“Ya no vendrán más los 'hombres de negro' a partir del año 2025”, ha señalado Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, en declaraciones a la cadena Cope. Según este anuncio, España se deshace de la vigilancia especial de Bruselas después de inyectar cerca de 90.000 millones al sector financiero desde 2008.

Esto gasto supone un impacto acumulado en el déficit público (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de cinco puntos del PIB (Producto Interior Bruto). Cerca de 75.000 millones, a cierre de 2023, según los últimos datos publicados por la propia Comisión Europea.

Cuerpo, que ha presentado este mismo martes en el Consejo de Ministros la estrategia de financiación del Tesoro Público para este año, ha explicado que durante este 2025 nuestro país abonará el pago adicional que el Estado le debe al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) por el préstamo que nos dio para el rescate de las instituciones financieras en 2012, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

“Tras el pago que se realice este año al MEDE, el Reino de España ya no tendrá más misiones de las instituciones europeas e internacionales en relación con ese préstamo, con ese rescate de las instituciones financieras”, ha incidido el ministro de Economía.

“Teníamos misiones posprograma desde el rescate de las instituciones financieras, con una frecuencia periódica. Este año ya habremos alcanzado el repago del 75% de ese crédito que nos dio el MEDE, y esto supone que estas misiones y estos informes dejarán de emitirse”, ha detallado Cuerpo.

Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió en octubre el informe que analiza la evolución de los programas de apoyo al sector financiero. El informe cifra en alrededor de 90.000 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2023 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012.

Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado cerca de 16.000 millones. De ahí el resultado del desfase de 75.000 millones. En puntos del PIB, solo Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovenia han acumulado un impacto mayor.

Actualmente, el objetivo del Gobierno es cerrar 2024 con un déficit del 3%, según lo comprometido con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) para reducir los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública.

“¿Hay algún mosquetero francés dispuesto a salvar a Atos?”, se preguntaba hace unos días la televisión pública France Info. De momento es el Estado el que más se está implicando en el rescate del grupo. El domingo, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que había enviado una carta de intención a Atos con vistas a negociar la adquisición de todas sus actividades “soberanas”, con el objetivo de evitar que intereses estratégicos de Francia puedan “caer en manos de actores extranjeros”, según declaró el propio ministro en una entrevista en televisión.

El anuncio de Le Maire se produjo un día antes de que se hiciera público un nuevo deterioro en la situación financiera de Atos. El nuevo plan de negocio presentado el lunes 29 de abril revisaba al alza necesidades de financiación tras un mal comienzo de año: Atos asegura que necesita una inyección de liquidez de 1.100 millones de euros para financiar sus actividades en 2024-2025 (frente a una estimación anterior de 600 millones de euros). De manera global, debe dar una respuesta a su deuda de 5.000 millones de euros antes de agosto.

Durante mucho tiempo el Ejecutivo francés había optado por mantenerse al margen pese a las dificultades que ha venido acumulando en los últimos años el que fuera buque insignia de la French Tech. Y todo ello pese a los repetidos llamamientos de varios partidos de la oposición, que en los últimos meses han solicitado en varias ocasiones la nacionalización directa de actividades juzgadas como estratégicas para intereses nacionales.

Ahora la intención de compra que se ha presentado va un paso más allá de la acción preferencial (golden share) que el ministerio ya había anunciado el pasado 9 de abril, que aseguraba al Estado un derecho de decisión sobre Bull SA, la filial de Atos que gestiona, entre otros, los supercomputadores que se utilizan en las simulaciones de armas nucleares (Francia dejó de hacer ensayos nucleares en el Pacífico en 1996).

No obstante, como señala Libération, este mecanismo de golden share estatal ya había mostrado límites en el pasado, en concreto en el caso de Arabelle, la turbina para los reactores nucleares EPR. Vendida en 2015 a la estadounidense General Electric con el resto de la rama energética de Alstom, Francia negocia desde hace años para recuperar su control después de una serie de diferencias con el grupo americano. “Ojalá el entonces ministro de Economía, un tal Emmanuel Macron, hubiese tenido más vista cuando dio luz verde a esta adquisición”, apunta Libé.

Nuclear, defensa y ciberseguridad

En el caso de Atos el Gobierno quiere asegurarse un mayor control. “Es una responsabilidad del Estado defender los intereses estratégicos de Atos y evitar que tecnologías sensibles y decisivas en materia de superordenadores o defensa pasen a depender de intereses extranjeros”, insistió Le Maire en su intervención del domingo.

En la práctica, la intención es adquirir tres actividades concretas a través del control accionarial en filiales específicas de Atos: de entrada los citados ordenadores de alto rendimiento (supercomputadores), utilizados en la simulación nuclear; también los llamados sistemas de misión crítica (mission critical systems), que proporcionan mapas e información en tiempo real a las fuerzas armadas y que gestionan las comunicaciones de los cazas Rafale; por último, varias actividades de ciberseguridad que se utilizan para encriptado o control de acceso a bases de datos.

De acuerdo con Atos estas tres actividades representan entre 700 y 1.000 millones de euros de su cifra de negocios, es decir, algo menos del 10% de los ingresos totales y emplean a unas 4.000 personas, la gran mayoría en Francia. De acuerdo con las informaciones filtradas por el ministerio estos días, el Estado baraja una oferta de 700 millones.

Aunque la carta de intención no tiene valor contractual, su mero anuncio provocó una fuerte subida en bolsa de las acciones de Atos el lunes. Ahora el Gobierno debe iniciar conversaciones con la dirección de la empresa en las próximas semanas y está previsto que se presente una oferta de adquisición a principios de junio de 2024.

Thales y Dassault

En todo caso el ministerio no quiere embarcarse en el proyecto en solitario y el ministro ha anunciado que espera convencer a otros grupos industriales franceses para que se sumen a él. Le Maire ha insistido en que la intención no es nacionalizar las actividades, sino desvincularlas de Atos y gestionarlas en una nueva sociedad, una colaboración público-privada. “No corresponde al Estado dirigir en solitario estas actividades y lo lógico sería que fueran gestionadas por industriales en el marco de una asociación accionarial”, subrayó.

Aunque evitó citar nombres, uno de los principales candidatos es Thales, que ya trabaja con Atos en varios proyectos militares y civiles y que es propiedad del Estado francés en un 26%. La estructura del capital de esa colaboración final podría asemejarse a las de Naval Group (fabricante de submarinos nucleares, que pertenece en un 62,25% al Estado y en un 35% a Thales). Otra posibilidad, según varios medios, podría ser la entrada en las negociaciones del grupo Dassault.

En cualquier caso, una vez aseguradas estas actividades, parece que el Gobierno no tiene intención de implicarse en el capital del resto del grupo. El Comité interministerial de reestructuración industrial supervisa el procedimiento de conciliación financiera iniciado el 26 de marzo, con el que Atos debe convencer a sus acreedores de la viabilidad de su plan para reembolsar 5.000 millones de euros de deuda.

¡Buenos días!

Pasaron las elecciones pero no parece fácil que se pueda conformar un Gobierno. Sería necesario reconstruir un Ejecutivo con una visión social de la economía, ya que vienen momentos turbulentos. No es el apocalipsis que nunca terminó de llegar, que preconizaban las derechas para tratar de desgastar al Gobierno de coalición, en este caso todas las previsiones de instituciones apuntan a un frenazo del crecimiento económico global en lo que queda de 2023 y, sobre todo, en 2024.

En cierta manera es el camino natural, cuando los bancos centrales están echando leña al fuego con una política monetaria dedicada a frenar la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido otra vez los tipos de interés un cuarto de punto, a niveles no vistos hace 22 años. Este jueves, el BCE apunta a que hará lo mismo, aunque Alemania está en recesión y España ya ha conseguido rebajar la inflación por debajo del 2%. En esta información te contamos como el BCE trata de arreglar la economía a martillazos.   

Con estos mimbres, más la vuelta a las reglas fiscales en la Unión Europea, a lo que hay que sumar el 'techo del turismo, la delicada recuperación de China o posibles turbulencias financieras, nos vamos a encontrar con un ambiente económico que necesita a un Gobierno que no replique soluciones neoliberales sino que tenga imaginación para aplicar políticas que no dejen atrás a las personas. Aquí te explicamos las cinco amenazas para la economía.

El Gráfico

Además, es que es muy probable que el Instituto Nacional de Estadística haya subestimado la evolución del PIB en España. Los datos registrados de creación de empleo, recaudación o consumo reflejan que el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país estaría minusvalorado en 8 puntos. La desviación no es poca cosa. Estamos hablando de que faltarían más de 106.000 millones de euros en la contabilidad de nuestra economía.

Si fuera así España tendría menos déficit que Alemania y un endeudamiento inferior al de Francia y se habría recuperado mucho antes el PIB perdido por el impacto de la pandemia de Covid. En este análisis tienes todos los detalles.

El Dato

50% de crecimiento

Este es el incremento de las ventas fuera de nuestro país de servicios no turísticos entre 2020 y 2022, según un informe publicado por el Banco de España. Unos datos que reflejan el cambio estructural de la economía, ya que la rúbrica del turismo no es la que más tira de los servicios. La clave está en “la capacidad competitiva de las grandes empresas exportadoras en España, que suelen pertenecer a grupos [nacionales e internacionales]”, de “servicios empresariales, de transporte y tecnológicos, dirigidos, sobre todo, al área del euro y a América del Norte”. ¿Cuál es el reverso de la moneda? Que esta competitividad se basa, sobre todo, en “la tónica de moderación salarial mantenida en nuestro país”. A este elemento habría que añadir la bajada de la inflación, especialmente de los precios de la energía. En este enlace tienes mucha más información. 

Entrepreneur

“¿Qué quería comprar? Musk no quería Twitter por sus empleados (a los que despidió), ni por su código (que destroza con frecuencia), ni por su marca (que ha abandonado), ni por sus usuarios más fieles (a los que se esfuerza por ahuyentar)”. Esta es la reflexión de Matt Levine, uno de los analistas financieros más reputados de Wall Street, en su columna en Bloomberg. Elon Musk ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca sobre Twitter con la eliminación del nombre y del logo de la red social (el famosos pajarito azul) para desconcierto de inversores, tecnólogos y usuarios, en general. Nadie encuentra una explicación lógica a este paso en el mundo empresarial si se tiene en cuenta que Musk se gastó 44.000 millones de euros en esta red social, que con las decisiones que está tomando parece que pretende destruir. Mucha más información de la desastrosa gestión de Twitter por parte de Musk en este enlace. 

