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El daño "latente" por amianto en Toledo que puede terminar en los juzgados

Los vecinos del toledano barrio del Polígono han consultado a Colectivo Ronda, un bufete especializado que alerta que el problema de salud pública acaba de empezar

La exposición al amianto fue “el mayor genocidio laboral en España” y sus consecuencias, aún infradiagnosticadas, se dispararán en 2024

Los abogados recomiendan no esperar a que aparezca la enfermedad para denunciar. De no haber soluciones, el de Toledo podría derivar, en su opinión, en un caso de delito ambiental 

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amianto en Toledo

amianto en Toledo Foto: Podemos

¿Cuáles son las consecuencias ambientales y para la salud de la presencia de 90.000 toneladas de amianto en el barrio del Polígono de Toledo? Es la pregunta que se hizo la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ cuando decidieron consultar al neumólogo catalán Josep Torrés, especializado en la cuestión, y que tiene hasta 200 pacientes vecinos de Toledo con síntomas patológicos por inhalación de esta partícula.

Esa misma pregunta también fue trasladada al Colectivo Ronda, más recientemente. Es un bufete de abogados que desde hace más de 30 años defiende los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto. Esther Costa es especialista en la defensa de las llamadas ‘víctimas pasivas del amianto’ que habló con los vecinos. Conoce bien los casos de quienes, de forma indirecta, se han visto expuestos al amianto, bien por ser familiares de un trabajador (aquellas personas que, por ejemplo, lavaron la ropa de la fábrica), bien por tener la vivienda (antes y ahora) cerca de una de las empresas que manejaban este material.

En el barrio toledano del Polígono, donde hoy viven más de 20.000 personas,  se dieron ambos casos hasta que Ibertubo, fábrica de elementos con fibra de amianto, cerró sus puertas y se completó la descontaminación de la parcela que ocupaba. Algo que no se produjo hasta el año 2008, seis años después del cierre. Pero los residuos no desaparecieron del todo. Hoy persisten en esta parte de la ciudad 90.000 toneladas esparcidas en numerosas parcelas. Algunos restos están a apenas unos metros de las viviendas, al aire libre y sus habitantes  se han convertido en afectados “pasivos” del amianto.

Los restos de amianto en sí mismos, no perjudican a la salud, salvo que empiecen a deteriorarse por haber concluido su vida útil. Esther Costa explica que SGS Tecnos viene realizando mediciones en los últimos años. Son datos que manejan desde la asociación vecinal toledana.  “Es una empresa especializada y dice que encuentra presencia de fibras de amianto, lo cual me hace pensar que se está degradando. ¿Cuál es el límite para los vecinos? No me sirve el que marca la legislación laboral porque está pensada para quienes llevan equipos de protección. Aplicar esos parámetros a los afectados pasivos es una irresponsabilidad porque hay unanimidad médica en que una sola fibra de amianto puede causar cáncer. El límite es cero”.

“Toledo es un caso latente, hay una expectativa de daño”

El uso del mineral se extendió durante el franquismo. “El descubrimiento de la fibra de amianto (la uralita) lo hizo un empresario republicano, Josep María Roviralta al que le fue expropiada la empresa y entregada a la Banca March como pago por los servicios prestados en el contrabando de armas durante la Guerra Civil. De esos fangos estos lodos. El tema del amianto siempre ha permanecido tapado. En Europa se sabía que era nocivo y aquí se ocultaba”.

70 años después las consecuencias del amianto en la salud no han hecho nada más que empezar y alcanzarán su punto álgido en 2024. Entre 1975 y 2010 fallecieron 6.037 personas en España por enfermedades causadas por la exposición al amianto. Las estimaciones de la Unión Europea para nuestro país apuntan a que entre 2017 y 2020 fallecerán más de 1.000 por mesostelioma, la que más se vincula al amianto, al margen de los muertos por cáncer de pulmón o asbestosis. “Pero es que las defunciones a causa del cáncer provocado por el amianto se prolongarán hasta 2040 con un pico de casos en 2024”, dice la abogada.

Y lo peor son los pocos casos diagnosticados. De los afectados entre 2007 y 2011 por mesotelioma pleural en España solo hay reconocido un 6,4% de casos en hombres y el 4,4% en mujeres, según datos también de la UE. Si el cáncer es de pulmón, el infradiagnóstico alcanza el 98,8%. Se trata, dice la abogada de “un cáncer extraño pero es sumamente común en lugares donde funcionaron empresas que manipulaban amianto”.

 “Si Ibertubo cerró en 2002 y la latencia es de hasta 40 años, queda tiempo para que la enfermedad pueda ser diagnosticada”, señala Costa. La abogada explica que, en el caso de Toledo, “nos encontramos ante un caso latente, hay una expectativa de daño. Esta situación es defendible en el juzgado”. Y advierte que muchos casos pueden quedar enmascarados al atribuirse falsamente al tabaquismo.

Enfermos pasivos, ¿hay resquicio judicial para los vecinos del Polígono?

