Hubo una tiempo no muy lejano en que la Generalitat y el Parlament de Catalunya fueron de la mano de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del pseudosindicato Manos Limpias para pedir cárcel contra activistas. Fue el caso Aturem el Parlament, la protesta del 15-M contra los recortes sociales que consumaron el Govern de Artur Mas en virtud de su pacto con el PP en 2011 y de la que el pasado martes se cumplieron diez años. Las familias de los ocho condenados, que permanecen en libertad sin saber si tendrán que entrar en prisión, han vivido esta década con angustia, pero también con solidaridad y esperanza. A día de hoy siguen a la espera de saber si el Gobierno les concede el indulto que pidieron hace más de seis años.

Mercè Juan, madre de Olga, una de las condenadas, recuerda las largas jornadas de juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en un polígono inhóspito a las afueras de Madrid. “El espacio es deshumanizador, pero allí las familias nos ayudamos mútuamente aunque nuestros hijos venían de trayectorias políticas distintas: solo te puede entender el padre y la madre que está pasando lo mismo que tú”, rememora. “Diez años después estamos cansados, pero hemos aprendido mucho”, apostilla.

Se da la circunstancia que el inminente indulto a los presos del procés adelantará a la resolución sobre la medida de gracia de los condenados por la protesta en el Parlament pese a que su caso es anterior al del procés. A Mercè Juan no le preocupa que el indulto de su hija tarde más que el de los lideres independentistas. “No tenemos rencor, pero algunos presos del procés aplaudieron nuestra condena”, explica, al tiempo que contrasta los testimonios de los diputados de CiU con los del resto de formaciones políticas en el juicio contra su hija. “Los de Convergència dijeron que lo habían pasado fatal. A mi hija la condenaron por decirle 'no nos representas' a Santi Vila. El resto dijeron que eran gajes del oficio, y Ernest Maragall fue el que lo expresó mejor: contó que la protesta iba con el cargo”.

Descartando las acusaciones de Fiscalía, Generalitat, Parlament y Manos Limpias, la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados –salvo a uno, al que condenó por una falta de daños por pintar la chaqueta de la exconsellera Montserrat Tura– en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez –el mismo que redactó la absolución del major Josep Lluís Trapero– y que para muchos juristas es un manual de defensa del derecho de reunión y la libertad de expresión. La sentencia contó con el voto particular del magistrado Fernande Grande–Marlaska, actual ministro del Interior.

Sin oír de nuevo a los acusados –algo irregular según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó por ello a España en el caso Atutxa–, el Tribunal Supremo condenó posteriormente a ocho de los manifestantes a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. No hubo diputados heridos, y la votación que aprobó los recortes se acabó celebrando después de que los diputados entraran en la Cámara escortados por los Mossos o en helicóptero, como fue el caso de Artur Mas. Pero la Sala de lo Penal del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente su presidente, Manuel Marchena, consideró que los reproches contra los recortes que los acusados realizaron a los diputados, o el hecho de que durante unos segundos les impideran el paso eran acciones de “fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave” que castiga el delito contra las altas instituciones del Estado.

La hemeroteca permite comprobar que desde fuerzas independentistas que ahora censuran al Supremo por el procés se aplaudió la condena a los ocho activistas del 15-M. “La sentencia concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Catalunya que cree que aquello no podía quedar como si no hubiera pasado nada”, aseveró el entonces portavoz del Govern, el convergente Francesc Homs, posteriormente condenado por Marchena por el 9-N y que ahora forma parte del equipo de defensa de los presos del procés. Solo ICV-EUiA y la CUP criticaron abiertamente la sentencia. A medio camino se situó ERC. “No estamos de acuerdo en que los hechos queden impunes, pero la sentencia es desproporcionada”, expresó en 2015 el ahora president, Pere Aragonès.

“Fue un 'déjà vu'”

A Mercè Juan algunas decisiones del Supremo en el caso del procés ya le sonaban. “Cuando a los presos políticos se les decía que habían causado intimidación o violencia ambiental, fue un 'déjà vu'”. “La sentencia del Supremo muestra una visión muy reaccionaria de la gestión del espacio público, que aflora tanto con el 15-M como con el procés”, valora el letrado Benet Salellas, que ejerció una de las defensas del caso Aturem el Parlament y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

“Hay una continuidad en esta visión ideológica contraria al derecho funamental de reunión y a la jurisprudencia europea”, agrega Salellas, para quien el fallo del Supremo “convirtió el derecho a manifestación en algo folclórico, sin tener en cuenta al ciudadano que es débil a la hora de confrontar con el poder”. “El conflicto social debe expresarse de forma pacífica, pero debe ser conflicto”, apostilla. La sentencia de la que fue ponente Marchena contrastó con el voto particular del magistrado del Supremo Perfecto Andrés, quien en un mensaje a sus compañeros de Sala dejó escrito que el caso Aturem el Parlament tenía tales “connotaciones políticas” que difícilmente “podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

La defendida por Salellas fue la primera en acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo después de que el Constitucional no admitiera su recurso de amparo. Pero en una polémica decisión, el TEDH rechazó la demanda, pues a su juicio en su recurso al Constitucional no se precisó de forma suficiente la “importancia constitucional” del caso. Otros condenados siguen esperando que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su recurso de amparo. Las perspectivas no son buenas: hace unos días el magistrado Cándido Conde-Cumpido, partidario de estimar los recursos, cedió la ponencia a otro magistrado que recogiera la opinión mayoritaria del tribunal y avalara la condena del Supremo.

Una vez se emita la sentencia del Constitucional, podrán acudir a Estrasburgo. Y seguirán esperando el indulto. “Nosotros vamos haciendo, no nos podemos permitir pensar que entrarán en la cárcel porque si no te coartan la vida”, concluye Juan, que remacha: “El 'Ho tornarem a fer' ya lo llevaban en las camisetas nuestras hijas, y lo continuaremos diciendo muy orgullosos: los recortes aprobados ese día fueron una adversidad que todavía sufrimos”.

De acusar a reclamar el indulto. La Mesa del Parlament de Catalunya ha pedido este martes que se conceda el indulto a uno de los ocho condenados por un delito contra las instituciones del Estado por la protesta del 15-M en la Cámara catalana del 15 de junio de 2011. Durante la causa judicial, el Parlament siempre acusó a los después condenados e incluso recurrió su absolución en primera instancia.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados de la protesta alrededor del Parlament y condenó a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado. Los magistrados no contradijeron los hechos probados de la primera sentencia, pero consideraron que la Audiencia Nacional incurrió en un “patente error” al priorizar el derecho de protesta de los manifestantes al derecho de participación política de los diputados para asistir a la Cámara.

En su sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas, y revocó la absolución que había decretado la Audiencia Nacional en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez. La Cámara catalana, entonces presidida por Núria de Gispert (CiU) decidió recurrir la absolución de los absueltos en primera instancia con el apoyo de CiU, PSC, PP y C's. ICV-EUiA y la CUP se opusieron al recurso y ERC se abstuvo.

En la votación de este martes sobre la petición de indulto, JxCat, ERC y PSC se han posicionado a favor del indulto y Ciudadanos en contra. Fuentes parlamentarias han indicado que la Mesa ha considerado “desproporcionada” la condena impuesta por el Supremo y que por este motivo el Parlament ha decidido avalar la concesión del indulto, que depende del Ministerio de Justicia. Como acusación del caso al considerarse perjudicada, el Parlament debe contestar si avala o no la medida de gracia para todos los condenados.

En paralelo a las peticiones de indulto, todos los condenados recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional en 2016. El tribunal de garantías admitió los recursos de cinco condenados por el Supremo, que todavía están pendientes de resolución. En cambio, no admitió de entrada otros tres recursos, lo que dejó a estos tres condenados las puertas abiertas para llevar su caso a Estrasburgo. El tribunal europeo rechazó el mes pasado la demanda de la primera condenada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado por primera vez este jueves sobre las peticiones de amparo de los condenados por la protesta 'Aturem el Parlament'. La respuesta del tribunal con sede en Estrasburgo ha sido contraria a los intereses de los condenados. Los jueces europeos tumban la primera petición de amparo respecto a este caso, que generó una profunda polémica política y jurídica, al concluir que una de las condenadas no agotó la vía interna de recursos en España, algo indispensable para acudir a la instancia europea.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados de la protesta alrededor del Parlament y condenó a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado. Los magistrados no contradijeron los hechos probados de la primera sentencia, pero consideraron que la Audiencia Nacional incurrió en un “patente error” al priorizar el derecho de protesta de los manifestantes al derecho de participación política de los diputados para asistir a la Cámara.