Cada vez que habla sube el pan

"No esperamos demasiados cambios en la remuneración del pasivo en los próximos trimestres"

Héctor Grisi — consejero delegado del Banco Santander

Antes la excusa era que el negocio en España no se había recuperado. Ahora con las hipotecas disparadas y beneficios récord, el banco Santander ha optado por el subterfugio del “exceso de liquidez” para no subir la remuneración de los depósitos, una explicación que para sus clientes es similar a la que te dan en un garaje cuando llevas el coche y te dicen que la avería está en la junta de la culata. El banco que preside Ana Botín ha conseguido ganancias récord en el primer semestre de 2023: 5.241 millones de euros. No es suficiente para tratar bien a sus clientes. Aquí te damos más detalle.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a los estados que preparen un 'colchón' de dinero ante el riesgo de nuevas turbulencias bancarias. El organismo advierte de que “el susto” del colapso del Silicon Valley Bank de California o Credit Suisse podría repetirse en los próximos meses. Solo nos faltaba que tuviéramos que dedicar otra vez dinero público para rescatar a una parte del sector financiero. En esta información te lo contamos. 

Bien público

La Audiencia Nacional ha tumbado las deducciones que la filial española de la multinacional sueca Electrolux se aplicó por los gastos de cerca de 60 millones derivados del cierre de las dos fábricas que tenía en España. Así son estas empresas, no solo se marchan sino que encima quieren pagar menos impuestos aún. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, te contamos la pugna legal que inició esta multinacional contra la Agencia Tributaria para pagar menos impuestos de los que debía. Dos detalles importantes: Primero, el cierre de las dos plantas supuso el despido de 1.000 trabajadores. Segundo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que pese a la mala evolución económica “no resulta tan convincente que la única alternativa fuera el cierre” de esas dos fábricas. Aquí puedes leer el reportaje de Antonio M. Vélez. 

Nos gusta la competencia

Ahora una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí termina el boletín por este curso. Nos vamos de vacaciones, volveremos a vernos en septiembre. Por cierto, este septiembre, los días 8 y 9, celebramos el Festival gratuito de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en A Coruña, con conciertos, debates y entrevistas... Por si te apetece venir. Por otro lado, si nos quieres escribir aquí tienes nuestro correo: contraoferta@eldiario.es. 

¡Buenas vacaciones! 

El último informe del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE o ESM, por sus siglas en inglés) lanza un claro mensaje para el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio: que la economía española “siga así”. Este organismo, creado por el Consejo Europeo en 2011 para vehicular los rescates durante la crisis de deuda (y cuyos 'auditores' fueron conocidos como los “hombres de negro”), señala que no observa “riesgos” para nuestro país a corto plazo. También destaca que el crecimiento será mayor frente a la media de la eurozona en 2023 y que la inflación bajará.

Este MEDE fue el fondo europeo intergubernamental que desde 2012 financió los rescates de España y Chipre, y la segunda fase del de Grecia. Antes, en 2010, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) intervino en Irdanta, Portugal y también en el país heleno. En total, prestó cerca de 300.000 millones y condenó a una década de políticas de austeridad a estos estados que recibieron el dinero tras ser asediados en los mercados financieros.

Actualmente, relegado a un segundo plano como mecanismo de financiación, sobre todo tras los programas de compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) y la creación del TPI en 2022 (Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria), sigue realizando un informe anual sobre estas cinco economías.

El de 2022 lo publicó este jueves, coincidiendo con la última subida de los tipos de interés oficiales del BCE, hasta el 4%, un máximo de 2008, con el objetivo de encarecer la financiación y ahogar la actividad (el consumo de las familias, o la capacidad de invertir y gastar de empresas y Administraciones) de la eurozona para luchar contra la inflación.

En el informe, el MEDE admite que la situación actual de España es muy diferente a la de 2012. “Se prevé que [el PIB] crezca a un ritmo notablemente más lento que en 2022, pero por encima de la media de la UE en un contexto de desaceleración global”, recalca. “Está previsto que la inflación disminuya gradualmente en 2023”, continúa.

En el plano de las finanzas públicas, el informe reconoce que han mejorado “gradualmente”, pero advierte que “la deuda pública se mantiene elevada”. Eso sí, se detiene en que “el Gobierno ha avanzado en la implementación de la agenda de reformas asociada con los fondos 'Next Generation EU' [el Plan de Recuperación]” y en que, además, “se ha llegado a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, aumentando los ingresos para el sistema de seguridad social”.

“Mantener este impulso es crucial para impulsar el crecimiento y fortalecer la posición fiscal”, concluye el MEDE. El fondo de los 'hombres negro' resalta también que “España mantuvo un acceso favorable al mercado”, pese a las subidas de los tipos de interés.

“El vencimiento medio de la deuda española sigue siendo relativamente largo, en torno a los ocho años, lo que limita su sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés del mercado”, comenta. Y añade: “El Tesoro español puede hacer frente a los pagos de su deuda, incluidos los pagos del préstamo al MEDE”.

A medio y largo plazo, “pueden surgir desafíos para la sostenibilidad de la deuda pública y su capacidad de pago debido al alto nivel de deuda, el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población y la baja productividad”, finaliza.

Fuente del Gobierno admiten que uno de los grandes objetivos del último año ha sido que nadie pueda vincular a España con Italia si se eleva la tensión en los mercados financieros. Sobre todo, tras el agresivo ciclo de subidas de los tipos del BCE para luchar contra la inflación, que encarece directamente la factura de intereses a la que hacen frente los países cada año.

En definitiva, es crucial evitar que los desequilibrios de Italia arrastren a España a tener dificultades para financiarse, en un momento en el que las necesidades de cubrir el gasto público que no alcanzan los ingresos (el déficit) siguen siendo muy elevadas. Porque de llegar esas dificultades, irían acompañadas de recortes precisamente en el gasto y los servicios públicos (pensiones, sanidad...). Como ocurrió en la crisis de deuda de hace una década; y aunque las nuevas reglas fiscales que se están debatiendo en la Unión Europea (UE) sean más flexibles que las de entonces.

“La Comisión Europea anticipa que en 2024 España entrará en el grupo de países (del que forman parte también Alemania, Francia y Portugal) que no presenten desequilibrios macroeconómicos, por primera vez desde 2012”, presumían el pasado 24 de mayo desde el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El endeudamiento es el primer indicador que se observa para medir la sostenibilidad financiera de un país. Depende tanto del numerador (la deuda) como del denominador (el PIB). Por eso, aunque la deuda pública total sigue aumentando, el endeudamiento disminuye por el crecimiento económico.

“La responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años. El Programa de Estabilidad [aprobado ya por la Comisión Europea] recoge el adelanto a 2024 de la reducción del déficit al 3% del PIB y la deuda por debajo del 110% del PIB”, recuerda el Ministerio de Asuntos Económicos.

El órgano ejecutivo de la UE incluso sitúa la tasa de España por debajo de la de Francia en 2024 [109,1% frente al 109,5%, respectivamente]. El endeudamiento de España no caía por debajo del de nuestros vecinos desde 2012.

La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año.

Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.

España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.

España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.

Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.

¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses.

Países en superávit

La agencia estadística europea aterriza estas grandes cifras en un aspecto más comparativo entre estados, el peso respecto al PIB de cada país en 2022. Según este estudio, Eurostat asegura que correspondería a un déficit acumulado (de 2008 a 2022) del 5,6% del PIB que alcanzó España el pasado año. Aunque el grueso del gasto se hizo hace una década, seguiría teniendo impacto en el déficit del pasado año, incrementándose en una décima.

En este caso, España deja en este caso de ser el país con mayor déficit acumulado por las ayudas al sector financiero. Le superan Chipre (15,8%), Grecia (14,7%), Irlanda (9,8%), Portugal (9,7%) y Eslovenia (8,7%). Cuatro países tienen superávit acumulado, de entre el 0,1% y el 0,4% respecto a sus respectivos PIB. Es el caso de Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Eurostat señala que esto se puede explicar por las rentas en comisiones que han recibido estos países por las garantías concedidas a las entidades financieras, pero también por las rentas que han percibido por la propiedad de instrumentos financieros adquiridos por estos gobiernos o, incluso, por ingresos a través de impuestos específicos sobre el capital, o la reventa de activos no financieros por encima del precio de adquisición.

La mayor parte de los países, por tanto, cuentan con un saldo negativo entre lo que han gastado desde 2008 en ayudas a la banca y lo que han ingresado por ello. Sin embargo, si se atiende al último año exclusivamente, son minoría los que siguen engordando este déficit. Y entre la media docena que lo hace, se encuentra España.

El conjunto de los países de la Unión Europea tenían a cierre de 2022 una deuda vinculada al rescate bancario de casi 430.000 millones de euros, según la estimación realizada por Eurostat. Durante el pasado ejercicio se ha producido un importante recorte de casi 30.000 millones. Este ajuste se ha debido fundamentalmente en Alemania. Sin embargo, Eurostat también destaca la evolución en España, que ha reducido su deuda en este apartado en casi 6.500 millones de euros. La agencia de datos achaca este descenso a la venta de activos improductivos de la Sareb durante el año pasado. El pasivo de España por el rescate quedó 78.700 millones en 2022 y, solo por esta sociedad de gestión de activos, España mantiene una deuda de 30.000 millones al cierre de 2022.

Pese a que el grueso de la crisis bancaria se produjo entre 2008 y 2013, hay países que siguen aumentando su deuda. Ha sido el caso del último año de Polonia, Irlanda o Portugal, todos ellos aumentando en más de 1.000 millones de euros. Estos dos últimos países, con Chipre y Grecia son los que tienen un mayor peso de su deuda pública vinculado al rescate bancario. Entre una quinta y una cuarta parte del pasivo de estos estados se debe a la crisis financiera de 2008 y sus impactos posteriores.

España se encuentra en un segundo escalón de países en los que más del 5% de la deuda pública está vinculada con el rescate bancario. Alemania, Bélgica o Países Bajos se encuentran este bloque. “En la mayoría de países se está produciendo una reducción del impacto durante los años más recientes”, asegura el informe de Eurostat. En Francia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el rescate bancario apenas tiene presencia en su deuda pública.

Dividendos, la principal fuente de ingresos

Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones.

La principal fuente de ingresos que el Estado mantiene, a falta de desinversiones, como herencia del rescate están siendo los dividendos que recibe de CaixaBank y que antes percibía de Bankia. Durante el pasado año fueron 190 millones los que el FROB ingresó procedente del beneficio del grupo catalán, donde ha aumentado su participación hasta superar el 17%. Se espera que este año esta vía de ingresos aumente hasta los 250 millones. Desde 2013, el Estado ha ingresado 1.600 millones por dividendos de su participación bancaria.

La agencia estadística europea también estima el valor de las acciones que mantiene el Estado en bancos, en este caso en CaixaBank. Lo cifra en 4.778 millones de euros a cierre de 2022, un valor ligeramente superior a cómo cotizaban estas acciones este lunes en Bolsa. Esta valoración sigue lejos del rescate inyectado en Bankia y BMN y cuyas acciones se convirtieron en CaixaBank tras la fusión. De aquella inyección de capital quedan pendientes más de 20.000 millones de euros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala que los inversores paguen las quiebras bancarias y no los contribuyentes, como ha ocurrido ante las úlitmas cáidas de entidades financieras en Estados Unidos y en Suiza, aunque con distintas prioridades, y como contempla la regulación europea.

