José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) ejerció desde los últimos años de la dictadura hasta 2011. Primero como fiscal y después como magistrado del Tribunal Supremo y abogado, este jurista se ha erigido como una voz firme contra lo que considera un “activismo judicial” en casos como el procés independentista catalán, las causas abiertas y cerradas contra miembros de Podemos y ahora contra el entorno del presidente del Gobierno. En su último libro, 'Visto para sentencia' (editorial Siglo XXI), el magistrado emérito repasa la actualidad judicial del país. “El juicio contra el fiscal general se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo”, dice sobre la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

¿Qué es la “ofensiva judicial reaccionaria” que denuncia en su libro? ¿Cuándo arranca?

El punto más determinante para mí fue el caso Atutxa. El fiscal se retiró y quedó, para no faltar a la fiesta, Manos Limpias, que recurrió la primera absolución de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco. Entonces se aplicaba la 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal no acusa y no hay acusación particular hay que sobreseer. Entonces el señor Manuel Marchena le da la vuelta a la doctrina y explica que eso solo vale para asuntos particulares La cuestión llega a Estrasburgo que lo anula todo por razones formales. Ahí empieza a focalizarse que hay un sector de la judicatura, todavía no muy definido, que creía que su misión era luchar contra el independentismo que se refuerza con la famosa sentencia del procés.

Después se amplía y se considera, y esto es lo que estamos viviendo, que algún sector de la judicatura puede aportar su potestad jurisdiccional no solamente contra los independentistas sino contra aquellos que pertenecen al espectro de la izquierda y contribuyen a un Gobierno que no es de su agrado y consideran ilegítimo. Esa campaña alcanza unas cotas preocupantes y estadísticamente desorbitadas cuando emerge Podemos y es un desmadre total, se utiliza la 'policía patriótica' para inventarse cosas.

¿Las causas contra Podemos fueron un punto de inflexión?

Algunos jueces, de la mano de la derecha más reaccionaria, pensaron que podían contribuir a parar ese auge a partir de la utilización del proceso penal. Yo destacaría dos querellas: el conocido como caso Neurona que el juez Juan José Escalonilla mantuvo abierto casi tres años y siguió por tierra, mar y aire. Y esto reproduce lo que está pasando a Begoña Gómez, acuérdate de cuando se acusó a Irene Montero de usar delictivamente a una colaboradora para cuidar de un bebé. Esto alcanza su culmen contra Ada Colau, que recibe un total de 16 querellas y algunas de ellas son para quitarle el carnet de conducir al juez que las admitió a trámite.

Vieron que no pasaba nada y un sector de la judicatura decidió alinearse. Adquiere una dimensión beligerante y preocupante cuando se suman a la tesis de la derecha de que es un Gobierno ilegítimo. Hay un sector de la judicatura muy importante que dice que va a hacer todo lo posible para desgastar y derribar a este Gobierno ilegítimo y es lo que estamos viendo. Se busca derrocar al Gobierno por la vía judicial enjuiciando al presidente.

¿Las causas contra su esposa y su hermano forman parte, según usted, de ese desgaste?

Hay gente inteligente y maniobrera que dice que ir directamente contra el presidente puede ser un choque demasiado injustificable y entonces van a por la familia: su esposa y su hermano. Y también contra el fiscal general. Estamos en una lucha en la que las acusaciones populares han proliferado como las setas en otoño: en el caso del hermano de Sánchez hay siete personadas, un desbarajuste procesal. ¡Incluso Abogados Cristianos! Igual es que David Sánchez no programó el 'Réquiem' de Mozart y se han sentido ofendidos.

Se habla de 85 querellas rechazadas contra Pedro Sánchez, no sé si la cifra es exacta pero es numerosa. Hasta ahora en febrero no se han atrevido a dar el paso, pero tengo el pálpito de que si las cosas siguen así y esto no se viene abajo con el reguero de elecciones autonómicas al final a lo mejor dan el paso.

¿Cuáles son los ingredientes del “activismo judicial” que describe en el libro?

En este momento es imprescindible que el proceso lo active una acusación popular, son el detonante. Lo que está pasando ahora yo lo denomino “activismo judicial”. El lawfare designa cuando se sustituye la intervención del Ejército, que es costoso, por los tribunales de Justicia para derrocar presidentes e incluso intentar cambiar el régimen. Ahora en mi opinión lo que pasa es un activismo judicial que colabora con el PP fundamentalmente y han decidido aliarse.

Enrique López ha dicho que los jueces son mayoritariamente del PP. En una cena le dicen a Alberto Núñez Feijóo que esperan que sea presidente. Yo a eso le llamaría activismo judicial.

¿Debería reformarse entonces la figura de la acusación popular para evitar este uso de los tribunales?

Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras, en España está instaurada desde 1812, aunque fuera muy limitada en un principio hasta que Alonso Martínez la extendió. Tiene el pro de que ante una Fiscalía excesivamente sumisa al Gobierno una persona puede ejercitar la acción popular. Eso no existe en toda Europa. Pero esto ha degenerado en lo que ha degenerado y ya hay que pensar si no hay que poner coto a determinadas posiciones.

El ministro Félix Bolaños hizo un proyecto de ley para modificar la acción popular. Estoy completamente de acuerdo con él, en una sociedad democrática los partidos políticos no pueden estar legitimados para ejercer la acción popular. Con los sindicatos haría un matiz con los delitos contra los derechos de los trabajadores, creo que ahí tiene una legitimación. Con esos matices, ahora hay asociaciones profesionales de la acción popular, una especie de cofradías que se han extendido, y tenemos que tener cuidado ante el abuso como sucede el caso de Begoña Gómez.

Hay un factor temporal. En esa cátedra entre 2020 y 2024 nadie dice nada. Pero hay un factor temporal, que es julio de 2023 cuando ya Feijóo no es presidente porque no quiere y se les viene abajo, y empiezan a surgir las causas. La plaza del hermano de Sánchez se adjudica hace años y la causa se abre en 2024. Blanco y en botella. Habría que ser muy riguroso y demostrar una vinculación suficiente y motivada con el hecho que se está persiguiendo.

Por ejemplo, una asociación ecologista estaría justificadísimo que persiga delitos medioambientales. Si estas asociaciones refuerzan los fines de un partido de derechas para derrocar al Gobierno reciben el apoyo mediático, no podrían hacer nada si hubiera una prensa que las pusiese en su sitio.

¿Qué piensa del proceso judicial que ha terminado en condena para Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Me parece una cacería, una programación con unos personajes con protagonismo: el instructor Ángel Hurtado y los cinco jueces de la mayoría de la condena. Es una idea verdaderamente disparatada considerar que la Fiscalía había hecho una nota de prensa que constituía un delito de revelación de secretos. Primero hay un problema técnico-jurídico, y es que ese delito solo puede cometerlo un funcionario de la Administración Pública y el Ministerio Fiscal no lo es.

Al principio, además, se produjo un hecho gravísimo que me conmocionó como ciudadano y como fiscal: cuando entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Fiscalía General casi como si fuese una guarida de narcotraficantes o de ladrones. Me consta que había allí dentro gente llorando y la sentencia considera proporcionada esta entrada 'manu militari'.

La sentencia contra el fiscal general remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien "de su entorno". Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo...

¿Considera que fue condenado con pruebas suficientes?

El juicio se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo. Era evidente que no había pruebas y los jueces redactaron una sentencia en la que falsifican qué es lo que había pasado. El núcleo de la cuestión, lo que lo desencadena todo, es cuando aparece una información que asegura que la Fiscalía no había aceptado la conformidad “por órdenes de arriba”. Eso es rigurosamente falso y lo que hace la Fiscalía es una nota de desmentido, que además en principio no se consideró delictiva.

La sentencia remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien “de su entorno”. Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... es una aberración contra el principio de individualización de la persona que ha cometido el delito, no se puede hacer. Hay que individualizar. El entorno cuál es, ¿el familiar? ¡Podría haber sido yo, que tengo buena amistad con él! Fíjate hasta dónde podría llegar el entorno. Eso descalifica jurídicamente el fallo y pone de relieve que su única intención era contribuir a desgastar al presidente del Gobierno dando munición.

Acusa directamente al juez Peinado de prolongar “artificialmente” la causa contra Begoña Gómez para “desgastar al Gobierno”...

En principio hubo una crítica generalizada a que admitiera la querella de Manos Limpias cuando solo tenía recortes de periódico y al final quizás esto sea lo de menos. Cualquier juez dice: “Señores, esto se archiva”. Pero no, Peinado empieza a tirar y se ve claramente su intención de ir salpicando al presidente del Gobierno y dar carnaza. Volvemos al 'caso Niñera' de Podemos: una ayudante que ayuda a redactar correos no tiene ninguna relevancia, no puede ser malversación.

Todo está montado con la intención de alargarlo y hay que reconocer que, por lo menos, en el caso del fiscal general y del hermano de Pedro Sánchez los jueces han cumplido y han actuado con celeridad, pero este caso va camino de los dos años infringiendo la ley que dice que se debería instruir rápido. Las resoluciones de Peinado son absolutamente disparatadas, incluso gramaticalmente, como destaca Álex Grijelmo. Se ha metido en un charco.

¿Es necesario un Tribunal Constitucional?

Hay muchos países que no tienen uno, se puede funcionar sin él, pero en España era absolutamente imprescindible porque veníamos de 40 años de dictadura en la que jueces y fiscales no teníamos la posibilidad de aplicar la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio Europeo. Estábamos al margen del Derecho internacional. Fue imprescindible e hizo una gran labor, pero con el advenimiento de José María Aznar, que pretendió controlarlo excesivamente valiéndose de su mayoría absoluta, empieza a jugarse una partida parecida a la que se juega con los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Eso deteriora mucho. La sentencia de 2021 del estado de alarma solamente pone de relieve que lo único que querían no solo era, incluso, casi un 'impeachment' de Pedro Sánchez por encerrar a los españoles, sino también algo aberrante. Decir unos magistrados de un Tribunal Constitucional que procedía un estado de excepción, que lleva aparejado un internamiento total, la abolición de la libertad de prensa, la entrada y registro en domicilios sin autorización judicial... Esto es inaudito.

¿A qué se refiere en el libro con “arrastrar las togas por el barro”?

Legislar desde un tribunal es una tentación, no solo en España sino en todos los sistemas judiciales y es lo que dio lugar a acuñar el término “activismo judicial” en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo se cargó 140 leyes de Roosevelt. Con esa expresión me refería fundamentalmente a la inaudita concentración de jueces con toga contra un proyecto de ley que no se había redactado. El Consejo del Poder Judicial ha mirado para otro lado, hay un protocolo que prohíbe sacar las togas a la calle.

También dedica un pasaje a la Sala Tercera del Supremo y sus sentencias tumbando nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o los ascensos de Eduardo Esteban y Dolores Delgado en la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es un caso típico del juez legislador. Cuando legitiman a la acusación popular para oponerse a los indultos del procés, por ejemplo, están cambiando la ley, es un caso de libro. En cuanto a los nombramientos podemos entrar en un debate estadístico: no hay ni una sola corrección de nombramientos hechos por gobiernos del PP y sí varios de gobiernos del PSOE. El caso de Eduardo Esteban es mucho más grave todavía porque primero dicen que la decisión no está motivada, y es verdad que era muy escasa, pero cuando la Fiscalía hace una motivación de más de 20 páginas siguen diciendo, porque les sale de donde les sale, que no está motivado y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que corrigiese el entuerto.

Actualmente se planifican cambios para las oposiciones con un menor peso de las pruebas memorísticas. ¿Considera, como un sector de la judicatura, que es un atentado contra la independencia judicial? En su libro habla de una necesaria “democratización” del sistema.

El sistema español memorístico no tiene parangón en la Unión Europea y el mundo democrático. No tiene ningún sentido. Este año la jueza más joven de España tiene 23 años, tú dices en Alemania o Francia que alguien puede ser juez a esa edad por embotellarse unos temas en la cabeza y es como darle a pilotar un avión a un chico que solo se sabe las coordenadas y las altitudes. Esto crea, además, una endogamia con el preparador, que escandalosamente defrauda a Hacienda.

Es un cambio muy importante, el objetivo es detectar que el aspirante tiene otras habilidades más allá de las puramente memorísticas y eso es la clave de por qué se oponen a instaurar un sistema parecido al europeo. La Asociación Profesional de la Magistratura y otras asociaciones han ido por Europa diciendo que ataca la independencia judicial. Si eso es atacar la independencia es que esos jueces no saben lo que es la independencia y eso es muy peligroso, aquí no se han atrevido a decir eso porque no han tenido el apoyo de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Este nuevo ejercicio será bueno, malo o incompleto, pero desde luego de ninguna manera ataca a la independencia judicial.

Yo sería partidario de introducir un mínimo de 50% de jueces del turno libre que hubieran acreditado experiencia profesional, que digan lo que digan ha dado magníficos resultados y uno de ellos ha llegado a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La situación es crítica en Estados Unidos. ¿Son allí los jueces la última barrera de contención ante la deriva de Donald Trump?

Ojalá. Me recuerda a la leyenda del molinero de Potsdam que se enfrenta al rey y a la que se atribuye la frase de “aún quedan jueces en Berlín”. Yo creo que todavía quedan jueces en Estados Unidos y dentro de la tremenda preocupación de la pérdida de democracia en lo que fue la primera democracia del mundo, algunos jueces son la barrera de contención. Cuando se anuló el internamiento de un niño de cinco años en Texas las personas se escondieron en los asientos del avión, el plano es muy significativo, no es porque no fuesen partidarios sino porque tenían miedo.

En su libro también aborda la reforma legal de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí'. ¿Considera que su modificación para frenar las rebajas de condena fue un error?

Esa ley se tergiversó de una manera digna de Goebbels en sus mejores momentos, diciendo que todos los días salían dos o tres personas de la cárcel. La ley se ajustaba estrictamente al contenido del Convenio de Estambul y al PSOE le preocupaba cortar la hemorragia que se encargaba de repetir la tamborrada mediática, algunos incluso con un contador de rebajas de condena. Se estropeó una ley que era impecable y que tiene 52 artículos que son clave para hacer frente a la violencia de género. Y nadie se los ha leído porque exigen un desembolso presupuestario; sin embargo, poner que las penas se rebajan un año o dos es muy barato.

La decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de Alberto González Amador deja varias cosas por escrito además de su culpabilidad. Esa difusión le afectó negativamente y, además, el texto señala que muchas de sus alegaciones, quejas y lamentos son excesivos. Desde su “inacogible alegación” de que ya nada puede salvarlo de una condena por fraude fiscal a explicar que la revelación empeoró, pero no mucho, su imagen pública. “Añade algo, pero no demasiado”, dice el Supremo para dejar en 10.000 euros la “exagerada” indemnización de 300.000 que llegó a pedir.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso quiso dejar claro al Tribunal Supremo por qué pedía esa cantidad de dinero. “A raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, afirmó, al final de su declaración. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le cortó antes de dar por terminada su declaración en el juicio: “No le recomiendo ninguna de las dos”.

La frase lapidaria del comisionista sanitario no solo cumplió con el requisito –estimado por el Supremo en su sentencia– de acreditar y explicar el perjuicio que la filtración había tenido para él. También desarrolló, en unos pocos segundos y a modo de coda final, el discurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno esgrimen desde que elDiario.es destapó el caso en marzo de 2024: que la maquinaria del Estado y los medios se han puesto de acuerdo para hundir al empresario estrechamente relacionado con el grupo Quirón.

La sentencia da la razón al comisionista en lo más esencial: condena al fiscal general, entiende que la confesión nunca debió ser revelada y considera que 10.000 euros de indemnización son suficientes para resarcir el daño. La cantidad se sitúa muy lejos de los 300.000 euros que pidió de indemnización y de los 150.000 euros –posteriormente rebajados a la mitad– que el juez Ángel Hurtado llegó a establecer como fianza para asegurar las responsabilidades económicas del caso.

Los jueces repiten varias veces que ese correo no debió ver la luz, pero añaden que “evidentemente no es un secreto”. Y entienden que su revelación poco añadió al debate público ya abierto después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que había sido denunciado por fraude fiscal. Atribuir las consecuencias de su imputación al fiscal general es un planteamiento, dicen los jueces, “desmesuradamente ambicioso”. Su confesión “añade algo, pero no demasiado”, a algo que ya era “de público conocimiento”: que la Fiscalía y la Agencia Tributaria le acusaban de defraudar 350.000 euros con facturas falsas y empresas pantalla.

No afecta al honor del comisionista

El objetivo de buscar una conformidad fue explicitado por el propio González Amador en el juicio: quería cerrar el caso “rápido y sin ruido”. Para conseguir su objetivo contrató a un abogado, Carlos Neira, conocido por cerrar casos de fraude fiscal incluso antes de que hubiera juicio: pagar, reconocer el delito, no entrar en la cárcel y ver como todo queda enterrado en el archivo de un juzgado de lo penal sin que nadie recurra y sin que el asunto llegue, por tanto, a las bases de datos públicas y anonimizadas del Poder Judicial.

Que se conociera su intento de confesión y pacto, explica el Supremo, no implica que Álvaro García Ortiz deba pagar una indemnización por cada político o personalidad que se haya referido a él como “defraudador confeso”. Algo que, recuerda la Sala de lo Penal, ya ha zanjado la vecina Sala de lo Civil: “Las expresiones, aunque sean desabridas e hirientes, no atentan contra el honor del demandante”.

El comisionista, en paralelo a esta causa penal, anunció decenas de demandas y querellas contra políticos y periodistas que en algún momento se han referido a él como defraudador confeso. El Tribunal Supremo fue el primero en rechazar una de sus reclamaciones y tumbó su petición de 40.000 euros contra la ministra María Jesús Montero. El empresario, dijeron los jueces y repite ahora esta sentencia, es “una personalidad con notoriedad pública” y este tipo de expresiones son “crítica política”.

El problema para González Amador, completa ahora la Sala de lo Penal del Supremo, no es que se haya conocido su confesión, sino que está imputado en dos procesos judiciales distintos. “Alguna cuota, de todas formas, en esos perjuicios puede atribuirse a esa desafortunada difusión del mail. Diez mil euros es una cifra que satisface sobradamente esa porción ideal, muy lejos, desde luego, de la exagerada cifra propuesta por la acusación”.

No sacará “rendimiento defensivo” contra el fraude fiscal

La fase de instrucción vio declarar a casi una treintena de testigos ante el juez Hurtado y uno de los momentos más tensos se vivió cuando Eugenió Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se sentó para explicar por qué habían denunciado a la Fiscalía por el comunicado que combatía los bulos del caso: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida”.

Ribón afirmó que la publicación de la confesión de González Amador dificultaba que pudiera defenderse de forma efectiva, deslizando sin afirmarlo que un juez sería menos proclive a creer en su inocencia –“puede quedar contaminado”– después de saber que su abogado intentó llegar a un pacto. Hurtado cortó escandalizado a la Abogada del Estado, Zaida Fernández, cuando pidió claridad al decano del ICAM: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Diez meses después, la sentencia del Supremo descarta esta teoría que desarrolló ampliamente el propio González Amador desde su primera querella hasta su última intervención en el caso: su inocencia, investigado en dos causas judiciales distintas, no está en entredicho. “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad”, dice el Supremo. Si cree que los jueces que le van a juzgar por fraude fiscal no están siendo imparciales, invita el Supremo, podrá recurrir. “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo”.

El tribunal cierra la puerta a esa alegación, una condena segura porque su confesión fallida fue publicada, y también a que esta condena le pueda beneficiar en sus dos imputaciones penales: “Si quiere obtener algún rendimiento defensivo de ese proceso de cara al que se sigue contra él, cualquier juez o tribunal comprende que no puede valorar unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad cuando no se llega a un acuerdo”.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a Álvaro García Ortiz no solo ha puesto punto y final a su carrera como fiscal general y le ha hecho responsable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También supone un espaldarazo a algunos de los puntos más polémicos de la investigación: los registros y deducciones de la Unidad Central Operativa (UCO), las órdenes del juez Ángel Hurtado para recabar mensajes y datos telefónicos de García Ortiz y la decisión de juzgar solo al entonces fiscal general aunque la condena final apunte a su “entorno”, el cual compareció en el Supremo casi en su integridad.

Ha sido uno de los puntos que han consagrado el carácter inédito del proceso, juicio y condena al fiscal general. El enfrentamiento directo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado con un juez del Tribunal Supremo y la unidad de la Guardia Civil encargada de numerosas causas de corrupción. Las críticas del Ministerio Público y la defensa de García Ortiz arrancaron con la apertura de diligencias en el Tribunal Superior de Madrid, se afianzaron en el Supremo tanto en la instrucción como durante el juicio y han sido rechazadas por la sentencia con la próxima meta en el Tribunal Constitucional.

El enfrentamiento más abierto y directo con Hurtado llegó de boca del propio fiscal general cuando se sentó ante el juez para declarar como imputado el pasado mes de enero. “El magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad”, dijo García Ortiz. La Abogada del Estado, Consuelo Castro, desarrolló la queja en la primera sesión de juicio: “Ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto”, criticó antes de calificar de “prospectiva” e “inquisitorial” la investigación de Hurtado y su idea “preconcebida” de que García Ortiz era el culpable.

Los dardos también han volado hacia la UCO, antes y después de que la testifical del teniente coronel Antonio Balas se convirtiera en una de las armas más valiosas de las acusaciones. Desde las primeras quejas por los registros ordenados por Hurtado hasta las denuncias de parcialidad porque sus informes clave recortaron mensajes y omitieron, entre otras cosas, el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Todas y cada una de estas quejas –que en unas semanas estarán en manos del Tribunal Constitucional– han sido rechazadas por el Tribunal Supremo.

Del registro de la UCO a las filtraciones

Los jueces de la Sala de lo Penal solo hacen dos pequeñas concesiones a los lamentos de García Ortiz sin ninguna consecuencia. La primera, cuando reconocen que Ángel Hurtado fue poco preciso al ordenar los primeros registros de la Guardia Civil y la incautación de mensajes y correos tanto del fiscal general como de la otra imputada, la fiscal provincial de Madrid. “La acotación temporal fijada inicialmente en verdad podría resultar desmesurada: excedía de lo estricta y prudencialmente necesario”, conceden los jueces. Pero esa posible pesca de arrastre encargada a la UCO por Hurtado, añaden a renglón seguido, “ha resultado totalmente irrelevante”.

Fue uno de los primeros recursos del caso. Cuando Fiscalía y Abogacía denunciaron que Hurtado había habilitado a la UCO para incautar correos y mensajes desde marzo hasta octubre de 2024. El juez tomó nota y, en una resolución posterior, acotó temporalmente la diligencia a los días de la filtración. “Limita el análisis y examen a los mensajes y contenidos producidos en esas estrictas fechas”, avala la sentencia.

El Supremo tampoco ve ninguna irregularidad en la gestión que el juez y la propia UCO hicieron de toda la información telefónica de García Ortiz que recabaron y que, después de ser trasladada a las partes, fue filtrada, con el entonces fiscal general y sus colaboradores recibiendo correos y llamadas no deseados. El registro, dicen los jueces, fue “una medida absolutamente idónea” y la filtración de los datos del fiscal general tampoco es responsabilidad de Hurtado: “Si los datos así trasladados a todas las partes, acusaciones, Ministerio Fiscal y defensa, acabaron conociéndose por el público en general, no cabe atribuir al instructor una actuación de cesión o indebido acceso a tales datos por parte de terceros ajenos a la causa”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue la encargada de ejecutar las diligencias de Hurtado desde la misma apertura de la causa, pero entonces su nombre y el del teniente coronel Antonio Balas, instructor de los informes y registros clave del caso, no estaban en los titulares: la opinión pública no sabía entonces, por ejemplo, que la exmilitante socialista Leire Díez buscaba información sobre la unidad y su responsable para, supuestamente, desacreditar su papel en causas de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

La expresión que Balas –en un juicio público tan tenso como su declaración previa a puerta cerrada en instrucción– usó para hablar del “dominio del hecho” que García Ortiz tuvo sobre la filtración no aparece reflejada en la sentencia, pero sí el mismo argumento que lleva a los jueces a condenar. Y en su sentencia, como ya hizo Hurtado durante la investigación, los jueces de la Sala de lo Penal hacen una defensa cerrada del papel de la UCO en el caso y la gestión del material incautado.

“No podemos arrojar sobre los agentes sospechas de que han podido copiar de forma clandestina esa información no se sabe con qué fines espurios”, dice el Supremo para avalar los registros. “Que agentes policiales hayan tenido una copia de los datos recabados no permite lanzar como sospecha que eso les permitió analizar esos datos sin control alguno”, añaden. “Hay que presumir en principio (lo que no obsta a que se pueda demostrar que se han producido quiebras) que la actuación de los agentes se ha atenido a lo ordenado”.

De la nota al “entorno” del fiscal general

No todos los magistrados del Supremo han suscrito este aval generalizado de la sentencia a Hurtado y la UCO. Las magistradas discrepantes, Susana Polo y Ana Ferrer, entienden que Hurtado no valoró bien que el teléfono que estaba registrando, al principio con pocos límites temporales, era el de un fiscal general: “Se trataba de confirmar una sospecha acerca del filtrado de un correo que como gran secreto albergaba la propuesta de un pacto de conformidad, que ya había sido difundido públicamente, y estratégicamente tergiversado desde el entorno del afectado”.

Estas dos magistradas entienden que no hay pruebas que permitan atribuir a García Ortiz o su “entorno” la filtración, y también discuten que la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso sea una revelación indebida de datos confidenciales. Una de ellas, Susana Polo, fue de hecho la ponente del auto que aceptó abrir la causa pero rechazando que esa nota pudiera llegar a ser un delito.

La Sala avala este golpe de timón que Hurtado anunció verbalmente antes de la declaración de García Ortiz en instrucción y que ahora constituye un pilar maestro de su condena de inhabilitación. Y rechaza algo que el ex fiscal general denuncia desde el principio: que Hurtado solo contempló la posibilidad de que él fuera el máximo responsable de la filtración. “Fueron varios los investigados y el proceso, de manera ordenada y paulatina, ha ido avanzando” hasta el juicio, justifica el Supremo.

Los jueces aluden a las imputaciones que fueron archivadas, aunque no siempre por deseo de Hurtado: el fiscal Julián Salto y los mandos de la Fiscalía Diego Villafañe y Pilar Rodríguez. El primero fue exonerado por el Tribunal Superior de Madrid, el segundo por Hurtado y la tercera por la Sala de Apelaciones del Supremo. Lo que entronca con el eje central de la condena: el “entorno” del fiscal general.

La sentencia declara probado que o bien García Ortiz o bien su “entorno”, con la anuencia del primero, filtraron el correo de González Amador a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Los jueces no explican quién es ese “entorno” pero sí habla de un “número reducido de personas del entorno próximo del acusado” que lo conocían. Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Álvaro García Ortiz “y su entorno” y el abogado Carlos Neira.

Esos eran, según el Supremo, los “potenciales conocedores” de la causa abierta contra González Amador y su confesión escrita de fraude fiscal. La lista que hacen los jueces sirve para descartar, afirman, que muchas más personas tuvieran acceso a ese email por haber llegado a un buzón genérico de la Fiscalía de Madrid un mes antes de su filtración, y se enfrenta a un hecho: todas esas personas han declarado, algunas como testigo y otras imputadas varias veces, a lo largo de la causa. Y otras que conocieron la información del posible pacto esa noche ni siquiera han sido llamadas a comparecer en año y medio de investigación.

El caso de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha terminado en una condena para Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Pero es un caso que arrancó hace más de tres años, cuando Hacienda puso la lupa sobre las cuentas de las empresas de Alberto González Amador, y que hasta llegar a una sentencia ha pasado por las exclusivas de elDiario.es, los bulos y mentiras de Miguel Ángel Rodríguez, los informes de la Guardia Civil y la polémica investigación de Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo.

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La pareja de Ayuso mantiene puntualmente informado de su caso a Miguel Ángel Rodríguez desde hace meses y esa mañana, con la primera información del caso, le rebota un mensaje que le ha mandado su abogado poco antes: el correo del fiscal Salto y la indicación de su propio letrado de que estaba negociando "un condenado y multa mínima".

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12 de marzo de 2024 a las 14:18

Ayuso denuncia una "cacería" mientras su pareja confiesa

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que la denuncia contra su pareja es un montaje contra ella. Dirigentes del PP suscriben su versión. José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, recibe una información de fuentes de la Fiscalía de Madrid que contradice la versión de Ayuso: su pareja lleva semanas negociando una confesión.