En su sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas, y revocó la absolución que había decretado la Audiencia Nacional en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez.

Todos los condenados recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional en 2016. El tribunal de garantías admitió los recursos de cinco condenados por el Supremo, que todavía están pendientes de resolución. En cambio, no admitió de entrada otros tres recursos, lo que dejó a estos tres condenados las puertas abiertas para llevar su caso a Estrasburgo. El fallo de este miércoles es el primero de los recursos que se presentaron ante la Justicia europea.

El TEDH señala errores formales en el recurso realizado en España como la razón para desestimar la petición de amparo de la condenada. Los jueces europeos señalan que la condenada no justificó suficientemente “la importancia constitucional especial” de su apelación, uno de los requisitos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el tribunal de garantías estudie los recursos de amparo.

Para el TEDH este error formal equivale a no agotar las vías de recurso en el Estado y, por lo tanto, rechaza pronunciarse sobre el caso. La demandante, argumentan los magistrados europeos, “no alega que no pudo cumplir con las condiciones formales requeridas para la presentación de su recurso y se limitó a discutir los índices de admisibilidad de los recursos de amparo del Tribunal Constitucional sin otras explicaciones”.

En suma, el TEDH recuerda el requisito de agotar la vía interna para poder admitir una petición de amparo no solo implica presentar los recursos pertinentes ante los tribunales estatales, sino hacerlo correctamente tanto en cuanto a los “plazos, las formas y el fondo”. Esto es lo que no cumplió la condenada, a criterio del TEDH, al no precisar las razones de “importancia constitucional” en su recurso al Constitucional que valían la admisión de su recurso, y que en consecuencia le cierra las puertas de la Justicia europea.

El letrado de la demandante, Benet Salellas, ha lamentado la decisión del tribunal europeo. “No entrar en el fondo por parte del TEDH es dejar huérfanos los derechos fundamentales”, ha valorado Salellas, que ha mostrado su “decepción” por el fallo del tribunal. “Dejar la tutela de derechos fundamentales en si el Constitucional ha entrado o no en el fondo da un poder al Constitucional que vacía de funciones al TEDH”, ha agregado. A su vez, ha considerado el fallo del TEDH un “aviso a navegantes” para las futuras demandas sobre el procés.

“Existe un hilo a lo largo de la historia democrática mundial en relación al lema No pasarán”, ha asegurado este martes el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, durante la vista oral del juicio contra los 12 líderes independentistas. El letrado aludía al grito de la Guerra Civil porque la Fiscalía lo pone en boca de su defendido durante una de las manifestaciones por las que le acusan de rebelión.

Según ha explicado Salellas, esas mismas palabras aparecían en la camiseta de una miembro de las Pussy Riot durante una acción que fue condenada en Rusia pero que, posteriormente, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos consideró libertad de expresión.

Durante las algo más de seis horas de juicio, las defensas han aludido a una docena de casos, algunos de ellos internacionales pero otros incluso juzgados en esa misma sala, para reforzar sus argumentos. Del grupo de rock ruso Pussy Riot, al caso Atutxa, de la lucha de los kurdos en Turquía a las manifestaciones en Azerbayán, pero también la manifestación de Aturem el Parlament, en la que paradójicamente participaron como acusación algunos de los ahora acusados.

Estos han sido los casos más destacados citados por las defensas:

Rasul Jafarov contra Azerbaiyán

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) dictó en 2016 una sentencia según la que la detención del abogado y activista Rasul Jafarov violaba sus derechos. 148 presos fueron liberados en las siguientes horas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron que aún quedaban presos políticos en las cárceles de Azerbaiyán.

La represión contra las ONG, activistas sociales, políticos de la oposición y periodistas independientes venía intensificándose durante los años previos a la celebración de los Juegos Europeos, que se celebraron en la capital, Bakú, en 2015. “Azerbaiyán organiza los Juegos Europeos en un contexto de represión incesante y generalizada”, denunció Amnistía Internacional.

Aturem el Parlament

El 15 de junio de 2012, en plena acampada del 15M en Barcelona, el Parlament de Catalunya se reunión con el objetivo de aprobar unos presupuestos que recortaban de forma drástica el gasto en servicios públicos. Una manifestación con el lema de “paremos el Parlament” se concentró ante la Cámara legislativa. “Varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal”, aseguró la Fiscalía.

Por aquellos hechos fueron encausados 19 activistas, por delitos contra las altas instituciones del Estado. Ejercía la acusación, además de la fiscalía, el propio Parlament y el Govern de Artur Mas, del que formaban parte los ahora acusados Jordi Turull, Josep Rull y Santi Vila. Los manifestantes primero obtuvieron la absolución en la Audiencia Nacional pero, tras el recurso, la sala segunda en la que hoy se sientan los independentistas condenó a ocho de ellos. El caso ahora está pendiente de sentencia en Estrasburgo.

Caso Atutxa

El Tribunal Supremo condenó en 2008 al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a dos miembros de su mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, a una pena de inhabilitación y multa. Los tres diputados, del PNV, EB-IU y EA respectivamente, se habían negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, en el que se agruparon los diputados de Batasuna tras la ilegalización del partido. La sentencia, redactada por el mismo Manuel Marchena que ahora juzga a los independentistas catalanes, consideró que los tres vascos habían desobedecido una resolución judicial.

Los diputados tuvieron que esperar casi una década para que el tribunal de garantías de Estrasburgo les diera la razón y condenara a España por aquella sentencia, al considerar que el tribunal no fue “independiente e imparcial”. La abogada Olga Arderiu ha citado este precedente pues su defendida es Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y a la que también se le acusa de no haber hecho caso de las órdenes que le daba el Constitucional para que vetase ciertos debates parlamentarios.

El líder kurdo Demirtaş contra Turquía

“Demirtaş tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política”, ha citado el letrado Andreu Van den Eynde, que defiende a Oriol Junqueras y a Raül Romeva.

El hombre a quien se refería, Selahattin Demirtaş, es uno de los líderes del HDP (Partido Democrático de los Pueblos), con el que en el 2015 el movimiento independentista kurdo entró en la Asamblea turca superando la barrera histórica del 10% de los votos en el conjunto del país. En 2016, el secretario general del partido, y varios diputados y dirigentes fueron detenidos por cargos relacionados con el terrorismo. Gracias a ese encierro se le impidió hacer campaña en las elecciones presidenciales.

En noviembre de 2018 el TEDH dio la razón al líder kurdo y dictó su liberación, al considerar que, siendo un diputado, su detención preventiva es “una violación injustificada de su derecho a ejercer su mandato parlamentario”. Turquía no cumplió la sentencia de Estrasburgo, pero el caso de Demirtaş ha generado recientemente quebraderos de cabeza en el Constitucional español, al considerar que deben aplicar ahora esa doctrina a los presos independentistas. Los magistrados finalmente han preferido dejar esa resolución para después del juicio.

Pussy Riot

Las Pussy Riot son un colectivo ruso que realizan performances musicales. Han mostrado su oposición a la presidencia Vladímir Putin y han denunciado reiteradamente las violaciones a la libertad de expresión que se producen en su país. En febrero de 2012 fueron detenidas por una actuación en la catedral de Moscú, de la Iglesias Ortodoxa. Tres activistas fueron condenadas a dos años de prisión por aquella protesta, algo que acabó siendo revocado en el TEDH.

El tribunal de Estrasburgo consideró que el sistema judicial ruso les había dado un trato “degradante y excepcionalmente severo”, además de considerar que había violado su derecho a la libre expresión al prohibir la difusión del vídeoclip en el que recogieron su actuación en la catedral moscovita.

Falange, expulsada de la acusación contra Garzón

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial en febrero de 2012, por las prácticas “irregulares” y “arbitrarias” cometidas durante la investigación del caso Gürtel. La razón por la que el nombre del exjuez ha aparecido este martes en la sala donde se juzgan a los líderes independentistas no está relacionado con aquel caso sino con otro que se siguió contra él casi en paralelo, por haber investigado los crímenes del franquismo y por el que fue absuelto.