Según afirma el organismo internacional en un informe publicado este mismo martes, “la absorción de pérdidas por parte de accionistas y tenedores de otros instrumentos de capital es un hecho positivo”. Pero, según continúa, “lograr que se absorban más pérdidas entre las distintas categorías de acreedores antes de poner en riesgo fondos públicos está resultando ser una tarea más difícil”.

“La comunidad internacional tendrá que hacer un balance de estas experiencias y sacar conclusiones sobre la eficacia de las reformas de los mecanismos de resolución tras la crisis financiera mundial”, recomienda el FMI.

Recientemente, el modelo de las autoridades suizas de gestión del colapso de Credit Suisse provocó un terremoto en los mercados financieros. El Banco Central de Suiza y el Gobierno rompieron con el llamado orden de prelación que estaba en vigor en Europa y en otros mercados. Este es el orden por el cual los inversores van perdiendo su dinero en caso de colapso bancario. 

En Europa, como se vio con Banco Popular, los primeros que perdieron su dinero fueron sus accionistas, y tras ello fue el turno de los bonistas. El objetivo es ir capitalizando de nuevo la entidad sin que haya una inyección de capital público. En Suiza, sin embargo, los primeros que perdieron su dinero han sido los bonistas, los ya célebres CoCos. Las autoridades optaron por dejar a cero el valor de estos activos, mientras que los accionistas sí recibirán dinero, aunque sea una parte pequeña de su inversión.

Esta decisión generó inquietud en los inversores, que llevaron a nuevas caídas al sector bancario. Tuvo que salir al paso el Banco Central Europeo (BCE). El organismo garantizó que en caso de crisis bancaria se seguiría el orden de prelación ya fijado: primero perderán su dinero los accionistas y, después, los bonistas.

En su informe, el FMI no entra en el orden de prelación. Sí que admite que las actuales turbulencias financieras han sido originadas por las rápidas y coordinadas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales.

“La cuestión fundamental a la que se enfrentan los participantes del mercado y las autoridades es si estos hechos recientes son un preludio de más tensión sistémica que pondrá a prueba la resiliencia del sistema financiero mundial —una señal de alerta— o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de diez años de abundante liquidez”, expone el organismo.

“Casi no cabe duda de que los cambios regulatorios adoptados desde la crisis financiera mundial, en especial en los bancos más grandes, han dotado al sistema financiero de mayor resiliencia en general; sin embargo, todavía preocupan las vulnerabilidades que podrían estar ocultas, no solo en los bancos sino en los intermediarios financieros no bancarios”, continúa.

Riesgo moral

Además, advierte de que “las tensiones surgidas en los mercados financieros están complicando la tarea de las autoridades monetarias”. Es la dicotomía entre estabilidad financiera y estabilidad de precios. Si las turbulencias “se intensifican considerablemente y se convierten en una amenaza para la solidez del sistema financiero en un contexto de alta inflación, podrían plantearse disyuntivas entre los objetivos relativos a la inflación y los relativos a la estabilidad financiera”, precisa.

Según recomienda el FMI, “a fin de contener los riesgos para la estabilidad financiera, es fundamental contar con requisitos mínimos de capital y de liquidez adecuados, incluso para instituciones más pequeñas que, individualmente, no se consideran de importancia sistémica. Las normas prudenciales deben garantizar que los bancos cuenten con capital para hacer frente al riesgo de tasa de interés y para protegerse de pérdidas ocultas que podrían materializarse abruptamente en caso de shocks de liquidez. En el entorno actual de inflación persistente y de altas tasas de interés, las autoridades deben prestar especial atención a la clasificación de los activos bancarios y a las provisiones, así como a las exposiciones a riesgos de tasa de interés y de liquidez”.

Y concluye: “Las medidas de apoyo a la liquidez de los bancos centrales deben abordar los problemas de liquidez, no de solvencia. Estos últimos incumben a las autoridades fiscales (o de resolución) pertinentes. Una parte significativa del riesgo debe permanecer en el mercado a fin de reducir a un mínimo el riesgo moral, y las intervenciones deben tener una fecha de finalización bien definida, para que las fuerzas del mercado vuelvan a actuar libremente una vez que se hayan disipado las tensiones agudas”.

El riesgo moral es el concepto económico según el que un actor, en este caso los directivos y gerentes de los bancos u otras entidades financieras, asume más riesgos si sabe que va a ser rescatado con fondos públicos o si cree que las pérdidas que podrían generar sus decisiones no tendrán consecuencias.

Un grupo de instituciones financieras estadounidenses se encuentra “en conversaciones” para rescatar a First Republic Bank con hasta 30.000 millones y apuntan a un anuncio de la medida este jueves, según diversos medios especializados. Se trata de once bancos entre los que se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, que aportarán 5 mil millones cada uno, según The New York Times.

Por su parte, se espera que Goldman Sachs y Morgan Stanley aporten 2.500 millones de dólares cada uno, si se completa el trato. Además, un grupo más pequeño de bancos regionales podría aportar 1.000 millones de dólares cada uno como parte del total, entre los que están BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y US Bank, tal y como detalló el New York Times.

Tras esta filtración en los medios, las acciones de First Republic subían un 5,31 % a las 15.00 hora local (19.00 GMT), un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana. El rescate del First Republic Bank es “muy bienvenido”, según un comunicado conjunto de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell; el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin J. Gruenberg; y Michael J. Hsu, el contralor interino de la moneda.

First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EEUU, detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, según una nota de Raymond James. El banco rescatado, que tiene sede en San Francisco, fue degradada a la categoría de “junk” (basura, en inglés) el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.

Con este movimiento se evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, entidades cerradas por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente, en un movimiento que desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa.

20.000 millones de euros. Redondeando, es la cantidad que, 11 años después del rescate de Bankia, el Estado tiene que recuperar ahora a cuenta de CaixaBank. La cifra se antoja difícil de alcanzar pero la aceleración de la entidad en Bolsa en 2022 ha redundado en favor de la valoración de las acciones que todavía quedan en manos del FROB, el fondo del rescate financiero. Además, el año pasado culminó con dos noticias que afectan al futuro de la participación pública en la banca. La primera, la ampliación del calendario previsto para su salida del accionariado. La segunda, el incremento de la participación en CaixaBank. Con ello, la participación del Estado ha pasado de valer 1.939 millones antes de anunciarse la absorción de CaixaBank a casi 5.400 millones con los precios actuales.

CaixaBank anunció en 2022 una recompra de acciones de 1.800 millones de euros. Esta operación, que también realizaron Santander y BBVA, es una manera de dar más dinero a los accionistas. Tras ello, se sacan de circulación las acciones recompradas, aumentando el valor de cada título en una operación conocida como reducción de capital. En concreto, el banco va a amortizar casi el 7% de su capital, según anunció el consejo de administración antes de navidades.

El FROB se mantuvo al margen de esta recompra y, gracias a ello, ha aumentado su presencia en el accionariado del banco. Una vez culmine la operación, el Estado será el propietario del 17,3% de las acciones, frente al 16,1% que tenía desde la fusión con Bankia, según informó la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, de quien depende el fondo.

Esta participación tiene una fecha de caducidad, aunque es móvil. Inicialmente, el Estado tendría que haber salido de Bankia en 2017, cinco años después del rescate. Sin embargo, esta fecha se ha ido desplazando cada dos años hasta en cuatro ocasiones. El último Consejo de Ministros del año fijó en diciembre de 2025 la salida del FROB del accionariado de CaixaBank, una fecha que podría no ser la definitiva. Para ese día, habrán pasado más de 13 años desde que Juan Ignacio Goirigolzarri, por aquel entonces presidente de Bankia –cargo que ahora tiene en CaixaBank–, solicitó el rescate tras el descalabro de las cuentas que había dejado la anterior dirección, capitaneada por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

A estos dos cambios, que afectan al horizonte de la presencia del Estado en CaixaBank, se ha unido una tercera noticia. CaixaBank fue la segunda compañía del Ibex 35 que más aumentó su valor el año pasado, en más de un 50%. Solo le superó otro banco, Sabadell. Con ello, el valor de la participación del Estado se ha disparado en 2022. Teniendo en cuenta el aumento del porcentaje del banco en sus manos, el valor ha crecido hasta los 5.400 millones.

Sin embargo, esa cifra está todavía lejos del rescate que tuvo que desembolsar el Estado para sanear Bankia en 2012. Fueron 22.000 millones de euros, a los que se unieron otros 2.000 millones de BMN, que acabó integrando en 2017, hablando en cifras redondas. El FROB percibió los dividendos de los años siguientes en el banco, unos 1.100 millones, y desinvirtió en dos ocasiones, 2014 y 2017, porciones de acciones con fuertes pérdidas, sumando algo más de 2.100 millones. Así, la cifra pendiente de recuperar supera todavía los 20.000 millones de euros. Es decir, el valor actual de la participación cubre apenas algo más de la cuarta parte del rescate pendiente de recuperar.

A esa cifra hay que sumar los dividendos de CaixaBank. Hasta la fecha se ha beneficiado de dos repartos de beneficios, en 2021, justo después de la fusión, y en 2022. Han sumado unos 214 millones de euros. Esta primavera comenzará a percibir los dividendos correspondientes al beneficio de 2022. El banco tiene por política repartir el 50% de sus ganancias entre sus accionistas. La entidad estimó en su último plan estratégico que repartiría 9.000 millones entre sus inversores entre 2022 y 2024, incluyendo los 1.800 millones de la recompra de acciones.

Maximizar la recuperación

El Gobierno informó a finales de diciembre que el hecho de ampliar el plazo para la desinversión, pese a que todavía quedaba un año para su vencimiento, “persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de la recuperación de la participación del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”. Aseguraron, además, que el proceso de desinversión “debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de CaixaBank de seguir evolucionando de manera favorable en un entorno de tipos de interés al alza”.

El Gobierno y el propio FROB han reconocido en el pasado que recuperar la totalidad del rescate se antoja muy complicado. El Banco de España llegó a estimar hace años, cuando las acciones del Estado estaban en Bankia, que apenas algo más de 9.000 millones serían rescatables. Las autoridades respaldaron la fusión con CaixaBank en 2020, criticada por Unidas Podemos, defendiendo que aumentaría el valor de las acciones y permitiría realizar pequeñas ventas en función de las oportunidades que se encontrasen en el mercado. Sin embargo, cuando se van a cumplir dos años de la fusión, el Estado no se ha desprendido de ninguna de las acciones que le correspondieron tras la absorción de Bankia.

Así, el porcentaje final de recuperación de las ayudas dependerá de la evolución de la acción y de los dividendos. Esta primavera, el FROB recibirá la cantidad que corresponda de los resultados de 2022. Un año en el que el banco va a presentar un importante beneficio. Hasta septiembre, a falta del último trimestre, las ganancias crecían un 17%. Los resultados se conocerán en los primeros días de febrero, momento en el que se espera que se informe también del nivel de dividendo de la entidad y lo que corresponderá al Estado.

