La abogada M. C. dimitió el pasado 3 de abril como presidenta del Instituto Autor, un centro de estudios fundado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y dedicado al estudio, análisis y divulgación de la propiedad intelectual. La Junta Directiva del Instituto, formada por miembros de SGAE y Fundación SGAE, la había designado en junio de 2020, dos meses después de la llegada de Antonio Onetti a la presidencia de la SGAE. Su dimisión llegó, tal como ha confirmado elDiario.es, tras una investigación interna por acoso laboral.

Según ha podido conocer este medio, una empleada del Instituto Autor presentó hace unas semanas una demanda laboral sobre tutela de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de los Social de Madrid. La demanda, por discriminación y acoso laboral, está dirigida no solo contra el Instituto Autor sino también contra la SGAE, Fundación SGAE y la propia M.C. La trabajadora se encuentra de baja médica desde noviembre y ha recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico. Según explica su abogada a elDiario.es, ya estuvo en tratamiento durante los años 2022 y 2023 por los mismos motivos. El juicio está previsto para este verano.

Fuentes de la SGAE consultadas por elDiario.es afirman desconocer los motivos de la dimisión de la expresidenta. Este medio se ha puesto en contacto con M.C. para conocer sus motivos. La jurista explica que se debe a que se generó “un conflicto laboral” tras la decisión de los órganos rectores del Instituto Autor de “realizar un cambio de organización” que afectaba a una de las empleadas. 

La jurista defiende su actuación y su trabajo al frente del Instituto. Afirma que es “absolutamente falso” que este conflicto laboral esté relacionado “con cuestiones de sexo o maternidad”, en alusión a la demanda judicial que ha hecho que la SGAE activara el protocolo antiacoso. “Me duele especialmente este enfoque, puesto que llevo décadas luchando por los derechos de las mujeres e intentando abrir camino para las que vengan detrás”, añade, y señala que todas las empleadas del Instituto Autor y de su despacho jurídico son mujeres. “Dimití porque necesitaba defenderme”, ha explicado la jurista a elDiario.es; algo que quería hacer “como una simple persona” y no como la presidenta del Instituto Autor.

SGAE activó su protocolo antiacoso laboral

La Sociedad de Autores explica que, cuando recibió la notificación de la demanda de esta empleada, consultó a su Compliance Officer —el ejecutivo que vigila que la organización cumpla con la normativa legal— si podía activar el propio protocolo antiacoso de la SGAE, ya que el Instituto Autor carece de él. Este instituto es una asociación cultural independiente que recibe fondos de SGAE y Fundación SGAE.

Tras esa consulta, SGAE recibió el consejo de activar el protocolo y que este fuera encargado a una entidad independiente. Así lo hizo, de manera que encargó a un conocido despacho de abogados realizar una investigación que valorase el clima laboral en el Instituto Autor.

No obstante, la expresidenta del Instituto Autor presentó el pasado 10 de abril, días después de su dimisión, una denuncia ante la Comisión de Supervisión de SGAE para solicitar “una investigación sobre el supuesto ‘protocolo de acoso’ que se ha aplicado” en relación con su denuncia.

Salida de Mar Delgado del Instituto Autor

La demandante no es la primera trabajadora que expresa su descontento con el ambiente de trabajo en el Instituto Autor en los últimos años. Mar Delgado, tras 16 años de trabajo en el Instituto, puso en conocimiento de la dirección y de la presidencia de la SGAE, mediante un correo electrónico, su malestar.

En conversación con elDiario.es, Delgado expresa quejas como “llamadas fuera del horario laboral”, “trato despótico” y su preocupación por una posible pérdida de su jornada reducida, una medida de conciliación que había obtenido tiempo atrás. Tras su queja, la salida de esta extrabajadora de la institución se resolvió con un despido improcedente. La expresidenta ha declinado hacer declaraciones sobre esta extrabajadora.

Mar Delgado no solo había pasado la mayor parte de su vida laboral ligada a esta entidad, sino que su padre, el fallecido jurista Antonio Delgado —uno de los principales redactores de la Ley de Propiedad Intelectual—, fue el fundador del Instituto Autor en el año 2005. El premio que anualmente concede el Instituto, con el objetivo de fomentar y reconocer la realización de estudios de investigación sobre cuestiones relacionadas con el derecho de autor, lleva el nombre de su padre.

Reconocido prestigio en el mundo de la propiedad intelectual

M. C. es una abogada licenciada en Derecho por ICADE y en ejercicio desde 1990. Está al frente de un despacho jurídico con el que tiene experiencia en defender a la SGAE y también a otras entidades de gestión colectiva de derechos como AIE y AGEDI, en diferentes litigios relacionados con la propiedad intelectual, en particular por comunicación pública de obras sin autorización en establecimientos comerciales. Además, es secretaría del Patronato de la Academia de las Artes Escénicas.

Según los Estatutos del Instituto Autor, la presidencia la ostenta “un jurista de reconocido prestigio en el sector de la propiedad intelectual”. En los últimos años, M.C. ha participado con conferencias en jornadas públicas sobre este tema, como en el Colegio de la Abogacía de Madrid, en Fundación SGAE, en la Academia de Televisión o la Feria del Libro.

Las actividades del Instituto Autor están orientadas al estudio y la investigación de los derechos de los autores, con especial atención al desarrollo y la mejora de normativas. Según señalan en el resumen de su memoria anual, en 2024 realizaron actividades tales como un congreso sobre inteligencia artificial y la aportación de una respuesta al Ministerio de Cultura durante el periodo de consultas sobre el proyecto de real decreto que pretende regular la concesión de licencias para el entrenamiento de las IA. Un proyecto que fue retirado tras evidenciarse la oposición de los artistas.

En mayo de 2008 se estrenó en España La antena, una película argentina. Rodada en blanco y negro y sin apenas diálogos, narra la historia de una ciudad que ha perdido su voz. Unos días después sus productores se encontraron que una copia de la cinta estaba disponible en Internet a través de una web de enlaces de descargas. Era PeliculasYonkis, hermana de SeriesYonkis, la principal referencia de los portales de descarga de contenidos que florecieron en España hasta 2015 gracias a un agujero legal. Los responsables de La antena lo denunciaron, dando origen a una batalla judicial que sigue viva 16 años después.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal Constitucional ha admitido finalmente a trámite la demanda de amparo presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contra la absolución de los gestores de SeriesYonkis en 2021.

La asociación recurrió entonces el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, que ratificó a su vez la decisión de absolver a los acusados dictada en primera instancia por un juzgado de lo penal en 2019. Un proceso en el que Egeda pidió 550 millones de euros de indemnización por los daños causados a la industria audiovisual y la Fiscalía hasta dos años de cárcel para los cuatro acusados.

Uno de los casos antipiratería más famosos y trascendentes de España llegará así a la última instancia del tribunal de garantías. El recurso de Egeda, al que ha tenido acceso este medio, apunta al factor clave de la absolución de los gestores de SeriesYonkis: “La consistente en considerar que los acusados no tenían conocimiento efectivo de la antijuridicidad de su conducta y por tanto no existía dolo”, se lee en su petición de amparo al TC.

El argumento que emplearon los magistrados de la sala murciana para exculpar a los gestores de SeriesYonkis es el mismo que se ha repetido en tribunales de toda España en este tipo de casos. La clave es que hasta 2015, cuando cambió la ley de derechos de autor, operar una página web que contuviera enlaces a portales de descarga directa de contenidos protegidos no se consideró una actividad contraria al copyright.

Para 2015, cuando entró en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para incluir específicamente este supuesto, las webs de enlaces como SeriesYonkis, PelículasYonkis, Series.ly y otras tantas que habían sido tan populares en España ya habían cesado su actividad. Antes de eso enlazar no fue delito, según han fallado los juzgados hasta ahora.

“No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían”, expresa el fallo de 2021 de la Audiencia Provincial de Murcia que absolvió a los gestores de SeriesYonkis. “No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno”, ratificaron los magistrados. Egeda asegura en su recurso al TC que este extremo no estaba entre los hechos probados de la primera sentencia absolutoria dictada por un juzgado de lo penal de Murcia.

Los acusados, Alberto García Sola (creador original de la web), junto a Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez (que compraron el dominio posteriormente) alegaron que no tenía ningún control sobre el contenido de los enlaces que aparecían en estas páginas web y que, además, estos variaban cada minuto debido a las actualizaciones que hacían los usuarios.

Esta situación, añadían los magistrados, era conocida también por los visitantes de la web. “El usuario del enlace que desde estas páginas webs deseaba acceder a la obra por él seleccionada era conocedor del redireccionamiento y de que la descarga o visionado en streaming se realizaba en una página web diferente de aquélla que contenía el enlace”.

Pena de banquillo

En los juicios sobre hechos anteriores a 2015 que se han ido sucediendo desde entonces, las entidades de gestión como Egeda o Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional, que agrupa a las productoras de Hollywood) han intentado culpar a los responsables de las páginas de enlaces de tener una voluntad de violar los derechos de autor con sus actividades, aunque no estuvieran tipificadas. Los jueces consideran que no han podido demostrarlo.

El recurso de Egeda ante el TC expresa que esa declaración de hechos probados que se repite en las sentencias de este tipo, como las de SeriesYonkis, vulnera su derecho a gozar de una tutela judicial efectiva.

“Quien necesita tutela judicial efectiva y todos los derechos del artículo 24 de la Constitución es nuestro representado”, contesta uno de los abogados de los acusados, Carlos Sánchez Almeida, haciendo referencia a los más de tres lustros que lleva encausado su cliente por crear SeriesYonkis, “que diseñó cuando era estudiante, y por la cual ha sufrido, está sufriendo y sufrirá una pena de banquillo de 16 años”, destaca en su apelación al TC.

“Básicamente, la práctica totalidad de su etapa laboral y familiar ha estado con un juicio amenazando constantemente planes presentes y futuros, con unos gastos mediáticos, mentales, familiares y económicos que desgastarían a cualquier persona. Y frente a tal sufrimiento, una acusación pone en la balanza de la justicia 550 millones de euros imaginarios, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas jurídicas productoras de obras cinematográficas”, afea.

Un proceso de 16 años que seguirá sumando días a su calendario, puesto que el TC podría tardar varios años en emitir su veredicto final para uno de los casos de piratería más importantes y longevos de la historia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite a la Comisión de Propiedad Intelectual arbitrar los conflictos entre los medios de comunicación españoles y las tecnológicas que usen sus publicaciones. De esta forma, el Gobierno encarga a este organismo la intermediación entre editores de prensa y servicios digitales cuando estos no puedan acordar un precio por el uso de sus contenidos en Internet, como cuando se distribuyen a través de agregadores de noticias como el de Google o se comparten en redes sociales.

La Comisión de Propiedad Intelectual forma parte del Ministerio de Cultura y es la encargada de realizar los trámites administrativos en la lucha contra la piratería en Internet. Entre sus nuevas competencias, la norma ratificada hoy establece que los medios podrán acudir a este organismo para dirimir las “cuestiones litigiosas” con las tecnológicas antes de abrir un proceso legal en los tribunales.

El real decreto termina de perfilar el nuevo escenario para la relación entre los medios de comunicación y los servicios digitales en España, después de que la reforma de la ley de propiedad intelectual en 2021 permitiera a los editores negociar individualmente el precio de sus publicaciones con las tecnológicas. Ese cambio legal puso fin tras ocho años de bloqueo propiciado por el conocido Canon AEDE, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocó la salida de Google News de España y la negativa de los prestadores de servicios digitales a pagar una tarifa unitaria por el uso de los contenidos de prensa.