El ejemplo al que se ha agarrado el abogado de Cuixart ocurrió en 2010, cuando el magistrado Luciano Varela, instructor de la causa, expulsó de la acusación a Falange Española de las JONS. El juez lo hizo gracias a una interpretación restrictiva de los requisitos que deben cumplir los escritos de las acusaciones populares y que, por tanto, no tienen por qué estar estrictamente perjudicadas o relacionadas por los hechos enjuiciados. Lo mismo que hizo Varela con Falange es lo que ahora reclama el presidente de Òmnium Cultural para Vox, quien ha sido una de las partes más activas de la calma.

Quema de fotos del rey

También por boca de Benet Salellas, abogado de Cuixart, ha sido citado en la vista de este martes el caso de Jaume Roura y Enric Stern, dos activistas catalanes que fueron condenados en 2008 a 15 meses de prisión. Su delito, para la Audiencia Nacional, era el de injurias a la Corona. Pero el TEDH consideró en marzo de 2018 que quemar la foto del rey debe considerarse una acción de protesta que entra dentro de la libertad de expresión. Al parecer de la Gran Sala, una acción así es propia del debate político, siempre que no signifique una llamada a la violencia contra el criticado, en este caso el rey emérito Juan Carlos I.

Cuando está en juego la libertad de unos activistas, las gesticulaciones para marcar perfil propio o la autorreferencialidad autocomplaciente pueden acabar siendo un ejercicio de frivolidad política

La convulsa situación que vive el país hace que los plenos municipales se conviertan caja de resonancia de todo tipo de reivindicaciones y conflictos. Se producen, entonces, batallas dialécticas que después se trasladan a la red y a veces enlodan la política. En Barcelona, es lo que sucedió con una moción de la CUP-Capgirem sobre un juicio de cinco jóvenes acusados de alterar el orden público a raíz de una manifestación en favor de Can Vies.

Una de las cuestiones controvertidas del caso era la presencia de la Generalitat como acusación en un proceso donde se piden penas de hasta 3 años y 6 meses de prisión. En Barcelona, para evitar este tipo de situaciones, al inicio de mandato decidimos retirar las acusaciones municipales contra activistas. Se ponía fin al criterio, iniciado durante el gobierno de Hereu, de ejercer la acusación en todas y cada una de las causas abiertas por alteración del orden público. Lo explicaba, poco después, en un artículo. La medida generó cierta polémica pero, finalmente, el Gobierno de Junts pel Sí también la asumió parcialmente a raíz de su acuerdo con la CUP.

En el debate sobre la moción municipal expresamos nuestra indignación y solidaridad con los acusados. En lógica democrática, y en contextos de vulneración sistemática de derechos, acusaciones tan desproporcionadas claman al cielo. Son una prueba más del sesgo selectivo de la violencia punitiva. Mientras su dureza contra los excluidos y los activistas parece no tener fin, pocos delincuentes de cuello blanco pisan una comisaría o una prisión. Sin embargo, nos vimos obligados a abstenernos en la votación. La propuesta estaba planteada con unos términos inalcanzables, con incongruencias y peticiones que nos parecían absurdas. Un día antes de la votación fuimos al despacho de los concejales con la intención de llegar a un acuerdo. Queríamos hacer propuestas para mejorarla y poder ganar. Con una actitud muy arrogante, nos dijeron que no había nada que hablar. Casi no nos quisieron ni escuchar. Entendimos, entonces, que simplemente no querían aprobar el texto. Y, evidentemente, tampoco que lo votáramos. Aunque lo hubiéramos hecho, de todas formas, se habría perdido. El resto de grupos votó en contra y ERC también se abstuvo.

Lamentablemente, no es la primera vez que la CUP-Capgirem Barcelona gesticula de cara a la galería. En la Diputació de Barcelona, por ejemplo, presentó una petición en solidaridad por los condenados en la acción “Aturem el Parlament”. Su situación era angustiosa porque, en caso de no concederse el indulto, podrían ingresar en prisión. Sin embargo, no hicieron ninguna gestión para ganarla y se perdió. Otra moción presentada al consistorio por nosotros, por el contrario, sí se ganó. La denuncia del caso tenía, así, el eco mediático que se merecía. Y se exigía al Ministerio de Justicia que, en nombre de la ciudad de Barcelona, se evitara el encarcelamiento.

Cuando está en juego la libertad de unos activistas, las gesticulaciones para marcar perfil propio o la autorreferencialidad autocomplaciente pueden acabar siendo un ejercicio de frivolidad política. Uno de nuestros reproches a la moción del último pleno municipal era, precisamente, que parecía un simple acto de impotencia para después buscar rédito en las redes. Y, en efecto, es lo que sucedió poco después. Los tuits permiten reducir complejidad y crear relato a base de consignas que, pese a ser sesgadas, son difíciles de desmontar sólo con más tuits. En la era digital, se produce una degradación del estatus de la verdad. Ante la desinformación, por ello, hay que rendir cuentas como estamos haciendo ahora.

La primera duda que teníamos sobre la moción era que sólo aparecían dos de los cinco acusados. Los que, precisamente, pertenecen a la Izquierda Independentista. Que Alerta Solidària, organización antirepresiva cercana a la CUP, actúe en defensa sólo de los represaliados o activistas independentistas es legítimo. Sin embargo, una institución pública no puede ponerse a su servicio y desentenderse del resto. ¿Los otros tres jóvenes acusados por los mismos hechos no se merecen nuestra solidaridad? ¿O es que los activistas que no son de la Izquierda Independentista deben tener otro trato? Cuando no están claras estas cuestiones, existe un riesgo de colgar etiquetas de activistas de primera y de segunda.

Otro elemento que nos distanciaba de la moción era la petición de la concejala ponente. Pidió al Pleno que “declarara la absolución de los acusados”. No hace falta ser un experto en derecho para advertir que un ayuntamiento no puede dictar sentencias. Tampoco un tribunal puede aprobar mociones de solidaridad. La concejala, después, replicó que estos argumentos eran meros tecnicismos legales. No es eso. Lo que está en juego es el sistema de equilibrios y contrapesos propio de cualquier democracia. Este es un punto de discrepancia recurrente con la CUP-Capgirem BCN. Una asociación, un grupo de ciudadanos o, incluso, un partido político pueden exigir absoluciones a la justicia. Se hace a menudo y está bien que se haga. Los representantes del poder legislativo o ejecutivo, en cambio, no. A título personal quizás sí, pero no en nombre de las instituciones. Si se hace, los jueces pueden pedir amparo al Consejo del Poder Judicial por vulneración del principio de independencia judicial vinculado a la separación de poderes.

Uno de los primeros filósofos a teorizar la necesidad de dividir el poder para evitar sus abusos fue, precisamente Montesquieu. De él surgió la formulación de la independencia judicial vinculada a la separación de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Quien imparte justicia no puede obedecer órdenes, pero tampoco recibir presiones o interpelaciones de los otros poderes. En los regímenes totalitarios, en cambio, los tres poderes se concentran en uno. En la práctica, la división de poderes en España deja mucho que desear. Los altos tribunales parecen actuar a menudo al dictado de los políticos.

Un ejemplo claro fue, precisamente, la condena del Supremo por la acción “Aturem el Parlament”. Cuanto más altas son las instancias judiciales, más capacidad de influencia tienen las políticas. Lo explicaba aquí, donde denunciaba un entramado judicial levantado sobre los cimientos del franquismo y aún demasiado vinculado a sus inercias autoritarias. Desde esta perspectiva, resulta comprensible que sus resoluciones sean objeto de todo tipo de críticas. También desde los otros poderes del Estado. Al Pleno municipal, por ejemplo, se han aprobado mociones duras con la persecución judicial contra los cargos electos en el marco del proceso soberanista. O con las condenas por delitos de opinión. También resulta legítimo, por la misma razón, interpelar a quien ejerce la acusación. En Barcelona, la última ocasión fue en solidaridad con Verónica y Eliseo, y con tres vecinas que se concentraron en la puerta para evitar su desalojo el año 2011. El Gobierno de Junts pel Sí pedía penas de hasta 5 años de cárcel. Nuestra proposición fue aprobada y, finalmente, la Generalitat reconsideró su posición.