El banco afronta ahora además un nuevo periodo dentro de la dirección. El consejo de administración ha cesado esta semana a Juan Antonio Alcaraz, responsable de la dirección del negocio del banco desde hace más de 15 años y considerado el 'número tres' del organigrama, por detrás de José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar. Sus responsabilidades se han repartido entre tres nuevos directivos que se han incorporado esta semana al comité de dirección de la entidad.

La ampliación del periodo de permanencia en CaixaBank acerca la fecha estimada de salida del banco a la que mantiene el FROB para la otra participación que le queda pendiente. Si ahora tiene hasta finales de 2025 para salir de CaixaBank, el fondo tiene hasta 2027 para liquidar la Sareb, conocida como 'banco malo', donde fueron a parar los activos tóxicos de los bancos rescatados. Durante el pasado año también hubo novedades para esta participación del Estado en el sector financiero. Eurostat había obligado al Gobierno a contemplar como deuda pública el pasivo de esta sociedad, puesto que estaba respaldada por el Estado. Así, el Ejecutivo decidió tomar el control de la empresa de gestión de activos inmobiliarios y amplió su participación por encima del 50%.

Diciembre de 2025. Esta es la nueva fecha que se marca el Gobierno para que el Estado desinvierta en CaixaBank. Se trata de una nueva prórroga del plazo para salir del sector financiero, siendo una de las escasas vías pendientes que tiene el Estado para recuperar una parte de las ayudas económicas que se dieron durante el rescate de hace una década. El FROB, vehículo de participación pública, tiene algo más del 17,3% de los títulos de la entidad catalana, siendo su segundo accionista. El Consejo de Ministros ha ampliado en la reunión de este martes el plazo legal que se marca para la desinversión.

La decisión es la esperada. El Ejecutivo todavía tenía un año más para decidir sobre la desinversión en CaixaBank, aunque se daba por hecho que se podría ampliar el calendario. “Esta ampliación persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación, del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”, aseguró el Gobierno en una nota de prensa a última hora del pasado viernes.

El FROB defendió en 2020 la fusión de Bankia y CaixaBank argumentando que permitía realizar desinversiones de paquetes de acciones de manera más fácil que teniendo la participación de control de una entidad. Sin embargo, desde entonces no se ha producido ninguna operación de venta y se mantiene el 17,3% tras el plan de recompra de acciones que ha realizado CaixaBank. Supone, de hecho, aumentar su participación en el banco, ya que antes de esta operación se situaba en el 16,1%.

El Estado ha visto una fuerte revalorización de la participación que tiene en el sector bancario, si bien todavía queda lejos del dinero que invirtió en Bankia para su rescate. CaixaBank es la segunda compañía del Ibex 35 que más ha subido durante este año 2022, un 58%, solo superada por otro banco, Sabadell. La entidad tiene un valor en Bolsa de algo menos de 30.000 millones de euros, por lo que la participación del Estado actualmente vale unos 5.080 millones de euros en el mercado. Sin embargo, la cantidad pendiente de recuperar de la entidad rescatada supera los 20.000 millones, por lo que la brecha sigue siendo elevada.

“El proceso de desinversión debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de Caixabank para seguir evolucionando de manera favorable, en un entorno de tipos de interés al alza”, defendió el Gobierno.

El Estado rescató Bankia en 2012 y se hizo con el 68,69% del banco. Unido a BMN, entidad que fue posteriormente absorbida por Bankia, el rescate total rondó los 24.000 millones de euros. Desde entonces, únicamente se han hecho dos desinversiones con importantes pérdidas para el Estado. Sin embargo, de la última de ellas hace más de un lustro.

Con la ampliación aprobada este martes en el Consejo de Ministros, es ya la cuarta vez que los distintos gobiernos han ampliado el plazo para salir del sector financiero. La primera se aprobó en 2016, la segunda en 2018 y la última se realizó en febrero de 2021, que llevaba la fecha límite hasta diciembre del año que viene. Ahora se prolonga hasta 2025. El FROB, además de propietario del 17% de CaixaBank, es el dueño de la Sareb, donde retiene más del 50% de los títulos.

Nos atracan y nos dejamos. Con comisiones abusivas. Por ingresar nuestro dinero. Por retirar efectivo a través de un cajero. Por tener tarjeta de débito. O de crédito. Por hacer transferencias. Por un supuesto mantenimiento de la cuenta corriente. Por la gestión para firmar un crédito. Por cancelaciones anticipadas parciales o totales de nuestras hipotecas. Por intereses de demora. Por descubiertos. Y hasta por respirar, si nos dejáramos.

¡Arriba las manos!, esto es un atraco. Lo perpetran a diario los bancos con nuestro consentimiento. Y, por supuesto, con la mirada gacha de los poderes públicos. Ah, y no se olviden de que ya ni podemos pisar una oficina bancaria. Toda gestión se debe hacer por teléfono. O por la web. O por la App. El afortunado que tenga la suerte de que un humano -y no una máquina- le conteste cuando marca el número de su oficina bancaria es porque habrá pasado hora y media escuchando música de espera y maldiciendo contra los beneficios de las entidades financieras, contra el cierre de sucursales bancarias o contra las jubilaciones anticipadas de sus empleados. 

Y esto que los resultados de los nueve primeros meses de 2022 que han presentado los grandes bancos españoles registran fuertes subidas en sus ya de por sí abultados beneficios. Si hay alguien que siempre gana es la banca. Las seis entidades cotizadas del país sumaron la friolera de 16.014 millones más que en el mismo periodo de 2021. De ellos, 5.863 millones corresponden a la actividad bancaria en España, lo que es un 31% más de lo que anotaron hasta septiembre del año anterior. Exactamente, 1.400 millones más a costa de la crisis que tiene ahogadas a millones de familias y que son, euro arriba o euro abajo, los que tendrán que abonar las seis principales entidades por el impuesto extraordinario con el que el Gobierno gravará los beneficios extra, por la subida de los tipos de interés. 

Hablamos de un gravamen que el sector amenaza con recurrir ante los tribunales porque, en su opinión, “no ofrece seguridad jurídica, no ayudará a contener la inflación y reducirá en 50.000 millones de euros el crédito”.  Lo de arrimar el hombro es un concepto cuyo significado no conocen las entidades financieras ni sus cúpulas directivas, que son, por cierto, las mejor pagadas de Europa ya que en 2020 percibieron una media de 2,178 millones de euros entre remuneración fija y variable, según datos de la Autoridad Bancaria Europea.

La misma banca que fue rescatada con 58.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en la pasada crisis financiera y que no ha devuelto más que 6.000 -según el FROB- es la que amenaza ahora con una batalla judicial para librarse de una contribución temporal a la solidaridad y la misma que lleva años sin devolver el dinero que cobró indebidamente a sus clientes mediante comisiones abusivas como la cláusula suelo de las hipotecas o los gastos de notaría, registro o tasación.

A estas alturas nadie puede sorprenderse de la falta de escrúpulos del sector que peor trata a sus clientes, pero sí de que un Gobierno progresista presente como un hito el acuerdo alcanzado con el sector para que a través de un Código de Buenas Prácticas se reduzca el pago de las cuotas hipotecarias a las rentas de hasta 29.400 euros. Aunque la medida se haya presentado como el bálsamo de Fierabrás contra la subida de los tipos de interés, no es obligatoria sino que dependerá solo de la voluntad de cada entidad. Esto, sin hablar de que una rebaja de la cuota puede aliviar la carga financiera inmediatamente, pero supondrá pagar el préstamo durante mucho más tiempo y, en consecuencia, a hacer frente a más intereses. Pues aun así, a los consejeros delegados de los grandes bancos les parece que gravar con un 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobrarán a sus clientes durante los próximos dos años será “negativo” para la economía, el empleo y el crédito.

La banca nos toma por idiotas, el Gobierno mira hacia otro lado y la sociedad transige, y no solo con la voracidad de un sector rescatado antaño con el dinero de nuestros impuestos, sino también con el maltrato sistemático que ejerce sobre sus clientes.

Hace ya más de un año que cuatro grandes compañías, Ávoris, Plus Ultra, Duro Felguera y Air Europa, recibieron fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como último recurso para fortalecer sus finanzas lastradas por el desplome de la actividad económica en marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia. Por ello, al igual que tendrán que hacer todas las empresas rescatadas, tienen que informar sobre el destino de las ayudas aportadas por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de un reparto máximo de 10.000 millones de euros y que es gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tienen ese plazo porque así lo marcó el Ejecutivo en el Acuerdo del Consejo de Ministros, del 21 de julio de 2020, que establece el funcionamiento del Fondo de solvencia. Consideró que “para asegurar la debida transparencia”, las empresas que reciban ayudas deben publicar “en sus portales corporativos, información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta el pleno reembolso de la ayuda”. 

Además “en el caso de grandes empresas, dicha publicidad incluirá información sobre la forma en que la utilización de la ayuda recibida apoya sus actividades en consonancia con los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050”.

Un margen de maniobra amplio que hace que la información que publican las primeras compañías rescatadas por la SEPI no sea del todo homogénea. Tampoco es una de las informaciones más destacadas y de fácil acceso en sus páginas web, aunque las cuatro empresas que ya han cumplido, al menos, un año de rescate sí que aportan información en sus portales corporativos.

Los dos préstamos para Air Europa

Por cuantía, el rescate más relevante, hasta el momento -porque la SEPI sigue estudiando y concediendo ayudas-, ha sido el de Air Europa. En total, 475 millones de euros que el Ejecutivo autorizó el 3 de noviembre de 2020 y que fueron vitales para sostener a la aerolínea después de que la pandemia dejase en el aire, momentáneamente, su intento de fusión con Iberia, cuyas negociaciones se rompieron y retomaron meses después.

La aerolínea del grupo Globalia desglosa que la ayuda se encauzó a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones. La compañía, en su portal corporativo, justifica la ayuda por ser una empresa clave en la interconexión aérea de España. “En los meses previos a la pandemia, Air Europa se perfilaba como la segunda aerolínea española con mayor número de autorizaciones para volar a destinos internacionales: un total de 130 en 60 países, lo que implica un importante impacto en el sector turístico español, puesto que una elevada cuota de sus pasajeros está ligada a destinos turísticos y de ocio. Su dimensión en términos de ingresos era también muy relevante ya que suponía, en esas fechas, el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas”, argumenta.

Además, Air Europa afirma que “presenta un carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, los mercados y las rutas atendidas, y significativamente por su posición y aportación al aeropuerto de Adolfo Suarez- Madrid Barajas, ‘hub’ de sus vuelos intercontinentales, básicamente hacia Sudamérica y Centroamérica”. De hecho, la relevancia del hub de Barajas ha sido una de las claves para que no se rompieran las negociaciones con Iberia, porque el Gobierno ha considerado la fusión como estratégica. 

“El destino de los fondos ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la compañía al tiempo que empieza a recuperarse la demanda y atendiendo, en la medida de las posibilidades según la evolución de la situación en cada momento, a los planes de inversión en materia tanto de transición ecológica (objetivo reducción de las emisiones de CO2), como de transición digital”, explica la compañía. “Asimismo, un porcentaje importante se ha destinado a devolver el dinero a los pasajeros afectados por las cancelaciones derivadas de COVID-19”, dice.