La negociación individual entre editores y tecnológicas es el camino que han seguido la mayoría de países europeos en la actualización de sus leyes de copyright, como Francia o Italia. Esta actualización de las normas de propiedad intelectual se está produciendo en todo el mundo y en ocasiones está provocando nuevas fricciones entre las grandes tecnológicas y los estados. En Canadá y Australia, por ejemplo, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) ha llegado a vetar que los usuarios publiquen enlaces a publicaciones de prensa en sus servicios al no estar de acuerdo con la remuneración a los editores impuesta en esos países.

El real decreto también pretende “mejorar el cumplimiento de los plazos y la eficacia en la lucha contra la piratería en Internet”, actualizando las capacidades de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta modernización era un compromiso del Gobierno con la UE como parte del plan de recuperación y resiliencia por el que España recibirá 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026.

El 17 de junio de 2015 la Policía Nacional se personó en las oficinas de Series.ly, la página de enlaces de descarga de series y películas más popular de aquel momento. Los agentes registraron las instalaciones y después detuvieron a los tres administradores de la web por delitos contra la propiedad intelectual. Siete años después fueron absueltos en primera instancia. Ahora la Audiencia Provincial de Barcelona ha vuelto a desestimar el recurso contra ellos y destaca que buena parte de las pruebas que los exculpan provienen precisamente de aquel registro del año 2015, recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los magistrados respaldan la argumentación de la jueza de Sabadell que desestimó la demanda inicial de la agrupación de las productoras de cine estadounidenses, Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional). Se trata de la misma motivación que se repite en los tribunales que dirimen las acusaciones contra las páginas de descargas que operaron antes de 2015: el enlace a webs de terceros que permitían el acceso a contenidos con copyright no era delito antes del 1 de junio de ese año, cuando entró en vigor una reforma de la ley de propiedad intelectual que tipificó esta actividad.

Cuando eso ocurrió, ya no había enlaces de descarga en Series.ly. Sus administradores, explica la sentencia, “habían decidido, ante las reformas legislativas que estaban previstas, eliminar los enlaces que resultaban sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual en diciembre de 2014”.

Las evidencias de esta conducta se encontraron durante el registro de sus ordenadores previo a su detención. La perito del Cuerpo Nacional de Policía que analizó el material incautado halló una serie de comunicaciones de los gestores de Series.ly con su abogado en las que este les recomendaba eliminar los enlaces que pudieran llevar a webs de descarga antes de que se modificara la ley, como finalmente ocurrió.

Colaboración con los titulares de derechos

Además, la perito localizó “incluso correos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual donde les pedían que retiraran determinados enlaces, cosa que hicieron”, destacan los magistrados. Es decir, se produjo una colaboración con las productoras para retirar enlaces de descarga cuando estas lo solicitaron. En la práctica, los magistrados reflejan que no se puede condenar a los gestores de Series.ly por albergar enlaces por lo mismo que no se puede condenar a Mark Zuckerberg cuando se detecta un contenido ilegal en Facebook. Su obligación legal es eliminarlo “con diligencia” y “cuando tengan conocimiento efectivo” de su presencia en la web.

Series.ly fue de hecho la página de enlaces con más usuarios de la última era de este tipo de webs por contener elementos de red social. Los usuarios podían invitar a otras personas a unirse y configurar apartados de “noticias, calendario, amigos, catálogo, noticias o juegos”. Algunas de sus herramientas se vieron después en los servicios de streaming que hoy pagan millones de usuarios por todo el mundo.

“Resulta paradójico que la entrada y registro que tanto se publicitó en prensa como un 'golpe a la piratería' haya sido sin embargo la principal prueba para la absolución”, destaca el abogado defensor, David Bravo. “Los documentos incautados eran precisamente dictámenes jurídicos del letrado de la web para mantener su actividad en la legalidad, correos electrónicos con las productoras para eliminar los enlaces que les reportaban e incluso correos internos entre los administradores que decían que tenían que adaptarse a las nuevas leyes ”por retrógradas que sean“. Es más, se hallaron conversaciones de los administradores implantando un sistema para premiar a los usuarios que enviaran enlaces a sitios como Filmin o Netflix. Ni yo como defensa habría podido aportar prueba más contundente”, destaca.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona puede ser recurrida por Adivan mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contactada por elDiario.es, la asociación se ha negado a adelantar si pretende interponerlo. “Tenemos por costumbre en ADIVAN no opinar los casos que no han terminado, como este”, ha explicado su presidente, Santiago Mediano. Técnicamente, el proceso sí habría concluido si Adivan decide no llevar el caso al Supremo.

El caso de Series.ly se zanjaría así con la misma resolución que el de Series Yonkis, el de Elitedivx o el de bajandoxvid.net. Este último se cerró hace dos semanas en la Audiencia Provincial de Tenerife con una absolución que acabó con 16 años de proceso penal para los acusados. Los abogados especialistas en este tipo de causas denuncian que, aunque las productoras saben que sus demandas previas a 2015 acabarán en la absolución, buscan una “pena de banquillo” para los acusados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, tras meses de negociación con las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor, un Real Decreto que establece cuáles son los equipos, aparatos y soportes materiales que están sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, cuáles son las cantidades aplicables a cada uno de ellos y cómo se hará la distribución de la recaudación. Además de la variación en el equilibrio del reparto, la principal novedad es la inclusión de las empresas que publican periódicos, revistas y partituras entre los beneficiarios de esa compensación.

Las publicaciones de prensa que recibirán compensación pueden ser de contenido informativo, cultural, científico, técnico, de creación de opinión pública o de entretenimiento, tanto en soporte papel como en formato digital, siempre y cuando se publiquen bajo la responsabilidad y control de una editorial y estén editadas en serie continua con un mismo título a intervalos regulares o irregulares y tengan al menos 24 páginas por ejemplar en soporte papel, o extensión similar en formato digital.

Fuentes del sector señalan que el acuerdo se trata de un consenso entre quienes tienen que pagar la compensación, la industria tecnológica, y quienes deben ser compensados, artistas, autores, editores y productores.

Para CLABE (Club Abierto de Editores), la asociación más importante del sector de medios de comunicación en España —con 182 grupos editoriales que editan cerca de 1.000 cabeceras de diarios, revistas y publicaciones digitales y en papel, entre las que se encuentran elDiario.es— y que ha liderado las negociaciones con Adepi, Cedro y el Ministerio de Cultura, la inclusión de los editores de publicaciones de prensa y revistas entre los agentes del mercado con derecho a percibir una compensación por copia privada “pone fin a una discriminación sostenida que sufrían los editores de prensa y de revistas respecto del resto de titulares de derechos, nacionales y de otros países europeos”.

Qué es la copia privada

Este tipo de pago lo deben liquidar los fabricantes en tanto que distribuidores o los importadores de soportes, una tasa que generalmente trasladan a los compradores. Tiene su origen en la compensación por el posible daño económico que sufran los detentores de derechos cuando un usuario crea una copia para su uso privado, como pudiera ser el volcado de las canciones de un cedé a un disco duro, el escaneo de las hojas de un libro con el teléfono móvil o, a partir de este Decreto, también el guardado de una noticia o un reportaje en este tipo de soportes. Los editores de periódicos y revistas recibirán, por tanto, un nuevo capítulo de ingresos por esta vía.

El derecho a la copia privada y a la compensación por ella es una exigencia de la legislación europea y está recogido en la Ley de Propiedad Intelectual española desde 2017, sustituyendo un modelo previo donde el pago lo asumía el Estado.

Los dispositivos y las tarifas contempladas en el Real Decreto han partido de los estudios realizados tanto por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, como por las patronales tecnológicas y son fruto de un acuerdo alcanzado por ambas partes el pasado 14 de julio de 2022.

Los cambios en las tarifas

El listado de tarifas ha eliminado las que responden a tecnologías obsoletas y ha actualizado al alza las más usadas y a la baja las que menos. Hay de muchos tipos y varían según el soporte y su capacidad. Por ejemplo, en el caso de un smartphone, el fabricante pasará de pagar 1,10 euros a 3,25 euros. En el caso de los ordenadores, la tarifa baja ligeramente, de 5,45 euros a 5,33 euros. Al respecto de los discos duros, los que tienen una capacidad de hasta 6 TB, bajan de 5,45 a 4 euros, pero los de mayor capacidad suben a 6,45 euros. Se incorporan nuevos formatos que antes no existían como los relojes inteligentes, para los que la tasa será de 2,50 euros. Soportes obsoletos que se contemplaban en el reglamento anterior, como los VHS, el MiniDisc o las cintas de casete, han desaparecido.

Adepi, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, valora positivamente la aprobación del Real Decreto y lo ha calificado de “acuerdo sólido”. “Las nuevas tarifas permiten que los importes asignados para reparar el daño causado y hacer efectiva la compensación se acerquen a los de los países de nuestro entorno, y aunque todavía quedan por debajo de la media de la Unión Europea suponen un importante paso adelante en la necesaria adaptación progresiva del modelo a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo de contenidos culturales”, ha añadido en un comunicado la Asociación, que reúne a las entidades de gestión Agedi, AIE, Aisge, Cedro, AMA y Egeda.

Series Yonkis, Series Pepito, Elitedivx, Series.ly. Las páginas de descargas de series y películas fueron un elemento característico de Internet español desde mediados de la década de los 2000. Su truco era sencillo: los contenidos no estaban disponibles directamente en sus webs, sino que estas enlazaban a páginas de terceros desde las que sí era posible verlos o descargarlos. Una estrategia que les sirvió para evitar a la justicia hasta el 1 de junio de 2015, cuando entró en vigor una reforma de la ley de propiedad intelectual que tipificaba expresamente como delito el enlace a contenidos protegidos.

Esa es la teoría, que han ido refrendando los tribunales. La realidad es que los responsables de estas páginas han enfrentado larguísimos procesos judiciales que terminan con absoluciones, pero que implican penas de banquillo que llegan a durar hasta 16 años. Es lo que le ha ocurrido a los dos administradores de bajandoxvid.net, absueltos esta semana por la Audiencia Provincial de Tenerife tras ser denunciados en 2007 por la organización que agrupa a las productoras de cine estadounidenses, hoy llamada Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional).

Uno de los responsables de bajandoxvid.net era menor de edad en el momento en el que se interpuso la denuncia, con lo que se ha pasado casi la mitad de su vida encausado. El final de su proceso judicial ha sido el habitual en este tipo de causas: los magistrados han fallado que no puede condenarse a los acusados por una actividad que no estaba penada en el momento en el que se produjo. De 2007 a 2009, cuando estuvo activa bajandoxvid.net, no era delito enlazar contenidos protegidos.

En el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia Provincial de Tenerife ha afeado además a los demandantes —y al Juzgado de lo Penal que condenó a los acusados en primera instancia— el hecho de no especificar las obras que presuntamente habrían sido reproducidas sin permiso de las productoras. Estos se limitaron a citar que bajandoxvid.net “contenía un listado de 500 títulos, todos ellos protegidos”, pero solo mencionaban uno: “Harry Potter y la orden del Fenix, la cual fue estrenada por su titular legal de explotación Warner Bros. el 11 de junio de 2007 y que unos días más tarde era posible descargar a través de los enlaces facilitados por los acusados”.

“Esa falta de concreción de la sentencia apelada afectaría a uno de los elementos esenciales del delito por el que se condena a los acusados, que requeriría concretar mínimamente cuáles eran las obras objeto del delito a las que se daba a los usuarios acceso no autorizado por los titulares de los derechos de autor”, destaca el fallo. De ser piratas, los acusados lo habrían sido solo de esa película de Harry Potter, la única obra citada en su condena, explican los magistrados antes de declarar su absolución.

Todavía no ha acabado

Los gestores de bajandoxvid.net podrían tener que añadir aún un capítulo más a su historia judicial. Adivan podría recurrir el fallo de la Audiencia Provincial de Tenerife ante el Tribunal Constitucional. elDiario.es ha contactado con la asociación que representa los intereses de las discográficas, que se ha negado a revelar si pretende hacerlo: “No tengo nada que comentar en este asunto, como es nuestra costumbre cuando están sub iudice”, ha declarado Santiago Mediano, presidente de Adivan. La locución latina sub iudice hace referencia a los procesos que están pendientes de resolución judicial, aunque el caso de bajandoxvid.net acaba de ser resuelto con la absolución de los acusados.