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Ayuso denuncia una "cacería" mientras su pareja confiesa

13 de marzo de 2024 a las 15:40

Un periodista de la SER accede a la confesión de la pareja de Ayuso

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Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la SER, acude a una cita con una fuente que le muestra el correo con la confesión que el abogado Carlos Neira había presentado en nombre de la pareja de Ayuso un mes antes

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Un periodista de la SER accede a la confesión de la pareja de Ayuso

13 de marzo de 2024 a las 19:10

Miguel Ángel Rodríguez empieza a esparcir su primer bulo sobre el caso

Los responsables de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid empiezan a recibir llamadas de periodistas con una alerta: el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso está difundiendo una información inédita y, por el momento, sin publicar. Que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso y que lo ha retirado por órdenes de la cúpula. "Todo sucio", proclama. Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, contacta con el fiscal general, alerta ante la difusión del bulo.

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Miguel Ángel Rodríguez empieza a esparcir su primer bulo sobre el caso

13 de marzo de 2024 a las 21:29

El Mundo publica que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso

El periódico El Mundo publica su primera información: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales". Un titular que daba a entender que la iniciativa de pactar había sido del Ministerio Público, aunque había sido al revés. Esa información ya citaba el email del fiscal Salto que González Amador había rebotado a Miguel Ángel Rodríguez un día antes. A las 21.34 el fiscal general reclama todos los correos a sus colaboradores y a las 21.38 tiene una llamada no contestada de un periodista de la SER.

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El Mundo publica que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso

13 de marzo de 2024 a las 21:54

La fiscal Lastra obtiene el correo con la confesión

El fiscal Julián Salto está en un partido de fútbol cuando recibe las llamadas y mensajes de sus superiores solicitando los correos. Entre otros envía a Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, el email de 2 de febrero en el que González Amador ofrecía un pacto.

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La fiscal Lastra obtiene el correo con la confesión

13 de marzo de 2024 a las 21:59

El fiscal general obtiene el correo

Álvaro García Ortiz obtiene el correo con la confesión de la pareja de Ayuso. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, se lo rebota a su correo personal.

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El fiscal general obtiene el correo

13 de marzo de 2024 a las 22:10

La Sexta publica la existencia de la confesión

La Sexta publica en su página web la primera información que explica cómo se han desarollado esas conversaciones: "La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales y uno de falsedad documental". Los mensajes internos de la cadena desvelan que ya manejaban esa información, al menos, desde las 21.54 horas: antes que el fiscal general.

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La Sexta publica la existencia de la confesión

13 de marzo de 2024 a las 22:27

Miguel Ángel Rodríguez difunde su bulo entre decenas de periodistas

"Haz lo que veas". Según su propia versión, en algún momento González Amador autoriza a Miguel Ángel Rodríguez a difundir el correo del fiscal Salto que él mismo le había remitido el día anterior. El jefe de gabinete de Ayuso lanza entre decenas de periodistas la versión falsa que llevaba moviendo desde las siete de la tarde: que la oferta de pacto de la Fiscalía se había frustrado por "órdenes de arriba". Varios medios lo publican poco después. A las 22.41 horas culmina su estrategia con un tuit.

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Miguel Ángel Rodríguez difunde su bulo entre decenas de periodistas

13 de marzo de 2024 a las 23:20

La SER revela el contenido textual del correo

La emisora del grupo Prisa informa en antena de aspectos concretos del correo del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador admitía que "ciertamente" su cliente había defraudado al fisco. La información llega a la web a las 23.51.

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La SER revela el contenido textual del correo

13 de marzo de 2024 a las 23:44

El fiscal general obtiene todos los correos

Álvaro García Ortiz recopiló, poco antes de la medianoche, el último correo que le faltaba para "cerrar el círculo", en sus propias palabras. El que el fiscal Salto había remitido al abogado Neira día y medio antes comunicando la denuncia. Empiezan las conversaciones internas en la Fiscalía para emitir un comunicado al día siguiente.

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El fiscal general obtiene todos los correos

14 de marzo de 2024 a las 10:20

La Fiscalía de Madrid emite un comunicado para desmentir los bulos del caso

Después de horas de negociaciones y tiranteces entre la Fiscalía General y la de Madrid, el Ministerio Público remite un comunicado a los medios de comunicación. Un documento que explica cómo el abogado de la pareja de Ayuso fue el primero en ofrecer un pacto el 2 de febrero.

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La Fiscalía de Madrid emite un comunicado para desmentir los bulos del caso

20 de marzo de 2024

Las primeras querellas contra la Fiscalía

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) carga desde el principio contra la Fiscalía por el comunicado al entender que revela datos secretos de la defensa de González Amador y es el primero en presentar una querella. Incluso antes que la pareja de Ayuso, que acude a los juzgados un día después. Acciones penales que, por ahora, apuntan a la Fiscalía de Madrid como responsables del comunicado.

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Las primeras querellas contra la Fiscalía

7 de mayo de 2024

El TSJM abre una investigación sobre el comunicado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite las querellas y abre una investigación contra dos fiscales: Julián Salto, que investigó y denunció a la pareja de Ayuso, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Los dos declararon en unas diligencias que, en ese momento, no investigaban la filtración del correo sino el comunicado de prensa de la Fiscalía para desmentir bulos sobre el caso.

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El TSJM abre una investigación sobre el comunicado

15 de julio de 2024

El Tribunal Superior de Madrid pide al Supremo que investigue al fiscal general

El juez instructor, tras dos meses de investigación, archiva la causa contra el fiscal Salto y eleva el caso al Tribunal Supremo para que investigue a Álvaro García Ortiz después de que él mismo se haya declarado máximo responsable del comunicado sobre la pareja de Ayuso.

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El Tribunal Superior de Madrid pide al Supremo que investigue al fiscal general

15 de octubre de 2024

El Supremo abre una causa contra el fiscal general por la filtración del correo

La Sala de lo Penal acepta investigar a García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, aunque cambia el objeto de la causa: ya no considera delictivo el comunicado, sino la supuesta filtración de la confesión a los medios la noche anterior. Ángel Hurtado es declarado instructor.

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El Supremo abre una causa contra el fiscal general por la filtración del correo

16 de octubre de 2024

El Supremo rechaza investigar a la ministra Montero

Un día después, la misma sala rechaza varias querellas que acusaban a la ministra María Jesús Montero de revelar datos secretos del expediente tributario de la pareja de Ayuso. Los jueces alegan que, para cuando ella hizo declaraciones, esos datos ya circulaban por las redacciones periodísticas.

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El Supremo rechaza investigar a la ministra Montero

30 de octubre de 2024

Hurtado envía a la UCO al despacho del fiscal general

El juez pone en marcha la diligencia clave del caso: envía a la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid para recabar correos, mensajes y datos sobre la filtración. El registro dura casi todo el día.

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Hurtado envía a la UCO al despacho del fiscal general

25 de noviembre de 2024

Informe de la UCO: la Guardia Civil apunta a la Fiscalía

Las partes tienen acceso al informe clave de la Guardia Civil que analizó los mensajes y correos de la fiscal Pilar Rodríguez. Los agentes reconstruyen las maniobras de la Fiscalía en marzo para obtener los correos y emitir un comunicado y concluyen que el fiscal general tuvo un papel "preeminente" en ese proceso.

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Informe de la UCO: la Guardia Civil apunta a la Fiscalía

8 de enero de 2025

Miguel Ángel Rodríguez testifica en el Supremo y reconoce su bulo

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El jefe de gabinete de Ayuso comparece ante el juez Hurtado y reconoce varias cosas: que "Alberto Quirón" le pasó un correo del fiscal Salto, que él lo había repartido entre decenas de periodistas y que el 13 de marzo difundió su bulo a sabiendas de que era mentira.

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Miguel Ángel Rodríguez testifica en el Supremo y reconoce su bulo

29 de enero de 2025

El fiscal general niega "rotundamente" haber filtrado el correo de la pareja de Ayuso

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Álvaro García Ortiz comparece como investigado en el Supremo y niega haber filtrado el documento o haber dado orden de hacerlo. También denuncia ante Hurtado que su investigación está vulnerando sus derechos. Sus colaboradores imputados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, también niegan haberlo filtrado a la prensa. Un día antes, otra sala del Supremo había confirmado el nombramiento de García Ortiz como fiscal general.

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El fiscal general niega "rotundamente" haber filtrado el correo de la pareja de Ayuso

10 de febrero de 2025

La UCO confirma que el fiscal general no habló con periodistas y borró sus mensajes

Varios informes de la Guardia Civil constatan dos aspectos fundamentales del teléfono del fiscal general: no habló con periodistas por teléfono en la noche del 13 de marzo y borró todos sus mensajes después de saber que el Supremo había abierto una causa contra él. La Fiscalía enmarca este borrado en una medida periódica de seguridad.

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La UCO confirma que el fiscal general no habló con periodistas y borró sus mensajes

26 de febrero de 2025

El juez archiva el caso contra el fiscal Villafañe

Hurtado decide levantar la imputación que pesaba sobre el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, al entender que no hay pruebas de que participara en la supuesta filtración. Sí participó, de forma reglamentaria, en la dación de cuentas para obtener información del caso.

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El juez archiva el caso contra el fiscal Villafañe

28 de febrero de 2025

Los periodistas declaran en el Supremo

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Hasta media docena de periodistas de elDiario.es, El Mundo, El País, La Sexta o la SER, entre otros, han comparecido como testigos en el caso y han afirmado que, de una u otra manera, conocieron el correo o las negociaciones de la pareja de Ayuso horas o incluso días antes que el fiscal general.

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Los periodistas declaran en el Supremo

23 de mayo de 2025

La pareja de Ayuso declara en el Supremo

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Alberto González Amador comparece ante el juez Hurtado por primera vez y reconoce varias cosas: que dijo "haz lo que veas" cuando Miguel Ángel Rodríguez pidió permiso para difundir correos del caso y que nunca consintió que su abogado aceptara 8 meses de cárcel en su nombre. Su abogado, Carlos Neira, comparece un día después para asegurar que sí informó puntualmente al empresario de lo que implicaba su confesión.

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La pareja de Ayuso declara en el Supremo

9 de junio de 2025

El juez Hurtado envía al banquillo al fiscal general

El magistrado entiende que hay indicios suficientes para que Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez sean procesados por la filtración e incluye una acusación inédita: difundieron la confesión de la pareja de Ayuso siguiendo "indicaciones" de Moncloa.

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El juez Hurtado envía al banquillo al fiscal general

19 de junio de 2025

La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel

Alberto González Amador solicita pena de prisión para el fiscal general y una indemnización de 300.000 euros que el juez terminará dejando en una fianza de 75.000 euros. El fiscal general pide la absolución por falta de pruebas y apuntando a la "operación orquestada" del entorno de Ayuso.

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La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel

29 de julio de 2025

El Supremo confirma que el fiscal general será juzgado

La Sala de Apelaciones confirma el procesamiento de García Ortiz pero pone varios reparos a la última decisión de Hurtado: retira las alusiones a las "indicaciones" de Moncloa y deja fuera del juicio a la fiscal Pilar Rodríguez. Un duro voto particular de uno de los jueces, incluso, asegura que el caso tendría que haber sido archivado.

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El Supremo confirma que el fiscal general será juzgado

3 de noviembre de 2025

Arranca el juicio contra el fiscal general

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El juicio arranca en el Supremo con un alegato de la Abogacía del Estado a favor de la inocencia de García Ortiz y en contra de la investigación "inquisitiva" del juez Hurtado

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Arranca el juicio contra el fiscal general

13 de noviembre de 2025

El juicio queda visto para sentencia

La Sala de lo Penal se retira a deliberar después de seis sesiones de juicio. La Fiscalía y la Abogacía han pedido la absolución y García Ortiz ha negado de forma tajante ser el filtrador del documento. Las acusaciones hicieron firmes sus peticiones de hasta seis años de cárcel.

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El juicio queda visto para sentencia

20 de noviembre de 2025

El Supremo dicta sentencia: García Ortiz es condenado

Una Sala de lo Penal dividida le atribuye un delito de revelación de datos reservados y le impone dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a la pareja de Ayuso como indemnización.

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El Supremo dicta sentencia: García Ortiz es condenado

24 de noviembre de 2025

El fiscal general dimite tras ser condenado por el Supremo

Álvaro García Ortiz remite una carta de renuncia al ministro de Justicia después de que el tribunal, “a falta de mayor concreción” sobre la sentencia, le haya considerado culpable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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El fiscal general dimite tras ser condenado por el Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los jueces le consideran culpable de un delito de revelación de secretos al considerar probado que él filtró ese correo electrónico a la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía recopilaba toda la información del caso para desmentir los bulos que difundía el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sentencia, que incluye una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso, no es unánime y tiene dos votos particulares en contra.

La inhabilitación que obliga a Álvaro García Ortiz a abandonar su puesto al frente de la Fiscalía no surtirá efecto hasta dentro de unos días, cuando se conozca y notifique la sentencia completa. La Sala de lo Penal se ha dividido para dictar esta sentencia. Susana Polo, la magistrada ponente, y Ana Ferrer, apostaban por la absolución y se han quedado en minoría. Polo ha tenido que declinar la ponencia de la resolución en el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, cuyo contenido se conocerá en los próximos días.

El juicio quedó visto para sentencia el 13 de noviembre después de seis sesiones en las que García Ortiz negó haber filtrado o dado la orden de filtrar ese documento. “No, no lo he hecho llegar”, dijo el fiscal general en un interrogatorio en el que solo contestó a su defensa y a las pocas preguntas que le hizo la teniente fiscal del Supremo. “No hay absolutamente ningún indicio, ninguna prueba de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”, apostilló la Abogacía del Estado en su informe final antes de que el caso quedara visto para sentencia.

El fiscal general defendió entonces lo que asegura desde la apertura de las primeras diligencias en los tribunales de Madrid: que la Fiscalía nunca perjudicó a Alberto González Amador en su proceso por fraude fiscal y que esa noche el objetivo de todas sus gestiones no era filtrar su confesión a la prensa sino, al día siguiente, emitir una nota de prensa y desmentir todos los bulos que estaban circulando. Los bulos que, tal y como difundían entonces Miguel Ángel Rodríguez y varios medios, apuntaban a que el fiscal del caso le había ofrecido un pacto pero que esa oferta había sido retirada por “órdenes de arriba”.

