En el año 2017, la Plataforma vecinal 'Mi barrio sin amianto' elaboró un mapa sobre la presencia de asbesto en el toledano barrio del polígono. En este lugar los vecinos llevaban años denunciando la presencia de este material contaminante y prohibido desde hace ya más de 20 años por sus efectos sobre la salud pública relacionados con al cáncer. Entonces se hablaba de al menos 13 focos en el barrio más poblado de la ciudad.

El Ayuntamiento de Toledo se comprometió a realizar su propio mapa del amianto en la actual legislatura, para toda la ciudad. El objetivo es conocer “con detalle” qué edificios, tanto públicos como privados contienen este tipo de material, más allá de los vertederos sellados en el barrio del Polígono, y así planificar su retirada.

Este compromiso, adquirido por el alcalde, Carlos Velázquez, en el Congreso Nacional de Amianto celebrado en Toledo el año pasado, ha visto ahora la luz con la publicación de un mapa del amianto en el municipio. Resulta que hay, al menos 1.083 emplazamientos con amianto en la ciudad, según el estudio elaborado por una empresa especializada

El censo se puede consultar en la página web que se enlaza a través de un mapa o un listado que incluye la referencia catastral de los edificios que aún mantienen este tipo de material, cuyo uso se prohibió totalmente a finales de 2002. En la página se pueden notificar también otras localizaciones que no estén recogidas. 

Este mapa es producto de un trabajo científico que utilizó tecnología de teledetección, una herramienta que ha permitido localizar con detalle la presencia de amianto en instalaciones a lo largo de toda la ciudad.

Contar con estos datos en mano es crucial, ya que permitirá a la administración planificar y actuar para conseguir la retirada de este material. Además, el mapa servirá para que los propietarios particulares conozcan la situación en sus inmuebles y puedan tomar medidas.

¿Quién y cómo debe retirar el material?

El Gobierno municipal dice haber iniciado ya las tareas de retirada del material. Un ejemplo de esta acción se llevó a cabo durante la intervención en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la Escuela Central de Educación Física.

El alcalde defiende que su gobierno ha demostrado su voluntad de control ambiental estricto al intervenir en obras de riesgo. Recuerda que los vecinos alertaron y mostraron su preocupación ante la demolición de las obras del cuartel de la Guardia Civil. Ante esta alerta, el Ayuntamiento tuvo que instar a la paralización de la demolición al detectar riesgo medioambiental.

La obra, que estaba siendo realizada por el Ministerio del Interior, solo se permitió reanudar cuando se pusieron en marcha todas las medidas y protocolos de seguridad requeridos.

A modo de dato tranquilizador, se informa que en este 2025 se han realizado dos mediciones anuales en el municipio, cuyos resultados se mantienen “dentro de los parámetros establecidos”, aunque la pregunta en el aire es quién debe retirar el material en los edificios privados afectados o cómo hacerlo.

Los vecinos llevan décadas pidiendo respuestas

La iniciativa y sensibilización en torno a este problema en la ciudad han sido impulsadas fundamentalmente por la Asociación de Vecinos del Tajo -así como la Plataforma 'Mi barrio sin amianto', cuyos miembros llevan varias décadas pidiendo respuestas y soluciones a las administraciones para los vertidos que había en el barrio del Polígono, que en buena medida fueron sellados.

Cabe recordar que la extinta empresa Ibertubo depositó alrededor de 90 mil toneladas de este componente del fibrocemento en distintos puntos del Polígono de Toledo. En el Congreso celebrado el año pasado se puso de manifiesto que Toledo registra 35 casos de mesotelioma, una de las patologías asociadas al contacto con este mineral, prohibido desde hace más dos décadas.

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano ha asegurado este domingo que el Ayuntamiento de Toledo está trabajando en un mapa sobre el amianto en la ciudad, algo que no se hizo, asegura, durante la etapa de Gobierno del PSOE. El presupuesto de 2025 contempla una partida presupuestaria de 40.000 euros para este fin.

“Nosotros no nos vamos a limitar a exigir a otras administraciones lo que tienen que hacer, tratamos de cumplir con lo que es nuestra obligación y nuestras competencias para dar ejemplo”, ha asegurado. Una vez recopilados todos los datos, se trabajará en una planificación para ir retirando el amianto progresivamente porque, dice, “la solución pasa por la retirada y su tratamiento como lo que es, un residuo peligroso”.

Es lo mismo, hasta con las mismas palabras, que prometió el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en noviembre de 2024. Dijo que en los presupuestos del año 2025 se incluiría una partida para realizar un mapa del amianto en la ciudad, con detalle de los edificios, tanto públicos como privados que contengan amianto, no solo en el barrio de Santa María de Benquerencia, también en el resto de la ciudad.

Lo cierto es que ya existe un germen de ese 'mapa del amianto'. Data de 2017. Lo dio a conocer la Asociación de Vecinos 'El Tajo'. Más de 90.000 toneladas acumuladas en el barrio del Polígono -Santa María de Benquerencia-, sin contar con lo que pueda haber en edificios públicos o privados.  En ese mapa también se incluyeron los datos recogidos por la empresa pública EMGRISA en un informe encargado por el Ayuntamiento de Toledo. Ahora habrá que ver cómo se incorporan o se actualizan esos datos en el nuevo mapa que ha comprometido el actual gobierno local de Toledo de PP y Vox.

Días atrás, el Grupo Municipal Socialista había denunciado lo que calificó de “abandono absoluto”y “desprecio sistemático” hacia el barrio del Polígono de la ciudad por parte del alcalde Carlos Velázquez.  

“El barrio del Polígono es el más grande de la ciudad y no puede ser un barrio olvidado de la gestión política municipal. El alcalde no sólo no da la cara, sino que no soluciona ninguno de los problemas que tiene el barrio. Ni el amianto, ni la reposición del arbolado, ni el arreglo de las calles, ni los atascos, entre otras cosas, son temas prioritarios para el alcalde, quien prefiere perder el tiempo en teleféricos, viajes y favores a sus amigos, que en mejorar la vida de los habitantes del Polígono”, afirmó Ana Abellán, viceportavoz socialista.

 Uno de los aspectos “más graves”, según los socialistas, es “la falta total de información sobre las mediciones del aire y la presencia de fibras por amianto en el barrio”.

Este es un caballo de batalla que los vecinos y vecinas de este populoso barrio de la ciudad llevan décadas denunciando. Dice el Grupo Municipal Socialista que “de las tres mediciones anuales previstas, el Ayuntamiento no ha hecho públicas ni una sola desde hace más de dos años, y el concejal Rubén Lozano ni siquiera pudo confirmar cuántas se han realizado”.

En su opinión, “esta falta de transparencia se agrava tras la DANA de 2023, que destapó restos de fibrocemento en zonas como el arroyo Ramabujas, que siguen hoy al aire libre y sin intervención”.

 “¿Dónde están los informes? ¿Qué esconden? ¿Cuánto tiempo más van a mirar hacia otro lado mientras los restos contaminantes siguen en espacios públicos?”, ha cuestionado Abellán, exigiendo que se publiquen todos los datos y se actúe con responsabilidad ante un problema de salud pública.

Desde el equipo de Gobierno han respondido al PSOE: “No hicieron nada en ocho años para solucionar este asunto y ahora quieren dar lecciones que no se aplicaban ellos mismos, lo que demuestra su total falta de responsabilidad e hipocresía”.

El convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y el INSS

 En abril de 2022 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha firmaron un convenio para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados por patologías derivadas de la utilización laboral del amianto, un material prohibido en España desde 2002.

Ambas partes se comprometieron a poner en marcha un grupo de trabajo con miembros tanto del INSS como de la Consejería de Sanidad, donde además se solicitaría la colaboración de expertos en la materia. Nada se ha sabido de esta cuestión, al menos no de forma pública.

Toledo registró 35 casos de mesotelioma, el cáncer asociado al amianto, desde el año 2000. Fueron algunos de los datos que se difundieron durante el Congreso Estatal sobre el Amianto celebrado en Toledo a finales del año pasado.

“El amianto mata de forma silenciosa” y eso en Toledo se ha traducido en 35 casos de mesotelioma, el cáncer asociado al amianto, desde el año 2000, dos años antes del cierre de la empresa Ibertubo, dedicada a la fabricación de materiales de construcción que en su actividad diaria manejaba grandes cantidades de amianto.

Estas afirmaciones forman parte de las principales conclusiones del Congreso Estatal sobre el Amianto que se ha celebrado este fin de semana en Toledo y a las que ha tenido acceso elDiarioclm.es. Un encuentro nacional para visibilizar que las fibras del asbesto siguen siendo un problema de salud pública en España, y en particular en la ciudad de Toledo, donde se calcula que hay unas 90.000 toneladas de este material enterrado en el barrio del Polígono desde hace décadas.

“Las instituciones nos han vendido que los retiraban, pero en realidad, lo único que han hecho ha sido taparlo, con los consiguientes problemas que esto ha generado”, apunta otra de las conclusiones del congreso en el que se abordaron los problemas derivados del minera. “El mesotelioma es el cáncer específico producido por el amianto”, apuntan los organizadores, la Asociación de Vecinos 'El Tajo', que durante una rueda de prensa este lunes han recordado que existen otros tipos de cáncer como los de pulmón, esófago, esófago, pleural, incluso colorrectal y de ovarios “que también pueden ser causados por la exposición al amianto”. Lo ponían de manifiesto diversos profesionales sanitarios durante el congreso.

Una historia clínica en la que conste la exposición al amianto

Tras la celebración el encuentro se ha reclamado la necesidad de que la historia clínica haga constar la exposición al amianto y que esté “conectada” en toda España. Y es que, en opinión de los organizadores, “el amianto ha pasado de ser una enfermedad laboral a un problema de salud nacional”. En este aspecto auguran, y es otra de las conclusiones, que debido a la prevalencia del amianto “en los próximos años se incrementará notablemente el número de enfermos provocados por la exposición al amianto”.

Pese a las victorias en los juzgados con casos de personas afectadas por el asbesto, “todavía queda mucha lucha”. Sostienen que este es “un problema de clases sociales” y abogan por “una ley que de verdad se cumpla y no como la de 2022”. El objetivo final es que el amianto haya desaparecido en 2032, más allá de que la prohibición para usarlo lleve ya vigente 20 años. “La mejor forma de prevenir las enfermedades relacionadas con la exposición a la amianto es amianto cero”, han dejado claro.

“Hay que estudiar cómo afecta a la población”

Durante el congreso se ha puesto sobre la mesa que el amianto no solo es un problema para quienes trabajaron expuestos al material. Otra de las conclusiones pasa por una reivindicación. Creen que hay que estudiar cómo afectan a la población en general las partículas de amianto que persisten en aquellos lugares donde todavía existe el material.

“El amianto tiene un periodo de latencia largo de 10, 20 e incluso 50 años, por lo que en los próximos años veremos incrementarse las enfermedades derivadas de este en un 50%”, concluyen.

A pesar de que ya hace más de 20 años que se prohibió en España la fabricación y uso del amianto, la problemática relacionada con los residuos de este material por todo el territorio nacional, y en concreto en Toledo, sigue vigente. Es por ello que la Asociación de Vecinos 'El Tajo' de la capital castellanomanchega recogió el guante y ha organizado este año el Congreso Nacional sobre el Amianto, con una serie de ponentes, que expusieron la necesidad de respuestas y soluciones a los riesgos para la salud que entrañan las fibras del asbesto.

Gema Ruiz Azaña, coordinadora de la asociación vecinal toledana que en 2025 cumple 50 años, ha recordado durante la inauguración que el problema del amianto no solo es de Toledo, por la cantidad de residuos acumulados, sino que se trata de una problemática nacional. Pero también advirtió, aprovechando la presencia del alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que es su “obligación” exigir a la Junta de Comunidades un plan para solucionar el problema de los residuos y lamentó que nadie del Gobierno regional quisiese asistir a la cita. “Estáis obligados a hacer la petición”, aseveró.

Por su parte, Velázquez anunció que se incorporará una cuantía económica “importante” en los presupuestos de 2025 para realizar el mapa del amianto en la capital y aseguró que aunque no es de su competencia, sí es su “deber”. El edil aseguró que “no queremos limitarnos a exigir a otras administraciones” la retirada de los restos, sino que cumplirán “su obligación” como administración local. “Este mapa no lo va a hacer nadie por nosotros. Es nuestro deber”, recalcó.