Cuando esto sucede, desde partidos como el PP o C's se sale en tromba a exigir respeto por la justicia. Un error simétrico, pero en sentido contrario, al de la bancada anticapitalista. Mientras unos desprecian la existencia del propio principio de independencia judicial, los otros lo convierten en una garantía de impunidad, o privilegio corporativo del cuerpo, para blindarse del escrutinio público. Quien normalmente exige respeto a la justicia, no se aplica la misma contención cuando actúa en contra sus intereses. Buen ejemplo de este doble rasero son, de nuevo, las reacciones de buena parte de la clase política ante la absolución de la Audiencia Nacional a los acusados por la acción “Aturem el Parlament”, como explicaba aquí.

En cierta cultura política del comunismo, en cambio, ha existido a menudo un menosprecio a la idea de la separación de poderes o, incluso, al propio Derecho y los derechos. Detrás de esta actitud, suele existir una confianza con el advenimiento de un poder “bueno” cuando haya sido conquistado y ejercido en nombre de los oprimidos. Lo cierto, sin embargo, es que difícilmente puede existir poder “bueno” y “poder malo” en función de quien la ejerza. Todo poder es intrínsecamente perverso. Y entregado a su lógica, tiende a acumularse y volverse despótico. La desconfianza con un poder que se autolimita a sí mismo, de forma espontánea, forma parte de la tradición libertaria. Y esta desconfianza, precisamente, también está presente en las admoniciones de Montesquieu sobre el poder absoluto.

Última parada judicial de 'Aturem el Parlament'. La protesta que va confrontar al moviment 15-M amb els diputats del Parlament que el 2011 van aprovar el primer paquet de retallades socials dels governs d'Artur Mas ha arribat a Europa. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit la demanda de dos dels vuit condemnats pel Tribunal Suprem.

De les diverses demandes que havia plantejat a la justícia europea la defensa dels dos condemnats, que exerceix el despatx Boye-Elbal, el TEDH ha acceptat la de vulneració del dret a un judici just. L'anomenat Tribunal d'Estrasburg ha d'examinar la demanda, després que el Constitucional rebutgés admetre a tràmit el recurs d'empara que va presentar la defensa dels dos manifestants contra la condemna imposada pel Suprem.

La defensa dels dos condemnats ha exposat que la sentència condemnatòria del Suprem, que va anul·lar l'absolució que va dictar l'Audiència Nacional, vulnera la jurisprudència espanyola, ja que, segons la tesi de la defensa, no es pot condemnar durant la fase d'apel·lació (com va fer el Suprem) sense noves i sense escoltar els acusats. Segons informa l'agència Efe, el Govern espanyol té fins el 17 de gener per respondre la demanda plantejada pels dos condemnats.

El Suprem va anul·lar el març de 2015 la sentència de l'Audiència Nacional sobre la protesta al Parlament i va condemnar a vuit acusats a 3 anys de presó per un delicte contra les institucions de l'Estat. La resolució va incloure un vot particular del magistrat Perfecto Andrés, favorable a mantenir l'absolució. Amb tot, l'alt tribunal va revocar directament la sentència de l'Audiència Nacional en comptes d'ordenar que es repetís el judici.

El Suprem també es va oposar el desembre passat a concedir l'indult als condemnats perquè van considerar que no hi havia “raons de justícia, equitat i utilitat pública” per concedir-lo. Van assenyalar que els condemnats “van comprometre” una de les manifestacions de la sobirania popular, en aquest cas en el ple del Parlament de Catalunya que, tot i la manifestació, va acabar aprovant els pressupostos que retallar la despesa social un 10%.

Última parada judicial de 'Aturem el Parlament'. La protesta que confrontó al movimiento 15-M con los diputados del Parlament que en 2011 aprobaron el primer paquete de recortes sociales de los gobiernos de Artur Mas ha llegado a Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda de dos de los ocho condenados por el Tribunal Supremo.

De las varias demandas que había planteado a la justicia europea la defensa de los dos condenados, que ejerce el despacho Boye-Elbal, el TEDH ha aceptado la de vulneración del derecho a un juicio justo. El denominado Tribunal de Estrasburgo examinará la demanda, después de que el Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso de amparo que presentó la defensa de los dos manifestantes contra la condena impuesta por el Supremo.

La defensa de los dos condenados ha expuesto que la sentencia condenatoria del Supremo, que anuló la absolución que dictó la Audiencia Nacional, vulnera la jurisprudencia española, ya que, según la tesis de la defensa, no se puede condenar durante la fase de apelación (como hizo el Supremo) sin pruebas nuevas y sin escuchar a los acusados. Según informa la agencia Efe, el Gobierno tiene hasta el 17 de enero para responder a la demanda planteada por los dos condenados.

El Supremo anuló en marzo de 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cerco al Parlament y condenó a ocho acusados a 3 años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. La resolución incluyó un voto particular del magistrado Perfecto Andrés, favorable a mantener la absolución. Con todo, el alto tribunal revocó directamente la sentencia de la Audiencia Nacional en vez de ordenar que se repitiera el juicio.

El Supremo también se opuso el pasado diciembre a conceder el indulto a los condenados porque consideraron que no había “razones de justicia, equidad y utilidad pública” para concederlo. Señalaron que los condenados “comprometieron” una de las manifestaciones de la soberanía popular, en este caso en el pleno del Parlamento de Catalunya que, a pesar de la manifestación, acabó aprobando los presupuestos que recortar el gasto social un 10%.

Dur a la tintoreria La Modelo la teva gavardina preferida tacada d'esprai, una taca difícil com poques, i que el regent de l'establiment vulgui cobrar per això 3 anys de presó. Aquesta situació absurda és el punt de partida de la campanya La gavardina de la Montse, un crowdfunding que busca recaptar 420 per netejar la peça que els manifestants van embrutar a l'exdiputada del PSC Montserrat Tura a 2011, durant la manifestació Aturem el Parlament en què moviments vinculats al 15-M van envoltar el Parlament de Catalunya per protestar contra les retallades que s'anaven a posar en marxa.

Més enllà dels 420 euros per netejar la gavardina, la campanya pretén posar l'accent en la situació dels condemnats a 3 anys de presó per aquells fets, ocorreguts ara fa 5 anys. La primera sentència de l'Audiència Nacional va absoldre als encausats, però les acusacions, Parlament i Generalitat a més de la fiscalia, van interposar un recurs davant del Tribunal Suprem, que finalment va dictar condemnes de 3 anys contra 8 persones, mentre que en va absoldre 11.

En la sentència el Suprem argumenta que les 8 persones acusades van exercir “violència i intimidació” contra els diputats, i que van tenir intenció d'“impedir el normal desenvolupament de les seves respectives funcions representatives”. Els magistrats de l'Alt Tribunal consideren que aquests fets van impedir el dret fonamental de la representació política i van atacar “els valors superiors de l'ordre democràtic”, unes consideracions contràries a les dictades un any abans per l'Audiència Nacional, que va considerar que la protesta del 15 de juny de 2015 al Parlament podia considerar-se part de l'exercici del dret a la manifestació.

La sentència condemna a les 8 persones per accions com seguir a un diputat corejant lemes contra les retallades, posar-se davant d'un altre amb els braços en creu, desplegar una pancarta mentre es demanava no deixar passar als representants o pintar una aspa amb un esprai al la gavardina de Tura. “Descrita l'acció imputada, la Sala no pot veure en aquest seguiment amb els braços en alt, alhora que es criden les consignes de la manifestació, un simple ostentació gestual”, assegura la sentència del Suprem, que considera que en aquesta acció hi ha un delicte ja que “l'acusada sap, perquè forma part del grup dels cent manifestants als quals es refereix el fet provat, que està assetjant a un representant ciutadà democràticament elegit per exercir les seves tasques en l'òrgan legislatiu”.

Des de llavors diversos organismes, entre ells l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, han mostrat la seva sorpresa i rebuig frontal a aquesta condemna. El paper de les institucions catalanes, Parlament i Generalitat, també ha estat font de crítiques per part col·lectius antirrepresió i formacions polítiques, per la seva actuació en haver-se personat com a actuació en la causa, primer, i per haver presentat recurs quan es va dictar la primera sentència absolutòria.

La campanya La gavardina de la Montse tira d'humor per donar a conèixer aquests fets i denunciar que és la primera vegada a Espanya “que es condemna a una persona per fets col·lectius i no pel que ha fet individualment”, com es desprèn de la sentència. A més, denuncien que les 20 detencions d'activistes es van produir de forma irregular, ja que durant la protesta no hi va haver identificacions, i que “en el judici va quedar patent l'existència d'arxius il·legals de totes les detingudes”, elaborats per la policia.

