hoy iguales en su derecho a voto. El voto joven, en particular, podrá ejercer su derecho”, apuntan las mismas fuentes, informa José Enrique Monrosi. Este hecho contrasta con la casi nula presencia internacional de los partidos que integran la coalición. Ni Podemos, ni IU, ni por supuesto la muy incipiente plataforma Sumar, tienen casi representación ni capacidad de movilizar sufragios, más allá de los mensajes que lleguen desde España.

Blanco señala que la emigración tradicional, focalizada en países en México, Venezuela o Cuba, “suele votar al PSOE”. En el Ejecutivo confían en que les den rédito políticas como el plan de recuperación del talento fugado o la ley de memoria, que reconoce la nacionalidad a los nietos de los exiliados. 

También el profesor de la Universidad Carlos III Lluís Orriols ve dificultades para estimar lo que puede pasa, pero explica que hay “patrones” de conducta electoral. “En términos agregados votan más a la izquierda, pero hay cierta tendencia a ser un voto de partido gobernante, un fenómeno de caballo ganador”, señala el politólogo. Con las encuestas en empate técnico, Sánchez y Feijóo se lanzan a por el voto en el exterior.

Primero, un viaje hasta el consulado para inscribirte como votante en el censo exterior. Luego, solicitar las papeletas por correo, esperar a que lleguen y, si llegan, por los pelos, correr al consulado a votar; o, si estás lejos, pagar otro envío postal certificado para que tu voto cuente. El Congreso aportó el pasado mes de junio la primera gran piedra para acabar con este sendero de obstáculos que imponía hasta ahora el sistema electoral a los residentes en el extranjero. El fin del ruego de las papeletas, el modelo que pactaron PSOE y PP en 2011, dará paso a la séptima regulación en España sobre voto exterior desde el retorno de la democracia, todo un récord mundial. 

La propuesta, que salió adelante en la Cámara Baja el pasado mes de junio con el apoyo de todos los grupos menos el Bloque Nacionalista Galego (BNG) –que se abstuvo– y que ahora tendrá que pasar por el Senado, contempla como gran novedad la eliminación del ruego del voto, esto es, todas las personas que estén registradas en el censo de votantes residentes en el exterior recibirán de oficio las papeletas y la documentación necesaria para votar al tiempo que se habilitará la opción de descargar las papeletas por internet. Por otro lado, se amplían los plazos para depositar el voto en los centros de votación y quienes no puedan acudir presencialmente a los centros podrán seguir enviando por correo postal sus votos. 

Con esta reforma, los partidos buscan reflotar los paupérrimos niveles de participación que dejó el sistema aprobado en enero de 2011 cuando tanto el PSOE como el PP pensaban que esos votos transfronterizos les podrían perjudicar. Desde ese año, la participación media en el exterior para las elecciones generales se ha situado entre el 4,73 y el 6,8%, frente al 31,88% que se registró, por ejemplo, en los comicios que revalidaron el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008. 

El voto rogado ha dejado miles de historias como la de Juan Ramón Gimeno, que salió del país en 2012 para ir a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Monterrey, en California. “Fue una pesadilla, tuve que ir en días concretos desde donde vivo hasta San Francisco, 169 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta, para ”rogar“ el voto. Luego me mandaron la documentación a casa, casi fuera de plazo, y tuve que mandar los sobres y papeletas por correo certificado, que costaba 50 dólares. En las instrucciones decían que me reenviarían el costo de este envío, no el real sino lo que estimasen. Por supuesto que nunca me llegó cantidad alguna y tampoco ninguna evidencia de que mi voto llegase y se computara”, relata sobre una de las veces que decidió votar.

“Ha costado bastante, pero al final se recogen bastantes medidas de las que habíamos propuesto. El grueso de las medidas que se han aprobado hará que aumente bastante la participación, que se posibilite mayor accesibilidad a las papeletas y que el proceso con los envíos de papeletas a los consulados por valija diplomática sea más transparente”, resume María Almena, portavoz de Marea Granate, la asociación que nació al calor de las demandas de la gran ola de emigración a raíz de la crisis de 2008, una población mayoritariamente joven y con conciencia política.

“Yo llegué a París en 2013 y me encontré con la situación del voto rogado para las europeas del 2014 –cuenta–. Fui a votar al consulado porque se ampliaron los plazos y nos llegaron las papeletas por los pelos”, recuerda en declaraciones a elDiario.es. Pocos días más tarde viajó a España por vacaciones, justo el día que se hacía el recuento. Se acercó a la Junta Provincial y comprobó que su voto no había llegado. “En esas elecciones se perdieron cerca de 11.000 votos”, afirma.

Los vaivenes de Suárez

España, sin embargo, no siempre ha limitado el voto exterior. En realidad, lo ha hecho cuando le ha convenido al partido que gobernaba y, como en el caso de 2011, también al partido de la oposición. El primero en hacerlo fue el expresidente Adolfo Suárez, que buscaba una participación masiva en el referéndum sobre la Ley para la reforma política de 1976 que diera legitimidad al proceso de democratización que estaba emprendiendo.

“Ahora parece que la posición de Suárez era sólida, pero en aquel momento se jugaban todo y la clave estaba en llenar las urnas”, explica Anxo Lugilde, autor de ‘El voto emigrante’, la tesis electoral que escribió en 2007 sobre el voto exterior gallego. En ese momento, la presencia de españoles que habían huido del franquismo era tremenda. “Fue la primera vez que se utilizó el voto por correo, se dio voto a los embarcados y a los migrantes. Te daban todo tipo de facilidades porque la gente que vivía en países democráticos, en Francia, Alemania, Reino Unido, querían un sistema homologable en España”, añade.

Esa apertura inicial no era una convicción puramente democrática de Suárez, tal y como se vio un año después, cuando una vez refrendada su reforma política convocó las primeras elecciones generales libres desde la Segunda República, a las que se presentó con su flamante partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). Suárez supuso que la población que todavía residía en el exterior y que había votado en masa el año anterior era mayoritariamente de izquierda y no se inclinaría fácilmente por la opción política que él, un exministro franquista que defendía el centro ideológico, representaba. 

“El Gobierno firmó un decreto en marzo [tres meses antes de esas elecciones] en el que obligaba a la población a censarse casi sin tiempo, con poca información. Los votos fueron poquísimos, casi no votó nadie en el exterior”, recuerda. En esos meses, dice, las potentes asociaciones de emigrantes lanzaron protestas que recuerdan mucho a las de los años de voto rogado, porque su derecho a votar estaba reconocido, pero las trabas burocráticas y los plazos lo hacían realmente difícil. 

La situación se mantuvo para el referéndum constitucional, las generales de 1979 y también para las de 1982 que auparon a Felipe González a la Moncloa. Con una mayoría abrumadora de 202 diputados que esperaba revalidar, el PSOE incluyó en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, de 1985, el grueso del contenido del decreto del 77, aunque estableció que el recuento electoral se dejaba de hacer en las mesas de la noche electoral de España y se realizaba algunos días después en las juntas electorales, lo que ampliaba el plazo para recibir esas papeletas exteriores. También se creó con esa ley el CERA (Censo Electoral de Residentes-Ausentes). 

La manga ancha de 1995

Pero el gran cambio, prosigue Lugilde, se produjo en la cuarta legislación, en 1995, en el ocaso del Gobierno de Felipe González, que cedió a las presiones de la ciudadanía española en el exterior y la campaña que había hecho en su favor Manuel Fraga y su recién creado Partido Popular para capitalizar esas bolsas de votos no menores. La clave de esta reforma residía en la inscripción en el CERA: el votante ya no debía acudir a inscribirse sino que se hacía de oficio, como ocurre dentro de España. “El censo prácticamente se duplicó. Se cogieron recursos de matrículas consulares antiguas. El INE (Instituto Nacional de Estadística) ha reconocido que por esa vía entraron varios miles de muertos”, repasa Lugilde.

Fraga aprovechó esta reforma en los años posteriores para emprender sus famosos viajes electorales a Buenos Aires, Montevideo y otros países latinoamericanos con diásporas tradicionales. La colectividad gallega en Argentina –y algunos periodistas– recuerda con cariño la comida para 10.000 personas que organizó en 2005 el dirigente en La Rural, una suerte de Ifema porteño, que aprovechó para tratar de convencer a la ingente bolsa de votantes gallegos residentes en el país austral de que lo votasen en las elecciones autonómicas.

Su rival, Emilio Pérez Touriño, no convocó un mitin en el barrio de Palermo pero sí se dejó ver por la ciudad e incluso se entrevistó con el entonces presidente argentino, el fallecido Néstor Kirchner. Los 16.000 votos gallegos que salieron de Argentina fueron decisivos para terminar con el mandato de Fraga y convertir a Touriño en presidente de la Xunta. 

“Los aparatos de Buenos Aires eran tremendos. Los peronistas le montaron un aparato a [José] Blanco similar a los que organizan allí los clubes de fútbol para sus elecciones internas”, dice Lugilde, que recuerda un titular del diario Clarín de aquella época: “Ayuda secreta de la Casa Rosada al triunfo de los socialistas en Galicia”. 

Aquellas cosas, dice, restaron legitimidad al proceso, aunque desde Marea Granate se esfuerzan en desmitificar las noticias relacionadas con el voto de muertos. “Si buscas noticias, encontrarás dos de la misma familia, que se envió la documentación a una persona que ya estaba fallecida. El censo se fue limpiando y mejorando, pero se ha construido ese relato y se ha consolidado. Los detractores del voto exterior siempre salen con esto cuando son cosas que pasan también en España con los autobuses llenos de ancianos el día de las elecciones”, explica Almena, cuya organización ya restaba valor en 2015 a este estigma. Lugilde apunta que la reforma que promovió la Junta Electoral en 2009, cuando impuso la obligación de adjuntar la fotocopia del DNI o el Pasaporte en el sobre del voto, hizo que los resultados se pareciesen más a los de España.

El pacto ‘rogado’

En 2010, en plena crisis económica y con las expectativas electorales en franco declive, el PSOE de Zapatero y un Mariano Rajoy que no se fiaba de lo que pudiera pasar alcanzaron un acuerdo para limitar lo máximo posible el voto exterior. “Lo hacen con un procedimiento que ya existía que era el de las municipales. En las municipales tenía sentido rogar el voto porque hay 8.000 municipios y así la Junta Electoral no tenía que buscar municipio por municipio. Por la experiencia, ya se sabía que la participación era bastante baja”, continúa Lugilde. El pacto entre los dos principales partidos de entonces se concreta en enero de 2011, menos de un año antes de las elecciones anticipadas de noviembre, que devolverían al PP a la Moncloa. 

“Llamábamos a compañeros del partido y nos insultaban. Hizo muchísimo daño”, relata Gustavo López, secretario general del PSOE de Buenos Aires, que recuerda que la dirección del partido hizo una reunión con todas las agrupaciones americanas antes de la reforma y les dijo que aquello no ocurriría, que eran “operaciones de la prensa”. “En la elección de 2008, votó un 46% del CERA de Argentina; después, con el voto rogado, pasó a votar el 3%”, detalla. 

López cuenta que en las últimas elecciones al Parlamento de Galicia a él y a su hijo les llegaron las papeletas tres días más tarde de las elecciones. Una situación parecida a la que vivió también en los últimos comicios Liliana González, argentina nacionalizada española que vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires –de una superficie similar a la de España– que está a 300 kilómetros de la capital, donde se encuentra el consulado más cercano. “Es un engorro porque una vez te llegan las papeletas a tu casa tienes que ir y mandarlas por correo o desplazarte 300 kilómetros”, dice antes de rememorar las elecciones previas a esta reforma, cuando las papeletas le llegaban de oficio y con tiempo suficiente para hacer los trámites.

En general, la participación cayó abruptamente en todo el voto exterior. En 2008 votó un 31,88% de los españoles que residían en el extranjero. Ese porcentaje pasó al 4,95% cuatro años después. El CERA había crecido en 2015 hasta 1.864.604 personas (antes de la crisis eran 1.194.350). Sin embargo, los votos emitidos desde el extranjero pasaron de los 378.865 antes de la reforma hasta los 72.967 de las elecciones europeas de 2014. Hoy el censo de residentes-ausentes lo integran más de 2,1 millones de personas. 

La creciente protesta de los colectivos de migrantes en el exterior empezó a reflejarse desde hace un tiempo en los programas electorales de los partidos, incluso de aquellos, como el PSOE, que impulsaron la reforma de 2011. Pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando el Congreso se ha puesto de acuerdo para una reforma que devuelve la legislación a una casilla parecida a la de 2009. “Yo creo que ahora hay incertidumbre con el sentido del voto exterior, que quizá ya no es tan de protesta, no está claro, y eso ha abierto la posibilidad de que todo el mundo quiera ir a pescar al caladero del voto exterior, pero la denuncia reincidente ha jugado un papel clarísimo”, defiende Almena. 

El texto, a falta de posibles modificaciones en el Senado, va en línea con todas las demandas de la Marea Granate de todos estos años. “Al final se ha demostrado que cuando hay voluntad política se puede reformar la ley electoral que parecía tan irreformable”, dice Almena, que aun así puntualiza que hay algunos aspectos mejorables: “Algo que nos preocupa es que se van a desplegar centros de votación que no son necesariamente consulados. Corremos el peligro de que no haya funcionarios suficientes para que se cumplan los protocolos”. Lugilde, sin embargo, opina que estos centros pueden servir en ciudades como Buenos Aires, para evitar que la población concentrada en la enorme periferia tenga que hacer grandes desplazamientos hasta el centro de la capital. Juan Ramón, el español emigrado a Estados Unidos que tuvo que hacer un viaje de 140 kilómetros para rogar su voto, reconoce que también se alegra de que una reforma así vaya a salir adelante. 