“Todas las formas de amianto” son cancerígenas

En la primera mesa del congreso, el doctor Antonio Agudo, médico especializado en medicina preventiva y salud pública, resaltó que “todas las formas de amianto” son cancerígenas para los seres humanos y son la “única” causa del mesotelioma, un cáncer de pulmón que afecta a la pleura, capa que recubre los pulmones. “No tiene otra causa aparte del amianto”, aseveró Agudo.

El especialista también advirtió de que el número de mesoteliomas que se detectará en los próximos años crecerá en un “50%”. “Desde hace tiempo que dejó de ser un problema laboral. Ahora es un problema de salud pública, al alcance de todos”.

La neumóloga Carmen Diego, jefa de sección del Hospital Universitario Central de Asturias, recordó que hace ya cien años en la literatura médica se advertía de los peligros del asbesto en los trabajadores que lo manipulaban. “Ya en los años 60' se advierte de que el amianto produce cáncer pleural”, resaltó la experta, que hizo referencia a casos del siglo pasado en Reino Unido.

“El mesotelioma es un cáncer que no existiría si no hubiera amianto”

“El mesotelioma es un cáncer que no existiría si no hubiera amianto”, asevera Juan Ruiz Martín, patólogo del Hospital Universitario de Toledo y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), uno de los expertos que han participado en el encuentro.

Desde el año 2000 se han detectado un total de 35 casos de mesotelioma en Toledo. “Es un cáncer que no tiene cura. Te mata en un período de entre uno y dos años”, expone sobre esta enfermedad que no solo ha afectado directamente a trabajadores de Ibertubo, la extinta empresa que depositó alrededor de 90 mil toneladas de este componente de fibrocemento en distintos puntos del barrio del toledano del Polígono.

“Entendemos que el problema del amianto tiene una base científica, sanitaria y social muy importante. Todas esas patas del problema tienen que ser abordadas por igual”, expone Ruiz Martín en declaraciones previas a la celebración de un evento que cuenta con “profesionales de primera nivel” y con el que quieren “ofrecer un enfoque con el que el ciudadano sea capaz de entender que tiene un problema a las puertas de su casa”.

El patólogo y profesor universitario señala que la afección del amianto en trabajadores de Ibertubo está “muy bien estudiada”, pero “lo que no se sabe tanto es cómo afecta a la población en general, ni a las parejas, familiares o vecinos de los trabajadores”. “Gracias a trabajos desarrollados por el doctor Josep Tarrés -quien también está presente en la mesa sanitaria del Congreso- sabemos que hay una afectación ambiental y que causa distintos tipos de cánceres”.

El amianto en el cuerpo humano también es un residuo

En la mesa técnica del congreso ha intervenido también el ingeniero industrial y sociólogo, Miguel Ángel Figueroa, recientemente doctorado por la Universidad de La Laguna con su trabajo ‘Cultura de seguridad y salud en el trabajo y riesgo de exposición a amianto’. “El amianto en el cuerpo de una persona también es un residuo”, explica el experto, quien resalta que esta situación no es un accidente de trabajo, sino una “enfermedad profesional asociada al residuo”. 

“El amianto tiene un periodo de latencia largo de 10, 20 o incluso 40 años”, señala Figueroa, y puede afectar a trabajadores, las personas con las que conviven y también las personas vecinas de los lugares en los que se ha instalado el residuo. 

Por ejemplo, apunta a los residuos de la fábrica de Uralita en Cerdanyola, que fue condenada a pagar 3,5 millones de euros a vecinos por la exposición a este material. La exposición, describe, puede provocar una serie de enfermedades, desde cáncer de laringe hasta fibrosis pulmonar. 

Figueroa incide especialmente en el tratamiento de los residuos que deja el trabajo con el amianto y explica situaciones en los que la limpieza de edificios con restos de amianto se ha hecho “a lo bestia”, sin tomar las precauciones necesarias, como en el caso de un inmueble en Arona, en 2016, una situación que ha estudiado él mismo. 

El sociólogo también ha aplicado el tratamiento de los residuos de amianto a la teoría de la Sociedad del Riesgo, de Ulrich Beck, en la que se habla “fundamentalmente” sobre la distribución de la riqueza que se ha creado gracias al desarrollo industrial. “Se trata de un reparto inversamente proporcional de los riesgos, que afecta más a los trabajadores”, afirma. 

“En España existe un hándicap, ya que no es uno de los países más desarrollados de Europa, llegó tarde al desarrollo industrial y también ha llegado tarde a analizar los riesgos del amianto”, explica y recuerda que fue recién a finales del año 2001 cuando se prohibió su utilización y fabricación. 

Debido a esta tardanza todavía hay “mucho amianto instalado” y por eso hay que quitarlo “como Dios manda”, asevera. “Y claro, este es el problema ahora, quitarlo”, destaca. Figueroa recuerda que existe un dictamen que sitúa el año 2032 como límite para retirar todo el amianto del continente. “Está a la vuelta de la esquina”.

José Lorenzo Zuñiga fue uno de los asistentes al Congreso Nacional del Amianto, celebrado este sábado 16 de noviembre en Toledo y cuyas primeras conclusiones se conocerán este lunes. No es la primera vez que va a un congreso de este tipo, pero aclara que ha venido al toledano porque disfruta de la ciudad. “Si hubiese sido en Bilbao, a lo mejor no iba”, bromea. Ha venido con su mujer y su hija.

Zuñiga es miembro desde 2019 de Ananar, la asociación navarra de víctimas del amianto. Las consecuencias que tuvo en su salud la exposición al asbesto le obligaron a jubilarse a los 51 años. ¿Dónde trabajaba? En una fábrica de galletas, que primero era familiar y luego pasó a ser multinacional.

“Me puse malo y me fui al médico. Me dijeron vete a tu médico de cabecera”. Y así empezó todo. Pero no son solo los problemas de salud que le aquejan los que le han preocupado. “He estado años sin decir nada. No te atreves, piensas que te vas a morir. Yo pensaba que me iba a morir al día siguiente de jubilarme”, reflexiona sentado en el Congreso. De fondo, la mesa específica de personal sanitario, en la que el doctor Antonio Agudo sentenciaba: “Todas las formas de amianto son cancerígenas”.

Zuñiga ha sido siempre un hombre de monte. Cazador. “Siempre he andado mucho. Quince, veinte kilómetros, cualquier día”, recuerda. Pero un día ya no. Un día ya no pudo seguir el ritmo a sus compañeros con los que salió de montería. Y otro día se cayó y tuvo que ir al hospital, donde le hicieron unas placas. Y de ahí al médico de cabecera, y después al especialista.

“Ahí empezó todo”. Hace 20 años, recuerda José Lorenzo, no había tantos medios como ahora. El asbesto que le hizo enfermar era el que rodeaba los grandes hornos de la fábrica de galletas, y se utilizaba para impedir que saliese el calor de los mismos. Cuando el material se deformaba por las altas temperaturas, lo tenían que sacar. “Lo sacábamos a sacos, y luego esos sacos los tirábamos”, recuerda.

Su pulmón izquierdo está tan afectado por la asbestosis que es “como que casi no tuviera”. Cuando llegó el momento de su diagnóstico, recuerda, solo pensaba que se iba a morir. “Ves las placas y ves el pulmón y... Es lo que piensas. Que te vas a morir”, recuerda.

Una vez más, el amianto depositado en diversas parcelas de la zona del conocido como barrio del Polígono de Toledo vuelve a la palestra socio-política. Esta vez tiene que ver con los estragos provocados por la DANA en la ciudad durante los primeros días de septiembre. Las fuertes lluvias desenterraron parte de los restos sellados en algunos tramos del cauce del arroyo Ramabujas, en esta zona de la capital castellanomanchega.

Desde que se cerrase a principios de los años 2000 la planta Ibertubo, que fabricaba piezas con fibra de amianto- la presencia de restos de este material esparcidos en distintas parcelas de este barrio toledano, procedentes o no de la fábrica, preocupa. Es el lugar más poblado de la ciudad, en el que hoy se encuentra el hospital regional de referencia. En 2017 se hablaba de 90.000 toneladas. La denuncia social provocó la intervención de varias administraciones como la Junta de Castilla-La Mancha o la Confederación Hidrográfica del Tajo, para sellar los vertidos. Pero esa actuación nunca terminó de convencer a los vecinos.

Ahora tras las lluvias torrenciales de hace unas semanas la preocupación ha vuelto. Este jueves la Asociación Vecinal 'El Tajo' ha optado por contárselo a los grupos políticos en el pleno celebrado en el Ayuntamiento toledano. “Lo que queremos dejar claro hoy aquí es que este problema no está solucionado ya que existen en el barrio otras zonas contaminadas, en donde, directamente, no se ha llevado a cabo acción alguna; sirva de ejemplo, el Barrio Avanzado, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, apenas a 50 metros de las viviendas”, ha manifestado Gemma Ruiz, coordinadora de la asociación vecinal,

Ruiz ha recordado que ya intervinieron en un pleno municipal en el año 2016 exponiendo este “grave problema de salud pública”, pero lamenta que “siete años después aún se está lejos de la solución definitiva”. Pese a todo, también ha reconocido el trabajo que el Gobierno regional ha venido haciendo en los últimos años, consiguiendo que “fincas de propiedad privada tapen, aunque ellos le llamen sellado, algunos de esos núcleos”.

Las actuaciones que han realizado en algunos de estos focos con amianto son, a su juicio, insuficientes, pues el sellado que han realizado “es dejar mal enterrado un problema para las generaciones futuras”, algo que “ha quedado de manifiesto” primero con la DANA que sufrió la ciudad en el año 2021 y la más reciente de este mes de septiembre de 2023. Así, consideran que “solo cabe la retirada planificada de los restos de amianto”.

La representante vecinal ha recordado la denuncia que realizaron junto a plataformas y partidos políticos a la Fiscalía en el año 2014 y que fue archivada cuatro años después. El informe de la Fiscalía, no obstante, alertaba de “la peligrosidad de estos residuos” pero exculpaba a las administraciones ya que estaban realizando “distintas actuaciones para dar solución a la situación” y señalaba que el delito cometido por Ibertubo - al esparcir materiales en esta zona- habría prescrito al pasar más de 15 años.

“El problema no se ciñe a un barrio sino a la ciudad”

“El problema sigue aquí. Venimos -al pleno- para que la nueva Corporación para que todos sus concejales, los que gobiernan y los que están en la oposición, no miren para otro lado, no se escuden en que no tiene competencias y sean parte de la solución. Este problema no se ciñe solo a un barrio porque prácticamente toda la población de la ciudad y de la provincia pasa por el Hospital Universitario de Toledo (que se encuentra a 1 km de muchos de los vertidos), por el centro comercial, la zona industrial o por sus calles y paseos”, ha expuesto Ruiz, que indica que hay quienes viven “a tan solo 300 metros o incluso menos” de estos restos. Hoy en el Ayuntamiento gobiernan PP y Vox, frente a los gobiernos de izquierdas de las cuatro últimas legislaturas.

En su discurso también ha recordado que la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha prometió que llevaría a cabo un estudio epidemiológico que “nunca llegó”. “En el Congreso Nacional de Anatomía Patológica de España del año 2019 se informó de que, en el área sanitaria del Complejo Hospitalario de Toledo, se ha detectado un aumento de incidencia de los casos de mesotelioma, teniendo en alguno de los años que discurren entre el 2000 y el 2019 más de 5 casos de mesotelioma, lo que para este tumor rarísimo supone una autentica epidemia”, ha afirmado.

En los últimos días, tal y como recogía la cadena SER, la Junta se habría comprometido con la asociación a actuar, a través de la empresa pública Tragsa, en los focos de amianto que han quedado desenterrados tras la DANA en la zona del arroyo de Ramabujas, que va a parar al río Tajo.