La mateixa Tura ha respost a la campanya aquest dimecres des del seu compte de twitter, recordant que en el judici no va reclamar indemnització per la seva gavardina i que la xifra de 420 és la valoració que va fer dels danys produïts.

Des de la campanya es recorda que aquests 420 euros són “l'únic dany material” produït durant les protestes. “L'ingrés a la presó de les vuit persones condemnades suposaria l'ús del sistema penal per desactivar la protesta i suposa una amenaça per drets com el de manifestació i el de llibertat d'expressió”, asseguren des de la campanya, que, en to de broma, reclamen un euro per poder pagar la tintoreria de la gavardina i commutar la presó. De fet, la primera sentència de l'Audiència Nacional ja va posar un preu als fets de la gavardina: quatre dies de localització per al condemnat per pintar-la. Sens dubte, molt més assequible que les tarifes de la tintoreria La Modelo.

Llevar a la tintorería La Modelo tu gabardina preferida manchada de espray, una mancha difícil como pocas, y que el regente del establecimiento quiera cobrar por ello 3 años de prisión. Esta situación absurda es el punto de partida de la campaña La gabardina de la Montse, un crowdfunding que busca recaudar 420 para limpiar la prenda que los manifestantes ensuciaron a la exdiputada del PSC Montserrat Tura en 2011, durante la manifestación Aturem el Parlament en la que movimientos vinculados al 15-M rodearon el Parlament de Catalunya para protestar contra los recortes que se iban a acometer.

Más allá de los 420 euros para limpiar la gabardina, la campaña pretende poner el acento en la situación de los condenados a 3 años de prisión por aquellos hechos, ocurridos hace ahora 5 años. La primera sentencia de la Audiencia Nacional absolvió a los encausados, pero las acusaciones, Parlament y Generalitat además de la fiscalía, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo, que finalmente dictó condenas de 3 años contra 8 personas, mientras que absolvió a 11.

En la sentencia el Supremo argumenta que las 8 personas acusadas ejercieron “violencia e intimidación” contra los diputados, y que tuvieron intención de “impedir el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas”. Los magistrados del Alto Tribunal consideran que estos hechos impidieron el derecho fundamental de la representación política y atacaron “los valores superiores del orden democrático”, unas consideraciones contrarias a las dictadas un año antes por la Audiencia Nacional, que consideró que la protesta del 15 de junio de 2015 en el Parlament podía considerarse parte del ejercicio del derecho a la manifestación.

La sentencia condena a las 8 personas por acciones como seguir a un diputado coreando lemas contra los recortes, ponerse delante de otro con los brazos en cruz, desplegar una pancarta mientras se pedía no dejar pasar a los representantes o pintar un aspa con un spray en la gabardina de Tura. “Descrita la acción imputada, la Sala no puede ver en ese seguimiento con los brazos en alto, al tiempo que se gritan las consignas de la manifestación, un simple alarde gestual”, asegura la sentencia del Supremo, que considera que en esa acción hay un delito ya que “la acusada sabe, porque forma parte del grupo de los cien manifestantes a los que se refiere el hecho probado, que está acosando a un representante ciudadano democráticamente elegido para desempeñar sus tareas en el órgano legislativo”.

Desde entonces diversos organismos, entre ellos el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, han mostrado su sorpresa y rechazo frontal a esta condena. El papel de las instituciones catalanas, Parlament y Generalitat, también ha sido fuente de críticas por parte colectivos antirrepresión y formaciones políticas, por su actuación al haberse personado como actuación en la causa, primero, y por haber recurrido cuando se dictó la primera sentencia absolutoria.

La campaña La gabardina de la Montse tira de humor para dar a conocer estos hechos y denunciar que es la primera vez en España “que se condena a una persona por hechos colectivos y no por lo que ha hecho individualmente”, como se desprende de la sentencia. Además, denuncian que las 20 detenciones de activistas se produjeron de forma irregular, ya que durante la protesta no hubo identificaciones, y que “en el juicio quedó patente la existencia de archivos ilegales de todas las detenidas”, elaborados por la policía.

La propia Tura ha respondido a la campaña este miércoles desde su cuenta de twitter, recordando que en el juicio no reclamó indemnización por su gabardina y que la cifra de 420 es la valoración que hizo de los daños producidos.

Desde la campaña se recuerda que esos 420 euros son “el único daño material” producido durante las protestas. “El ingreso en prisión de las ocho personas condenadas supondría el uso del sistema penal para desactivar la protesta y supone una amenaza para derechos como el de manifestación y el de libertad de expresión”, aseguran desde la campaña, que, en tono de broma, reclaman un euro para poder pagar la tintorería de la gabardina y conmutar la prisión. De hecho, la primera sentencia de la Audiencia Nacional ya puso un precio a los hechos de la gabardina: cuatro días de localización para el condenado por pintarla. Sin duda, mucho más asequible que las tarifas de la tintorería La Modelo.

Los 8 condenados a tres años de prisión por hechos de 'Aturem el Parlament', la manifestación que rodeó el Parlament catalán en junio de 2011 para protestar contra los recortes sociales, tienen desde este viernes un nuevo aliado: el Ajuntament de Barcelona. El consistorio de la capital catalana ha aprobado, gracias a los votos favorables de Bcomú, ERC y la CUP y la abstención del PSC, una declaración que reclama el indulto de los condenados que así lo piden.

La propuesta, impulsada por el tercer teniente de Alcaldía, Jaume Asens, y pactada con la CUP, muestra la “preocupación” por unas condenas que consideran “severas y desproporcionadas”. Además insta al Parlament, institución personadas en la causa y que interpuso recursos contra la primera absolución, a “suscribir la declaración” para evitar que los condenados entren en prisión.

Asens ha defendido que las condenas son un “peligroso precedente” puesto que criminalizan el derecho a la manifestación e impone penas ejemplarizantes a unos acusados contra los que los propios magistrados reconocen que no hay pruebas inculpatorias. Del mismo modo, la CUP ha considerado que las sentencias por los hechos del Parlament son exponentes del “derecho penal del enemigo”, buscando castigar la disidencia política “pretendiendo atemorizar a la población con la posibilidad de ir a prisión” por protestar.

Por parte de ERC el regidor Jordi Coronas ha dejado constancia que los hechos sucedidos el 15 de junio de 2011 alrededor del Parlament le parecen “rechazables y condenables”, pero apoyan la declaración presentada ya que consideran las penas desproporcionadas y que responden a un castigo colectivo. “Una sentencia de prisión sin pruebas concluyentes tiene una intención ejemplificante”, ha asegurado. El PSC ha optado por la abstención al considerar también que las penas son desproporcionadas.

CiU, PP y C's han vuelto a votar en bloque contra la propuesta de apoyo a los acusados. El portavoz de CiU, Joaquim Forn, ha considerado que los hechos fueron muy graves y antidemocráticos, mientras que los portavoces de Ciutadans y PP, Carina Mejías y Alberto Fernández, han coincidido en señalar la propuesta como una “injerencia” que no respeta la separación de poderes.

Barcelona en Comú presentará en el pleno de este viernes en el Ajuntament de Barcelona una proposición para reclamar el indulto para los condenados por los incidentes de la acción Aturem el Parlament e instar a Govern y Parlament, que se personaron en la acusación contra ellos, para que realicen las acciones necesarias para que los 8 jóvenes no entren en prisión.

El texto expresa además la preocupación del ayuntamiento por lo que considera unas penas “severas y desproporcionadas” de 3 años que, recuerdan, se imponen cuando los magistrados reconocen que no está probado que los condenados participasen en ninguna agresión física a los diputados.

La declaración, impulsada por el tercer teniente de Alcaldía, Jaume Asens, ha sido pactada con la CUP, grupo que durante la última semana ha presentado mociones de apoyo a los condenados de Aturem en Parlament tanto en el Consell del área metropolitana como en la Diputación, sin que ninguna de las dos prosperase, la primera por no ser admitida y la segunda por falta de apoyo de los grupos. Este viernes se espera que ERC acabe apoyando la propuesta en el pleno de la ciudad, dando votos favorables tras haber presentado dos enmiendas de carácter técnico, según explicaron fuentes del grupo municipal.