Como el resto de empresas donde el rescate ha cumplido un año, Air Europa desglosa el destino de los fondos entre gastos operativos, los derivados de su actividad, aunque no da más detalles. A estos últimos ha dedicado el 73% de los fondos. El otro 27% ha ido a gastos no operativos donde incluye, apunta, reembolsos, nóminas, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital, financieros.

El peso del turismo en la economía

El segundo rescate, en peso económico, es el de Ávoris, el grupo turístico formado por la integración de las agencias de Halcón Viajes (también de Globalia) y del grupo Barceló. El segundo con una participación mayoritaria, del 50,55%. Ávoris recibió, en total, 320 millones de euros a través de dos préstamos y, a pesar de ello, tiene actualmente sobre la mesa el desarrollo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pendiente de negociar con los representantes de su plantilla. 

Como en el caso de Air Europa, Ávoris justifica la necesidad de ayuda estatal por el peso del turismo en la economía y el impacto que ha tenido en él la pandemia. “Representó en 2019 el 12,4% del PIB nacional (154.487 millones de euros de actividad) y absorbió el 13,7% de la afiliación a la Seguridad Social, siendo el principal empleador directo con 2,7 millones de personas”, indica. “En ese mismo ejercicio, España ocupó el segundo puesto mundial en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros, y también fue el segundo país del mundo que más turistas extranjeros recibió, más de 83 millones”, apunta.

Y ahí golpeó el virus: “La COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector turístico, estimándose entre un 60% y un 80% la caída registrada en 2020 frente a 2019”. En ese contexto, apunta, “los turoperadores y las agencias de viaje son una parte fundamental en la consolidación y recuperación del sector, siendo parte fundamental de la intermediación de la oferta, por lo que es imprescindible mantener y prestar apoyo a aquellas empresas que pueden contribuir a impulsar de nuevo la activación de la oferta turística en el momento en que la demanda se dinamice”. 

También justifica que Ávoris es una empresa clave. “El carácter estratégico de Ávoris es innegable, ya que cuenta con una notable presencia en los mercados internacionales, una relevante cuota de mercado, un gran volumen de negocio (4.067 millones de euros de facturación agregada en 2019), un importante número de empleados directos (6.400 trabajadores) y una gran envergadura en cuanto a puntos de venta (1.470 en su red comercial)”, recalca.

Hasta ahí la justificación. En cuanto al destino de los fondos, asegura que “ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la beneficiaria y cubrir las necesidades de circulante del grupo Ávoris, al tiempo que se recupera la demanda”. En concreto, “el 83% de los fondos se ha destinado a pagos de la actividad operativa mientras que el 17% restante se ha dedicado a pagos no operativos”. Entre estos últimos, cita sin concretar, nóminas, impuestos, seguros sociales, reembolsos, financieros.

El 40% de las ayudas a Plus Ultra, para sus acreedores

El tercer rescate que cumple un año y, también, ligado al sector turístico, es el de la aerolínea Plus Ultra, que alcanzó los 53 millones de euros y que, hasta ahora, ha sido una de las ayudas que más polémica ha suscitado, por conllevar puntos oscuros. Aprobada en marzo de 2021, derivó en una tormenta política, por ser una compañía ligada a empresarios venezolanos considerados próximos al Gobierno de Nicolás Maduro y tener como acreedora a una sociedad en Panamá vinculada a antiguos testaferros del exministro Rodrigo Rato.

Plus Ultra desglosa que el tota de 53 millones de ayuda “se ha repartido entre un préstamo ordinario de 19 millones de euros con vigencia de 5 años y un préstamo participativo por importe de 34 millones de euros con plazo de siete años”. Como en casos anteriores, recuerda el peso del sector turístico en el PIB y, sobre la empresa, justifica su “carácter estratégico” por blindar “alternativas, de frecuencias y precios para un mercado de conexión tan importante como el de España con Latinoamérica”. 

“Nuestra presencia garantiza el buen funcionamiento del mercado. Adicionalmente a la importancia del sector, como empresa, fuimos, en el período previo a la pandemia, la empresa española de transporte aéreo con mayor crecimiento en los últimos años, sirviendo rutas no atendidas por otros operadores. En promedio, nuestra presencia en los mercados que servimos es del 21%, con claras tendencias al crecimiento”. Y, de cara al verano de este año, asegura que retomará “gracias a esta financiación, nuestro plan de apertura de nuevas rutas incorporando cuatro nuevos destinos a nuestra línea regular en Colombia y República Dominicana”. 

La aerolínea indica que “el destino de los fondos, principalmente, se ha asignado al pago de deuda contraída con nuestros acreedores”, que ha concentrado un 40%; pagos operativos, 22%; además del reembolso de pasajeros y capital de trabajo, ambas, un 19%.

Duro Felguera dedica el 69% a costes operativos

La única empresa industrial que fue rescatada hace más de un año es Duro Felguera, con 120 millones de euros aprobados en marzo de 2021. En su caso, “este apoyo financiero público temporal se ha articulado en dos fases”. La primera, indica, un préstamo participativo de 20 millones de euros y un préstamo ordinario de 20 millones de euros, recibidos ambos en mayo de 2021; y una segunda fase, culminada el 29 de noviembre de 2021, que supuso el desembolso de 80 millones adicionales a través de un préstamo participativo. Fondos que repartió entre distintas empresas del grupo: Duro Felguera, DF Mompresa, DF Operaciones y Montajes, DFOM Biomasa Huelva, Duro Felguera Calderería Pesada y Felguera IHI.

La empresa justifica su peso económico porque “su importancia en la economía del Principado de Asturias es clave, donde representó en 2019 el 1,18% del Valor Añadido Bruto de la región, el 1,02% del empleo total y el 3,8% su gasto en I+D+i del realizado en Asturias. En el período 2011-2016, alcanzó niveles de contratación de una media 850 millones de euros y generando unos 5.200 empleos entre directos, indirectos e inducidos”, aunque no desglosa entre estas categorías.

En cuanto al reparto, Duro Felguera indica que el 69% de los fondos ha ido a costes derivados de la actividad operativa, y el resto a pagos no operativos, que abarcan reembolsos, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital y financieros. “El destino de los fondos ha sido priorizar la continuidad de la actividad de la compañía atendiendo a dinamizar el plan de crecimiento en contratación y en ejecución de proyectos, alineándolo con la transición energética y la transformación digital”, argumenta. Lo que no desglosa Duro Felguera -tampoco las otras tres empresas- es cómo están enfocando su transformación climática, hasta lograr las cero emisiones en 2050 que exige Bruselas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la inyección de 29,3 millones de euros al grupo Abades, una empresa con 63 establecimientos entre hoteles -uno de ellos en Mérida- restaurantes, servicios de catering y áreas de servicio.

Según la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este grupo tiene un impacto económico “relevante”, con una facturación anual de unos cien millones de euros antes de la pandemia.

Abades da empleo a un millar de personas de manera directa y genera unos 7.000 puestos de trabajo indirectos, lo que explica que se haya aprobado este rescate a través del fondo de 10.000 millones que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ayudar a compañías estratégicas que hayan sido especialmente castigadas por la covid. 

Origen andaluz

Según las cifras que recoge el propio grupo en su web, en 2019 facturó 110,3 millones de euros, un 8,6 % más que en el ejercicio anterior. 

Creado hace 25 años partiendo de un área de servicio en Loja (Granada), el Grupo Abades tiene su sede en esta capital andaluza y cuenta con 63 establecimientos entre hoteles, restaurantes, servicio de catering y eventos en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Murcia. 

Decimotercer rescate

Este es el decimotercer rescate crediticio aprobado por la SEPI desde que se puso en marcha este fondo para combatir la caída de actividad y ventas por la pandemia en empresas rentables y consideradas estratégicas para la economía. 

El fondo, cuya vigencia se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022, ha concedido préstamos por 1.537 millones de euros a trece empresas españolas (Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra, Avoris, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Airtificial, Grupo SERHS, Reinosa Forgings & Castings, Losán, Soho Boutique Hotels y Abades. 

Esa cantidad representa algo más del 15 % del importe con el que está dotado el fondo, aunque el Gobierno asegura que ha adjudicado el 28 % de las peticiones recibidas (5.345 millones) hasta el momento.

En el sector hotelero han pedido además rescates las cadenas Blue Sea, con hoteles en Canarias, Mallorca, la Costa Brava y Madrid, así como en Marrakech (Marruecos); Silken, con más de una treintena de hoteles en distintas capitales españolas, y Vincci, con otros tantos establecimientos repartidos por España, Túnez y las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto.  

La SEPI ha incorporado asesores jurídicos y financieros de “las firmas más prestigiosas del mercado”, para asegurar “un proceso de análisis exhaustivo, profesional y transparente” de las solicitudes de apoyo financiero temporal recibidas.

El Banco de España ha publicado este viernes los avances en la recuperación de ayudas del rescate financiero. En total, se han destinado 64.953 millones de euros desde 2009 al saneamiento de la banca española, fundamentalmente las antiguas cajas de ahorros. Apenas se han recuperado 5.150 millones, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Esta cifra supone que en ocho años se ha recuperado apenas un 7,9% del total. Bankia y BMN, fusionadas el año pasado, suponen 24.000 millones de los 64.000 millones inyectados. Otros de los principales receptores fueron Catalunya Banc, con 12.000 millones, y Novacaixagalicia, con 9.000 millones.

El Banco de España asegura que además de esos 64.000 millones de inyección directa de capital, habría que sumar 13.600 millones de euros los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta.

El principal de estos rescates, el de Bankia, afronta desde el próximo lunes el juicio que valorará las responsabilidades de la cúpula de la entidad en su salida a Bolsa. El Banco de España estima que de los 24.000 millones de euros inyectados por el FROB en la entidad, el “importe recuperable estimado” ronda únicamente los 9.800 millones.

De los 64.000 millones, algo más de 54.000 millones correspondían al FROB, el fondo del rescate que es hoy principal accionista de Bankia. El resto corresponde al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El Banco de España recuerda que este coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, los tenedores de preferentes o la deuda subordinada.

Si se comparan los datos aportados por el Banco de España con los presentados a cierre de 2016 la cifra la cifra total del rescate financiero se ha ampliado. En concreto, al terminar dicho año se habían aportado 61.495 millones de euros, frente a los más de 64.000 millones que figuran ahora. También ha aumentado la recuperación, desde 3.900 millones a 5.140 millones.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, sostiene que la privatización del banco debe acometerse independientemente de si se recuperan o no las ayudas concedidas a la entidad en el marco del rescate bancario en 2012, cuya alternativa no hubiera costado 20.000 millones, sino 60.000 millones de euros.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Foro Tendencias España 2018 organizado por El País y Kreab, en el que ha rechazado la idea de que no devolver todas las ayudas públicas (recibió 22.424 millones de euros) significaría que el rescate bancario “fue un error”.