El Gobierno de PP y Vox se ha sumado a la petición de la asociación vecinal, según ha trasladado el concejal de río Tajo y Medio Ambiente, Rubén Lozano, durante la sesión plenaria. Defiende que “la mejor solución es retirarlo y no taparlo”. “No podemos esperar a otra DANA para solucionar un problema histórico, que debe abordarse con voluntad y de forma conjunta con el resto de instituciones. De hecho, será uno de los asuntos que el Ayuntamiento de Toledo tratará en próximas reuniones con las consejerías de la Junta”, ha indicado el edil.

La Junta sostiene que es “competencia municipal”, aunque seguirá “colaborando”

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha intentará ayudar “en la medida de lo posible” en la búsqueda de una solución al problema del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo -conocido como 'el Polígono- pero recuerda que es “una competencia exclusivamente municipal”.

Recuerda que su departamento ha invertido ya más de cuatro millones de euros que se han puesto a disposición del sellado de ese vertido que, “desgraciadamente”, existe en esta zona.

Y, además, ha continuado la consejera, se ha instado y se ha trabajado de forma colaborativa con entidades privadas en cuyas fincas están estos residuos.

Por lo tanto, ha dicho, “nosotros seguiremos colaborando con las autoridades y con, lógicamente, estos vecinos y con los particulares para poder llevar a cabo los sellados necesarios, pero hay que tener en cuenta que esta eliminación de estos residuos no es una competencia directa de esta Consejería de Desarrollo Sostenible”.

“Nosotros, como digo, colaboraremos en todo lo que se nos reclame y se nos pida e intentaremos ayudar en la medida de lo posible a esa situación, teniendo en cuenta que es una competencia exclusivamente municipal y que lógicamente también la responsabilidad de las empresas y de los titulares de esos terrenos tiene que quedar suficientemente clara”.

El alcalde de Toledo asume su obligación de eliminar los restos

Este viernes, un día después del pleno, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha asumido su obligación de ir eliminando el amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de la ciudad, pero ha recordado al Gobierno regional que las competencias en materia de medio ambiente “son suyas”. “No voy a ser yo el que esconda las competencias del Ayuntamiento, pero hay que recordar que si no hubiera sido competencia suya, la Junta no hubiera puesto un euro en aquel encapsulado (de amianto) que se hizo en su momento”, ha admitido el primer edil.

El primer edil ha indicado que, al igual que ya tiene previstas reuniones con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el día 9 de octubre para abordar “asuntos importantes” para la ciudad en ese área y con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el 23 de este mismo mes, tiene intención de solicitar otra reunión con la propia Gómez “para tratar de explicarle las competencias que tiene la Junta de Comunidades en materia de medio ambiente”.

No obstante, y considerando que la consejera ha realizado sus manifestaciones “dentro de un debate político” y seguramente por ahí haya podido venir “la equivocación o el error”, Velázquez ha explicado que el asunto del amianto también se debe abordar desde el punto de vista sanitario porque “más allá del medio ambiente es un problema de salud pública que afecta a las personas”.

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El juzgado de lo social número 7 de Bilbao ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la familia de un albañil fallecido por mesotelioma pleural tras trabajar en contacto con amianto y ha condenado a Cofivacasa, S.A., como sucesora de AHV, a abonar 150.750 euros, más intereses, al considerar que la empresa incumplió la legislación preventiva, según ha informado ASVIAMIE, la asociación vasca de víctimas del amianto. El trabajador, F.G.R., falleció en diciembre de 2019 a los 84 años debido a un mesotelioma sarcomatoide, patología que, según ha advertido ASVIAMIE y recoge Europa Press, está “asociada en un 99% a la exposición continuada a la fibra cancerígena”.

La asociación ha explicado que la sentencia recoge que el informe de Osalan contempla que F.G.R. estuvo expuesto a amianto mientras trabajaba en Altos Hornos de Vizcaya, donde “estuvo ocupado en actividades en las que se utilizaba habitualmente capas de amianto, que manipulaban, cortaban, etc., en los trabajos de reparación de los hornos y también cuando trabajaban en el pabellón del amianto, llegándoseles a soplar a la salida con un compresor de aíre comprimido para quitarles el polvo de la ropa”.

Sin embargo, en su actividad en Luis Olarra, S.A., el informe solo indica que trabajó como peón en la fundición, donde se encargaba de “tareas de carga o descarga de chatarra y pulido de lingotes con piedra de esmeril, generando mucho polvo en la sustitución del ladrillo en el interior de los hornos, retirada de escombros o colocación de un nuevo ladrillo refractario”. El trabajador no refirió que los trabajos de albañilería en esta empresa “comportaran utilización o manipulación de amianto o que se realizaran en ubicaciones con este tipo de sustancia”. De este modo, el juzgado considera que queda acreditado que F.G.R. “desarrolló entre 1970 a 1990 trabajos compatibles con exposición a fibras de amianto, pudiéndose establecer una vinculación científica entre esta exposición al amianto y la aparición de la enfermedad, que produjo su fallecimiento”.

La asociación ha indicado que la resolución judicial indica que Cofivacasa, sucesora de Altos Hornos de Vizcaya, no realizó “el más mínimo esfuerzo probatorio” de que la empresa hubiera cumplido con las medidas de prevención que la legislación vigente requería para prevenir o minorizar el riesgo de enfermedad. “No hay constancia de que AHV implementara ninguna medida de prevención de las descritas en la amplia normativa que existía, antes de los años 80, como la realización de mediciones de concentración de fibras de amianto en los ambientes de trabajo u otras medidas de ventilación o utilización de equipos de protección específicos, realización de reconocimientos médicos a los trabajadores con riesgo de exposición, etc.”, ha explicado.

Según han manifestado desde la asociación, “resulta indiscutible que la prueba de la adopción de medidas de seguridad apropiadas corresponde a la empresa deudora de seguridad, prueba que no se verifica de ninguna forma por la empresa demandada”, y, por ello, la sentencia concluye que “los incumplimientos empresariales constituyeron razonablemente elementos decisivos en el acaecimiento de la dolencia” del trabajador y “generadora de unos perjuicios que habrán de ser resarcidos por Cofivacasa”. De este modo, se condena a esa empresa a abonar 25.125 euros a cada de los seis hijos del albañil fallecido, más intereses, y se absuelve a Aceros Inoxidables Olarra por falta de pruebas de la exposición al amianto del albañil fallecido.

“Escandaloso incumplimiento”

ASVIAMIE ha mostrado su satisfacción con la sentencia, ya que “deja una vez más al descubierto la responsabilidad por el escandaloso incumplimiento de la amplia legislación protectora frente a los riesgos del amianto”. Según ha remarcado, “los antiguos directivos de Altos Hornos de Vizcaya deben pedir perdón por todo el daño causado pues, a diferencia de la gran mayoría de las empresas, contaban con importantes equipos médicos y técnicos, conocedores de los graves riesgos para la salud del amianto y lo ocultaron”.

“Realizaron campañas sobre 'O accidentes de trabajo', pero ocultaron el riesgo de enfermar décadas más tarde por el amianto, incluidas las familias obreras, por las fibras cancerígenas que trasladaban con la ropa de trabajo, como ocurrió con la esposa de F.G.R. y madre de sus seis hijos, a causa de un mesotelioma pleural”, ha denunciado.

El amianto está “por todas partes” y es uno de los grandes desconocidos para la población castellano-manchega en particular y la española en general. Pero el mensaje de los riesgos latentes de este mineral presente en muchos de los edificios y objetos que nos rodean tiene cada vez mayor resonancia. 

En Castilla-La Mancha, los problemas derivados del amianto se conocieron cuando se denunció la existencia de 90.000 toneladas de residuos de este material en el toledano barrio del Polígono. Además de Toledo, hoy se habla de amianto en Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

Si nos centramos en Toledo, en enero de este 2018, se anunció que el caso del amianto  llegaría a la Comisión Europea a través de Izquierda Unida. El mismo mes en el que uno de los seis propietarios de parcelas privadas con restos de amianto pagó 600.000 euros para sellarlos en su propiedad.

Desde entonces, ha sido un año intenso, con muchos cruces de declaraciones entre vecinos, partidos políticos y administraciones públicas pero el problema sigue sin ser solventado en su totalidad hasta el punto de que miembros de la Plataforma 'Mi Barrio Sin Amianto' no han dudado en anunciar que concurrirán a  las Elecciones si no hay solución definitiva. 

Hace quince días un nuevo encuentro entre vecinos y Viceconsejería de Medio Ambiente permitió poner sobre la mesa una nueva hoja de ruta que, de momento, parece haber calmado los ánimos. 

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por eldiarioclm.es explican que están a la espera de la autorización judicial para entrar y actuar en las parcelas privadas pertenecientes a seis propietarios que han optado por acudir a los tribunales negándose a pagar el coste del sellado que se elevaría, en su caso, al medio millón de euros. Las mismas fuentes señalan que esperan concluir definitivamente el proceso de sellado o retirada en 2019. La cercanía electoral aprieta.

El caso de Guadalajara

Uno de los edificios de los que se hablado en Guadalajara en este 2018, el Centro Cívico, ha terminado siendo noticia también por una cuestión imprevista: la aparición de posibles materiales con amianto encontrados durante las obras de rehabilitación del inmueble.

El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, confirmaba que se están analizando materiales encontrados. De momento no se ha hecho público el diagnóstico. La obra no ha sido paralizada porque estarían situados en una parte concreta del inmueble y los trabajos pueden seguir adelante “sin ningún riesgo”, según el Ayuntamiento. De momento, falta por confirmar la presencia de amianto, en qué cantidad y cómo se actuará.

CCOO pide a Educación un registro de centros con amianto

El amianto también ha sido noticia en otra provincia. CCOO Albacete anunciaba el pasado mes de octubre su intención de solicitar a la Consejería de Educación la elaboración de un “registro” de centros educativos en los que pueda encontrarse este material.

El sindicato pone el foco en aquellos edificios que fueron construidos entre los años 70 y 80. Fue en 1984 cuando sonaron las primeras voces en España pidiendo prohibir el uso de esta sustancia, algo que en nuestro país no se produjo hasta  el año 2002. De momento, no hay respuesta por parte del departamento de Educación de la Junta castellano-manchega, que a lo largo de la legislatura viene hablando de 70 actuaciones dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 para actuar en viejos edificios o barracones, aunque nunca se ha citado como objetivo sustituir materiales de amianto.

“El amianto fue utilizado en tejados, suelos, en las pizarras e incluso en los maceteros”, comenta Carmen Juste, secretaria provincial de CCOO Albacete quien aclara que “el agente es cancerígeno no al contacto sino a su manipulación” y que la campaña trata de instar a la Consejería de Educación a que, conforme se renueven instalaciones, “se sustituyan esos materiales, con los protocolos correspondientes de descontaminación”.

“Hay que saber dónde están los riesgos, pero no queremos alarmar sino prevenir”, sostiene . Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de una campaña nacional del sindicato que arrancaba hace cuatro años bajo el lema ‘Cáncer Cero en el trabajo’ y que en el caso de los centros educativos se recuerda que el amianto puede aparecer en forma de chapa ondulada para cubiertas (uralita), cisternas y depósitos, tubos de presión para redes de agua potable,  bajantes, canalones, jardineras o en los tejidos usados para la confección de telones ignífugos, guantes, delantales y monos de trabajo, y utilizados en laboratorios, cocinas, teatros o salones de actos.

El amianto es una sustancia que pueda producir cáncer según reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) con independencia de la cantidad a la que se está expuesto. El sindicato calcula que sigue habiendo más de dos millones de toneladas de amianto instalado en los centros educativos, entre otros sitios.

En 2017, CCOO Cuenca ya exigió a Educación la retirada de diez pizarras ante la sospecha de que contenían amianto. Y de hecho, el centro educativo ya había informado a la Junta en los años 2009 y 2011 de su existencia.

Castilla-La Mancha rechaza que sea “un problema de salud pública”

Y mientras ya se habla de amianto en varias provincias de la región, el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, reconoce que el amianto “sanitariamente hablando puede ser un factor de riesgo, y lo es” pero cree que “no hay que alarmarse” pese a que los vecinos del toledano barrio del Polígono hayan denunciado la muerte de tres personas por mesostelioma, una patología vinculada a la exposición al amianto.