Adivan también se ha negado a aclarar si ha presentado recurso ante el Constitucional en el proceso contra Series Yonkis, la mayor web de enlaces de descargas de España en el periodo anterior a 2015. Sus gestores fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Murcia en 2021; al igual que los de EliteDivX, unos meses después. Ambos permanecieron abiertos 14 años. Hoy no está claro que se hayan cerrado, puesto que Adivan no ha querido desvelar a este medio si ha acudido a la vía extraordinaria del TC. Sí ha dado el paso necesario para hacerlo, que es presentar un recurso de nulidad en ambos procesos, que ha sido desestimado.

Lo de menos es conseguir condenas, lo que les importa es generar miedo y sufrimiento con la pena de banquillo

Carlos Sánchez Almeida — abogador defensor de bajandoxvid.net, Series Yonkis y Elitedivx

“La industria del entretenimiento utiliza el proceso penal por piratería como propaganda”, denuncia Carlos Sánchez Almeida, abogado defensor en las tres causas citadas. “Lo de menos es conseguir condenas, lo que les importa es generar miedo y sufrimiento con la pena de banquillo. No impulsan los procesos, lo que les importa es tener el máximo número posible de gente acusada para generar escarmiento. Se trata de un abuso sistemático de nuestra Administración de Justicia, que no trabaja en estos casos para autores españoles, sino para la industria de Hollywood”, afirma el letrado a elDiario.es.

Otros casos de la era de los enlaces siguen abiertos. Esperando a la resolución de la segunda instancia (que emitirá la Audiencia Provincial de Barcelona) se encuentran los gestores de Series.ly, absueltos en primer término por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sabadell en octubre de 2022. La argumentación de la jueza, la ya conocida: enlazar no era delito antes de 2015. Pese a ello, las productoras recurrieron. ¿Por qué? “Porque no les cuesta nada”, contesta David Bravo, su letrado.

Recurrir les sale gratis. Si les dan la razón, pues tanto mejor. Si no, al menos han mantenido a los acusados en un limbo de ansiedad y una pena de banquillo que ya es una condena en sí misma

David Bravo — abogado especialista en propiedad intelectual

“En la vía penal no hay condena en costas para la acusación particular salvo temeridad, algo que nunca he visto aplicar ni en los casos más temerarios”, continúa en conversación con este medio. “Todo lo que sea recurrir les sale gratis para sus abogados en nómina porque no tiene repercusiones. Y si además suena la flauta y les dan la razón, pues tanto mejor. Si no se la dan, al menos han mantenido a los acusados en un limbo de ansiedad y una pena de banquillo que ya es una condena en sí misma”, coincide con su colega. En este caso la acusación particular pide cuatro años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios y 195.735'35 euros de indemnización.

El último proceso abierto es el de Series Pepito, en el que el juez de instrucción ha ordenado el embargo de los bienes de sus dos gestores. La acusación pide además siete años de prisión. También se han embargado los bienes de tres trabajadores de una empresa que crearon para administrar páginas web y que se encargaba del citado portal de descargas y de docenas de clientes más, ya que se les reclama más de un millón de euros de indemnización. La policía los acusa a todos de formar parte de una organización criminal.

Google News vuelve a estar activo en España. Ocho años después de echar el cierre por la negativa de la multinacional a satisfacer los requerimientos que le imponía una renovación de la ley de propiedad intelectual del Gobierno de Mariano Rajoy, un nuevo cambio en las normas de copyright permite el relanzamiento del popular agregador de noticias.

El nuevo servicio incluye la recomendación de informaciones personalizada para cada usuario, pero también una sección de “noticias destacadas” con las historias más importantes del día. Esta “no está personalizada en función del lector o de su ubicación” sino destinada a “facilitar mantenerse al tanto” de la actualidad diaria.

El nuevo Google News también permite seguir determinados “temas”, “fuentes” o “ubicaciones” para crear una portada de noticias en función de los intereses marcados. Provendrán de medios de comunicación de todos los tamaños, tanto de ámbito nacional como local, explica la compañía. Los enlaces llevan directamente a la página oficial de cada medio.

La identificación clara de la fuente de cada noticia es una de las herramientas más útiles para combatir la desinformación, recuerda Google. La estrategia se apoya en otra de las novedades: la presencia de desmentidos de bulos y otros contenidos verificados por agencias especializadas.

La multinacional ha adelantado que en los próximos días lanzará una aplicación específica de Google News para dispositivos Android e iOS. El conjunto permitirá al usuario aumentar la cobertura sobre temas específicos con enlaces a cuentas de Twitter directamente implicadas en la información o noticias centradas en las cifras y gráficos.

“Estamos ayudando a los lectores a descubrir más fácilmente el panorama general de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso incluye encontrar más historias locales, entender los temas de las noticias de última hora del día a nivel nacional y mundial y ver qué historias han sido verificadas por organizaciones independientes”, explica Fuencisla Clemares, vicepresidenta de Google para España y Portugal.

Cambio legal

“Tras un paréntesis de casi ocho años, Google News vuelve a España. Esto es gracias a una ley de derechos de autor actualizada que permite a los medios de comunicación españoles, grandes y pequeños, tomar sus propias decisiones sobre cómo se puede descubrir y monetizar su contenido”, ha destacado Clemares.

La actualización de las normas de copyright ha llegado a través de la trasposición de una directiva europea, aprobada por el Congreso el pasado diciembre. El aspecto clave ha sido la posibilidad de que los medios de comunicación negocien de forma independiente con Google cómo se les remunera por el uso de sus noticias en el agregador. El cambio de la ley de copyright de 2014 promovido por el exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert obligaba a los medios a cobrar una tasa a Google News, aunque no quisieran hacerlo.

La tasa se conoció como canon AEDE y los medios tampoco podían decidir su importe. Al contrario, esta lo establecía una asociación llamada Cedro, que actuaba como una SGAE de la prensa. La multinacional estadounidense argumentó que Google News no tenía ingresos propios puesto que es un servicio que no incluía publicidad, por lo que se negó a sufragar el unilateral canon AEDE y pidió negociar por separado con cada medio.

La negativa del Gobierno provocó que la multinacional decidiera cerrar Google News en España. Su desaparición supuso una caída media del 10% de las visitas de los medios de comunicación, según los datos de la compañía. Este descenso fue más pronunciado en las redacciones más pequeñas.

“Hacer que sea más fácil para los lectores encontrar las noticias que buscan no solo beneficia a los lectores, sino que también ayuda a los editores. Google News dirige a los lectores a los sitios web de los editores cuando hacen clic en los enlaces, lo que ayuda a dirigir el tráfico a su contenido, donde pueden mostrar anuncios e incentivar a los lectores a suscribirse”, ha recordado Clemares.

En este sentido, la multinacional ha adelantado que trabaja para traer a España “a la mayor brevedad” otro servicio de agregación de noticias, Google News Showcase. Este está centrado en los contenidos bajo suscripción y pretende ofrecer una mayor profundización en la información a sus usuarios. A su vez, también quiere ofrecer facilidades a los medios para que los nuevos lectores se suscriban y apoyen su periodismo.

“Una persona vino, consumió, pidió permiso para hacer una foto, porque debajo de la televisión hay una bufanda del Real Madrid, y resulta que retrató la televisión en vez de la bufanda. Luego pidió un ticket de la consumición y se marchó”. De esta forma recuerda José Luis el día en el que un inspector de la Liga Nacional de Fútbol entró en su establecimiento, una peña madridista situada en el barrio de San Blas (Madrid). A partir de esa visita, y previa intervención policial del decodificador, se inició contra él un procedimiento judicial por emitir partidos de fútbol con una señal pirata. 

Los hechos se produjeron en 2019. La actuación está enmarcada en una operación que La Liga –patronal de los clubes de primera y segunda– lleva desarrollando años para detectar emisiones irregulares de partidos y proteger el negocio milmillonario del fútbol. Cuenta con una red constituida por decenas de inspectores que la institución liderada por Javier Tebas denomina 'verificadores'. 

Una vez que han identificado un establecimiento que no abona los derechos de emisión, los servicios jurídicos de La Liga elaboran y presentan una denuncia ante la Policía Nacional, según la información publicada por El País. Desde la institución dirigida por Tebas aseguran que antes de demandar al establecimiento, dan al propietario del bar “la oportunidad de regularizar” la emisión. “Sin imponerles ninguna multa”, añaden estas fuentes.

A principios de 2019, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional impulsó la ‘Operación Themis’, que provocó el registro de más de 2.000 establecimientos públicos distribuidos por toda España y la incautación de más de 800 decodificadores, según desveló entonces El País. Desde la patronal Hostelería de España defienden que esta actuación no fue “cómoda” para sus socios, aunque sostienen que “entienden” el posicionamiento adoptado por la La Liga.  

A través de esos decodificadores, que están manipulados, se capta y emite “la señal de canales codificados, como son los que, en las distintas plataformas, emiten los partidos de fútbol de la Liga Profesional, cuyos derechos de explotación audiovisual corresponden, en exclusiva”, a la organización de Tebas, tal y como recordó la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia emitida en enero de 2021 contra un bar de Alcobendas.  

Uno de los últimos casos judicializados afectó al dueño de un bar de Vallecas. Como ha contado elDiario.es, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al propietario del establecimiento por un delito contra los consumidores. Este fallo le acarreó una multa de 180 euros y una indemnización de 196 euros para La Liga. En la sentencia emitida en octubre los jueces lo absolvieron del delito contra la propiedad intelectual que le había acarreado una condena de un año de prisión en primera instancia. Los tribunales por ahora no se han puesto de acuerdo: algunos dictaminan condenas con penas de cárcel y otros se limitan a multar estas actuaciones por delitos leves.

El patrón para detectar la emisión irregular de partidos en el establecimiento de Vallecas condenado también se inició con la visita de una inspectora contratada por La Liga el 20 de octubre de 2018. Después de una visita parecida, la Policía Nacional se personó en el establecimiento de José Luis. “Se llevaron el decodificador, el mando a distancia y el cable de la luz”, relata. 

“Al día siguiente tuvo que ir mi socio a la comisaría a declarar y tuvo juicio. [Sufrió] un poco de incertidumbre porque al inicio le pedían cárcel. Al final se solventó pagando una multa y una mensualidad [por los derechos de emisión] de la televisión. Ya lo hemos puesto legal”, apunta. Desde entonces, abona por la emisión de los partidos, incluida en un paquete que también le suministra wifi y línea telefónica, “alrededor de 400 euros”.

“Sinceramente, me parece una trampa”, recuerda Adolfo (nombre ficticio), propietario de un establecimiento en Getafe, que también fue visitado por un inspector de La Liga. “Nos pareció rara su actitud”, recuerda tres años después de los hechos denunciados y con el establecimiento ya cerrado por las consecuencias económicas de la pandemia. Este hostelero se defiende al asegurar que “desconocía” que contaba con un decodificador, hasta que la Policía lo intervino. “Era del anterior dueño”, sostiene.

Desde la organización Hostelería de España, su secretario general explica que actualmente la emisión de partidos en establecimientos es un mercado “muy consolidado” y “que se ha ido regularizando”. Aún así, Emilio Delgado, secretario general de la entidad, reconoce que la difusión de estas imágenes ha pasado por “una fase de anarquía”.

Según relata, durante años han existido “mafias comercializadoras de decodificadores”. “Al dueño del bar le llegaba una persona, le instalaba un decodificador y sabía lo que tenía que pagar. [Lo contrataba] como compraba jamones, cervezas o boquerones en vinagre para el establecimiento”, indica Delgado. Y añade: “El dueño de un bar no es experto en derecho de telecomunicaciones ni en propiedad intelectual”.