Para que el pleno municipal acabe haciendo suya la declaración institucional serán necesarios más apoyos además de los de BComú, ERC y la CUP, o bien contar con las abstenciones de CiU o PSC. Sin embargo ninguno de los dos grupos municipales había definido su posición a última hora del jueves.

Los condenados por los hechos de Aturem el Parlament, una manifestación que rodeó el Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011 para protestar contra los recortes sociales que se acometerían en el pleno de ese día, fueron absueltos en primera instancia por la Audiencia Nacional al entender que los acusados “ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputarse ningún acto que pudiera significar un exceso o abuso”. Sin embargo, tras los recursos de la fiscalía, la Generalitat y el Parlament, el supremo revocó la absolución de 8 de los acusados y les condena a 3 años de prisión.

La declaración presentada por BComú considera que la sentencia “los condena por su presencia activa en el lugar de los hechos”, ya que reconoce que no está probado que participasen en ningún acto violento, por lo cual “la agresión protagonizada por un grupo sería, así, atribuible también al resto”. “Con ello, los cientos de manifestantes que se encontraban allí podrían haber cometido el mismo delito contra las instituciones del Estado atribuido a los ahora condenados”, prosigue la declaración.

Además recuerda el voto particular emitido por el magistrado Perfecto Andrés, quien consideró: “Agitar los brazos o gritar no puede suponer en ningún caso fuerza, violencia, intimidación ni amenaza grave. Tampoco el simple hecho de participar en la concentración”. El magistrado que se opuso a la condena aseguró en su voto particular que “en el derecho penal, el principio de responsabilidad individual está reñido con los castigos colectivos”.

Barcelona en Comú presentarà al ple d'aquest divendres a l'Ajuntament de Barcelona una proposició per reclamar l'indult per als condemnats pels incidents de l'acció Aturem el Parlament i instar a Govern i Parlament, que es van presentar a l'acusació contra ells, per que realitzin les accions necessàries perquè els 8 joves no entrin a la presó.

El text expressa a més la preocupació de l'Ajuntament pel que considera unes penes “severes i desproporcionades” de 3 anys que, recorden, s'imposen quan els magistrats reconeixen que no està provat que els condemnats participessin en cap agressió física als diputats.

La declaració, impulsada pel tercer tinent d'Alcaldia, Jaume Asens, ha estat pactada amb la CUP, grup que durant l'última setmana ha presentat mocions de suport als condemnats d'Aturem en Parlament tant al Consell de l'àrea metropolitana com a la Diputació, tot i que cap de les dues va prosperar, la primera per no ser admesa i la segona per falta de suport dels grups. Aquest divendres s'espera que ERC acabi donant suport a la proposta al ple de la ciutat, donant vots favorables després d'haver presentat dues esmenes de caràcter “tècnic”, segons han explicat fonts del grup municipal.

Perquè el ple municipal acabi fent seva la declaració institucional seran necessaris més suports a més dels de BComú, ERC i la CUP, o bé comptar amb les abstencions de CiU o PSC. No obstant això cap dels dos grups municipals havia definit la seva posició a última hora de dijous.

Els condemnats pels fets d'Aturem el Parlament, una manifestació que va envoltar el Parlament de Catalunya el 15 de juny de 2011 per a protestar contra les retallades socials que es van aprovar en el ple d'aquest dia, van ser absolts en primera instància per l'Audiència Nacional en entendre que els acusats “van exercir el dret fonamental de manifestació, sense que pugui imputar cap acte que pogués significar un excés o abús”. No obstant això, després dels recursos de la fiscalia, la Generalitat i al Parlament, el Tribunal Suprem va revocar l'absolució de 8 dels acusats i els condemna a 3 anys de presó.

La declaració presentada per BComú considera que la sentència “els condemna per la seva presència activa en el lloc dels fets”, ja que reconeix que no està provat que participessin en cap acte violent, per la qual cosa “l'agressió protagonitzada per un grup seria, així, atribuïble també a la resta”. “Amb això, els centenars de manifestants que es trobaven allà podrien haver comès el mateix delicte contra les institucions de l'Estat atribuït als ara condemnats”, prossegueix la declaració.

A més recorda el vot particular emès pel magistrat Perfecto Andrés, que va considerar: “Agitar els braços o cridar no pot suposar en cap cas força, violència, intimidació ni amenaça greu. Tampoc el simple fet de participar en la concentració”. El magistrat que es va oposar a la condemna va assegurar en el seu vot particular que “en el dret penal, el principi de responsabilitat individual està renyit amb els càstigs col·lectius”.

El Tribunal Supremo da un nuevo golpe a los condenados por participar en la protesta Aturem el Parlament que en 2011 rodeó el parque de la Ciutadella para protestar contra el primer paquete de recortes de CiU en el marco de las movilizaciones del 15-M. El tribunal ya revocó la absolución de la Audiencia Nacional a ocho acusados, por considerar, en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía, la Generalitat de Catalunya y el Parlament, que la audiencia tenía que poner el derecho de representación política por encima del de manifestación. Este jueves el Supremo ha vuelto a responder con dureza a los activistas con un informe contrario a su petición de indulto.

Los magistrados que condenaron las ocho personas absueltas por la Audiencia Nacional se oponen al indulto porque consideran que no hay “razones de justicia, equidad y utilidad pública” para concederlo. Señalan que los condenados “comprometieron” una de las manifestaciones de la soberanía popular, en este caso en el pleno del Parlamento de Catalunya que, a pesar de la manifestación, acabó aprobando los presupuestos que recortar el gasto social un 10%.

“Los hechos objeto de condena afectaron el ejercicio pacífico de las funciones legislativas”, sostiene el informe, que añade que las acciones de los condenados “implicaron un ataque a un pilar de nuestra estructura democrática [el Parlament]” y “vulneraron principios y valores esenciales” del ordenamiento constitucional “. Asimismo, los magistrados recuerdan el argumento de la Fiscalía para oponerse al indulto: la ”gravedad“ del delito cometido y el ”gran impacto mediático nacional e internacional“ de los hechos.

En cambio Laia Serra, una de las abogadas de los condenados, considera que “la democracia pasa por un poder ciudadano crítico y activo que participe en todos los niveles”. La abogada señala que tienen pareceres discordantes con el tribunal, ya que defiende que “no hay democracia sin control ciudadano de los estamentos de poder”, y asegura que todos los organismos internacionales dan la razón a esta postura.

Serra explica que el procedimiento de indulto requiere, aparte del juicio del juez, la opinión de la Fiscalía, la de las partes -la acusación está formada por Fiscalía, Generalitat y Parlament- y en este caso se ha pedido también un posicionamiento personal de cada uno de los imputados. La abogada cree que habrá una decisión sobre el indulto en los próximos meses. “Sabíamos que era una solución temporal para evitar un ingreso inminente a prisión”, declara.

La sentencia de la Audiencia Nacional, revocada por el Supremo, consideraba que “cuando las vías de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controladas por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacer -se oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta ya la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo”.

Informe discrepante

El magistrado Perfecto Andrés ha emitido un informe discrepante con el criterio de los otros cuatro jueces del Supremo en el que defiende que sí se debe indultar a los condenados. El magistrado considera que los condenados no realizaron los actos de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave recogidos en el artículo 498 del Código Penal por el que fueron condenaron.

Además, Andrés razona que las conductas por las que se juzgó los condenados están destipificadas y recuerda los diferentes indultos y reducciones de pena de los que se han beneficiado policías condenados por torturas. “No han sido pocas las ocasiones -algunas, además, recientes y particularmente cridaneres- en que funcionarios policiales responsables de odiosos delitos de tortura se han beneficiado de generosas condonaciones de pena”, concluye su informe.

El Tribunal Suprem dóna un nou cop als condemnats per participar a la protesta Aturem el Parlament que el 2011 va envoltar el parc de la Ciutadella per protestar contra el primer paquet de retallades de CiU en el marc de les mobilitzacions del 15-M. El tribunal ja va revocar l'absolució de l'Audiència Nacional a vuit acusats, per considerar, en resposta a un recurs presentat per la Fiscalia, la Generalitat de Catalunya i el Parlament, que l'audiència havia de posar el dret de representació política per sobre del de manifestació. Aquest dijous el Suprem ha tornat a respondre amb duresa als activistes amb un informe contrari a la seva petició d'indult.