“Llevamos haciendo seguimiento exhaustivo del amianto desde el año 91. Las muertes por mesostelioma ocurren en toda España y también en Castilla-La Mancha pero los muertos de los que se habla en Toledo están por debajo de la media en el país y en la región”. Los fallecimientos por este motivo, añade, “representan el 0,1% de cada 1.000. Fallece  más gente a causa del cáncer de pulmón debido al tabaco o contaminación que por el amianto”.

“Nuestra obligación es vigilar, vigilar, vigilar”, dice Tordera, para añadir que, aunque el amianto “está por todas partes”, su departamento no ha detectado “un aumento de la mortalidad por mesostelioma” y por eso cree que “hasta ahora el amianto en Castilla-La Mancha no es un problema de salud pública”.

España “espera a que pasen las cosas, actúa para curar no para prevenir”

Juan Carlos Paul, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Amianto (AVIDA) cree que lo que está ocurriendo en el barrio del Polígono en Toledo “es una barbaridad” porque ante todo, dice, “hay que primar la salud de los vecinos y posteriormente pedir cuentas y repercutir el coste a quien sea”.

El caso toledano no es el único y forma parte de una práctica común: “No se ha querido hablar del tema y ahora hay mucha población expuesta que no lo sabe”.  El desconocimiento, dice, ha sido la tónica general.  “Igual que en Toledo existen vertederos ilegales, los hay en otros puntos del país y nadie tiene en cuenta que está pasando y que es peligroso”.

“Si nos atenemos a cifras oficiales no es un problema de salud pública”, entre otras cosas, porque están relacionadas con exposición laboral al amianto, en unas fábricas que ya no existen, -el caso de Ibertubo en Toledo o Uralita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)- sin que se hable de exposición ambiental.

AVIDA lleva años reclamando un censo de personas expuestas a la sustancia. “Ha sido imposible, quizá porque las competencias sanitarias están en las comunidades autónomas”. Sí que existe un registro a través del ‘Programa Nacional de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a Amianto’ pero “no es obligatorio, las comunidades autónomas pueden o no aportar información y ni siquiera es un registro histórico. En realidad no sabemos cuánta gente hay, no se puede valorar el importe de la solución y ningún gobierno se atreve a dictar medidas”.

“Mientras no haya una concienciación general de la población, seguirá habiendo enfermos sin que sepan qué les ha provocado su dolencia porque se confunde con otras”. Es el caballo de batalla en nuestro país que lleva años de retraso en cuanto a la actuación contra los efectos de esta sustancia en nuestra salud 

Juan Carlos Paul pide a la ciudadanía “que se informe, que identifique los lugares donde puede haber amianto y que actúe con precaución. Si tiene que invertir un poco más en un tejado, hay que hacerlo. Es por la salud porque en ningún tribunal eso se puede recuperar”.

Y a las administraciones les lanza un segundo mensaje: “Si no queremos tener más enfermos, la gente debe saber qué es amianto, qué peligros tiene y a dónde recurrir. Eso es prevención”, insiste, para recordar que ya se trabaja en una Directiva europea que obligue a los estados miembros a reaccionar para que en 2030 sea posible declarar una 'Europa Sin Amianto'.

Algunos países ya tienen diseñada su estrategia con la correspondiente dotación económica. No es el caso de España “que permanece esperando a que pasen las cosas, mirando a otro lado y actuando para curar el daño en vez de prevenir”.

Mientras, el Congreso de los Diputados estudia la creación de un fondo estatal de indemnización para las víctimas del amianto. “Está sobre la mesa, se está negociando con los grupos políticos. La ventaja es que no solo contempla a los trabajadores sino a sus familias y enfermos ambientales”, detalla Paul, quien recuerda, sin embargo, que “no soluciona el problema. Solo lo hará la prevención”.

Vecinos del toledano barrio del Polígono han vuelto a hacer sonar la voz de alarma ante lo que consideran una “vulneración” de la normativa vigente y los protocolos de retirada de residuos de amianto -un material considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud- en esta zona de la ciudad en la se que ha detectado la presencia de hasta 90.000 toneladas de fibrocemento.

Se trata de los trabajos que comenzaron la pasada semana en una parcela privada en este barrio, una de las que acumulan restos, y cuyo propietario se avino a retirar y pagar de su bolsillo los residuos. La parcela en la que se realizan los trabajos se encuentra a unos 200 metros del Club Social ‘El Mirador’ del barrio del Polígono.

Los vecinos tomaron imágenes utilizando un dron y no les gustó lo que vieron. Alertaron al servicio 112 y quien se desplazó a la zona fue Patrulla Verde de la Policía Local que tras comprobar la existencia de los permisos correspondientes se marchó. “Vamos a pedir el informe elaborado por la Patrulla Verde”, sostiene Víctor Villén, de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ que ha explicado que los temores de los vecinos están relacionados con el hecho de que los trabajos se estén realizando con una retroexcavadora que deposita los restos en unos contenedores para su posterior traslado a un vertedero del que desconocen si está o no controlado.

Para Rafael García, “los permisos están mal dados porque se han concedido para material no friable y lo que hay ahí sí lo es”, asegura. Se trata de un material que se desmenuza fácilmente y que puede emitir fibras. “No han visto el material que se iba a retirar y están pasando una excavadora por encima”. Cree que ese es “el primer error de base” y después denuncia que “falla la vigilancia porque si das un permiso y luego no confirmas que se ejecuta conforme al plan de trabajo…” En su opinión, se está practicando lo que califica de “terrorismo medioambiental”.

Al lugar se desplazaron posteriormente los agentes medioambientales de la Junta, según han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Ahora preparan un informe que será elevado a la Dirección General de Trabajo de la Junta, responsable de la autorización de los trabajos de retirada de los residuos.

Los vecinos solicitarán también a la Consejería de Economía el plan de trabajo aprobado para conocer, entre otras cuestiones, el lugar al que se trasladan los residuos de amianto y esperan conocer el informe que elaboran los agentes medioambientales. Villén sostiene que hay “descoordinación” entre las consejerías de Medio Ambiente y Economía y ha reclamado “vigilancia continua sobre los trabajos”.

Por su parte fuentes de la Consejería de Economía consultadas por eldiarioclm.es aseguran que “se están cumpliendo todos los protocolos de seguridad de los trabajadores” previstos. El viernes un inspector y un técnico de prevención de riesgos laborales se desplazaron a la zona para comprobar el correcto desarrollo de los trabajos. “Se cumple todo, van debidamente protegidos y disponen incluso de una cabina para el aseo”. El departamento de Trabajo de la Junta sí advirtió de la necesidad de paralizar los trabajos en caso de viento, según las mismas fuentes. “Si eso ocurre y no se retiran, habrá sanción”.

Este departamento del Gobierno regional no ha confirmado el lugar al que se están trasladando los residuos ni tampoco el nombre de la empresa encargada de los trabajos aunque ha detallado que se trata de “un gestor autorizado por la Administración” para gestionar y depositar este tipo de restos en un vertedero controlado.

La batalla contra la acumulación de 90.000 toneladas de residuos de amianto en el toledano barrio del Polígono continuará durante este 2018 desde el ámbito político y también a través de la iniciativa ciudadana.

IU Castilla-La Mancha recurrirá a la Comisión Europea para dar a conocer la problemática en esta zona de la capital regional que, de momento, está siendo atajada parcialmente por las administraciones competentes, con un compromiso de sellado (que no de retirada) de los restos de fibrocemento dispersos en varias parcelas, tanto de propiedad pública como privada.

Izquierda Unida tiene intención de propiciar la visita al lugar de varios europarlamentarios mientras que tanto la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ como la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ han mostrado su intención de viajar a Bruselas para exponer el problema ante las autoridades europeas. Será su próxima iniciativa después de que la Fiscalía General del Estado archivase la denuncia presentada por la formación, Ecologistas en Acción y los vecinos alegando, entre otras cosas, que se trata de un delito que ha prescrito. Una decisión que no comparte Izquierda Unida que no descarta nuevas acciones judiciales en el futuro.

IU-Podemos pedirá un estudio epidemiológico al Ministerio de Sanidad

Eva García Sempere, diputada nacional de Unidos Podemos, visitaba este miércoles el barrio junto a los vecinos. En declaraciones a eldiarioclm.es explicaba que la formación iniciará una ofensiva en el Congreso de los Diputados en tres vertientes que esperan desarrollar a lo largo de los próximos dos meses.

Por un lado, la intención es plantear una Proposición No de Ley solicitando el desamiantado de la zona, mediante la retirada de los residuos. Además, se pedirá un estudio epidemiológico al Ministerio de Sanidad “para saber, tanto en el histórico que existe como a partir de ahora, cuál es el impacto de la exposición al amianto”, explica la diputada.

Finalmente, y en lo que tiene que ver con el medio ambiente se pedirá la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) “para que dé explicaciones de por qué no se limpia la cuenca, porque les corresponde a ellos”. Y es que el arroyo Ramabujas -que desemboca en el río Tajo- discurre por parte de los terrenos sobre los que están depositados los residuos de amianto.

Los vecinos también están a la espera de una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo. La pasada semana recibieron una llamada del organismo en este sentido que, sin embargo, aún no ha fijado fecha para el encuentro.

La acción de Unidos-Podemos en el Congreso forma parte de una iniciativa nacional de “desamiantado” que incluye el desarrollo de una ley nacional “integral”. “Hay que atacar focos como los de Toledo y Catalunya de forma prioritaria y después la ley”. Una norma que, en opinión de García Sempere debe ir acompañada de fondos de compensación. “Si no prescribe el riesgo de morir por mesotelioma no debería hacerlo la responsabilidad de una empresa que se ha lucrado con el amianto, cuando ya se conocían los riesgos”. Por eso, apunta, los fondos de compensación deberían nutrirse de aportaciones de las propias empresas.

“El de Toledo es un ejemplo muy claro de la concentración descontrolada de vertidos”, sostiene la diputada quien considera que puede ser “punta de lanza” de los trabajos de lucha contra el amianto en España y la puesta en marcha de una ley integral.

Un problema de “salud pública” para toda la ciudad de Toledo

Las movilizaciones vecinales van también a continuar, así como las reuniones con las distintas administraciones competentes. El próximo 6 de febrero, representantes de la asociación vecinal y de la plataforma volverán a reunirse con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, para conocer el estado de los trabajos de sellado de una de las parcelas. “Se está actuando sobre un foco, pero hay más de trece. Y además no es el más próximo a las viviendas”, recuerda Gemma Ruiz, coordinadora de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’.

Los vecinos insisten en que se trata de “un problema de salud pública” porque que dicen estar “muy preocupados”, señala Sergio Mora, miembro de la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’, “porque estamos expuestos de forma directa a un foco muy problemático que estamos convencidos nos dará sorpresas muy desagradables en el futuro”. Piden un seguimiento sanitario de la población “claro y rotundo para detectar casos en las fases más precoces”. Se refiere a posibles enfermedades vinculadas al cáncer.

Cuentan con el respaldo del segundo teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Javier Mateo quien sostiene que “no se trata de un problema medioambiental…solo. Es un problema de salud pública. Y no es un problema del Polígono…solo. Es un problema de la ciudad de Toledo”.

Mateo ha instado a la “movilización ciudadana, que debe seguir adelante y aumentar en intensidad para que las administraciones competentes no bajen la guardia en absoluto” para lograr la “solución definitiva” que “solo pasa por la retirada total del amianto”. Una postura en la que abundaba el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. “Tapar los residuos con una lona, por muchas garantías que dé, no es más que aparcar el problema para años venideros y que las partículas de amianto vuelvan a quedar expuestas a la atmósfera”.

Una sentencia judicial condena, por primera vez, a la empresa Uralita a indemnizar con dos millones de euros a 39 personas expuestas al amianto. Lo novedoso es que deberá pagar a vecinos o familiares -en su mayoría mujeres- , y no sólo a los trabajadores de la fábrica.

La sentencia, que aún no es firme, considera que el amianto de la fábrica de Uralita, que funcionó hasta 1997 en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) está directamente vinculado con los mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales que sufrieron.

En Toledo, el portavoz de la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto, Rafael García, cree que esta sentencia “servirá para que se visualice una problemática que es muy parecida a la nuestra” pero con una salvedad. La fábrica catalana funcionó desde 1907. Lo hizo durante 90 años. “Allí ya se pueden ver los resultados de la exposición al amianto. En el Polígono, el amianto, vamos a decirlo así, aún es joven porque su periodo de latencia hasta desarrollar la enfermedad está entre los 20 y los 40 años. Y lo que vemos allí, nos puede ocurrir aquí”.