Andrea Donado es de Madrid, pero lleva seis años en Reino Unido, donde trabaja en una empresa de traducción londinense. Aún no sabe si va a poder viajar a España para pasar la Navidad con sus padres y sus hermanos. Hace casi un año que no los ve, pero tener que pagar tres pruebas PCR para ella, su pareja y su hijo pequeño le descuadra las cuentas. Desde este lunes, el Gobierno español exige a toda aquella persona que entre en España en barco o avión procedente de una lista de 65 países y territorios (incluidos todos los Estados miembros de la UE, salvo Finlandia) un test PCR negativo de COVID-19 realizado en origen en las 72 horas previas a la llegada.

Turistas y españoles residentes en el extranjero –así como los familiares de los mismos que vayan a visitarlos– se ven igualmente afectados. El BOE señala que además, el documento deberá estar redactado en español o inglés, tiene que ser el original y debe incluir el número de pasaporte o DNI, la fecha de la prueba, la identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis y la técnica empleada –solo se admite PCR–.

Muchos de los emigrados españoles que, como Andrea, desean volver a España, especialmente por Navidad, denuncian que estos requisitos se traducen en muchos casos en costes desproporcionados e incluso en la imposibilidad de viajar porque aseguran que en algunas zonas es muy complicado obtener un resultado en el plazo de 72 horas, entre otros factores.

“Esta medida se convierte en un cierre de fronteras encubierto de cara al retorno navideño”, denuncia la plataforma Marea Granate, un colectivo transnacional de emigrantes españoles nacido al calor de las protestas del 15M. “No somos turistas, somos emigrantes”.

En total, cerca de 1,7 millones de españoles viven en los territorios señalados en la lista de pasajeros a los que se exige una prueba PCR negativa como requisito de entrada a nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística.

Según explican desde Marea Granate, en muchos países, las PCR se efectúan a menudo sólo en caso de tener síntomas y bajo prescripción médica. Si no es así, los precios de estas pruebas pueden acabar siendo “prohibitivos” para muchas personas. Mencionan por ejemplo el caso de Irlanda, donde hacerse un test por cuenta propia cuesta entre 150 y 200 euros, o Dinamarca, donde “puede irse hasta los 300 euros”. En Reino Unido están costando entre 130 y 200 euros. Varias clínicas están ofreciendo test más rápidos o en domingo con precios por encima de las 224 euros. En ciudades pequeñas, con menos opciones, los precios son todavía más altos. En Oxford, una PCR que no sea un test casero y autoadministrado por el paciente puede llegar a costar 320 euros.

“Lo que se busca es otorgar seguridad en los desplazamientos evitando cuarentenas en llegada, que nos parece mucho más nocivo”, dice a elDiario.es Manuel Muñiz Villa, secretario de Estado de España Global. “Se trata de la opción más generosa para con la movilidad de la recomendación de la UE. Hay muchos Estados miembros que están pidiendo cuarentenas en retorno no solo de países en categoría roja (incidencia de más de 150 por cada 100.000 habitantes), sino también de categoría naranja”.

Demanda de PCR gratuita en destino

Marea Granate demanda que, en el caso de visitas familiares de emigrados, se garantice la posibilidad de efectuar una PCR de forma gratuita a la llegada a territorio español a aquellas personas que, “por motivos logísticos o económicos, no pudieron realizarse el test en su país de residencia o de residencia del familiar migrado con el que han ido a reunirse”.

“No tiene sentido implementar medidas de distinta naturaleza para colectivos de distinto tipo. El riesgo es el mismo para turistas, viajes de negocios y residentes. La PCR en llegada te expone al riesgo de contagio en tránsito, pero una vez que llegas, puede que los resultados tarden unos días y en ese periodo estarías obligado a mantener cuarentena”, sostiene el secretario Muñiz Villa. “Esta medida afecta a todas las categorías de movilidad y para muchas de estas categorías la cuarentena es un condicionante determinante”, añade.

En la actualidad, los pasajeros que lleguen a España y no lleven los resultados de la PCR consigo tienen que hacerse un test rápido de antígenos en el aeropuerto. Después, son sancionados con multas de hasta 6.000 euros, según anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “Son multas desproporcionadas”, denuncia el colectivo.

“Puede que no te den el resultado a tiempo, porque las farmacias y las clínicas no te lo pueden garantizar. O bien pierdes el vuelo, o bien llegas sin los resultados y tienes que pagar la multa”, critica a su vez Andrea, que junto a un grupo de españoles en Reino Unido se ha puesto en contacto vía e-mail con el consulado español en Londres y la embajada española en el país para intentar exponer su situación y que el Gobierno reconsidere “inmediatamente” la medida.

“Lo que pedimos no es nada descabellado”, dice a elDiario.es un representante de Marea Granate, que asegura entender la “gravedad” de la situación epidemiológica, pero critica que el Gobierno no esté dando “ninguna facilidad alternativa”. Recuerda que hay países como Dinamarca que también exigen una prueba PCR a los viajeros de zonas de riesgo dentro la UE, pero eximen a sus ciudadanos y residentes de la medida. 

En otros países europeos como Italia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca se permiten las pruebas PCR en destino, a menudo gratis o a precios reducidos, y con más flexibilidad sobre el tipo de test aceptado (como tests de antígenos, más baratos y accesibles).

De Ontario a Ámsterdam

Pilar Rodríguez, de 26 años, lleva tres años viviendo en Ontario, Canadá, y tiene un billete de vuelta a España el 6 de diciembre, donde piensa quedarse de manera indefinida para acompañar a un familiar cercano enfermo. “En Ontario, el Gobierno no permite que las clínicas privadas hagan PCR. Solo te lo puedes hacer en la pública. Pero la pública está saturada y tardan entre cuatro y 10 días”, cuenta a elDiario.es. “Además, dado que un viaje desde Canadá a España tarda en torno a 15 horas con las escalas, el resultado de la PCR tiene que estar en menos de 55 horas antes de ir al aeropuerto. Básicamente es imposible”.

“Ni el Ministerio de Sanidad ni la embajada ni el consulado nos dan soluciones. Te responden con un copia y pega que te redirige a la normativa... Que ya te has leído 20 veces y con la cual se te prohíbe volver a casa”, dice. “Nos están dejando totalmente tirados… A muchos aquí se les termina el visado, se quedan sin poder trabajar y sin alojamiento, pero no pueden volver a España”.

La hija de Elisa Núñez vive en Londres pero no puede volver a España en vacaciones por motivos laborales. “Está sola, así que he decidido ir yo a verla. Vuelo el 19 de diciembre y tengo el billete de vuelta el 26. El problema es que me exigen la PCR en las 72 horas previas al vuelo y el 26 es fiesta en Reino Unido y el 25 también”. Núñez cree que será imposible obtener los resultados en el plazo exigido.

“Me parece que con tantos condicionantes no voy a poder ver a mi hija”, lamenta. “Ya había asumido que al llegar a Londres me tendría que quedar encerrada en el piso por la cuarentena. Acepto no salir con tal de estar con mi hija, pero lo que nos ha hecho el Gobierno español es una auténtica faena. Han dejado entrar a todos los turistas en verano y en Navidad, que los que viajan son los emigrantes o sus familias para verlos, nos ponen todos los impedimentos del mundo”.

Noel Arteche, de San Sebastián, está estudiando un máster de investigación en Lógica en la Universidad de Ámsterdam y compró el billete de vuelta a España antes de que saliese la nueva normativa. “En Países Bajos cualquiera puede solicitar un test PCR gratuito siempre que tenga síntomas. Podría fingir, pero los resultados llegan a través de tu móvil ligados a tu número de seguridad social holandés, mientras que lo que pide España es mucho más específico: un certificado en castellano o inglés con tu número de DNI o pasaporte”, dice. “He contactado tanto con los médicos de la universidad y la seguridad social holandesa como con la embajada española en Ámsterdam y todos me han dado la misma respuesta: acudir a empresas privadas que están haciendo este tipo de certificados a medida. Algunas de estas empresas, como la aerolínea KLM, ya no dan cita porque están saturadas. En cualquier caso, el precio no baja de los 140 o 150 euros, lo que es más caro que mi vuelo de ida a España”.

“Veo normal que haya controles estrictos en las fronteras, e incluso que se quiera hacer test, pero pienso que al menos a los ciudadanos españoles se nos debería dar la oportunidad de hacerlo al llegar a España, cubierto por nuestra seguridad social. Da la sensación de que la medida se pensó para turistas y no se acordaron de los españoles que estamos fuera por estudios o trabajo”, dice.

“Nos sentimos abandonados”

Marea Granate asegura que las trabas relacionadas con los test son un problema que se están encontrando de manera generalizada en los países para los que se exigen. “Es una medida excluyente y clasista que nos impide volver a casa”, denuncia el colectivo, que trata de brindar apoyo a otros emigrantes españoles proporcionándoles información, haciendo de altavoz de sus quejas y, en algunos casos, ayudándoles con los trámites si lo necesitan.

Para María Almena, una bioquímica de Toledo que vive en París, conseguir el certificado es el principal obstáculo. “En Francia, los test son gratuitos y los cubre la seguridad social. Ha habido bastantes colas para hacerse las PCR, pero se han reducido desde que hay test de antígenos, así que es más o menos factible obtener el resultado a tiempo. Lo más complicado es el requisito de que el resultado sea en inglés o español con datos personales como el DNI o el pasaporte. Los laboratorios tienen su formato estándar y hacen muchísimas pruebas, no se pueden estar adaptando a la demanda de cada persona. Tengo que encontrar un sitio donde lo hagan en inglés, pero tengo familia y nos tenemos que hacer la prueba los tres, y cuadrarlo con el viaje”.

Según María, que también participa en Marea Granate, mucha gente se está planteando esquivar el aeropuerto viajando en otro medio de transporte “para evitarse esta logística, porque si entras por autobús, tren o coche no te piden ningún requisito”. “Así que te hace cuestionarte la medida como política pública de sanidad, porque a lo mejor potencia que la gente entre por otras vías sin hacerse pruebas. Si es una medida sanitaria por el bien común, se tiene que poder facilitar”.

“Nos están obligando a pagar para entrar en nuestro país de origen. Una vez más, nos sentimos abandonados. Somos muchos los españoles expatriados que sentimos que no nos tienen en cuenta. Muchos tuvimos que emigrar por la situación económica en nuestro país y además tenemos que aguantar que se nos pongan impedimentos”, zanja Andrea desde Londres. Si el Gobierno no reconsidera la medida, dice, cree que lo más seguro es que finalmente no pueda viajar.

En las últimas elecciones generales, la participación de los españoles en el extranjero fue del 6,3%. De 1.924.021 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), tan solo votaron 121.232. Desde que en 2011 se puso en marcha el sistema de voto rogado, el número de españoles en otro país que ha votado en los comicios celebrados desde entonces se ha reducido considerablemente.

Si en las generales de 2008 votó el 30%, en 2011 lo hizo tan solo el 5%. Siete años después de la entrada en vigor del ruego del voto, el Gobierno se plantea eliminar este requisito que en la práctica limita a muchos ciudadanos ejercer sus derechos fundamentales.

Según la propuesta elaborada por el Gobierno tras más de un año y medio de trabajo de la subcomisión para la reforma de la LOREG, los inscritos en el extranjero recibirán directamente la documentación en sus hogares y podrán votar en los consulados o por correo ordinario.

Para Marea Granate, la asociación que agrupa a españoles residentes fuera del país, la propuesta se queda corta. “Acabar con el voto rogado es un avance, pero seguirá habiendo problemas para miles de emigrantes”, explica Berta Burguete, una de las portavoces del colectivo.

Una carrera de obstáculos

Para muchos residentes en el extranjero, hasta ahora votar ha sido una carrera de obstáculos donde el principal escollo era el ruego del voto. La mayoría de los consulados solo permiten hacerlo forma presencial lo que complica el proceso a muchos emigrantes que no residen en la capital o que viven en una ciudad sin oficina consular.

“Mi pareja y yo vivíamos en Canterbury (Reino Unido) y tuvimos que pedir un día libre para ir a Londres a solicitar el voto”, explica Miguel Juliá, investigador de 26 años, que ha tenido problemas para votar desde las elecciones europeas de 2014, primero en Suiza y luego en Inglaterra.

Aunque se acabe con el voto rogado el problema del desplazamiento sigue presente para muchos ciudadanos, sobre todos para aquellos que acaban de emigrar, porque seguirán teniendo que desplazarse físicamente a inscribirse al consulado como paso previo a poder votar.

Por esto, Marea Granate pide que la propia inscripción consular pueda hacerse mediante carta, como ya sucede en algunos lugares. “Hay españoles que residen a miles de kilómetros de las oficinas. Por ejemplo, los que viven en Alaska o Hawai lo tienen muy complicado”, explica Burguete. En este caso, tendrían que desplazarse hasta San Francisco, a más de 4.000 kilómetros de distancia.