Els magistrats que van condemnar les vuit persones absoltes per l'Audiència Nacional s'oposen a l'indult perquè consideren que no hi ha “raons de justícia, equitat i utilitat pública” per concedir-lo. Assenyalen que els condemnats “van comprometre” una de les manifestacions de la sobirania popular, en aquest cas al ple del Parlament de Catalunya que, tot i la manifestació, va acabar aprovant els pressupostos que van retallar la despesa social un 10%.

“Els fets objecte de condemna van afectar a l'exercici pacífic de les funcions legislatives”, sosté l'informe, que afegeix que les accions dels condemnats “van implicar un atac a un pilar de la nostra estructura democràtica [al Parlament]” i “vulnerar principis i valors essencials ”de l'ordenament constitucional“. Així mateix, els magistrats recorden l'argument de la Fiscalia per oposar-se a l'indult: la ”gravetat“ del delicte comès i el ”gran impacte mediàtic nacional i internacional“ dels fets.

En canvi Laia Serra, una de les advocades dels condemnats, considera que “la democràcia passa per un poder ciutadà crític i actiu que participi a tots els nivells”. L'advocada remarca que tenen parers discordants amb el tribunal, ja que defensa que “no hi ha democràcia sense control ciutadà dels estaments de poder”, i assegura que tots els organismes internacionals donen la raó a aquesta postura.

Serra explica que el procediment d'indult requereix, a part del parer del jutge, l'opinió de la Fiscalia, la de les parts –l'acusació està formada per Fiscalia, Generalitat i Parlament– i en aquest cas s'ha demanat també un posicionament personal de cadascun dels imputats. L'advocada creu que hi haurà una decisió sobre l'indult en els propers mesos. “Sabíem que era una solució temporal per evitar un ingrés imminent a presó”, declara.

La sentència de l'Audiència Nacional, revocada pel Suprem, considerava que “quan les vies d'expressió i d'accés a l'espai públic es troben controlades per mitjans de comunicació privats, quan sectors de la societat tenen una gran dificultat per fer-se sentir o per intervenir en el debat polític i social, resulta obligat admetre cert excés en l'exercici de les llibertats d'expressió o manifestació si es vol dotar d'un mínim d'eficàcia a la protesta i a la crítica, com a mecanismes d'imprescindible contrapès en una democràcia que se sustenta sobre el pluralisme”.

Informe discrepant

El magistrat Perfecto Andrés ha emès un informe discrepant amb el criteri dels altres quatre jutges del Suprem en què defensa que sí que s'ha d'indultar els condemnats. El magistrat considera que els condemnats no van realitzar els actes de força, violència, intimidació o amenaça greu recollits a l'article 498 del Codi Penal pel qual els van condemnar.

A més, Andrés raona que les conductes per les quals es va jutjar els condemnats estan destipificades i recorda els diferents indults i reduccions de pena dels que s'han beneficiat policies condemnats per tortures. “No han estat poques les ocasions –algunes, a més, recents i particularment cridaneres– en què funcionaris policials responsables d'odiosos delictes de tortura s'han beneficiat de generoses condonacions de pena”, conclou el seu informe.

La Audiencia Nacional ha acordado suspender el ingreso en prisión de los condenados por el Tribunal Supremo por la convocatoria Aturem el Parlament de 2011, que rodeó la sede parlamentaria para protestar contra los primeros recortes del gobierno de Artur Mas. La sala ha acordado aplazar el ingreso en prisión a la espera de que se resuelva la petición de indulto de los condenados.

Después de un largo proceso judicial, la Audiencia Nacional dictó la absolución de 19 acusados, pero el Tribunal Supremo consideró que la Audiencia incurrió en un “patente error” al no jerarquizar el derecho constitucional de participación política –en este caso, la asistencia de los diputados a la cámara– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes. Por este motivo revocó la absolución a ocho de los acusados, ahora condenados a tres años de prisión.

El alto tribunal tiene en cuenta para dictar la suspensión que el voto particular a la sentencia instaba al indulto parcial para reducir la pena y que no se vieran obligados a ingresar en prisión. Los condenados optaron, sin embargo, por pedir un indulto total para no hacer diferencias entre ellos.

Reivincidació de la protesta

“Queremos aclarar que pedir un indulto no implica arrepentirse de los hechos sucedidos ese día. Además hemos decidido no alegar causas personales que harían distinciones entre compañeras por el grado de normativización de las vidas propias”, apuntaba en un comunicado el pasado mes de mayo el grupo de apoyo.

Lejos de arrepentirse, reivindican la acción en la que participaron el 15 de junio de 2011: “A pesar de que consiguieron aprobar los recortes presupuestarios más importantes que se han hecho nunca en Catalunya, nosotros seguimos reivindicando la acción de protesta ante el sistema político actual y sus recortes injustos, violentos y con graves implicaciones para nuestras vidas”. Del mismo modo, en ese comunicado también mostraban el apoyo a las personas encausadas por el desalojo de Can Vies, por las operaciones Piñata y Pandora o por la participación en huelgas generales.

L'Audiència Nacional ha acordat suspendre l'ingrés a presó dels condemnats pel Tribunal Suprem per la convocatòria Aturem el Parlament de 2011, que va rodejar la seu parlamentària per protestar contra les primeres retallades del govern d'Artur Mas. La sala ha acordat ajornar l'ingrés a presó a l'espera que es resolgui la petició d'indult dels condemnats.

Després d'un llarg procés judicial, l'Audiència Nacional va dictar l'absolució de 19 acusats, però el Tribunal Suprem va considerar que l'Audiència va incórrer en un “patent error” en no jerarquitzar el dret constitucional de participació política -en aquest cas l'assistència dels diputats a la cambra- sobre el dret a la protesta dels manifestants. Per aquest motiu va revocar l'absolució a vuit dels acusats, ara condemnats a tres anys de presó.

L'alt tribunal té en compte per dictar la suspensió que el vot particular a la sentència instava a l'indult parcial per tal de reduir la pena i que no es veiessin obligats a ingressar a presó. Els condemnats van optar, però, per demanar un indult total per no fer diferències entre ells.

Reivindicació de la protesta

“Volem aclarir que demanar un indult no implica penedir-se dels fets succeïts aquell dia. A més hem decidit no al·legar causes personals que farien distincions entre companyes pel grau de normativització de les vides pròpies”, apuntava en un comunicat el passat mes de maig el grup de suport.

Lluny de penedir-se, reivindiquen l'acció en què van participar el 15 de juny del 2011: “Malgrat que aconseguiren aprovar les retallades pressupostàries més importants que s’han fet mai a Catalunya, nosaltres seguim reivindicant l’acció de protesta davant el sistema polític actual i les seves retallades injustes, violentes i amb greus implicacions per les nostres vides”. De la mateixa manera, en aquell comunicat també mostraven el suport a les persones encausades pel desallotjament de Can Vies, les operacions Pinyata i Pandora o la participació en vagues generals.

Dos de las personas condenadas a tres años de prisión por haber participado en la manifestación 'Aturem el Parlament', el 15 de junio de 2011, deberían entrar en prisión hoy ya que se cumple el plazo de 10 días para hacerlo desde que recibieron la orden judicial correspondiente. Miembros de 'Familiares en defensa de las personas encausadas del Parlamento' se han encadenado este mediodía en la plaza de Sant Jaume, con dos pancartas en las que se leía “El gobierno de la Generalidad encarcela a nuestros hijos e hijas. ¡No nos haréis callar!” y “A prisión tres años por protestar”. “Estoy aquí por ellas, por mi hija”, ha dicho una de las madres encadenadas. Su hija debería entrar en prisión hoy, pero no ha desvelado aún si lo hará o no.

Este proceso judicial ha sido rocambolesco. La Audiencia Nacional exculpó a los primeros encausados, una veintena, amparándose en la libertat de expresión de los 2.500 participantes en aquel acto, convocado para protestar contra los recortes presupuestarios que tenía previsto aprobar el Parlamento de Cataluña aquel 15 de junio de 2011. Posteriormente, el Tribunal Supremo cambió la sentencia y condenó a 8 de los asistentes a tres años de cárcel, acusados de levantar las manos ante diputados, darles voces o, en un caso, pintar una cruz en la gabardina de la diputada Montse Tura. 

Los mozos de escuadra han permitido que el acto durase unos 30 minutos y después han cortado las cadenas con las que se habían atado dos madres de condenadas a dos farolas en el acceso del Palacio de la Generalidad. Los mossos han anotado los números de los documentos de identidad de estas madres y les han anunciado que las multarán. No han aceptado que otras personas también les facilitaran sus números del DNI como acto de solidaridad. Y poco después les han devuelto las cadenas.