“Sabemos que en Cerdanyola se diagnostica un enfermo por semana por su exposición al amianto y el 20% son vecinos, no trabajadores”, comenta Rafael García. En su opinión, la sentencia creará jurisprudencia “de cara a futuros enfermos por haber estado expuestos por vecindad porque podrán tener opciones de acudir a la vía judicial”.

Pese a lo “positivo” de la sentencia, Rafael García apunta que el problema de las enfermedades derivadas del amianto es que “están infra diagnosticadas y mucha gente se va a morir sin ser consciente de que el culpable es el amianto”. En el caso de Toledo, “todavía es peor” porque “hemos estado expuestos a la materia prima sin encapsular que está tirada a cascoporro por todo el barrio”.

Y es que la desaparecida Ibertubo, origen de los residuos de amianto en el toledano barrio del polígono, cerró en 2002, el mismo en el que se prohibió su utilización en España, pero no fue desmantelada en su totalidad hasta el año 2005. Había funcionado desde 1975. Pero sus restos no desaparecieron del todo. No se encapsularon sino que fueron esparcidos en distintas parcelas del barrio, algunas a apenas 300 metros de zonas habitadas. Hoy 90.000 toneladas de fibrocemento permanecen en este barrio de más de 20.000 habitantes.

Piden protocolos sanitarios para detectar posibles casos

“Teniendo en cuenta que no existen protocolos sanitarios para detectar las enfermedades que se confunden fácilmente con otros tipos de cánceres de pulmón, los vecinos estaremos infra diagnosticados y eso nos genera indefensión”, lamenta el portavoz del colectivo ciudadano. Recuerda que la plataforma ha solicitado, hasta en tres ocasiones, una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sin respuesta hasta la fecha. “No tenemos ni la cobertura legal que pueda tener un trabajador al sufrir una enfermedad laboral. Y el consejero no nos escucha. No vamos contra nadie, se trata de prevenir”.

Su petición es clara ante una sentencia que, dice, “nos arma de razones” y por eso los vecinos instan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a que los centros de salud más cercanos a los depósitos de amianto (actualmente el centro de salud en el barrio y en unos años el nuevo complejo hospitalario de Toledo que se construye en esta zona de la ciudad) dispongan de protocolos “para que los profesionales puedan detectar vinculación o no con la exposición al amianto en aquellas personas que lleguen con problemas pulmonares”.

Lamenta que pese a que la propia Fiscalía de Medio Ambiente advertía en un oficio en 2016 de la “peligrosidad” de los residuos en este barrio toledano “no se nos está mirando, ni se va a mirar y creemos que se debe actuar de forma precoz ¿Por qué si nosotros estamos respirando fibras de amianto no tenemos derecho a ese seguimiento? Que al menos tu médico de cabecera lo tenga en el expediente”.

Preguntada por esta cuestión, la Consejería de Sanidad castellano-manchega ha declinado hacer declaraciones “hasta disponer de más información”.

La empresa Tragsa ya tiene el permiso pertinente para comenzar los trabajos de sellado de los residuos de amianto en dos de las cuatro parcelas afectadas (con nueve focos reconocidos por la Administración y unos 13 según los vecinos) en el toledano barrio del Polígono. Así lo ha confirmado a eldiarioclm.es, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, quien señala que las máquinas estarán sobre el terreno esta misma semana.

El arranque de los trabajos que sirvan para dar una solución a las 90.000 toneladas de amianto en este barrio de Toledo en el que residen más de 20.000 personas, se ha demorado en dos meses sobre la fecha anunciada por la propia Consejería de Medio Ambiente a los vecinos.

“No hemos empezado y no porque hayamos querido engañar a los vecinos sino porque el trámite administrativo para engarzar la encomienda a Tragsa ha tardado todo este tiempo. Hoy -en alusión al 12 diciembre, cuando se realiza la entrevista- ha terminado el trámite administrativo y entran las máquinas a empezar a allanar el terreno”, señala el viceconsejero, quien dice “entender su preocupación pero a veces es difícil explicar los procesos administrativos y sus plazos, que desesperan”. Portillo justifica la demora en que al tratarse de “residuos peligrosos se han requerido distintas autorizaciones para garantizar la seguridad y salud laboral” de los trabajadores de Tragsa.

Y es que desde el pasado 15 de octubre, el único movimiento había sido la instalación de una caseta de obra en una de las parcelas afectadas. La única, explica Portillo, que contaba con permiso del propietario. Después, se anunció la intervención en una segunda parcela cuya última propietaria conocida era una mujer fallecida en el año 1800. “Realizamos los pertinentes trámites jurídicos para esta parcela que nadie reclama como suya y que no paga ni el IBI”.

Serán los dos primeros lugares en los que se proceda a sellar los restos de amianto. Después, se actuaría sobre una tercera parcela cuyo propietario expresó su “compromiso firme” para presentar su propio proyecto de obra y ejecutarlo. Este 12 de diciembre concluía el plazo para presentar dicho proyecto que la Consejería del ramo aún no tiene en su poder. “Es la parcela con menos cantidad de restos”, apunta el viceconsejero.

El problema está en la cuarta parcela, propiedad de una familia que posee la mitad de los terrenos en los que se han localizado restos de fibrocemento. Al requerimiento de la Junta, respondieron recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ahora, explica Portillo, se está redactando un segundo requerimiento con el objetivo de evitar la vía judicial.

Además, Medio Ambiente ha pedido a Tragsa un estudio “aún sin terminar” sobre lo que costaría, “ante las dudas de los vecinos”, volver a intervenir sobre la parcela del Barrio Avanzado.

¿Cómo se realizará el proceso de sellado?

El procedimiento elegido por el Gobierno regional es del sellado de los terrenos, frente a otra opción que también ofrecía el informe encargado a la empresa pública Emgrisa para proceder a su traslado. “No es el mismo tipo de sellado del que se hablaba cuando yo llegué a la Viceconsejería, sino de un proceso mucho más exhaustivo y más caro, porque ronda los tres millones de euros, sin contar con lo que se pueda hacer en la parcela del barrio avanzado”.

Antes de proceder a tapar los residuos, Tragsa realizará labores de “estabilización para evitar el movimiento de polvo que pueda contener fibras de amianto”. Ha sido, según Portillo, la “primera exigencia” del departamento de Seguridad Laboral de la Junta. Hay que recordar que los vecinos ya denunciaron en 2016 la “irresponsabilidad” del Ejecutivo regional en este sentido, cuando se procedía a retirar restos de fibrocemento en la parcela del Barrio Avanzado, propiedad de la Consejería de Fomento, y que mostraron su preocupación por el sistema utilizado.

Después se colocarán “dos tipos de láminas diferentes sobre el terreno”, explica Portillo, que irán cubiertas con medio metro de tierra y vegetación, además de colocarse una alambrada. En las zonas más próximas al arroyo Ramabujas se instalará un muro de hormigón.

Los vecinos habían solicitado también proceder a la retirada, y no al mero sellado, en las zonas más cercanas a las viviendas. “Es una de las parcelas que pertenece a la familia que ha llevado el caso a los tribunales”, comenta Portillo. Habrá que esperar, pero mientras tanto la Junta ha pedido a Tragsa un informe sobre el coste que supondría la retirada de los residuos en esta zona. “Si no hay presupuesto, sería inviable. No siempre es lo que deseemos, sino las posibilidades económicas de hacer las cosas”.

Precisamente, en lo que se refiere a la partida presupuestaria que la Junta castellano-manchega destinará en 2018 al proceso de control de los restos de amianto, Agapito Portillo detalla que este año se consignará el montante -más de cuatro millones de euros, de los que tres se dedicarán al sellado del amianto- en el capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), frente a la práctica habitual de hacerlo en el capítulo 6 (inversiones reales).

¿Qué ocurrirá una vez sellada la zona afectada?

El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que, una vez se produzca el sellado de los residuos de amianto “habrá que pensar” si hay o no un siguiente paso. Agapito Portillo desvela que existe una amplia “discusión técnica” en este sentido. “No es fácil tomar una decisión técnica, no solo presupuestaria”.

¿Mover o no mover los residuos de amianto? Portillo recuerda que en muchos casos se encuentran en forma de lodos o polvo. “Hay muchas discusiones, también por parte de Salud Pública sobre posibles riesgos de un traslado. No tengo claro que lo mejor sea retirarlos, sobre todo cuando en esa zona no se va a construir”.

2017, el año en que se quiso dar una ¿solución? a 90.000 toneladas de amianto

Durante todo este año 2017, la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto no han cejado en su empeño de conseguir una solución. Manifestaciones, concentraciones, campañas en redes sociales… Se ha llegado incluso a consultar al Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, un bufete especializado y que recientemente ha conseguido que un tribunal español reconozca por primera vez como enfermedad profesional un cáncer de esófago causado por el amianto.

El proceso se está dilatando en el tiempo y los distintos partidos políticos, como el PP, no han dudado en utilizar el amianto como arma arrojadiza contra la Junta. A los ‘populares’ les han recordado que Dolores de Cospedal tuvo una legislatura entera para solventarlo. El asunto ha pasado por las Cortes regionales en varias ocasiones.

Mientras, desde el Ayuntamiento el último compromiso pasa por diseñar un “plan de muestreo” de la calidad del aire en el barrio del Polígono de Toledo a cargo de la empresa especializada, Labaqua S.A., “para determinar los puntos en cuestión donde se van a poner los aparatos de medición”. Se trata, explica, “de la vigilancia, con mediciones en aire, de cómo evolucionan las fibras de amianto en el ambiente”. La concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales, Noelia de la Cruz, aseguraba a eldiarioclm.es su “confianza” en los trabajos de sellado que lleve a cabo la Junta y “que, ante todo, acabemos con el potencial riesgo para la salud pública que allí existe”.

En cualquier caso, 2018 parece presentarse como un año clave que permita atisbar algo de luz en un problema denunciado ya en 2014 por IU ante la Fiscalía de Medio Ambiente que en 2016 ya ponía de manifiesto en un oficio remitido a la Junta “la peligrosidad de los residuos en cuestión al comprobarse que están siendo liberadas al aire fibras de amianto, con el consiguiente riesgo de inhalación de las mismas y en el que se insiste en la necesidad de recogida, retirada y gestión del gestor debidamente autorizado”.

La Plataforma 'Mi barrio sin amianto' y la Asociación de Vecinos 'El Tajo' han elaborado un vídeo bajo el lema “¡Una solución ya, Toledo sin amianto!”. El objetivo es “concienciar” a la sociedad y a las autoridades medioambientales y sanitarias de lo que consideran un “grave problema de salud” que suponen los vertidos con amianto para la ciudad de Toledo. En su opinión, la solución pasa por la eliminación total de estos residuos y la descontaminación completa del área en el que se encuentran depositados “de forma ilegal y consentida desde varias décadas”.

De momento, el compromiso de la Junta de Castilla-La Mancha es el sellado de las parcelas afectadas por 90.000 toneladas de residuos de amianto- solo en algunas, eso sí, debido al contencioso que algunos propietarios de los terrenos mantienen con el Gobierno regional- y sin plazos ni presupuestos a la vista para su retirada total.

Con el vídeo, los vecinos mantienen 'viva' la denuncia. Tiene una duración de dos minutos y 47 segundos y en él interviene el prestigioso neumólogo y experto en enfermedades derivadas del amianto, Josep Tarrés, que en su visita a Toledoaseguró que “el amianto del Polígono es impactante”, recuerdan los vecinos de este barrio de Toledo que cuenta con más de 20.000 habitantes.