El juicio giró durante días en torno a varios aspectos clave además de si había pruebas que achacaran la filtración al fiscal general. Por ejemplo, si el propio comisionista fue el primero en romper la confidencialidad de sus correos al mandar uno a Miguel Ángel Rodríguez y permitir que lo enviara a decenas de periodistas, o si el correo y su contenido ya era conocido por varios periodistas horas o días antes y, por tanto, su contenido ya no era secreto. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció y defendió su bulo –“No tengo ninguna fuente”– y aportó algunos nuevos durante el juicio: “Hacienda no le ha permitido llegar a un acuerdo”, dijo sin aportar ninguna prueba.

Hasta 40 testigos declararon ante el tribunal a lo largo de seis sesiones: periodistas, fiscales, políticos y una docena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos últimos, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, protagonizaron la sesión más dura para los intereses del fiscal general cuando le acusaron directamente de ser el mayor sospechoso de haber filtrado el correo por su “dominio” en la situación esa noche como máximo responsable de la Fiscalía. La Abogacía del Estado y la Fiscalía entendieron que esas declaraciones confirmaron lo que ya denunciaron en fase de instrucción: que la UCO y Ángel Hurtado solo trabajaron con la posibilidad de que García Ortiz fuera el filtrador y no exploraron cualquier otra vía, omitiendo noticias y datos relevantes en sus informes e incluso recortando mensajes.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado la absolución del fiscal general del Estado en un alegato en el que ha cargado con dureza contra Ángel Hurtado, el juez instructor del caso, y ha defendido que Alberto González Amador no ha recibido un trato diferente o peor por ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha recordado también que varios periodistas tuvieron ese correo “con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera recibido”.

Sánchez Conde ha explicado que “aún en la hipótesis” de que García Ortiz hubiera enviado a la prensa el correo no sería delito porque su contenido ya era público: “Es de todo punto conocido que para cuando lo hubiera hecho llegar era impune porque la noticia ya era conocida y está acreditado en la causa”.

La teniente fiscal también se ha referido al borrado del teléfono de García, un fleco que la acusación ha convertido en parte fundamental del caso. Ese borrado “legítimo”, a su juicio, “no ha tenido trascendencia en la causa. Y ha mostrado su ”preocupación“ porque la UCO guarde copia de la información que obtuvo hace un año en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. ”Pido al tribunal que ordene el reintegro de esa información o su destrucción“. 

La fiscal también ha cargado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y su informe clave del caso donde los agentes apuntaron al “papel preeminente” del fiscal general, algo que amplió este miércoles el teniente coronel Antonio Balas. Su informe, ha dicho este jueves Sánchez Conde, “tiene unas connotaciones jurídicas que no se corresponden con la jurisprudencia de la sala” y no puede ser “tenido en cuenta” como prueba. Ha añadido, además, que “de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”.

La primera intervención de Sánchez Conde ha ido dirigida a aclarar que la Fiscalía en ningún caso ha perjudicado a González Amador: “Ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano, el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano”. El abogado de González Amador, ha recordado, incluso conoció la denuncia para que pudiera defenderse mejor antes de que el juzgado abriera una causa formalmente.

También ha tenido palabras contra Ángel Hurtado, instructor del caso cuya labor fue duramente criticada por la Fiscalía en casi todos sus recursos y escritos a lo largo del proceso. “Extendió el objeto del proceso en contra del acotamiento de la Sala de Admisiones”, ha dicho para recordar que Hurtado de forma “poco comprensible” decidió investigar también la nota de prensa a pesar de que la Sala había rechazado que fuera delictiva y había centrado el caso en la filtración previa.

Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y representante de la Fiscalía en este caso, ha comparecido a última hora de la mañana después de que todas las acusaciones hayan pedido que el fiscal general sea condenado. También ha apuntado a las “divergencias” entre las distintas declaraciones de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, en las distintas fases de instrucción.

“Hay una actuación conjunta del señor González Amador con Miguel Ángel Rodríguez”, ha dicho para destacar el papel del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y la “línea de contestación común” entre ambos para hacer frente a las acusaciones de fraude fiscal y las informaciones periodísticas.

“La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. El fiscal general del Estado cerró con esta frase prestada su declaración ante el tribunal que lo juzga por la presunta filtración de un correo confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante la hora y media anterior, Álvaro García Ortiz defendió su inocencia, rechazó haber filtrado ninguna información reservada y afirmó que su único objetivo fue defender a sus subordinados y a la institución ante las “insidias” y “calumnias” del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo a preguntas de su abogado, pues rechazó responder a las acusaciones que le piden hasta seis años de cárcel. Y después de que todo un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, le señalara directamente por su presunto “dominio” sobre la filtración en una actuación muy cuestionada por su defensa. 

El fiscal general del Estado tomó la palabra tras la mañana más complicada para él de las cinco sesiones celebradas hasta el momento de la vista que se celebra en el Tribunal Supremo. Se le vio mirando hacia los lados, haciendo señas y hablando con su letrada, la abogada del Estado Consuelo Castro, mientras el teniente coronel Balas y sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le acusaban abiertamente de haber filtrado el correo. Todo, en la previa del último día del juicio, cuando las partes expondrán sus conclusiones tras haber escuchado a 28 testigos y a los agentes que participaron en los atestados que sustentan la causa que se abrió hace un año y que llega a su fin. 

Este jueves, las acusaciones insistirán en que el fiscal general debe ser condenado por filtrar u ordenar la filtración de ese correo. Su defensa reclamará su absolución y se espera que alegue la ausencia de pruebas y ponga el foco sobre los excesos del juez Ángel Hurtado, quien dirigió la investigación que acabó llevando al banquillo a un fiscal general en activo por primera vez en democracia. Ya en el trámite de cuestiones previas —antes de que se iniciaran los interrogatorios—, los abogados del Estado que llevan su defensa cargaron contra el instructor, al que acusaron de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable. 

La instrucción de Hurtado ha pivotado precisamente sobre los informes de los agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general y que le atribuyeron un papel “preeminente” en la filtración de la confesión de González Amador. En ese correo, el empresario admitía los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por los que se encuentra ya procesado. Ante el tribunal, los agentes se han ratificado en las conclusiones que arrojaron esos informes. Y han sostenido que el fiscal general tenía el “dominio absoluto” de toda la información relativa a González Amador y que dicha información —el expediente tributario, la denuncia y el correo de la confesión— solo se filtró tras pasar por la Fiscalía General del Estado. 

Según el teniente coronel Balas, esos elementos constituirían la prueba definitiva de un “modus operandi” casi sistemático en el que desde la Fiscalía General del Estado se recababa información para, presuntamente, filtrarla después. Las consideraciones de los agentes se encontraron con los reproches tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, que acusaron a los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil de omitir hechos relevantes en sus informes.

La abogada del Estado Consuelo Castro se centró en poner en entredicho las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes para armar un relato que hiciera pasar por culpable a su defendido. Así, subrayó las omisiones detectadas en esos informes. Puso el foco, por ejemplo, en por qué las sospechas se centraron desde el inicio en García Ortiz a pesar de que más de 400 personas tuvieron acceso a la denuncia contra el empresario. Esa denuncia, explicó Castro, se subió a una carpeta compartida de la Fiscalía de Madrid “a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios”. También a una tercera carpeta a la que tienen acceso “alrededor de 30 personas”.

“Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, justificó entonces el teniente coronel, que recordó que en un principio la investigación se centró en un “elenco de personas”, aunque después se fueron decantando “a una concreta”. Las palabras del mando de la UCO provocaron la carcajada de alguno de los presentes en la sala. La sesión de este miércoles contó con una nutrida asistencia de colaboradores y compañeros de García Ortiz. Minutos después, el juez advirtió al público de que no se podía “aprobar o desaprobar” las consideraciones de los interrogados. 

Sesión final: absolución o seis años de cárcel

García Ortiz repitió este miércoles en el Tribunal Supremo la misma estrategia que desplegó en fase de instrucción ante el juez Hurtado: solo contestó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado aunque dejó claro que respondería también a preguntas del Tribunal si así lo requerían. El fiscal general dedicó su primera intervención a explicar por qué rechazó contestar a las acusaciones: por la “actuación desleal” de la pareja de Ayuso, que entre otras cosas ocultó a los tribunales durante un año que había mandado su confesión y varios correos del caso a más personas de las que reconoce en su querella. Y también por la “espada de Damocles”, añadió el Abogado del Estado, que supone defenderse bajo el yugo de unos registros de la UCO que considera nulos desde el primer día de investigación. 

El final de la sesión del miércoles entronca con lo que será la jornada definitiva del juicio este jueves: los informes y alegatos finales de las partes. Las acusaciones, con unas pequeñas modificaciones en sus escritos, anunciaron a última hora que hacían definitivas sus peticiones de prisión: la más alta de seis años y el resto de cuatro años de presidio con multas e indemnizaciones que, en los casos más graves, alcanzan los 300.000 euros. 

Este jueves se apoyarán en los testimonios de la UCO y de la fiscal superior Almudena Lastra para apuntalar su acusación mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado insisten en que García Ortiz debe ser absuelto: por falta de pruebas, porque esa confesión ya no era secreta cuando llegó a manos del fiscal general y, finalmente, porque consideran que el juez Hurtado llevó su investigación de la mano de la Guardia Civil basándose en deducciones que siempre apuntaron al fiscal general y nunca consideraron otra posibilidad. 

La Abogada del Estado Consuelo Castro ya avanzó el primer día cuál iba a ser una de sus vías de ataque: apuntar a la actitud “inquisitiva” del juez Hurtado durante ocho meses de investigación. “Ha sido un proceso injusto”, dijo en su primera intervención. Este miércoles, Castro, su compañero Juan Ignacio Ocio y la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde preguntaron de diez maneras diferentes a los agentes de la UCO si en los registros de octubre de 2024 hicieron pesca de arrastre, si se ciñeron a lo que había pedido el Supremo y si las órdenes de Hurtado no discriminaban entre lo necesario y lo prescindible. 

El propio presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, intervino para preguntar por las particularidades técnicas de un volcado de información en un registro. Y la Abogada del Estado reprochó al teniente coronel Balas que sus informes clave solo trabajasen con una hipótesis posible: que el culpable fuera García Ortiz. “No me consta”, consiguió arrancar a los agentes de la UCO a base de preguntar si, en algún momento, tuvieron en cuenta que el correo del abogado Carlos Neira había llegado a un buzón genérico de la Fiscalía de Madrid al que tenían acceso 16 personas distintas. 

Tanto en la Abogacía como en la Fiscalía están convencidos de que no hay pruebas directas que demuestren que García Ortiz filtró el documento o dio orden de hacerlo. “Yo lo que quiero es que la respuesta de la Fiscalía ante los ciudadanos sea pública y veraz”, explicó este miércoles el acusado para explicar que no tenía ningún interés en que el correo acabase en los medios: su “obsesión” era “proteger a los fiscales”. 

El visto para sentencia llegará este jueves después de seis sesiones de juicio en las que 40 personas han hablado durante horas sobre una filtración sin autor conocido. Varios periodistas han explicado que la información contenida en ese correo y el documento mismo no era secreto cuando llegó a manos de García Ortiz, varios fiscales han añadido que estuvo a disposición de mucha gente durante semanas antes de ese día y varios agentes de la UCO han deducido que el filtrador solo pudo ser él. Algunos, incluso, han negado abiertamente que el fiscal general fuera su fuente mientras la sombra del borrado de su móvil planea sobre sus alegatos de inocencia.

“No, no lo he hecho llegar”. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha negado en su primera intervención en el juicio haber filtrado el correo con la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después de negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones por la “actuación desleal” de Alberto González Amador, ha rechazado a preguntas de la Fiscalía haber difundido ese correo. La Abogacía del Estado, antes de empezar su interrogatorio, ha denunciado que los registros en su despacho fueron irregulares y que comparecen bajo una “espada de Damocles”.

El fiscal general ha explicado que no supo que la Fiscalía de Madrid había denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso hasta días después de la propia denuncia. Y que no supo nada de las negociaciones entre el comisionista y el fiscal Julián Salto hasta el 13 de marzo por la tarde: “Sobre negociaciones, la primera noticia que tengo es cuando la directora de comunicación el día 13 a las 20.50 me llama y me comenta el bulo que está intentando distribuir Miguel Ángel Rodríguez”, ha dicho en alusión al jefe de gabinete de Ayuso.

A preguntas de su defensa, García Ortiz también ha explicado que se enteró de la publicación de elDiario.es del 12 de marzo sobre la existencia del doble fraude del empresario a través del resumen de prensa diario que prepara la directora de Comunicación, Mar Hedo. Ha admitido que el asunto se comentó en la Fiscalía al ser “una cuestión muy relevante” y que afecta a “una persona con notoriedad o proyección pública”.

Asimismo, el fiscal general ha detallado que a pesar de que había activado el mecanismo de la dación de cuenta —por el que un superior puede pedir documentación de un caso a otros fiscales— nadie le informó de la reunión que se celebró esa misma mañana en la Fiscalía de la Comunidad en la que el fiscal del caso, Julián Salto, explicó a la fiscal superior Almudena Lastra y a la fiscal provincial Pilar Rodríguez que llevaba semanas cruzando correos con el abogado de González Amador sobre un hipotético pacto. “Debería haber tenido conocimiento y haber sido informado directa e inmediatamente”, ha aseverado.

Ya en la tarde del 13 de marzo de 2024, en las horas claves del caso, García Ortiz ha explicado lo que hizo saltar las alarmas internas de la Fiscalía, tanto la de Madrid como la General: “El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid está distribuyendo mensajes en los que dice que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta, que ese pacto ha sido retirado por órdenes de arriba. No sé si añade que es ”todo sucio“. Ya a las 21.29 horas El Mundo publica una noticia ”muy relevante“ y ”verosímil“ del caso que reflejaba parte de esos bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Una versión ”extravagante“, ha dicho, dentro de cómo suele trabajar la Fiscalía en los pactos.

“Convenimos que hay que hacer una nota de prensa”, ha dicho, hablando tanto de él como de Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, que incluso ofreció dar una rueda de prensa. “Tomamos la determinación, todos en conjunto, de que lo que hay que hacer es defender la actuación absolutamente impecable de los fiscales”, ha añadido. Más aún, ha explicado, cuando supieron que Miguel Ángel Rodríguez estaba difundiendo una “insidia, una calumnia”: que la cúpula de la Fiscalía había parado el pacto. “Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y no hay órdenes de ningún tipo. Es una calumnia directa a los superiores de la persona encargada”.