Uno de los cambios que plantea la reforma socialista es que se haga llegar a cada elector una papeleta en blanco donde escriba de su puño y letra la formación a la que desea votar. Con ello se mejoraría otro de los problemas que denuncian los españoles que se quedaron sin votar en anteriores comicios: la falta de papeletas de partidos o el de las impresiones defectuosas. A Miguel y a su pareja les llegaron mal impresas las de las elecciones de diciembre de 2016, con lo que su voto podía haber llegado a ser considerado nulo.

Que llegue la documentación a tiempo

Ellos proponen imprimir las papeletas desde la web, lo que también ayudaría a eliminar otro de los impedimentos que denuncian los electores: que la documentación llegue correctamente y a tiempo a sus domicilios. “Yo no tuve problema para rogar el voto porque vivía al lado del consulado en Santiago de Chile. Mi problema fue que nunca llegaron las papeletas”, explica Carmen Aguilar, periodista andaluza de 32 años, residente ahora en Reino Unido. “El Estado no puede confiar algo tan fundamental como el derecho al voto, a un servicio de correos de otro país”, asegura Aguilar.

De acuerdo con Marea Granate se podrían llevar a cabo alternativas como la delegación de poder o la descarga telemática de papeletas. El voto electrónico, que no está planteado en la propuesta, tampoco les parece na buena opción por la inseguridad que supone ante ataques informáticos.

En 2015, Jara Aracena, investigadora social, vivía en República Dominicana. En su caso fue la falta de información lo que hizo que se quedase sin votar. El día 16 de noviembre, solicitó el voto para las elecciones generales, pero por un error en su solicitud, al día siguiente le fue denegada la petición. Nadie le informó de que había habido un problema y estuvo esperando las papeletas durante un mes. “Me decían que esperara, que mis papeletas terminarían llegando a tiempo. Pero lo que pasaba era que mi solicitud no se había tramitado y nadie me lo dijo hasta la semana anterior a las elecciones”, explica. “Votar es un derecho fundamental. Es injusto que por este tipo de trámites te quedes sin poder hacerlo”, dice Aracena.

Una maleta también es un trozo de tierra. Un objeto cotidiano donde guardar un jersey, un abrigo, unas botas, y que simboliza una patria en transición. El equipaje recuerda a quien se marcha que sus cosas no están en el mismo lugar en el que siempre estuvieron.

En 2010, decenas de miles de personas empaquetaron sus cosas y se fueron al extranjero. Ese año, la emigración española a otros países de la Unión Europea empezó a crecer a un ritmo más intenso que la de otros países del sur del continente que también vivían una crisis en auge, como apuntaba el informe elaborado por la socióloga Amparo González (La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no). Solo dos años después, en 2012, España pasaba de ocupar el puesto número 14 de emisor de emigrantes laborales al Reino Unido al segundo puesto (únicamente por detrás de Polonia).

La crisis devoró las expectativas de una generación. De los que se fueron y de los que se quedaron.

En 2018, por primera vez desde hace casi una década, España registra el primer saldo migratorio positivo de españoles. Es decir, que en los últimos seis meses de 2017 (hasta donde se tienen datos), volvieron más de los que se fueron. Como apuntaba el INE, la última vez que se registró un saldo positivo fue en 2008.

Desde mediados de 2017, según las cifras, han vuelto casi el triple de emigrados respecto a los años anteriores de la crisis (cuando comenzamos a exportar jóvenes). En total, 45.000 españoles retornados.

A la hora de hablar de cifras del fenómeno migratorio español durante la crisis, siempre hay que tener en cuenta que los datos son inexactos porque no hay mecanismos suficientes para medir de forma cuantitativa cuánta gente se va realmente. Por tanto, tampoco se puede saber cuánta gente vuelve. Esto se debe a que muchos emigrados no se registran en las embajadas o consulados del país al que se marchan. Las cifras oficiales siempre están por debajo de las reales, un limbo que propicia que, a efectos prácticos, miles de personas ni han emigrado ni han retornado porque para la Administración nunca se fueron.

Sin embargo, la tendencia empieza a cambiar. Belén, Ana, David y Laura cuentan su experiencia sobre volver (o sobre la intención de hacerlo próximamente). ¿Qué esperan del país del que se marcharon?

Ana González, de 28 años, es una de las emigradas que regresó a finales de 2017. Después de “un verano horrible en Belfast”, comenzó a hacer entrevistas por teléfono y por Skype: “No me iba a volver a España sin un trabajo. Me daba miedo dejar el que tenía [desarrolladora de software en Liberty IT] para incorporarme a un mercado laboral que en 2013 me había decepcionado mucho”. Emigró a principios de 2014 de su ciudad natal, Salamanca, a Dublín. Lo hizo tras graduarse en Informática Técnica, cursar algunas becas y trabajar en una start-up de la que fue despedida a los cuatro meses. Al poco de llegar encontró trabajo como desarrolladora en Bank of America. Estuvo dos años y de ahí dio el salto a Belfast, donde estuvo otros dos.

“Me fui con un poco de rabia y desencantada de España. Tenía ticket de ida pero no de vuelta. Después de aquel verano y viendo que mis padres se hacían mayores... decidí que quería volver”, explica. Además de enviar su currículum y hacer entrevistas, Ana contactó con Volvemos.org, una plataforma que promueve el retorno de los emigrados a través de empresas privadas y administraciones públicas. “Gracias a ellos di con la empresa en la que trabajo ahora, Gofore, una compañía finlandesa con sede en España”. Durante tres meses, dice, rechazó varios puestos porque no cumplían ciertas condiciones salariales y de horarios. “Si tienes contactos en este ámbito, enseguida ves que lo que muchas veces te venden no es del todo cierto”.

Reconoce que no le apetecía regresar “a cualquier precio”, pero no solo por una cuestión de expectativas vitales y personales, sino “porque no sería justo para la gente que se ha tenido que quedar”. “Si yo vuelvo y decido bajarme los pantalones, por así decirlo, perjudico a esas personas. Si eres un poco más exigente, las empresas al final tendrán que ofrecerte más, y eso puede beneficiar a gente aquí que por la situación en la que están no pueden pelear mejor condiciones. Si puedes exigir más, debes hacerlo”, añade.

Este es uno de los beneficios que Raúl Gil, uno de los fundadores de Volvemos, cree que podría tener el retorno: “Estos perfiles vuelven con unas exigencias que harán posible que haya cambios. Los que están aquí se han visto obligados a acostumbrarse a ciertas condiciones laborales, pero los retornados pueden ser una punta de lanza que haga cambiar el modelo laboral”. Este modelo, según Gil, “está obsoleto”: “Presencialismos absurdos, excesiva jerarquización, poca posibilidad de conciliación...”. Y pone de ejemplo a su compañero Diego, otro de los fundadores de la plataforma: “Él en Berlín tuvo 14 meses de baja por paternidad para cuidar de sus dos hijos”.

No quieren volver a la casilla de salida

Uno de los lemas más repetidos durante años fue el de que España expulsaba talento, y ese talento se asociaba al de joven licenciado. Sin embargo, Raúl Gil defiende que “talento es todo”: “Cuando hablamos de este término nos referimos a adquirir unas competencias y capacidades por haber estado fuera, no es un tema de más o menos cualificación. Talento no es tener tres carreras y dos másteres, sino adaptarse a metodologías de trabajo diferentes o a superar las barreras que supone emigrar”.

Además, los perfiles más cualificados no son los únicos que han aumentado su nivel de exigencia. En palabras de Gil: “Los emigrados no quieren volver a la casilla de salida”. Belén Navarro, de 27 años y procedente de Albacete, es ejemplo de ello.

Se formó como azafata de vuelo y después como auxiliar de veterinaria. “No encontraba trabajo de nada. De azafata ni lo intentaba porque mi inglés era muy básico, y de lo otro... imposible. Pero es que tampoco encontraba en hostelería o en una tienda. Que no soy nada delicada para el trabajo, yo iba a lo que saliese”. En 2015 se marchó a Londres y hasta hace dos semanas estuvo trabajando en un restaurante de la capital inglesa. “Irme me ha hecho darme cuenta de que lo que quiero es trabajar con animales. Lo tengo clarísimo. Sé que al principio tendré que aceptar trabajos de otro tipo pero, por ejemplo, que no voy a coger nada en hostelería. No por nada, sino porque en España te explotan, trabajas un montón de horas, muchas te las pagan en negro… Aunque sepa que tengo que adaptarme, hay unos mínimos a los que no voy a renunciar”.

Belén regresó, en parte, por la situación política. “Veo otro clima, siento que mucha gente de mi entorno empieza a encontrar trabajo, y también que la gente está más animada en los últimos meses”. Su retorno ha sido impulsado en parte gracias a un programa del gobierno de Castilla-La Mancha: “Te asignan a un mediador o mediadora, y te ayudan a mejorar el currículum, a prepararte entrevistas, a buscar trabajos que se adapten a ti, te ofrecen una ayuda económica (el avión de vuelta, la mudanza) y también se la dan a la persona o empresa que te contrate”.

Este tipo de iniciativas, aunque son todavía minoritarias y no del todo efectivas a la hora de encontrar trabajo a quienes retornan, sí que reducen la brecha entre la migración clásica y la nueva migración: “Muchos emigrantes nos manifiestan sus dificultades que la administración española les ayude a resolver sus dudas legales y administrativas (documentación para el retorno, ayudas, convalidación de títulos, acceso a vivienda, guarderías públicas...). El sistema español está pensado para la emigración clásica (que piensa más en pensiones, por ejemplo) y todavía no se ha adaptado”, explica Raúl Gil.

En la plataforma de Volvemos han realizado varias encuestas para analizar cuáles son las prioridades y necesidades de los emigrados. La última fue contestada por 1.900 emigrados que están pensando en regresar. El salario no aparece entre las tres primeras porque “saben que es una de las condiciones buenas que tienen en el extranjero pero a la que aquí tendrán que renunciar”, apunta Raúl Gil. Sin embargo, entre sus preocupaciones están las de volver al mismo lugar en el que estaban al irse -en términos laborales- y no compaginar trabajo y familia como desearían. Es decir, los emigrados están dispuestos a cobrar menos al mes si a cambio tienen un empleo de su ámbito y en el que se sientan realizados y puedan conciliar.  

“Quiero el trabajo que tengo aquí pero en España”

“Tengo 33 años, casi 34”, dice Laura, como si estuviese en el tiempo de descuento. Su chico David y ella ya eran doctorados en Psicología cuando se fueron al norte de Inglaterra, en agosto de 2015. Ambos han pedido usar nombres falsos porque temen que su testimonio les perjudique en el ámbito académico español.

“Me fui porque las condiciones en las que estaba trabajando eran bastante precarias: estaba de falsa autónoma en una universidad, echando muchísimas horas, con mi propio ordenador... Y me prometían cosas que no llegaban nunca. Así que me cansé. Eché el currículum por un montón de universidades de España y nada, ni siquiera un e-mail de respuesta”, cuenta Laura.

Decidió extender la búsqueda al Reino Unido, donde había cursado una beca Eramus y una estancia durante el doctorado. Consiguió una plaza en una universidad del norte de Inglaterra: “Al principio era un puesto que tampoco me iba mucho, pero un año después ya estaba dando clase, que era lo que yo quería”.

El periplo de David, de 31, fue similar: precariedad como investigador en España hasta que logró también una plaza en Inglaterra. “Tanto Laura como yo tenemos un contrato permanente, un buen salario, hacemos algo que nos gusta... Es el equivalente a un profesor titular en España, algo que allí nos costaría años y años conseguir”. “Queremos el trabajo que tenemos aquí pero en España”, añade.

Ambos quieren volver, porque emigrar era “solo una inversión”: “Coger experiencia, hacer currículum y regresar. Pero nos estamos dando cuenta de que no es viable”. Para hacerlo tendrían que hacer renuncias: “Es casi una conversación diaria que tenemos”, dice él. “Si volvemos tendremos peor salarios y peores condiciones de trabajo. Y eso puede influir a nivel personal. Queremos poder comer y tener la garantía o cierta seguridad de que a los seis meses o al año no nos vamos a quedar sin trabajo”, reconoce Laura.

En su caso, el Brexit ha sido un empujón para querer regresar: “Son varios factores, pero pesa saber que un alto porcentaje de la población de aquí no te quiere. Hay gente que preferiría que los profesores fueran británicos, y eso incluye a parte del alumnado al que le damos clase nosotros”. David lanza un mensaje conciliador hacia España: “Tenemos la esperanza de que al haber un nuevo Ministerio de Ciencia y Universidades, este tema se gestione mejor. En nuestro caso no es un motivo definitivo como para volver, pero sí nos da esperanzas”.

Lo que los colectivos de emigrados llevan años denunciando parece haberse colado finalmente en el Congreso de los Diputados. Seis años después de la puesta en marcha del cambio normativo que introdujo el voto rogado, la Cámara comenzará a revisar este mecanismo en el seno de la subcomisión que abordará la reforma de la ley electoral. Desde 2011, año en que se aprobó la implantación del sistema, la participación de emigrados ha caído en picado.

La reforma del voto rogado es prácticamente el único asunto en el que los partidos muestran un cierto consenso de cara a la subcomisión, pero el colectivo de emigrados Marea Granate es prudente con la posible reforma. “Somos muy cautos porque el hecho de que todos los grupos hayan mostrado disposición a derogar el ruego no quiere decir que vaya a salir una reforma electoral adecuada para la emigración”, explica la portavoz María Almena.