“Creo que el rescate bancario tuvo todo el sentido con independencia de si al final las ayudas se pueden devolver. No se invirtió para hacer un negocio, sino para dar estabilidad al sistema y sobre todo para salvar a los depositantes”, ha señalado Goirigolzarri, quien ha recordado que los accionistas de la entidad perdieron toda su inversión, los consejeros y directivos que abandonaron el banco no recibieron ninguna indemnización y la plantilla tuvo que sufrir un ERE “tremendamente doloroso”.

“Al final, se invierte dinero en Bankia para defender a los depositantes y la alternativa no hubiera costado 20.000 millones sino 60.000 millones”, ha manifestado el directivo.

En este contexto, ha reiterado que Bankia debe ser privatizada, ya que defender la banca pública como un instrumento de política económica es “un gravísimo error”, aunque con una visión táctica. “Un año en el que las acciones de los bancos del Eurostoxx están cayendo el 15% no parece el mejor momento para acometer una privatización”, ha reconocido Goirigolzarri, que trabajará para elevar el valor de la acción del banco.

Sin embargo, el directivo se ha definido como “un tremendo defensor de la privatización aunque no se recuperen las ayudas”, si bien la entidad trabajará para que se recupere el máximo posible.

En una reflexión sobre la economía española, Goirigolzarri ha señalado que las consecuencias del conflicto catalán se sobrevaloran en el corto plazo y se infravaloran en el medio plazo. Según ha apuntado, durante una conferencia con inversores institucionales celebrada esta semana en Londres, ningún inversor preguntó sobre Cataluña. “Creo que el mercado no está descontando en estos momentos ningún riesgo de una situación de ruptura de Cataluña ni ningún tema complejo”, ha señalado el presidente de Bankia, quien reconoce que, a pesar de que el mercado “hoy no se acuerda”, podría hacerlo en el futuro.

En su opinión, quienes piensan que habrá un efecto inmediato en el corto plazo y así lo manifiesta de forma rotunda “se equivoca”. “No va a ser así, sin embargo en el medio plazo el efecto de todo este tipo de inestabilidades es evidente”, ha explicado Goirigolzarri, quien ha utilizado el 'Brexit' como ejemplo.

“Recuerdo que cuando se celebró el referéndum del 'Brexit' había agoreros que decían que al mes siguiente se iba a caer Reino Unido y no pasó nada. Sin embargo, hoy invito a cualquiera a que mire cómo ha evolucionado el crecimiento del PIB de Reino Unido y de la UE en los últimos cuatro años”, ha señalado el directivo, quien ha ejemplificado que la tendencia ha sido ascendente para Europa pero descendiente para la economía británica. “Esto, en el medio plazo, puede tener una influencia y me parece muy importante que lo tengamos en cuenta”.

Por otro lado, Gorigolzarri ha asegurado que la desaceleración económica española está teniendo lugar conforme a las previsiones. “Esta desaceleración es lo que estábamos esperando, décima arriba o abajo”, ha afirmado, para destacar después que la prima de riesgo española se ha diferenciado “clarísimamente” de la italiana. “Eso me parece notable y no era evidente que fuera a ser así, es muy importante”, ha asegurado Goirigolzarri.

En cuanto a los riesgos, ha afirmado que el mayor factor de vulnerabilidad de la economía española es el elevado volumen de deuda pública, ya que España “es el único de los grandes países europeos que tiene déficit primario”, y ha llamado a preservar la estabilidad y el rigor presupuestario.

Asimismo, Goirigolzarri ha señalado que la desigualdad en España está relacionada con el desempleo y ha reclamado ser “realistas” con la empleabilidad del capital humano. En este sentido, ha recordado que un tercio de los jóvenes de entre 24 y 34 años no tiene educación secundaria superior y ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de habilidades a este segmento de la población para incorporarlo al mercado de trabajo, ya que lo contrario sería “letal” para la economía española.

En este contexto, el presidente de Bankia ha recalcado el impacto que tendrá la digitalización en la estructura del empleo y ha llamado a reflexionar no solo sobre los puestos de trabajo que la tecnología va a destruir, sino las posibilidades que generará. “Tenemos un desequilibrio de actividades extraordinario y me parece que ese es el principal reto que tienen la economía y la sociedad españolas para los próximos años”, ha indicado Goirigolzarri, quien ha insistido en que la sociedad y los líderes políticos “no están prestando la suficiente atención” a este asunto.

La comisión de investigación financiera del rescate cerrará hoy la principal parte de las comparecencias de políticos con la intervención del actual ministro de Economía, Luis de Guindos. De Guindos llegó al Congreso con la polémica de las declaraciones de sus tres antecesores (aunque él es el único que no ha desempeñado el cargo de vicepresidente): Elena Salgado, Pedro Solbes y Rodrigo Rato, pero especialmente de este último, que le acusó en sede parlamentaria de haber “urdido” una trama para ir a la cárcel.

Ante la polvareda del que un día fue su jefe, y al que finalmente tuvo que quitar del cargo de primer ejecutivo de Bankia, De Guindos optó por una comparecencia en la que ni mencionó el nombre del que un día fue todo para el Partido Popular. De Guindos habló durante casi una hora y cinco minutos sin pronunciar ni una sola vez el nombre de Rodrigo Rato. Las tres veces que en su narración del rescate de Bankia tuvo que referirse a Rato lo hizo como “la cúpula”, “la dirección”, y “el entonces presidente”. Cuando se completó la comparecencia pasadas las nueve de la noche, el nombre de Rato seguía sin haber brotado de sus labios.

En su narración del relato de Bankia, De Guindos aseguró que Rato presentó voluntariamente su dimisión. El exvicepresidente de José María Aznar había asegurado que fue De Guindos el que le echó y que con su decisión desplomó la acción de Bankia. El actual ministro de Economía recordó que ya la acción llevaba cayendo varios días y que lo que hizo Rato fue amagar a las pocas horas de dimitir con aplazar la decisión, cosa que no le permitió. Además, no se ahorró recordar que en aquel momento Bankia había sido amonestada la CNMV por manipulación de mercado al estar intentando aguantar el precio de la acción desde la propia compañía, de forma fuera de mercado.

El ministro no entró a discutir otra de las polémicas que lanzó Rato sobre el rescate a Bankia, sobre si habían sido sus competidores los que habían puesto precio a la entidad, pero sí de nuevo recordó la sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que las cuentas de la salida bolsa no eran correctas lo que ha llevado a la devolución del dinero a los inversores minoristas (un juicio diferente al penal que se abrirá este año contra Rodrigo Rato por estafa). También aseguró que cuando se veía con los bancos sin el gobernador del Banco de España era “para pedirles dinero”, porque en aquel momento no tenían liquidez para cosas como el FLA o el fondo de suficiencia autonómica. “Nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro”, resumió gráficamente.

En la narración del ministro él mismo casi aparece como un espectador que se limita a gestionar unas y otras decisiones: las de Bankia y las del Banco de España. También aparece como un gestor de las decisiones de la Comisión Europea y en definitiva, parece que su actuación fue casi inexistente en este capítulo de la nacionalización de la compañía que decidió en parte la suerte del rescate financiero.

Sí se refirió varias veces al Gobierno socialista que aprobó las leyes oportunas para que fuera propicia la salida a bolsa de la entidad. También de su relato se percibe que la fusión fría que dio lugar a Bankia, especialmente con Bancaja, fue la que precipitó la caída de la entidad.

Sin recuerdos del pasado

De Guindos llegó puntual a la comisión pero por una puerta lateral, despistando así a los numerosos medios audiovisuales que le esperaban en la puerta. El ministro anunció a los diputados de que estructuraría su comparecencia en tres partes, el mismo tipo de esquema que también realizó Rodrigo Rato apenas una semana antes.

En esta ocasión, la organización de la comisión es diferente a la ya polémica que tuvieron que protagonizar los tres exvicepresidentes. Aunque a diferencia de otro tipo de comisiones los comparecientes están obligados a decir la verdad, en este caso la estructura fue la habitual en otro tipo de comisiones, con preguntas con turno corrido de los portavoces parlamentarios y respuesta en bloque por parte del ministro. Según Ana Oramas, los portavoces decidieron esta fórmula en la que hablan más. Sin embargo, también es más fácil escabullirse para los comparecientes.

A diferencia de otras comparecencias, en la bancada popular se sentaron algunos de sus pesos pesados, como Carlos Floriano o Ramón Aguirre además del diputado Miguel Ángel Panigua que había hecho hasta ahora el turno de preguntas (también a Rodrigo Rato).

De Guindos ha desempeñado varios papeles en las últimas dos décadas, clave para explicar la crisis financiera. Entre 2002 y 2004 como secretario de Estado de Economía, es decir, mano derecha de Rodrigo Rato. Esta es la época en la que se liberalizó el suelo (en realidad fue en el año 2000 pero ya entonces De Guindos era director de política económica en el ministerio), punto por el que pasó de puntillas el ministro de Rajoy.

El eje principal del discurso que mantuvo durante la tarde (y ya entrada la noche) fue que la actuación del Ejecutivo del PP evitó el rescate financiero completo. Ya en las conclusiones finales llegó a asegurar que durante estos seis años que ha estado como ministro siempre ha tenido que elegir entre “el mal menor”.

En su discurso inicial, la burbuja comenzó a formarse precisamente en 2004, cuando el Gobierno de Aznar perdió las elecciones. Sin embargo, en varias ocasiones dató el inicio de la burbuja en la entrada al euro (1999-2000).

Pero una de las ausencias más sonadas de su relato es la de la influencia del estallido de la burbuja en Estados Unidos y la caída de Lehman Brothers. De Guindos fue el representante del banco fallido en España entre 2004 y 2008, un pasado que le persigue. Este anatema le hizo no mencionar ni explicar casi 10 años de crisis financiera sin una referencia al otro lado del atlántico. Solo ante una pregunta de Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, De Guindos deslizó el nombre de la entidad estadounidense, pero sin mencionar en absoluto sus responsabilidades.

Además, De Guindos tuvo cargos destacados como consejero en entidades intervenidas como el Banco Mare Nostrum (BME) que actualmente se está fusionando con Bankia. También se le ha recordado en varias ocasiones que participara en la emisión de cuotas participativas de la CAM.

La última y sonada ausencia en su narración es la de la caída de Banco Popular, una catástrofe financiera que aún colea y que pone en entredicho la gestión de la Unión Bancaria. En este punto, que colea hoy día con los bonistas y accionistas poniendo demandas a destajo, cargaron especialmente los diputados, aunque el Ejecutivo se parapeta detrás de la falta de responsabilidad ante la pérdida de competencias del supervisor que se han transferido a Europa.

La Comisión se alargó casi cinco horas, con un De Guindos que empezó especialmente calmado y ya en la tercera intervención (la contrarréplica), perdió los nervios, especialmente con el diputado del PSOE, Pedro Saura.

En general, su relato es tan olvidadizo como sus memorias, en las que también escapó de mencionar algunos de los principales problemas y fracasos achacables a su gestión.