Grandes nombres del panorama nacional rechazan el amianto

Además, se han sumado al rechazo al amianto el grupo de música celta Luar na lubre; el grupo musical toledano Smoking Brothers; el compositor musical José Barragán 'Sef'o; el toledano Miguel Andrés, segundo entrenador del FC Barcelona de fútbol sala; el periodista talaverano José Ángel de la Casa; los judokas María Bernabeú, subcampeona del mundo, y el toledano Miguel Montero; el televisivo cocinero Pepe Rodríguez y su hermano Diego, propietarios del restaurante El Bohío de Illescas; los modistos Victorio y Lucchino; el presentador, actor y humorista Juan Ramón Bonet; la asociación Down Toledo; las ampas de los colegios del Polígono, así como el exconcejal José Esteban Chozas, integrantes de la plataforma Mi barrio sin amianto y la coordinadora de la asociación de vecinos El Tajo, Gemma Ruíz.

Son, dicen los vecinos, “centenares de personas que han querido sumarse a esta acción solidaria contra el asesino silencioso, el amianto, que cada año provoca miles de muertes en España y en todo el mundo”. Recuerdan que es una “lacra que seguirá produciendo dolor y angustia en muchas personas, todas ellas víctimas inocentes de un negocio que enriqueció a unos pocos”.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales y para la salud de la presencia de 90.000 toneladas de amianto en el barrio del Polígono de Toledo? Es la pregunta que se hizo la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ cuando decidieron consultar al neumólogo catalán Josep Torrés, especializado en la cuestión, y que tiene hasta 200 pacientes vecinos de Toledo con síntomas patológicos por inhalación de esta partícula.

Esa misma pregunta también fue trasladada al Colectivo Ronda, más recientemente. Es un bufete de abogados que desde hace más de 30 años defiende los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto. Esther Costa es especialista en la defensa de las llamadas ‘víctimas pasivas del amianto’ que habló con los vecinos. Conoce bien los casos de quienes, de forma indirecta, se han visto expuestos al amianto, bien por ser familiares de un trabajador (aquellas personas que, por ejemplo, lavaron la ropa de la fábrica), bien por tener la vivienda (antes y ahora) cerca de una de las empresas que manejaban este material.

En el barrio toledano del Polígono, donde hoy viven más de 20.000 personas, se dieron ambos casos hasta que Ibertubo, fábrica de elementos con fibra de amianto, cerró sus puertas y se completó la descontaminación de la parcela que ocupaba. Algo que no se produjo hasta el año 2008, seis años después del cierre. Pero los residuos no desaparecieron del todo. Hoy persisten en esta parte de la ciudad 90.000 toneladas esparcidas en numerosas parcelas. Algunos restos están a apenas unos metros de las viviendas, al aire libre y sus habitantes se han convertido en afectados “pasivos” del amianto.

Los restos de amianto en sí mismos, no perjudican a la salud, salvo que empiecen a deteriorarse por haber concluido su vida útil. Esther Costa explica que SGS Tecnos viene realizando mediciones en los últimos años. Son datos que manejan desde la asociación vecinal toledana. “Es una empresa especializada y dice que encuentra presencia de fibras de amianto, lo cual me hace pensar que se está degradando. ¿Cuál es el límite para los vecinos? No me sirve el que marca la legislación laboral porque está pensada para quienes llevan equipos de protección. Aplicar esos parámetros a los afectados pasivos es una irresponsabilidad porque hay unanimidad médica en que una sola fibra de amianto puede causar cáncer. El límite es cero”.

“Toledo es un caso latente, hay una expectativa de daño”

El uso del mineral se extendió durante el franquismo. “El descubrimiento de la fibra de amianto (la uralita) lo hizo un empresario republicano, Josep María Roviralta al que le fue expropiada la empresa y entregada a la Banca March como pago por los servicios prestados en el contrabando de armas durante la Guerra Civil. De esos fangos estos lodos. El tema del amianto siempre ha permanecido tapado. En Europa se sabía que era nocivo y aquí se ocultaba”.

70 años después las consecuencias del amianto en la salud no han hecho nada más que empezar y alcanzarán su punto álgido en 2024. Entre 1975 y 2010 fallecieron 6.037 personas en España por enfermedades causadas por la exposición al amianto. Las estimaciones de la Unión Europea para nuestro país apuntan a que entre 2017 y 2020 fallecerán más de 1.000 por mesostelioma, la que más se vincula al amianto, al margen de los muertos por cáncer de pulmón o asbestosis. “Pero es que las defunciones a causa del cáncer provocado por el amianto se prolongarán hasta 2040 con un pico de casos en 2024”, dice la abogada.

Y lo peor son los pocos casos diagnosticados. De los afectados entre 2007 y 2011 por mesotelioma pleural en España solo hay reconocido un 6,4% de casos en hombres y el 4,4% en mujeres, según datos también de la UE. Si el cáncer es de pulmón, el infradiagnóstico alcanza el 98,8%. Se trata, dice la abogada de “un cáncer extraño pero es sumamente común en lugares donde funcionaron empresas que manipulaban amianto”.

“Si Ibertubo cerró en 2002 y la latencia es de hasta 40 años, queda tiempo para que la enfermedad pueda ser diagnosticada”, señala Costa. La abogada explica que, en el caso de Toledo, “nos encontramos ante un caso latente, hay una expectativa de daño. Esta situación es defendible en el juzgado”. Y advierte que muchos casos pueden quedar enmascarados al atribuirse falsamente al tabaquismo.

Enfermos pasivos, ¿hay resquicio judicial para los vecinos del Polígono?

El caso de Toledo llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente y “el fiscal de Sala es claro en sus conclusiones: los residuos son peligrosos”, recuerda la abogada quien sostiene que “ahora lo que tendría que hacer, si se considera que hay peligro para la población, en empezar a citar como investigados a los responsables, que serían básicamente administrativos sean de la Junta, el Ayuntamiento o la Confederación Hidrográfica del Tajo y, a partir de ahí, depurar responsabilidades”.

“Hay muchos argumentos para que los vecinos empiecen a movilizarse” sin esperar a que haya casos de muerte. “¿Ahora que se puede reclamar? El cese de la contaminación ambiental. Hoy es indiscutible que el amianto causa daño” y si se produce inacción por parte de las administraciones, recomienda acudir al contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelares.

El Gobierno de Castilla-la Mancha no reconoce un problema de salud pública. El Ayuntamiento en cambio habla de “riesgo potencial”. El departamento de Medio Ambiente de la Junta se ha comprometido a realizar una primera actuación, a mediados de este mes de octubre para tapar los restos como solución provisional antes de su total retirada.

Lo cierto es que el presupuesto consignado hasta ahora no llega para dar una solución definitiva y, además, existe un conflicto, que amenaza con judicializarse, con los propietarios de las parcelas en las que se encuentra depositado el amianto. Unos propietarios que no reconocen su obligación de retirarlo y asumir los costes. Mientras, el Ayuntamiento toledano se ha comprometido a realizar análisis del aire, con partidas que tendrán su reflejo en los presupuestos del 2018.

La abogada no descarta ni la vía civil, contra los propietarios ni las contencioso-administrativa o la penal contra las administraciones “si se constatase un delito contra el medio ambiente o las personas”. Y en todo caso, insiste, “no esperar a que aparezca la enfermedad”.

El problema del infradiagnóstico de los casos de cáncer

Otro de los aspectos del caso toledano es el de los antiguos trabajadores de Ibertubo. Llegaron a ser 200. Marta Barrera es abogada del Colectivo Ronda desde 2002 especializada en la defensa laboral de los afectados por enfermedades profesionales como consecuencia de la exposición al amianto y también de sus familiares. Se ocupa de los casos “tanto los enfermos, tengan la edad que tengan, como de sus viudas”.

Las relacionadas con el amianto (mesostelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe o asbestosis) están reconocidas oficialmente por el Estado y “los casos no prescriben nunca”. Por eso, dice Barrera, “más allá de la edad de jubilación es posible solicitar el reconocimiento de la enfermedad profesional sobre todo en un tema como este en el que la latencia, es decir el tiempo que tarda en aflorar desde la exposición oscila entre los 15 y los 40 años”.

“Gente que estuvo expuesta al amianto en los años 80 tiene la fibra en los pulmones y ahora le está aflorando”, explica. En Toledo, Ibertubo estuvo funcionando hasta el año 2002. “Dicen que el mayor número de afectados en España será en 2024. Y en este despacho ya llevamos cientos de casos”.

En los casos de personas que han trabajado con amianto, e incluso han fallecido, lo primero que recomienda Colectivo Ronda es pedir a la Seguridad Social un reconocimiento de la prestación de incapacidad o de viudedad (en el caso de fallecimiento) derivada de la enfermedad profesional. El incremento por haber trabajado en este tipo de empresas puede implicar hasta una pensión tres veces más alta.

“Si este paso lo damos a través de la Seguridad Social bien y si no, hay que ir a juicio. El proceso lleva un año como mínimo”, detalla. Una vez reconocida la prestación se pueden reclamar daños y perjuicios en el plazo de otro año para que me pague la indemnización. Ibertubo cerró en el año 2002, el mismo en el que el uso del amianto fue prohibido en España. Se dedicaba a fabricar fibrocemento, un compuesto de cemento y polvo de amianto. “Todas estas empresas normalmente estaban vinculadas a Uralita y se le puede reclamar, y si no, al menos se logra el reconocimiento de una pensión mayor”.

“Tristemente, ahora un muerto es mucho más barato que una persona viva y enferma. Estamos consiguiendo para las familias de los fallecidos entre 100.000 y 150.000 euros. Para un enfermo, dependiendo de la edad y su situación, entre 75.000 y 300.000 euros”, explica la abogada.

Colectivo Ronda recuerda que el Tribunal Supremo “ha reconocido que las empresas sabían el daño que estaban haciendo y no hicieron nada para proteger a sus trabajadores a pesar de existir normativa desde los años 40”. Además, los afectados tienen un plazo de cinco años para pedir lo que se conoce como el ‘Recargo de Prestaciones por falta de medidas de seguridad’. “Tiene que existir una empresa responsable y en ese caso, una vez conseguida la mejora en la pensión, al trabajador se le otorga un 50% más al mes”.

El proceso es lento, reconoce la abogada. Aún lleva casos que colean desde el año 2008 pero el Colectivo pide no desistir y lamenta “el infradiagnóstico de esta enfermedad en España”. El problema de salud pública está por llegar. Advierte que “es el mayor genocidio laboral que ha existido no solo en España sino en Europa. Nosotros no podemos devolver la salud pero sí mejorar la situación económica a quienes necesitarán mucha atención médica”.

El 15 de octubre la empresa Tragsa procederá a iniciar los trabajos en el toledano barrio del Polígono de Toledo para “tapar”, como medida preventiva, las 90.000 toneladas de residuos de amianto que se acumulan en esta populosa parte de la ciudad, en unas parcelas que además serán valladas para evitar el acceso tanto a personas como a la fauna de la zona.

Así se ha dado a conocer a lo largo de las dos horas de reunión entre representantes de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma ‘Mi barrio Sin Amianto’ que han sido recibidos por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo y por el coordinador de Medio Ambiente de la Viceconsejería, Javier Ariza.

Rafael García de la Plataforma ‘Mi barrio Sin Amianto’ ha explicado a eldiarioclm.es que se han puesto sobre la mesa dos opciones. La primera, priorizar la minimización del riesgo derivado de estos residuos de amianto, declarado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y utilizar el presupuesto disponible (2,5 millones de euros) para tapar la totalidad de los vertidos. Y la segunda, utilizar el presupuesto disponible para retirar de forma definitiva solo algunos de esos residuos -aproximadamente una sexta parte del total- dejando el resto sin cubrir y a expensas de una nueva dotación presupuestaria en 2018.

Los vecinos se muestran conformes con la primera opción, que también es la de la Junta de Castilla-La Mancha como medida “transitoria”. Según Rafael García, “como vecinos llevábamos mucho tiempo esperando actuaciones que eliminasen el riesgo y eso nos parece correcto”. Sin embargo, advierte, mantendrán en el tiempo su exigencia de la retirada total del amianto y que haya nuevas dotaciones presupuestarias a partir del próximo año.

Las medidas anunciadas son “tranquilizadoras porque lo que nos transmiten es que se elimina el riesgo” reconoce este vecino pero, insiste, “no es el cierre del problema porque se aplaza o se da margen a lo que pedimos. Que ya sin riesgo de salud pública, de manera sosegada, se siga actuando hasta que se retire todo”.