El voto rogado se introdujo en 2011 mediante una reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CIU y PNV por considerar que el sistema anterior podía dar lugar a ciertas irregularidades. Sin embargo, la Junta Electoral Central ya había alertado de los problemas que podían surgir si se aprobaba porque el sistema ya estaba implantado en las elecciones municipales. En un informe de 2009 el organismo pronosticaba “inconvenientes” como una posible “disminución de la participación electoral”.

Del 31,7% de 2008 al 6,3% de las últimas generales

Ocho años después las predicciones de la Junta Electoral Central se han cumplido y el voto de emigrados ha alcanzado mínimos históricos. Mientras en 1986 votó el 20,6% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la cifra alcanzó el 4,7% el 20 de diciembre de 2015 o el 6,3% en las últimas generales, las del 26J del año pasado. Antes de la modificación llegó a votar el 31,7% de los emigrados en 2008, según datos del Ministerio del Interior.

Los bajos porcentajes y las demandas de los colectivos han hecho que tanto el PP, como el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos muestren su disposición a buscar mecanismos para acabar con las trabas que dificultan la participación exterior. De hecho, hace diez días que todos los grupos dieron su apoyo a la reforma del voto rogado en el Senado mediante una moción presentada por Unidos Podemos.

Desde Marea Granate aseguran que “es tan evidente” que “es difícil de ocultar que hace falta una reforma” y sostienen que a ello ha contribuido “el altavoz en la denuncia” de la ola migratoria provocada por la crisis económica, que “según ha tenido que abandonar el país se ha dado de bruces con la complicación del proceso y el recorte de derechos”, analiza Almena.

Las cuatro formaciones se muestran dispuestas a negociar, ya que la subcomisión debe todavía dar sus primeros pasos, fijar las posibles comparecencias de expertos y consensuar los temas concretos sobre los que se trabajará. Por ello, desde el PSOE aseguran tener “prudencia a la hora de mostrar posiciones” y fuentes del PP apuestan por “ver en qué ha fallado el sistema y mejorar lo que no ha funcionado” sin ofrecer ninguna propuesta concreta.

El único problema no es rogar el voto

Ciudadanos califica de “necesaria” la reforma y apunta, entre otras cosas, a la posibilidad de “explorar el voto electrónico”. Una medida a la que se opone Marea Granate, que exige un mayor acercamiento de los partidos políticos al colectivo para hacerles llegar sus propuestas, al identificar en el sistema electrónico posibles inconvenientes “en cuanto a inseguridad, violación de principios como el secreto del voto o la dificultad de que los ciudadanos controlen los recuentos o se haga una auditoría pública”.

Marea Granate califica la propuesta de voto electrónico de “falso remedio” e identifica una ristra de problemas a las que, en su opinión, debe hacer frente la subcomisión porque el ruego de voto –es decir, que los emigrados deban solicitarlo previamente– “no es el único problema”. Los plazos ajustados, por ejemplo, han provocado que a muchos residentes en el exterior no les lleguen las papeletas a tiempo a pesar de haber rogado el voto.

Por ello desde Unidos Podemos sostienen que “no es suficiente con eliminar el voto rogado” y apuesta por ampliar los plazos, mejorar la inscripción en el censo para detectar los fallecimientos o los cambios de domicilio o “dotar económicamente y con recursos humanos a los consulados”. Además, los emigrados deben, en muchas ocasiones, recorrer una gran distancia y afrontar un gasto económico para inscribirse en los consulados.

Los “problemas en el registro consular” fue la segunda causa más nombrada por los entrevistados que no llegaron a votar el 20D recogida en el informe de Marea Granate Mínima participación histórica. Más irregularidades que nunca. El colectivo, además de exigir que el proceso sea transparente y con información suficiente –el 15,2% nombró el “desconocimiento del proceso” como motivo–, pide la creación de un sistema mixto de voto, que permita hacerlo en el Consulado en persona y por correo y la creación de una circunscripción exterior.

Unidos Podemos hace referencia también a las trabas económicas que acarrea el sistema para muchos votantes. Los residentes temporales –inscritos en el censo ERTA– deben pagar por votar al enviar el voto por correo certificado a España y los permanentes –inscritos en el CERA– lo harán si residen en países con los que el Ministerio de Exteriores no tiene convenio. Se supone que el dinero empleado les debe ser devuelto, pero muchos emigrados denuncian que nunca lo reciben.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado esta semana en el Senado que el drástico descenso del voto exterior se debe “a lo mejor” a que los emigrantes españoles no quieren participar“ en las elecciones. De esta forma, echa la culpa a la ciudadanía emigrada de una situación provocada, única y exclusivamente, por las políticas gubernamentales.

El ministro Zoido ha ido un paso más allá en la desfachatez a la que nos tiene acostumbrado su Gobierno. Ante la interpelación de otro partido en el Senado sobre las medidas que debería adoptar el Ejecutivo para proteger los derechos electorales de los españoles en el exterior, el titular de Interior ha sugerido que, si el voto exterior ha descendido, quizá se deba a que a quienes hemos emigrado no nos interesa participar en la vida política de nuestro país, obviando así 6 años de voto rogado y de los esfuerzos de colectivos como Marea Granate para derogar la actual normativa electoral.

Con sus últimas declaraciones, Zoido ha faltado el respeto a cientos de miles de personas que se han quedado sin votar por un procedimiento injusto e inútil que su propio partido puso en marcha con el apoyo del PSOE, CIU y PNV a través de la reforma de la LOREG de 2011. Parece que el ministro se ha perdido las decenas de artículos y reportajes aparecidos en prensa de estos últimos años de intensa actividad electoral, en la que los medios han contando las historias de muchas, muchísimas personas, que quisieron votar pero no pudieron hacerlo.

Entre las numerosísimas iniciativas emprendidas por Marea Granate para denunciar esta ley y pedir su retirada, un ejemplo: solo en la web de #RescataMiVoto (en la que abstencionistas se ofrecían a donar su voto a personas en el extranjero que no podían o no sabían cómo ejercer su derecho) se inscribieron más de 10.000 personas en tan solo unos días. Entre los motivos esgrimidos por estas personas deseosas de votar, destacaban la falta de información, de medios o de facilidades administrativas... todos ellos, problemas que el Gobierno podría haber subsanado si hubiera tenido verdadero interés en hacerlo.

¿Suponen las declaraciones del ministro un cambio de estrategia del Partido Popular? ¿Empezarán ahora a decir que las personas emigrantes no estamos interesadas en política?

En concreto, Marea Granate, que aglutina a personas españolas emigradas a países de los cinco continentes, desde Japón hasta Alemania, pasando por Argentina, Australia o Estados Unidos, lo ha dejado claro muchas veces: somos un colectivo apartidista, pero fuertemente político. Nos interesa la política y todo lo que ocurre en nuestro país. Cuando aparecen casos de corrupción, nos siguen afectando igual aunque estemos lejos; cada recorte presupuestario en servicios sociales, cada ataque a la libertad de expresión, cada atentando contra los derechos de la ciudadanía, nos siguen indignando de la misma forma que si aún residiéramos en el Estado español, porque, por extraño que les parezca a nuestros gobernantes, algún día nos gustaría volver.

“La culpa no es del procedimiento”

Ha quedado más que demostrado que la caída de la participación exterior se debe al sistema de ruego. Desde Marea Granate hemos publicado diversos informes con la historia del voto rogado, su inutilidad y sus pésimas consecuencias.

A pesar de ello, Zoido continuó con la línea de su discurso: “No vayamos a echarle la culpa al procedimiento”, se atrevió a decir, y eso que la eliminación de este sistema fue el único tema aprobado por unanimidad en el Congreso tras las elecciones del 20D... aunque de aquello haya pasado ya más de un año y no se haya producido ningún cambio.

La pregunta, señor ministro, no es si queremos votar o no, la pregunta es por qué no han eliminado ya la ley del voto rogado. La pregunta es por qué siguen dándole vueltas al asunto si ya han reconocido que no funciona y han declarado que quieren reformarla.

Lo hemos dicho en todos los idiomas, de todas las maneras posibles, lo hemos cantado, bailado, gritado, nos hemos desgañitado de tanto pedirlo. Pero lo repetiremos una vez más: por favor, señores gobernantes, pónganse manos a la obra, cambien la ley electoral y déjennos votar de una vez.

Muchos de nosotros, en Marea Granate, pertenecemos a la generación Erasmus. Recordamos con cariño las universidades de Lovaina, Brighton, Rennes, Heidelberg, Varsovia y Praga, los primeros días en que las pizarras se llenaban de garabatos ininteligibles y en los que siempre aparecía un compañero nuevo en la mesa de la cantina. Recordamos las fiestas en la casa de nuestro amigo polaco, las cenas en la cocina de la residencia a las que siempre llevábamos una tortilla de patatas. Todos nosotros hemos hecho esperar a algún alemán y hemos esperado a algún italiano. Cuando preparábamos algún viaje, comprábamos todos juntos los billetes en las salas de informática de la facultad. Viajábamos despreocupadamente, sin más miedo que el que la maleta no cupiera en la maldita cesta de la compañía low-cost. Sin pasaporte, con nuestro DNI en la cartera, muriéndonos de calor por llevar puestos tres jerseys y el abrigo para ahorrarnos los 20 euros de facturar la mochila. No sabíamos qué significaban los visados hasta que nuestra amigos chilenos nos contaban lo que costaba sacarse uno, o hasta que nuestra amiga bielorrusa se quedaba sin venir al viaje porque su visa caducaba en menos de 3 meses. “No tiene ningún sentido”, pensábamos.

Y así fuimos creciendo. Estuvimos en Bari, en la boda de nuestro amigo gallego con aquella amiga italiana que le presentamos. Crecimos un poco más, y tuvimos que salir de España para trabajar: Liverpool, Berlín, Cambridge, Oporto, y en esta última parada, Londres. En cada lugar aportábamos algo distinto al grupo, una cultura de trabajo ligeramente diferente pero complementaria. En el trabajo nos fuimos encontrando con otros emigrantes, y comprobamos que los equipos heterogéneos son mejores, más capaces, más creativos y más innovadores. Vimos que la diferencia suma y estábamos contentos al ver cómo nos valoraban por ello.

Cierto es que echamos de menos tomarnos un pincho de tortilla en el bar de la esquina, pedir una cañas y que las traigan con unas aceitunas, y más cierto aún es que no es lo mismo hablar por Skype que ir a comer los domingos a casa tus padres. Echamos muchas cosas de menos, empezando por los amigos. Es cierto. Pero abrimos Facebook y veíamos que Ana estaba en Estocolmo, Pablo en Grenoble, Javi y Teresa en Dublín, Miguel en Oxford o Paula en Munich, y nos consolamos con el mal de muchos.

Y entonces, el año pasado por estas fechas, algunos políticos del UKIP empezaron a decir que éramos demasiados, que no cabíamos tantos en el Reino Unido y que estábamos colapsando el sistema de salud y de bienestar. Y no lo entendíamos, porque veíamos lo necesarios que somos los trabajadores sanitarios para que la sanidad británica pública funcione, y la importante labor que las au-pairs llevamos a cabo ayudando con la crianza. Veíamos lo mucho que aportamos las investigadoras a la ciencia y al desarrollo, y en general todo lo que contribuimos a la fuerza laboral británica donde muchos de nosotros trabajamos en las precarias condiciones de los contratos de “cero horas” en alguna cafetería de franquicia.

Cuando algún amigo británico, durante la campaña del Brexit, nos confesaba que iba a votar “leave”, solía decir que estaba harto de la situación política y que quería un cambio radical, otros nos explicaban querían librarse de las medidas neoliberales que estaba aplicando la UE. Algunos incluso afirmaban que votarían “leave” sólo porque la la “City” quería lo contrario. Al menos en nuestro entorno, las razones para el Brexit eran de corte económico, de falta de expectativas para ellos mismos o sus hijos, más que racista. En nuestro círculo, la xenofobia se veía reducida a las portadas de los tabloides.

Y así, pillándonos un poco por sorpresa, llegó aquel día de junio y tuvimos que aceptar que el Brexit era una realidad. Tuvimos claro que nuestra vida iba a sentirse afectada, aunque nunca nos imaginamos que oiríamos, de partidos como el Tory, supuestamente moderado, propuestas impensables hace tan sólo un año como obligar a las empresas a publicar listas con nosotros; o aplicar a los europeos medidas que ya se aplican al resto del colectivo inmigrante como la deportación de extranjeros que ganen menos de 35.000 libras al año; o exigir 1.000 libras anuales a las empresas que nos contraten en concepto de tasa de inmigración.

La caverna mediática y política se empeñaba en reforzar la identificación entre Brexit y xenofobia, para culpabilizar a los inmigrantes y así desviar el foco de la creciente desigualdad económica, un factor decisivo en la eleccion del voto. La sobrevenida obsesión por la inmigración de los tories ha llevado a Theresa May a defender un “hard Brexit”, en el que el mercado común se sacrifica en favor del control de las fronteras. Todo esto arroja más desesperanza que incertidumbre sobre las futuras negociaciones UE-Reino Unido que comenzarán dentro de poco. Nada es seguro aún, pero tememos que, en todo caso, tendremos que lidiar con los malditos visados y que tanto nosotros como los más de 300.000 británicos registrados como residentes en España seremos utilizados en ellas como una pieza de cambio.