El caso de Toledo llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente y “el fiscal de Sala es claro en sus conclusiones: los residuos son peligrosos”, recuerda la abogada quien sostiene que “ahora lo que tendría que hacer, si se considera que hay peligro para la población, en empezar a citar como investigados a los responsables, que serían básicamente administrativos sean de la Junta, el Ayuntamiento o la Confederación Hidrográfica del Tajo y, a partir de ahí, depurar responsabilidades”.

“Hay muchos argumentos para que los vecinos empiecen a movilizarse” sin esperar a que haya casos de muerte. “¿Ahora que se puede reclamar? El cese de la contaminación ambiental. Hoy es indiscutible que el amianto causa daño” y si se produce inacción por parte de las administraciones, recomienda acudir al contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelares.

El Gobierno de Castilla-la Mancha no reconoce un problema de salud pública. El Ayuntamiento en cambio habla de “riesgo potencial”.  El departamento de Medio Ambiente de la Junta se ha comprometido a realizar una primera actuación, a mediados de este mes de octubre para tapar los restos como solución provisional antes de su total retirada.

Lo cierto es que el presupuesto consignado hasta ahora no llega para dar una solución definitiva y, además, existe un conflicto, que amenaza con judicializarse, con los propietarios de las parcelas en las que se encuentra depositado el amianto. Unos propietarios que no reconocen su obligación de retirarlo y asumir los costes. Mientras, el Ayuntamiento toledano se ha comprometido a realizar análisis del aire, con partidas que tendrán su reflejo en los presupuestos del 2018.

La abogada no descarta ni la vía civil, contra los propietarios ni las contencioso-administrativa o la penal contra las administraciones “si se constatase un delito contra el medio ambiente o las personas”. Y en todo caso, insiste, “no esperar a que aparezca la enfermedad”.

El problema del infradiagnóstico de los casos de cáncer

Otro de los aspectos del caso toledano es el de los antiguos trabajadores de Ibertubo. Llegaron a ser 200. Marta Barrera es  abogada del Colectivo Ronda desde 2002 especializada  en la defensa laboral de los afectados por enfermedades profesionales como consecuencia de la exposición al amianto y también de sus familiares. Se ocupa de los casos “tanto los enfermos, tengan la edad que tengan, como de sus viudas”.

Las relacionadas con el amianto (mesostelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe o asbestosis)  están reconocidas oficialmente por el Estado y “los casos no prescriben nunca”. Por eso, dice Barrera, “más allá de la edad de jubilación es posible solicitar el reconocimiento de la enfermedad profesional sobre todo en un tema como este en el que la latencia, es decir el tiempo que tarda en aflorar desde la exposición oscila entre los 15 y los 40 años”.

“Gente que estuvo expuesta al amianto en los años 80 tiene la fibra en los pulmones y ahora le está aflorando”, explica.  En Toledo, Ibertubo estuvo funcionando hasta el año 2002. “Dicen que  el mayor número de afectados en España será en 2024. Y en este despacho ya llevamos cientos de casos”.

En los casos de personas que han trabajado con amianto, e incluso han fallecido, lo primero que recomienda Colectivo Ronda es pedir a la Seguridad Social un reconocimiento de la prestación de incapacidad o de viudedad (en el caso de fallecimiento) derivada de la enfermedad profesional. El incremento por haber trabajado en este tipo de empresas puede implicar hasta una pensión tres veces más alta.

“Si este paso lo damos a través de la Seguridad Social bien y si  no, hay que ir a juicio. El proceso lleva un año como mínimo", detalla. Una vez reconocida la prestación se pueden reclamar daños y perjuicios en el plazo de otro año para que me pague la indemnización. Ibertubo cerró en el año 2002, el mismo en el que el uso del amianto fue prohibido en España. Se dedicaba a  fabricar fibrocemento, un compuesto de cemento y polvo de amianto. “Todas estas empresas normalmente estaban vinculadas a Uralita y se le puede reclamar, y si no, al menos se logra el reconocimiento de una pensión mayor”.

“Tristemente, ahora un muerto es mucho más barato que una persona viva y enferma. Estamos consiguiendo para las familias de los fallecidos entre 100.000 y 150.000 euros. Para un enfermo, dependiendo de la edad y su situación, entre 75.000 y 300.000 euros”, explica la abogada.

Colectivo Ronda recuerda que el Tribunal Supremo “ha reconocido que las empresas sabían el daño que estaban haciendo y no hicieron nada para proteger a sus trabajadores a pesar de existir normativa desde los años 40”. Además, los afectados tienen un plazo de cinco años para pedir lo que se conoce como el ‘Recargo de Prestaciones por falta de medidas de seguridad’. “Tiene que existir una empresa responsable y en ese caso, una vez conseguida la mejora en la pensión, al trabajador  se le otorga un 50% más al mes”.

El proceso es lento, reconoce la abogada. Aún lleva casos que colean desde el año 2008 pero el Colectivo pide no desistir y lamenta “el infradiagnóstico de esta enfermedad en España”. El problema de salud pública está por llegar. Advierte que “es el mayor genocidio laboral que ha existido no solo en España sino en Europa. Nosotros no podemos devolver la salud pero sí mejorar la situación económica a quienes necesitarán mucha atención médica”.

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