Denuncia la “deslealtad” de la pareja de Ayuso

El fiscal general, el primero en democracia en sentarse en el banquillo estando en ejercicio de su cargo, ya negó el primer día las acusaciones que pesan sobre él. Con un “no” contestó al formalismo del presidente del tribunal, cuando le preguntó si aceptaba los cargos por los que las acusaciones le piden hasta seis años de prisión y multas de hasta 300.000 euros.

García Ortiz ha llegado al Tribunal Supremo diez minutos antes del comienzo de su declaración. Una jornada en la que su comparecencia ha venido precedida por la testifical de 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, algunos de los cuales han apuntado al fiscal general como filtrador del correo. Antonio Balas, teniente coronel de esta unidad de élite, ha destacado varias veces el “dominio” de García Ortiz sobre las maniobras del 13 de marzo de 2024 para conseguir los correos del caso, aunque ha reconocido que sus informes obviaron algunos puntos clave. Por ejemplo, que ese correo llegó a un email genérico de la Fiscalía al que tenían acceso 16 personas.

García Ortiz, como ya hizo en su declaración en instrucción, solo ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, es decir su propia defensa. El fiscal general ha entendido que González Amador ha incurrido en una “actuación desleal” a lo largo del proceso. Por ejemplo, por no explicar en sus querellas y escritos que envió su correo a más gente además de al fiscal Julián Salto.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han apuntado directamente al fiscal general del Estado como máximo sospechoso de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla. Durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”, ha dicho el teniente coronel Antonio Balas, autor del informe clave del caso. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han lanzado reproches a estos agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil por omitir hechos relevantes en sus informes.

Balas ha apuntado directamente al fiscal general como el filtrador del correo a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Y, aunque no forma parte del procedimiento, ha apuntado incluso a que la denuncia contra el empresario Alberto González Amador y el expediente tributario fueron filtrados a la prensa desde la Fiscalía General del Estado.

“Toda la información que aparece el día 12 [cuando elDiario.es publica la exclusiva sobre el caso] se compadece con lo que tiene la Fiscalía General, no con lo que tiene la Fiscalía Superior ni nada”. Según el teniente coronel, la publicación de esa información es un “precedente” que “muestra un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla y durante todo el proceso se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general”.

“Las premisas de las que parten sus conclusiones no me parecen correctas”, le ha dicho el fiscal durante el interrogatorio. El representante del Ministerio Público ha buscado evidenciar que en ese informe se omitieron noticias y se omitió también que muchas más personas, además de Álvaro García Ortiz, pudieron tener acceso al correo antes de su publicación en la prensa.

También la abogada del Estado, Consuelo Castro, ha reprochado las “interpretaciones creativas” y las “inferencias” de los agentes. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, ha justificado el teniente coronel de la UCO para tratar de argumentar por qué en ese informe no figura alusión alguna a, por ejemplo, las más de 400 personas que pudieron tener acceso al expediente fiscal del caso.

“Lo que usted marca sí que es una investigación prospectiva e imposible de abarcar. Pero en esto y en cualquier otra investigación que uno pueda acometer”, ha respondido Balas, quien ha recordado a la defensa de García Ortiz que su trayectoria profesional se remonta al año 1999. “Todo lo que se ha filtrado de manera textual estaba previamente en poder de la Fiscalía General del Estado”, ha reiterado el agente. “Y de 600 personas más”, ha apostillado la abogada del Estado.

En un momento posterior, Balas ha reconocido que, en sus informes clave del caso, nunca se tuvo en cuenta que el abogado de González Amador envió su confesión a un correo genérico al que tenían acceso 16 personas. “¿Sabía usted que ese correo fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas?”, le ha preguntado Castro. “No me consta”, ha respondido.

Del “papel preeminente” al “dominio de la acción”

El teniente coronel ha justificado no incluir en su primer informe varias noticias clave del caso: la de La Sexta a las 22.10 horas de esa noche y la intervención en la Cadena SER a las 23.20 horas, antes de publicar su información en la web. “No hay ningún entrecomillado, ninguna cuestión que se compadezca con el correo”, ha dicho sobre la primera noticia. Lo mismo sobre la segunda: “Cuando el conductor del programa le pregunta por la fecha marca una fecha errónea, ahí todavía no se ha producido la filtración del correo que después reproduce la web de la SER”.

Este mismo agente ha apostillado y apuntado al periodista de la SER: “Nos parece curioso que llame al fiscal general a esa hora cuando es una cuestión de la Fiscalía de Madrid”. La llamada, como ha explicado el propio periodista Miguel Ángel Campos, no fue contestada por el fiscal general y los cuatro segundos registrados se corresponden con el buzón de voz de García Ortiz.

Uno de los agentes ha ratificado que el correo con la confesión de la pareja de Ayuso llegó al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024, pero han apuntado a que podía conocer antes de su existencia: “Se debe conocer que los correos existen para solicitarlos”. Su informe apuntaba al “papel preeminente” del fiscal general en toda la búsqueda de información y este miércoles uno de los agentes ha ratificado: “El dominio de toda la acción corresponde al fiscal general, como es normal, la Fiscalía es una institución jerarquizada”.

Uno de los agentes ha expuesto más deducciones sobre por qué se filtra el correo y se ha deslizado que el contenido de la confesión se filtró a la prensa para que la Fiscalía pudiera hacer el comunicado del 14 de marzo sin miedo a las consecuencias. “Lo que posibilita que pueda ser llevado a cabo es que a las 23:51 horas hay una noticia”, ha dicho el agente sobre la pieza de la Cadena SER que expuso el contenido del email. Cuando, a la mañana siguiente, lo publica El Plural en su integridad poco después de las nueve de la mañana, “ya lo tiene blanqueado”, ha añadido.

Los registros en la Fiscalía: “Es inviable una selección previa”

Además de estos agentes, que se han ratificado en sus informes, una decena de guardias civiles que intervinieron en los registros en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid de octubre de 2024 han justificado haber clonado toda la información del teléfono y el ordenador del fiscal general, y no haberlo hecho de forma selectiva. “Es inviable durante la entrada y registro hacer selección previa, eso se hace en la fase de análisis. Yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando”, ha afirmado uno de los agentes.

“Al teléfono del fiscal general no pudimos acceder, puesto que estaba borrado”, ha explicado otro de los agentes. Si saben que usó la aplicación WhatsApp, han añadido, es “a través del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez”. El 23 de octubre de 2024, una semana después de la apertura de la causa, el fiscal general cambió “de terminal”, y solo identificaron un formateo desde el verano del año anterior. “Se puede determinar que ha existido un borrado”, ha dicho otro agente, que ha añadido que el borrado se extendió a la cuenta: “Cuando se intenta hacer una recuperación de la copia de seguridad se comprueba que esa cuenta ha sido eliminada recientemente”.

El primer agente de la UCO que ha declarado en el juicio ha explicado que estuvo presente en los registros de octubre del año pasado en la Fiscalía y que en ese momento García Ortiz ya avisó de que había cambiado recientemente de teléfono: “Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero llevaba poco tiempo con el teléfono”. Tanto el fiscal general como el personal de la Fiscalía, ha añadido este agente, estuvieron “colaboradores” durante la diligencia.

Las acusaciones consideran que este borrado masivo de datos por parte de García Ortiz –una semana después de que fuera público que el Supremo había abierto una causa contra él y una semana antes del registro de su despacho– es un indicio de ocultación de pruebas y también de culpabilidad.

“Se nos dijo que había cambiado de teléfono”

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía intentan demostrar que los registros ordenados por Ángel Hurtado –avalados por la Sala de Apelaciones– fueron excesivos y recopilaron información de su ordenador, teléfono y correo de forma desproporcionada. Copiaron contenido del teléfono, de sus correos y de un disco duro, donde en días anteriores se había hecho una copia del ordenador de sobremesa. “Existía una copia de ese ordenador, se acababa de cambiar recientemente. Se hizo una copia total del disco duro”.

Esa copia, ha añadido este primer agente, “se devolvió a la Fiscalía”. Uno de sus compañeros ha especificado que es “imposible” hacer volcados de datos de forma selectiva: “El volumen de información es tanta que revisar uno por uno archivos es inviable. Técnicamente, es imposible filtrar por fechas”. “Cuando se realiza el volcado de un móvil no se puede seleccionar un tramo de fechas concreto”, ha apuntado otro.

En ese mismo sentido se han pronunciado los agentes que registraron ese mismo día el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid entonces investigada y hoy exonerada de cuyo teléfono salieron los mensajes clave para impulsar la acusación del caso. “En el acta se hizo constar que determinadas descargas tenían que hacerse de todo el periodo que existiese”, ha añadido uno de ellos.

Este miércoles estaba prevista la declaración de hasta 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la unidad policial a la que el Supremo encomendó investigar este caso a las órdenes del juez Ángel Hurtado. Su firma está en los informes clave del caso y muchos estuvieron en los registros en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, la primera diligencia que el juez puso en marcha y bajo secreto de sumario.

Uno de estos agentes es el citado Balas, instructor del informe sobre los mensajes que encontraron en el teléfono de Pilar Rodríguez y que también al frente de la investigación policial de otros casos como Koldo, Montoro o el supuesto “soborno” del propio González Amador a un directivo de Quirón y cuyo nombre ha aflorado como una de las personas contra las que Leire Díez cargaba en sus grabaciones.

Balas ya compareció en fase de instrucción ante Hurtado. Entonces ratificó sus informes y protagonizó un tenso interrogatorio a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Reconoció que su primer informe –clave en la instrucción que impulsó Hurtado y que la Abogacía considera nulo– omitió datos relevantes de la tarde del 13 de marzo, por ejemplo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en el juicio del Tribunal Supremo el bulo que difundió sobre la confesión de la pareja de la presidenta madrileña: “Es una deducción lógica, si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico un fiscal no puede tomar una decisión sin permiso de arriba”, ha dicho. “El acuerdo no se ha concluido, por tanto, llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. ¿Quién lo va a parar, por abajo?”, ha dicho ante la mirada atónita de la teniente fiscal del Supremo.

“No tengo ninguna fuente, es un mensaje sin apoyo de ninguna fuente, soy periodista, no soy un notario que necesite una compulsa”, ha dicho posteriormente cuando la Abogacía del Estado ha preguntado por los tuits en los que desarrollaba ese bulo.

La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso ha defendido así que en la noche del 13 de marzo de 2024 difundiera entre decenas de periodistas una versión falsa del caso de fraude fiscal: que la Fiscalía había frenado un posible pacto con González Amador por orden de la cúpula del organismo. “Es lógica la deducción”, ha dicho mientras explicaba a la fiscal que la Fiscalía es un “órgano jerarquizado”. Ha negado ser la fuente de la primera noticia de El Mundo de esa noche, aunque ha reconocido que puso en contacto a González Amador con un periodista de ese medio.

“Lo pienso y con más razón cada día”, ha llegado a decir cuando la Abogacía del Estado ha exhibido con sus mensajes de esos días de marzo en los que difundía, sin pruebas, sus “deducciones” sobre la Fiscalía y el caso de fraude fiscal. “Es lo que sigo diciendo: todo es turbio y feo”. “Se está cometiendo una injusticia con un español”, ha añadido más tarde.

Rodríguez ha difundido en el Supremo un nuevo bulo sobre la causa contra González Amador: “Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo”. La Agencia Tributaria le investigó y le impidió zanjar el asunto con un pago fuera de plazo porque la cantidad supuestamente defraudada superaba los umbrales del delito fiscal y necesariamente tenía que terminar en manos de un juez.

El comunicador ha revelado que conoció al empresario, al que tenía guardado como “Alberto Quirón” en su teléfono, antes que lo hiciera la propia Ayuso. “Me comenta que tiene esta inspección, le dije que confiara en los inspectores y la Fiscalía, son gente seria y nunca filtrarían nada. Me comenta que no quiere llevarlo a los tribunales por la reputación de la presidenta, quería llegar a un acuerdo para que no se levantara ninguna polvareda”, ha dicho en sintonía con lo que ya declaró en fase de instrucción.

El jefe de gabinete de Ayuso ha reiterado que fue el propio empresario el que le envió el email del fiscal Salto pocas horas después de que elDiario.es desvelara en exclusiva su caso de fraude fiscal: “A las 9 me manda la fotografía del email que el señor Salto manda al abogado y se dice que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Yo ese email lo guardo y lo utilizaré muchas horas después para desmentir una noticia de La Sexta”. “A las siete de la tarde no le desvelo nada”, ha dicho sobre los mensajes que envió a periodistas sobre esa hora del 13 de marzo de 2024, mucho antes de que se publicaran las primeras noticias del caso.

“El Mundo publica que la Fiscalía propone un acuerdo, La Sexta dice que es al revés y yo doy a un grupo de periodistas lo que la Fiscalía había dicho: podemos llegar a un acuerdo. En ese email no se cita un email previo y yo desconocía el email previo y a partir de ahí se desata la locura que nos trae aquí”, ha añadido.

Las mentiras y amenazas a elDiario.es

Miguel Ángel Rodríguez faltó a la verdad en fase de instrucción cuando, ante el juez Hurtado, dijo que ningún periodista de elDiario.es contactó con él antes de que el 12 de marzo este periódico desvelara el caso de fraude fiscal de González Amador. “Tuve una confusión”, ha dicho, justificando ahora que pensó que el periodista era de otro medio de comunicación. “Tiene una línea editorial izquierdista, no voy a esperar que me aplaudan”.

La Abogacía del Estado le ha demostrado que no fue así como sucedió, dado que el periodista de elDiario.es que le escribió se identificó con nombre y apellidos explicando también para qué periódico trabajaba. “Tengo muchas cosas que hacer como para atender a uno de línea izquierdista, que además suelen ser muy agresivos”, ha añadido antes de calificar de “batiburrillo” y “escandaloso” la primera exclusiva del caso que, a día de hoy, no han desmentido.

También ha intentado restar importancia a sus amenazas a este periódico cuando, por escrito, afirmó a Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Fue, dice ahora, una “conversación impropia” con alguien con quien asegura tener “confianza”.

Las “órdenes de arriba” de la Fiscalía

Rodríguez ha llegado al Tribunal Supremo pasados unos minutos de las tres y diez de la tarde acompañado por dos personas y sin hacer declaraciones a los medios. Su testifical llega después de que varios comparecientes hayan señalado cuándo empezaron a circular sus bulos sobre el caso de la pareja de Ayuso: sobre las siete de la tarde del día 13 de marzo de 2024, varias horas antes de lo que él reconoció cuando declaró ante el juez Ángel Hurtado en instrucción. Así lo han afirmado este martes los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid y también lo ratificó ayer Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso fue el primero en poner en circulación el bulo que desencadenó la búsqueda de información en la Fiscalía sobre el caso: que el Ministerio Público le había ofrecido un pacto silencioso para su caso de fraude fiscal, pero que se había frenado por “órdenes de arriba”. En instrucción explicó que esa no era información, sino opinión y que la información que manipuló procedía de un correo que le envió el propio González Amador en la mañana del 12 de marzo, pocas horas después de que elDiario.es desvelara el caso en exclusiva.