Y ahora nos hierve la sangre al ver cómo se habla de la inmigración en tono despectivo, olvidando lo beneficioso que es para la sociedad en su conjunto. Nos hierve la sangre al ver cómo Theresa May busca en Trump un aliado frente a la UE, teniendo que pasar de puntillas por el veto de este último a la llegada de personas provenientes de países de mayoría musulmana y sobre la construcción del muro con en la frontera mexicana. Nos hierve la sangre al recordar cómo se está tratado a los refugiados y al ver cómo se vulneran los derechos humanos de quienes, en Calais, esperan a entrar al Reino Unido. Nos hierve la sangre con todo esto porque somos una generación que ha compartido momentos especiales con gentes de todos los continentes, porque naturalmente empatizamos con los demás inmigrantes, vengan de donde vengan, y con los demás precarios de nuestro país de acogida.

Porque al fin y al cabo, ¿va a ayudar a los parados el que haya menos inmigrantes en el país si la economía pierde su dinamismo? ¿Va a garantizar una reducción de la inmigración que no se privatice la NHS si su desmantelamiento es una vieja aspiración del partido Tory? ¿Son los inmigrantes los que limitan el acceso a la universidad o la brutal subida de tasas de 2010?

Cuando abandonamos los razonamientos superficiales y los comentarios de barra de bar, vemos que estos problemas tienen soluciones que nada tienen que ver con el cierre de fronteras. Sin embargo, nos hierve la sangre al ver cómo desde algunos medios se da por sentado que limitar la inmigración es la única salida posible a una crisis que crearon los bancos. La alternativa, que pasaría por proteger los derechos humanos, parece haberse descartado desde las altas esferas con un sigilo sospechoso. Nos hierve la sangre con todo lo que está pasando últimamente en Reino Unido, en Europa y en el mundo, porque son los más débiles quienes están siendo colocados en el centro de la diana, porque a los migrantes se nos está usando como chivo expiatorio para desviar la atención de ese 1%, cuya codicia es la que realmente sobra en Reino Unido.

En los últimos días, y seguramente provocada por la proximidad de marzo –fecha que se prevee para la activación del artículo 50–, asistimos a la publicación de un mayor número de noticias y artículos relacionados con el Brexit. Entre estos, se nos presentan testimonios de migrantes preocupados por la posibilidad de quedarse o no en Reino Unido, o por haberse visto en situaciones hostiles de corte xenófobo, ambos sin duda temas centrales desde que se conoció el resultado del referéndum. Sin embargo, no se puede limitar la realidad de este proceso a estos dos temas. No podemos olvidarnos de que no hay un único perfil de migrante, y que en incontables casos nos encontramos con personas cuyas vidas en Reino Unido poco o nada tienen que ver con trabajos cualificados, vidas establecidas y casas en Surrey.

El Brexit no implica sólo temas burocráticos y de residencia, y la comunidad migrante incluye a muchas personas en situaciones poco privilegiadas que difícilmente verán sus condiciones de vida, no ya mejorar, sino mantenerse, si no se tienen en cuenta aspectos transversales a este proceso como pueden ser el acceso a la sanidad o la precariedad laboral. Este último es uno de los principales problemas que nos afectan en esta época de exilio económico; según The Migration Observatory, desde 2002 los sectores en los que el aumento de trabajadores migrantes ha sido mayor es en los puestos de trabajo de baja cualificación.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística ha publicado recientemente un estudio que muestra que el aumento de trabajadores en contratos de tipo cero-horas en Reino Unido se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, situándose recientemente por encima de los 900.000. En esta modalidad de contratación, cada vez más común en el sector servicios (tiendas de ropa y cadenas de comida por ejemplo), al trabajador no se le garantiza un mínimo de horas de trabajo semanales. Constituye además una de las triquiñuelas legales más comunes de las empresas para abaratar el coste de la mano de obra, ya que muchos de estos trabajadores sobreviven con sueldos medios de 500 libras al mes, y en muchos casos sin derecho a vacaciones pagadas o bajas por enfermedad. Otras formas comunes de evitar el reconocimiento de derechos laborales es definir a los empleados como trainees (becarios en prácticas) o casual workers (trabajadores eventuales), incluso en casos en los que no lo son.

Nos encontramos además con que hay incluso una serie de casos en los que los trabajadores no tienen derecho a percibir el salario mínimo por su trabajo. Entre éstos, quizá donde la desprotección laboral es mayor es el del cuidado de niños (nannys y au pairs). Sin duda es una de las maneras en las que muchas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, se lanzan a la inmigración, y en muchos casos acaban viviendo con la misma familia para la que trabajan. El ofrecer alojamiento u otras supuestas “ventajas” (cursos de inglés por ejemplo) a las nannys se convierte en una estrategia para no pagarles el sueldo mínimo. Las au pairs ni siquiera están consideradas como trabajadoras por la ley. En la mayoría de los casos encuentran el puesto a través de agencias que ofrecen información incompleta (por ejemplo muchas au pairs desconocen que es conveniente hablar y poner por escrito las condiciones de trabajo con la familia antes de empezar), y que si surgen problemas dichas agencias se muestran reticentes a mediar con la excusa de no empeorar la situación.

Sin duda la necesidad de empezar a construir una vida en un país extraño lleva a un gran número de migrantes a encontrarse en muchas de estas situaciones de desprotección. A esto tenemos que añadir el desconocimiento de los derechos laborales por parte de los migrantes y la falta de recursos para defenderse cuando éstos se ven comprometidos, y en muchos casos además la barrera del idioma. Existen Oficinas Precarias en Londres y Edimburgo desde donde voluntarios intentan ayudar a todas estas personas, además del Citizen's Advice Bureau, un servicio gratuito del gobierno británico que sirve como asesoría legal.

En el contexto del Brexit, sin embargo, se hace necesario incluir la precariedad laboral en el debate, de otra manera todas las personas que se encuentran en estas situaciones están en riesgo de ser las grandes olvidadas. No es de despreciar el riesgo de que además el gobierno británico haga desaparecer, en nombre de la austeridad o cualquier otra excusa, algunas de las medidas de protección de los trabajadores que provienen de la legislación europea, tales como el derecho a vacaciones pagadas o el derecho a no ser discriminado por edad u orientación sexual.

A corto plazo, y centrándonos ya en los inmigrantes españoles, es crucial que desde el Gobierno español se haga primero un reconocimiento del problema: la crisis económica es lo que nos empuja a marcharnos en busca de una vida que nuestro país no nos ofrece. Y en el contexto del Brexit, una vez reconocido este problema es fundamental que se actúe: se necesita un recuento real de la cantidad de emigrados españoles en Reino Unido para tener una idea real de cuántos españoles hay actualmente viviendo en Reino Unido, en qué situaciones se encuentran y cuáles son los potenciales riesgos a los que se enfrentarán tras el Brexit; se necesitan más recursos en los consulados y embajadas para atender y asesorar a todas estas personas con posibles trámites y problemas que puedan surgir; y, fundamentalmente, se necesita que en las negociaciones se asegure la protección de sus derechos laborales.

Escribe Hermann Hesse en Demian que el mundo, tal y como lo vemos, lo único que desea es morir, hundirse, y lo logrará. El Brexit y las negociaciones que se avecinan, con el Gobierno Tory de Theresa May en un lado y los representantes de la Unión Europea en el otro, parece desde luego un augurio de ese hundimiento, y no uno muy bueno. Pero no debemos olvidarnos de que de toda destrucción surge una oportunidad de construir algo nuevo. En este sentido tenemos que actuar para que el Brexit no sea sólo el principio del fin de la Europa que conocemos, sino un marco de acción para reconstruirla más justa y más acogedora para todos.

Desde Marea Granate Londres impulsamos una nueva campaña informativa con el objetivo de llenar el vacío que hay en torno al Brexit y los derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido.

En estos meses previos a la activación del Artículo 50 que dará el

pistoletazo de salida

al Brexit, queremos crear un espacio donde el debate, la denuncia y las demandas concretas nos preparen de cara a las duras negociaciones por venir.

Esta campaña informativa no sólo se limitará a los españoles aquí, sino también a los británicos residentes en España, ya que entendemos

libre movilidad

y conservación de los derechos humanos como algo intrínseco a la democracia que va más allá de las fronteras.

Dijo una vez Winston Churchill, una de las figuras más célebres de la política británica y europea, que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Sin duda alguna, el proceso de referéndum del Brexit y su futura salida de la Unión Europea, a través del artículo 50 del Tratado de Lisboa, es todo lo opuesto a esta cita. David Cameron, el ya ex primer ministro del Reino Unido, y principal impulsor del referéndum que acabaría con el “Leave EU”, no predijo lo sucedido, pero tampoco ninguno de los políticos británicos de la actual primera plana han sido capaces de explicar qué es todo esto. Por otro lado, los principales impulsores del abandono de la UE, en el ala más conservadora y antieuropeista, han abandonado el barco, precisamente ante el miedo a caer en el vacío de la gran pregunta: ¿cómo se construirá un Reino Unido fuera de la Unión Europea? 

Evidentemente respuestas hay muchas, pero ninguna concreta. Sin embargo esta reflexión, por el momento, queda aparcada y en Marea Granate hemos decidido actuar en lo que a la población española que vive aquí le interesa. Esto es, ante todo, crear un espacio de información, debate y reflexión ante el vacío que existe en torno a las mil dudas que nos atañen a los que residimos en este país. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Desde Todas Partes, esta vez, concentrándonos en los meses previos al inicio de las negociaciones del Brexit cuyo inicio está previsto para marzo de 2017. A lo largo de estos meses publicaremos una serie de artículos contando la situación de los españoles aquí, enmarcados en una lista de demandas y puntos básicos sobre los posibles efectos que tendrá el Brexit en el colectivo de inmigrantes españoles en el Reino Unido, y los temas fundamentales a seguir, en relación al momento político. El objetivo es salvaguardar los derechos laborales y sociales de todos nosotros y en muchos casos demandar mejorarlos.

Hemos recogido nuestras preocupaciones y demandas, desglosadas y explicadas con más profundidad, en un documento que podéis encontrar en la web de Marea Granate. Aquí os queremos explicar algunas, para abrir el “melón” de la reflexión e informaros de cuáles son los puntos fundamentales para evitar un descalabro en lo que a nuestros derechos se refiere. Estos son los tres puntos fundamentales en torno a los que vamos a trabajar, para impulsar que se respeten y mejoren nuestras condiciones. Además participaremos activamente en todas las reuniones que se están llevando a cabo en Londres, entre las distintas partes negociadoras, donde Marea Granate quiere aportar su grano de arena. Esto incluye desde la participación en la plataforma Another Europe is possible, hasta solicitar reuniones con la Embajada de España en el Reino Unido y reivindicar la inclusión de nuestras demandas en las comisiones parlamentarias que se están formando en el Congreso de los diputados para tratar esta temática. Aquí os dejamos las principales:

1.- Prioridades de cara a las negociaciones entre Reino Unido y la UE:

2.-Transparencia y participación ciudadana en las negociaciones

3.-Información y asistencia a los españoles residentes en Reino Unido

Es importante entender que en una democracia la idea de exclusión o pérdida de derechos sociales y laborales por ser de otra nacionalidad, no tiene cabida de ninguna de las formas. Todas las personas españolas que trabajan en el Reino Unido, muchas de ellas con contratos laborales precarios y muy cuestionables, forman parte de la sociedad británica, en cuanto son un elemento importante del funcionamiento de la misma. Pensar la democracia de forma exclusiva o categórica en función del país de origen - se recuerda que la Ministra de Interior británica Amber Rudd llegó a sugerir que se obligara a las empresas en Reino Unido a mostrar regularmente una lista con los trabajadores extranjeros - no deja de ser una idea que se aproxima mucho al nacionalismo más reaccionario y que resulta peligrosa para salvaguardar la democracia en buena salud, no solo en el Reino Unido, sino en todos los países del espacio europeo. En todo caso, parece que el proceso de separación de la Unión Europea será más largo de lo previsto, precisamente ante la ausencia de un plan político y social tras el resultado del “Leave” y por tanto se ha de entender esto como una andadura que va más allá de marzo de 2017 . Por esta razón es aún más importante informar y establecer los puntos fundamentales que nos interesan.

El objetivo, como hemos dicho, de esta serie de artículos es intentar llenar ese espacio informativo ahora vacío en torno al Brexit, compartir la reflexión y fomentar el debate sobre nuestros derechos en el Reino Unido. Abordaremos temas como el trabajo, la sanidad, la xenofobia, la inmigración, el problema de la residencia, la libre circulación, la transparencia y participación durante el proceso, y un largo etcétera. Una vez más, Marea Granate intentará dar voz a toda la ciudadanía española residente en Reino Unido, pero también nuestra intención es invitaros a pensar y manteneros informados al respecto de todo este plan improvisado y sin apenas líneas políticas claras que es el Brexit.

Estimado ministro Dastis,

Tras escuchar su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados sobre lo que significa vivir y trabajar fuera de España hoy en día, desde Marea Granate no podemos dejar pasar la oportunidad de confrontar su realidad de ministro con la nuestra... de emigrantes.