Este mes de septiembre, mientras todo el mundo mira obnubilado dirección Cataluña, el Banco de España ha publicado la actualización de las cuentas del rescate bancario que España afrontó durante la crisis financiera. Y digo cuentas porque el rescate fue un préstamo del Estado español –a través de diferentes instrumentos del BCE– a diversas entidades bancarias. Y las cuentas se hacen porque, en calidad de préstamo, uno espera recibir de vuelta no sólo el importe íntegro, sino también sus intereses. No estoy hablando de un instrumento que precisamente los bancos no conozcan y de nada que el presidente del Estado español Mariano Rajoy no dijera: “éste es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, en una sesión de control en el parlamento allá por 2012.

Pues lo dicho, hagamos cuentas.

El Estado –usted y yo, vamos, todos– ha prestado al sector bancario un total de 54.353.000.000€ (demasiados ceros; para hacerse una idea, es la suma del presupuesto español destinado a Sanidad para toda una década), de los cuales hasta ahora se han recuperado 3.873.000.000€ –o lo que es lo mismo, el 7%–. Las cuentas empiezan mal, peor aun si se tiene en cuenta que “los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero”, tal y como lo describe el propio Banco de España en su informe, podrían ascender a más de 62.000 millones de euros. Y la duda parece obvia: ¿podrían ir mejor estas cuentas? Pues, de hecho, otros países como EEUU han recuperado ya al completo la inyección de capital al sector bancario durante la crisis, incluidos los intereses. Es probable que el sector español se haya retrasado un poco en la devolución del dinero prestado. Desde 2008 a 2016, se calcula que hubo 485 mil familias desahuciadas por precisamente no ser capaces de pagar sus hipotecas a tiempo a los propios bancos. Cuestión difícil de pasar por alto pero, como acreedores, podríamos pensar que lo importante es recuperar el dinero y utilizar los intereses precisamente para, por ejemplo, paliar este tipo de situaciones en el futuro.

Oye, pelillos a la mar y sigamos con las cuentas. Analizamos ahora la cartera de activos y operaciones pendientes que manejan las entidades con los fondos del rescate y comprobamos que, en el mejor de los casos, el Estado recuperará 10.402.000.000€ más. Es decir, el Banco de España estima que, como mucho, se recuperará el 28,2% de todo lo prestado. O, lo que es lo mismo, el Banco de España da por sentado que habrá que perdonar al sector financiero casi el 72% del “crédito a la banca”.

Efectivamente, no salen las cuentas. De hecho hay suficientes motivos –y euros– para pensar que esto ha sido un atraco a mano armada: los bancos en el libre mercado actual son independientes para decidir dónde colocan sus inversiones y por el tipo de carteras que apuestan, siempre que respeten la ley y previsionen los fondos estipulados. No olvidemos este precepto, puesto que es básico en el sistema económico actual: la libertad de inversión se sitúa en equidad de condiciones respecto al derecho a la propiedad privada. A partir de aquí se entra en el juego de ganar o perder, más o menos, en función del riesgo, el tiempo, incentivos y otras variables en un entorno de libre mercado y seguridad jurídica y fiscal “envidiable” como lo es el mercado único de la UE.

Un banco que hubiera elegido realmente mal su cartera de activos, debería haber quebrado sin más. Se es libre para invertir, se es libre para desaparecer en el darwinismo empresarial. ¿Y cuál es la razón para que esto no pasara? Es decir, ¿por qué el Estado dio un crédito tan inmenso a los bancos, mintiendo a la ciudadanía, pues en realidad era una entrega prácticamente a fondo perdido? Hay dos respuestas para esto. La primera es que se entregó la ayuda porque la banca estaba tan contaminada por activos nocivos que habría quebrado el sector al completo, generando un caos que ríete tú del corralito argentino. La segunda es que la chapuza más cara de la historia tiene su error, causa y raíz en lo político, y de ninguna forma en lo económico, y por eso mintieron.

La banca es un sector estratégico que el Estado debe regular fehacientemente, puesto que su mala praxis puede parar el país entero, así como el sector energético o el del agua que bebemos. Esto es así hasta el punto de que si un sector estratégico se paraliza, el Estado siempre impedirá su caída, independientemente del coste que le suponga, en pos de su propia supervivencia. Esto es lo que ha sucedido con el sector bancario: estando al borde de la banca rota, se ha evitado su caída socializando pérdidas millonarias entre todos los contribuyentes. Pero, ¿por qué entonces en las épocas de bonanza sus beneficios nunca se compartieron? La respuesta es un sistema mal diseñado desde su estructura que premia a los privados a realizar apuestas arriesgadas con mayor rentabilidad para sus accionistas, pero que les libra de responsabilidad alguna si la jugada sale mal, puesto que siempre tendrán en última instancia el rescate por parte de lo público, esa esfera que al mismo tiempo tanto se denosta desde las posiciones liberales que han llevado a la banca a esta situación. A diferencia de otros sectores estratégicos, el origen de la banca fue privado, pero esto no quiere decir que no tenga que tener un marco regulatorio que impida esta dinámica tan nociva.

Desde 2012, se han modificado leyes nacionales y europeas para cambiar el marco regulatorio del sector, pero en ningún caso se ha planteado modificar estos preceptos de base que, al final, y sin importar los parches que se quieran poner de cara a la galería, nos encauzarán en el futuro a una nueva crisis en la que los bancos volverán a ser una vez más la parte fundamental del costo al contribuyente y, por ende, de su sufrimiento.

España es una máquina de tabaco, o al menos eso piensan Luis de Guindos, el supercool ministro de economía, y Mariano Rajoy, nuestro “presidente sensei”. España es una máquina de tabaco a la que le metes unas cuantas monedas por una ranura y te devuelve cuarenta mil millones por la cajonera del fondo mientras te da las gracias con su voz más amable.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, actuando en su papel favorito de sumiller del ejecutivo de Rajoy, acaba de confirmarlo: no vamos a recuperar tres de cada cuatro euros gastados en el rescate de bancos y cajas, cuarenta mil millones. Eso de entrada; si la privatización de Bankia se hace tan mal como las anteriores y se malvende la entidad o una parte a algún amiguete, entonces puede que ni siquiera lleguemos a recuperar los diez mil millones que el Banco de España aún calcula y confía en reembolsar.

A día de hoy, apenas se han recuperado, trucos contables incluidos, unos 4.400 millones de los más de sesenta mil que pusimos a escote para pagar ese rescate que nunca pedimos y nunca hicimos, pero que hay que pagar como si lo hubiéramos pedido y ejecutado.

El gobernador del Banco de España lo cuenta como si fuera una desgracia cósmica, una accidente del destino, una catástrofe natural como el huracán Irma; no el resultado culposo y doloso de decisiones políticas tomadas por gobiernos e instituciones dirigidas por políticos con nombres y apellidos, entre ellos el propio gobernador del Banco de España.

Como si fuéramos una máquina de tabaco, al parecer nuestros derechos se limitan a pagar y dar las gracias. El Banco de España ni ha dado una explicación, ni ha rendido cuentas por su supervisión en tan desastroso resultado. El gobierno o el ministro De Guindos, que tanta prisa se dieron en asegurarnos que nos nos iba a costar un euro, tampoco parecen muy dispuestos ahora a informar con transparencia, o aclarar las numerosas dudas plateadas por las cifras y el oscuro, atrabiliario e incompetente proceso de rescate bancario a la española.

Vamos a perder como mínimo esos 40.000 millones porque el gobierno de Rajoy dilató y retrasó frívolamente la gestión del rescate bancario para minimizar el coste político y ajustar cuentas con Rodrigo Rato en Bankia. Vamos a perder decenas de miles millones porque la lentitud en el rescate se vio sustituida por una sospechosa y absurda prisa para hacerse la foto reprivatizando las entidades saneadas, a precios de saldo y a cazadores de gangas sufragadas con dinero público. Vamos a perder esos miles de millones porque, en lugar de aplicar políticas de estímulo de la economía y la demanda para favorecer la recuperación, nos forzaron al fetichismo del déficit y las políticas de sufrimiento masivo.

Sólo en un país que funcione como una máquina de tabaco, su gobierno y su banco central pueden anunciar la pérdida de varias decenas de miles millones sin tener que dar ni una sola explicación, o incluso apuntándose el tanto. El siguiente capítulo lo escribirá la privatización de Bankia. Luego no digan que no estaban avisados cuando vengan a sacarles otra tanda de miles de millones y además haya que darles las gracias.

Alexandro, Panagiotis y Katerina están nerviosos. Están a punto de ser padres y abuela, respectivamente. La sala de espera en la quinta planta del Aleksandra ofrece una perspectiva cargada de simbolismo: entre las ajadas paredes del hospital público más grande de Atenas, maltrechas tras años de recortes en el mantenimiento, asoma el hotel Hilton. Es el lugar donde la Troika (formada por la UE, el FMI y el BCE) recibe al Gobierno cada vez que hay que evaluar el memorándum. En Grecia el Gobierno no recibe a la Troika; la comisión negociadora de los acreedores se instala en el Hilton y son los ministros griegos de Economía o Finanzas los que se desplazan allí.

Los partos han ido bien. Las parejas de Aleksandro y Panagiotis y la hija de Katerina están a punto de ser trasladadas a planta. Los familiares deben elegir si quieren habitaciones con dos o con seis camas. Tras las cinco reformas sanitarias impuestas por la Troika desde 2010, las hospitalizaciones en los centros públicos no son gratuitas. Las habitaciones dobles cuestan 40 euros diarios. Las personas con menos recursos van a las habitaciones con seis camas, en donde el copago se limita a 10 euros por día.

A pesar de todo, la situación ha mejorado desde 2015. En 2012, la Troika decidió excluir del sistema sanitario a las personas en edad activa que no cotizaran. El paro entonces superaba el 20%; millones de personas se quedaron sin prestación sanitaria. Como respuesta, se crearon decenas de centros de salud autogestionados, que funcionaron intensamente hasta que el Gobierno de Syriza-Anel aprobó una ley que volvía a universalizar la sanidad. Muchos de los profesionales voluntarios en las clínicas y farmacias autogestionadas recondujeron sus esfuerzos a la atención del alud de refugiados.

A las cuatro menos cuarto de la tarde, la misma hora en que Katerina besa por primera vez a su nieta en el hospital Aleksandra, una cincuentena de activistas se concentra a 900 metros de allí, en los juzgados centrales de Atenas. Como cada miércoles, se disponen a impedir la subasta de pisos con hipotecas morosas, convocados por el colectivo Den Plirono (No Pago). La Ley de Defensa de la Primera Vivienda no permitía desahucios en los inmuebles que constituyen vivienda habitual. La Troika decidió eliminar la protección de la residencia habitual en 2016.