Según esa versión que ofreció en instrucción, el jefe de gabinete de Ayuso tuvo un correo del fiscal Julián Salto desde esa mañana, pero no hizo “nada” hasta “38 horas después”, cuando El Mundo y La Sexta publicaron varias informaciones contradictorias sobre esos pactos y él quería defender la opción falsa para beneficiar la imagen pública de la pareja de su jefa. Los distintos testimonios revelan que esos mensajes con bulos comenzaron horas antes de que ningún medio aludiera a los correos.

La Abogacía del Estado, que defiende en el juicio al fiscal general, ha aprovechado el trámite de cuestiones previas para cargar con dureza contra el juez Ángel Hurtado y la gestión de la investigación contra Álvaro García Ortiz. Su actuación, ha dicho Consuelo Castro, fue “inquisitiva y prospectiva” y, entre otras cosas, dio “vía libre” a la Guardia Civil para copiar todo el teléfono del fiscal general sin justificación. El correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha añadido en esta fase previa, “había circulado ampliamente por los medios” antes de llegar a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

“Todo el material” extraído de esos registros, ha dicho la Abogacía del Estado, debe ser expulsado del proceso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha apoyado a la Abogacía también en el caso del registro del despacho de la fiscal provincial de Madrid, de donde salieron los mensajes fundamentales del caso: “La incautación de material de Pilar Rodríguez ha servido de soporte al informe más importante de la causa”, ha defendido sobre una diligencia avalada por la Sala de Apelaciones.

La fiscal también ha cargado contra la composición de la sala: cinco de los siete magistrados son los mismos que hace un año abrieron la causa contra él. “Es lógico sostener que esa sala de admisión no puede juzgar al fiscal general del Estado”. El Supremo ha explicado que todas estas alegaciones serán contestadas en la sentencia por su “especial complejidad” y su “relación” con las pruebas del juicio.

El juicio ha empezado pasados unos minutos de las diez de la mañana con el magistrado Andrés Martínez Arrieta presidiendo el tribunal de siete magistrados. García Ortiz ha llegado al Tribunal Supremo unos 20 minutos antes del comienzo de la vista sin hacer declaraciones y mientras un grupo de menos de una decena de personas le lanzaba gritos de ánimo desde el parque Villa de París. La primera media hora ha consistido en la lectura de las acusaciones por parte de una funcionaria del tribunal, que han sido rechazadas por el fiscal general con un “no” antes de dar comienzo a las cuestiones previas.

La Abogada del Estado Consuelo Castro ha sido contundente, en la fase de cuestiones previas, al cargar contra el juez Ángel Hurtado y su gestión de la causa, desde los primeros registros, al entender que ha derivado en la nulidad de la causa. “El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”, ha dicho. La investigación “fue prospectiva” y se inició “de manera preconcebida” con la idea de que el fiscal general “era culpable”.

Ha apuntado a “la desidia o resistencia” de Hurtado a investigar si el correo pudo filtrarse por otra vía: “Una investigación unidireccional y una investigación parcial de los hechos con omisiones llamativas”, ha añadido Castro a lo largo de su primera intervención. Ha sido especialmente dura al criticar los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ordenó Hurtado nada más asumir el caso: “Resultó ser una incautación excesiva e injustificada”.

“Dio vía libre para copiar absolutamente todo”

“El instructor dio vía libre para copiar absolutamente toda la información del fiscal general en sus dispositivos personales y profesionales”, ha lamentado antes de defender que todo ese material debe “excluirse del caso” y ser declarado nulo.

Según Castro, Hurtado solo avanzó en la causa buscando la culpabilidad de fiscal general sin explorar otras posibilidades. Su “prejuicio”, ha dicho, y su “injustificada convicción” de que existió una “operación política”. También ha cargado contra su “ambigüedad” a la hora de determinar los hechos por los que ha sido investigado: “Nunca hemos sabido de qué imputaciones había de defenderse. La defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos son objeto de investigación”.

La Abogada del Estado se ha quejado también de que Hurtado invirtió más tiempo en averiguar si el fiscal general había borrado su teléfono que en si el correo de la pareja de Ayuso pudo filtrarse por otras vías. “Se practicaron muchas más diligencias de cargo que de descargo, y la mayoría de las solicitadas por la defensa fueron rechazadas”. Solo consiguieron, por ejemplo, que varios periodistas fueran llamados a declarar cuando acudieron a una notaría. Hurtado, por ejemplo, denegó pedir su teléfono a Miguel Ángel Rodríguez cuando lo pidió la defensa pero “se acordó con el móvil de Juan Lobato cuando lo pidió la acusación”.

La teniente fiscal del Supremo también ha sido dura con Hurtado, quien “ha reconocido que su magnífica instrucción ha sido poco fructífera, no ha arrojado ninguna prueba”. Salvo el informe de la UCO tras los registros, ha añadido, “todas las pruebas son las que existían” ya cuando la causa, hace más de un año y medio, arrancó en el Tribunal Superior de Madrid.

Este lunes arranca en el Tribunal Supremo uno de los juicios de mayor relevancia penal y política de la última década. Siete magistrados juzgarán durante seis días a Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general en ejercicio en sentarse en un banquillo, con una incógnita pendiente de sentencia: cómo la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso terminó en los medios de comunicación. Ni el juez Ángel Hurtado ni la Guardia Civil han encontrado pruebas que demuestren que García Ortiz filtrase un documento de escaso valor procesal pero de alto voltaje político: el empresario reconocía y confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros mientras Ayuso y su entorno difundían bulos para hacerle pasar por la víctima de una “cacería” del Estado.

García Ortiz será el último en declarar en un juicio que se remonta a hace un año y nueve meses. Cuando el abogado de Alberto González Amador, presentado entonces por la prensa rosa como un “técnico sanitario” que compartía su vida con Isabel Díaz Ayuso, escribió un correo a un fiscal. Un email en el que admitía que él y sus empresas habían dejado de pagar los impuestos correspondientes por los más de dos millones de euros que ganó en la pandemia ejerciendo de comisionista en operaciones de compraventa del primer maná de la crisis del coronavirus: mascarillas.

Su abogado Carlos Neira es conocido en los tribunales de Madrid por ser un experto en este tipo de conformidades que no evitan una condena pero sí evitan la entrada en la cárcel. “Lo más importante era que no le salpicara a ella”, le dijo entonces Alberto González Amador. “Ella” era Isabel Díaz Ayuso y el objetivo del correo, reconociendo el fraude fiscal mucho antes de lo que es habitual en estos procesos, era ese: cerrar el caso sin ruido, pagando sus deudas y una multa y con una condena simbólica que nadie podría encontrar en los archivos de uno de los 39 juzgado de lo penal de Madrid.

Sus planes se fueron al traste cuando elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo de 2024 que había sido denunciado por usar un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar 350.000 euros entre 2020 y 2021. También quedó en entredicho la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer pasar a su pareja como una víctima de un complot fiscal y judicial de la Moncloa. Fue entonces cuando Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Casa de Correos y veterano de la guerra sucia, puso en marcha un 'plan B': difundir un correo del caso. Un correo manipulado, descontextualizado y aliñado con un bulo para dar a entender que la cúpula de la Fiscalía se había negado a pactar con González Amador para arrastrarlos a él y a Ayuso por el barro de un largo y público proceso judicial. “Todo sucio”, zanjaba el jefe gabinete de Ayuso por si algún periodista tenía dudas de por dónde iban los tiros.

El recorrido del bulo ya es conocido. La Fiscalía General activó el proceso para obtener todos los emails del caso –no solo el que había movido el entorno de Ayuso– y emitió un comunicado al día siguiente para explicar que, en realidad, era González Amador quien había ofrecido un pacto y no al revés. La abogacía madrileña y el empresario fueron a los tribunales y, tras unos primeros meses de investigación en el Tribunal Superior de Justicia con el foco puesto en el comunicado, la causa llegó al Supremo con el fiscal general en la mirilla y un nuevo objetivo: descubrir si fue él quien filtró a los medios ese correo en la noche del 13 de marzo de 2024.

Las diligencias de Ángel Hurtado no han encontrado una prueba fehaciente de quién filtró ese correo, pero sí han ayudado a dibujar con algo de precisión lo que pasó esos días. Cómo Hacienda y la Fiscalía llevaron a González Amador a los juzgados sin saber que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. También cómo Miguel Ángel Rodríguez, cargo público, centró sus esfuerzos y recursos en defender a la pareja de su jefa, difundiendo correos tan manipulados como confidenciales. Y, finalmente, cómo media docena de altos cargos de la Fiscalía removieron Roma con Santiago para saber qué había pasado y emitir un comunicado.

El “haz lo que veas” de González Amador

El caso que llega a juicio este lunes en el Tribunal Supremo no es el mismo que arrancó en mayo de 2024 en el Tribunal Superior de Madrid y tampoco el que concibió el juez Hurtado durante ocho meses de instrucción. En un primer momento los jueces analizaron si el comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 fue una revelación ilegal de datos secretos del caso, con dos fiscales imputados: Julián Salto, que investigó y denunció a González Amador, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.

De ahí la causa saltó al Tribunal Supremo cuando el propio fiscal general se responsabilizó públicamente del comunicado. Y el foco cambió. El comunicado, dijeron los jueces, no era delictivo porque la confesión de la pareja de Ayuso se había filtrado la noche anterior. Lo que había que investigar era si Álvaro García Ortiz estaba detrás de la filtración.

Hurtado encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrar pruebas en los teléfonos y ordenadores del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. El resultado, después de constatar que García Ortiz había borrado sus mensajes tras saber que estaba siendo investigado, fueron varios informes que abrían un agujero por el que observar, en falso directo, la locura que se desató en la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Informes que atribuyeron un “papel preeminente” al fiscal general en todo el proceso –expresión esgrimida por Hurtado para justificar la imputación de García Ortiz— y que orillaron un factor esencial del caso: todo empezó con un bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

Las testificales del caso han permitido reconstruir lo que pasaba en la Puerta del Sol y sus aledaños en esos días. González Amador entregó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto y el jefe de gabinete de Ayuso decidió difundir una versión falsa entre los periodistas que respaldaba el discurso victimista de la presidenta madrileña. El “haz lo que veas” del empresario fue toda la luz verde que necesitó para difundir algo que, una vez obligado a decir la verdad en el Supremo, reconoció que no era información sino, en el mejor de los casos, una opinión. La que publicaron varios medios con forma de hecho contrastado y la que la Fiscalía se lanzó a desmentir.

Las horas clave del 13 de marzo

La causa llega a juicio después de que la Sala de Apelaciones haya dejado fuera del caso a la fiscal Pilar Rodríguez, después también de un silencioso tirón de orejas a Hurtado por afirmar sin pruebas que la filtración se produjo siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno, y finalmente después de algo poco habitual en la larga lista de juicios contra aforados del Tribunal Supremo: un voto particular que defiende que el caso tendría que haber sido archivado.

El centro del análisis estará, a lo largo de las seis sesiones del juicio que arranca este lunes, en el reloj. Los correos muestran que el fiscal general no tuvo en su poder el email con la confesión de la pareja de Ayuso hasta las 21.59 horas del 13 de marzo, horas o incluso días después de que varios periodistas, según han declarado ellos mismos, tuvieran acceso a su contenido o conocieran, al menos, la realidad de las negociaciones embrionarias entre González Amador y la Fiscalía.

Por el momento el Supremo no ha dado credibilidad o peso suficiente a esas declaraciones que, según la defensa de García Ortiz, desactivan cualquier acusación de revelación de secretos contra él. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el mismo Supremo rechazó investigar a la ministra María Jesús Montero por una acusación similar. Y tampoco han considerado que el hecho de que el propio González Amador y Miguel Ángel Rodríguez fueran los primeros en difundir la existencia de las conversaciones, aunque no ese correo concreto, sea algo relevante. La diferencia, según la Fiscalía, entre que esa información fuera o no secreta a efectos penales.

Otra pata fundamental del análisis estará en la ausencia de pruebas concretas que demuestren que el fiscal general filtró, o al menos dio orden de filtrar, ese correo a la prensa. Más aún después de que sus colaboradores Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, a quienes Hurtado atribuía un papel fundamental en el supuesto plan, hayan quedado exonerados. Pero en las últimas semanas el Supremo ha recordado que las condenas no viven solo de la prueba directa: “Muchas casualidades acaban hablándonos a la causalidad. No es buena estrategia aislar cada uno de los indicios utilizados para, desvinculados entre sí, negar que atomizados y separadamente tengan por sí fuerza convictiva”, ha dicho en una sentencia reciente.

Un juicio de alto voltaje y una Fiscalía rota

El juicio arranca este lunes con las cuestiones previas y los cuatro primeros testigos: los tres fiscales que llegaron a estar imputados en las distintas fases de la causa y la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, uno de los testimonios más útiles para la acusación: nunca ha ocultado sus sospechas de que la filtración proviene de la propia Fiscalía y está abiertamente enfrentada con la Fiscalía General desde hace años. En esos días de marzo llegó a preguntar abiertamente a García Ortiz si él había hecho llegar el correo a la prensa. También estuvo convencida, desde el principio, de que los bulos sobre el caso debían desmentirse, aunque rechazó el comunicado que finalmente se emitió.

García Ortiz será el último en declarar, antes de la jornada final dedicada a los informes finales. A su lado del banquillo están la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden su absolución. Al otro, casi una decena de acusaciones encabezadas por Alberto González Amador –que pide cuatro años de cárcel y 300.000 euros– acompañado por el Colegio de Abogados de Madrid, Manos Limpias, APIF, el Foro Libertad & Alternativas y sin presencia física en el juicio otras como Vox y HazteOir, que se personaron en la causa sobre la bocina y cuando la instrucción estaba prácticamente terminada.