Decía usted desde su escaño parlamentario y su salario de más de 5.000 euros mensuales que quienes salimos a vivir y a trabajar fuera de España lo hacemos por “iniciativa”, “inquietud” y “amplitud de miras”. Sin ánimo de ponernos “demagógicos” ni “apocalípticos”, desde que empezó la crisis allá por 2008, la inmensa mayoría de quienes abandonamos nuestro país lo hemos hecho, simplemente, porque no tuvimos elección.

Así que, no lo llame “iniciativa”, sino necesidad; no lo llame “inquietud”, sino desesperación; no lo llame, señor ministro, “amplitud de miras”, porque la decisión de partir no la tomamos para abrir nuestra mente a “nuevos horizontes” sino que nos vimos forzados a hacerlo para dejar de suponer una carga para nuestras familias, para contribuir a mantenerlas, y sobre todo, para poder aspirar a una vida digna.

Quienes hemos dejado el país en estos últimos ocho años, –un número aún indeterminado porque su Gobierno se niega a ofrecer estadísticas realistas y no la broma que son los datos del INE–, no hemos salido con un contrato de secretario en la ONU bajo el brazo como hizo usted a finales de los 80, sino que nos hemos ido con una mano delante y otra detrás, muchas veces sin trabajo y algunas con empleos que de precarios rozan la indecencia –como es el caso de las au pairs, versión 2.0 de nuestras abuelas cuando emigraban para servir como asistentas “en los años sesenta del siglo pasado”–.

Entendemos que su deformación profesional, como persona que ha forjado su carrera en política y en un medio social elevado, le impida comprender cómo emigra el común de los mortales, así que se lo explicamos: cuando finalmente encontramos un empleo, después de mucho sudor y lágrimas, no somos pocos quienes, con o sin título universitario, acabamos en la construcción, en la hostelería o en la restauración, con salarios y horarios ridículos.

Hay quienes llegan a conseguir el trabajo de sus sueños, cierto, pero a costa de estar lejos de la familias y los amigos, no temporal, sino permanentemente. Porque sepa que, pese a los programas de Retorno milagrosos que ustedes venden, muchos vivimos con la certeza de saber que no podremos volver.

Señor Ministro, es usted quien pinta “una realidad que no existe”. Desde antes de salir, ustedes ya nos ponen la zancadilla, primero, negándonos por no tener trabajo la asistencia sanitaria que nos correspondería al menos en Europa (¿pero cómo vamos a tener trabajo, si nos íbamos para buscarlo fuera?), y después, durante toda el periodo como emigrantes, desde los organismos consulares que, según usted, trabajan tan “eficaz y denodadamente”.

Puede que en tanto que alto diplomático le hicieran la ola al entrar en embajadas y consulados, pero la gente a pie de calle como nosotros, hace largas colas, escribe emails que nunca son respondidos, telefonea sin obtener respuesta, y recorre kilómetros –decenas, cientos e incluso miles– para poder hacer trámites, sobre todo desde que nos impusieron el voto rogado. Y no culpamos al cuerpo de funcionariado de todo esto, sino a su Gobierno, por no descongestionar la sobrecarga de trabajo que tienen al ser los emigrantes cada vez más numerosos. Unas embajadas y consulados que, por otro lado, cuentan con un largo historial de chanchullos, abusos de poder, todo tipo de malas prácticas, cajas b, cuando no simple y llana corrupción. La lista continúa, pero el espacio es limitado.

Por cierto que la orientación laboral que ofrecen estos organismos es escasísima o inexistente. Tan desprotegidos nos hemos sentido en infinidad de ocasiones que hemos tenido que crear, con cero euros de ayudas o subvenciones, Oficinas Precarias para suplir la falta de asesoría en trámites tanto al llegar a los países de acogida como cuando queremos volver a España, y para ayudarnos entre nosotros en casos de abusos laborales, que no son pocos.

Después de ver su intervención, hemos sentido sobre todo rabia e impotencia. Desde todas partes, lejos de nuestros seres queridos y justo en esta época del año en la que muchos ni siquiera tenemos el dinero o los días libres para volver a casa por Navidad, sus palabras nos parecen un despropósito. Decía usted que “irse fuera a vivir y a trabajar enriquece, abre la mente y fortalece habilidades sociales”, por supuesto; el matiz está en que esa no es la causa de nuestro viaje, sino la consecuencia.

Le invitamos a que empiece a leer el “Rincón Migrante” que desde Marea Granate hemos puesto en marcha para publicar historias personales de migrantes alredor del mundo, se hará una idea de lo que sufrimos sin apoyo estatal ninguno, y podrá ver que pese a que no dejen de repetirlo, no sólo somos jóvenes los que nos marchamos.

Para terminar, en tanto que responsable de Exteriores, le pedimos a usted y su Gobierno que dejen de frivolizar con nuestra experiencia y empiece a plantear medidas concretas para garantizar servicios y derechos a la emigración española. Cada día somos más y queremos recordarle una vez más que no nos vamos, nos echan.

Compañero que vuelves a casa por Navidad, que estás entre esos cientos de miles de emigrantes que se fueron a trabajar al extranjero: parece que eres un aventurero travieso. No sabes parar en casa. En vez de quedarte en España a disfrutar de nuestro pluriempleo, dejaste a la familia y te alejaste para darte la vidorra. En lugar de gozar de nuestras subidas de sueldo, nos dejaste aquí con Mariano, sus raíces vigorosas y no damos abasto.

Tú te lo pierdes. Ahora, que vuelves unos días, verás que hasta tenemos un nuevo ministro de Exteriores que os dice que os vais para “abrir la mente, fortalecer habilidades sociales y porque viajar enriquece”. Te fuiste “por inquietud, amplitud de miras y apertura de nuevos horizontes”. En definitiva, que oyendo al ministro cualquiera diría que eres un trasto curiosón, querido emigrante.

No importa si huiste del paro y la precariedad. De la desigualdad y la corrupción. De que prácticamente uno de cada dos jóvenes no tenga empleo, de que sea temporal y no sustente un proyecto de vida. En vez de quedarte a vivir de tus padres, te fuiste de España por “adaptabilidad”, que dice el ministro. Que rima con “movilidad exterior”, que decía la ministra de Empleo. Lo dicho, eres un culo inquieto.

No estás, luego no existes, alegre emigrante. Tantas veces he visto a los gobernantes de este país negar las cifras de los que os fuisteis a trabajar al exterior… Es fácil, porque no tenemos esos datos. Será porque no convienen. Solo si te apuntas en el consulado, que debéis de ser como una cuarta o una quinta parte. Y si pierdes el derecho a la sanidad o votar se convierte en algo prácticamente imposible, será porque eres un trasero de mal asiento, agitado emigrante.

Por eso, si vuelves a casa estos días, como el turrón, no te pillará de nuevas si ves que el enchufismo sigue cotizando fuerte para trabajar en este país. Si constatas que el currículum vale menos que tus contactos. Si recuerdas que estudiaste y curraste duro, pero descuidaste hacer despachos. Por cierto, tampoco te ilusiones con el que deja Aznar, porque era el único donde no tenía sueldo.

Inquieto emigrante, cualquiera con dos dedos de frente sabe que no te fuiste de Livin’ la vida loca. Perdónalos si oyes chorradas desde un escaño, porque a veces parece que no sienten. Tu familia, tus amigos y un montón de gente más sabe que no hay mayor inquietud que la de buscar un empleo digno. Por eso, hace tiempo que aprendimos que, con este paro y esta precariedad, los que son como tú no se van, los echan.

Un total de 48.881 españoles residentes en el extranjero no acudieron a las urnas en las elecciones del pasado 26 de junio a pesar de haber rogado el voto. De los 169.658 emigrados que lo solicitaron (un 8%), según datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, votaron 120.777, lo que supone una participación del 6,3% del total de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El dato aumenta con respecto a los comicios del 20 de diciembre de 2015, cuando depositó su voto un 4,7% del mismo censo, marcando un mínimo histórico en elecciones generales desde 1986. Entonces miles de emigrados que lo pidieron no llegaron a votar. Algo que también ha ocurrido en esta ocasión, aunque la cifra es algo inferior. ¿Qué ha pasado con las casi 50.000 personas que, a pesar de las dificultades, llegaron a rogar el voto y finalmente no participaron en las elecciones?

El colectivo de emigrados Marea Granate lo tiene claro y asegura que una de las razones fundamentales es que las papeletas no han llegado a tiempo. No es posible determinar los motivos exactos, pero los activistas afirman que no es común que un emigrado inicie el laberinto burocrático que supone rogar el voto para, al final, no hacerlo por propia voluntad. De hecho, una encuesta realizada por el colectivo tras el 20D reveló que un 36,9% de los residentes en el extranjero no votó porque no recibió la documentación a tiempo.

“Este problema es recurrente en todas las elecciones desde que se implantó el voto rogado”, puntualiza la portavoz de Marea Granate, María Almena, que insiste en que los datos de participación exterior son “un despropósito”. Hasta la entrada en vigor de este mecanismo, en 2011, la cifra alcanzaba porcentajes entre el 20% y el 36%, pero tras la reforma la participación cayó en picado. “Es intolerable porque a la dificultad de los trámites se suma que no hay forma de garantizar el voto aunque los emigrados hayan rogado a tiempo”, asegura Almena.

Plazos ajustados

Uno de ellos es Oriol Solà, que reside en Dubai desde hace tres años. Solicitó el voto al poco tiempo de iniciarse el plazo, pero 13 días después de las elecciones no ha recibido las papeletas. Asegura que siguió uno a uno todos los trámites que exige la Administración y, como él, otros amigos españoles que residen en el emirato y que también siguen esperando. “Es injusto que nos tengamos que comer los resultados que salgan en las elecciones sin poder hacer nada”, critica este catalán de 25 años que dirige un bar en Dubai.

Marea Granate sostiene que “es difícil” contabilizar el número de personas que se han puesto en contacto con el colectivo con el mismo problema, pero “lo cierto es que atendemos a muchísimas personas supliendo el papel que debería estar haciendo la Administración en el exterior, informando y ayudando en cada paso”, dice Almena.

La portavoz identifica los tiempos legales como una de las razones para que las papeletas no lleguen a tiempo. “La ley marca plazos ajustadísimos, es literalmente imposible que las papeletas hagan el camino de ida y vuelta en ese tiempo para muchos votantes que están lejos”, matiza. Henar Bonet, que vive en El Cairo (Egipto) desde el pasado mes de enero comparte el análisis con la portavoz del colectivo al afirmar que “se podría arreglar si ampliaran los plazos porque los organismos públicos no tienen capacidad para tanto volumen en tan poco tiempo”, opina.

Leonesa de 24 años, Bonet rogó el voto junto a otros compañeros de la oficina en la que trabaja pero recibió las papeletas el mismo día de las elecciones, el 26 de junio, sin posibilidad ya de votar. Siente impotencia porque “tenemos derecho a expresar nuestra opinión”. Un punto de vista que, dice, “suele diferir mucho de las mayorías que residen en España”. 

Lucas, dos generales sin votar

A muchos españoles residentes en el extranjero “les han dicho en embajadas y consulados que no esperen votar porque las papeletas no llegan nunca”, sostiene Almena, que califica el voto rogado de “una forma de fulminar la participación exterior”. Lucas de Toca es otra de las personas que lo solicitó pero nunca pudo ejercer su derecho porque las papeletas para hacerlo le llegaron un día después de la celebración de los comicios, el 27 de junio.

Asegura que el proceso es “sumamente complicado”, pero aún así ha pedido votar tanto en estas como en las elecciones del 20 de diciembre. En ningún caso la documentación le llegó a tiempo. Lucas, que trabaja como médico en Nhulunbuy, un pueblo del norte de Australia, opina que el voto “debería ser un derecho automático para los electores extranjeros, al igual que lo es para los residentes en el Estado”.

El balance de Marea Granate tras el 26J es similar al del resto de comicios. Denuncia múltiples irregularidades y “la utilización política de nuestro derecho a voto por la falta de voluntad de mejorar el proceso, es algo absolutamente antidemocrático”. Eso mientras miles de españoles siguen abandonado el país: los últimos datos del INE revelan que en 2015 se fueron 100.000 ciudadanos, la cifra más alta desde el inicio de la crisis. “Es obvio que el sistema está diseñado para dificultar que los emigrados ejerzamos nuestro derecho a voto”, sentencia Lucas. 

El mecanismo del voto rogado sigue provocando estragos en la participación de los emigrados en las elecciones. Una vez cerrado el plazo para solicitarlo, solo un 8% lo ha pedido. Son unos 155.000 españoles en el extranjero del 1.927.000 de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado los datos provisionales. Es decir, el 92% no ejercerán su derecho.

La cifra de ruego de voto es la misma que en los pasados comicios del 20 de diciembre, cuando lo solicitaron desde el exterior 151.000 emigrados del total de inscritos. En esa ocasión, estaban llamados a las urnas 1.875.272 electores. Desde la introducción del voto rogado, tras la reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CIU y PNV en 2011, la participación de los emigrados no ha dejado de descender. 

“Un ruego del 8%, de nuevo, es una cifra antidemocrática para cualquier proceso electoral que se diga limpio y sin incidencias, como se dirá del 26J”, afirma María Almena, una de las portavoces de Marea Granate, que agrupa a españoles en el extranjero. En su opinión el dato evidencia que tras la mínima participación del 20D, “el Gobierno no ha habilitado ninguna medida para ayudarnos” y demuestra “la nula voluntad política de facilitar el voto exterior”, apunta.