Teniendo en cuenta la proliferación de emisiones pirata, desde Hostelería de España reconocen que pueden “llegar a entender” que La Liga implementase un sistema para detectar las emisiones irregulares. Con el objetivo de luchar contra la piratería, La Liga utilizó un polémico sistema de escucha a través del teléfono móvil de los usuarios de su app. La Agencia de Protección de Datos multó a la organización con 250.000 euros por esta práctica, que el organismo asegura que ya no está en uso y que fue recurrida ante los tribunales.

En 2015, cuando arrancó la campaña de La Liga contra la piratería, Tebas estimó que en España había “200.000 decodificadores funcionando y más de 16.000 direcciones IP” que veían “fútbol gratis” en ese momento. Con todo, destacan que con el objetivo de atajar actuaciones irregulares busca “proteger los derechos audiovisuales de su clubes y defender a aquellos establecimientos que sí cumplen con la legalidad”, indican en una nota de prensa. En otras campañas, también han sostenido que la piratería pone “en peligro la sostenibilidad” del fútbol y de la competición. 

Los derechos del fútbol español mueven miles de millones de euros cada año. En diciembre, La Liga adjudicó la emisión de los partidos de la competición de máxima categoría para los próximos cinco años. Se los repartirán entre Telefónica y Dazn, que gastarán 4.950 millones de euros para emitir en sus plataformas. Para la gestión de la emisión de los partidos en los bares, desde la patronal de los hosteleros abogan por “un sistema de tarifa que sea equitativo y justo”, que tenga en cuenta “la distinta intensidad” y el aforo de los establecimientos. “Que no se apliquen de manera ciega porque puede cometer injusticias importantes”, apunta Delgado.

En esa línea, José Luis, el hostelero de San Blas, defiende que a una peña madridista como la suya no le “beneficia retransmitir” partidos de equipos que no están vinculados a su clientela. “Te intentan vender que te dan todos los partidos, pero a mi el que me da dinero es el Madrid y el Atlético”, apunta. Su gremio también se queja por los horarios de los partidos. “Ahora, para La Liga es prioritario emitir en China y te ponen un partido a las 16.00 horas. Sí, se te llena el bar, pero eso supone que se toman en el primer tiempo un café y en el segundo una copa. En el de las 21.00 horas, la gente consume más y llega a cenar. Hay más ganancia”, apunta. 

El paso de Miquel Iceta al Ministerio de Cultura y Deporte fue uno de los nombramientos más inesperados en la última crisis de Gobierno. La principal voz del federalismo plurinacional del PSOE admitió que sentía “mucho” dejar la cartera de Política Territorial y Administración Pública, apenas días después de cerrar un acuerdo histórico para acabar con la temporalidad de los trabajadores públicos interinos. Sin embargo, su nuevo departamento no le va a conceder tiempo de adaptación. Su antecesor, José Manuel Rodríguez Uribes, le dejó una bomba de relojería en forma de copyright, que ya se ha puesto en marcha con una carta de la Comisión Europea.

En la misiva, Bruselas pregunta a Iceta por qué España no ha transpuesto todavía la directiva europea de derechos de autor. Es algo que su antecesor tenía que haber hecho antes del 7 de junio. Tuvo dos años para ello, pero tras un largo proceso de consultas a las diferentes partes que se van a ver afectadas —y hay muchas y con intereses muy contrapuestos— Cultura no presentó ninguna propuesta sobre cómo abrir el melón de la ley de propiedad intelectual.

La carta de Bruselas es el primer paso de su procedimiento de infracción por exceder el límite de dos años para adaptar las legislaciones nacionales a las normas que se aprueban la UE. El Ejecutivo comunitario da seis meses de gracia a los países una vez excedido el límite. A partir de ahí empieza a sobrevolar la posibilidad de la multa, que suelen ser de decenas de miles de euros por cada día de retraso. El problema es que el proceso aún está en pañales.

El nuevo equipo de Cultura ha confirmado a elDiario.es que “está actualmente trabajando sobre el texto de borrador de anteproyecto de ley”, el cual dice tener “en fase avanzada”. Una vez presentado, se abrirá una “fase de audiencia e información pública, durante la cual todos los interesados podrán presentar aportaciones sobre el borrador”, avanzan las mismas fuentes. Después de eso el texto deberá negociarse en la comisión de Cultura del Congreso y, después, aprobarse en el Pleno. Tras ello el anteproyecto pasará al Senado, donde se sigue un proceso similar. En caso de que se introduzcan enmiendas en la Cámara Alta, el texto resultante deberá volver a ser ratificado por el Pleno del Congreso.

En resumen: más de los cuatro meses que le quedarán a Iceta en septiembre antes de que Bruselas se ponga seria con España por no transponer la directiva.

Alerta por la “censura previa” de los filtros

Las negociaciones de las normas de derechos de autor suelen ser muy calientes en España. La principal prueba de ello fue la Ley Sinde, que generó una repulsa ciudadana que terminó siendo uno de los afluentes que desembocaron en el 15M. Pero es que en este caso, además, la norma viene cargada de gran polémica desde su aprobación en la Eurocámara.

El principal motivo son los filtros de contenido que impone para todo lo que se suba a Internet. La UE fijó que las plataformas digitales que albergan contenido de sus usuarios deben instaurar filtros que detecten si lo que estos suben está protegido con derechos de autor y, si es así, censurarlo. Tecnólogos y organizaciones proderechos digitales avisaron de que esta medida podía tener consecuencias muy graves dado que esta tecnología no está lo suficientemente madura como para detectar si un contenido es paródico o crítico, usos en los que no debe entrar en juego el copyright.

Varios juristas alertaron además que la medida podría constituir en sí misma una forma de “censura previa”. El Tribunal de Justicia de la UE ha recibido una solicitud para que se posicione sobre ellos, algo que todavía no ha hecho. Los filtros generaron una enorme contestación y campaña en redes que ahora amenaza con reproducirse a nivel nacional.

Lo cierto es que la directiva europea y sus polémicos filtros plantean tantas dudas que apenas un puñado de países han completado el proceso de transposición a tiempo: 4 de 27. La misma carta de advertencia que ha recibido España ha pasado por los buzones de otros 22 gobiernos.

Ante esta situación, la Comisión Europea anunció la publicación de unas “directrices” sobre cómo actuar con los filtros. Para empeorar la situación, esa guía recibió tantas críticas como el texto original. “Sabemos que la orientación nunca podrá arreglar una ley imperfecta. Pero estas directrices dificultarán que los Estados miembros respeten los derechos fundamentales”, avisó el BEUC, la asociación que agrupa a 44 organizaciones de consumidores europeas.

Es probable que los filtros automáticos se excedan a la hora de retirar contenidos no comerciales

Organización de consumidores europeos

“Además de salir muy tarde [las directrices se publicaron el 4 de junio, solo tres días antes del plazo de transposición], la guía crea cierta incertidumbre y abre la puerta a prácticas abusivas. Por ejemplo, permite a los titulares de derechos de autor marcar contenidos específicos como especialmente sensibles, como el estreno de una película, y bloquearlos automáticamente”, añadía el BEUC: “Es probable que los filtros automáticos se excedan a la hora de retirar contenidos no comerciales realizados por los consumidores por diversión (por ejemplo, parodias). Este tipo de contenido está protegido en la nueva ley, pero ¿cómo van a distinguir las máquinas estas sutiles diferencias? En muchas ocasiones, no lo harán”.

Y mientras el canon AEDE funcionando

Todo este contexto levantó una gran expectación acerca de la propuesta de que haría Cultura sobre cómo trasponer los filtros. La sola filtración de que Uribes podría haber optado por adaptar la norma europea punto por punto con un decreto ley en Consejo de Ministros (lo que evitaría su debate parlamentario) le valió una campaña en contra y la denominación de la norma como “Ley Uribes” por parte de algunas organizaciones de derechos digitales españolas. Estas exigen luz y taquígrafos sobre el proceso de implementación de los filtros de contenido y tiempo para implicar a la ciudadanía y la sociedad civil en el proceso.

Tomar el proceso con la máxima calma no solo enfadaría a Bruselas. En España la transposición de la directiva tiene otro punto caliente más aparte de los filtros: el canon AEDE. Se trata de una tasa que los medios de comunicación tienen que cobrarles obligatoriamente, aunque no deseen hacerlo, a los agregadores de noticias digitales. Fue diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy y la extinta AEDE (hoy renombrada AMI, Asociación de Medios de Información), que agrupa a los grandes grupos de prensa impresa y estaba dirigida a conseguir un pago por parte de Google.

Google se negó a hacerlo y sacó su servicio de agregación de noticias de España. Como consecuencia la tasa fue un fracaso y apenas ha superado los 200.000 euros recaudados en ocho años, a repartir entre todos los medios de comunicación españoles.

La trasposición de la directiva permite derogar el canon AEDE. La inmensa mayoría de los medios digitales, pero también muchas de las cabeceras impresas que impulsaron su aprobación, tienen prisa porque esto suceda. Google ha lanzado un nuevo servicio de agregación de noticias por el que pagará a los medios —mediante pactos individuales— por enlazar sus artículos. Ya ha llegado a acuerdos de remuneración en algunos países europeos y tiene preacuerdos con un buen número de medios en España, que esperan esa nueva vía de ingresos como un necesario soplo de aire fresco tras las estrecheces de la pandemia. Pero para eso necesitan que el canon decaiga.

Unos sectores que piden calma y procesos largos, otros que reclaman acciones rápidas, la amenaza de una multa en el horizonte y una polémica a punto de estallar en cuanto los filtros de contenido lleguen a los telediarios. Es el regalo que Uribes le ha dejado a Iceta dentro de su nueva cartera.

Hay pocas normas más importantes que las de derechos de autor y propiedad intelectual para entender cómo funciona Internet. Por eso cuando la UE renovó su directiva de copyright en 2019 provocó un pequeño terremoto entre usuarios, creadores de contenido, empresas y gigantes digitales, que no acabó en Bruselas: los países tienen dos años para adaptar sus leyes a las normas europeas, por lo que será en 2021 cuando se vean muchas de las consecuencias de ese seísmo. Uno de los tótems que ya está tambaleándose es el canon AEDE, el responsable de que España sea el único país del mundo donde no existe Google News.

Ese canon es el aro por el que hace siete años las grandes cabeceras de prensa impresa del país intentaron hacer pasar a Google, sin éxito. Agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), negociaron con el Gobierno de Mariano Rajoy una modificación de la ley de propiedad intelectual para forzar a la multinacional a pagar una tasa por todas las noticias que enlazara desde su agregador Google News. Ese canon debía ser cobrado por una entidad de gestión de derechos de autor llamada Cedro, que luego sería la que se encargada de repartir el dinero entre los medios.

Se trataba de un modelo de gestión de derechos de autor a la española, muy similar al impuesto en el terreno musical con la SGAE. Como ocurre con esta entidad y los autores musicales, el canon AEDE también impide a los medios decidir por su cuenta cómo gestionar sus derechos de autor. Deben pasar siempre por Cedro como intermediario obligatorio. También convierte en “irrenunciable” el cobro del copyright, dificultando, como en el caso de los músicos y la SGAE, los modelos de negocio alternativos que primen la visibilidad del contenido por encima de la propiedad intelectual.

Google avisó de que no se plegaría al pago del canon AEDE y a negociar con una entidad como Cedro. Cuando se aprobó, la multinacional simplemente retiró Google News de España. Del resto de plataformas, el canon AEDE apenas ha podido recaudar unos 10.000 euros al año. La situación ha pasado siete años años enquistada, pero la transposición de la directiva europea de copyright en la que trabaja el Ministerio de Cultura y cuyo primer borrador estará listo en esta primera parte de 2021 ha abierto la posibilidad de que España deje de ser un caso único en el panorama internacional.