La causa por la filtración del correo de la pareja de Ayuso no se ha desarrollado exclusivamente en el plano judicial. Las constantes peticiones de dimisión de PP y Vox en la política y de las asociaciones mayoritarias y conservadoras en el jurídico se han encontrado con la decisión de García Ortiz de mantenerse en su puesto y demostrar su inocencia respaldado por el Gobierno. La guerra política bascula entre un fiscal que denuncia ser encausado por unas diligencias injustas y una oposición que apunta a que el ejecutivo protege al autor de una operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso, su mayor activo político.

La situación interna de la Fiscalía también es delicada. García Ortiz fue recibido en el cargo con un informe del sector conservador del Poder Judicial rechazando su idoneidad y la apertura de la causa ha sido el pistoletazo de salida a las peticiones de dimisión y fuertes críticas internas, con y sin micrófonos, mientras el Supremo avalaba su nombramiento pero también le asestaba varapalos.

El juicio se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre a lo largo de seis sesiones si no hay cambios de calendario. El Tribunal Supremo y su Sala de lo Penal se someten, por segunda vez en pocos años, al escrutinio de la opinión pública después del juicio al procés independentista catalán. En esta ocasión las limitaciones impuestas por la propia Sala impedirán, por ejemplo, emitir el juicio en directo por televisión. El resultado, cuando los siete jueces se retiren a deliberar, será una de las sentencias más relevantes de la década a nivel judicial y político con un fiscal general, por primera vez, en el banquillo de los acusados.

El juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso arranca este lunes en el Tribunal Supremo. Los magistrados escucharán decenas de testimonios, entre ellos los de periodistas ignorados por el juez Ángel Hurtado que coinciden en algo: todos supieron que Alberto González Amador negociaba con la Fiscalía horas o incluso días antes de que esa información llegara a manos de Álvaro García Ortiz. Un aspecto considerado clave por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para alegar que no solo no hay pruebas de que filtrara el documento, sino que para entonces la confesión del empresario no era un secreto. El propio González Amador había difundido otros correos del caso a través de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.

La investigación, en un primer momento, giró en torno al comunicado que la Fiscalía de Madrid emitió en la mañana del 14 de marzo de 2024 para desmentir bulos del caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Pero el Supremo puso el foco en un momento anterior: cuando los medios empezaron a revelar el contenido del correo y si eso fue antes o después de que esa documentación llegara a manos del fiscal general. Un primer informe de la Guardia Civil analizó la secuencia de noticias de forma sesgada y concluyó que los medios no publicaron nada del correo hasta después de que García Ortiz lo tuviera en su poder. Las testificales de varios periodistas ante Hurtado apuntaron en otra dirección.

El caso tiene dos momentos clave en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía General pidió todos los correos mientras Miguel Ángel Rodríguez y varios medios difundían bulos sobre el caso. Uno es a las 21.59 horas, cuando García Ortiz recibió en su email el correo del 2 de febrero con la propuesta de confesión del abogado de González Amador. El otro es a las 23.44 h., cuando recibe el correo que faltaba y que Miguel Ángel Rodríguez y varios medios habían difundido ya.

Una parte fundamental del juicio será analizar si existen pruebas suficientes para acusar a García Ortiz de filtrar el correo a la prensa personalmente, pero otra será determinar si, para cuando lo tuvo en su poder y lo pudo filtrar, ya era conocido por los medios de comunicación. Y las declaraciones de media docena de periodistas apuntan a que la existencia de esas negociaciones entre González Amador y la Fiscalía ya era sabida por varios medios horas o incluso días antes, lo que según la Fiscalía y la Abogacía del Estado limita la capacidad de considerar ese correo como un secreto que se pueda vulnerar.

La primera noticia publicada en la noche del 13 de marzo de 2024 fue firmada por Esteban Urreiztieta en El Mundo: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Para cuando fue publicada a las 21.29 diversos dirigentes de la Fiscalía ya habían sido alertados de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, estaba difundiendo entre la prensa una versión manipulada de los hechos y esta noticia fue la que terminó de desencadenar los movimientos internos en el Ministerio Público para desmentir una información que consideraban falsa: la propuesta de pacto era de González Amador, no de la Fiscalía, lo que contradecía el discurso de la propia Ayuso y el PP en ese momento.

Urreiztieta testificó en el Supremo y defendió la “veracidad” de su información para después explicar que su noticia de las 21.29 horas no se basaba solo en ese correo descontextualizado, sino que incluía información sobre la intención del empresario de llegar a un pacto, primero ante la Agencia Tributaria y luego aceptando cárcel ante la Fiscalía. La pregunta la lanzó la Abogada del Estado: “¿Desconocía en el momento en que publica esta noticia el resto de correos que se intercambiaron el señor Carlos Neira y la Fiscalía?”. La respuesta del periodista apuntó a que también conocía esas negociaciones: “Lo que conocíamos es que había habido, como queda plasmado en la información, conversaciones durante las últimas semanas para abordar un acuerdo de conformidad y, también lo plasmamos en la información, que implicara una pena de no cumplimiento para el señor González Amador como suele ser habitual en estos casos”.

“Era un secreto que conocíamos con mucha antelación”

Varios informadores más explicaron a Hurtado que ellos también conocían esas negociaciones, o incluso el contenido del correo, antes que el fiscal general. Alfonso Pérez Medina, periodista de tribunales de La Sexta, fue el primero en publicar a las 22.10 horas que el pacto, en realidad, había sido iniciativa de González Amador. “Pudimos examinar básicamente esos dos correos electrónicos, no los demás, y vimos que, con la secuencia temporal, pues efectivamente la oferta había partido de González Amador”, explicó al juez. Después el periodista aportó nueva documentación: mensajes internos de la redacción de la televisión que demuestran que ya manejaba esa información a las 21.54 horas, cinco minutos antes de que la tuviera el fiscal general.

José Manuel Romero, actualmente director adjunto de elDiario.es, era subdirector de El País cuando compareció, con parte de su equipo, ante el juez Hurtado como testigo. Explicó que habían reconstruido lo que había pasado el día en que este medio desveló el caso y reveló que a las 14.18 horas del 12 de marzo, día y medio antes que el fiscal general tuviera el correo, una fuente de la Fiscalía de Madrid ya le había puesto sobre la pista del pacto, lo que llevó a los periodistas del rotativo de Prisa a hacer varias gestiones al respecto. “Ese secreto era un secreto que nosotros conocimos con mucha antelación a todo lo que ocurrió mucho después”, aseguró.

José Precedo, uno de los periodistas que escribió la primera exclusiva con la que elDiario.es desveló el caso de fraude fiscal de González Amador, explicó que tuvo acceso a ese correo incluso varios días antes, cuando obtuvo la documentación del caso. “El miércoles 6 de marzo recibo una triple documentación. Esa triple documentación consiste en un informe de la Agencia Tributaria que da origen a una denuncia, la propia denuncia que se presenta en un juzgado de Madrid por parte de la Fiscalía, y un correo electrónico que envía el abogado Carlos Neira a un buzón genérico de la Fiscalía el 2 de febrero”.

Miguel Ángel Campos contó en la Cadena Ser a las 23.20 horas de esa noche del 13 de marzo que la defensa de González Amador, incluso, había reconocido que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales. Pero explicó que pudo examinar ese correo, a través de una fuente, pasados unos minutos de las tres y media de la tarde de ese día, seis horas antes que el fiscal general. “Me muestra el correo electrónico y me deja tomar notas. No me dejaba una copia, no me lo imprime, me deja tomar notas y yo anoto todo. Todo ese correo electrónico”, explicó este periodista de tribunales. Lo publicó, añadió, cuando su fuente le dio autorización para hacerlo.

El correo ya no era secreto

El juez Ángel Hurtado acordó estas testificales pero optó por no darles credibilidad o peso suficiente como para impedir el procesamiento del fiscal general, aunque estos testimonios volverán a ser escuchados en el juicio y analizados por siete magistrados distintos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz en este proceso, consideran que es un dato clave junto con la falta de pruebas y el hecho de que el entorno de Ayuso fue el primero en difundir correos confidenciales del caso.

“Necesariamente la obtención del correo por algunos periodistas y el conocimiento del mismo por el fiscal general tienen que estar próximos en el tiempo”, alega García Ortiz en su escrito de defensa. Él se enteró de la existencia de las negociaciones, no solo de los correos, cuando El Mundo publicó su primera noticia a las 21.29 horas de esa noche. No pudo, por tanto, ser la fuente de los medios que lo obtuvieron o conocieron antes de las 21.59, momento en que sus colaboradores se lo enviaron a su cuenta personal de email.

Hurtado no dio importancia suficiente a estas testificales y tampoco lo hizo la Sala de Apelaciones cuando confirmó el procesamiento del fiscal general el pasado mes de julio. El argumento es que todos esos informadores, según los jueces y en contra de lo afirmado por algunos de ellos, no mencionaban de forma exacta el correo con la confesión. “La información ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía”, dice la teniente fiscal del Supremo en su escrito en el que pide la absolución de García Ortiz.

La defensa del fiscal general y la Fiscalía apuntan también a más gente que pudo tener acceso al correo desde que fue enviado por el abogado Carlos Neira el 2 de febrero al fiscal Julián Salto y a un Abogado del Estado: funcionarios con acceso al correo genérico de la Fiscalía al que fue enviado, diversos cargos del Ministerio Público, además del propio González Amador y su entorno.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que el Sindicato Unificado de Policía presentó contra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, por denunciar “un serio problema de infiltración neofascista” en la Policía y la judicatura en plenos disturbios racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco el pasado mes de julio. Los jueces entienden que las expresiones de la diputada “evidencian una falta de respeto y educación”, pero prevalece su libertad de expresión al estar en “un contexto político y social concreto”, en ese caso el auge del odio contra los migrantes tras la agresión a un anciano en la localidad.

Este sindicato, uno de los que tiene más representación y trayectoria dentro de la Policía Nacional, anunció su querella contra Belarra el pasado mes de julio por delitos de odio e injurias graves a las fuerzas de seguridad. Sus palabras, denunció entonces el SUP, “tienen una influencia social que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La secretaria general de Podemos acudió a Torre Pacheco a la cabeza de una amplia delegación del partido para denunciar los disturbios racistas que se sucedían en la localidad después de que un anciano de 70 años fuera víctima de una agresión a manos de un grupo de jóvenes magrebíes, paliza que la extrema derecha instrumentalizó para fomentar el odio y las cacerías contra la población migrante. Belarra también criticó la actitud de las fuerzas de seguridad y la Justicia al entender que no actuaban con la contundencia suficiente: “Tenemos un serio problema de infiltración de la ideología neofascista, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en la Justicia en España, que no funciona iguala en función del color de piel”, denunció.

El Supremo, con el juez Ángel Hurtado como ponente del auto y con el apoyo de la Fiscalía, ha decidido inadmitir la querella del SUP que pedía la imputación de Belarra. Sus expresiones, dice el tribunal, “se enmarcan el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de expresión, emitidas, además, en el contexto de un debate político, pues así lo exige el pluralismo político”. Una causa penal, añade la Sala que preside Andrés Martínez Arrieta, no puede ser un “factor de disuasión”.

Los jueces cargan con dureza contra Belarra por sus declaraciones sobre la Policía y su actuación en los disturbios racistas de Torre Pacheco: “Evidencian una falta de respeto y educación”, dice, y pueden ser consideradas “no sin razón, inconvenientes, desabridas o inoportunas” pero, lamenta, “no son extrañas en el debate político que reina en nuestros días”. La Fiscalía también solicitó en su informe que la querella fuera rechazada de plano y que el Supremo no llegara a imputar a Belarra, que “reúne la doble condición de Diputada de las Cortes Generales y Secretaria general del partido político Podemos”, lo que refuerza su libertad de expresión.

En la actualidad los tribunales catalanes mantienen en prisión provisional al supuesto líder del grupo ultra 'Deport Them Now' acusado de incendiar las redes sociales y promover los incidentes racistas.

El SUP no fue el único sindicato del ámbito policial que anunció acciones legales contra Belarra por sus declaraciones en Torre Pacheco. Jupol criticó que Belarra no acudiera esta semana a un acto de conciliación, anunciando que interpondrá una querella por las mismas declaraciones, condenada en ese aspecto al archivo tras este pronunciamiento del Supremo. Este segundo sindicato añade a sus acusaciones un mensaje que Belarra escribió en la red social X esos días denunciando “racismo institucional” en la Policía Nacional.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz solo podrá ser suspendido como fiscal general si después del juicio es condenado por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal rechaza la última petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), reconoce que las leyes españolas “no contemplan una suspensión cautelar específica” para el fiscal general, y que solo puede ser cesado si, tal y como establece la normativa, es condenado o inhabilitado para ejercer como cargo público.

Esta asociación, que ejerce la acusación popular contra García Ortiz y ha pedido sin éxito al Supremo que revoque su nombramiento, ha pedido varias veces al juez Hurtado y la Sala de lo Penal que fuerce su suspensión cautelar como fiscal general después de que se abriera juicio oral contra él por revelación de secretos. La primera petición rechazada llegó el año pasado, poco después de abrirse la causa, y la segunda ahora también rechazada en firme llegó pocas semanas antes del juicio que empieza en unos días.

La Sala de lo Penal da la misma respuesta negativa que ya dio el juez Hurtado a esta asociación. Las causas para poder cesar al fiscal general no incluyen una posible suspensión cautelar si es imputado o procesado, como este caso, y solo pasan por ser cesado por el rey a propuesta del Gobierno si incurre en incompatibilidades, o incapacidad. Sería el caso de una hipotética condena de inhabilitación tras el juicio que arranca la semana que viene en el Supremo. Y no se pueden aplicar, de forma supletoria, las normas que sí contemplan la suspensión cautelar de un juez en circunstancias similares.

La asociación también alegaba que mantener en su puesto a García Ortiz durante el juicio comprometía la actuación de la Fiscalía, que desde el principio pide el archivo y la absolución. Los jueces consideran que es una petición desproporcionada que queda desmentida por el hecho de que esta acusación popular, una asociación de fiscales con representación en el Consejo Fiscal, esté impulsando esta acusación contra él. “Supone una presunción genérica para los integrantes de la carrera fiscal que no resulta corroborada por el propio ejercicio de la acusación particular recurrente, integrada por miembros de la carrera fiscal”, explica el tribunal.