El proceso de comunicación de las órdenes de ingreso en prisión es desigual. Así, mientras que a dos de las personas condenadas les cumplía el plazo hoy, a otras cuatro no les cumple hasta dentro de dos días. Hay dos, además, que aún no han recibido la notificación. Los familiares de los condenados presentes en el acto interpretan este trato desigual como un afán de intentar romper la actitud unitaria de respuesta que ha existido hasta ahora.

Los asistentes al acto de hoy confiaban en que la petición de indulto que han hecho los ocho condenados evite su ingreso en prisión, aunque no ha habido ninguna decisión judicial en este sentido, todavía. Además, se lamentaban de que TV3 haya suspendido una participación suya en el programa Els Matins, con pocas horas de antelación, esta misma mañana.

Dues de les persones condemnades a tres anys de presó per haver participat a la manifestació ‘Aturem el Parlament’, el 15 de juny de 2011, haurien d’entrar a la presó avui ja que es compleix el termini de 10 dies per fer-ho des de que van rebre l’ordre judicial corresponent. Membres de ‘Familiars en defensa de les persones encausades del Parlament’ s’han encadenat aquest migdia a la plaça de Sant Jaume,amb dues pancartes en les quals es llegia “El govern de la Generalitat empresona els nostres fills i filles. No ens fareu callar!” i “A presó tres anys per protestar”. “Estic aquí per elles, per la meva filla”, ha dit una de les mares encadenades. La seva filla hauria d’entrar a presó avui, però no ha desvetllat encara si ho farà o no.

Aquest procés ha estat força rocambolesc. L'Audiència Nacional va exculpar els primers encausats, emparant-se en la llibertat d'expressió dels 2.500 participants en aquell acte, convocat per protestar contra les retallades que havia d'aprovar el Parlament de Catalunya aquell 15 de juny de 2011. Posteriorment, el Tribunal Suprem va canviar la sentència i va condemnar 8 dels assistents a tres anys de presó, acusats d'aixecar les mans davant de diputats, escridassar-los o, en un cas, pintar una creu en la gavardina de la diputada Montse Tura. 

Els mossos d’esquadra han permès que l’acte durés uns 30 minuts i després han tallat les cadenes amb què s’havien lligat dues mares de condemnades a dos fanals a l’accés del Palau de la Generalitat. Els mossos han anotat els números dels documents d’identitat d’aquestes mares i els han anunciat que les multaran. No han acceptat que d’altres persones també els facilitessin els seus números del DNI com a acte de solidaritat. I poc després els han tornat les cadenes.

El procés de comunicació de les ordres d’ingrés a presó és desigual. Així, mentre que a dues de les persones condemnades els complia el termini avui, a d’altres quatre no els compleix fins d’aquí a dos dies. N’hi ha dues, a més, que encara no han rebut la notificació. Els familiars dels condemnats presents a l’acte interpreten aquest tracte desigual com un afany d’intentar trencar l’actitud unitària de resposta que ha existit fins ara.

Els assistents a l’acte confien que la petició d’indult que han fet els vuit condemnats aturi el seu ingrés a presó, tot i que no hi ha hagut cap decisió judicial en aquest sentit, encara. A més, es lamentaven que TV3 havia suspès una participació seva al programa ‘Els Matins’, amb poques hores d’antelació, aquest mateix matí.

“La força de totes, la seva llibertat”. Aquest és lema central de la manifestació que s’ha fet aquest dijous al vespre a Barcelona per donar suport a les vuit persones condemnades a tres anys de presó per participar a la concentració ‘Aturem el Parlament’, el 15 de juny de 2011. Els centenars de persones que han participat a la manifestació han recorregut la ciutat des de la plaça Universitat fins la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia i després d’aturar-se breument davant la Delegació del Govern espanyol al carrer Mallorca.

Els manifestants han estat seguits en tot moment per una desena de furgonetes dels mossos d’esquadra i el desplegament policial ha estat notable tant a l’entorn de la Delegació del Govern com davant la seu de Convergència Democràtica de Catalunya, aprop del lloc on ha acabat l’acció. Els crits de ‘Jo també estava al Parlament! I ho tornaria a fer!’ han estat els més freqüents durant la caminada, en la qual hi ha participat algunes de les persones condemnades a presó i els familiars que en demanen la seva absolució.

Pel matí, Eduardo Cáliz, membre de l’equip d’advocats que defensa els condemnats, ha explicat que s’ha presentat un ‘incident de denúncia’ al Tribunal Suprem perquè s’aturi el seu ingrés a la presó. Els advocats han rebut la notificació de l’Audiència Nacional que comunica aquesta ordre però els vuit condemnats encara no l’han rebut.

“La sentència demostra la separació tan fina o inexistent que hi ha entre la classe política i el poder judicial. Té un clar component polític a més de venjatiu”, s’ha dit al final de la manifestació. I també s’ha fet una crida a lluitar contra la passivitat o la submissió contra decisions judicials com aquesta: “La lluita al carrer ha fet possible aturar milers de desnonaments, crear una forta consciència de lluita per l’educació i la sanitat pública i, fins i tot, vèncer el poder, amb casos com Gamonal o Can Vies. Aquest és el camí que creiem que hem d’emprendre per aturar l’entrada a presó, no només de les vuit companyes, sinó de totes les persones que avui s’enfronten a casos repressius per lluitar”.

A més de en la lluita al carrer, tant els condemnats com els seus familiars, confien també en que l’Audiència Nacional aturi els ingressos a presó mentre el Tribunal Suprem no respon el ‘incident de nul·litat’ presentat pels advocats. Si aquesta via fracassa, els defensors ja han anunciat que recorreran al Tribunal Constitucional i al Tribunal de Drets Humans d’Estrasbourg.

Los abogados que defienden a las ocho personas condenadas a tres años de privación de libertad por su participación en la manifestación 'Aturem el Parlament' del 15 de junio de 2011, han presentado un incidente de nulidad' del proceso en el Tribunal Supremo para tratar de evitar su ingreso en prisión. Eduardo Cáliz, uno de esos abogados, ha explicado los fundamentos de este recurso en una rueda de prensa celebrada a las puertas del Parlamento y en compañía de representantes de los Padres y Familiares de los condenados y de la Red de Familiares de las víctimas de represión .

Cáliz ha basado en tres motivos el recurso. Considera que se vulnera el derecho a la defensa de sus clientes, ya que en la última sentencia del Tribunal Supremo se condena a prisión a ocho personas a las que no se ha escuchado en esta nueva fase del proceso, contrariamente a lo que es norma, según las instancias judiciales europeas. Considera también que se vulnera el derecho de reunión y de libertad de expresión. “Es una locura y un despropósito condenar a tres años de prisión conductas como levantar las manos, gritar consignas o manchar una gabardina”, ha dicho. Finalmente, ha aducido como razón para justificar el recurso que la sentencia del Tribunal Supremo vulnera el derecho a la proporcionalidad.

El abogado entiende que se pretende adelantar la aplicación de la 'Ley mordaza' que endurece las sanciones que se pueden aplicar para las protestas y manifestaciones, y que no entra en vigor hasta el próximo 1 de julio. Cáliz ha dicho que la condena a prisión no se ha determinado “en función de lo que han hecho sino en función de lo que son: jóvenes contestatarios, disidentes, opositores del sistema político del 78”.

Los familiares de los condenados han leído un comunicado en el que han reiterado sentirse orgullosos de ellos. “Les condenan por estar en contra de los recortes sociales y por luchar por una vida digna”, han dicho. “Estamos bloqueados; no nos lo podemos creer ”, ha explicado la madre de un condenado, que ha citado Montesquieu:“ Una injusticia contra un individuo es una injusticia contra toda la sociedad ”.

Estos familiares han animado a la ciudadanía a acompañarlos en la manifestación convocada para las siete de la tarde en la plaza Universidad de Barcelona para oponerse a los ingresos a prisión. Los afectados tendrán diez días para hacerlo cuando reciban la notificación correspondiente. Esta mañana sólo había llegado a sus abogados. Si la reciben, el ‘incidente de nulidad' no detiene la obligación de ingresar en prisión si no lo dice, explícitamente, la Audiencia Nacional.