Cultura prepara la ley que puede rematar al canon AEDE

Cultura está ultimando el texto para reformar la ley de propiedad intelectual en base a la directiva europea. Junio es la fecha límite. La supervivencia del canon AEDE pasa por que el Ministerio que dirige José Manuel Rodríguez Uribes respete el actual artículo 32.2, que detalla que el cobro de derechos de autor es obligatorio y debe pasar forzosamente por Cedro. Una de las claves es que la directiva, en su artículo 15, indica que los editores pueden llegar a acuerdos individuales con las plataformas tecnológicas.

“Estamos en fase de escucha”, explican fuentes de Cultura a elDiario.es. “El ministro está reuniéndose con todos los actores involucrados”, detallan las mismas fuentes, que adelantan que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto al artículo 32.2 y el canon AEDE. No obstante, apuntan que el texto “será coherente con el espíritu y la letra de la directiva”.

Aunque el canon AEDE es typical spanish, no ocurre lo mismo con el debate sobre si la nueva directiva europea permite imponer que sea una entidad como Cedro la que gestione los derechos de autor de todos los medios de comunicación. En noviembre, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, contestó negativamente al ser preguntado por un eurodiputado checo: “El artículo 15 otorga a los editores los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y puesta a disposición de sus publicaciones”, respondió el comisario francés: “La imposición de una gestión colectiva obligatoria privaría a los editores de este derecho”.

Francia, el primer país que ha resuelto la situación en base a la nueva directiva, permitirá a los medios gestionar por su cuenta los derechos de autor. Google firmó la semana pasada un acuerdo con los editores de prensa franceses, pionero a nivel europeo, para compensarlos por el uso de sus artículos desde sus herramientas. Los acuerdos serán individuales y se basarán en el tráfico de cada medio y “su contribución a la información política y general”.

Google prepara 850 millones de euros para pagar a los medios europeos, pero no a Cedro

La multinacional pretende aplicar en toda Europa la línea del pacto firmado en Francia. Afirma que ha reservado para ello unos 1.000 millones de dólares (850 millones de euros). También en España, donde está preparando el nuevo desembarco de Google News. Eso sí: pide que la nueva ley de propiedad intelectual elimine la obligatoriedad de negociar con Cedro y que se le permita pactar individualmente con cada medio de comunicación las condiciones de la remuneración. Según ha podido saber elDiario.es, Google ya ha llegado a preacuerdos con una decena de ellos.

“El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado”, expone Arsenio Escolar, presidente del Club Abierto de Editores (Clabe). “Sacando del mercado a los agregadores, a los que obligaba a pagarte aunque tú no quisieras cobrar, pretendía convertir Internet en un campo de juego exclusivo de los ya instalados, que eran la vieja prensa tradicional con pata en Internet”, continúa.

El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado

Arsenio Escolar — presidente de Clabe

Ya en 2014 la gran mayoría de los medios del entonces incipiente ecosistema informativo digital se posicionaron en contra del canon. Ahora las posiciones se repiten, pero el equilibro de fuerzas ha cambiado. AEDE ya no es la asociación mayoritaria en la prensa. Sus 80 afiliados, ninguno de los cuales ha nacido como nativo digital, quedan lejos de los 154 de Clabe, aunque la primera sigue contando con grandes grupos de comunicación como Prisa (El País) o Unidad Editorial (El Mundo) o Vocento (ABC). “En Clabe agrupamos unas 800 cabeceras. Queremos ser libres de gestionar nuestros derechos, no tenemos por qué someternos a un criterio superior de otros”, razona Escolar.

Siete años después, en frente a esa postura se sigue encontrando AEDE, ahora renombrada AMI (Asociación de Medios de Información), partidaria de obligar a los medios a cobrar derechos de autor a través de Cedro. “Que la negociación se haga a través de una entidad de gestión garantiza que va a haber luz y taquígrafos sobre todo el proceso. Es una negociación bilateral entre las plataformas y las entidades de gestión, en las que los editores también tendrían su posibilidad de opinar”, afirma Ramón Alonso, director general de AMI.

Esta asociación defiende que el canon AEDE tiene como objetivo “la equidad y la transparencia”: “Que todos los medios independientemente de su tamaño, puedan tener las mismas opciones de obtener ese rendimiento económico”, razona Alonso. ¿Por qué hacerlo obligatorio? “Para impedir la desaparición del derecho y que en ningún caso pueda haber ningún tipo de presión para renunciar a los ingresos”, contesta

La incógnita de si Cultura presentará un texto continuista o, por el contrario, dará carpetazo al canon AEDE, se resolverá pronto. El departamento de Uribes avisa que lo tendrá listo antes de la fecha límite de junio. Mientras tanto, Google ya ha lanzado una nueva versión de su agregador. Su nuevo formato, denominado Google News Showcase, está pensado para los muros de pago que se extienden como modelo de negocio entre los medios: su objetivo es permitir a los usuarios acceder a los contenidos que las cabeceras elijan para permitir a los usuarios valorar el periodismo que realizan antes de suscribirse, detalla la compañía.

Elena D. H., acusada de un delito contra la propiedad intelectual, aceptó este miércoles una condena de dos años de cárcel y multa de 1.080 euros al admitir en el juicio que colgó música en Internet entre 2013 y 2017 sin autorización de sus titulares, una acción con la que tuvo un beneficio de 1.619 euros.

El fiscal pedía para ella tres años y medio de cárcel, si bien esta solicitud se ha rebajado tras alcanzar la acusado un acuerdo de conformidad. De este modo, será condenada por la Audiencia de Madrid a dos años de cárcel y a multa de 1.080 euros.

Para la rebaja de pena, el tribunal de la Audiencia madrileña le aplicará la atenuante de reparación del daño al haber consignado ya en el Juzgado la cantidad de los beneficios que obtuvo. En concreto, 1.619 euros.

En su escrito, el fiscal expone que la procesada puso a disposición de los usuarios de Internet contenidos musicales protegidos por los derechos de propiedad intelectual sin la autorización de sus titulares.

Elena D. mantuvo esta actividad ilícita, como mínimo entre el año 2013 y hasta el 18 de mayo de 2017. En concreto, entre junio de 2013 y mayo de 2016, la procesada subió a la red y publicó en tres websites de descargas un total de 24.969 enlaces.

Según la Fiscalía, con el desarrollo continuado de esta actividad, la acusada obtuvo, desde marzo de 2014 hasta el 18 de mayo de 2016, un beneficio que alcanza un valor total de 1.619,6 euros.

Con motivo de estos hechos el representante legal de la Asociación de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), en fecha 26 de agosto de 2016, interpuso una denuncia, calculando, aproximadamente y de forma estimativa, que el perjuicio causado a los distintos productores fonográficos, socios de AGEDI, por las descargas de contenidos musicales, ascendería a 110.427,60 euros.

Cuando los agentes del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid practicaron la entrada y registro en el domicilio de la acusada, de acuerdo con el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Coslada, se incautaron de diverso material tecnológico e informático necesario para desarrollar la actividad ilícita denunciada, así como varios cuadernos con anotaciones y un resguardo bancario de la Caixa.

Tras la muerte de Franco los intelectuales solían creer, o decir, que la sociedad española estaba despolitizada como consecuencia de tantos años de dictadura. Resultó un error evidente y que no tenía nada que ver con la realidad a su alrededor. Lo que los españoles habían vivido no había sido una dictadura sino la experiencia de un estado totalitario de carácter nacionalista y retrógrado en todos los sentidos que había moldeado las personas, las familias, la sociedad.

Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, tras un juicio militar, fueron la rúbrica a la operación política que el Estado autorizaba, la reforma política que dio lugar a las Cortes Constituyentes y la Constitución del 78. La CIA y los servicios secretos creados por Carrero Blanco (SECED), con la ayuda de la socialdemocracia europea, condujeron con cuidado el proceso de darle a aquella sociedad inculta y atemorizada unas instituciones más o menos democráticas bajo la tutela del Ejército y su Jefe, el Borbón Juan Carlos I, designado para ello por Franco. Eso fue lo que ocurrió. Pensar que aquella sociedad se transformó mágicamente en una sociedad democrática, como nos contaron los gobiernos socialistas en los años ochenta y noventa, es un cuento infantil que nos permite sentirnos inocentes. Es creer en la magia de que las personas modeladas por el miedo y el autoritarismo se transforman automáticamente en cultas y libres.

Y como la magia está para otras cosas la interpretación de la encuesta de Metroscopia última es toda una lección de realidad: el 47 por ciento de los españoles encuestados cree que el franquismo fue negativo. El otro 53 por ciento, no. El límite de la democracia, de las libertades en España está en la sociedad misma, es ella quien tolera y justifica. Es una realidad difícil de aceptar pero llevamos demasiados años fingiendo ignorarla y viviendo una gran mentira. Una sociedad que fue educada en el autoritarismo pero que no lo asume y prefiere imaginarse de otra manera también tiene unos políticos sin cultura democrática que no defienden las libertades sino que las recortan paso a paso.

Recortar un derecho es lo que pretende hacer ahora el Gobierno con los votos de PP y Ciudadanos, cerrar webs simplemente por orden gubernativa, sin orden judicial. Si ya la Justicia se nos muestra cada semana como una institución corrupta en muchos sentidos e incapaz de proteger los derechos civiles de las personas, ahora pretenden legalizar el cierre de medios de comunicación arbitrariamente.

Pero sin que estuviese aprobada ninguna ley eso mismo, cerrar webs, ocurrió hace ahora un año en Catalunya. Dentro de una operación combinada desde Moncloa utilizando la Justicia, las policías, los servicios secretos, los medios de comunicación y todas las instituciones del estado ocurrieron tropelías como irrumpir en espacios privados sin orden judicial o cerrar webs y manipular las redes sociales. El 155 y la guerra sucia utilizada en Catalunya fueron un ensayo, la sociedad española no reaccionó para protestar y lo aceptó, de modo que los poderes creen que cuando sea necesario podrán volver a aplicarlo en cualquier territorio o contra cualquier sector social, pero ahora prefieren hacerlo de forma legal. Lo que antes era ilegal.

¿Quién pretende que un gobierno que decide por su cuenta cerrar una web, ésta por ejemplo, sin siquiera el filtro de la Justicia, es demócrata?

El nuevo Gobierno del PSOE ha abierto fuego contra la piratería poniendo la primera sanción económica contra una página de descargas desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Son 375.000 euros de multa administrativa contra la web x-caleta.com (y sus clones) por alojar películas y otros contenidos que violan, según el Ministerio de Cultura, la Ley de Propiedad Intelectual, tal y como ha reflejado el BOE este miércoles.

La resolución parte de la Sección Segunda de la comisión creada en 2012 por Ángeles González Sinde. Este órgano tiene potestad para abrir expedientes sancionadores y establecer las tarifas de las supuestas infracciones de copyright denunciadas por los gestores de derechos, como la Coalición de Creadores. Esta medida es la declaración de intenciones del nuevo ministro José Guirao, y del Gobierno al que representa, de empezar a “adoptar decisiones firmes” en este terreno.

“El ministro está trabajando ya en ese sentido y demuestra que no le va a temblar el pulso a la hora de adoptar decisiones firmes como la de poner sanciones económicas a las páginas webs que reincidan tras un bloqueo o una notificación, y que vuelvan a poner a disposición pública contenidos culturales de forma pirata”, informan fuentes del Ministerio de Cultura a eldiario.es.

Afirman que esta será la línea política a seguir contra la “piratería” y que existe una “vocación” por parte de Guirao de actuar con más rapidez a partir de ahora. La vía de las sanciones económicas, según fuentes ministeriales, “sensibiliza a quien está detrás de las páginas web piratas, ya que el denunciado sabrá que puede ser objeto de una multa de hasta 600.000 euros. Es un aviso a navegantes y lo usaremos en la senda de la sensibilización”, concluyen.