De 1989, primer año desde el que se disponen de datos desagregados, a 2008, la cifra de españoles residentes en el extranjero que participó en unas generales se movió entre el 20,6% y el 36%. Pero una vez puesto en marcha el nuevo mecanismo, cayó en picado. En 2011 rogó el voto un 9,3% y el 20D un 8%, sin embargo las cifras no se corresponden con el 4,95% y el 4,7% de emigrados que, respectivamente, votó finalmente.

Es decir, no todas las personas que ruegan el voto acaban por ejercer su derecho. Lejos de ser una cuestión de falta de voluntad, Marea Granate asegura en base a los cientos de testimonios que recibe, que muchas de ellas nunca reciben las papeletas o lo hacen tarde. De hecho, un 36,9% de los residentes en el extranjero que no votaron en los anteriores comicios esgrimen este motivo, según el colectivo. A casa de Rubén Hornillo, que vive en Los Ángeles, la documentación llegó el 7 de febrero, más de un mes después de la celebración de las elecciones. Pero los casos son muchos.

El doble de reclamaciones

En vista de los antecedentes, Marea Granate asegura que el número de personas que participará el 26J será parecido a las anteriores. “Es algo intolerable y evidencia las enormes limitaciones de este sistema, que ya se conocían porque era el mismo protocolo que tenía el voto exterior municipal antes”, Almena. En esta ocasión se han encontrado con irregularidades similares a las de otras veces.

“Hay muchos problemas en los envíos: sin papeletas o en los que falta algún sobre”, dice la portavoz. De momento, la Oficina del Censo Electoral contabiliza 7.000 reclamaciones de españoles residentes en el extranjero durante el proceso de solicitud del voto. Casi el doble de las 3.600 que ha registrado del voto por correo de españoles residentes en España a pesar de la diferencia de solicitudes –155.000 en el primer caso y 1.344.000 en el segundo–

Pero además, la inscripción como residentes para poder votar ha conllevado que muchos hayan tenido que elegir entre hacerlo o mantener su tarjeta sanitaria. Esto ha ocurrido porque aquellos que se registraron en las municipales y autonómicas de 2015 como no residentes han visto caducar su inscripción y solo les ha quedado la opción de hacerlo como permanentes, perdiendo de esta forma la tarjeta sanitaria europea después de que el Gobierno estableciera que no se expide a los mayores de 26 años sin contrato indefinido que salgan del país más de 90 días.

Los problemas se suman a otros como el cierre de los censos sin previo aviso, la falta de transparencia e información institucional, la estrechez de horarios y las distancias que algunas personas tienen que recorrer para acudir a los consulados, con el consiguiente gasto que emplean para ello. Un informe elaborado por Marea Granate tras el 20D incluyó una encuesta en la que las personas que no habían podido votar enumeraban las causas. Entre otras, nombraron “problemas en el registro consular” o “desconocimiento del proceso”.

Del voto rogado no se habla

Por otro lado, muchos españoles en el extranjero han tenido que pagar por votar si están inscritos como residentes temporales y si lo están como permanentes pero no viven en países con los que el Ministerio de Exteriores tenga convenio. Actualmente hay unos 20.000 esperando a que el Gobierno les reembolse el dinero de diciembre, a pesar de que asegura que ya ha comenzado a hacerlo. Sin embargo, colectivos como la plataforma de juristas DosMillonesDeVotos denuncian deficiencias en el proceso. Muchos esperan todavía las devoluciones de las generales de 2011 y de las municipales y autonómicas pasadas.

Los emigrados muestran su indignación por la ausencia en campaña electoral y en los debates políticos del tema del voto rogado. Algo que sí fue tratado en las anteriores, cuando tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometieron a eliminarlo. Esta vez tampoco Marea Granate ha puesto en marcha la campaña #RescataMiVoto, que puso en contacto a más de 3.000 emigrados que no habían podido rogarlo con abstencionistas voluntarios en España para que acudieran por ellos a las urnas. 

Unos 12.000 no pudieron ser emparejados y la iniciativa “nos supuso muchísimo trabajo extra que se suma al de informar y resolver incidencias –para suplir lo que no hace Exteriores–”, explica Almena. No obstante, el motivo principal radica en que tras la campaña se escondía un objetivo fundamentalmente reivindicativo y de visibilización. “Era una llamada de atención y no una medida a largo plazo para suplir las deficiencias de la ley electoral”, afirma la portavoz.

Como un milagro. Así califican los españoles residentes en el extranjero la devolución del dinero que emplean en votar en elecciones generales, autonómicas y municipales. A pesar de que Correos asegura que el Gobierno ya ha empezado a reembolsar los importes que gastaron para ejercer su derecho en los comicios del 20 de diciembre, los emigrados denuncian que la mayoría nunca recibirá el dinero. De hecho, muchos de ellos siguen esperando las devoluciones correspondientes a las autonómicas y municipales del 24 de mayo de 2015 e incluso a las generales de 2011.

A las dificultades derivadas del la introducción del voto rogado –la participación exterior del 20D fue la más baja desde 1986–se suma que, en la práctica, muchos residentes en el extranjero a los que no reembolsan el dinero, deben pagar por votar. Eso a pesar de que la ley obliga al Ministerio del Interior, que no ha contestado a este diario, a devolverlo.

Los residentes permanentes –inscritos en el censo CERA– incurren en gastos al enviar el voto al consulado en caso de que residan en ciudades donde no los hay. Los residentes temporales –inscritos en el censo ERTA– pagarán por enviar el voto por correo certificado a España. El coste dependerá de lo que cobre cada servicio postal.

Están eximidos de hacerlo los residentes permanentes –pero no los temporales– en aquellos países con los que el Ministerio de Exteriores tenga convenio. Sin embargo, son solo catorce, entre los que “faltan algunos que tienen grandes colonias de españoles como Gran Bretaña o Estados Unidos”, afirman fuentes de Correos, que se encarga de reintegrar el dinero. La empresa confirma que actualmente hay 20.000 residentes en el extranjero, que tienen que haber solicitado la devolución en el momento de votar, que deben recibirlo por las anteriores elecciones generales.

Sin embargo, la plataforma de juristas Dos Millones de Votos asegura que se han constatado numerosos casos de falta de reembolso “incumpliendo la gratuidad del voto” que reconoce la legislación. El colectivo, junto al de emigrados Marea Granate, considera que el sistema implementado es “manifiestamente deficiente y ha llevado a la mayor parte de electores a financiar su voto”. Dos Millones de Votos calcula que el gasto que deben afrontar los españoles residentes en el extranjero oscila entre los cinco y 25 euros por voto de media. 

Las peticiones de los emigrados

María Gavira, que emigró a Londres en octubre de 2012, rogó el voto para las autonómicas y municipales de 2015 y para las generales, pero no ha recibido los casi 13 euros que en cada ocasión se gastó para enviarlo. Califica la situación de “robo” y asegura que no votará en los próximos comicios. Esta enfermera de 31 años ha desistido en su empeño porque, dice, “ni siquiera he conseguido una respuesta clara de cuál es la forma correcta de reclamarlo”.

Marea Granate incide en que el Gobierno debería implementar acuerdos con más países y extenderlos también a los residentes inscritos en el censo ERTA, que siempre tienen que pagar. En los casos en que no hubiera acuerdo, “que se reducirían mucho”, sostiene María Almena, portavoz del Grupo de Voto del colectivo, “deberían iniciar los procesos de devolución antes porque se pueden hacer con antelación estimaciones de votantes que van a tener que pagar”. Otro de los problemas que identifica es que el reembolso solo llega al domicilio al que se ha solicitado el voto.

Seis meses después, que es cuando Interior comienza a iniciar las devoluciones, puede que el emigrado ya no esté viviendo allí. Tal y como confirman desde Correos, que solo cuenta con el nombre y el lugar de residencia, puede ser un problema “porque este es un colectivo en el que hay mucha movilidad y rotación”. La empresa hace las devoluciones directamente a aquellos países con los que existan acuerdos para servicios de giro postal. En los casos en los que no, es una empresa privada la que se encarga, la mayoría de las veces Western Union. Correos confirma que en la mayoría de ocasiones se hace de esta manera, en concreto, en un 76% de las veces.

“Me han dicho tres veces que ya está solucionado”

Marea Granate critica que muchas veces esta empresa “no paga transferencias que no haya realizado una persona física”, por lo que el dinero no llega a su destino cuando lo envía el Ministerio del Interior. Es lo que le está pasando a Jose Carlos Cambero, residente en la ciudad estadounidense de Jersey City, al que ya le han avisado de que los cinco euros que le costó enviar el voto están disponible a través de Western Union. “He intentado ir a cobrarlo en tres ocasiones y las tres veces me he venido con las manos vacías”, afirma.

Ha comunicado las incidencias a Correos y al Ministerio del Interior, pero “siempre me dicen que el problema está solucionado, pero por más que lo intento no hay manera de que me lo devuelvan”. En 2011 no pudo votar porque, a pesar de cumplir con los trámites del ruego de voto, las papeletas no llegaron a tiempo. Este es otro de los obstáculos más denunciados por Marea Granate, que recibe decenas de testimonios de personas a los que las papeletas les llegan incluso cuando ya se han celebrado las elecciones. 

Álex López, que vive en Dublín, sigue a la espera de que el Gobierno le devuelva lo que le costó votar en las dos anteriores citas electorales. Unos 12 euros entre ambas. Cuando fue a la embajada a solicitar el voto para el 20D informó del retraso respecto a las municipales y autonómicas, desde las que ya habían pasado siete meses. Allí le respondieron que era algo general y que “había más gente a la espera”. A este ingeniero de 42 años, que emigró hace tres, le parece “decepcionante” el retraso. “Piensas en dónde estará el dinero y no haces la reclamación por la cantidad sino por lo que supone, la falta de rigor”, critica. 

En muchas ocasiones, además, el dinero que devuelve la Administración es inferior al que se ha gastado la persona residente en el exterior porque hace una media de lo que cuesta en cada país “y a veces puede ser inferior”, afirman fuentes de Correos. Algo denunciado también por Dos Millones de Votos, que expresa sus quejas también porque muchos residentes en el extranjero deben afrontar “extraordinarios gastos derivados de desplazarse a consulados y embajadas o en tomar tiempo libre de sus trabajos para adaptarse a los restrictivos horarios de oficina”.

“Las peores predicciones se consuman para estas elecciones generales”. Los emigrados ya avisaban días antes de la celebración de los comicios: “Se producirá un mínimo histórico de participación emigrante”, decían. Los datos, facilitados por el Ministerio de Interior a eldiario.es, demuestran que el pronóstico se ha cumplido y que solo ha votado un 4,7% de los emigrados inscritos en el censo. Se trata de la cifra más baja en unas elecciones generales desde que existen datos desagregados de la participación exterior, las generales de 1986, cuando votó el 20,6%.

Desde entonces, la participación se mantuvo entre esa cifra y el 36%. Pero en los comicios de noviembre de 2011, una vez introducido el mecanismo del voto rogado, cayó en picado, hasta el 4,95%. El pasado 20 de diciembre había inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) 1.875.272 emigrados. De ellos, solo un 8% solicitó el voto por correo, unos 151.000, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Evolución del voto de los españoles residentes que viven en el extranjero (CERA)

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

Pero no todos votaron finalmente. Solo 88.009 eligieron a sus representantes al Congreso, lo que supone un 4,7% del CERA. Siempre ha votado una minoría, pero esta vez se sitúa muy lejos de la participación exterior registrada en las generales de 2008, cuando fue del 31,7%. ¿Qué ha ocurrido con los más de 60.000 emigrados que rogaron el voto y no ejercieron su derecho en diciembre? El colectivo Marea Granate asegura que muchos de ellos no recibieron las papeletas, de hecho, hay testimonios de personas a las que les llegaron un mes más tarde.

Esta es la principal causa que esgrime el grupo en el nuevo informe Mínima participación histórica. Más irregularidades que nunca, que incluye una encuesta sobre las causas por las que votaron tan pocos emigrados. La más nombrada por los entrevistados, un 36,9%, es que “las papeletas no llegaron a tiempo o incompletas”, seguida de “problemas en el registro consular” (29,6%) y “desconocimiento del proceso” (15,2%). En el documento, Marea Granate ha descrito algunos de los principales obstáculos con los que se han encontrado los emigrados para ejercer su derecho a voto:

Trabas con el censo y la inscripción

El colectivo reitera, una vez más, tras incidir en ello en elecciones anteriores como las europeas o las municipales y autonómicas, que el censo electoral, donde hay que estar inscrito para votar, cierra sin previo aviso. Relacionados con ello han identificado también otros problemas como los derivados de la inscripción en los consulados, un proceso imprescindible para participar en las generales.

Marea Granate denuncia que, a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores garantiza que aquellas personas que vivan a más de 50 kilómetros de distancia del consulado pueden hacerlo sin necesidad de acudir, “faltan mecanismos para ponerlo en práctica, ya que las inscripciones a distancia son facilitadas por un número minoritario de consulados”, sostienen. El colectivo ha escrito una carta a la Subsecretaría de Emigración del ministerio con esta queja, pero aún no ha recibido respuesta.