“Parece razonable”, señala, porque no se dispone de los 14 millones de euros necesarios para la eliminación total de los restos que, de esta forma, pasaría a realizarse de forma progresiva. No obstante, los vecinos reclaman a la Junta que aunque proceda a cubrir los restos, retire ya de forma definitiva los que se encuentran más cercanos a las viviendas y que están en superficie y no enterrados o semienterrados como ocurre en otros lugares del barrio más alejados de la zona residencial.

“Nos han dicho que lo van a estudiar y les hemos pedido que hagan un esfuerzo”, señala el portavoz de la plataforma vecinal. “Sería más sencillo y más económico porque junto a las casas y al Club Social del barrio hay restos en superficie. Lo volcaron como si fueran cascotes y no tiene sentido taparlo, habría que retirarlo”. Y es que, en su opinión, sería una manera de evitar que siga creciendo la “alarma social” en el vecindario. “Nos daría más tranquilidad”.

Mientras, la Junta debe buscar también un acuerdo con los propietarios (privados) de varias de las parcelas en que se depositó una buena parte de las 90.000 toneladas de amianto. Ambas partes mantienen una pugna que podría dirimirse en los tribunales. El consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, ya comentaba a inicios de verano que “lo que está claro es que hay propietarios de las parcelas que tienen en principio que hacer frente a los problemas que tienen ellos en su propiedad privada y, en esto, hay que respetar la ley y ser escrupuloso”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, recibe este viernes a la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ de Toledo y a la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, con sede en el barrio de Santa María de Benquerencia (Polígono). Se trata de un nuevo encuentro con responsables del Gobierno regional tras el paréntesis del verano.

“Parece que en la reunión nos quieren explicar lo que se va a hacer, tenemos muchas preguntas y confiamos en que haya un técnico que nos pueda contestar”, señala Víctor Villén de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’. Por ejemplo, quieren saber “si se han solucionado ya las discrepancias con la Confederación Hidrográfica del Tajo” como organismo responsable de velar por el cauce del arroyo Ramabujas que discurre por uno de los lugares con depósitos de fibrocemento. También preguntarán por el sistema a utilizar para eliminar los restos, si la zona a tratar será o no vallada o si los propietarios darán su permiso para hacerlo y por cuánto tiempo.

Otra de las preocupaciones de los vecinos está relacionada con los fondos que destinará la Junta a la retirada de los residuos de amianto en esta parte de la capital regional. Los Presupuestos 2017 recién aprobados incluyen 2,5 millones de euros para este fin, un millón y medio de euros más que lo inicialmente previsto. El informe que el Ayuntamiento de Toledo encargó a la empresa pública EMGRISA que recoge una propuesta de alternativas para el tratamiento del emplazamiento afectado por residuos de amianto habla de un coste de 10,7 millones de euros para retirar o bien cubrir por completo las más de 90.000 toneladas de residuos de amianto.

Villén recuerda que los vecinos apuestan por la eliminación total de los residuos y que puedan ser depositados en un lugar controlado aunque reconocen estar “de acuerdo con que algunas parcelas, en las que en su momento se depositó el amianto en forma de lodos en unas tierras que después fueron labradas, será imposible retirarlos”. Además, señala, “nos preocupa enormemente la falta de información sobre las próximas consignaciones presupuestarias para atajar el problema. ”No sabemos si será un presupuesto continuado“.

Los vecinos pusieron a disposición de la Junta un mapa con los distintos focos de amianto dispersos por todo el Polígono. “Creemos que pueden aparecer más”, asegura Villén, y confía en que pueda incluirse en el expediente como documento de trabajo ya que el informe de EMGRISA no lo contempla. También recuerda el compromiso de la empresa Sufi, que en 2005 se encargó de descontaminar los terrenos en los que se asentaba la empresa Ibertubo: 30.000 toneladas de restos de amianto se trasladaron a unos ocho kilómetros de Toledo, en Dehesa Cañete. “Se supone que están controlados. De hecho se firmó un convenio con la Junta por el que Sufi se encargaba del mantenimiento del lugar. Nosotros no hemos visto ningún mantenimiento y lo que le estamos pidiendo a la Junta es la documentación correspondiente para saber lo que está costando”.

La asociación vecinal mantuvo en mayo una reunión en Madrid con abogados del Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, con sede en Barcelona ante la preocupación en el barrio por lo que consideran un problema de “salud pública”, extremo que siempre ha negado la Consejería de Sanidad. Esta asesoría jurídica trabaja desde hace más de tres décadas en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto. Víctor Villén explica que, momento, la acción judicial está parada aunque no descartan reactivar la iniciativa a petición de los propios vecinos del barrio.

La Plataforma vecinal ‘Mi Barrio sin Amianto’ con sede en el barrio del Polígono en Toledo ha elaborado un mapa con los puntos negros del amianto en esta zona de la ciudad donde se acumulan desde hace décadas unas 90.000 toneladas de este peligroso material, prohibido por ley y calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mapa ha sido elaborado por la plataforma con datos de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y también con los recogidos por la empresa pública EMGRISA en un informe encargado por el Ayuntamiento de Toledo. Ha sido bautizado como ‘Los Vertederos de Ibertubo de amianto/asbesto’ permite localizar las zonas en las que se pueden encontrar “restos incontrolados” de los residuos peligrosos que contienen amianto.

Proceden “del desmantelamiento incontrolado de la ya desaparecida fábrica ibertubo cuya responsabilidad se atribuye a la Junta de Castilla-La Mancha, administración competente, según señalan los vecinos. Un desmantelamiento en el que la Junta retiró unas 35.000 toneladas -era el año 2005- pero que dejó más del triple de esa cantidad sin sellar ni retirar (las más de 90.000 toneladas) de otros restos repartidos por todo el barrio y que ahora están en vías de retirada o sellado. Algo que en todo caso no se producirá antes del verano, según reconoce el propio Gobierno regional con un coste entre los 12 y los 14 millones de euros.

Se trata de un mapa complejo que refleja tanto focos como núcleos con amianto (que agrupan a varios focos). En total, según los últimos datos se habrían localizado más de 13 puntos con depósitos de amianto frente a los ocho o nueve inicialmente estimados. Son datos, insisten los vecinos, que se irán completando y modificando según se produzcan nuevos hallazgos.

El Arroyo Ramabujas, ¿receptor de residuos?

El mapa refleja cómo en el llamado Foco 1 los restos se sitúan junto al cauce del arroyo Ramabujas, cuya gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Está formado por una mezcla de piezas y cascotes de restos de fabricación cohesionados con una fracción de lodo. Se estima que son depósitos superficiales y que no hay otros restos enterrados.

Frente a este foco, se encuentra otro, el número 2, ubicado junto al Camino del Soto Mochares. Está formado por elementos idénticos a los del foco uno aunque en este caso se cree que son depósitos acumulados y parcialmente tapados y no se especifica hasta dónde puede llegar su profundidad.

Focos 3.1, 3.2 y 3.3

En estos tres sub-focos el depósito de restos de amianto está formado por mezcla de grandes piezas y cascotes más pequeños de restos de fabricación que están muy mezclados con acúmulos específicos de lodo.

También se apunta que las catas realizadas ponen de manifiesto la existencia de zonas enterradas con una capa variable de cobertura, contiguas a los afloramientos que se aprecian próximos al cauce del arroyo.

El ‘efecto’ de las madrigueras de animales

En el foco número 4, el residuo se encuentra muy afectado por huecos provocados por las madrigueras construidas por los conejos en su entorno, según se recoge en el mapa, mientras que el foco 5 consiste en unos acúmulos relativamente superficiales y dispersos acotados en la isla interior entre sembrados. Está formado mayoritariamente por cascotes y, en menor proporción, por lodo.

Los focos 6, 7 y 8 consisten en acúmulos relativamente superficiales y dispersos, esencialmente compuestos de lodo y pequeños cascotes. Hay un noveno foco no referenciado, entre los oficiales.

Los focos ‘no oficiales’

Hasta aquí los focos considerados ‘oficiales’ en el informe de EMGRISA. Sin embargo, los vecinos apunta a otros ‘no oficiales’ que pudieron salir desde la propia parcela en la que se ubicaba la antigua fábrica de Ibertubo. De hecho, el mapa refleja que este es el origen del 90% de los residuos de amianto repartidos por las parcelas denunciadas. La procedencia del otro 10% no se ha concretado.

Se habla del llamado Foco NR1 - Zona 9, entre vía Tarpeya y la N-400, además del Foco NR2 - Zona 10, entre las calles Ventalomar y Laguna de Arcas además del llamado punto 5 entre la calle Ventalomar y la fábrica Inbisa Schweppes.

En la terminología utilizada –y que aún está por pulir, reconocen los propios vecinos- se encuentran los distintos núcleos que incluyen varios focos tanto oficiales como no oficiales. En total, en los nueve núcleos detectados la superficie afectada por depósitos ilegales de amianto superaría los 47.500 metros cuadrados.

Los vecinos estudian dar un nuevo paso judicial

El mapa con los focos del amianto será remitido al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo quien hace unos días recordaba que volverá a reunirse con la plataforma y con la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’. Precisamente, la asociación vecinal ha mantenido hoy una primera reunión en Madrid con abogados del Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, con sede en Barcelona, según ha confirmado a eldiarioclm.es, Víctor Villén, responsable del Grupo de Medio Ambiente de la asociación.

Esta asesoría jurídica trabaja desde hace más de tres décadas en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto y denunciando “la falta de medidas efectivas de protección que, muy a menudo, han sufrido los hombres y mujeres que han trabajado en contacto con este peligroso material”, según consta en su web.

El peligro, aseguran, “no se circunscribe en exclusiva a las personas que han desarrollado actividades profesionales que comportan exposición al amianto, sino que también afecta a sus familias (…) e incluso a la gente que ha vivido en un radio de proximidad a las grandes fábricas” como ocurriera en las poblaciones barcelonesas de Cerdanyola o Castelldefels.

Los vecinos de Toledo indagan ahora la vía judicial, a pesar de que la Consejería de Sanidad ha negado en reiteradas ocasiones que exista un “problema de salud pública”. Un argumento que defienden los vecinos apoyándose en un Oficio remitido por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Colmenarejo en mayo de 2016 al entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González.

“Sabemos que el problema va a surgir en torno al año 2024 o 2025. Queremos adelantarnos porque sabemos que ya existen casos. No nos vale con que el consejero nos diga que es que todavía no tenemos alarma”.

Entre pitos y gritos de '¡Toledo sin amianto!', medio millar de personas se concentraban a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha para reclamar, una vez más, al presidente de la Junta Emiliano García-Page una solución definitiva a las 90.000 toneladas de restos de fibrocemento acumuladas en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia que popularmente se conoce como el 'Barrio del Polígono'.

Familias enteras se han desplazado hasta la céntrica plaza del Conde convocadas por la Asociación de Vecinos 'El Tajo' y la Plataforma 'Mi Barrio sin Amianto' para denunciar “un problema de ciudad, no solo de barrio”, repetía la presidenta de la asociación vecinal, Gema Ruiz. Mientras, el portavoz de la plataforma , Rafael García, exigía al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada “inmediata” del vertido ilegal, así como “un protocolo de vigilancia sanitaria para todos los vecinos afectados por tantos años de exposición”. También ha pedido medidas de control y vigilancia en las zonas donde permanecen depositados los residuos, en muchos casos al aire libre.

“El amianto lo tenemos en polvo. Hay mediciones que dicen que lo estamos respirando y es posible que en 30 años haga que muchas de las personas terminen enfermando”, advertía el portavoz. “Es el problema de salud pública más grave que tiene Toledo” quien confiaba en evitar que se repita lo ocurrido en la ciudad Casale Monferrato, “el Chernobil italiano, un caso similar al de Toledo en el que ya hay más de 1.500 muertos”.

La foto de la reivindicación: los políticos “que se pongan cuando cumplan”

Junto a los vecinos, acudían a la convocatoria algunos representantes políticos -ninguno del PSOE- para apoyar las demandas ciudadanas, aunque algunos de ellos les dejasen claro que “la foto” frente a la Presidencia del Gobierno preferían hacerla en solitario. “Que se pongan cuando cumplan”, se escuchaba a alguno de los manifestantes.