La Sección Segunda puede imponer sanciones desde 150.000 euros hasta los 600.000, aunque hasta ahora nunca habían resuelto una solicitud de vulneración de material protegido a través de la vía económica. De hecho, en los seis años que lleva activo, el órgano apodado como la Comisión Sinde-Wert solo había bloqueado webs por la vía judicial. Según los últimos datos presentados en la Comisión de Cultura en junio de 2017, fueron 14 las páginas totales cerradas por bloqueo, ya que la mayoría de los propietarios retira el contenido antes de que el asunto llegue a los tribunales.

En los últimos meses, durante el mandato del Partido Popular, la Segunda Sección ha sido reforzada con más personal -pasaron de cuatro inspectores a nueve- y con equipos informáticos más potentes, informa el Ministerio.

La primera multa, contra un peruano residente en Lima

Ninguna de las webs que aparecen en la notificación que ha publicado el BOE es accesible desde España en este momento. Según la herramienta Internet Archive, x-caleta.com estuvo activa desde principios de 2007 y cesó su actividad en algún momento entre finales de febrero y principios de marzo de 2018. x-caleta2.com comenzó su actividad en 2017 y dejó de estar disponible a la vez que su predecesora. Otra de sus webs espejo, x-caleta.xyz, tuvo actividad en 2016.

Según el último registro de esta máquina del tiempo de la red, los contenidos que albergaban x-caleta.com y x-caleta2.com cuando dejaron de estar disponible incluían películas en blu-ray, videojuegos, música, sistemas operativos para smartphones, libros, cómics y revistas disponibles para su descarga directa.

Su administrador es un ciudadano peruano residente en la capital de su país, Lima. La Sección Segunda ha sido incapaz de comunicarle personalmente el procedimiento abierto contra él en el Estado español en todo el proceso. Tras intentar una notificación por escrito mediante correo postal que resultó “infructuosa”, pasó a hacer una publicación edictal en el BOE, a partir de la cual empezó a contar el periodo para presentar alegaciones. El administrador de las páginas no presentó ninguna.

“Esta página, y algunos de sus clones, fueron bloqueadas por la Sección Segunda y se impidió el acceso desde territorio español. Este bloqueo tiene una duración máxima de un año. Lo que pasa es que, si después existe un incumplimiento reiterado de las peticiones de retirada o del cese de actividad, el Ministerio tiene la competencia para abrir un expediente sancionador que puede finalizar como este caso: con una multa”, explican fuentes ministeriales.

A partir del momento en el que el Ministerio tiene constancia de ese incumplimiento reiterado, es indiferente que la página haya sido cerrada o quedado inoperativa por cualquier otra circunstancia. “Así evitamos la picaresca de que cierren la página y a las semanas la vuelvan a abrir”, añaden.

Recogiendo el guante de la Coalición de Creadores

El procedimiento contra este ciudadano peruano comenzó tras una denuncia de Promusicae (miembro de Coalición de Creadores) presentada en 2015, aunque se inició el 22 de marzo de 2018 a petición, una vez más, de los productores musicales. El presidente de esta asociación, Antonio Guisasola, se ha mostrado optimista con un inicio de actividad que valora como “contundente y que no da lugar a equívocos ni falsas interpretaciones” por parte del nuevo ministro.

“Los cambios siempre generan incertidumbres pero la mejor noticia es que los nuevos responsables actúen con rapidez y mirando por los derechos de los creadores sin dilatar los plazos marcados y buscando que se respete la legalidad vigente”, ha añadido Guisasola en declaraciones a eldiario.es.

José Guirao ha recogido el guante de los creadores y ha firmado con su nombre una “sanción ejemplar” que contenta a la Coalición. Su directora, Carlota Navarrete, la ha definido como “una excelente noticia, muy bien recibida por los miembros de las industrias culturales y de contenidos europeas y muchos otros países del mundo”. En cuanto a la multa económica por vía administrativa, la portavoz piensa que “debe consolidarse como una herramienta esencial para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería en España”.

La polémica Comisión Sinde-Wert

Comisión Sinde-WertLa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual nació en 2012 rodeada de polémica. Numerosos juristas y expertos en derecho digital criticaron que la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, diseñara un mecanismo para bloquear páginas web sin intervención judicial con el objetivo de defender los derechos de autor.

La redacción de la norma era confusa y, como explica el jurista digital y vicepresidente del capítulo español de Internet Society, Pablo García Mexía, sigue siéndolo. “No deja meridianamente claro que en todos los casos para llevar a cabo el bloqueo es precisa la previa autorización judicial”, lamenta en conversación con este medio.

“Medidas como los cierres de webs solo han de producirse si el administrador hace caso omiso a las advertencias de que está quebrando los derechos de otros y por supuesto previa autorización judicial. Esto es absolutamente clave, pues de lo contrario se pondría en riesgo la libre expresión”, expone Mexía, letrado de las Cortes en excedencia.

Las modificaciones posteriores de la ley han introducido garantías judiciales adicionales a las que inicialmente propuso Sinde y provocaron que la Comisión ganase otro apellido, el del ministro de Educación, Cultura y Deporte del PP, José Ignacio Wert. No obstante, la voluntad de que la Sección Segunda mantuviera sus facultades de investigar y lanzar procedimientos administrativos al margen de los judiciales derivó en que fuera posible una duplicidad de procesos. Un ejemplo de ello llegó el pasado mes de febrero, cuando la Sección Segunda concluyó que la web multiestrenos.com violaba la propiedad intelectual, justo a la vez que un juez concluía lo contrario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado el canon digital que se incluyó en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy recibió en su día varias críticas sonadas contra un proyecto que afectaría negativamente a la innovación en Internet. Incluso la Casa Blanca llegó a cuestionar la tasa española al enlace en un informe que lo definía como una de las principales barreras del comercio digital global.

La mal llamada tasa Google establecía que las webs que agregan fragmentos no significativos de obras divulgadas deberían pagar una remuneración al editor de la publicación. Aunque se relacionase con el buscador más famoso de Internet, el artículo afectaría a muchos más prestadores de servicios. De hecho, los agregadores de contenidos como Menéame también sufrirían las consecuencias de la reforma.

Además, la cartera del entonces ministro José Ignacio Wert decidió que la compensación monetaria a los creadores por la copia privada saldría de los Presupuestos Generales del Estado, y no del anterior 'canon' aprobado por la jefatura socialista. El caso fue inmediatamente denunciado y trasladado a Luxemburgo de la mano de tres organismos gestores de los derechos de autor.

Una medida “abusiva” para Europa

La Unión Europea pasa a considerar como definitivamente ilegal el llamado canon digital, es decir, ese impuesto que con carácter preventivo pretende compensar a los autores de contenidos sujetos a copyright estableciendo un gravamen sobre dispositivos de grabado susceptibles de ser usados para tal fin.

La decisión de la UE viene motivada sobre todo por el carácter indiscriminado que rige el espíritu de la ley y su aplicación. Diversas voces han afirmado que esta decisión viene a ratificar lo que ya sentenciaron en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la Audiencia Nacional. Fue en 2011. Desde el primer organismo se consideró que la medida era abusiva de acuerdo con la legislación europea en esta materia, y la Audiencia falló en contra al entender que no se habían seguido todos los trámites pertinentes para aprobar la nueva norma.

Si la Unión Europea ha tenido que volver a actuar otra vez es porque en 2012, a principios de la legislatura presidida por Mariano Rajoy, se volvió a resucitar la ley, pero esta vez dándole una vuelta más. A partir de entonces la compensación por copia privada se hacía estableciendo una cifra global contemplada ya en la partida de los Presupuestos Generales del Estado. En su pronunciamiento, la sala europea ha valorado que el sistema español “no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas”.

Además, la ley remozada seguía contando con un escollo fundamental: se continuaba aplicando a las personas jurídicas y no solo a las físicas, y además, se establecía una compensación calculada antes y no después, como sería lo lógico, de haberse causado el supuesto perjuicio.

La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una “excepción de copia privada” que incluya una “compensación equitativa”.

De precipicios a tormentas perfectas. Las catástrofes naturales que utilizan los políticos y profesionales de la Cultura para definir la situación del sector suenan demasiado fortuitas. Pero no es un fenómeno aislado. Es consecuencia directa de una gestión que ha bailado entre el ninguneo y la explotación durante años, y que ha querido exprimir sus arcas de mil maneras distintas. Eso vino a decir el socialista Patxi López durante la presentación del Libro Blanco de la Cultura en el Ateneo de Madrid. La denuncia no es nueva, pero por primera vez aparece compilada en 203 páginas de diagnóstico y remedios. 

Aunque la voz cantante fuese la del presidente del Congreso en funciones, el texto se remata con la firma de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Todas las asociaciones que conforman la PDC llevaban a cabo su campaña individual hasta que, en 2013, unieron esfuerzos. Ahora aprovechan el pulso taquicárdico de la campaña electoral y reivindican un Pacto de Estado “que haga entender que la cultura debe ser incómoda para el poder”.

Los signatarios presumen de neutralidad en su repartición de culpas, pero no evitan cargar tintas contra la herencia de la cartera más polémica de los últimos años: la de José Ingnacio Wert. “La crisis ha sido la coartada perfecta para deshacer la estructura pública y recortar la ayuda privada”. Los recortes presupuestarios fueron el paraguas roto por el que se colaron el 21% de IVA cultural y la incapacidad de afrontar la piratería -más allá de considerar que atenta contra el 7º mandamiento-. 

Pero los presentadores también hicieron retrospectiva hasta toparse con una pared de prejuicios mucho más resistente que cualquier legislatura. “En España existe una dejación histórica hacia la cultura”, dijo el político, mientras ponía sobre la mesa el hastío que impide al público congraciarse con una identidad propia. Este desinterés se evidencia más durante los debates políticos que preceden a unas elecciones, como pudimos percibir hace apenas unos meses. La cultura no ocupa minutos en la televisión nacional desde el franquismo por inercias de aquella censura. O al menos esa es la excusa que esgrimen los candidatos ante la comparativa con nuestros vecinos europeos.

En Reino Unido, por ejemplo, la BBC convoca a los secretarios culturales para que debatan en directo y no dependan de la retórica de los líderes. “Estamos cansados de repetir como un mantra que la cultura en muchos países supera a sectores como el de la energía”, decía Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. Cobos habló sin medias tintas de la situación insostenible que sufren más de 80.000 trabajadores por no contar con un Ministerio de Cultura ad hoc. Por eso sus protagonistas no se conforman con las buenas intenciones de López y exigen que el Libro Blanco llegue al Parlamento y las instituciones. “Aunque el resultado de todo lo que hemos pedido ha sido cero”, se lamentaba el portavoz de la AIE. 

Este baile de prioridades políticas ha provocado un fenómeno opuesto y nada beneficioso: el de los debates sectoriales. Hemos visto a la Unión de Actores y a otras asociaciones culturales clamando por sus propios intereses y luchando por deshacerse de la etiqueta de subproducto. “En cultura hemos sido demasiado individualistas”, admitió José Miguel Fernández Sastrón, novísimo presidente de la SGAE.

Por eso, expertos y ciudadanos decidieron abandonar su particular juego de tronos para reunirse durante cinco meses y alumbrar un texto que rezuma optimismo. La culminación de este proceso coral, como decíamos, sería un pacto entre varias fuerzas políticas para conseguir que las artes se conviertan en una auténtica cuestión de Estado. Nada nuevo bajo el sol. Repasamos ahora los cuatro puntos calientes -y algo fantasiosos- que subraya el Libro Blanco de la cultura.

El 'casi seguro' del IVA cultural 

Mariano Rajoy dijo en diciembre que “veía margen” para rebajar el IVA cultural, pero que lo prioritario era tocar el IRPF. Una buena metáfora de la situación construida en acrónimos. Después, José María Lassalle recogería el testigo para utilizar un eufemismo más esperanzador: “casi seguro” que lo bajarían. Ante tales respuestas, la Plataforma en Defensa de la Cultura siguió los inclementes pasos de las manifestaciones, declaraciones y cartas abiertas contra la subida del impuesto.