Lo mismo ocurre con las rectificaciones, dicen, a pesar de que la norma contempla un periodo de ocho días de reclamaciones durante los cuales pueden recibir inscripciones una vez cerrado el censo. Durante este tiempo, existen “impedimentos a las rectificaciones a distancia”, por ejemplo, cambiar un domicilio, algo que “irónicamente sí puede hacerse a distancia fuera del periodo de reclamaciones”, denuncian.  

Problemas en los organismos oficiales

El colectivo alerta de las “incoherencias entre la Junta Electoral Central y Delegaciones del Censo” sobre la solicitud y recepción de las papeletas, ya que la primera asegura que la recepción de papeletas puede hacerse en la dirección deseada en el ruego, aunque no coincida con el país en el que se hace la solicitud. Sin embargo, “muchos consulados y Delegaciones provinciales del Censo desconocen esta información y niegan la posibilidad”, avisa Marea Granate.

También los emigrados se han encontrado con situaciones como que algunos números de teléfono proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística para que comprobaran si estaban inscritos en el censo “dejaron de funcionar, lo que se sumó al pésimo funcionamiento de los números de fax”, tal y como denunció en su momento la plataforma de juristas DosMillonesDeVotos.  

Falta de medios e información

“Hemos visto colas de hasta cinco horas en el caso de Londres, con situaciones de precariedad laboral y falta de recursos”. Los emigrados critican que los consulados se han visto “desbordados ante la avalancha de consultas, no responden a las llamadas o los correos electrónicos de las muchísimas personas” que intentan contactar para recibir asesoramiento. 

En su informe recuerdan que el aumento migratorio de los últimos años no se ha visto compensado con medidas específicas, “sino todo lo contrario: el consulado de Manchester, por ejemplo, cerró definitivamente, dejando tan solo el de Edimburgo y Londres”. A esto se suma “la falta de formación de muchas personas encargadas de la atención público y el desconocimiento por parte de los consulados de normativas básiscas”.

Por último, los emigrados se quejan de la falta de respuesta institucional ante las numerosas quejas formales que tanto Marea Granate como DosMillonesDeVotos han enviado al Gobierno, que, por otro lado, no ofrece información pública sobre el voto exterior de forma desagregada. De hecho, ni siquiera en la publicación del BOE que recoge los resultados definitivos de las elecciones aparecen estas cifras. Lo que refleja, en opinión de los emigrados, “una opacidad absoluta”.

Rubén Hornillo recibió las papeletas para votar en las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre el día 19. Pero del mes de enero. A este cineasta residente en Los Ángeles (Estados Unidos) la documentación para poder ejercer su derecho a voto le llegó a casa 30 días después de la celebración de los comicios. Rubén se quedó sin votar, a pesar de haber realizado todos los trámites necesarios que exige el proceso del voto rogado y que tanto han denunciado los residentes en el extranjero.

En octubre de 2015 un informe elaborado por el colectivo Marea Granate ya avisaba de que el 20D habría “abstencionistas forzosos” e identificaba como uno de los motivos el retraso en la llegada de papeletas. De hecho, calcula que aproximadamente el 36% de los emigrados que no votan en las elecciones no lo hacen porque o bien reciben tarde la documentación o nunca llega, apunta la portavoz Berta Burguete. Tras las elecciones, decenas de residentes en el extranjero se han puesto en contacto con el colectivo para denunciar esta situación.

El de Rubén, que salió de España en 2010 “porque allí no hay trabajo para mí y sobro”, no es un caso aislado. Muchas de las incidencias que documenta Marea Granate se han producido en Estados Unidos, pero también en otros países. Tampoco es un problema que afecte a una sola provincia. Rubén recibió un correo electrónico de la Oficina del Censo Electoral de Alicante el día 3 de noviembre, tras rogar el voto, en el que le comunicaban que recibiría la documentación.

Documentación fechada el 20D

“Esto es indignante, son miles de votos perdidos por las deficiencias intencionadas del sistema”, sentencia. Burguete apunta que Marea Granate desconoce el número exacto de personas afectadas y critica que “no hay interés por parte de la administración en averiguar qué está pasando”. Fuentes de Correos explican que “cualquier persona puede saber qué ha ocurrido con su voto a través de la Junta Electoral Central” y aseguran que desde la empresa “salió toda la documentación, o sea que dependerá del servicio postal del país de destino”.

Marea Granate afirma, sin embargo, que hay fechas de salida de las oficinas electorales muy próximas a las elecciones. Borja Cuervo, que reside en Zimbabwe, recibió el pasado 26 de enero las papeletas para ejercer su derecho a voto con una carta de la Oficina del Censo Electoral de A Coruña fechada el 20 de diciembre de 2015, el mismo día de los comicios. “Saben de sobra que la mayoría del voto emigrado irá a partidos del cambio y han creado un sistema no solo ineficiente, sino arcaico para desmotivar el voto e impedirlo, como ha sido mi caso”, afirma.

Mireia Frutos tampoco pudo votar el 20D. Esta joven de 25 años, residente en Kuala Lumpur (Malasia) es la primera vez que intenta hacerlo desde el extranjero. Siguió los trámites para rogar el voto esperanzada, pero “cuando hablé con gente que lleva viviendo aquí más tiempo, la mayoría temía que las papeletas no llegaran a tiempo, así que supongo que es algo que ha pasado en elecciones anteriores”, dice. En su caso, la documentación le llegó el 22, dos días después de las generales.

Marea Granate sigue recibiendo testimonios por correo electrónico de personas que han sufrido el mismo problema e incluso muchas lo hacen vía Twitter o Facebook. Como Eduardo Serrano, que vive en la ciudad colombiana de Medellín y se quejaba así en la red social de que sus papeletas habían llegado el 16 de enero.

Solo un 4,7% votó

Burguete, portavoz del colectivo, reprocha al Gobierno que “todavía no conocemos los datos oficiales de participación con respecto al ruego del voto”. Lo cierto es que no es fácil encontrar la cifra porque ni la Junta Electoral Central ni el Ministerio del Interior la han publicado desglosada. “Estamos muy atentos a la publicación y no entendemos el porqué de esta demora”, relata, “el viernes 29 de enero se publicó el escrutinio definitivo del BOE y ni rastro del voto exterior”.

El mecanismo de rogar el voto que introdujo la reforma electoral de 2011 dificulta el voto de emigrados, hasta el punto de que solo un 8% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) consiguió completar todos los pasos y solicitó el voto por correo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística fueron 151.000 los que lo hicieron. De ellos, unos 88.000 lograron finalmente votar, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que no son públicos.

Es decir, la cifra representa un 4,7% del total de inscritos en el censo. Muy lejos del 31,88% de españoles en el extranjero que votó en las generales de 2008, cuando todavía no se había reformado la Ley Electoral, en 2011, que introdujo el voto rogado. Además de los obstáculos que Marea Granate denuncia y que, en su opinión, desmovilizan el voto exterior, Burguete narra cómo al colectivo le siguen llegando quejas de diversa índole como documentación sin papeletas para el Senado, sobres de elecciones europeas de 2014 o documentación incompleta.

“Nos hace pensar que las cosas han tenido que hacerse en un tiempo récord o con recursos humanos limitadísimos”, analiza. Afirma que a los emigrados ya no les sorprende y que “una vez más, vemos cómo la administración regala al ciudadano una asimetría insultante: exigencias desorbitadas al elector por un lado y exigencias nulas a los responsables del correcto funcionamiento de la democracia por el otro”. Marea Granate ha decidido comenzar a trabajar con la plataforma de juristas DosMillonesDeVotos para informar a la Junta Electoral Central porque “las instituciones no están haciendo nada para averiguar qué ha pasado”.

ACTUALIZACIÓN | El Ministerio de Interior ha corregido el dato de participación extranjera referente a la provincia de Castellón. Con ello, el dato de participación global pasa del 5,2% al 4,7%, el número de votos de 99.000 a 88.000 y el número de personas que rogaron el voto y no votaron finalmente a 62.000

La Junta Electoral central ha decidido hoy ampliar el plazo para que los residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones del 20D. Ante los problemas para la recepción de voto por parte de esos electores, la Junta amplía el plazo, que concluía hoy, hasta el próximo domingo.

Los residente en el extranjero podrán acudir a los consulados de sus países de residencia hasta que se cierren las urnas en España a las 20.00 horas del domingo. La JEC ha admitido la solicitud del PSOE ante “los problemas significativos” para la recepción del voto.

La Junta pide al Ministerio de Exteriores que proporcione “la mayor difusión” de la ampliación del plazo a los residentes en el extranjero. Además, pide que cuando acabe el plazo de votación, los sobres sean enviados a Exteriores “por el procedimiento más rápido posible” para que las juntas provinciales procedan a su escrutinio el próximo miércoles 23 de diciembre.

Correos comunicó hace unos días a la Junta Electoral que se había cometido un error con los votos de los residentes en el extranjero. En lugar de enviarse al consulado de España en el país de origen de cada elector, se habían enviado al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La JEC ordenó entonces que con “la máxima urgencia posible” se subsanase el error y pidió un informe que recogiese la extensión del problema y las causas.

En solo once días el número de emigrados que votarán en las próximas elecciones gracias a que un abstencionista les cede su voto se ha multiplicado por siete. La plataforma habilitada por Marea Granate que pone en contacto a unos y otros no ha dejado de emparejar en los últimos días. El pasado 6 de diciembre la web de la campaña #RescataMiVoto había unido a 400 residentes en el extranjero con 400 personas que viven en España y que no van a acudir a las urnas el 20D. Ahora son 3.000 los abstencionistas que votarán por un emigrado. 

No obstante, la cifra todavía no se acerca a los más de 11.000 exiliados que esperan a que les donen el voto. Desde Marea Granate, el colectivo que aglutina a muchos de los emigrados que en los últimos años se han visto obligados a abandonar España en busca de oportunidades laborales, pronostican que durante los días que restan para los comicios el número de parejas se incremente todavía más. “La iniciativa se está conociendo cada vez más y ha tenido muy buena acogida”, sostienen.

Ana del Amo, que vive en Segovia, es una de las personas que donará su voto a un residente en el exterior porque, apunta, ningún partido le representa. Es la primera vez que se iba a abstener en unas elecciones pero, entre otras cosas, “mi actual situación de madre reciente me ha hecho ver que la respuesta política a las verdaderas necesidades de la crianza y la infancia es inexistente. A ojos de Ana la iniciativa es, además, ”una respuesta creativa y popular a las trabas impuestas desde las administraciones“.

Una herramienta de denuncia

Al lanzar la web el 26 de noviembre, apunta Pablo García, portavoz del colectivo, “el número de donantes aumentaba un poco lento porque en España no tuvimos gran difusión mediática”. Poco a poco, las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco de la idea, “la gente comenzó a enterarse y desde hace unos días no paramos de trabajar”, resume. Lo que sí tuvo tirón desde el principio es el número de emigrados inscritos en busca de voto, de hecho, “ya hoy sabemos que no llegaremos a tener suficientes donantes” porque son muchos más los que esperan que los abstencionistas, reconoce.

La cifra, más de 11.000 por el momento, arroja una idea de que existe un problema con el derecho a voto de las personas residentes en el extranjero desde la reforma de la Ley Electoral de 2011 (gobernaba el PSOE), que introdujo el voto rogado. Por eso, la campaña, que es un intento de formalizar lo que ya se venía haciendo de forma espontánea en elecciones anteriores a través de redes sociales, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, conseguir que el mayor número de emigrados posible ejerza su derecho a voto. 

“No es la solución, pero queremos intentar concienciar de que hay mucha gente que no tiene derecho a voto”, denuncia Pablo. Ese es el otro propósito de #RescataMiVoto, utilizar la iniciativa como herramienta de denuncia y “mostrar las vergüenzas del sistema electoral y de las trabas con las que nos encontramos”, sentencia Pablo, que insiste en que “la ley electoral no cumple con el propósito que en teoría tiene”.

Aunque la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación anuncie que los emigrados “pueden también ejercer su derecho a voto”, solo un 7,6% podrá hacerlo. 

Las trabas del voto exterior

De ellos, no es seguro que todos consigan finalmente participar en los comicios, pues una de las trabas que denuncian desde Marea Granate es la recepción de papeletas, que a veces no llegan en el plazo estipulado a pesar de haber cumplido con los requisitos de ruego de voto. A este se suman otros motivos como la desinformación, la lejanía de los consulados o la estrechez de plazos y horarios. 

Alba Prego es gallega y vive en Bristol (Reino Unido) desde hace algo más de cinco meses, pero lleva desde 2012 sin residir en España, y el 20D votará gracias a un abstencionista. 

Tras cumplir con los requisitos y efectuar los trámites de solicitud del voto, recibió una carta de la Delegación Provincial de Pontevedra “con la denegación del voto, bastante ridícula y carente de sentido, además de con fechas delirantes”, afirma. En ella le recomendaban efectuar una nueva solicitud a través del consulado hasta el 21 de noviembre, sin embargo, la carta está firmada el día 23 y ya queda fuera de plazo.

La norma del voto rogado se introdujo con la reforma aprobada en 2011 por el PSOE, apoyado por el PP, CiU y PNV. Pedro Sánchez aprovechó uno de los momentos del cara a cara con Mariano Rajoy del 14 de diciembre para hablar del tema. El candidato se comprometió a derogarlo y le preguntó al presidente del Gobierno si él haría lo mismo: “Sí, pero tenemos que entrar en los detalles”, sentenció.