Presiones

Cada miércoles, los activistas de Den Plirono localizan a los notarios de los bancos –que en Grecia asumen las funciones que en el España tienen atribuidos los procuradores– en la puerta de los juzgados y les impiden instar la subasta. De momento, apenas hay desahucios en Grecia. Por eso la Troika ha instado una reforma legal que entrará en vigor en septiembre. Acabar con los créditos morosos era una de las exigencias de los acreedores a Grecia para recibir la parte del tercer rescate que Grecia percibirá entre julio y septiembre de 2017. Recibirá 8.600 millones, de los que 7.000 se destinarán al vencimiento de intereses de deudas anteriores, que debe abonar en julio. A partir de septiembre, las subastas serán digitales; los activistas temen miles de desahucios.

A pesar de la constancia de Den Plirono, o de que la ola de solidaridad con los refugiados tenga dimensiones indescriptibles, lo cierto es que el activismo y la movilización pasan por sus horas más bajas desde hace una década. La mayoría de los activistas lo atribuyen al desencanto que originó que la Troika doblegara al Gobierno de Tsipras tras el referéndum de 2015 y a que la gente está más concentrada en sobrevivir que en protestar.

El paro ha bajado, pero sigue siendo del 23%, el más alto de la Unión Europea. La forma de vida de los griegos se ha transformado: hay mayor dependencia intergeneracional que nunca y se ha renunciado directamente al ahorro. Se vive al día, con el temor de que lo que vendrá será peor. En 2018 acaba formalmente la tutela de los rescates. Sólo si se acomete una reestructuración de la deuda –que supera el 180% del PIB– se puede imaginar un futuro mejor.

Hibai Arbide Aza es un periodista residente en Atenas.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

12 de julio de 2017. Casi diez años después de que estallara la burbuja del ladrillo y cinco después del rescate financiero, ha arrancado por fin la Comisión de Investigación de la crisis financiera en España en el Congreso de los Diputados. El primer compareciente ha sido Luis María Linde, actual gobernador del Banco de España, que ha defendido su informe sobre el papel del organismo en el rescate financiero. Linde, que llegó a la institución en pleno rescate financiero en junio de 2012, ha repartido escasas y medidas culpas entre sus antecesores, y sobre todo, con los guardianes de las finanzas públicas en los años de la crisis, esto es, Pedro Solbes y Elena Salgado, a los que ha venido a decir que “lo barato sale caro”.

En los últimos coletazos de su intervención (que se ha alargado alrededor de 40 minutos), Linde “reflexionó” sobre las consecuencias de haber intentado “minimizar a corto plazo el coste de la resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos mediante un enfoque gradual, enfrentando los problemas según iban apareciendo” que habría “comprometido un mayor volumen de recursos públicos que un enfoque, digamos (sic), más agresivo o ambicioso desde el inicio de la crisis”.

Dentro del lenguaje de gobernador de banco, Linde apunta con más claridad que nunca hasta ahora a un posible error en la estrategia que se tomó desde 2008 a la hora de afrontar la sangría del sector financiero. Tal y como explica, las intervenciones se fueron dando una a una, empezando por la de Caja Castilla-La Mancha, y se optó en un primer momento por intervenciones parciales, reestructuraciones con instrumentos de deuda y fusiones frías (los llamados SIP) que terminaron siendo insuficientes.

Con su “reflexión” Linde deja caer que estos remiendos terminaron saliendo más caros a las arcas públicas que una primera intervención decidida en el sector. Y señala además que los culpables de adoptar esta estrategia no estaban en el Banco de España. “Es obvio, el Banco no podía actuar con independencia de la evolución de nuestras finanzas públicas y de las decisiones de otras autoridades”.

Esas “autoridades” fueron, por orden, Pedro Solbes, guardián del superávit en los primeros coletazos de la crisis, y Elena Salgado, su sucesora que tuvo que lidiar con el estallido de la crisis de la deuda en 2010 que obligó a los polémicos recortes de mayo de 2010, que en buena parte fueron impulsados por Bruselas, también una “autoridad” que pudo ser responsable de esta estrategia austera de saneamiento que terminó desbordando las medidas de contención. 

Linde reconoce que no se hizo un “manguerazo” esto es, inyectar masivamente dinero en el sector financiero como se hizo en la mayoría de los países europeos y en EEUU, porque “cuando se podía no hacía falta y cuando hacía falta no se podía”. En 2011 España estaba ya en el procedimiento de Déficit Excesivo y se había comprometido con Europa a reducir el tamaño de su agujero. De hecho, Bruselas siempre ha permitido a España cuantificar su déficit sin tener en cuenta la parte del roto de las cuentas correspondiente al rescate.

Sin medidas para la burbuja

Este punto fue el quinto de las conclusiones con las que Linde cerró su intervención y en las que en palabras del diputado Pedro Saura, fue “más allá” que el informe publicado hace dos semanas por la institución. Aunque el gobernador dice que las conclusiones estaban contenidas en el informe, en sus palabras ha sido mucho más claro y contundente.

Entre las consideraciones de Linde, la primera es que el Banco de España “no adoptó medidas que hubieran podido, quizás, frenar el gran aumento del crédito al sector privado registrado entre 2001 y 2007, en especial en los sectores de la construcción, promoción inmobiliaria y crédito hipotecario”. En esos años, que comprenden los dos últimos del Gobierno de José María Aznar y los primeros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La mayor parte de este periodo el gobernador del Banco de España fue Jaime Caruana y en el último año, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En una de las réplicas, Linde reconoció que “se podía haber hecho más”, frase que luego repitió varias veces a lo largo de su comparecencia.

Pese a lo taxativo del enunciado, Linde lo suaviza asegurando que tampoco había en aquel momento las normas legales adecuadas para hacerlo y puso en valor algunos instrumentos, como las provisiones anticíclicas (esto es, nutrir el colchón para evitar crisis cuando las cosas van bien), que luego sirvieron de ejemplo al inicio de la crisis. Con todo, reconoció que se podría haber usado más la “persuasión moral” para frenar la burbuja, un instrumento, dice, clave para los banqueros centrales.

Los otros tres errores que asume en la gestión de la crisis está las fusiones frías entre cajas de ahorro que dieron lugar a Frankstein como Bankia y que no sirvieron para parar el descalabro de las cajas de ahorro; haber fallado en la predicción de la crisis pensando que sería en forma de V y finalmente fue de W con una segunda recesión no contemplada; y “errores de apreciación” en la forma de corregir los desequilibrios acumulados con la burbuja económica  al pensar que se podían atajar de forma gradual. “La realidad mostró que esta expectativa era demasiado optimista porque la corrección fue rápida, brutal, con consecuencias que aún no hemos superado enteramente”.

Para no pillarse los dedos, Linde ha apelado en varios ocasiones a la falta de “contrafactuales”, esto es, a qué hubiera sucedido si se hubiera actuado de otra forma. Solo se ha mojado con la creación de Bankia ya que en su opinión, aunque no se hubiera formado ese conglomerado, el resultado no hubiera sido muy diferente.

La Comisión se ha organizado de tal forma que cada diputado portavoz mantiene un turno de réplica y contra-réplica con el Gobernador. El primer turno, el de Pedro Saura por el PSOE, ha ocupado un largo espacio de tiempo y ha salteado la intervención con referencias a Banco Popular. El segundo turno, el de Alberto Garzón por Unidos Podemos, ha sido más breve y en la primera réplica Linde ha comenzado contestando “aunque no lo crea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho”. Garzón ha sido muy crítico con el papel del organismo haciendo una enmienda a la totalidad de la gestión y ensalzando los errores de gestión.

El tercer turno ha sido para el diputado Francisco de la Torre que ha lamentado que el informe fuera claramente “insuficiente” y coincidió en que la falta de agresividad encareció la factura. La portavoz de ERC, Ester Capella, hizo un alegato duro en el que se planteó para qué sirve la entidad que preside Linde si su responsabilidad en la crisis financiera es tan escasa y lamentó la ausencia de la cuantificación del impacto social y real del rescate. También dio pie para hablar de la oleada de desahucios que desencadenó la crisis.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 19:38

Al menos 60.613 millones de euros. Este es el último cálculo que hace el Banco de España sobre la parte del rescate financiero que no logrará recuperar. La cifra no dista mucho de la ofrecida por el Tribunal de Cuentas que en un reciente informe de fiscalización calculaba que se perderían 60.718 millones de euros, apenas cien millones de diferencia. Esto supone que se perderá casi el 80% del dinero invertido en sanear básicamente a las Cajas de Ahorros, que recibieron ayudas públicas por valor de más de 76.410 millones de euros.

El Banco de España presenta un extenso informe de 257 páginas en el que repasa no solo el rescate sino también los prolegómenos, lo que llevo a la quiebra del sistema, y detalla la fotografía actual. Este pormenorizado informe tiene como objeto aclarar el papel del regulador en todo este proceso, debido al cuestionamiento al que se la ha sometido y a la inminente apertura de la Comisión de Investigación sobre el rescate que se iniciará en el Congreso.

En general el informe es muy pormenorizado en el tipo de intervenciones que llevó a cabo el banco, en el que se ve un intenso trabajo regulatorio y en el que se pone el foco sobre la carencia de instrumentos para actuar de otra forma. El recorrido histórico es abrumador, por la introducción de contínuos cambios regulatorios que se fueron desarrollando según se iba recrudeciendo la crisis.

También hay varios capítulos al contexto económico, a la imprevisible dureza de la coyuntura y a que la situación empeoró por encima de la previsión de los organismos internacionales. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica”, dice la entidad en un momento determinado para concluir que no había regulación suficiente para haber actuado de otra forma.

En el balance, el Banco saca pecho al asegurar que cuando se inició la crisis en 2007, el sistema español funcionó mejor que el resto gracias al tipo de supervisión que ejercía la entidad. Achaca el deterioro de la solvencia de los bancos a cómo se recrudeció la crisis y a los desequilibrios macroeconómicos. Y cuando entra a valorar el papel de la entidad en materia supervisora dice que, “los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces [...] resultaron insuficientes, evidenciándose, las vulnerabilidades acumuladas. Todo ello, además, en un contexto en el que la arquitectura institucional de la zona del euro era incompleta. En este sentido, la crisis ha revelado importantes enseñanzas en relación con la regulación y la supervisión financieras, que afectan tanto al ámbito internacional, como al nacional”.

En el lado internacional, el informe concluye que la regulación estaba incompleta y que era necesario hacer una aproximación más transfronteriza.

En cuanto a la evaluación de lo sucedido en España, asegura que “la crisis ha puesto de manifiesto la importancia de impulsar un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible a largo plazo”, tras lo que vuelve a pedir reformas estructurales para proteger a la economía española.

Cuando aterriza ya en concreto al tratamiento que se hizo en fusionar a las cajas, cree que se hizo lo mejor posible con la normativa vigente.

Las cifras del banco hablan por sí solas de cómo ha menguado el sistema financiero, y eso que el informe se cerró antes de la intervención y venta por un euro de Banco Popular.

De 45 entidades financieras se ha pasado a diez (ahora 9 tras la desaparición de Popular). De 45.667 oficinas a 31.000. Y de 270.00 empleados a 197.000 en 2015.