“Este aumento no tiene comparación posible en el entorno europeo, ya que duplica ampliamente la media de la UE, el 5% en Francia, el 7% en Italia, el 10% en Alemania y el 13%, en Portugal”, describen en el texto. Tras esta retahíla de cifras, el documento abre paso a varias reflexiones sobre el “desprecio por parte de lo más rancio de nuestra clase política”. El máximo exponente de esta repulsa, según ellos, es el IVA reducido del que disfruta la pornografía frente al 21% de cualquier película española. 

Ley de Micromecenazgo

La urgente Ley de Mecenazgo se encuentra en stand by desde que se presentaron los presupuestos de 2014. Fue entonces cuando introdujeron el concepto de micromecenazgo -una rebaja fiscal con la que que el ciudadano podrá deducirse el 75% de los 150 primeros euros que dedique a la cultura- como una cura apta para todos los bolsillos.

“Ya no hace falta ser rico para ser mecenas: si eso no es una ley de mecenazgo -presumía en su día Lasalle- que baje Dios y lo vea”. Sin embargo, el Libro Blanco no compra ese argumento. Patxi López aludió al documento para reclamar unas medidas que hagan honor a los mecenas durante la próxima legislatura. Un asunto espinoso y que implica a varias carteras, pues las competencias se extienden en buena parte al Ministerio de Hacienda y, en menor medida, al de Justicia.

¿De qué comen los artistas?

Aunque es un tema que dio mucho que hablar a los partidos de la oposición durante la campaña, desde la PDC hacen hincapié en la defensa del artista como ciudadano indefenso. Indefenso ante los exiguos beneficios que reciben del streaming, unos contratos intermitentes que ponen en riesgo sus derechos laborales y el acceso a las pensiones, y ante una maquinaria empresarial opaca.

Esta parte del texto infiere la necesidad de crear un Estatuto del Artista -como bien reconocieron todas las formaciones hace unos meses-. Pero también exige actualizar la Ley de Derechos de Autor, “para adaptar la normativa a cada situación específica de la creación cultural, y acabar con la persecución fiscal del mundo de la cultura”.

La prueba del algodón del PIB

En el Libro Blanco reconocen que es curioso el desinterés político ante un sector que supone un 3.4% de los ingresos en nuestro país. Según la Unesco, España tiene “una fuerte concentración de creadores” y un conjunto único de monumentos, escuelas de arte y algunos de los museos más visitados del mundo. Para el Gobierno en funciones, sin embargo, cultura es sinónimo de pérdidas.

“Lo cierto es que las industrias culturales han llegado a representar antes de la desdichada crisis, sin contar la enseñanza, casi un 4% del PIB nacional y han sostenido 625.000 puestos de trabajo. Una cifra nada desdeñable para actividades que se han visto obstaculizadas en las dos últimas legislaturas de una administración hostil y cuyos resultados están a la vista”.

El canon AEDE, impuesto en la última modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a través del artículo 32.2, es una de las principales barreras actuales al comercio digital global, según un informe de 474 páginas de la USTR.

El presidente los Estados Unidos tiene dentro de su oficina ejecutiva a una agencia que se encarga de recomendarle y desarrollar una política comercial para su país. Se llama USTR, (por sus siglas en inglés Office of the United States Representative, oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos) y acaba de emitir su informe 2016 donde expone y analiza las que considera son las principales barreras al comercio digital en todo el mundo.

Bajo el apartado “Servicios de Internet y comercio electrónico” y al mismo nivel que los bloqueos de tráfico de internet en China se encuentra marcada como uno de esos agujeros negros el llamado Canon AEDE, también definido como una tasa al enlace (“Link Tax”).

La agencia estadounidense compara la situación de la tasa en España con la de otros países de su entorno europeo. Señala que después de que Alemania implementara una medida para que los agregadores remuneraran a otras fuentes de noticias por el uso de snippets, muchos dejaron de enlazarles, lo que hizo que gran cantidad de medios optaran por no requerir esos pagos. Luego explica que sin embargo, la ley que España aprobó a fines de 2014 es similar pero que esos pagos son obligatorios, es decir que los medios no pueden optar por no recibir los pagos cuando sus contenidos sean enlazados.

“Como resultado de esta nueva ley, muchos agregadores, incluidos algunos de Estados Unidos, se han retirado del mercado español”, dice el informe, que también se refiere al estudio (documento) que llevó a cabo la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) sobre las consecuencias de la implementación de esta ley. Según este estudio, el coste para los lectores de noticias online podía estimarse en 1.850 millones de euros anuales a seis meses de la entrada en vigor de la ley, y también afecta al sector de los anunciantes.

La agencia dice que los ingresos de los editores decayeron y que muchos editores pequeños dependientes de agregadores para obtener tráfico se vieron “desproporcionadamente afectados”. La USTR considera que esta cuestión merece una atención especial, así como un compromiso de la Unión Europea para asegurar que los modelos innovativos de negocio sean positivos para los proveedores de contenidos.

La SGAE está en medio de la travesía en desierto. Parece que la división ha llegado a la Sociedad de Autores y Editores (SGAE) para quedarse. El resultado de la Asamblea Extraordinaria de socios celebrada el jueves lo demostró. En el orden del día estaba la votación de una modificación estatutaria -algo a priori rutinario- para que la SGAE se adapte a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), en vigor desde el 1 de enero de 2015, que no pudo salir adelante.

Para ser más exactos se produjeron dos votaciones. Como explica El Confidencial, la primera, para corregir cuestiones de forma en los estatutos, fue rechazada por el 50,65% (7.885 votos). La segunda, sobre la adaptación a la LPI, se votó por partes y todas ellas denegaron, algunas incluso con diferencias tan abultadas como 10.188 votos en contra frente a 5.307 a favor. La votación se repetirá en la próxima asamblea del mes de junio, aunque antes, en abril, la LPI deberá quedar adaptada a la nueva directiva europea en esta materia.

Según ha informado la entidad, la convocatoria de la asamblea por parte de la Junta Directiva el pasado 17 de diciembre responde a lo exigido en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por la que las entidades de gestión en España han de modificar los estatutos que las rigen.

En concreto, ha puntualizado que se trataba de adaptar los estatutos de la SGAE a la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI).

Una asamblea caliente

Según publica El Confidencial, al inicio de la asamblea se leyeron tres cartas de colectivos musicales que pedían la dimisión del actual presidente de la sociedad, José Luis Acosta. Otros grupos como Dignidad Autoral o ACAM ya habían pedido el 'no' a sus partidarios. En el turno de ruegos y preguntas, se exigió de nuevo la dimisión del presidente.

Aunque la última falla que de verdad parte la SGAE emana de la carta del director de Artes Escénicas de la Fundación de la sociedad, Fermín Cabal, en la que tilda a sus compañeros de “canallas” y “golfos y falaces”. Él no asistió a la asamblea y muchas voces pidieron su despido y la apertura de un expediente.

El pasado lunes publicamos Siete cosas que haces en la red y que suponen un riesgo, un artículo donde se mencionaban varias actividades que podrían suponer un riesgo legal para los usuarios de la Red. Como indicaba el texto, el artículo estaba basado en otro ya publicado de Hackread y tenía ambición internacional; mencionaba varias cosas que en España no son delito pero que en otros países como EEUU, Dubai o Etiopía, sí que lo son. Muchos lectores se han preguntado cuáles de estas actividades serían delito en nuestro país.

Como era de esperar, un punto que suscitó especial controversia fue el relacionado con el intercambio de archivos en Internet. Para aclarar estas y otras dudas, hemos hablado con David Bravo, especialista en derecho informático y la propiedad intelectual y colaborador de esta casa.

1. Descargarte una película

En España, “ni descargar ni poner a disposición obras intelectuales es delictivo”, dice David Bravo. Todo radica en el uso que se haga de esas obras intelectuales. El Código Penal, en su artículo 270, establece penas de prisión de seis meses a cuatro años a quien “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte” una obra intelectual.

Además la Circular 8/2015 de la Fiscalía General del Estado confirma que “quedaría excluida de sanción penal la actividad de los meros usuarios que acceden a las obras o prestaciones protegidas de forma irregular, ya que los mismos no llevan a cabo ningún tipo de explotación económica”. Resumiendo: aunque descarguemos o pongamos a disposición de la gente obras intelectuales no nos pueden detener. Igualmente, si accedemos a una obra a la que se le ha dado un uso fraudulento, tampoco nos puede pasar nada.

2. Compartir archivos con P2P

El punto caliente del asunto. La descarga y el intercambio de archivos desde redes P2P podrían entrar en conflicto con la Ley de Propiedad Intelectual. “La diferencia entre ambas vías -la penal y la civil- es que la Ley de Propiedad Intelectual no exige que exista ánimo de lucro para que la explotación no autorizada del derecho de propiedad intelectual sea ilícita”, explica Bravo.

Algunos usos, como la copia privada -la que se hace para uso y disfrute de una sola persona-, no requieren autorización. Sin embargo, dice Bravo, “la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el 1 de enero del año pasado, restringe el concepto de copia privada al mínimo posible”. El concepto de copia privada ha ido limitándose hasta el extremo con las sucesivas reformas legislativas con “el objetivo de excluir de la copia privada a las descargas de Internet”, explica el abogado. “En resumidas cuentas, con la legislación actual, la puesta a disposición y la descarga no autorizada de obras intelectuales no es delictiva por no existir ánimo de lucro pero puede ser un ilícito civil al haber sido vaciado de contenido el concepto de copia privada”.

3. Tuitear mensajes ofensivos

“Para hablar de los límites de la libertad de expresión e información, habría que empezar por la Constitución, que dice que esos límites son especialmente el 'derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia'”, dice David. “Están fuera de los límites de la libertad de información aquella que no es veraz”. Y lo explica con un ejemplo: “Una información es veraz si el medio que la publica la ha contrastado y ha seguido los patrones y la diligencia que le es exigible según los cánones de la profesión. De este modo, es posible que la información no sea exactamente cierta y, sin embargo, sea veraz”.

En mayo del año del 2014 un joven fue detenido por expresar en Twitter su “conformidad” con el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. Se le imputó un delito de “apología a la violencia”. Pero la simple “conformidad” con un crimen no constituye un delito de apología, según fuentes jurídicas. “Hay que tener en cuenta que por deleznables que sean ciertas manifestaciones, la apología solo es delictiva si por su naturaleza y circunstancias constituyen una incitación directa a cometer un delito. Este último inciso restringe la apología que se considera delictiva más de lo que habitualmente se cree”.

En junio del año pasado, varios tuits le costaron su puesto al frente de la concejalía de Cultura de Madrid a Guillermo Zapata. En julio del año pasado un joven de 21 años fue condenado a un año y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en Twitter. “El contexto en el que fueron lanzados esos tuits demuestra la inexistencia absoluta de un ánimo de injuriar” y sus mensajes solo pueden entenderse como “un ejercicio sobre los límites del humor” en una fecha en la que ese debate estaba vigente por el despido de Nacho Vigalondo de El País por haber hecho chistes de humor negro en Twitter.

David Bravo termina explicando que “el Código Penal se rige por el principio de intervención mínima, es decir, que el legislador solo ha previsto su actuación para supuestos de especial gravedad y como último recurso del ordenamiento ante unos hechos que exigen este tipo de intervención especial, lo que obliga a interpretarlo de forma restrictiva y no expansiva”.

4. Publicar desde el anonimato

Muy cerca de lo escrito en Twitter está lo que queda reflejado en un blog. En España, la ley que ordena este hecho es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en su artículo 10, establece que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están obligados a proporcionar determinados títulos identificativos, como son su nombre y dirección.