El propio Rafael García agradecía la presencia de los responsables políticos y reconocía “el consenso social” para solucionar el problema. “Sabemos que están trabajando pero quien tiene la competencia a día de la fecha no ha actuado. La actitud tiene que cambiar ya porque estamos respirando amianto en el barrio y cada día cuenta”. 

El diputado regional de Podemos, David Llorente, ha sido uno de los que se sumaban a la reivindicación de los vecinos para la retirada total del amianto y para denunciar el “problema de salud pública” que supone no hacerlo. “La Junta debe actuar de oficio para retirar inmediatamente estos residuos”.

Llorente ha afeado al Partido Popular que no hiciese “nada” durante la pasada legislatura, bajo el Gobierno de Dolores de Cospedal. “Page tampoco ha hecho nada y es gracias a Podemos que se ha llevado por primera vez a las Cortes regionales. Se tienen que cumplir las resoluciones. Es urgente”.

Precisamente, en el mismo lugar se encontraba la diputada regional del Partido Popular, Claudia Alonso, que exigía a Emiliano García-Page “que deje de engañarnos a los toledanos. Aquí hay cientos de ellos de todos los colores políticos y sentimientos que estamos cansados de tener a un presidente de la Junta  que solo da largas y sigue manteniendo que el amianto en Toledo no es perjudicial para la salud”. 

Alonso pedía “una solución ya” y criticaba que mientras “el presidente está ahí dentro en el palacio, aquí hay niños, gente  que tiene miedo porque sus hijos están jugando en el patio del colegio a 300 metros de 90.000 toneladas de amianto”.

Preguntada por si un problema que colea desde hace décadas debería haber sido atajado por anteriores administraciones regionales, como la de la propia Dolores de Cospedal, Alonso aseguraba “ustedes saben cómo era la relación política anteriormente y las cuestiones que pasaban en la vida pública. Si Emiliano García-Page hubiera podido meter medio dedo en el ojo del anterior gobierno lo hubiera hecho”. Señaló que hay que hablar del “hoy” y que la responsabilidad está en manos del actual Gobierno.  “Estamos en mayo de 2017, llevamos dos años de legislatura y alguno tiene que empezar a asumir sus responsabilidades”.

A la concentración también acudía el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, que no hacía declaraciones pero que, a través de su perfil en Twitter reclamaba “un barrio y una ciudad sin amianto” y añadía “¡No nos vale nada que no sea su retirada!”.

También el portavoz de Ganemos Toledo, Javier Mateo participaba en la concentración y pedía a la Junta de Comunidades “que no mire para otro lado porque es un problema de salud pública”. En este sentido, lanzaba un “basta ya de frivolidades y estupideces de consejeros y de portavoces. Le toca a Page mover ficha porque si no la mueve la Junta, lo hará el Ayuntamiento aunque no sea de su competencia”.  Agradecía la presencia en la convocatoria del Partido Popular “que ahora viene a llenar las plazas” pero, recordaba, no hizo nada “en los cuatro años de Cospedal”.

En un comunicado que se ha leído durante el acto, los vecinos recuerdan que “la situación es consecuencia de un delito continuado contra la salud y el medio ambiente cometido por la empresa Ibertubo” a la que acusan de “contravenir” desde su inauguración en 1975 las leyes sobre residuos tóxicos y peligrosos sin que ni Junta de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento o Confederación Hidrográfica del Tajo “cumplieran su obligaciones y lo impidieran”.

Años después del cierre de esta empresa y de que 5.000 camiones, según los vecinos, depositasen “su contenido mortal” en distintos puntos de este barrio en el que hay unos 20.000 habitantes, el problema continúa. Las movilizaciones, también lo harán.

El Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha es el lugar elegido por la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma ‘Mi Barrio sin Amianto’ para una concentración que se celebrará este martes, a partir de las 18.30 horas. Ambos colectivos han convocado la protesta ante la falta de soluciones para las 90.000 toneladas de amianto dispersas por el toledano barrio de Santa María de Benquerencia (Polígono).

Gema Ruiz, presidenta de la asociación vecinal ha explicado a eldiarioclm.es que un año después de participar en un Pleno municipal donde se acordó empezar a tomar soluciones, las cosas siguen igual. Ni siquiera ven salida tras la reunión mantenida con el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Francisco Martínez Arroyo, hace un mes. Tras el encuentro, se sucedieron declaraciones de otros miembros del Ejecutivo regional como las del consejero de Sanidad, Jesús Fernández o las del portavoz, Nacho Hernando, que han incendiado aún más los ánimos de los vecinos. “El consejero dice que el amianto de Toledo no es peligroso para la salud y el portavoz habla de uralita y no de lodos con restos de amianto. ¡Y tenemos 90.000 toneladas!”.

Ruiz asegura que la concentración, en la que se llevará a cabo una ‘performance’ y se leerá un manifiesto, pretende hacer visible el problema a toda la ciudad. “No es solo un problema del barrio del Polígono o de los vecinos que vivimos en vía Tarpeya sino de todos los habitantes de Toledo porque las fibras están en el aire y las estamos respirando todos los días”.

Dicen, además, estar “molestos” con el presidente regional, Emiliano García-Page. “Llevamos año y medio pidiendo una entrevista pero tiene la agenda muy completa y no nos recibe. Y como no lo hace vamos a su casa, al Palacio de Fuensalida, a ver si nos oye”.

No tienen intención de parar. “Habrá cada vez más movilizaciones, que lo tengan claro. Deben pensar que estamos sumando y no restando. Nos tendrán siempre enfrente siempre y cuando no solucionen el problema. Y que quede claro, nosotros no somos el problema, sino parte de la solución”.

Ganemos apoya la concentración

Ganemos Toledo apoyará la protesta ciudadana y hace un llamamiento a toda la ciudad para que apoye y participe en esta concentración para exigir a la Junta de Comunidades y su presidente Emiliano García-Page, “que demuestre su co-responsabilidad y compromiso con la ciudad de Toledo, ofreciendo una respuesta efectiva para que garantice la retirada de las 90.000 toneladas de amianto existentes en el barrio del Polígono”.

El portavoz de Ganemos Javier Mateo se muestra tajante. “No vamos a aceptar de Page más respuestas frívolas ni nuevas evasivas, el presidente regional tiene que responder responsablemente y afrontar una solución al amianto en Toledo”.

Ganemos recuerda sus denuncias reiteradas del problema que afecta en particular a los 20.000 vecinos del barrio. “No es aceptable que la población tenga que convivir con el riesgo que entraña la presencia de estos materiales junto a sus casas” y considera “imprescindible” una actuación inmediata, sellando los restos, tal y como plantea el estudio encargado por el Ayuntamiento de Toledo, “entendiendo esto como medida transitoria urgente y provisional previa a la ineludible retirada total de los restos”.

Para Ganemos Toledo este es un tema “primordial”, apuntó el portavoz de la formación, que recuerda que, como socios del Gobierno socialista en el Ayuntamiento toledano, recuerdan su “mensaje claro” y que pasa por “acometer el problema y la situación no admite más dilatorias”.

Para Mateo el Gobierno regional y su máximo responsable, el presidente regional se equivocarán si no atiende la situación, “tiene la responsabilidad de actuar y ofrecer una solución para la retirada total de estos restos, no hacerlo es una irresponsabilidad temeraria y una autentica afrenta a la ciudad de Toledo y sus vecinos”.

La Junta dice que “hay que esperar todavía”

Desde la Junta, el consejero de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que el departamento que dirige está en conversaciones con la Plataforma y la Asociación y que se reunirá próximamente de nuevo con ambas, según recoge Europa Press. Hace justo un mes que mantuvieron un encuentro con el propio Martínez Arroyo.

“Nos vamos a reunir con ellos y hemos adquirido el compromiso de resolver el problema”, ha insistido el consejero para agregar que lo harán con criterios “exclusivamente técnicos”. “No vamos a entrar en discusiones políticas que no interesan a los ciudadanos y este es el Gobierno que va a resolver los problemas de Toledo en cuanto al amianto”, ha dicho.

Arroyo ha explicado que el amianto está depositado en parcelas de propiedad privada y que el ordenamiento jurídico exige contar con la decisión de los propietarios de las mismas, “que en un momento determinado pueden pensar hacer una cosa o no resolver el problema de la forma que entendemos que es la más adecuada”.

“Hay que esperar todavía a cerrar algunas cuestiones con los propietarios de las parcelas y cuando llegue el momento tomaremos la decisión en función de los informes técnicos, que hoy en día aconsejan que se selle el fibrocemento en las parcelas, y lo saben la Plataforma y la Asociación”, ha concluido.

“Los propietarios de las fincas colindantes al cauce del arroyo Ramabujas, #Toledo, nos impiden el paso para retirar residuos de fibrocemento”. Es el mensaje que ha lanzado este lunes la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a través de su perfil en la red social Twitter.

Fuentes del organismo han confirmado a eldiarioclm.es que los operarios intentaron acceder a la zona a través de una cancela que da acceso a las fincas y que se encontraron cerrada. “La otra vez lo permitieron y esta vez parece que no”. No han recibido ninguna explicación y se está a la espera de contrastar los motivos con los propietarios.

La Confederación Hidrográfica del Tajo dio a conocer el pasado viernes que había detectado “algunos” restos de fibrocemento en el cauce del arroyo Ramabujas, en Toledo. Se trata de nuevas muestras que, señalaba, han aflorado “probablemente” tras la disminución del caudal del cauce y el agotamiento de la vegetación.

La retirada de estos residuos se enmarca en el Plan de Trabajo aprobado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que define tanto el Gestor Autorizado como el Centro de Tratamiento donde se van a depositar los residuos. La Confederación ha tomado nuevas muestras para descartar “cualquier contaminación por fibras de amianto” y las ha enviado a un laboratorio para su análisis tal como se hizo en marzo, cuando los resultados fueron negativos.

“El susto metido en el cuerpo”

Y mientras se van conociendo noticias, a cuentagotas, relativas a los residuos de amianto dispersos en nueve focos distintos en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia (Polígono), según el informe de Emgrisa (hay que tratar 90.000 toneladas con un coste de más de 10 millones de euros), la preocupación se acrecienta entre los vecinos.

Elena Rodríguez, miembro de la Plataforma 'Mi barrio Sin Amianto', vive a escasos 300 metros de uno de los núcleos de concentración de los residuos. Se instaló en su vivienda de protección oficial en el año 2007. “Cuando las compramos no lo podíamos imaginar. Sabíamos que Ibertubo se desmanteló…pero lo que yo no sabía es que se habían realizado vertidos sin controlar, ni que fuera tan peligroso. Y no hablamos de algo tóxico sino de cáncer. No es lo mismo”.

Cree que antes de que se construyeran las viviendas públicas en las que reside, ya “se sabía” que allí había restos de amianto. “Había denuncias anteriores pero no hay información suficiente. La gente no lo sabe”.

“Tenemos bastante susto metido en el cuerpo”, explica esta vecina y acusa a las administraciones competentes de falta de información. “No nos están informando, no les interesa. Y si mueven un dedo es para callarnos”.

Reconoce que, ahora, con toda la información que está saliendo a la luz mucha gente se plantea marcharse de la zona. El propio portavoz de la plataforma Rafael García, ya lo ha hecho, pero Elena Rodríguez asegura que en el caso de su familia es más complicado. “Hay que ver económicamente a dónde te vas”.

En el barrio, añade, “muchos te dicen ¡pero si lleva aquí toda la vida! Pero claro, como no se ve, la gente no lo tiene claro. Cuando la gente empiece a tener problemas de salud será otro cantar. Todos tenemos niños pequeños y no queremos que les pase nada”.

10 medidores en zonas públicas

De momento, tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento de Toledo se viene negando que haya cualquier peligro para la población pero la Plataforma 'Mi Barrio Sin Amianto' no se fía. Por eso ya ha conseguido recaudar más de 2.800 euros que le permitirá instalar al menos 10 medidores del nivel de fibra de amianto en el aire dentro de la zona.

Aseguran que se trata de “verificar el nivel de riesgo y peligro al que estamos expuestos en el barrio, y exigir y articular medidas de presión social para que los políticos solucionen de forma urgente e inmediata la situación”. Los medidores se colocarán en colegios, centros de salud o en la zona cercana al centro comercial 'Luz del Tajo'.