Seis sesiones de juicio

El juicio contra García Ortiz arranca la semana que viene ante un tribunal de siete magistrados del Tribunal Supremo, con mayoría de sensibilidad conservadora. La primera sesión será el día 3 de noviembre y la última el día 13, seis sesiones en las que, además del propio fiscal general, compacerán hasta 40 testigos entre fiscales, periodistas, políticos, abogados y guardias civiles.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado cuatro años de cárcel para García Ortiz, haciéndole único responsable de la filtración del correo en el que su abogado confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a pactar con la Fiscalía, algo que contradecía frontalmente el relato de su pareja, la presidenta regional, que defiende desde hace más de un año que el empresario es víctima de una cacería de Hacienda y el Ministerio Público.

En el juicio comparecerán una decena de periodistas que, en los últimos meses, han afirmado en el Supremo que tuvieron acceso al correo con la confesión, o conocieron las negociaciones, horas o incluso días antes que el propio fiscal general lo hiciera en la noche del 13 de marzo de 2024. También declarará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que ante el juez reconoció que esa noche difundió como información algo que, en todo caso, era una deducción suya: que la Fiscalía había ofrecido el pacto y que se había retirado por órdenes de la cúpula del organismo.

Este auto rechazando la suspensión cautelar de García Ortiz como fiscal general es el último que el Supremo tenía pendiente antes de la celebración del juicio. En los últimos días el tribunal ha hecho público tanto el calendario de declaraciones como la negativa a rebajar la fianza de 75.000 euros que impuso Hurtado.

El Tribunal Supremo ha confirmado la fianza de 75.000 euros impuesta por el juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado de cara al juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que empieza la semana que viene. Los jueces de la Sala de lo Penal rechazan el recurso de la Abogacía del Estado, una decisión que llega después de que Álvaro García Ortiz consignara los 150.000 euros que el juez impuso en un primer momento.

El juicio contra Álvaro García Ortiz comenzará el próximo lunes 3 de noviembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con la pareja de Ayuso pidiendo cuatro años de cárcel para él. Un juicio de seis sesiones en el que testificarán 40 personas entre periodistas, fiscales, políticos, guardias civiles, abogados y el propio Alberto González Amador con Miguel Ángel Rodríguez, además del fiscal general que comparecerá el último antes de los informes finales y el visto para sentencia.

La pareja de Ayuso pide cuatro años de cárcel para García Ortiz por revelación de secretos pero también una indemnización de 300.000 euros por el “destrozo” que, afirma, supuso para él la filtración de su confesión de fraude fiscal. El juez Hurtado, en un primer momento, abrió juicio oral contra el fiscal general y le impuso una fianza de 150.000 euros, un dinero destinado a afrontar una posible condena económica. García Ortiz consignó ese dinero a través de una de sus propiedades pero reclamó que la indemnización fuera eliminada o, al menos, reducida.

Hurtado dejó ese dinero en la mitad antes de poder recibir un correctivo de la Sala de lo Penal. Admitió el instructor que se había saltado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este tipo de fianzas y que, por ejemplo, había incluido de forma irregular las posibles multas a las que se enfrenta García Ortiz en este juicio. La nueva cantidad de 75.000 euros, una vez consignado el doble por el fiscal general, fue recurrida por la Abogacía del Estado.

La respuesta de la Sala, a pocos días de empezar el juicio, ha sido rechazar estas alegaciones. La Fiscalía, explican los jueces, es un “órgano del Estado” pero no puede alegarse, como pretendía García Ortiz, que eso exima al fiscal general de pagar una fianza. “Tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”, explica el auto.

El Tribunal Supremo ha fijado el calendario de los seis días de juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz, el único imputado, comparecerá el último de los seis días de juicio mientras que Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador testificarán a lo largo del segundo día de declaraciones.

El juicio arrancará el próximo lunes 3 de noviembre ante un tribunal de siete magistrados de la Sala de lo Penal. Se alargará durante seis sesiones hasta finalizar el 13 de noviembre con la comparecencia del fiscal general como última declaración antes de los informes finales y el visto para sentencia. En total comparecen 40 testigos entre periodistas, abogados, fiscales, políticos y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Alberto González Amador comparecerá en la tarde del día 4, el segundo de juicio, junto con su abogado Carlos Neira. Esa misma mañana lo hará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Tres testigos que tendrán que aclarar si autorizaron la difusión de varios correos del fiscal Julián Salto a decenas de medios de comunicación en la tarde del 13 de marzo de 2024.

También comparecerán numerosos fiscales que participaron en el caso de la pareja de Ayuso y que, incluso, estuvieron imputados a lo largo de la causa. Pilar Rodríguez y Diego Villafañe lo harán en la primera sesión de juicio junto con Julián Salto, los tres fiscales que han estado imputados en algún momento durante la tramitación del caso. También comparecerán el día 5, el tercero en el calendario, Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato por la difusión de ese correo entre miembros del PSOE de Madrid en la mañana del 14 de marzo.

El calendario también recoge hasta tres días para escuchar la declaración de varios periodistas, varios de los cuales han afirmado ante el juez Ángel Hurtado que tuvieron acceso al correo horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general. Comparecerá también el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que protagonizó un duro enfrentamiento con la Abogacía del Estado en su testifical, y varios agentes de la UCO que reconocieron no haber tenido en cuenta los bulos de Miguel Ángel Rodríguez en los informes clave del caso.

El decano de la abogacía madrileña fue el primero en acudir a los juzgados a denunciar que la Fiscalía había revelado detalles de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y su dirigente Eugenio Ribón se han convertido en dos de los protagonistas de la causa por la que será juzgado en unas pocas semanas el fiscal general: pide cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y sostiene desde hace más de un año que la filtración torpedeó los acuerdos que, día tras día, abogados y fiscales firman en los juzgados y tribunales de Madrid.

La testifical de Ribón ante el juez Ángel Hurtado el pasado febrero se convirtió en un enfrentamiento directo con la Abogacía del Estado, que intentó sin éxito exponer que, en realidad, las conformidades se siguieron celebrando con normalidad en Madrid a pesar de lo que afirma el ICAM.

La abogacía madrileña fue la primera en apuntar a la Fiscalía cuando, en la mañana del 14 de marzo de 2024, el Ministerio Público sacó un comunicado para desmentir las informaciones falsas que Miguel Ángel Rodríguez y varios medios habían difundido sobre el caso de Alberto González Amador: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, pero lo había retirado por órdenes de la cúpula del organismo. “El ICAM considera de extrema gravedad la revelación de datos”, dijo rápidamente sobre ese comunicado, presentando Ribón la querella personalmente en los juzgados seis días después. Un día antes que el propio González Amador.

Esas primeras denuncias no se fijaron, como hace ahora el Supremo, en la filtración del correo a los medios, sino en el comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que ha ido cambiando hasta el punto que el Tribunal Supremo ha descartado que hubiera delito en esa nota de prensa. Y además de abrir la vía penal contra la Fiscalía, el ICAM también se desvinculó del protocolo de conformidades, denunciando que el secreto de las comunicaciones de los abogados de Madrid “no parece estar garantizado”.

Ribón fue llamado a declarar por el juez Hurtado en el Tribunal Supremo en una condición dual de testigo y también perito, según dijo el propio magistrado. Testigo, porque esos días mantuvo conversaciones y reuniones con la cúpula de la Fiscalía para pedir explicaciones por el comunicado, pero también perito para explicar cómo la filtración había afectado negativamente a la abogacía en su conjunto y no solo al caso de González Amador por su desvinculación del protocolo y su plataforma propia.

Este punto fue uno de los más tensos de su comparecencia cuando la Abogada del Estado que entonces defendía a la fiscal Pilar Rodríguez preguntó por esta afectación a las conformidades. “¿Usted sabe si desde el 18 de marzo las conformidades en Madrid se han visto afectadas?”, preguntó la representante de Rodríguez, a lo que Ribón contestó rotundo: “Claro que se han visto afectadas”. Hurtado cortó las preguntas que pedían al decano los datos concretos que sostenían su afirmación: “Es inexigible que nos diga datos concretos (...) No quiero entrar en un debate”. “Esa afirmación categórica es incierta, es una inconsciencia por su parte si no ha venido con datos para afirmarlo”, afirmó la abogada del Estado antes de ser obligada a cambiar de tema.

Un descenso del 8,4%

La Fiscalía de Madrid desmiente la afirmación de Ribón en su última memoria relativa a 2024, un documento ya presentado hace semanas por el Ministerio Público madrileño que recoge varias alusiones a esta causa y, entre otras cosas, a cómo se vieron afectadas las conformidades. En 2024 hubo un total de 564 acuerdos de conformidad, lo que según la Fiscalía supone “una disminución del 8,4%” con respecto a 2023.

Pese a la suspensión “unilateral” del ICAM y su plataforma informática para facilitar las conformidades, dijo la Fiscalía en su memoria, “los abogados continuaron poniéndose en contacto con la Fiscalía a fin de concertar una cita con la pretensión de llegar a un acuerdo antes del juicio”. La solución fue habilitar nuevas cuentas de correo para cada sección de la Fiscalía y designar fiscales coordinadores. El descenso, más acusado en los juzgados de lo penal, se atribuye a los dos meses que los letrados tardaron en usar el nuevo sistema.

Ribón volverá a declarar en el juicio que se celebrará entre los días 3 y 13 del próximo noviembre en el Tribunal Supremo con la defensa de García Ortiz y la Fiscalía convencidos de que el decano del ICAM impulsó la querella inicial alegando un daño inexistente a la abogacía en su conjunto. El ligero descenso en las conformidades ha sido provocado, en todo caso, por su decisión unilateral de desvincularse del protocolo de conformidades que el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, además, no estaban utilizando cuando hablaban de un posible pacto.

Otra parte del enfrentamiento se trasladó a cuando la Abogada del Estado quiso que Ribón desarrollara otra de las quejas compartidas del ICAM y la pareja de Isabel Díaz Ayuso: si su posibilidad de defenderse había desaparecido tras hacerse público que había estado dispuesto a reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros y hacer un pacto. Ribón lo comparó con un ejemplo ficticio de un acusado de conducir borracho cuyo abogado reconoce que bebió “12 cubatas”: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida”. “De una u otra manera puede quedar contaminado”, había afirmado minutos antes.

“¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”, preguntó la Abogada del Estado antes de ser cortada en seco por el juez Hurtado mientras Ribón negaba de forma categórica.

Álvaro García Ortiz declaró como imputado durante casi hora y media ante el juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo. Una comparecencia en la que solo contestó a las preguntas de los Abogados del Estado y en la que fue claro al negar que filtrara la confesión de Alberto González Amador a la prensa: “Rotundamente no”, dijo cuando fue preguntado directamente. Una comparecencia en la que acusó a Miguel Ángel Rodríguez de difundir información “evidentemente falsa” sobre el caso y en la que explicó que todos los fiscales estaban de acuerdo en emitir una nota de prensa, la que desencadenó esta causa judicial: “Lo que hay que hacer es desmentir”.

“Creo que la mentira no puede ser nunca un secreto”. En su primera intervención, el fiscal general anunció su principal línea de defensa: que el propio González Amador y su entorno, encabezado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, fueron los primeros en romper la confidencialidad de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía en un caso de fraude fiscal. Y que él actuó, a través de una dación de cuentas, para obtener información del caso y desmentir la información “evidentemente falsa”, no para perjudicar al empresario.

“El señor González Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales”, señaló el fiscal general. En la noche del 13 de marzo del año pasado, cuando según Hurtado el fiscal general filtró esa confesión a los medios, él se limitó a recopilar información para desmentir bulos: “Se está extrayendo una mentira, el fiscal nunca ofreció un pacto de primeras al investigado”.

También desarrolló su otra gran línea de defensa además de la falta de pruebas y la ruptura previa de la confidencialidad: que para cuando él obtuvo toda la información los medios ya tenían y estaban publicando su contenido. “Cuando todavía estoy leyendo ese correo me informa la jefa de prensa que hay un medio, La Sexta, que a las 22:10 dice que la información de El Mundo no es cierta”.

García Ortiz también dedicó parte de su declaración a justificar que borrara los mensajes de su móvil una vez abierta la causa, enmarcándolo en una medida habitual de seguridad y protección de datos. “Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera absolutamente regular”.

La fiscal jefe de Madrid: “Le dije: Álvaro, ¿has filtrado la nota?”

Almudena Lastra, la fiscal jefe de Madrid, se convirtió en uno de los testigos más útiles para las acusaciones. Confirmó que desde el principio todos los fiscales implicados coincidieron en que era necesario desmentir los bulos del caso, pero ella consideraba que la forma que buscaba el fiscal general no era la correcta. Asegura que llegó a preguntarle si él había filtrado ese correo la noche anterior.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, protagonizó una testifical en el Tribunal Supremo que abrió varios puntos oscuros en el relato que mantiene desde hace más de un año: aseguró que nunca autorizó a que su abogado reconociera su fraude fiscal en su nombre, que sí dio permiso a Miguel Ángel Rodríguez para difundir correos confidenciales del caso entre la prensa y, finalmente, que su único objetivo era que su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se viera salpicada por el caso.

“Yo le decía que no quería exponerme ni que hubiera ruido mediático y lo más importante, que esto no le salpicara a ella, porque yo seguía con mi teoría de que era mucha casualidad todo lo que me estaba ocurriendo”, explicó González Amador ante el juez, exponiendo una “teoría” ampliamente desmentida: que sus problemas legales y fiscales venían por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando ni en Hacienda ni en la Fiscalía supieron quién era hasta que fue denunciado en el juzgado.

El empresario también reveló que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete y mano derecha de Ayuso, estuvo puntualmente informado de su caso desde la apertura de la inspección del fisco en 2022. “Había estado informando a Miguel Ángel Rodríguez de lo ocurrido”, relató. Y en la mañana del 12 de marzo, poco después de que elDiario.es contase el caso en exclusiva, incluso le reveló un email confidencial del fiscal Julián Salto. “Haz lo que consideres, yo le dije que sí”, relató cuando, un día y medio más tarde, le dio autorización para difundirlo entre la prensa.

La pareja de Ayuso también causó sorpresa en la sala cuando relató que él nunca autorizó a que Carlos Neira aceptara en su nombre ocho meses de prisión por dos delitos fiscales. “Jamás, jamás me preguntó el señor Neira, no me consultaron”, llegó a decir. También explicó varias veces cómo le había afectado la filtración: “Desde el punto de vista personal ha sido un destrozo”.

También testificó en la causa el abogado que negoció un posible pacto con la Fiscalía en nombre de González Amador: Carlos Neira. El letrado matizó a su cliente y explicó que desde el principio dejó claro que lo que iba a hacer era aceptar cárcel en su nombre para zanjar el caso lo antes posible.