En nuestro artículo contábamos que en Siria podían arrestar a una persona si no compartía las ideas del régimen, como en Irán o Arabia Saudí. Incidíamos sobre el caso sirio ya que se exigía que en todos los blogs apareciese el nombre real del autor. En España, “para la LSSI es un servicio de la sociedad de la información aquel que se presta a título oneroso o aquellos que no son directamente remunerados por sus destinatarios pero que constituyen una actividad económica para el prestador de servicios”.

Entonces, ¿qué pasa si tengo un blog de Wordpress?: “Fuera de aquellos casos en los que el bloguero sea el propietario o administrador del medio y los servicios que presta desde él le reporte un rendimiento económico, el autor de una obra, sea o no publicada en un blog, tiene derecho a firmarla bajo seudónimo o dejarla anónima”, afirma David.

“Cualquier persona perjudicada que considere que lo escrito en un blog excede los límites del derecho de libertad de expresión puede iniciar las acciones legales que considere oportunas, ya sea en vía penal o civil”, sentencia el abogado.

5. Dejarte la wifi abierta

En España, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el verano de 2012 la Ley de Ordenación del Juego. Esa ley, entre otras cosas, obligó a los jugadores profesionales de póquer a tributar en determinados casos hasta un 50% por sus ganancias. Pero no, el juego no está prohibido en nuestro país.

Y hablábamos de redes wifi abiertas porque es peligroso no protegerlas con una contraseña. Pero si es con una contraseña buena, mejor. Hace poco ya contamos que la contraseña más utilizada del mundo era 123456, y en segundo lugar la palabra “password”, que en español quiere decir exactamente, “contraseña”. Así que mejor que le des más de una vuelta a la hora de pensar una nueva para tu red wifi.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a los tres administradores de Series.ly, que en tres años ha logrado un beneficio económico de unos 600.000 euros a través de publicidad, según ha informado la Dirección General de Policía. El portal ya retiró hace unos meses gran parte de sus enlaces con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Además de estos tres arrestos, en el marco de la investigación se ha intervenido en el domicilio de la empresa tres ordenadores portátiles y numerosa documentación. Los ingresos de 'series.ly' se conseguían gracias a la publicidad insertada, la implantación de cuentas premium y la venta de puntos de fidelidad a usuarios que provenían de diversos países entre los que se encuentran España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o México.

El operativo arrancó con la denuncia interpuesta por las principales productoras cinematográficas y compañías distribuidoras videográficas contra los responsables de esta página web por un delito contra la propiedad intelectual.

Las indagaciones llevadas a cabo durante la investigación permitieron determinar que la página web era propiedad de una empresa, administrada por tres personas, que también gestionaban otras dos mercantiles, titulares de otras webs que estaban anunciadas en el site investigado.

Se trata de webs en las que se ofertan obras audiovisuales, como películas o series, protegidas y no autorizadas. Para permitir el acceso a las mismas, utilizaban tanto enlaces para la descarga directa de los archivos, como el visionado en streaming desde servidores especializados.

En el caso concreto de 'series.ly', uno de los sitios más populares en España para encontrar series y películas, la entrada en vigor en enero de 2015 de la Ley de Propiedad Intelectual hizo que pasara de los enlaces piratas que subía la comunidad a un sistema de enlaces legales que pagan cuotas para explotar comercialmente dichas obras.

Beneficios de 600.000 euros, según la investigación

Los administradores de 'series.ly' han logrado unos beneficios, según las estimaciones llevadas a cabo durante la investigación, superiores a los 600.000 euros en los últimos tres años a través de la publicidad insertada en las páginas de enlaces a los servidores que alojan las películas y series, ubicados en el extranjero y que hacen aumentar las ganancias en función del número de visitantes de las webs.

Paralelamenta, se obtenía beneficios igualmente en la implantación de cuentas premium, donde los usuarios realizan el pago directamente a los administradores. La ventaja de este sistema es que la descarga de las obras se hace de una manera más cómoda y sin publicidad. La última fórmula empleada era la venta de puntos de fidelidad para obtener ventajas a la hora de acceder al visionado del contenido.

Los administradores de la citada web disponían de cuentas en entidades bancarias y en un conocido sistema de intermediación financiera. En el marco de la investigación, los agentes pudieron determinar los numerosos ingresos obtenidos, provenientes de la actividad delictiva.Los ingresos eran efectuados por usuarios de países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, México, Chile, Finlandia, Suiza y Ecuador. La operación ha culminado con la detención de los tres administradores y la intervención en el domicilio de la empresa investigada de tres ordenadores portátiles y numerosa documentación.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Grupo de Antipiratería de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial y la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona.

Un informe económico que analiza el impacto de la nueva ley de propiedad intelectual y más específicamente su artículo 32.2, que contiene el llamado Canon AEDE o tasa por enlace, señala que la irrenunciabilidad supone un perjuicio para muchos editores, especialmente los medianos y pequeños digitales. Este impacto negativo del canon también se extiende a la competencia, un grupo que abarca agregadores, publicaciones online y para los consumidores, entre los que distinguen lectores y anunciantes.

Este es uno de los aspectos más novedosos del informe: el impacto en los anunciantes. Aunque antes otros estudios, como el de AFI o los de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia señalaban la posibilidad de un impacto negativo en los editores digitales y los lectores, NERA analiza también el alcance de las consecuencias negativas para anunciantes: por un lado un menor impacto de la publicidad y la mayor concentración del mercado, y por el otro la pérdida de presencia en canales especializados e innovadores.

La caída del número de visitas, principalmente para cabeceras pequeñas, tiene un efecto directo en el alcance de la publicidad online, lo que, según el informe, conlleva una mayor concentración en el mercado de la publicidad y un alza en los precios para los anunciantes. Esta publicidad es muy difícil de reemplazar a través de otros medios, como los offline, ya que el mercado de anuncios online se considera un mercado diferenciado.

Por otro lado, el freno a la innovación de agregadores y prensa online también afectará negativamente a los anunciantes por la pérdida de alcance en canales especializados, como por ejemplo la publicidad en el móvil. Una parte sustancial de las innovaciones de la prensa se enfocan en plataformas móviles, ya que los usuarios cada vez más las prefieren para consumo de noticias.

El estudio establece que tanto en el medio como en el largo plazo, el deterioro o desaparición de estos canales como medio publicitario necesariamente afectará sus ingresos, algo particularmente relevante para anunciantes que suelen recurrir a pequeñas publicaciones de carácter local para su publicidad. En esta situación, las grandes empresas se verán fortalecidas por la desaparición de dichos competidores, lo que implicará mayores precios.

El informe fue encargado por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) a NERA para que se valorase el impacto de la introducción del nuevo artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga al pago de una tasa por parte de los agregadores de noticias online a los editores por el hecho de enlazar sus contenidos. El artículo también señala que el cobro de este canon es irrenunciable y que debe realizarse a través de una entidad de gestión, que según el Ministerio de Cultura será CEDRO. 

El análisis se centra principalmente en los efectos sobre la competencia, principalmente para el sector de los agregadores y para las publicaciones, así como para los consumidores (lectores de prensa digital) y los anunciantes en medios digitales.

Un canon negativo: quién debería pagar

Así respondió uno de los autores del informe, Pedro Posada de la Concha, a la duda de si es posible definir tarifas de lo que deberían pagar los agregadores o medios que enlacen a AEDE.

Existe amplia evidencia empírica que corrobora el impacto profundo de internet en diversos aspectos de nuestra vida, y el sector editorial se ha beneficiado de las ventajas de la Red. Los beneficios son no son sólo los obvios de distribución de contenidos sino también los de modelos de negocio, ya que al reducir los costes de operación, bajan las barreras de entrada de nuevos medios. 

En España han surgido en los últimos años diarios llamados “nativos digitales”, con modelos de negocios con costes operativos reducidos y que suelen ser gratuitos y dependen de la publicidad como fuente única o principal de financiación.

Ante la falta de una marca consolidada y una base de lectores, estas empresas buscan la innovación en la forma de editar y distribuir sus contenidos. En paralelo a la creciente cantidad de información online, los agregadores de contenido se han desarrollado de manera significativa y juegan un papel fundamental al reducir los tiempos de búsqueda del vasto material informativo disponible en la red.

El impacto de los agregadores

Con datos de distintos estudios empíricos hechos desde 2011 en distintos países (tres de ellos en España), el estudio concluye que los agregadores son servicios complementarios a las publicaciones, más que competidores; y esto es más marcado para publicaciones pequeñas y poco conocidas.

El estudio indica que no hay ninguna justificación económica para este canon, y que la introducción de una legislación sólo se justifica en circunstancias muy específicas, como por ejemplo cuando hay fallos de mercado y que aún así lo mejor es dejar que las partes lleguen a acuerdos privados, como los que han ocurrido con editores en otros países europeos. En el caso español, no sólo no existe externalidad negativa, sino que es positiva.

Los efectos de la LPI sobre la competencia

Con base de datos de tráfico de Comscore, Chartbeat y análisis empíricos, uno de los apartados que el informe presenta con más detenimiento es el impacto sobre la competencia, tanto a corto como a largo plazo. Afirma que desde su puesta en vigor “es claro que afecta de manera directa o indirecta no solo a los propios agregadores de noticias sino a todo el ecosistema relacionado con la provisión de contenidos”. Hay dos tipos de efectos:

Pérdidas para los consumidores

El impacto sobre los consumidores es una menor variedad de contenidos y disfrute de innovaciones tecnológicas y a corto plazo, el incremento en el tiempo que dedican a buscar contenidos en internet, algo que el informe calcula en 1.850 millones de euros, una cifra que excede los 1.133 millones que estimaba el informe de Afi (Analistas Financieros Internacionales) cuando la reforma de la ley aún era un borrador, en julio del año pasado. 

La cifra parece demasiado alta y difícil de medir cuando hablamos de la lectura de contenidos gratuitos en internet. La ausencia de un precio hace difícil estimar una “función de demanda” y por tanto, el excedente o beneficio neto que obtienen los consumidores.

Recientemente, en la literatura económica se han desarrollado algunas metodologías para la estimación de los productos y servicios digitales “gratuitos”. La idea es que el coste se relaciona con el tiempo que se invierte para su consumo, y a este valor se le puede asociar fácilmente un importe, considerando el coste de oportunidad de ese tiempo invertido medido, por ejemplo a través del salario medio de los usuarios. De esta manera, NERA hace un cálculo de “cambio en el excedente del consumidor” de 1.850 millones de euros anuales en pérdidas para los lectores de prensa online.

Consecuencias para las publicaciones online

El informe señala que el nuevo artículo de la LPI ha supuesto daños en el corto plazo para los editores: menores ingresos por publicidad, barreras de entrada y expansión, reducción del excedente del productor de unos 10 millones de euros anuales, freno a la innovación y a la libertad de empresa.

Además, el análisis desagrega ese tráfico según el tamaño del diario y puesto en Comscore, y comprueba que el efecto ha sido desigual: los periódicos más pequeños son los más perjudicados. También consideran razonable esperar que la caída en el tráfico a largo plazo será mayor, particularmente para ese mismo grupo, cuando los lectores se concentren en las grandes cabeceras.

AEEPP pide retirar el 32.2

Arsenio Escolar es director de la AEEPP, que con 114 editores asociados que editan cerca de 2000 cabeceras, representa especialmente a estas publicaciones pequeñas y medianas. Escolar recordó las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA (que declaró recientemente que mientras él esté en el cargo ningún medio de su grupo va a cobrar ese canon), para señalar que AEDE está dividida internamente en torno a esta ley.

Escolar también señaló que “es significativo que los grandes editores -de los cuales el primero es El País- son los principales beneficiados de esta ley y fueron los principales promotores de esta reforma”, a la que calificó de “un ataque directo a la libertad de prensa y a la de empresa, a la libre competencia”.